Panamá solicitó a la CIDH suspender medidas cautelares impuestas en el 2009

Gobierno de Panamá solicitó a la CIDH suspender medidas cautelares impuestas en el 2009

Burica Press, 20 de noviembre de 2011. El gobierno de Panamá ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo en el seno de la Organización de los Estados Americanos, que desista de imponer medidas cautelares al Estado Panameño sobre el caso de los indígenas ngabes afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75, ejecutado por la empresa AES Corporation con sus filiales locales AES Panama y AES Changuinola.

Según la nota del gobierno panameño, ellos ahora están desarrollando la promoción, protección y respeto de los derechos humanos como un asunto de Estado y una política pública de la administración del Presidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Según la cancillería panameña, en la actualidad el Gobierno Nacional está procurando la búsqueda de consenso y el rescate de la confianza de las poblaciones originarias a través de escenarios propicios para el diálogo.

En marzo de 2008, durante la administración de Martín Torrijos, varias organizaciones nacionales e internacionales denunciaron ante la OEA, la violación flagrante de los derechos humanos de las comunidades indígenas asentadas en el valle medio del Río Changuinola. La denuncia se sustentó en que el Estado panameño, de facto, adjudicó estas tierras indígenas dentro de una concesión otorgada a AES Corporation para que desarrollaran el proyecto hidroeléctrico Chan 75. Los indígenas fueron desalojados poco a poco del área a la fuerza o con intimidaciones y con otras acciones contrarias al reconocimiento de los derechos humanos de pueblos indígenas, con tal de avanzar sin contratiempos en el proyecto hidroeléctrico en cuestión.

Ante tal situación en junio de 2009 y luego de un estudio exhaustivo del caso, la CIDH otorgó medidas cautelares al Estado panameño. Tanto la administración de Martín Torrijos, como la de Ricardo Martinelli han ignorado dichas medidas e hicieron avanzar el proyecto y el desalojo completo y sin opciones a los indígenas residentes de la zona de construcción, operación e inundación del gran complejo hidroeléctrico denominado Chan 75.

La administración de Martinelli argumenta en su solicitud a la CIDH que al dictarse las medidas cautelares, no se cumplió con los requisitos establecidos en el Artículo 25.1 del Reglamento de la Comisión Interamericana ni con el inciso 8 de este mismo artículo 25, que faculta a la Comisión para “requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares”, no sólo por una vez, sino cuantas veces lo requiera a fin de verificar específicamente, el cumplimiento de los requisitos de gravedad, urgencia, inminencia e inmediatez de violaciones a derechos fundamentales y así evitar daños irreparables a las personas.

Las medidas cautelares solicitadas en el año 2009 fueron:

1-) Suspender las obras de relacionadas con la concesión otorgada a AES Changuinola en la provincia de Bocas del Toro,
hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición P-286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5,7,8,13,19,21,23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

2-) Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Ngobe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias adicionales.

Presa Chan 75 en el noroccidente de Panamá. En mayo de 2011 se inició el proceso de cierre de la presa Chan 75. Muchos indígenas que resistieron hasta el final la lucha jurídica por sus territorios, tuvieron que abandonar definitivamente el área ante el avance de las aguas. Foto: ACD

Según las organizaciones peticionarias de la intervención de la CIDH en este caso de violación a los derechos humanos de comunidades indígenas, el sólo hecho de haber tenido que recurrir a la CIDH demuestra hasta la fecha, que en realidad el Estado Panameño nunca le ha garantizado los derechos a las personas afectadas, tanto así que sigue negando que hayan incurrido en violaciones a los Derechos Humanos. Argumentan que la Corte Suprema de Panamá, todavía mantiene engavetado el caso, a pesar de tener varios años para dilucidar las demandas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ha indicado que las medidas cautelares impuestas carecían de urgencia, pero ello no implica la negación de la validez del argumento de fondo planteado por los afectados y las organizaciones demandantes.

El gobierno panameño al no acatarlas, hizo avanzar de facto con la obra, a pesar de las numerosas irregularidades ambientales, sancionadas parcialmente por la Autoridad Nacional del Ambiente, y de la violación a los derechos humanos que ha sido corroborado por numerosas organizaciones nacionales e internacionales que han estudiado el problema, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas.

En mayo de 2011 se inició el proceso de cierre de la presa Chan 75. Muchos indígenas que resistieron hasta el final la lucha jurídica por sus territorios, tuvieron que abandonar definitivamente el área ante el avance de las aguas.

Costa Rica: fallo suspende proyecto de minería a cielo abierto

Costa Rica: fallo suspende proyecto de minería a cielo abierto

Redacción/BBC Mundo

El proceso legal enfrenta a organizaciones ambientalistas con el Estado y una transnacional canadiense.

La Justicia de Costa Rica ordenó este miércoles cancelar la concesión minera del proyecto Las Crucitas, una polémica mina de oro a cielo abierto que pretendía abrirse en el norte del país, cerca de la frontera con Nicaragua.

