Panamá: Sociedad civil ambientalista alerta sobre estado de los humedales

Día Mundial de los Humedales

(2 de Febrero de 2013)

Panamá, 1 de febrero de 2013

Mientras que globalmente se celebra el Día Mundial de los Humedales, su destrucción continúa en Panamá. Estas áreas cruciales para la economía local, la pesca y la biodiversidad, reservorios de agua dulce, asi como de agua limpia para el mantenimiento de nuestro recurso alimentario, tanto en tierra como en el mar, y proveedores de protección contra desastres como las inundaciones, son destruidas por la maquinaria pesada, por las malas prácticas productivas y por la contaminación industrial y doméstica cada día. Su degradación pone en peligro el bienestar de la nación en tanto las autoridades no asuman sus responsabilidades de protegerlas. Por otra parte es importante recordar que la protección de los humedales es una responsabilidad internacional, donde el país ha asumido compromisos de designar y proteger Sitios Ramsar, así como todos sus humedales, según establece la Convención Ramsar, de la cual Panamá es signataria.

Mediante este comunicado, una gran alianza de organizaciones no-gubernamentales nacionales e internacionales, hacemos un llamado al Estado panameño a que reconozca el valor de los múltiples beneficios y servicios ambientales, sociales y económicos que proveen los humedales y que a su vez tome acciones concretas para detener su destrucción y degradación. Es el deber de las diferentes instancias gubernamentales el hacer valer las normativas de conservación, evaluación de impacto ambiental y ordenamiento territorial para conservar y proteger el patrimonio nacional, sin olvidar que pertenece y además protege a todos sus habitantes.

Restablecer la protección de los humedales

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) cuentan con las herramientas para restablecer la protección de los humedales en el país. Sólo deben tener la voluntad de tomar acción inmediata para hacer valer las regulaciones existentes de protección y sancionar las infracciones ambientales .

Ambas Autoridades tienen la oportunidad, en este Día Mundial de los Humedales, de enviar un mensaje fuerte y claro a la nación y a la comunidad internacional de su compromiso de proteger todos sus humedales, como patrimonio natural invaluable.

Hacemos un llamado al Estado panameño para que restituya la protección de los humedales y detenga su destrucción.

Grupos Ambientalistas de Panamá

Caso 1: Bahía de Panamá

Uno de los casos más ilustrativos de la situación crítica de los humedales en Panamá es Bahía de Panamá. Este humedal emblemático ha venido obteniendo reconocimiento por sus extraordinarias características, cuando desde 1980 fue designado como un área restringida para el desarrollo urbano metropolitano y posteriormente otras normas ratificaron la necesidad de su protección. En 2003 la República de Panamá reconoce su valor ante el mundo y lo propone como un humedal de importancia internacional, siendo así aceptado mediante su designación como Sitio Ramsar por los 160 países que son parte de la Convención Ramsar. Y aún más, en 2005, se designa a estos humedales como un sitio de importancia hemisférica, por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, reconociéndose así el rol fundamental que tienen para garantizar migraciones exitosas de muchas especies de aves en el hemisferio.

De este modo, los panameños hemos reconocido con mucho orgullo su importancia ecológica y sus valores culturales, sociales y económicos en el contexto no solo nacional sino internacional; y el país adquirió compromisos tanto en su legislación nacional, como en el marco de tratados internacionales ambientales y comerciales para conservar las extensiones de manglares y fangales que componen la Bahía.

Sin embargo, la suspensión provisional por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, del estatus de área protegida del Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá (Sitio Ramsar No. 1319) y la Resolución de la ARAP que redujo tanto las tarifas de multas por tala ilegal como los permisos de corte de manglares, han abierto las puertas para la destrucción y tala de los manglares, propiciando la proliferación de nuevos rellenos sobre áreas inundables. Esto aumentará la vulnerabilidad y el riesgo de desastres en buena parte de la Ciudad de Panamá y particularmente en el Corregimiento de Juan Díaz y causara un desequilibrio hídrico y hábitat que afectara los ciclos de vida de las especies que dependen de estos humedales, entre estas las que conforman el recurso pesquero alimentario para nuestro país. Este hecho no solo atenta contra la seguridad humana, sino también contra la seguridad jurídica, ecológica, alimentaria y económica del país. La función de ‘barrera natural’ se pierde por completo, poniendo de esta forma en peligro a numerosas comunidades de la Ciudad de Panamá. Asimismo, se pone en riesgo millones de dólares de inversión en infraestructura privada y pública, tales como el Aeropuerto Internacional Tocumen, el Corredor Sur y la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.

¡La destrucción de los humedales pone en peligro el bienestar de la nación!

Dia Mundial de los Humedales Panama

Panamá no protege adecuadamente los humedales. La declaratoria como áreas protegidas no ha sido suficiente para disminuir la presión destructiva sobre los mismos. Muchos humedales de gran extensión e importancia no tienen protección oficial. La sociedad civil le recuerda al Estado la obligación de proteger los bienes naturales que dan protección a la biodiversidad y que protegen el recurso agua. Un evento central conmemorará este día internacional en Panamá.

Caso 2: Laguna de Matusagaratí

La laguna Matusagaratí está registrada como el humedal más grande de la República de Panamá. Abarca 49 mil 422 hectáreas, en los distritos de Chepigana y Pinogana, provincia de Darién. Sólo una pequeña parte de este humedal forma parte del área protegida Reserva Forestal de Canglón, a partir del año 1984.

Este humedal ha sido ocupado durante mucho tiempo por campesinos, que practican actividades agrícolas de subsistencia. Las primeras denuncias ciudadanas sobre la intención de darle uso comercial privado a estas tierras datan de 2006. Esas denuncias fueron el primer paso en el proceso de organización comunitaria para la defensa del humedal. Así, quien interpone nuevas denuncias en 2009 ya es una organización constituida con el nombre de “Alianza por un Mejor Darién”.

Hoy, aquellos temores se han convertido en realidad. A la fecha, unas 9 mil hectáreas del Humedal ya están en manos de diferentes usuarios e intereses privados, que prevén utilizar esas tierras para la siembra de palma aceitera y otros cultivos.

Las amenazas que esto plantea para el humedal son graves. Desde hace 2 años, por ejemplo, el Humedal Laguna Matusagaratí está siendo afectado por profundas zanjas, de varios kilómetros de longitud, que construye la empresa Agse Panamá S.A. (Agricultura y Servicios S.A.), con un proyectod de siembra de 2 mil 7 héctareas de arroz bajo sistema de riego, cuya aprobación del respectivo EsIa se dio en 2009. Con dicho proyecto se realizan adicionalmente fumigaciones aéreas con agroquímicos, cuyas afectaciones deben ser identificadas e investigadas. Exijimos a la ANAM que supervise el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de dicho proyecto y presente los resultados a la comunidad.

La enorme cantidad de peces muertos que han bajado por el río Tuira y el Balsa en determinados momentos, lo cual ha sido identificado por sus habitante y verificado por la ARAP, dan muestra que el humedal está siendo afectado.

Caso 3: Río San Pablo, Veraguas

Tres proyectos hidroeléctricos sobre el río San Pablo en la provincia de Veraguas amenazan el bienestar de los habitantes de las comunidades de San Bartolo y de Cañazas, quienes se han opuesto rotundamente a estos proyectos sin resultado alguno.

Los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) omiten los impactos a los ríos y la sedimentación que impactará al Golfo de Montijo, el cual es un Humedal de Importancia Internacional (Sitio Ramsar). El Río San Pablo es uno de los principales afluentes de este Humedal, por lo que cualquier modificación a su régimen hidrológico puede afectar gravemente las características ecológicas del Sitio Ramsar, así como los servicios ambientales de los cuales depende la población local.

