Nasos Teribes recurren a CIDH para protegerse del Estado Panameño

Nasos Teribes recurren a CIDH para protegerse del Estado Panameño

El Pueblo Naso Teribe presentó el 3 de junio de 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición judicial en la que reclama, entre otras cosas, la creación de la Comarca, la urgente paralización de proyectos como el de la hidroeléctrica de Bonyik y la reparación por parte del Estado por la sistemática y reiterada violación de sus derechos individuales y colectivos. El pueblo Naso ha tenido que acudir ante la CIDH ante la negativa del Estado panameño a reconocer sus derechos territoriales.

En la petición de 175 páginas, presentada a nombre del Pueblo Naso por el bufete de abogados de Washington D.C. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, se sustenta y demuestra la discriminación a la que ha estado sometido el pueblo Naso en la provincia de Bocas del Toro y la violación de sus derechos territoriales, políticos y culturales y se advierte que, de no reconocerse la Comarca Naso Tjër Di, “resultara probablemente en el genocidio cultural de los Nasos, ya que su cultura, vida espiritual, y existencia están amenazadas par los inversionistas foráneos motivados solamente par la ganancia financiera que pueden obtener al implementar proyectos hidroeléctricos (…). Se esta hacienda daño irreparable en este momento a la comunidad Naso y debe ser detenido mientras este pendiente una decisión en base a los méritos de esta petición”.

Hay que recordar que las comunidades Naso han sufrido en los últimos años desplazamientos forzados, detención de sus líderes, situaciones de inseguridad alimentaria y destrozo de su patrimonio ambiental, especialmente en las áreas del río Bonyik y en las comunidades de San San y San San Druy.

El pueblo Naso solicita además a la CIDH medidas provisionales urgentes que protejan la integridad de su territorio y de sus integrantes mientras se abre un proceso de negociación en el que el Gobierno reconozca los derechos territoriales de este pueblo originario en riesgo y para que las comunidades Naso sean consultadas de forma vinculante sobre cualquier proyecto económico externo que se quiera desarrollar en su territorio ancestral.

La petición incluye pruebas de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno y por las Empresas en los últimos años y advierte de la situación de indefensión actual. También se demuestra como el pueblo Naso ha acudido a todas las instancias nacionales antes de presentar esta petición a la CIDH.

CIDH admite demanda de indígenas Ngobes ante proyecto hidroeléctrico Chan 75

CIDH admite demanda de indígenas Ngobes de Panamá

afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75

Burica Press – Derechos Humanos. 9.9.2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido la demanda presentada por las comunidades Ngobes afectadas por la concesión y toma forzada de sus tierras en la cuenca del Río Changuinola en Panamá, para la construcción de la represa hidroeléctrica Chan 75. Esta obra es parte de un proyecto de generación eléctrica de la empresa AES Changuinola y el gobierno panameño que es accionista del 49% de esta corporación empresarial.

La CIDH examinó la denuncia de los peticionarios y ha aprobado el informe sobre admisibilidad No. 75/09 de acuerdo al artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se constituye en el caso 12,717 de la CIDH.

Valle del Río Changuinola donde habitan aproximadamente 1000 indígenas ngobes.  Sus tierras fueron concesionadas por el estado panameño sin el consentimiento libre, previo e informado.  Los ecologistas tampoco apoyan el proyecto debido a que son proyectos de alto impacto en áreas protegidas con reconocimiento internacional.

Valle del Río Changuinola donde habitan aproximadamente 1000 indígenas ngobes. Sus tierras fueron concesionadas por el estado panameño sin el consentimiento libre, previo e informado para la construcción de una gran represa denominada Chan 75. Los ecologistas tampoco apoyan el proyecto debido al enorme alto impacto sobre áreas protegidas con reconocimiento internacional. Foto: Cortesía de ACD Panamá

En dos meses la CIDH debe dar su veredicto de fondo sobre esta denuncia de violación a los derechos humanos de comunidades indígenas Ngobes en Panamá y también ha indicado en su comunicación formal que pone a disposición de las partes involucradas una solución amistosa conforme al artículo 48 (1) (f) de la Convención Americana.