Un tribunal anuló un decreto del ex presidente Óscar Arias en el que declaraba de “interés público” el proyecto minero Las Crucitas, en el norte del país, y recomendó a la fiscalía abrir causa judicial en contra del ex mandatario y varios funcionarios por esta acción.

Además, los jueces condenaron al Estado y a la transnacional canadiense Infinito Gold, propietaria del proyecto, al pago de una reparación por los daños ambientales provocados por la tala de árboles el año pasado en los trabajos iniciales de apertura de la mina.

La empresa declaró que apelará la sentencia, de un tribunal contencioso administrativo, ante una instancia judicial superior.

clic Lea: Costa Rica innova en la protección del medio ambiente
La controversia

La empresa inició la exploración en la zona de Las Crucitas en 1995, en Cutris de San Carlos, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.

El proyecto minero despertó el rechazo de la mayoría de los costarricenses, liderada por organizaciones ecologistas.

Después de que fuera presentado el recurso, otros países latinoeramericanos con proyectos similares mostraron interés por el caso.

El proceso fue iniciado por varias organizaciones ambientalistas como la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas), entre otros, quienes solicitaron que se reviertan tanto los permisos ambientales otorgados para la extracción del oro en la mina, como el decreto del ejecutivo de hace dos años que avaló la minería.

La parte demandante argumentaba que el estudio de viabilidad ambiental no corresponde con el de la concesión minera.
Juan Carlos Obando portavoz de Infinito Gold

Infinito Gold busca extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto

Los ambientalistas rechazan el proyecto de explotación aurífera pues consideran que se causarán daños irreparables tras la contaminación y erosión del frágil ecosistema.

Esto debido a que este tipo de minería utiliza cianuro y conlleva la tala de árboles, sobre todo del almendro amarillo, variedad en peligro de extinción en Cutris de San Carlos.

Pero el consorcio minero por su parte, asegura que no habrá daños al medio ambiente y el Estado sostiene que el proyecto sólo traerá beneficios económicos para el país.

El gobierno de Costa Rica afirma que el beneficio se derivará del cobro de impuestos y de la inversión comunal de la empresa a cargo del proyecto.

Infinito Gold busca extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto con un valor mercantil que superaría los US$1.000 millones, pero las obras en Las Crucitas se han retrasado unos 23 meses por diferentes problemas legales.
En América Latina

Fue tal el revuelo provocado por el caso que este mes Costa Rica se convirtió en el primer país de Latinoamérica en poner freno a la extracción de minerales a cielo abierto tras la aprobación parlamentaria de la reforma a la Ley de Minería, por considerarla “la forma de minería más devastadora”, dijo uno de los diputados que la votó.

Sin embargo, el caso de Las Crucitas no se ve afectado por esta modificación legislativa, al haberse entregado la concesión hace dos años.

A diferencia de las explotaciones subterráneas, las explotaciones mineras a cielo abierto se desarrollan en la superficie del terreno y para su explotación en ocasiones es necesario excavar, a través de explosivos o con medios mecánicos, los terrenos que recubren o rodean la formación geológica que forma el yacimiento.

El fallo de este martes en Costa Rica es observado atentamente por otros países en donde existen controversiales proyectos de minería como Argentina, Perú y Bolivia.

En Argentina se sigue con atención este proceso. La corresponsal de la BBC en ese país Verónica Smink informó que en septiembre el Senado aprobó una Ley de Protección de Glaciares que, se prevé, tendrá un fuerte impacto sobre la actividad minera en el país.

Los ambientalistas señalan que la minería a cielo abierto en las zonas glaciares y periglaciares altera el ecosistema y pone en peligro una de las principales fuentes de agua dulce, pero la iniciativa fue duramente criticada por las provincias que dependen en gran medida de la minería como fuente de empleo y de riquezas.

Entre tanto en Perú se espera que la economía crezca este año cerca de 9%, cifra en su mayoría derivada de la actividad minera, pero el país al igual que Bolivia no escapa a la controversia que rodea algunos proyectos auríferos.

Mineras, tras la conquista de Panamá

polémica por desarrollo de industria

Minería tocaría el 44% del territorio nacional

MARY TRINY ZEA
mzea@prensa.com

El desarrollo de la industria minera ha abierto varios frentes de alerta. Campesinos, ambientalistas y grupos indígenas advierten sobre el peligro de contaminación que representaría el gran desarrollo minero que se avecina y la poca efectividad que podría tener la fiscalización de las autoridades.

Hay 181 solicitudes de empresas con ansias de explorar y explotar minerales. Ello significa que aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite por concesionarse a las mineras, de acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy.

El Gobierno impulsa reformas al código minero para potenciar este sector de la economía y obtener ingresos por al menos mil millones de dólares en cuatro años.