Las organizaciones y líderes de las comunidades de Veraguas han expresado sus preocupaciones al Comité Nacional de Humedales y solicitan a la Autoridad Nacional del Ambiente subsanar las fallas en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes.

Llamado a las autoridades nacionales

Por lo tanto las organizaciones no-gubernamentales nacionales e internacionales, exigimos que:

  1. La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) restablezca las tarifas anteriores de multas y permisos por tala de manglares, que fueron fundamentadas sobre argumentos técnicos debidamente sustentados.
  2. La Corte Suprema restituya el estatus de área protegida del Sitio Ramsar Bahía de Panamá, para devolver a los ciudadanos la protección que estas áreas brindan para su seguridad y bienestar.
  3. El Ministerio Público brinde a través del debido proceso legal, la tutela judicial efectiva de los recursos naturales, en especial los manglares y otros humedales, en particular en el caso de la denuncia interpuesta contra la posible comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial en el área del Humedal Bahía de Panamá.
  4. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) mantenga la integridad del Sitio Ramsar Bahía de Panamá revocando su solicitud de disminuir los límites establecidos oficialmente ante la Convención de Ramsar en el año 2009.
  5. La ANAM vele y actúe para que todos los proyectos que pretendan destruir humedales no sean admitidos con una Categoría de Estudio de Impacto Ambiental inferior a Categoría III, considerando que los humedales son áreas críticas sobre las que se pueden producir impactos ambientales negativos directos e indirectos, acumulativos y sinérgicos, de significación cuantitativa y cualitativa, se generan impactos acumulativos y sinérgicos que ameritan un análisis más profundo.
  6. La ANAM contemple en el proceso de Evaluación de Impactos Ambientales medidas que exijan que se muestren efectivamente los alcances y amenazas de los proyectos sobre los humedales o en sus zonas de amortiguamiento, así como que se determinen los efectos sinérgicos y acumulativos de los proyectos como por ejemplo, el régimen hidrológico que afecta a los humedales en la cuenca baja, como en la Cuenca 118 del Río San Pablo, el cual aporta agua dulce al Sitio Ramsar Golfo de Montijo.
  7. La ANAM garantice que se realice adecuadamente la consulta ciudadana, y no se repitan casos como por ejemplo el de la construcción de dos (2) proyectos hidroeléctricos, cuyos EsIA omitieron la consulta a las comunidades de la provincia Veraguas.
  8. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial cumpla lo establecido en las normas existentes que protegen los humedales de la Bahía de Panamá y otros del territorio nacional, y no apruebe Esquemas de Ordenamiento Territorial que van en contra de las mismas ni aquellos que destruyen manglares y otros humedales.
  9. El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) determine claramente y divulgue ampliamente los riesgos a los que se expone la población con la destrucción de los manglares y otros humedales y la construcción de proyectos urbanos sobre áreas inundables y que además, no dilate más la expedición de la Resolución que declara los humedales de Juan Díaz zona de alta vulnerabilidad a desastres por inundaciones. La Ciudad no espera menos de la institución que por ley debe proteger la vida de todos los residentes del país.

  10. La ANAM y ARAP coordinen el trabajo en documentar una lista de posibles nuevas designaciones de Áreas Protegidas de humedales costeros en Panamá.
  11. La Alcaldía de Panamá actúe con coherencia luego de un largo período de consultas y análisis realizado de junio a septiembre de 2012 en conjunto con organizaciones no gubernamentales, Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Universidad de Panamá, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y otras instituciones del gobierno. La Sra. Alcaldesa emitió un decreto en junio de 2012 que prohíbe efectuar trabajos de movimiento de tierra, rellenos o construcción, dentro del área que conforma el humedal Bahía de Panamá. Además, se comprometió a ‘fortalecer las acciones de conservación, protección, uso racional y manejo de ecosistemas a efecto de evitar daños ecológicos que se pudiesen causar con la construcción en el área de humedal en la Bahía de Panamá. A pesar de que la Sra. Alcaldesa pudo comprobar los riesgos a desastres que se exponen las poblaciones vecinas al humedal Bahía de Panamá de continuar la construcción de rellenos y que se comprometió en establecer una zona de protección, los grupos que atendieron su llamado de consultas aún esperan que la propuesta de conservación del humedal que se le presentó sea elevada a una declaratoria de protección. Hasta el día de hoy el Municipio de Panamá ha permitido el avance de la destrucción desenfrenada de los humedales de Juan Díaz uniéndose así a la ya larga lista de autoridades que no han logrado hacer valer la autoridad que tienen de cumplir sus propias normas.

Esperamos que el Estado panameño – en este Día Mundial de los Humedales – asuma su responsabilidad internacional respetando la Convención Ramsar y la normativa nacional protegiendo adecuadamente y jurídicamente el patrimonio natural, que pertenece y protege a todos los panameños.

Este comunicado fue suscrito por más de una veintena organizaciones ambientalistas de todo Panamá:

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) – Alianza por un Mejor Darién – Almanaque Azul – Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA) – Asociación Agroecologista Macho de Monte – Asociación Agroecoturística La Amistad (ASAELA) – Asociación de Productores Agroecologista La Amistad (ADPAELA) – Asociación de Productores de Cultivos Exportables (APCE) – Asociación de Productores de Renacimiento (APRE) – Asociación de Derecho Ambiental – Asociación Ecologista Panameña – Asociación Ecologista de Productores Orgánicos de Rovira  (ASEPOR) – Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) – Centro de Estudios y Acción Social Panameña (CEASPA) – Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) – Conservación Internacional (CI) – Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (FUNDESPA) – Fundación Marviva – Fundación Panamá Sostenible (PASOS) – Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) – Fundación para la Protección del Mar – Fundación Wetlands International – Grupo Ecologista para la Protección del PILA (GERPROPILA) – Grupo Orgánico de Productores Cerropunteños  (GORACE) – REAL BOQUETE – Sociedad Audubon Panamá   – WWF

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UNESCO a un paso de incluir al PILA como Sitio de Patrimonio Mundial en Peligro

UICN recomienda a UNESCO inscripción del Parque Internacional La Amistad como Sitio Patrimonio Mundial en Peligro.

Burica Press –19 de junio de 2012. La próxima semana (Junio 24 a julio 6 de 2012) se realiza en San Petersburgo, Federación de Rusia el Trigésimo sexto período de sesiones del comité de Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para discutir los informes del Estado de Conservación de los bienes inscritos como Sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Para esta reunión la UNESCO ha publicado el Estado de conservación de los bienes del Patrimonio Mundial inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial e incluye el informe sobre el Sitio binacional denominado Cordillera de Talamanca-Reserva La Amistad/ Parque Internacional La Amistad (Costa Rica / Panamá), conocido por siglas PILA.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) está recomendando a la UNESCO la posible inscripción del Parque Internacional La Amistad como Sitio Patrimonio Mundial en Peligro. Esto se debe a que desde el año 2008 la UNESCO a través de sus cuerpos científicos asesores, como es el caso de la UICN, ha estudiado los peligros ambientales que tiene el PILA tanto del lado de Costa Rica como de Panamá y todavía visualizan los mismos problemas de esa época y se añaden nuevas amenazas al sitio.

El informe a discutir destaca que todavía el sitio sigue amenazado por tres grupos de amenazas que afectan o pueden afectar su integridad:

  • Construcción de represas hidroeléctricas, cerca de la propiedad en Panamá y los efectos asociados (mayor presencia humana cerca de la propiedad, interrupción de las especies acuáticas del corredor migratorio que ocurre en el Río Changuinola);
  • La invasión (nuevos asentamientos humanos y la cría de ganado);
  • Planificación de la construcción de carreteras que atraviesan la propiedad en el lado de Panamá.