El 18 de junio de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas del pueblo Ngöbe, asentadas a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, Panamá. En la solicitud de medidas cautelares se alega que en mayo de 2007 se aprobó una concesión por 20 años en un área de 6.215 hectáreas dentro del bosque protegido Palo Seco a favor de una empresa para la construcción de represas hidroeléctricas en el curso del río Teribe-Changuinola.

El informe de medidas cautelares indicó que una de las represas autorizadas para construir es Chan-75, en construcción desde enero de 2008, y que inundará el lugar donde se encuentran establecidas cuatro comunidades indígenas Ngöbes: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, con una población aproximada de 1.000 personas, y que otros 4.000 indígenas Ngöbes se verían asimismo afectados por su construcción. Los indígenas peticionarios alegan que las tierras afectadas por la represa forman parte de su territorio ancestral, utilizado para ejercer sus actividades tradicionales de caza y pesca.

La Comisión Interamericana consideró en junio de 2009 que correspondía otorgar medidas cautelares con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro.

La CIDH solicitó al Estado de Panamá suspender las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición 286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 21, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado panameño se negó a acatar las medidas cautelares alegando debido falta del debido proceso por parte de los comisionados de la CIDH.

Asimismo, la CIDH solicitó al Estado de Panamá adoptar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación y la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad Ngöbe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias.

El Estado panameño ha alegado que se declare inadmisible la petición por cuanto no observan configuración alguna de violación a los derechos humanos y según ellos no se han agotado los recursos internos. Sin embargo, la CIDH luego de los análisis jurídicos pertinentes de las versiones de ambas partes ha decidido admitir esta demanda, ya que los argumentos del Estado panameño fueron ambiguos y no respondieron de manera directa de cómo se le ha garantizado el respeto a los derechos humanos de las poblaciones indígenas afectadas por el proyecto hidroeléctrico.

Igualmente la CIDH observa que el recurso de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, a favor de los Ngobes en razón de la concesión de más de 6 mil hectáreas de áreas con poblaciones indígenas no ha sido resuelto a pesar que fue interpuesto el 22 de diciembre de 2007. Esto se considera una falla denominada retardo injustificado de un proceso donde se alegan violaciones a los derechos humanos.

La CIDH incluirá el informe de admisibilidad en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Vea además:

CARTA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ADMISIÓN DE DEMANDA DE LOS NGOBES EN LA CIDH

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Torrijos rechazó solicitud de CIDH

Gobierno de Torrijos rechazó pedido de la CIDH

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La solicitud de suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75, en Bocas del Toro, que hizo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fue rechazada por el pasado gobierno, que además pidió revocar la medida.

Gobierno rechazó medidas de la CIDH

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

El Estado panameño no puede acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así respondió el gobierno de Martín Torrijos, a través de Cancillería, a la petición de suspender el proyecto hidroeléctrico Chan 75, que construye la empresa AES Changuinola en Bocas del Toro, y para el cual ha tenido que hacer desalojos.

En un un informe enviado a la Comisión el jueves 25 de junio, el gobierno anterior señaló que las medidas de la CIDH no fueron dictadas de conformidad con el reglamento de esa Comisión.

El gobierno solicitó a la CIDH que revoque su decisión y pidió que el organismo se informe de “manera objetiva” sobre la situación de las comunidades influenciadas por la obra.

Larissa Duarte, directora de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, lamentó que el gobierno de Torrijos no haya tenido la capacidad de responder por el fondo del problema.

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COMUNICACIÓN. Gobierno anterior informó que no acatará fallo de la CIDH

Torrijos dejó el enredo sobre fallo que beneficia a indígenas

Los afectados denunciaron abuso policial por oponerse a una hidroeléctrica.