Para la Cámara Minera de Panamá, el desarrollo de la industria traerá beneficios. Calculan que con la extracción de oro y cobre de apenas 10 proyectos se generarían, entre impuestos y gastos locales, $84 millones. Pero fundaciones como Albatros cree que la ganancia más importante es preservar las aguas y bosques, algo difícil de lograr de la mano con la minería.

‘Lobby’ ambiental solo ve el lado malo, dice Martinelli

El presidente, Ricardo Martinelli, dijo en Lima, Perú, que el lobby ambiental en el mundo soslaya los beneficios de la minería responsable en el desarrollo de un país. Así lo reportó la agencia de noticias EFE. “Hay un gran lobby ambiental en el mundo que solo ve lo malo y no lo bueno. En Perú hay muchas cosas buenas en minería y se ha demostrado que con una minería responsable se puede construir un gran país”, dijo.

EL DESARROLLO MINERO QUE PROMUEVE EL GOBIERNO HA GENERADO UN GRAN DEBATE DEBIDO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE ENFRENTARÍA EL PAÍS

Mineras, tras la conquista de Panamá

Hay 181 solicitudes para explorar y extraer minerales y 20 concesiones. El Gobierno ha manifestado su interés de incentivar la actividad.

Ver mapa:

Mapa de Minería en Panamá. Fuente: La Prensa 27 ago. 2010

LA PRENSA/ David Mesa
Minera en operación en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Mary Triny Zea

mzea@prensa.com

En los campos de la provincia de Los Santos se vive un ambiente de tensión por el anuncio de minera Cerro Quema, que pretende extraer oro y plata en 2012 en el distrito de Tonosí.

El Frente Santeño Contra la Minería advierte que “no quieren otro Bocas del Toro” –refiriéndose al resultado de muertos y heridos que dejó la protesta por la Ley 30–, pero “no saben hasta dónde podrán contenerse”. Se oponen al proyecto.

Al oeste del país, un grupo de indígenas protesta contra la posible explotación de Cerro Colorado, uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo que está en la comarca Ngäbe Buglé, y en el que el Gobierno de Corea ha mostrado interés.

La preocupación de estos grupos de campesinos e indígenas se ha revivido por las luces de alerta que se han encendido en Donoso, provincia de Colón.

Petaquilla Gold tuvo que paralizar su extracción de oro porque su tina de relave, donde se procesan líquidos con cianuro para la producción del mineral, está a máxima capacidad y amenaza con desbordarse. La lluvia es su peor enemigo.

Fue el gobierno de Ricardo Martinelli el que aprobó a finales de 2009 los permisos de operación que tenía pendientes la empresa desde hace más de tres años. Y así, Petaquilla Gold desde enero produce 6 mil onzas de oro al mes.

Sin embargo, la empresa no ha pagado una multa de un millón 934 mil dólares impuesta en noviembre de 2008 por la Autoridad Nacional del Ambiente por daños ambientales, tras interponerse un amparo de garantías en la Corte Suprema.

En el mismo bosque secundario de Donoso, Minera Panamá se prepara para producir cobre en 2015 gracias a la concesión que tiene sobre 13 mil 600 hectáreas.

Estos proyectos son una muestra de los 200 desarrollos mineros que se gestarían en el país si el Gobierno otorgara todos los permisos de explotación que hoy solicitan empresas de capital nacional y extranjero.

Actualmente existen 181 solicitudes y están vigentes cinco contratos de extracción de oro, plata y cobre, sin contar la concesión sobre Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado, que tendría que explotar el Estado en conjunto con alguna minera privada.

Hay otros 12 contratos de exploración y dos de transporte y beneficio según el informe del Ministerio de Comercio e Industrias.

‘Dorados ingresos’

La administración Martinelli ha encontrado en esta actividad una “mina de oro” para llenar las arcas estatales. Calculan obtener de esta industria por lo menos mil millones de dólares en los próximos cuatro años en concepto de impuestos y regalías.

Con estos recursos financiarían parte del ambicioso plan de inversión estatal que supera los 13 mil millones de dólares.

Por esta misma razón desde hace más de un año se evalúan las reformas al Código de Recursos Minerales, en el que se incrementarían de 2% a 4% las regalías que las empresas deben pagar al Estado. En estas reformas también se dejaría abierta la posibilidad de que gobiernos extranjeros, en alianza con desarrolladores mineros, participen de la actividad.

No es extraño que en medio de un generoso ambiente de inversión y con el repunte del valor de los metales, los ojos de los mineros de todo el mundo se posen sobre Panamá.

Los empresarios incluso anuncian las ventajas de poseer una concesión minera y explotarla en el país. “Aportes al Estado de 2% en regalías”, “no pago de impuesto de importación para el equipo minero” y una “abierta economía pro minera”, expone la minera Capira Dorada en su sitio web en busca de inversionistas.

Pero del otro lado de la balanza hay agrupaciones que cuestionan el hecho de que lo económico prive sobre la protección ambiental.