El 22 de marzo de 2012, un informe conjunto sobre el estado de conservación de la propiedad fue presentada por los Estados Partes de Costa Rica y Panamá. El Comité había pedido a los Estados Partes a invitar a una misión de monitoreo reactivo del sitio para realizar el informe que debe presentarse en su 36 ª reunión. Destaca la UNESCO que “aunque se recibió una invitación del Estado Parte de Costa Rica, no hubo tal invitación del Estado Parte de Panamá. Por esta razón, no se llevó a cabo la misión.”

Los Estados Parte explican que la estructura para la cooperación transnacional ha estado en vigor durante muchos años, iniciada por un acuerdo formal de cooperación transfronteriza en 1992, cuyos mayores resultados sólo ha sido el desarrollo de cuatro misiones conjuntas de seguimiento sobre el terreno que se lleva a cabo anualmente con patrullajes conjuntos de los guardaparques de ambos Estados Partes.

Los informes oficiales de Costa Rica y Panamá sobre el avance de la Evaluación Ambiental Estratégica Transfronteriza (EAE) de las represas en el sitio el PILA indican que está en revisión interna y supuestamente lo esperan completar pronto.

Costa Rica destaca que en sus planes hidroeléctricos en el sitio incluyen cinco proyectos en estudios de viabilidad y varias en etapas conceptuales, sin evidencia de un mayor desarrollo. Sin embargo en Panamá el informe destaca que Panamá ha indicado que desconoció la decisión Comité del Patrimonio Mundial en el 2010 (Decisión 34 COM 7B.32) sobre detener la construcción del Changuinola 75 (CHAN 75) debido a lo avanzado del proyecto en términos de construcción y a que ya contaba con una evaluación de impacto ambiental aprobada y una resolución de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en el 2010 que declaró al proyecto de utilidad pública y urgente.

Parque Internacional La Amistad en Cerro Punta. Foto: Biota Panamá

En cuanto al proyecto Bonyic, en el territorio Naso Teribe, igualmente Panamá se refiere a una serie de obligaciones contractuales y resoluciones del Gobierno, entre ellos uno para la aprobación de una evaluación de impacto ambiental categoría III en 2005. Con base en lo anterior, el Estado Parte de Panamá sostiene que es la obligación legal de realizar estas presas y sólo se puede cancelar los contratos en caso de guerra, perturbación grave del orden público o de interés social urgente, y que tendría que compensar a la concesionaria del proyecto, en tal caso.

El Estado de Panamá añade que la evaluación ambiental estratégica de las represas hidroeléctricas a lo largo de la zona transfronteriza de la propiedad todavía no está terminado, y hasta que no concluya, es prematuro determinar la amenaza a la propiedad que representan estos proyectos.

Por su parte la UNESCO advierte que a pesar de los proyectos hidroeléctricos y la construcción de represas en el lado costarricense de la propiedad no son tan extensas como se había considerado, se mantiene la preocupación sobre el potencial debilitamiento de Valor Universal Excepcional de la propiedad derivados de los proyectos existentes.

La UICN ha recibido informes de que la presa CHAN-75 fue terminada, sin facilidades de paso para peces, a pesar de los reiterados llamamientos de la UNESCO que las medidas de mitigación se implementaran.

Alega la UNESCO que “la información recibida por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN confirma que es probable que tengan un grave impacto negativo en el conjunto único de peces y especies de camarones diádromos en la mayoría de la costa caribeña de Panamá, la porción de la propiedad en el corto plazo, que en a su vez es probable que haya efectos en cascada sobre la biodiversidad y los ecosistemas de la propiedad que dependen de estas especies.”

Además, la UICN ha recibido informes acerca de la creciente presión de la caza y el uso de otros recursos por las comunidades indígenas que fueron desplazadas por la construcción de Chan-75. Si bien estas comunidades no están actualmente dentro de la propiedad, se vieron obligados a trasladarse más cerca de sus fronteras, y algunas tierras, se reportan, estar completamente deforestadas hasta el límite con el Parque Internacional La Amistad.

Las concesiones mineras en o cerca de la propiedad (Costa Rica)

El Estado Parte de Costa Rica ha indicado que las solicitudes de permisos de exploración minera, principalmente en el territorio de los pueblos indígenas Bribri cerca de la propiedad han sido rechazadas, excepto tres que quedan en suspensión hasta que se desarrollen los criterios de la declaración de impacto ambiental. El Estado Parte observa que sólo la Asamblea Nacional Legislativa de Costa Rica tiene la autoridad para aprobar dichas solicitudes, y que tal petición no se ha concedido en la historia moderna del país.

Carretera Boquete (Chiriquí) Changuinola (Bocas del Toro) por el Parque Internacional La Amistad (Panamá)

El Estado Parte de Panamá indica que si bien este camino fue propuesto en el Plan de Gobierno 2010-2014, no se han tomado medidas en este sentido hasta la fecha, incluyendo la convocatoria de una evaluación de impacto ambiental que obligatoriamente precedería a la decisión de seguir adelante con la idea de la carretera.

La presencia de ganado y la integración de las tierras privadas dentro de la propiedad

El Estado Parte de Costa Rica informa que no ha habido ningún cambio en la presencia de ganado dentro de la propiedad, e indica que menos del 1% de la propiedad se ve afectado por el ganado o cualquier otro tipo de uso de la tierra incompatibles. Costa Rica desestima este tema como uno que es marginal y pequeña escala, con efectos sólo muy localizadas y no ofrece ninguna respuesta a la petición del Comité para desarrollar e implementar un plan conjunto con Panamá para controlar y manejar el ganado dentro de la propiedad y la integración de las tierras privadas en la propiedad en 2018 (Decisión 32 COM 7B.35), pidiendo además que el ganado se elimina completamente (Decisión 35 COM 7B.39). Añade que debido a la crisis financiera mundial, no se ha avanzado en la integración de las tierras privadas en la propiedad.

El Estado Parte de Panamá indica que la presencia de ganado en pequeñas propiedades dentro del Parque se ha señalado en su propuesta original (1990), y agregó que la resolución que creó el Parque Nacional La Amistad llama por estas tierras para ajustar el plan de uso de la tierra que se establezca por la agencia de gestión del Parque, aunque ninguna indicación sobre lo que esto podría ser que se proporcionan. El Estado Parte indica que los pequeños propietarios están legalmente establecidas dentro de la propiedad, cerca de su frontera sur-oriental.

Estas propiedades y la presencia de ganado fueron reconocidos en la evaluación de la UICN (1990). La UICN también señaló en su evaluación de que el ganado se está moviendo a través de la parte sur de la propiedad y, en ocasiones hacinados allí. El Estado Parte de Panamá señala en sus informes que un vuelo de monitoreo en octubre 2011 sobre la porción sur-oriental de la propiedad donde había estado la ganadería extensiva informado en la misión de 2008, no reveló evidencia de pastoreo de ganado.

En sus conclusiones a discutir la próxima semana en San Petersburgo, Rusia, la UNESCO muestra preocupación por las otras dos represas planteadas en el río Changuinola (CHAN-140 y CHAN-220) y destaca que la ubicación de las presas fuera de la propiedad no implica automáticamente que no tienen un impacto negativo sobre la biodiversidad de la propiedad, sabiendo que las cuencas hidrográficas aguas arriba de las represas hidroeléctricas se ubican dentro de la propiedad.

Critican fuertemente la falta de una invitación para una misión de monitoreo reactivo por parte del Estado Parte de Panamá no ha permitido recopilar la información necesaria para determinar el estado de conservación esta propiedad y que el Estado de Panamá tiene toda la intención de permitir la construción de la represa Bonyic sin un examen previo de los resultados de la evaluación ambiental estratégica, como se indica en el informe conjunto de los Estados Partes, y esto es motivo de grave preocupación.