Ereida Prieto-Barreiro

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Destaque Jos� Corpas (c), se ha destacado en el Gast�n. (Foto: Miguel Cavalli / EPASA)

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Comarca Ngöbe Buglé

A cinco días de dejar el poder, el Gobierno del ex presidente Martín Torrijos comunicó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que “no acataría” un fallo de medidas cautelares a beneficio de indígenas Ngöbe Buglé.

El Gobierno comunicó esta decisión en una nota fechada el 25 de junio sobre el caso surgido, tras una denuncia de supuesto abuso policial contra los indígenas que rechazan la construcción de la Hidroeléctrica Chan – 75.

En el documento, Panamá solicita a la CIDH que “revoque” la decisión de adoptar medidas cautelares como la suspensión de la hidroeléctrica de la concesionaria AES – Changuinola, hasta que se informe de manera “objetiva” sobre las comunidades impactadas en Bocas del Toro.

Asimismo pide que la CIDH convoque a una audiencia para tratar estas medidas que “exigen inminencia, urgencia e inmediatez de violaciones al derecho de la vida” de estos indígenas.

La resolución de la CIDH señalaba que “Panamá debe cumplir con el rol de defensor de los derechos de todos los pueblos afectados por este proyecto”.

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Torrijos y ahora Martinelli y su embajador ante la OEA, Cochez pueden patalear lo que quieran, la medida es de estricto cumplimiento y el fallo final sería peor para Panamá.

La violación a los derechos humanos es un grave delito de Estado.

Panamá no necesita esta hidroeléctrica, que de concretarse, será una  hidroeléctrica más.  Esta obra ha producido, aún a 15% de avance,  un grave dano ambiental a hermosas áreas protegidas y ha causado una  enorme conmoción social a los indígenas ngobes afectados, que ha culminado en violación evidente de los derechos humanos de estas personas.

Además, la realidad energética de Panamá no es la que pinta el gobierno, ni  mucho menos lo que dice AES, ya que ambos son parte interesada y nunca han demostrado, ni demostrarán numeritos más allá de la retórica desarrollista del efecto positivo de esta represa.

La Ley ordena evaluaciones ambientales estratégicas de los planes y políticas y el Estado se ha negado para no quedar en evidencia de la realidad que conlleva a desmentir lo que dicen sólo de discurso, pero no por ciencia y números. Obviamente que el interés entramanado por diversos sectores allegados a los gobiernos, les impide actuar con ética y valores que vayan por encima del mercantilismo per se que promueven los gobiernos.

Burica Press

ANAM denuncia contradicciones del sector industrial panameno frente a normas ambientales

ANAM denuncia contradicciones del sector industrial panameno frente a normas ambientales

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en un comunicado público ha indicado que el proceso de aprobación de las normas de calidad ambiental se realizan con base al mandato legal de la Ley 41 de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, donde establece que “la Autoridad Nacional del Ambiente dirigirá los procesos de elaboración de propuestas de normas de calidad ambiental, con la participación de las autoridades competentes y la comunidad organizada”. ANAM ha aclarado que las recientes normas de calidad ambiental aprobadas surgen de una amplia participación de todos los sectores y de un procedimiento con pasos y plazos claramente establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 58 de 2000.

Luego de 10 años un sector de empresarios industriales intentan desconocer la normativa ambiental e intenta debilitar los estándares ambientales de Panamá”

Natalia Young, Autoridad Nacional del Ambiente, Panamá

Según Natalia Young, Directora de Calidad Ambiental de la ANAM, las normas establecidas nacieron de un camino trazado a partir de la promulgación de la Resolución No. 003-01 de 19 de julio de 2001, publicada en Gaceta Oficial No. 24,396, que establece las normas ambientales a elaborar en los próximos años en materia de calidad ambiental.