“Imagínate que un país como Panamá, donde caen lluvias torrenciales, haya cientos de mineras en toda la espina dorsal de la cordillera. ¿Qué pasaría con el agua, salud y el recurso turístico de la gente?”, se pregunta Alejandro Balaguer, de la Fundación Albatros.

El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, entiende la oposición y el temor que existe respecto al desarrollo de la actividad, pero afirma que garantizarán “una minería responsable”.

No obstante, la pobre supervisión estatal que ha quedado en evidencia en la fiscalización de otras actividades industriales, no deja de preocupar a los gremios de ambientalistas.

Aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite por concesionarse a las mineras, de acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy (TNC).

“Esto pone en riesgo la integridad de los ecosistemas y altera el medio social de las comunidades aledañas a los proyectos” , agrega un reporte del organismo.

“La minería no es la de antes, donde se hacía un enclave, se extraía el mineral y la cosa quedaba como sea. Ese concepto ha desaparecido”, dice Zorel Morales, directivo de la Cámara Minera de Panamá (Camipa).

Morales comenta que hace 40 años no se contemplaba ningún plan de cierre, lo que ahora se evalúa desde la fase de exploración y con lo que se garantiza que se rehabiliten las zonas explotadas. Este es uno de los puntos que fiscalizan las entidades financieras multilaterales que le prestan el dinero a los mineros para que desarrollen sus proyectos, afirma.

Reservas ambientales

Camipa vislumbra que con el potencial mineral que tiene Panamá, en 2018 el país sería el octavo o noveno productor de cobre en el mundo.

Petaquilla Gold comenzó su actividad comercial este año en parte de las 100 hectáreas concedidas y que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano, indica TNC.

El proyecto Cobre Panamá (de Minera Panamá) en la misma zona proyecta empezar los movimientos masivos de tierra en septiembre de 2011 para construir la infraestructura y producir cobre cuatro años más tarde.

En parte de sus 13 mil 600 hectáreas de concesión se abrirán tres tajos.

El proyecto usaría 5 mil 900 hectáreas para la operación de la mina. En 30 años de operación se estima dejar daños ambientales en 2 mil 200 hectáreas, que serían tres lagos y la presa de relave.

Mayté González, de TNC, advierte que la fragmentación de dicho corredor biológico impedirá “el flujo de especies”, entre otros daños ambientales.

Este corredor abarca América Central y el Sur de México, y busca proteger el ambiente en donde habita un 8% de las especies en el mundo.

Minera Panamá asegura que velarán por la conservación de todas las especies.

Y mientras afinan sus proyecciones, Minera Cerro Quema estima que en 2012 explotaría oro en unas 50 hectáreas de las 4 mil 893 hectáreas concesionadas, dijo Alfredo Burgos, directivo de la empresa.

En el verano próximo realizarían las voladuras con explosivos, acondicionarían el tajo y construirían el tanque de lixiviación –lugar en el que se mezcla la roca con agua y cianuro para separar el oro–.

Estos planes alteran a comunidades de la zona. “Cuando veamos maquinaria vamos a irnos a la calle”, advierte Milciades Pinzón, del Frente Santeño Contra la Minería.

Tonosí, lugar donde se desarrollaría la mina, es una zona abastecedora de carne, leche y arroz, y el principal problema del lugar es la falta de agua y en el área del proyecto hay importantes cuencas, describe el sociólogo Pinzón.

Ello se contrastaría con los planes mineros, pues en un día de operaciones en una mina a cielo abierto se requiere de un de promedio 100 millones de litros de agua, más que la producción total de agua de la ciudad de David.

Además, Cerro Quema se desarrollaría próxima a la falla geológica más importante de Azuero y a 900 metros sobre el nivel del mar, por lo que el Frente teme un accidente con las tinas de lixiviación, en donde se encuentra cianuro.

Hay otras áreas vulnerables, como la comarca Ngäbe Buglé donde se encuentran otros importantes yacimientos de cobre.

En cerro Chorcha, Cuprum Resources Inc. analiza el potencial y rentabilidad de sacar oro y cobre.

Su concesión abarca cinco zonas en la comarca, incluyendo parte del bosque protector Palo Seco, áreas de la Reserva Forestal La Fortuna y el Parque Internacional La Amistad.

En la misma comarca se encuentra también el yacimiento de Cerro Colorado, que se estudia desde 1950 y ha tenido una fuerte oposición por parte de los indígenas de la zona.

Los que apoyan la actividad argumentan la generación de miles de empleos e ingresos económicos, pero Alejandro Balaguer, quien por más de 20 años ha estudiado la minería en Perú y Bolivia, indica que “no existe minera que no sea contaminante. Hay empresas que pueden hacer las cosas mejor que otras, pero el agua y bosques valen más que cualquier mineral del planeta”.

Miseria y abandono luego del cierre de Santa Rosa

Cañazas, Veraguas. El distrito de Cañazas, antes conocido como la “tierra del oro”, se enfrenta a dos realidades: la difícil situación económica de unas 125 familias que dependieron de la minería y que hoy no tienen trabajo; y la preocupación de quienes viven en los alrededores de la zona minera, que advierten la contaminación de los lagos.

