Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Panamá sobre caso Guna en Bayano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó hoy, 16 de diciembre del 2014, de que condenó al Estado de Panamá por la violación del derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas tras la construcción de una planta hidroeléctrica que inundó sus tierras.La CorteIDH declaró que Panamá es responsable por “la violación del derecho a la propiedad colectiva, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial” del Pueblo Kuna de Madungandí, a partir del 9 de mayo de 1990, fecha en la cual el Estado reconoció al Tribunal.

Los jueces ordenaron a Panamá demarcar las tierras que corresponden a varias comunidades indígenas, titular una de ellas específicamente como propiedad colectiva y dejar sin efecto el título de propiedad privada otorgado a una persona ajena a estas comunidades dentro del territorio indígena. Según la sentencia, publicada hoy por la CorteIDH en su pagina, Panamá tenía la obligación de delimitar, demarcar y titular las tierras asignadas a favor de los pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano.

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Rio Bayano antes de ser represado en 1972. El puente sobre este rio apenas estaba en construccion.

“La Convención Americana protege la vinculación estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los recursos naturales de las mismas y los elementos incorporales que se desprendan de ellos”, explicaron los jueces.Agregaron que “entre los pueblos indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad”.

El caso se remonta a la construcción, en el año 1972, de una represa hidroeléctrica en la zona del Alto Bayano, provincia de Panamá, la cual significó la inundación de parte de la reserva indígena y el traslado de las comunidades hacia tierras alternativas.Además, el caso se refiere a la falta de protección de los territorios alternativos por parte de Panamá por la “incursión de personas no indígenas a los mismos y conflictividad en la zona, situación que se vio acentuada a partir de la década de 1990”, señala el fallo.

La Corte también concluyó que el Estado había incumplido el deber de adecuar su derecho interno por no haber dispuesto de normas que permitan la delimitación, demarcación y titulación de tierras colectivas antes del año 2008, en perjuicio de los Kuna de Mandungandí y Emberá de Bayano y sus miembros.El tribunal declaró la responsabilidad de Panamá por haber violado los derechos a las garantías judiciales y protección judicial del pueblo indígena, al considerar que los recursos incoados por éstas no contaron con una respuesta que permitiera una adecuada determinación de sus derechos y obligaciones.

Además, Panamá fue condenado por la violación al principio del plazo razonable en perjuicio del Pueblo Kuna de Mandungandí, con respecto a dos procesos penales y un proceso administrativo de desalojo de ocupantes ilegales.Con respecto a las reparaciones, la sentencia indica que Panamá debe pagar por daños materiales la suma de USD 250 000 para las comunidades Emberá de Ipetí y Piriatí, y de USD 1 millón para el pueblo Kuna de Madungandí.

Por concepto de daños inmateriales, tendrá que cancelar en el plazo de un año esas mismas cantidades a cada pueblo.La Corte también ordenó a Panamá pagar USD 120 000 a los representantes de los pueblos por las labores realizadas en el litigio del caso a nivel nacional e internacional. La CorteIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del ente hemisférico.

Ver nota en version original de la Corte IDH aqui:cp_39_14

Solicitan al gobierno de Panamá, el cumplimiento de la medidas cautelares de la CIDH

Sociedad civil nacional e internacional solicitan al gobierno de Panamá, el cumplimiento de la medidas cautelares de la CIDH

Burica Press reproduce la carta de la sociedad civil de Panamá y del extranjero que trabajan es derechos humanos sobre el cumplimiento de las medidas cautelares sobre la suspensión de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en tierras indígenas reclamadas por estos.

Baje aquí la carta en versión digital pdf: Carta Presidente Panama medidas CIDH Chan 75 09-08-21

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21 de agosto de 2009

Excmo. Señor Doctor

Ricardo Martinelli

Presidente de la República de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá

Ref. Medidas Cautelares de la CIDH para la

protección de los Derechos Humanos de las

Comunidades Ngöbe

Excelentísimo Sr. Presidente Martinelli,

Nos dirigimos a Usted en nombre de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), el Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE), Earthjustice, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y el Center for Biological Diversity, conocedores de las expresiones de preocupación de las comunidades Ngöbe, y de organizaciones nacionales e internacionales respecto a la falta de cumplimiento del Estado panameño con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ocasión de la construcción de la represa Chan 75.