Estas normas forman parte del Plan Trienal de Normas, un instrumento de planificación que priorizaba la elaboración y revisión de normas de calidad y emisión, y que pretendía la regulación de aspectos contaminantes como ruidos, vibraciones, emisiones de fuentes fijas y móviles, aguas residuales, entre otros, conforme a lo establecido en la Ley General de Ambiente.

En base a dicho mandato legal y siguiendo el procedimiento establecido, se desarrolló un amplio proceso de consulta pública en el que cualquier persona natural o jurídica, podía formular sus observaciones a los anteproyectos de normas publicados en la página web de la Institución en el transcurso de 4 años. Además, el expediente y su archivo son de carácter público y se mantienen en las oficinas de la ANAM, donde pueden ser consultados por la población, incluyendo los industriales que tienen representación en los Comités de Elaboración de Normas.

Producto de dicha evaluación, se ponderó los resultados elaborando la propuesta que se ajustó a los criterios técnicos para la protección ambiental, principal objetivo de una norma de calidad ambiental.

La ANAM reconoce que estos cambios requieren de un periodo de adaptación como lo exige la misma Ley General de Ambiente en su Artículo 33, por ello existe un cronograma de cumplimiento amplio que permite la aplicación gradual de la norma, y que la ANAM no ha pretendido el cumplimiento inmediato de los límites máximos permisibles, sino cuando corresponde.

Actualmente, existen empresas como Coca Cola, FEMSA, Nestlé, Enel Fortuna, AMANCO y TM Trading Inc., que van más allá del cumplimiento de la normativa ambiental destacándose como ejemplos exitosos en innovación tecnológica y eficiencia de sus procesos productivos, que disminuyen sus costos operativos e incrementa su competitividad en el mercado local e internacional.
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Creemos que es bastante claro que un sector de empresarios de la vieja guardia, pretenden levantar el ánimo de Ricardo Martinelli y sus nuevas fichas en ANAM para impulsar nefastos retrocesos ambientales, que tan caro ha pagado el país en costos sociales y ambientales.

Le corresponde a los ecologistas vigilar que se sigan implementando las normas establecidas y las nuevas normas ambientales que faltan.

Cabe amparos y recursos nacionales e internacionales para detener a los empresarios inescrupulosos que acumulan riqueza con la destrucción del país y la afectación a la salud y calidad de vida de todos los panamenos.

Burica Press

El Río Chico de Coclé sigue degradándose

CALESA ALEGA QUE TIENE PERMISO DE LA ANAM

El grave peligro al que se enfrenta el río Chico

De la fuente hídrica se benefician empresas privadas, productores y más de 48 mil personas residentes en Natá, Capellanía y Pocrí.

TALA. La Anam confirmó el derribo de 679 árboles en el sector de El Uveral. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Zabdy Barría

ZABDY BARRíA
NATÁ, COCLÉ.

nacionales@prensa.com

“Era muy bonito y de agua transparente, hasta daban ganas de beberla”, es como recuerda Francisca Gutiérrez al caudaloso río Chico, cuando ella tenía tan solo 19 años de edad.

Ella ha visto con el paso de los años, el deterioro de la fuente de agua que no solo abastece a los que viven en Natá, sino también a los que residen en el distrito de Aguadulce.

Juan de Dios Berrocal Ramos es el esposo de Francisca, recordó que en las orillas del río existían muchos árboles, y sus alrededores eran el hábitat de muchas especies de animales, como la iguana, el venado y el conejo.

El DETERIORO

El río Chico de la actualidad no es ni la sombra de lo que era hace 50 años, ya que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo su cobertura vegetal, debido a la deforestación.

Esta situación ha provocado el proceso acelerado de sedimentación, como lo dio a conocer el departamento de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) de Coclé, en 2003.

Juan Jaén, del departamento de Gestión Integrada de Cuenca, de la misma entidad, dijo que el actual desvío del río hacia el mar se debe al deterioro de la cuenca, lo que trae como consecuencia que aumente su caudal durante el invierno y baje sus niveles en verano.