El aspecto económico de la región es, sin duda, el principal problema, señala Juan de la Cruz Guerra, quien por 12 años trabajó en la desaparecida Minas Santa Rosa.

Las 125 familias que dependían de la mina construyeron sus casas en la cabecera del distrito y se han devuelto a las áreas más apartadas de la región para dedicarse a la agricultura de subsistencia.

“Es triste que gente que contaba con su vivienda, luz y agua haya migrado al campo. Perdieron sus empleos y no existe otra actividad que genere trabajo, no les queda de otra”, dijo Guerra.

Existían restaurantes, abarroterías y negocios informales manejados por los lugareños, que también cerraron sus puertas porque se redujo el poder adquisitivo de gran parte de la población, detalla el representante del corregimiento cabecera de Cañazas, Anel Alvarado.

Al margen de la bonaza que generó la mina, existe preocupación por la contaminación que podrían generar algunos lagos y otras áreas en donde se procesaba el oro con químicos.

Desde que la mina cerró en 1999 ni la Autoridad Nacional del Ambiente ni el Ministerio de Salud han examinado a los ex trabajadores y familias que vivían en las zonas cercanas a la explotación, cuenta Emiliano Quintero, de 74 años y residente de Cañazas.

“Vivimos en los alrededores de la mina y nos llena de dudas el nivel de contaminación, pues los peces de las lagunas presentan un color extraño y están contaminados con insectos”, añade Quintero.

Ahora hay intentos de reabrir la mina.

Desde la administración del ex presidente Martín Torrijos, los 63 ex trabajadores de Minas Santa Rosa cabildean para reabrirla y crearon la compañía Minera Cañazas S.A.

“La intención era que el Gobierno nos diera la concesión de la desaparecida empresa y con el apoyo de algún consorcio extranjero la explotáramos”, dice Juan de la Cruz Guerra.

El 29 de julio el Gobierno le otorgó la concesión a Silver Global S.A. para transporte y beneficio de oro a través de la trituración, molienda y mezcla de diversos minerales durante 25 años en las 141 hectáreas de la antigua mina.

víctor Eliseo Rodríguez


Chile y Perú, economías crecientes y mineras

Chile y Perú y son dos países mineros y que le deben parte de su desarrollo a esta industria.

Perú es líder en la producción de plata, segundo en zinc, cuarto en plomo y sexto en oro. Chile es el líder en la producción de cobre. Su minería se ha desarrollado en zonas desérticas donde el daño ambiental es mínimo, pero ahora el país debate la búsqueda de minerales en los glaciares. En La Oroya del Perú, en el lugar donde se encuentra el complejo metalúrgico más importante del país, los habitantes sufren severas enfermedades respiratorias a raíz de la actividad minera de Doe Run. La Oroya es uno de los 10 lugares más contaminados del planeta, según el instituto Blacksmith.

El 28 de julio el Gobierno peruano canceló la licencia a la minera estadounidense por ignorar el plazo para cumplir con el plan ambiental, sin embargo, posteriormente se anunció que tiene 20 meses más para adecuar su programa del medio ambiente.

La minera adeuda 110 millones de dólares a proveedores y le falta ejecutar inversiones ambientales por 150 millones de dólares, informa la agencia AP. En tanto, a finales de julio se registró uno de los mayores desastres ecológicos en Huancavelica, provincia del Perú. Los relaves de la mina La Caudalosa Chica derramaron 21 mil toneladas métricas de desecho mineral en los ríos. La descarga altamente ácida afectó actividades de más de 4 mil pobladores que habitan las márgenes de varios ríos.

Mary Triny Zea

Estudio revela graves daños ambientales en Río Chiriquí Viejo por hidroeléctricas

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL DESARROLLO DE HIDROELÉCTRICAS

BID alerta de daños en río Chiriquí Viejo

El gobierno ha otorgado 19 concesiones para el desarrollo de proyectos energéticos en esta cuenca. Los impactos ambientales son diversos y severos.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Disminución del caudal y aumento en la concentración de sedimentos son dos de los impactos negativos que sobre el río Chiriquí Viejo causarán, al menos, siete de los proyectos hidroeléctricos que allí se desarrollan.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detalla los efectos de la construcción de las presas, y entre ellos destaca que debido a la sedimentación, la potabilizadora de Barú –que se abastece de esa cuenca– verá afectada la calidad del agua. El BID y el Banco Mundial prevén financiar algunos proyectos.

Energía a base de paneles solares y aerogeneradores

Una empresa liderada por el español Andrés Sánchez promueve el uso de aerogeneradores, pequeñas turbinas hidráulicas y paneles solares en las residencias para generar energía limpia. El proyecto se promueve en zonas apartadas del centro del país donde escasea el agua.