Reiteramos la importancia que tiene para el sistema jurídico, la democracia y la ciudadanía, que el Estado atienda estas medidas, que pretenden “evitar daños irreparables al derecho a la propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe” que habita en la provincia de Bocas del Toro, como expresamente lo indica el pedido cautelar.

El 17 de Junio de 2009, la Comisión solicitó al Estado Panameño que “suspenda las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a AES-Changuinola a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro”, hasta que haya una decisión definitiva por la Comisión o la Corte Interamericana, del caso que está en estudio. La Comisión solicitó además medidas para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad de los indígenas Ngöbe, y así evitar mayor violencia e intimidación.

Las medidas cautelares de la CIDH obedecen a los riesgos que, para la garantía de los derechos humanos de los indígenas y el ambiente, implica la construcción de la represa, especialmente por los daños graves e irreversibles que ésta conllevaría.

De hecho, la construcción del proyecto implicaría la inundación del territorio ancestral habitado por cuatro comunidades Ngöbe: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba.

Esto ocasionaría daños graves e irreversibles tanto a las comunidades mencionadas como al ambiente y por ende, a otras comunidades de la zona.

Justamente dada la gravedad de la situación, el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de las Naciones Unidas visitó la zona en enero pasado. En su informe publicado en mayo 12 de 2009, el Relator también recomendó al Estado que evalue la posibilidad de suspender las obras de construcción de la represa y el proceso de reasentamiento de las comunidades por un período razonable, hasta que se establezcan las condiciones mínimas para el reinicio de la construcción y el reasentamiento, a la luz de los resultados del nuevo proceso de diálogo”. Esta recomendación con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas y evitar mayores daños.

Vale la pena mencionar que debido a las amenazas que el proyecto Chan-75 y otros proyectos hidroeléctricos revisten para la conservación del Parque Internacional La Amistad (PILA), el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó al PILA en la Lista de Patrimonios de la Humanidad en Peligro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Creemos que de esta manera que el Estado Panameño daría muestras de avanzar como un Estado democrático moderno. Conscientes que el no acatamiento con las medidas cautelares solicitadas por las instancias internacionales de derechos humanos fueron adoptadas en el gobierno inmediatamente anterior, las organizaciones firmantes confiamos en una respuesta positiva por parte del nuevo Gobierno, para que cumpla con lo solicitado por la Comisión Interamericana y con las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas lo antes posible.

Reciba un saludo cordial.

Atentamente,

Manuel Pulgar-Vidal

Presidente

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Raisa Banfield

Directora Ejecutiva

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Larissa Duarte

Directora Ejecutiva

Alianza para la Conservación y Desarrollo (ACD)

Sebastián Tedeschi

Coordinador Programa de las Américas

Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE)

Rolando Castro

Director

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)

Martin Wagner

Director del Programa Internacional

Earthjustice

Peter Galvin

Director de Conservación

Center for Biological Diversity

C.c.

Ministerio Gobierno y Justicia

Ministro Dr. José Raúl Mulino

Dirección de Política Indigenista

Lic. José Isaac Acosta

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dr. Juan Carlos Varela Rodríguez,

Vicepresidente y Ministro de Relaciones

Exteriores de la República de Panamá

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados

Lic. Vladimir Franco

Corte Suprema de Justicia

Dr. Harley James Mitchell Dale

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministro Dr. Roberto Henríquez

Dr. Ricardo Quijano J., Viceministro de

Comercio Interior

CIDH admite petición de pueblo Kuna y Emberá de Bayano

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) ADMITE PETICION DEL PUEBLO KUNA DE MADUNGANDI Y EMBERA DE ALTO BAYANO

Burica Press — Asuntos étnicos

Después de más de cinco (5) años de arduo trabajo en la que han participado abogados, economistas y mismos lideres indígenas tanto Kunas, como Emberas, El Programa Pueblos Indígenas del Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP), comunica a todas las organizaciones que la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos el día 21 de abril de 2009, aprobó el informe de admisibilidad No. 58/09, de la petición 12354 interpuesta por el Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP), La Asociación Napguana, Emily Yozel por Justicia para la Naturaleza y la Clínica Legal de la escuela de Derecho de la Universidad Americana en representación de los Kunas de Madungandi y Emberas de Bayano.