La UICN recomienda al Comité la posible inscripción del bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, de conformidad con el párrafo 180 (b) (ii) de las Directrices Prácticas.

El Centro del Patrimonio Mundial y la UICN recomienda además que el Comité pida a los Estados Partes de Costa Rica y Panamá, invitar, en forma conjunta, a una misión de monitoreo reactivo, a ejecutarse por la UICN, a la propiedad, para evaluar las amenazas que plantean la construcción en curso de represas en Panamá, las existentes y las represas propuestas, así como la minería en Costa Rica, el proyecto de la carretera proyectada para atravesar la propiedad de Boquete a Bocas del Toro, los efectos del ganado en la propiedad, y para hacer una recomendación sobre la posible inscripción de la propiedad en la Lista del Patrimonio Mundial Patrimonio en Peligro.

Panamá solicitó a la CIDH suspender medidas cautelares impuestas en el 2009

Gobierno de Panamá solicitó a la CIDH suspender medidas cautelares impuestas en el 2009

Burica Press, 20 de noviembre de 2011. El gobierno de Panamá ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo en el seno de la Organización de los Estados Americanos, que desista de imponer medidas cautelares al Estado Panameño sobre el caso de los indígenas ngabes afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75, ejecutado por la empresa AES Corporation con sus filiales locales AES Panama y AES Changuinola.

Según la nota del gobierno panameño, ellos ahora están desarrollando la promoción, protección y respeto de los derechos humanos como un asunto de Estado y una política pública de la administración del Presidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Según la cancillería panameña, en la actualidad el Gobierno Nacional está procurando la búsqueda de consenso y el rescate de la confianza de las poblaciones originarias a través de escenarios propicios para el diálogo.

En marzo de 2008, durante la administración de Martín Torrijos, varias organizaciones nacionales e internacionales denunciaron ante la OEA, la violación flagrante de los derechos humanos de las comunidades indígenas asentadas en el valle medio del Río Changuinola. La denuncia se sustentó en que el Estado panameño, de facto, adjudicó estas tierras indígenas dentro de una concesión otorgada a AES Corporation para que desarrollaran el proyecto hidroeléctrico Chan 75. Los indígenas fueron desalojados poco a poco del área a la fuerza o con intimidaciones y con otras acciones contrarias al reconocimiento de los derechos humanos de pueblos indígenas, con tal de avanzar sin contratiempos en el proyecto hidroeléctrico en cuestión.

Ante tal situación en junio de 2009 y luego de un estudio exhaustivo del caso, la CIDH otorgó medidas cautelares al Estado panameño. Tanto la administración de Martín Torrijos, como la de Ricardo Martinelli han ignorado dichas medidas e hicieron avanzar el proyecto y el desalojo completo y sin opciones a los indígenas residentes de la zona de construcción, operación e inundación del gran complejo hidroeléctrico denominado Chan 75.

La administración de Martinelli argumenta en su solicitud a la CIDH que al dictarse las medidas cautelares, no se cumplió con los requisitos establecidos en el Artículo 25.1 del Reglamento de la Comisión Interamericana ni con el inciso 8 de este mismo artículo 25, que faculta a la Comisión para “requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares”, no sólo por una vez, sino cuantas veces lo requiera a fin de verificar específicamente, el cumplimiento de los requisitos de gravedad, urgencia, inminencia e inmediatez de violaciones a derechos fundamentales y así evitar daños irreparables a las personas.

Las medidas cautelares solicitadas en el año 2009 fueron:

1-) Suspender las obras de relacionadas con la concesión otorgada a AES Changuinola en la provincia de Bocas del Toro,
hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición P-286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5,7,8,13,19,21,23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

2-) Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Ngobe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias adicionales.

Presa Chan 75 en el noroccidente de Panamá. En mayo de 2011 se inició el proceso de cierre de la presa Chan 75. Muchos indígenas que resistieron hasta el final la lucha jurídica por sus territorios, tuvieron que abandonar definitivamente el área ante el avance de las aguas. Foto: ACD

Según las organizaciones peticionarias de la intervención de la CIDH en este caso de violación a los derechos humanos de comunidades indígenas, el sólo hecho de haber tenido que recurrir a la CIDH demuestra hasta la fecha, que en realidad el Estado Panameño nunca le ha garantizado los derechos a las personas afectadas, tanto así que sigue negando que hayan incurrido en violaciones a los Derechos Humanos. Argumentan que la Corte Suprema de Panamá, todavía mantiene engavetado el caso, a pesar de tener varios años para dilucidar las demandas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ha indicado que las medidas cautelares impuestas carecían de urgencia, pero ello no implica la negación de la validez del argumento de fondo planteado por los afectados y las organizaciones demandantes.

El gobierno panameño al no acatarlas, hizo avanzar de facto con la obra, a pesar de las numerosas irregularidades ambientales, sancionadas parcialmente por la Autoridad Nacional del Ambiente, y de la violación a los derechos humanos que ha sido corroborado por numerosas organizaciones nacionales e internacionales que han estudiado el problema, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas.

En mayo de 2011 se inició el proceso de cierre de la presa Chan 75. Muchos indígenas que resistieron hasta el final la lucha jurídica por sus territorios, tuvieron que abandonar definitivamente el área ante el avance de las aguas.

Panamá: De facto gobierno debilita normas de Estudios de Impacto Ambiental

Panamá: De facto, gobierno debilita normas de evaluación de Estudios de Impaco Ambiental (EIA)

Ciudad de Panamá, 10 de agosto de 2011. Veintinueve organizaciones ambientalistas se pronunciaron sobre la sorpresiva publicación en la Gaceta Oficial el pasado viernes a las 7:11 p.m. del Decreto Ejecutivo 155 de 5 de agosto de 2011, por el cual se modificó el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Las organizaciones advierten a la ciudadanía que este decreto es un esfuerzo más por debilitar la legislación ambiental del país, permitiendo el desarrollo apresurado y no planificado de múltiples actividades altamente impactantes a los recursos naturales, poniendo en peligro la salud y la calidad de vida de los panameños.

La publicación del nuevo decreto se da luego que estas organizaciones se mantuvieran durante meses a la espera de que la actual administración de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) cumpliera el compromiso adquirido de revisar lo avanzado por la administración anterior para una adecuada modificación del reglamento, generando un nuevo borrador que se sometería a consulta pública de conformidad con la Ley de Transparencia.

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. Este procedimiento jurídico administrativo debe incluir ineludiblemente las consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, y la realización propia del EIA a cargo del promotor y su presentación a la autoridad reguladora. Estos EIA suponen un proceso de participación pública que garantiza transparencia y poder decisorio colectivo ante obras que pueden afectar el ambiente y sus respectivas medidas de compensación, manejo del impacto. Foto: Burica Press

Sin embargo, una vez más y tal como ocurrió con la expedición arbitraria del Decreto Ejecutivo 123 de 2009 y la Ley 30 de 2010 (mejor conocida como Ley Chorizo), las autoridades disminuyen garantías básicas del derecho humano a un ambiente sano, haciendo inoperante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

El nuevo decreto debilita la participación ciudadana, dándole sólo 10 días a los ciudadanos para dar sus comentarios a Estudios de Impacto Ambiental que usualmente tienen más de 300 páginas, cuando aún con los 20 días que daba la regulación anterior no era suficiente para vencer los obstáculos al acceso a la información pública, conseguir los documentos, generar comentarios y remitirlos a la Dirección correspondiente dentro de la ANAM. A su vez, la modificación del artículo 46 pretende hacer facultativa la consulta pública, que hasta ahora era obligatoria para los estudios categoría II y III.