Además de beneficiar a las comunidades apartadas, también puede ser útil para los productores y ganaderos. Los equipos pueden generar hasta 10 kilovatios, energía suficiente para alimentar una residencia que tenga una televisión y cuatro focos.

IMPACTO DE LA ACTIVIDAD EN EL RÍO CHIRIQUÍ VIEJO

BID estudió 5 hidroeléctricas

Según la agencia, los efectos de los proyectos sobre el río Chiriquí Viejo son mayores a lo descrito por las empresas.

BAJO de MINA. La cuenca del río Chiriquí Viejo es de mil 348 kilómetros cuadrados y actualmente se encuentra intervenida por actividades agrícolas y ganaderas. A los impactos ambientales que producen esas tareas se sumarán ahora los que generen los proyectos hidroeléctricos. LA PRENSA/Eric Batista

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Un análisis técnico de siete proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en el río Chiriquí Viejo, en la provincia de Chiriquí, arrojó información que denota graves consecuencias ambientales y sociales.

El estudio, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), midió los impactos acumulativos de poco menos de la mitad de proyectos energéticos que se adelantan en esta cuenca hidrográfica –19 concesiones otorgadas por el Estado–, específicamente los que hasta finales de 2009 tenían estudios de impacto ambiental aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). Y a pesar de lo que señalan sus propias investigaciones, el BID contempla financiar dos de esos siete proyectos.

Los impactos descritos por el BID van desde modificaciones del caudal del río, hasta disminución de la calidad del agua y afectación a actividades turísticas de las cuales dependen muchas familias.

También se hace referencia a los efectos que han ocasionado otras actividades económicas a lo largo del río (como pérdida de suelo y sedimentación), y se advierte que estos “podrían ser agravados con la construcción de los 19 proyectos hidroeléctricos [los que ha aprobado el Estado hasta ahora]”.

“Una vez que entren en operación los diversos embalses, es posible que la descarga de sedimentos sea pulsativa y masiva, asociada con los procesos de mantenimiento de los embalses”, señala el estudio.

De hecho, la sedimentación es uno de los principales problemas que afectan el funcionamiento de la planta potabilizadora del distrito de Barú –que se abastece del río Chiriquí Viejo– y con ello el proceso de purificación del agua. Y la sedimentación en la parte baja del río será mayor durante la fase de construcción de todas las presas.

Sin embargo, el estudio determinó ya un aumento en la descarga de sedimentos en algunas partes del río, las cuales, indica, son mayores en la temporada seca que en la lluviosa. Algo que causa extrañeza.

“Lo normal es que haya mayor aporte de sedimentación durante la época de invierno con respecto al verano, por la remoción de masas que ocurre en toda la cuenca. La única explicación es que hay un aporte de sedimentos anormal y que probablemente esté relacionado con la construcción de la presa aguas arriba”, señala el estudio del BID.

Un problema que no terminaría al concluir la construcción de los proyectos. “Es importante destacar que la sedimentación es uno de los principales problemas que enfrentan las hidroeléctricas durante su operación”, advierte el documento.

Todas estas consecuencias se detallan, a pesar de que, según el BID, los datos contenidos en los estudios de impacto ambiental de los siete proyectos presentaban una “deficiencia de información que limitó un análisis más exhaustivo en relación con los procesos de sedimentación”.

CAUDAL ECOLÓGICO

El diseño de las hidroeléctricas, que implica construir un embalse para el transvase del agua desde el sitio de presas hasta las máquinas, también tendrá un impacto sobre el río Chiriquí Viejo. De acuerdo con lo que señala el documento, esto significa que habrá tramos del río en los cuales el flujo de agua será limitado.

Se afirma, además, que todas las empresas prevén desviar el 90% del caudal natural del río hacia las salas de máquina, lo que derivará en la reducción del caudal del río.

Esta realidad tendrá una incidencia directa en algunas características del río, como la temperatura del agua, que es una de las cualidades físicas de mayor importancia de los sistemas acuáticos, indica el estudio.

Otro efecto negativo que menciona el documento es la pérdida de calidad del agua, algo que ya es un problema de esta fuente hídrica debido a la actividad agrícola y a los asentamientos humanos que lo rodean.

Es más, el informe precisa que el río tiene “presencia de coliformes fecales”, por el uso del río para descargar aguas negras, y por la ganadería intensiva.

SIN SUPERVISIÓN

Las consecuencias ambientales de los proyectos hidroeléctricos alcanzan la vida acuática, ya que, según la investigación, al alterarse el flujo del río por los embalses decrecerá la población de muchas especies, y esto, a su vez, traerá efectos adversos en las comunidades que viven aguas abajo de las presas.

A lo largo del río se han identificado 39 especies de peces, y la supervivencia de todas ellas se verá comprometida si los planes de mitigación, compensación y conservación no se abordan de forma coordinada en toda la cuenca, indica el informe.