La admisión de la petición es un reconocimiento a los Pueblos Indígenas de Panamá en su llamado de atención a la comunidad internacional de la flagrante violación de que son victimas los Pueblos Indígenas de Panamá. En el caso en particular,  la construcción de una hidroeléctrica realizada en épocas de la dictadura de Omar Torrijos y el incumplimiento de los derechos de los indígenas que fueron victimas.   La Comisión valora aspectos como el derecho a las tierras de los Pueblos Indígenas debido a la inundación de que fueron victimas desde hace 30 años, el derecho a un debido proceso para la protección de sus tierras  y otros derechos relacionados.

La comisión insta a un arreglo amistoso, pero según el abogado indigenista Héctor Huertas de CEALP, “lamentablemente los gobiernos ni de Mireya Moscoso (Arnulfista), ni de Martín Torrijos (PRD) en su desprecio a los indígenas panameños han solucionado o buscando un arreglo a esta disputa, a pesar de que los indigenas han solicitado el diálogo”.

…“aquí casi todo el mundo recibe plata de esta gente”

El Estado, ausente en disputa entre indígenas y multinacional

Goliat genera energía

Comunidades amenazadas por el megaproyecto hidroeléctrico de AES Changuinola

AVANCE. Los trabajos de construcción del dique principal de Chan 1 van a toda máquina. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Paco Gómez

Paco Gómez Nadal
CHANGUINOLA, Bocas del Toro

nacionales@prensa.com

Hay 112 escalones que separan a la comunidad de Charco La Pava del imponente río Changuinola. El aliento no alcanza para el caminante urbano, pero el empinado reto no logrará evitar que esta comunidad quede anegada cuando la represa que se construye a escasos 300 metros entre en operación.

Cuando esto ocurra, la comunidad habrá sido trasplantada a la loma de un cerro que alcanza a divisarse desde el caserío actual. Estará a unos 20 minutos a pie del agua y a una derrota de su tradición, de su forma de vida.

Alrededor de Charco La Pava, AES Panamá –la principal empresa generadora de energía en el país– avanza a pasos de gigante en su proyecto de Hidroeléctrica Chan 75 (Ahora Chan 1) y, a cada paso, las tensiones con y entre la comunidad crecen alimentadas a punta de salarios y discursos.

Algo más de 563 millones de inversión, unos 900 trabajadores, campamentos para sus técnicos que se parecen a los enclaves en la antigua Zona del Canal y… un “pequeño” problema: las comunidades indígenas ngöbe como Charco La Pava, Guayabal, Lazo o Valle del Rey, entre otras. Según los datos de AES, 159 familias con 800 miembros cuyas tierras quedarán dentro de las mil 394 hectáreas que serán anegadas.

Desde hace cuatro años, la empresa ha jugado a dividir la comunidad y desde entonces el pleito ha pasado de las palabras a los enfrentamientos violentos, por la represión policial [la empresa tiene un contrato de prestación de servicios de seguridad con la Policía Nacional] y llegando a la visita de James Anaya, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas el pasado 29 de enero. “Desde que vino Anaya, la empresa presiona un poco menos”, explica Bernardino Tera, de Guayabal. “Bueno, en realidad han cambiado la técnica, ahora utilizan gente de la misma comunidad para convencer y presionar a los que no le vemos el beneficio al proyecto”.