Aún más, la nueva regulación exige, a los 14 evaluadores técnicos de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) -7 permanentes y 7 transitorios según el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo-, culminar la fase de análisis de cada estudio en 20 días hábiles para aquellos de categoría II y 40 días hábiles para aquellos de categoría III. La regulación anterior ya había reducido arbitrariamente estos términos, de 45 y 65 días, a 35 y 55 días respectivamente.

Pero no son los evaluadores de ANAM los únicos afectados, ya que los responsables de las Unidades Ambientales Sectoriales de los distintos ministerios y entidades tendrán ahora sólo 8 días para estudios categoría II y 12 para estudios categoría III, cuando antes contaban con 15 y 20 días respectivamente para un examen concienzudo de la información brindada por el promotor del proyecto y la determinación de la información adicional que debía ser requerida. Según la página web de la ANAM, en los primeros tres meses del año en curso ingresaron al proceso de evaluación unos 226 estudios: 186 categoría I, 39 categoría II y 1 categoría III.

Ahora más que nunca, es de crucial importancia dotar de personal y recursos suficientes tanto a la ANAM como a las unidades ambientales sectoriales de las instituciones públicas para que puedan cubrir a cabalidad con sus funciones, en especial la evaluación de impacto ambiental.

  1. Alianza Ambiental Pro Desarrollo Integral “Unidos Por Panamá” (AAPRODIUPA)
  2.  Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA)
  3.  Asociación Agroambientalista Macho de Monte
  4.  Asociación Agroecoturística La Amistad
  5.  Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)
  6.  Asociación Conservación de la Biosfera
  7.  Asociación de Productores Agroecologistas de Candela
  8.  Asociación de Productores Agroecologistas La Amistad (ADPAELA)
  9.  Asociación de Productores de Cultivos Exportables (APCE)
  10.  Asociación de Productores de Renacimiento
  11.  Asociación Ecológica de Productores Orgánicos de Rovira
  12.  Centro Misionero de la Concepción
  13.  Colibrí Asociación Ecologista de Panamá
  14.  Comité por la Defensa del Río Gariché y sus Afluentes
  15.  Comité Pro Rescate del Río Escarrea
  16.  Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá
  17.  Grupo Ecologista de Renacimiento para la Protección del PILA
  18.  Grupo Expedición Natural Agro Turística
  19.  Grupo Orgánico de Agricultores Cerro Punteños
  20.  Reciclaje, Ambiente y Limpieza de Boquete (RAL Boquete)
  21. Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
  22. Alianza Pro Ciudad
  23. Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
  24. Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
  25. Colectivo Voces Ecológicos (COVEC)
  26. Fundación Almanaque Azul
  27. Fundación Panamá Sostenible (PASOS)
  28. Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO)
  29. Sociedad Audubon de Panamá (SAP)

Panamá: A pesar de protestas, aprobaron reforma al Código Minero

oposición al proyecto se mantiene

Aprueban reforma minera

PROTESTA. Nuevamente ayer, los indígenas que adversan las reformas al código minero desafiaron a los antimotines en la Asamblea LA PRENSA/Jorge Fernández

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
SANTIAGO CUMBRERA

panorama@prensa.com

Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé cercaron ayer por más de tres horas la Asamblea Nacional, tras la aprobación en tercer debate del proyecto de Ley 277 que reforma el Código de los Recursos Minerales.

En consecuencia, los diputados quedaron atrapados por ese tiempo en el Palacio Legislativo, como ocurrió el pasado miércoles cuando se produjo el segundo debate del proyecto.

Cerca de 100 manifestantes gritaron consignas en contra de las reformas que permiten, entre otras cosas, la participación de otros países en la exploración minera a través de sociedades anónimas.

Otro grupo de cinco indígenas protestaba dentro del Palacio Legislativo, mientras los miembros de la Unidad de Control de Multitudes esperaban la orden para desalojarlos. Sin embargo, los manifestantes se retiraron voluntariamente tras advertir que las protestas no cesarán.

Al rechazo al proyecto se sumaron en la mañana de ayer los empleados y estudiantes de la Universidad de Panamá, que se lanzaron a las calles como protesta. Cerraron la vía Transístmica y se enfrentaron a los antimotines.

El proyecto, que ahora espera la sanción por parte del presidente, Ricardo Martinelli, para convertirse en ley de la República, recibió el voto a favor de 42 diputados.

Quince diputados votaron en contra, entre ellos Jorge Alberto Rosas, del Movimiento Liberal Republicano Nacional, partido aliado al gobierno.

Durante la discusión del segundo debate, Rosas advirtió a sus colegas y al viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, que el artículo 1 es inconstitucional, porque otorga concesiones mineras a gobiernos o estados extranjeros a través de sociedades anónimas.

El diputado oficialista se solidarizó con la población indígena y vaticinó que el oriente chiricano quedará convertido en ruinas, en caso de que el proyecto sea sancionado tal como está y se otorgue en concesión Cerro Colorado.

Por su parte, el titular de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, quien estuvo presente en el debate, desestimó estos señalamientos, alegando que la explotación de Cerro Colorado no está relacionada con las reformas al código minero que data de 1963.

“Personalmente pienso que mientras no exista la voluntad de las comunidades en torno a los yacimientos, no se puede hacer una explotación minera”, destacó. También llamó la atención de que varias de las protestas se desarrollan en áreas donde no existen yacimientos.

“Es el proyecto que más consultas y más debate ha recibido”, sostuvo el ministro Henríquez, quien confirmó que al menos 14 empresas extranjeras han manifestado su interés por explotar Cerro Colorado. Aun así, negó que el Gobierno se esté preparando para desarrollar este yacimiento.

En tanto, la Diócesis de David expresó, a través de un comunicado, su compromiso de “acompañar al pueblo indígena en sus legítimas reclamaciones y participar en las manifestaciones pacíficas que convoque la dirigencia indígena en defensa de sus derechos, de su territorio y de sus vidas”.

Los diputados del opositor Partido Revolucionario Democrático cuestionaron duramente la propuesta durante el último debate y se hicieron eco de los informes de 65 agrupaciones defensoras del medio ambiente que también expresaron su rechazo.

REFORMAS AL CÓDIGO MINERO

Indígenas anuncian batalla

Las modificaciones al ‘Código de Recursos Minerales’ esperan la sanción presidencial. Indígenas no se rinden.

Protesta. Grupos indígenas alzaron su voz contra la minería. LA PRENSA/Jorge Fernández

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
jagonzalez@prensa.com

Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé aseguran que no darán su brazo a torcer. Continuarán con las protestas por las reformas al Código de Recursos Minerales aprobadas ayer en tercer debate en la Asamblea.

Están convencidos de que la reforma tiene un objetivo: la explotación de Cerro Colorado, uno de los yacimientos de cobre más grandes de la región. “Esto será una larga lucha. Vamos a ganar la pelea a la buena o a la mala”, dijo Rogelio Moreno, quien se mantuvo todo el día protestando en la Asamblea.

Moreno, junto con un grupo de indígenas, permaneció la noche anterior en el interior del pleno legislativo, en protesta por la aprobación del proyecto en segundo debate. Ni la seguridad de la Asamblea ni los miembros de la Unidad de Control de Multitudes pudieron sacarlos del recinto.

Ni siquiera el aumento de las regalías de 4% a 5% hecho por los diputados oficialistas en el segundo debate logró hacerlos cambiar de opinión. Consideran que aún es poco y que lo ideal es 50% para las empresas y 50% para Gobierno; y de este porcentaje, solicitan que el 30% sea destinado a los pueblos indígenas.

Mientras el tercer debate llegaba a su fin, y los diputados de oposición hacían un último e inútil alegato contra el proyecto, un grupo de cerca de 100 personas, entre indígenas, trabajadores y estudiantes, se unió al piquete. Protestaron por tres horas a partir de las 4:00 p.m.

Adentro de la Asamblea Nacional, el debate se desarrolló sin sobresalto. A diferencias de los días anteriores, las puertas que conducen a las gradas del pleno estaban cerradas al público, lo que permitió que los diputados debatieran sin interrupciones.

Entre los argumentos que reiteraron ayer los diputados del Partido Revolucionario Democrático para oponerse al proyecto, estuvieron que se permite la participación de gobiernos extranjeros en la explotación minera; que no se impide que funcionarios intervengan en la actividad, que no se hizo una consulta pública como en el caso de la ampliación del Canal, y que no se establecen fórmulas para mitigar el impacto en el ambiente.

Desde el oficialismo el discurso fue el ya escuchado desde el primer debate: que solo se estaba modernizando el código minero.


Diócesis de David llama al diálogo en tema minero

Los grupos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé se organizan para una asamblea general que se llevará a cabo mañana (sábado) con el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, en la comunidad Quebrada de Guabo, en el área comarcal.

En una reunión de acercamiento con los indígenas, en el distrito de San Félix, Chiriquí, Carles acusó a grupos ambientalistas de promover las protestas en contra de la explotación minera. En tanto, sacerdotes de la Pastoral Indígena de la Diócesis de David dijeron que brindarán todo el apoyo al pueblo ngäbe buglé para que defienda su territorio y exhortaron al diálogo.

Yaritza Mojica, Flor Bocharel y Sandra Rivera


Suspenden clases en la UP tras jornada de disturbios

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP) suspendió ayer de manera indefinida las clases en el campus central en la ciudad de Panamá, debido a la protesta que, por segundo día consecutivo, realizaron estudiantes y funcionarios contra las reformas al Código Minero impulsadas por el Gobierno, por considerar que la minería es una actividad lesiva al ambiente.

La acción degeneró en disturbios tras la llegada a la vía Transístmica de miembros de la Policía Nacional, quienes dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes, que respondieron con piedras y botellas.

La protesta se prolongó por una hora a partir del mediodía.

Juan Manuel Díaz C.

Panamá: Ambientalistas proponen ley para moratoria de minería metálica

Propuesta de Ley para moratoria de minería metálica en Panamá

Panamá, 25 de enero de 2011

Licenciada
Astrid Álvarez
Directora Nacional de Promoción de la Participación Ciudadana
Asamblea Nacional

Respetada Directora:

Los abajo firmantes, haciendo uso de nuestros derechos humanos a la iniciativa ciudadana y a la participación política, acudimos ante usted a fin de que, por su conducto, sea sometido a la consideración de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley adjunto, “Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”, el cual presentamos el día de hoy.

Aprovechamos la oportunidad para adjuntar, como respaldo a nuestra iniciativa, copia de los listados que contienen más de 19 mil 700 firmas de personas que apoyaron la Campaña CONTAMINAS, y quienes consideran, al igual que los suscritos, que “Panamá, libre de minería metálica, vale más”.

Agradecemos se le brinde el trámite correspondiente a este Anteproyecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional que regula la presentación de las iniciativas ciudadanas.

Suscribimos esta iniciativa:

Félix Wing Solís
Miriam Pons
Francisco Gómez Nadal
Tania Arosemena Bodero
Rosabel Miró R.
Raisa Banfield
Alida Spadafora
Juan R. Sevillano
Arturo Dominici A.
Ana Z. Pérez McKenzie

ASAMBLEA NACIONAL

25 ENE. 11 / 1:10 P.M.

(Fdo.) Zulay Navarro

Dir. Part. Ciudadana

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Anteproyecto de Ley No.

de 25 de enero de 2011

“Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

En marzo de 2010, la República de Panamá adquirió grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo. Ante el aumento en los precios internacionales de los metales, como es el caso del oro y el cobre, entre otros, el Gobierno Nacional anunció la apertura del sector minero a la inversión extranjera directa, sin antes contar con las debidas salvaguardas ambientales y sociales.

La existencia de estas salvaguardas reviste particular importancia, toda vez que, en nuestro país, los yacimientos mineros metálicos se encuentran en su mayoría ubicados en cuatro categorías de zonas vulnerables: a) las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo; b) las comarcas indígenas; c) las áreas de gran biodiversidad; y d) las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento; cuyas poblaciones humanas presentan además elevados índices de pobreza. Como agravante, la falta de información clara, oportuna y acorde con las necesidades de los diferentes grupos humanos impide una adecuada participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

A pesar de la prohibición expresa contenida en el artículo 3 de la Constitución Política, según la cual “el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otros Estados”, el Gobierno Nacional ha invitado a los gobiernos de Corea del Sur y Singapur a invertir en minería metálica. En octubre de 2010, la Asamblea Nacional ratificó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, cuyo Acuerdo de Inversión tiene por objeto proteger a las empresas mineras de ese país.

Este Acuerdo de Inversión es preocupante si consideramos que las empresas mineras canadienses comenzaron a operar en abierta violación de nuestras leyes. El Proyecto de Oro Molejón, entonces propiedad de la empresa Minera Petaquilla, que a su vez era subsidiaria de Inmet Mining Corporation, inició ilegalmente su construcción en enero de 2005 sin un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), demandó fallidamente la anulación de nuestros reglamentos ambientales ante la Corte Suprema de Justicia, y obtuvo en agosto de 2010 los permisos de explotación comercial y exportación, sin cumplir con los requisitos exigidos por la resolución ambiental.

La actual propietaria del Proyecto de Oro Molejón, la empresa Petaquilla Gold, mantiene un récord ambiental cuestionable. Los monitoreos realizados por la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) señalan altos niveles de sólidos suspendidos y elevada turbiedad en el agua que sobrepasan los límites establecidos por la legislación vigente y que poco a poco van alterando el ambiente de manera severa. Las inspecciones realizadas por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en los meses de septiembre y octubre del 2010 arrojaron altos niveles de cianuro en una de las tinas de relave que alcanzó hasta 46 ppm, excediendo hasta más de 20 veces el límite de -2 ppm fijado en el EsIA aprobado por la ANAM.

A finales de 2010, la empresa Minera Panamá, actual subsidiaria de Inmet, presentó un EsIA con graves deficiencias técnicas, el cual debió ser evaluado por una empresa chilena contratada directamente por el Gobierno Nacional, después de admitir que la ANAM no cuenta con la capacidad técnica necesaria para evaluar los impactos ambientales de la minería metálica. Minera Panamá mantiene en la Corte Suprema de Justicia una demanda de amparo contra la resolución de la ANAM que crea el Área Protegida de Donoso.

Pese a estos graves antecedentes, el 13 de enero de 2011, el Ministro de Comercio e Industrias, autorizado por el Consejo de Gabinete, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 277, “Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, modifica el artículo 33 de la Ley 55 de 1973, modifica y adiciona artículos a la Ley 109 de 1973, sobre minerales no metálicos y se dictan otras disposiciones”, cuyo Primer Debate inicia hoy en la Comisión Permanente de Comercio y Asuntos Económicos.

La presentación del Proyecto de Ley 277 ocurre pese a que diversas encuestas y sondeos de opinión indican que la mayoría de los panameños y panameñas estamos en contra de la minería metálica a cielo abierto, debido a los gravísimos impactos ambientales y sociales que genera dicha actividad y a las inmensas ganancias que obtienen las empresas mineras a costa del patrimonio de nuestros países.

Tampoco hubo oportunidad de que las comunidades locales, tanto indígenas como campesinas, que residen en las áreas donde se pretende llevar a cabo este tipo de explotación, tuviesen la oportunidad de manifestar su consentimiento previo, libre e informado al contenido del Proyecto de Ley 277, antes de su presentación ante la Asamblea Nacional por parte del Órgano Ejecutivo, de conformidad con los estándares internacionales.

2.         NUESTRA PROPUESTA

2.1.     MORATORIA DE LA MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO

Para hacer frente a la situación antes descrita, la moratoria prevista en el artículo 1 del Anteproyecto busca salvaguardar de esta amenaza a todo el territorio nacional, y particularmente a las cuatro categorías de zonas vulnerables identificadas al inicio de esta Exposición de Motivos. Describiremos a continuación los principales impactos de la minería metálica siguiendo la Guía para Evaluar EsIA de Proyectos Mineros, publicada por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW):

a) Las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo

El impacto más significativo generado por la minería metálica a cielo abierto es la afectación en la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos para el uso y consumo humano. El drenaje ácido y la lixiviación es la amenaza más grave a la calidad de agua, pues tiene el potencial de causar impactos a largo plazo, dejando ríos contaminados con valores similares a los de una batería ácida. Es poco probable que las plantas, animales y peces puedan sobrevivir en ríos con tales condiciones. Aun en pequeñas cantidades los metales pueden ser tóxicos para los humanos y la vida silvestre.  Arrastrados por las aguas los metales pueden viajar largas distancias, contaminando los riachuelos y el agua subterránea lejos del punto de origen.

La erosión de los suelos puede degradar la calidad del agua superficial. El impacto sinérgico derivado de las fuertes tormentas tropicales y los suelos expuestos sin cobertura vegetal, permite que grandes cantidades de sedimentos (cargados con contaminantes químicos) sean arrastrados a los cuerpos de agua. El exceso de sedimentos en el agua, produce efectos tóxicos agudos y crónicos en la vida acuática.

Los impactos en la calidad del agua por los relaves, las rocas de desecho y las pilas de lixiviación pueden ser graves. Estos impactos incluyen la contaminación del agua subterránea que está debajo de estas instalaciones y en las aguas superficiales que reciben sus descargas. Las sustancias tóxicas pueden lixiviarse de estas instalaciones, filtrarse a través del suelo y contaminar las aguas subterráneas, especialmente si el fondo de estas instalaciones no ha sido adecuadamente protegido con una membrana impermeabilizante.

b) Las Comarcas Indígenas

Los impactos sociales de la minería metálica a cielo abierto son controversiales y complejos. Si las comunidades sienten que son tratadas injustamente o que no son compensadas adecuadamente, los proyectos mineros pueden resultar en tensión social y conflictos violentos. El desplazamiento y la reubicación de comunidades es particularmente devastador para los pueblos indígenas con fuerte arraigo cultural y espiritual a sus tierras.

Los impactos ambientales causados por la minería, tales como la contaminación de los suelos, el aire y el agua, afectan la subsistencia y el sostenimiento de las comunidades locales. Las actividades mineras deben asegurar que los derechos fundamentales individuales y colectivos sean respetados, entre ellos el derecho al control y uso de la tierra, al agua limpia, a un ambiente y modo de vida seguros, así como también el derecho a no sufrir intimidaciones y violencia, y a recibir compensaciones justas en caso de pérdidas.

c) Las áreas de alta biodiversidad, tales como el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP), las Áreas Clave de Biodiversidad (KBA, por sus siglas en inglés), y las Áreas Importantes para Aves (IBA, por sus siglas en inglés), entre otras

La explotación de minerales metálicos en áreas de alta biodiversidad afecta a miles de hectáreas de bosques primarios, cuencas hidrográficas clave y zonas costeras ricas en biodiversidad, y por ende a la salud y la seguridad alimentaria de las poblaciones.

La preservación de dichas áreas constituye la base para la supervivencia de especies endémicas de fauna y flora silvestres, ya que se trata de ecosistemas de alta fragilidad.

La alta precipitación que se produce en la mayoría de estas áreas crea grandes riesgos para el medio ambiente en extracciones mineras a cielo abierto, ya que el manejo de las aguas se hace incontrolable, lo cual conlleva a una gran erosión y sedimentación. El drenaje ácido presenta una gravísima amenaza para la salud por la contaminación del agua y los suelos, y porque persiste por décadas.

d) Las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento

En las áreas protegidas, la vida silvestre se ve afectada por la minería principalmente debido a la remoción de vegetación y capa superficial del suelo, provocando el inevitable desplazamiento de la fauna. Los efectos más directos en la vida silvestre son la destrucción del hábitat en áreas excavadas y en los depósitos de desechos mineros. Muchos animales con menor capacidad de movilizarse tales como invertebrados, reptiles y vertebrados pequeños son los más severamente afectados.

Cuando las áreas protegidas y los corredores biológicos sufren la fragmentación, es decir, cuando grandes áreas se dividen en trozos más pequeños, esto resulta en grandes impedimentos o hasta en la imposibilidad de que las especies nativas se trasladen naturalmente debido al corte de sus rutas migratorias. El aislamiento causar una reducción en el número de especies, o efectos genéticos tales como la endogamia. Las especies que necesitan mayores extensiones de bosque pueden desaparecer.

2.2.     MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Como medida complementaria a la moratoria, estas cuatro categorías de zonas vulnerables son también incorporadas, por el artículo 4 del Anteproyecto, al listado de áreas de reserva minera previsto por el artículo 29 del Código de Recursos Minerales vigente.

En tal sentido, resulta evidente que tanto la referida moratoria como la inclusión de dichas zonas vulnerables en el listado de áreas de reserva minera no tendrán efectos retroactivos. De allí que sea necesario a su vez complementar ambas medidas con el artículo 2 del Anteproyecto, de modo tal que las empresas beneficiarias de permisos o concesiones ya existentes no puedan hacer uso de sustancias peligrosas para la salud humana y el ambiente en la extracción de metales.

Finalmente, el artículo 4 del Anteproyecto ordena al Ministerio de Comercio e Industrias proceder a la cancelación inmediata de todos los permisos y concesiones que se encuentren sin uso o estén siendo explotados en forma irregular.

3.         ANÁLISIS DE VIABILIDAD JURÍDICA

Esta iniciativa refuerza el deber fundamental del Estado de “garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana” (artículo 118 de la Constitución).

Además, en vista que el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, a través del método de explotación minera metálica a cielo abierto, es uno de los más destructivos desde el punto de vista ambiental, en especial cuando ocurre en el interior de bosques tropicales, con este Anteproyecto se busca evitar que se deriven perjuicios sociales, económicos y ambientales (artículo 121 de la Constitución) y a la vez asegurar que las concesiones para la explotación del suelo y del subsuelo respondan al interés público y al bienestar social (artículo 259 de la Constitución) de las presentes y futuras generaciones.

Del mismo modo, mediante la aprobación de esta iniciativa, el Estado panameño cumple con su obligación de garantizar “a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social” (artículo 127 de la Constitución).

Finalmente, al avalar este Anteproyecto, la Asamblea Nacional actuaría en modo consecuente con las recomendaciones de la Resolución 4.090, emitida durante el IV período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza  (Barcelona, 2008) por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), a la cual pertenece la República de Panamá, en la cual se “PIDE a los gobiernos de la región mesoamericana que cancelen las actuales exploraciones y explotaciones mineras a cielo abierto con probadas repercusiones negativas sobre el medio ambiente, y tomen las medidas preventivas necesarias para que en el futuro otorgamiento de permisos no se incluyan los relativos a la explotación minera a cielo abierto, y que se realicen y apliquen de forma rigurosa las evaluaciones ambientales estratégicas y otros instrumentos ambientales pertinentes, en particular en el Corredor Biológico Mesoamericano.”

4.         CONCLUSIÓN

Este Anteproyecto es una reiteración de la Carta Abierta suscrita el 17 de noviembre de 2007, mediante la cual nueve organizaciones ambientalistas solicitaron al entonces Presidente de la República que declarase una moratoria de la actividad minera en Panamá (http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-panama/moratoria-actividad-minera-panama).