“Más que bajar su nivel, el río ha tenido fluctuaciones estacionarias y anuales asociadas a fenómenos globales, pero definitivamente hay que tomar en cuenta que la acción del hombre ha tenido un gran impacto”, sostuvo.

BENEFICIO

Además de los productores que utilizan el agua del río Chico, también empresas como la Compañía Azucarera La Estrella, S.A. (Calesa) y la Nestlé la usan.

El suministro de agua potable es a través de la toma de agua y la planta potabilizadora del Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Alrededor de 48 mil personas se benefician de ese sistema, según el director regional del Idaan, Félix Berrocal.

“La cantidad de agua que se saca de ese río es grande. Trabajamos con bombas que a mayor impulso, mayor cantidad de agua”, indicó.

Dijo que debido a la disminución del caudal del río, se han visto obligados a construir mini represas temporales. Con ello evitan que el sistema de bombeo de la toma se afecte por el sedimento del río, y que llegue el vital líquido a las áreas altas de la comunidad.

Para Berrocal, una de las soluciones al problema es dragar el río, además de construir una represa que beneficie a la comunidad durante el verano, que en el invierno se pueda abrir.

El funcionario consideró que las instituciones que tienen que ver con el medio ambiente regulen y normen la captación agua.

Por su parte, Sixto Rodríguez, ambientalista miembro de la Organización para el Desarrollo Sostenible y la Conservación del Ambiente (Odesca) es de la opinión de que el problema de la fuente de agua se soluciona con la reforestación.

Señaló que antes que llevar a cabo este proyecto es importante educar a la población sobre el problema que existe y cómo pueden ser parte de la solución.

LA ANAM

Gary Ábrego, administrador de la Anam de Coclé, confirmó que Calesa taló un total de 679 árboles, pero aclaró que 471 son árboles que crecen en las cercas y que 208 eran árboles grandes, pero ninguno centenario.

“Anam, como tal, tiene sus normas y ellos simplemente sacan sus permisos y los pagan”, expresó.

Sostuvo que como entidad recomendó a Calesa reforestar el área, principalmente las cercanas a las quebradas y los ríos.

“El permiso que están sacando para la tala, es porque la zona es agrícola y ellos la están volviendo a usar y los árboles van creciendo a través del tiempo”, sostuvo.

En cuanto al uso de bombas de succión, dijo que la compañía tiene permiso hasta cierta cantidad, la que no precisó. Sin embargo, se descubrió que tres estaban funcionando y no contaban con la autorización de la institución.

CONSEJO MUNICIPAL DE NATÁ EMPLAZA A LA ANAM

El Comité Cívico de Natá denunció ante la Defensoría del Pueblo de Coclé, a la Compañía Azucarera La Estrella, S.A. (Calesa) por realizar actividades que afectan al río Chico de Natá.

Julio Añino, miembro de la agrupación, se quejó de la tala indiscriminada de árboles para ampliar las áreas de cultivo de caña, en el sector de El Uveral.

El comité también se quejó de la escasez de agua que existe en la comunidad y alegan que se debe a que la empresa hace uso de bombas de succión.

Por su parte, Omar De León, vicepresidente de servicios corporativo de Calesa, indicó que si han efectuado la tala de árboles ha sido con la autorización de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Abad Barrios, representante del corregimiento de Natá cabecera, aclaró que ni él ni alcalde del distrito dan el permiso para concesiones de agua y mucho menos para la tala de árboles, y que eso le corresponde a la Anam.

El Consejo Municipal de Natá citó en dos ocasiones al director de la Anam de Coclé para que explicara la situación que se registra en las cercanías de río Chico, lo que aún no ha hecho.

“Anam debe venir a rendir cuentas a la comunidad de Natá, ya que se ha incrementado la producción de caña. No estamos en contra de nadie, solo pedimos que las cosas se hagan bien”, expresó.