No opina lo mismo Thais Mejía, actual enlace de AES con la comunidad. “No se crean que ese señor [Anaya] les va a solucionar algo, es con nosotros con quien hay que negociar”. Sus palabras se escuchan en el precario salón de la escuela de Charco La Pava donde varios empleados de AES y funcionarios de diversas instituciones del Estado se reúnen con algunos miembros de la comunidad favorables al proyecto. La negociación se acaba cuando se trata de lo que AES denomina Reasentamiento Participativo. “Lo que sí les digo es que el reasentamiento va por que va. Vamos atrasados y no vamos a parar porque tres o cuatro personas no estén de acuerdo”. Concluye “la licenciada”.

A pocos metros de la escuela, Rafael Ábrego, uno de los que se enfrenta a AES mantiene otra versión de la historia. “Ellos nos desprecian, nos dicen que vivimos sucios, entre los animales y la basura, en casas feas… Nos quieren meter en casas de bloque, lejos del río”. Desde el lugar donde está sentado Rafael y Amelia Pineda –otra líder contundente en su posición– se pude ver el incómodo camino de piedritas hecho por AES como aporte a la comunidad. “Debe ser para no mancharse ellos cuando vienen, nosotros vamos con botas de caucho”.

Desde Charco La Pava se pueden ver las obras del dique principal de 99 metros de altura. La devastación es evidente. Ahora, unas 40 personas de las comunidades trabajan temporalmente para AES. Se pasean por el área con casco y chaleco, pero con muy pocas funciones. “Engañan a unos porque son analfabetos o no hablan español. A otros, los compran por un salario, aprovechando su pobreza”, se lamenta Ábrego.

El caso simbólico que muestra AES de estos reasentamientos “participativos” es el de Isabel Beker. De hecho, en su sitio web la ponen como ejemplo de mejora de calidad de vida. Cuando James Anaya visitó a la señora, el símbolo no cumplió con el guión y contó que quiere volver a Charco La Pava y cómo la forzaron abandonar el terreno en el área de la represa.

Valentín Pineda, administrador regional de la Autoridad del Ambiente en Bocas del Toro, cree que debido a lo “conflictivo” del proyecto la mayoría de las delegaciones provinciales del Gobierno central “no han sido suficientemente beligerantes”. En Chan 75 “se dejó la parte social para el final y tuvimos que jalarle las orejas a la empresa”, continúa Pineda quien al final reconoce que, en cualquier caso, sus competencias son limitadas. “Hay decisiones que se toman en Panamá”.

La ausencia del Estado en estos conflictos es evidente. Las comunidades deben negociar por su cuenta y eso las deja en clara desventaja. En el caso de Charco La Pava la desconfianza de los habitantes ante cualquier extraño es contundente. Llegar allá es difícil, porque la empresa controla la carretera pública y registra e interroga a todo aquél que quiera entrar a la zona. Ganarse la confianza de los habitantes es igual de difícil.

Los indígenas ngöbes saben que esta pelea les toca solos. En Charco La Pava, Ernesto López está seguro de que la comunidad tendrá que tomar otra vez “medidas de fuerza”. “El Gobierno está para ayudar a la empresa y en Changuinola todos los medios de comunicación están comprados… no quedan muchas alternativas”. Una mirada que confirma un periodista local en Changuinola, aunque pide el anonimato por miedo a represalias: “aquí casi todo el mundo recibe plata de esta gente”. Un único cabo suelto para Goliat: la diminuta población que sigue oponiéndose a reasentamientos o a compra de tierras.

Rapiña con las tierras costeras e insulares inalienables

El diputado Pedro Miguel González hizo a petición de partes interesadas la Ley 2 2007 que vendía nuestras islas y costas. Ahora viene con el borde del mar y las islas. Hizo esa ley invocando urgencia notoria y fue aprobada por la aplanadora de sirios y troyanos. Fue aplastante la posición del PRD y la oposición (si se le puede llamar oposición).

Por el fuero de impunidad de los diputados no se les puede investigar los delitos que existen detrás de la aprobación de leyes a solicitud de partes interesadas. Qué barbaridad! Hasta donde llegará la venta inescrupulosa y corrupción en este país!

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país! Qué avaros e inescrupulosos!

Se pueden ustedes imaginar el impacto ambiental sobre los recursos costeros e insulares como resultado de este mercantilismo salvaje del patrimonio de todos los panameños.