Lo que es peor, se advierte que los estudios de fauna no se han desarrollado sistemáticamente y que los más recientes fueron hechos por algunos de los promotores de proyectos hidroeléctricos, como parte de sus estudios de impacto ambiental.

En el análisis realizado a los EIA de los proyectos hidroeléctricos, se hace evidente una debilidad institucional para el seguimiento y control, y una débil gestión ambiental por parte de los gobiernos locales. Además, la participación ciudadana no se considera de forma adecuada.

Silvano Vergara, director de Cuencas Hidrográficas de la Anam, dijo conocer el estudio del BID y agregó que, evidentemente, cuando se hace un análisis de todos los proyectos, los impactos aumentan y para contrarrestarlos los planes de mitigación deben ser acumulativos. “Lo que la Anam debe lograr es que cada una de las aplicaciones de las medidas de mitigación de cada proyecto sean sinérgicas, para poder mitigar los impactos acumulativos”.

Indicó que se llevan a cabo monitoreos, pero a cada proyecto de forma individual, y ahora deberían hacerse en conjunto.

Yaritza Espinoza, ambientalista de Chiriquí, pidió al BID no financiar estos proyectos hidroeléctricos por los efectos ecológicos que traerán, y más ahora que el Gobierno ha debilitado las normas ambientales. Se refiere a la reciente aprobación de la Ley 30 de junio de 2010, que dejó a criterio de los empresarios realizar los EIA o acogerse a las guías de buenas prácticas, que no existen aún en Panamá.

Sobre todo, dijo Espinoza, porque la Anam no está en “capacidad” de hacer cumplir los planes de mitigación de cada proyecto.

ECOTURISMO PIERDE ESPACIO EN EL RÍO

Una de las actividades que atrae a los turistas a la provincia de Chiriquí ya sufre las consecuencias de la construcción de las presas para proyectos hidroeléctricos. El recorrido del river rafting por el río Chiriquí Viejo se ha disminuido en 10 kilómetros, debido a restricciones por el incremento de los riesgos para la práctica de este deporte extremo, señala el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El informe detalla que las afectaciones al rafting se deben al inicio de la construcción de dos proyectos hidroeléctricos: Baitún y Bajo de Mina, proceso que incluye el uso ocasional de explosivos.

La valoración global del rafting como negocio indica una clara tendencia a su desaparición, como resultado del impacto acumulado de la construcción de las diversas centrales hidroeléctricas en el río Chiriquí Viejo.

Esto, debido fundamentalmente a la disminución del volumen de agua del caudal del río, que no permitirá el desarrollo de este deporte de aventura. El informe recalca que de las actividades económicas que se desarrollan en el Chiriquí Viejo, el rafting será la que posiblemente se vea afectada de forma irreversible a mediano plazo.

¿La razón? Según el BID, las condiciones geográficas e hidrológicas naturales que presenta el río, y que son básicas para su práctica, están siendo afectadas con la construcción de las hidroeléctricas: la pendiente, el volumen de agua y la presencia de rocas en el lecho del río.

Por ello, recomiendan una evaluación detallada de todos los usos actuales y futuros del río para determinar los potenciales impactos de la explotación hidroeléctrica sobre los usos económicos de la cuenca. La práctica del rafting en el Chiriquí Viejo atrae a más empresarios cada día. Luego de que se constituyera la primera empresa –hace 15 años– se han creado otras dos. Según el estudio, la más reciente es una que opera hace tres años.


Nasos Teribes recurren a CIDH para protegerse del Estado Panameño

Nasos Teribes recurren a CIDH para protegerse del Estado Panameño

El Pueblo Naso Teribe presentó el 3 de junio de 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición judicial en la que reclama, entre otras cosas, la creación de la Comarca, la urgente paralización de proyectos como el de la hidroeléctrica de Bonyik y la reparación por parte del Estado por la sistemática y reiterada violación de sus derechos individuales y colectivos. El pueblo Naso ha tenido que acudir ante la CIDH ante la negativa del Estado panameño a reconocer sus derechos territoriales.

En la petición de 175 páginas, presentada a nombre del Pueblo Naso por el bufete de abogados de Washington D.C. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, se sustenta y demuestra la discriminación a la que ha estado sometido el pueblo Naso en la provincia de Bocas del Toro y la violación de sus derechos territoriales, políticos y culturales y se advierte que, de no reconocerse la Comarca Naso Tjër Di, “resultara probablemente en el genocidio cultural de los Nasos, ya que su cultura, vida espiritual, y existencia están amenazadas par los inversionistas foráneos motivados solamente par la ganancia financiera que pueden obtener al implementar proyectos hidroeléctricos (…). Se esta hacienda daño irreparable en este momento a la comunidad Naso y debe ser detenido mientras este pendiente una decisión en base a los méritos de esta petición”.

Hay que recordar que las comunidades Naso han sufrido en los últimos años desplazamientos forzados, detención de sus líderes, situaciones de inseguridad alimentaria y destrozo de su patrimonio ambiental, especialmente en las áreas del río Bonyik y en las comunidades de San San y San San Druy.