También constituye este Anteproyecto una reiteración de la Prioridad No. 3 de la Agenda Ambiental 2009, suscrita por 10 organizaciones, que dice así: “Decretar una moratoria a la minería de metales a cielo abierto hasta tanto se determinen los impactos y beneficios de dicha actividad en el marco de un desarrollo sostenible para el país, a través de una evaluación ambiental estratégica.” (http://www.agendaambiental09.org/)

Por último, mediante la presentación de esta iniciativa, los abajo firmantes honramos el compromiso adquirido con más de 19 mil 700 personas que apoyaron la Campaña CONTAMINAS, y quienes consideran, al igual que los suscritos, que “Panamá, libre de minería metálica, vale más.” Para mayor constancia, se adjunta copia de los listados que contienen las firmas de estos adherentes.

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Anteproyecto de Ley No.

de 25 de enero de 2011

“Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. Adiciónese el artículo 23-A al Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 23-A. Se declara una moratoria en el otorgamiento de concesiones o permisos para la realización de actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, incluyendo las siguientes categorías de zonas vulnerables:

a)    Las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo;

b)    Las Comarcas Indígenas;

c)    Las áreas de alta biodiversidad, tales como el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, las Áreas Claves de Biodiversidad y las Áreas Importantes para Aves, entre otras; y

d)    Las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, entendidas estas últimas como aquellas zonas delimitadas, adyacentes y/o circundantes ubicadas fuera de los límites de las áreas protegidas que, directa o indirectamente, sirven como defensa para proteger a dichas áreas de los impactos negativos causados por las actividades antropogénicas.

Durante esta moratoria, ningún permiso o concesión de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto será renovado o prorrogado, después de haberse extinguido por cualquier motivo, de conformidad con la legislación que los regula.

Artículo 2. Adiciónese el artículo 23-B al Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 23-B. Los permisos o concesiones mineras que hayan sido otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del artículo 23-A de este Código deberán cumplir con todas las obligaciones establecidas en la legislación nacional y los convenios internacionales, y no podrán hacer uso de técnicas de extracción de metales tales como lixiviación con cianuro, amalgamado con mercurio u otros medios de separación o beneficio que requieran el uso sustancias peligrosas para la salud humana y el ambiente.

Artículo 3. Adiciónese el artículo 23-C al Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 23-C. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y con apego al debido proceso, procederá a la cancelación inmediata de todos los permisos y concesiones que se encuentren sin uso o estén siendo explotados en forma irregular.

Artículo 4. Adiciónese los literales d, e, f y g al Artículo 29 del Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 29. Las Áreas de Reserva que este Código establece son las siguientes:

d)    Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo;

e)    Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las Comarcas Indígenas;

f)Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las áreas de alta biodiversidad, tales como el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, las Áreas Clave de Biodiversidad y las Áreas Importantes para Aves, entre otras; y

g)    Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Iniciativa presentada a la Dirección Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana, con fundamento en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por los ciudadanos Félix Wing Solís, Miriam Pons, Francisco Gómez Nadal, Tania Arosemena Bodero, Rosabel Miró R., Raisa Banfield, Alida Spadafora, Juan R. Sevillano, Arturo Dominici A. y Ana Z. Pérez MacKenzie.

Costa Rica: fallo suspende proyecto de minería a cielo abierto

Costa Rica: fallo suspende proyecto de minería a cielo abierto

Redacción/BBC Mundo

El proceso legal enfrenta a organizaciones ambientalistas con el Estado y una transnacional canadiense.

La Justicia de Costa Rica ordenó este miércoles cancelar la concesión minera del proyecto Las Crucitas, una polémica mina de oro a cielo abierto que pretendía abrirse en el norte del país, cerca de la frontera con Nicaragua.

Un tribunal anuló un decreto del ex presidente Óscar Arias en el que declaraba de “interés público” el proyecto minero Las Crucitas, en el norte del país, y recomendó a la fiscalía abrir causa judicial en contra del ex mandatario y varios funcionarios por esta acción.

Además, los jueces condenaron al Estado y a la transnacional canadiense Infinito Gold, propietaria del proyecto, al pago de una reparación por los daños ambientales provocados por la tala de árboles el año pasado en los trabajos iniciales de apertura de la mina.

La empresa declaró que apelará la sentencia, de un tribunal contencioso administrativo, ante una instancia judicial superior.

clic Lea: Costa Rica innova en la protección del medio ambiente
La controversia

La empresa inició la exploración en la zona de Las Crucitas en 1995, en Cutris de San Carlos, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.

El proyecto minero despertó el rechazo de la mayoría de los costarricenses, liderada por organizaciones ecologistas.

Después de que fuera presentado el recurso, otros países latinoeramericanos con proyectos similares mostraron interés por el caso.

El proceso fue iniciado por varias organizaciones ambientalistas como la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas), entre otros, quienes solicitaron que se reviertan tanto los permisos ambientales otorgados para la extracción del oro en la mina, como el decreto del ejecutivo de hace dos años que avaló la minería.

La parte demandante argumentaba que el estudio de viabilidad ambiental no corresponde con el de la concesión minera.
Juan Carlos Obando portavoz de Infinito Gold

Infinito Gold busca extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto

Los ambientalistas rechazan el proyecto de explotación aurífera pues consideran que se causarán daños irreparables tras la contaminación y erosión del frágil ecosistema.

Esto debido a que este tipo de minería utiliza cianuro y conlleva la tala de árboles, sobre todo del almendro amarillo, variedad en peligro de extinción en Cutris de San Carlos.

Pero el consorcio minero por su parte, asegura que no habrá daños al medio ambiente y el Estado sostiene que el proyecto sólo traerá beneficios económicos para el país.

El gobierno de Costa Rica afirma que el beneficio se derivará del cobro de impuestos y de la inversión comunal de la empresa a cargo del proyecto.

Infinito Gold busca extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto con un valor mercantil que superaría los US$1.000 millones, pero las obras en Las Crucitas se han retrasado unos 23 meses por diferentes problemas legales.
En América Latina

Fue tal el revuelo provocado por el caso que este mes Costa Rica se convirtió en el primer país de Latinoamérica en poner freno a la extracción de minerales a cielo abierto tras la aprobación parlamentaria de la reforma a la Ley de Minería, por considerarla “la forma de minería más devastadora”, dijo uno de los diputados que la votó.

Sin embargo, el caso de Las Crucitas no se ve afectado por esta modificación legislativa, al haberse entregado la concesión hace dos años.

A diferencia de las explotaciones subterráneas, las explotaciones mineras a cielo abierto se desarrollan en la superficie del terreno y para su explotación en ocasiones es necesario excavar, a través de explosivos o con medios mecánicos, los terrenos que recubren o rodean la formación geológica que forma el yacimiento.

El fallo de este martes en Costa Rica es observado atentamente por otros países en donde existen controversiales proyectos de minería como Argentina, Perú y Bolivia.

En Argentina se sigue con atención este proceso. La corresponsal de la BBC en ese país Verónica Smink informó que en septiembre el Senado aprobó una Ley de Protección de Glaciares que, se prevé, tendrá un fuerte impacto sobre la actividad minera en el país.

Los ambientalistas señalan que la minería a cielo abierto en las zonas glaciares y periglaciares altera el ecosistema y pone en peligro una de las principales fuentes de agua dulce, pero la iniciativa fue duramente criticada por las provincias que dependen en gran medida de la minería como fuente de empleo y de riquezas.

Entre tanto en Perú se espera que la economía crezca este año cerca de 9%, cifra en su mayoría derivada de la actividad minera, pero el país al igual que Bolivia no escapa a la controversia que rodea algunos proyectos auríferos.