Quien vende a su patria, vende a su madre. Y razón tienen los muchachos universitarios cuando en sus manifestaciones gritan: Aquí están, eso son, los que venden la nación. Más evidente no puede ser.

Ojalá el Presidente Martín Torrijos le quedara un poco de escrúpulos y tachara por vendepatria este nuevo negocio de año nuevo de los diputados de su partido.

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país!

Burica Press

MEF SE OPONE A LA INICIATIVA.

Proponen vender costas e islas

Diputados liderados por Pedro Miguel González y Freidi Torres buscan aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley para vender estas propiedades.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

A pesar de la advertencia hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional pretende aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley que busca poner en venta las costas e islas del país.

El MEF envió una carta a la Comisión de Hacienda, pidiendo la suspensión del proyecto, solicitud que no fue atendida por los diputados. Tampoco se dio la explicación con la que el MEF sustenta la suspensión del proyecto.

Por el contrario, el presidente de la Comisión, Pedro Miguel González, ordenó darle celeridad a la discusión con el objetivo de aprobarlo hoy martes en primer debate, o a más tardar el próximo jueves 11 de diciembre.

La iniciativa pretende titular o vender todas las propiedades que se encuentran dentro de los 200 metros de costa después de la marea alta y las islas del país, poniendo como precio máximo para la venta, seis dólares por metro cuadrado.

Además, el proyecto le quita la potestad a la dirección de Catastro del MEF de administrar estos bienes del Estado, y se lo traspasa a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

El viceministro del Mida, Adonai Ríos, también solicitó a los diputados analizar sin apuros el proyecto de ley, aduciendo que se trata de un tema complicado.

De acuerdo con informes del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat), existen en costas e islas unos 45 mil predios que se manejan actualmente con derechos posesorios.

EN JUEGO ESTÁN LAS TIERRAS MÁS COTIZADAS DEL PAÍS

Pondrán en venta islas y costas panameñas

Detrás de la iniciativa de un grupo de diputados hay fuertes intereses económicos, disputas legales y diferencias entre las propias instituciones del gobierno. Aun así le darán celeridad a su aprobación.

NATURALEZA EN PELIGRO. El proyecto de Ley 459 pondrá en venta las costas e islas panameñas, aunque se han excluido ahora las zonas protegidas y las comarcas. LA PRENSA/Carlos Lemos

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓNrberrocal@prensa.com

Como en todo fin de año, los diputados se preparan para dar otro golpe de gracia, donde al parecer existen grandes intereses económicos y las tierras más cotizadas del país.

La Asamblea Nacional tiene en primer debate un proyecto de ley que permitirá la repartición de todas las islas y costas panameñas a precio de seis dólares el metro cuadrado, un valor irrisorio si se comprara con lo que se cotiza en el mercado.

El programa de titulación y venta ha generado controversia a lo interno del gobierno ya que el Ministerio de Economía y Finanzas perderá la potestad de administrar estas propiedades. Hasta ahora los terrenos dentro de la franja de 200 metros en las costas después de la marea alta y las islas solo podían ser dadas en concesión para el desarrollo de proyectos turísticos.

Ahora estas funciones se pretenden pasar a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que legalice los derechos posesorios que hay asignados en costas e islas, y se proceda a la venta del resto de estas codiciadas tierras.

En total Panamá cuenta con mil 450 kilómetros de costas y el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) sostiene que existen 45 mil predios por asignar en estas zonas.

Pronat ya se ha adelantado a realizar un informe catastral de todas las islas y costas panameñas, empezando por Los Santos, costa arriba de Colón y Punta Burica en Chiriquí.

En la primera reunión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Adonai Ríos, recomendó no acelerar el debate del proyecto de ley ya que acepta que es un tema complicado que debe ser analizado a profundidad.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Pedro Miguel González, ordenó todo lo contrario: darle celeridad a la discusión de la iniciativa con el fin de aprobarla en primer debate hoy, martes, o a más tardar el jueves 11.

Detrás del impulso del proyecto existe un grupo de inversionistas que ha designado a Pedro Vallarino para que trate de impulsar el proyecto dentro de la Asamblea Nacional.

Se trata de representantes de empresas que han adquirido derechos posesorios y que ahora buscan titular a no más de seis dólares el metro cuadrado como establece el proyecto del ley en discusión.

El precio de venta no parece ser prioridad para los diputados que impulsan el proyecto ni para los funcionarios públicos. “Sabemos que en las costas e islas residen tanto campesinos como personas muy pudientes, pero la idea es quitar la subjetividad de los procesos y darle el título de propiedad”, dijo Nadia Moreno, directora de Reforma Agraria.

Rolando Armuelles, director de Pronat, señaló que el precio calculado no puede estar basado en el valor de mercado porque el Estado es solo un administrador de estas tierras. “Es algo diferente a lo que sucedió con las áreas revertidas”, dijo Armuelles.

Tras la ilegalidad

Además del problema de especulación que puede generar el proyecto de ley, también resalta el tema de la legalidad de los derechos posesorios otorgados.

Pronat reconoce que dentro de las costas e islas existen “miles” de conflictos legales por traslape y sobreposesión de propiedades que complican el tema de la titulación y venta.

En medio de la bonanza inmobiliaria que vive el país, las gobernaciones y alcaldías del país también han emitido derechos posesorios sobre propiedades en costas e islas que ya tenían ocupantes, generando cientos de conflictos legales.

Según abogados consultados sobre el tema, estos derechos posesorios deberían ser declarados ilegales porque el único ente autorizado para hacerlo es la dirección de Reforma Agraria, y bajo condiciones que comprometen el uso de las tierras.

La situación ha generado preocupación entre personas que tienen estos problemas, porque quedará en manos de Reforma Agraria definir qué derecho posesorio será el validado.

Este es el caso de la familia Domínguez, que tiene un título de propiedad en la playa Uverito en Las Tablas, el cual data de 1935, antes que se prohibiera la titulación dentro de los 200 metros en costa después de la marea alta. Ahora la propiedad que reclama la familia Domínguez aloja a más de 10 personas que dicen tener un derechos posesorios sobre estas tierras, incluyendo al diputado oficialista Olivares Frías.

“Este tema nos preocupa porque estamos luchando contra invasores que tienen poder político y cualquier cosa puede pasar”, dijo Abel Domínguez.

Pero así como la familia Domínguez, solo en las costas de la provincia de Los Santos se han reportado 42 casos donde existen duplicación de derechos posesorios y acusaciones de invasión de terreno de forma ilegal.

Erick Jiménez, ex director de Reforma Agraria, reconoció que se trata de un tema muy delicado que debe ser manejado con mucho detenimiento.

Indicó que muchos de los problemas han sido ocasionados por las autoridades locales como los gobernadores, que a veces desconociendo la legislación han cometido exabruptos legales. “Han ordenado desalojos de humildes ocupantes para beneficiar intereses privados sin tener la competencia para hacerlo”, dijo Jiménez.

MEF pidió suspender la discusión del proyecto

Freidi Torres, diputado oficialista y proponente del proyecto de ley, sustenta que la modificación es necesaria porque la dirección de Catastro, bajo el paraguas del MEF, no podía atender esta demanda. “Ellos tienen miles y miles de expedientes en trámite y el proceso es más engorroso”, dijo Torres.

En la Comisión de Hacienda se mencionó que Catastro tiene 6 mil expedientes sin procesar, pero el director a cargo de esta institución, Mariano Quintero, no atendió a la invitación del primer debate de este proyecto de ley.

Quintero tampoco participó de la consultas previas.

Oydén Ortega (hijo) representó al MEF en la reunión, pero retiró una carta que había levantado la dirección legal de esta institución en contra del proyecto de Ley que busca aprobarse en primer debate hoy.

La carta sostenía que se debía suspender la discusión del proyecto de ley. Ortega dijo que necesitaba hacer otras consultas.

Aun así grupos organizados de empresarios y residentes de las áreas costeras se han presentado a defender el proyecto que les permitirá concretar sus negocios.