El pueblo Naso solicita además a la CIDH medidas provisionales urgentes que protejan la integridad de su territorio y de sus integrantes mientras se abre un proceso de negociación en el que el Gobierno reconozca los derechos territoriales de este pueblo originario en riesgo y para que las comunidades Naso sean consultadas de forma vinculante sobre cualquier proyecto económico externo que se quiera desarrollar en su territorio ancestral.

La petición incluye pruebas de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno y por las Empresas en los últimos años y advierte de la situación de indefensión actual. También se demuestra como el pueblo Naso ha acudido a todas las instancias nacionales antes de presentar esta petición a la CIDH.

CIDH admite demanda de indígenas Ngobes ante proyecto hidroeléctrico Chan 75

CIDH admite demanda de indígenas Ngobes de Panamá

afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75

Burica Press – Derechos Humanos. 9.9.2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido la demanda presentada por las comunidades Ngobes afectadas por la concesión y toma forzada de sus tierras en la cuenca del Río Changuinola en Panamá, para la construcción de la represa hidroeléctrica Chan 75. Esta obra es parte de un proyecto de generación eléctrica de la empresa AES Changuinola y el gobierno panameño que es accionista del 49% de esta corporación empresarial.

La CIDH examinó la denuncia de los peticionarios y ha aprobado el informe sobre admisibilidad No. 75/09 de acuerdo al artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se constituye en el caso 12,717 de la CIDH.

Valle del Río Changuinola donde habitan aproximadamente 1000 indígenas ngobes.  Sus tierras fueron concesionadas por el estado panameño sin el consentimiento libre, previo e informado.  Los ecologistas tampoco apoyan el proyecto debido a que son proyectos de alto impacto en áreas protegidas con reconocimiento internacional.

Valle del Río Changuinola donde habitan aproximadamente 1000 indígenas ngobes. Sus tierras fueron concesionadas por el estado panameño sin el consentimiento libre, previo e informado para la construcción de una gran represa denominada Chan 75. Los ecologistas tampoco apoyan el proyecto debido al enorme alto impacto sobre áreas protegidas con reconocimiento internacional. Foto: Cortesía de ACD Panamá

En dos meses la CIDH debe dar su veredicto de fondo sobre esta denuncia de violación a los derechos humanos de comunidades indígenas Ngobes en Panamá y también ha indicado en su comunicación formal que pone a disposición de las partes involucradas una solución amistosa conforme al artículo 48 (1) (f) de la Convención Americana.

El 18 de junio de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas del pueblo Ngöbe, asentadas a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, Panamá. En la solicitud de medidas cautelares se alega que en mayo de 2007 se aprobó una concesión por 20 años en un área de 6.215 hectáreas dentro del bosque protegido Palo Seco a favor de una empresa para la construcción de represas hidroeléctricas en el curso del río Teribe-Changuinola.

El informe de medidas cautelares indicó que una de las represas autorizadas para construir es Chan-75, en construcción desde enero de 2008, y que inundará el lugar donde se encuentran establecidas cuatro comunidades indígenas Ngöbes: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, con una población aproximada de 1.000 personas, y que otros 4.000 indígenas Ngöbes se verían asimismo afectados por su construcción. Los indígenas peticionarios alegan que las tierras afectadas por la represa forman parte de su territorio ancestral, utilizado para ejercer sus actividades tradicionales de caza y pesca.

La Comisión Interamericana consideró en junio de 2009 que correspondía otorgar medidas cautelares con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro.

La CIDH solicitó al Estado de Panamá suspender las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición 286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 21, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado panameño se negó a acatar las medidas cautelares alegando debido falta del debido proceso por parte de los comisionados de la CIDH.

Asimismo, la CIDH solicitó al Estado de Panamá adoptar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación y la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad Ngöbe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias.

El Estado panameño ha alegado que se declare inadmisible la petición por cuanto no observan configuración alguna de violación a los derechos humanos y según ellos no se han agotado los recursos internos. Sin embargo, la CIDH luego de los análisis jurídicos pertinentes de las versiones de ambas partes ha decidido admitir esta demanda, ya que los argumentos del Estado panameño fueron ambiguos y no respondieron de manera directa de cómo se le ha garantizado el respeto a los derechos humanos de las poblaciones indígenas afectadas por el proyecto hidroeléctrico.

Igualmente la CIDH observa que el recurso de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, a favor de los Ngobes en razón de la concesión de más de 6 mil hectáreas de áreas con poblaciones indígenas no ha sido resuelto a pesar que fue interpuesto el 22 de diciembre de 2007. Esto se considera una falla denominada retardo injustificado de un proceso donde se alegan violaciones a los derechos humanos.

La CIDH incluirá el informe de admisibilidad en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Vea además:

CARTA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ADMISIÓN DE DEMANDA DE LOS NGOBES EN LA CIDH

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS