Panamá: A pesar de protestas, aprobaron reforma al Código Minero

oposición al proyecto se mantiene

Aprueban reforma minera

PROTESTA. Nuevamente ayer, los indígenas que adversan las reformas al código minero desafiaron a los antimotines en la Asamblea LA PRENSA/Jorge Fernández

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
SANTIAGO CUMBRERA

panorama@prensa.com

Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé cercaron ayer por más de tres horas la Asamblea Nacional, tras la aprobación en tercer debate del proyecto de Ley 277 que reforma el Código de los Recursos Minerales.

En consecuencia, los diputados quedaron atrapados por ese tiempo en el Palacio Legislativo, como ocurrió el pasado miércoles cuando se produjo el segundo debate del proyecto.

Cerca de 100 manifestantes gritaron consignas en contra de las reformas que permiten, entre otras cosas, la participación de otros países en la exploración minera a través de sociedades anónimas.

Otro grupo de cinco indígenas protestaba dentro del Palacio Legislativo, mientras los miembros de la Unidad de Control de Multitudes esperaban la orden para desalojarlos. Sin embargo, los manifestantes se retiraron voluntariamente tras advertir que las protestas no cesarán.

Al rechazo al proyecto se sumaron en la mañana de ayer los empleados y estudiantes de la Universidad de Panamá, que se lanzaron a las calles como protesta. Cerraron la vía Transístmica y se enfrentaron a los antimotines.

El proyecto, que ahora espera la sanción por parte del presidente, Ricardo Martinelli, para convertirse en ley de la República, recibió el voto a favor de 42 diputados.

Quince diputados votaron en contra, entre ellos Jorge Alberto Rosas, del Movimiento Liberal Republicano Nacional, partido aliado al gobierno.

Durante la discusión del segundo debate, Rosas advirtió a sus colegas y al viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, que el artículo 1 es inconstitucional, porque otorga concesiones mineras a gobiernos o estados extranjeros a través de sociedades anónimas.

El diputado oficialista se solidarizó con la población indígena y vaticinó que el oriente chiricano quedará convertido en ruinas, en caso de que el proyecto sea sancionado tal como está y se otorgue en concesión Cerro Colorado.

Por su parte, el titular de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, quien estuvo presente en el debate, desestimó estos señalamientos, alegando que la explotación de Cerro Colorado no está relacionada con las reformas al código minero que data de 1963.

“Personalmente pienso que mientras no exista la voluntad de las comunidades en torno a los yacimientos, no se puede hacer una explotación minera”, destacó. También llamó la atención de que varias de las protestas se desarrollan en áreas donde no existen yacimientos.

“Es el proyecto que más consultas y más debate ha recibido”, sostuvo el ministro Henríquez, quien confirmó que al menos 14 empresas extranjeras han manifestado su interés por explotar Cerro Colorado. Aun así, negó que el Gobierno se esté preparando para desarrollar este yacimiento.

En tanto, la Diócesis de David expresó, a través de un comunicado, su compromiso de “acompañar al pueblo indígena en sus legítimas reclamaciones y participar en las manifestaciones pacíficas que convoque la dirigencia indígena en defensa de sus derechos, de su territorio y de sus vidas”.

Los diputados del opositor Partido Revolucionario Democrático cuestionaron duramente la propuesta durante el último debate y se hicieron eco de los informes de 65 agrupaciones defensoras del medio ambiente que también expresaron su rechazo.

REFORMAS AL CÓDIGO MINERO

Indígenas anuncian batalla

Las modificaciones al ‘Código de Recursos Minerales’ esperan la sanción presidencial. Indígenas no se rinden.

Protesta. Grupos indígenas alzaron su voz contra la minería. LA PRENSA/Jorge Fernández

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
jagonzalez@prensa.com

Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé aseguran que no darán su brazo a torcer. Continuarán con las protestas por las reformas al Código de Recursos Minerales aprobadas ayer en tercer debate en la Asamblea.

Están convencidos de que la reforma tiene un objetivo: la explotación de Cerro Colorado, uno de los yacimientos de cobre más grandes de la región. “Esto será una larga lucha. Vamos a ganar la pelea a la buena o a la mala”, dijo Rogelio Moreno, quien se mantuvo todo el día protestando en la Asamblea.

Moreno, junto con un grupo de indígenas, permaneció la noche anterior en el interior del pleno legislativo, en protesta por la aprobación del proyecto en segundo debate. Ni la seguridad de la Asamblea ni los miembros de la Unidad de Control de Multitudes pudieron sacarlos del recinto.

Ni siquiera el aumento de las regalías de 4% a 5% hecho por los diputados oficialistas en el segundo debate logró hacerlos cambiar de opinión. Consideran que aún es poco y que lo ideal es 50% para las empresas y 50% para Gobierno; y de este porcentaje, solicitan que el 30% sea destinado a los pueblos indígenas.

Mientras el tercer debate llegaba a su fin, y los diputados de oposición hacían un último e inútil alegato contra el proyecto, un grupo de cerca de 100 personas, entre indígenas, trabajadores y estudiantes, se unió al piquete. Protestaron por tres horas a partir de las 4:00 p.m.

Adentro de la Asamblea Nacional, el debate se desarrolló sin sobresalto. A diferencias de los días anteriores, las puertas que conducen a las gradas del pleno estaban cerradas al público, lo que permitió que los diputados debatieran sin interrupciones.

Entre los argumentos que reiteraron ayer los diputados del Partido Revolucionario Democrático para oponerse al proyecto, estuvieron que se permite la participación de gobiernos extranjeros en la explotación minera; que no se impide que funcionarios intervengan en la actividad, que no se hizo una consulta pública como en el caso de la ampliación del Canal, y que no se establecen fórmulas para mitigar el impacto en el ambiente.

Desde el oficialismo el discurso fue el ya escuchado desde el primer debate: que solo se estaba modernizando el código minero.


Diócesis de David llama al diálogo en tema minero

Los grupos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé se organizan para una asamblea general que se llevará a cabo mañana (sábado) con el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, en la comunidad Quebrada de Guabo, en el área comarcal.

En una reunión de acercamiento con los indígenas, en el distrito de San Félix, Chiriquí, Carles acusó a grupos ambientalistas de promover las protestas en contra de la explotación minera. En tanto, sacerdotes de la Pastoral Indígena de la Diócesis de David dijeron que brindarán todo el apoyo al pueblo ngäbe buglé para que defienda su territorio y exhortaron al diálogo.

Yaritza Mojica, Flor Bocharel y Sandra Rivera


Suspenden clases en la UP tras jornada de disturbios

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP) suspendió ayer de manera indefinida las clases en el campus central en la ciudad de Panamá, debido a la protesta que, por segundo día consecutivo, realizaron estudiantes y funcionarios contra las reformas al Código Minero impulsadas por el Gobierno, por considerar que la minería es una actividad lesiva al ambiente.

La acción degeneró en disturbios tras la llegada a la vía Transístmica de miembros de la Policía Nacional, quienes dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes, que respondieron con piedras y botellas.

La protesta se prolongó por una hora a partir del mediodía.

Juan Manuel Díaz C.

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Historia detrás de los intentos minería en territorios indígenas de Panamá

“Quien oprime al débil, ultraja a su Creador” (Prov 14:31)

Jorge Sarsaneda

CONAPI / 250111

Hace años…

En 1979 -¡hace casi 32 años!- Don Daniel Núñez, obispo de David dijo:

“Con caras sonrientes a pesar de las lombrices y de la desnutrición, los niños juegan fuera de la casa. La señora teje una chácara multicolor, mientras un niño desnudo, de meses, gatea junto a ella. La abuela trae agua y leña junto con dos niños; el señor y dos hijos han llegado de socolar y son recibidos con alegría. Corre el viento y la tranquilidad se siente. En medio de su pobreza, hay gran cariño entre ellos, hay amor. Unos son bautizados, otros no; pero el mensaje de liberación de Jesús empieza a despertar en sus corazones. Es una escena de una casa guaimí en cualquier lugar de la Comarca del Tabasará. No lo saben, pero están amenazados”.

Ha llovido mucho desde que se escribieron estas palabras[1]. Muchas cosas han cambiado, pero otras muchas, no.

Actualmente…

Ahora existe legalmente la Comarca llamada Ngäbe-Buglé, producto de una lucha larga y sangrienta. En ella habitan unos 110 mil indígenas de los pueblos ngäbe y buglé (como el 55% de una población 200 mil). Hay una Carta Orgánica, que recientemente cambiada por el gobierno sin el consenso de los afectados. Hay más escuelas, puestos de salud, algunas carreteras mal hechas, la presencia indígena se “siente” más en los medios, hay más indígenas en la universidad…

Sin embargo, el 95% de dicha población sigue en pobreza (un 75% en “pobreza extrema”), el 60% de ellos son llamados “analfabetas” del castellano y son tratados como parias por sus idiomas y el color de su piel. Anualmente tienen que migrar muchos de ellos para conseguir trabajos que les reditúen algo de dinero. Sin contar con los que migran a las ciudades de Panamá, David y Santiago a pasar más pobrezas y marginaciones[2].

Proyectos y más proyectos…

Por si fueran pocos problemas a los que se tienen que enfrentar estos pueblos, ahora se plantean proyectos y más proyectos “para el desarrollo del país”. Pero todo esto tiene una historia “detrás”, como siempre.  Y, como el que olvida, se condena a repetir errores, mejor recordar:

En 1977…

Hace 33 años, el proyecto de explotación de Cerro Colorado se cernía sobre la Comarca como un águila dispuesta a agarrar su presa. Hay estudios profundos y muy claros[3] que analizan objetivamente y denuncian el peligro de muerte en el que se encontraban y se encuentran los indígenas de toda la Comarca y las consecuencias, incluso para el país.

En ese momento se vio claro que una mina “a cielo abierto” en Cerro Colorado significaba la muerte real, ecológica y étnica de muchas comunidades. Hubo mucha solidaridad internacional y se logró que muchos se unieran para enfrentar al “monstruo”. Esto fue denunciado por múltiples grupos, especialmente el obispo Núñez (David) y luego por todos los obispos católicos del país.

¿Se logró detener esta muerte anunciada? No. Las compañías involucradas, Codemin (vuelve a la carga) y Río Tinto Zinc (de nefasta memoria) decidieron –luego de llevarse equis cantidad de oro- que no iban a explotar la mina… ¡porque el precio del cobre no era suficientemente alto! No importaron los efectos sociales, ecológicos, culturales, ni siquiera los políticos, lo que decidió fue el valor económico. Nos dieron un “respiro”, pero ahora vuelven a la carga.

Le toca a Veraguas…

“Dormido” Cerro Colorado, volvieron la vista a Veraguas, a la mina de oro en Cañazas. Ahí estuvieron diez años sacando oro y contaminando ríos, suelos y, sobre todo, personas. Se fueron y sólo nos quedó un paisaje lunar y muchos enfermos. El que quiera saber más, que se dé una vuelta por Cañazas.

¿Y los ríos?

Pero como todos estos proyectos necesitan energía posaron esta vez sus ojos “económicos” sobre los bellos, abundantes y caudalosos ríos que bañan nuestro pequeño país: el Cobre, el San Pablo, el Tabasará, el Viguí, el San Félix, el Changuinola, el Teribe y varios otros. Ya se habían aprovechado del Bayano y los hermanos kunas seguían y siguen esperando beneficios e indemnizaciones.

Los hermanos campesinos e indígenas del río Cobre llevan once años luchando para que no los desalojen. En Valle Riscó, los hermanos ngäbe han sufrido desalojos, despojos, pérdida de tierras y siembros, arrinconamiento de comunidades, destrucción de la ecología y del bosque Protector de Palo Seco. ¿Y el gobierno? Bien, gracias. Se le concedió tierra (reservada por ley) a la AES, pero a los indígenas no se les quiso reconocer sus tierras “porque era Parque Nacional” (????). Ya hay estudios sobre los caudales y posibilidades de los ríos Tabasará, Fonseca, Teribe y otros. Por esa razón no se les concede a los Naso su territorio…

Cerro Chorcha…

Con gran sigilo, como para que mucha gente no se enterara, en 2006 le fueron concedidas (¡sin estudio de impacto ambiental!) más de 24 mil hectáreas a una compañía minera para explotar un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno, que está –léase bien- en medio de la Comarca Ngäbe-Buglé, la Reserva Forestal Fortuna y el Bosque Protector Palo Seco.

¿Dónde está la Anam, de qué sirven las leyes sobre Reservas y Comarcas?, más importante aún, ¿por qué no se les pregunta a los dueños de las tierras? Sí, dueños, no como dice una “doctora”: que los indios no son los dueños porque no han comprado las tierras (!!!!!!). En abril 2009, la Corte Suprema suspendió temporalmente las acciones de Dominion Minerals.  Por tanto, el “machete afilado” sigue colgando sobre las cabezas de los de Chorcha y de todos nosotros.

Minería “limpia”

Es el lema “bandera” de la explotación de entonces y de la actual en Coclé-Colón (con Petaquilla Gold y Minera Panamá). Sin embargo, hay que decirlo bien claro: NO hay –entiéndase-, NO HAY minería limpia, no existe tal cosa, es una contradicción en los términos. La Cámara minera dijo hace poco que “si no fuera buena la minería, no existirían tantas minas en Chile, Perú y Brasil”.

En los países mencionados es exactamente donde hay minería sucia y envenenadora. Lo único que se puede concluir del “argumento” de la Cámara Minera es que el daño de la minería es mayor en Chile, Perú y Brasil. Sólo tenemos que vernos en el “espejo envenenado” de la mina de Cañazas, de la mina de Cerro de Pasco (Perú), de la mina de Ixtahuacán (Guatemala), de la destrucción amazónica por causa de la minería de oro, por señalar sólo unos casos.

Las últimas “jugadas”

En vista de que los precios internacionales del cobre y del oro han aumentado, nuevamente se quiere explotar Cerro Colorado y otras minas. Para esto, el gobierno actual ha dado varios pasos: Uno ha sido plantear una reforma al Código Minero (de 1963) que ha suscitado la oposición de todos los grupos ambientalistas del país. ¡Por algo será!  El otro fue reformar (sin consulta y sin consenso) la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe-Buglé, de manera que se pueda tener más adelante la “autorización” de los congresos para las explotaciones pretendidas.

¿Qué hacer?

Ante todo, organización. Como dice un columnista: organizar la rabia. La rabia que produce el que se quiera explotar una riqueza pasando por encima de la gente, incluso matándola si es necesario. La rabia que produce que se quiera destruir el país por darle riqueza a unos pocos. La rabia que produce el que gente inocente como los niños indígenas, tengan que ver su futuro envenenado a causa de la riqueza sobre la cual viven. Esta organización se debe reflejar en grupos comunitarios, en autoridades tradicionales, en grupos solidarios, en la sociedad civil, en apoyos internacionales, en grupos pastorales…

En segundo lugar, concientización. Falta mucho todavía que decir a todo el país. Es increíble que todavía haya profesionales supuestamente bien formados (médicos, ingenieros, etc) que piensan que cultura es igual a atraso, que la tierra solo se posee por compra, que toda inversión es progreso. Nos sorprenden a cada rato las manifestaciones y justificaciones racistas de muchos panameños, que proceden de la ignorancia. Hay que trabajar por cambiar esto.

En tercer lugar, compromiso. La iglesia católica panameña ha hablado claramente: “No toda inversión es deseable. Es el caso de la minería. Ella se ha convertido, junto con la deforestación, en la mayor amenaza para la sostenibilidad ambiental en la región. En general, los países tienen leyes débiles ante la inversión extranjera y una laxa reglamentación que no garantiza que sustancias contaminantes como el cianuro, se manejen con seguridad para la salud de la población. Tampoco se han desarrollado mecanismos de consulta legítimamente reconocidos que permitan a las comunidades afectadas informarse verazmente y hacer valer sus demandas[4].

En numerosos encuentros zonales y nacionales de la Iglesia Católica, obispos y agentes de pastoral (sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos) que trabajan en las zonas comarcales del país, hemos mostrado nuestra preocupación ante lo que se plantea aquí, puesto que a la secular situación de marginación y extrema pobreza se añade ahora la amenaza creciente de despojo y expolio de sus territorios ancestrales por concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos, en nombre del “progreso nacional”.

Muchos relatos indígenas[5] apoyan esta lucha. Como iglesia tenemos que continuar al lado de estos pueblos aunque tengamos que pagar un alto precio. No es otra cosa la que nos exige el Evangelio de Jesucristo.


[1] Ver Núñez Núñez, Daniel, El Indígena Guaymí y Cerro Colorado, Carta Pastoral, 190479. Inicio de dicha carta.

[2] Hay ingente cantidad de estudios que denuncian y especifican esta situación. Sólo cito algunos:

Behmel, Ch. (1996). La Migración Ngöbe. Proyecto PAN-GTZ, Panamá. Jenkins, A. y Valderrama M., G. (2002) Estudio diagnóstico de la dimensión, naturaleza y entorno socioeconómico del trabajo infantil y de la adolescencia trabajadora en el sector del café en la provincia de Chiriquí. CIPSU, Universidad Santa María La Antigua , Panamá.

Loría B., R.; Alvarez, B; Alvarado, R.; Sáenz, R.; Partanen, T. Córdoba, L. (2008) Alcances de la gestión integral de la salud y el trabajo de recolectores de café, inmigrantes en la zona de Los Santos, Costa Rica. Periodo 2003-2008, Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- (2008) Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2008.

Quintero S., B. y Hughes O., W. (2005) Migración Indígena en Panamá. Investigación, CoNaPI, Panamá.

Sarsaneda, J. (2010) La ruta de la desolación, Consultoría sobre migración ngäbe-buglé a Costa Rica.

[3] Gjording, sj, C. (1982) “Cerro Colorado: Conflictos y contradicciones entre Panamá, corporaciones transnacionales y el indígena guaymí”, Foro Guaymí y Ceaspa (eds), El pueblo Guaymí y su futuro, 225-300, Panamá.

Hughes, W. (1998) Minería ¿Desarrollo o destrucción? PS-Cáritas Panama.

Vakis, R. y Lindert, K. (1999) “Pobreza de la población indígena en Panamá: Estudio basado en la información de la ENV , 1997” , Anexo 6, Banco Mundial, Panamá. Estudio sobre pobreza. Prioridades y Estrategias para la reducción de la pobreza.

Young, P. (2009) “Witnessing change in a small-scale society: A personal account”, Newsletter. Society for Applied Anthropology, 20 (3): 7-12.

[4] Ver Comunicado de la Conferencia Episcopal Panameña, 130111.

[5] Ver CONAPI (1992) Tierra, Autonomía, Cultura, IV Encuentro Nacional de Pastoral Indígena, Panamá.

LEA ADEMÁS

Noticias sobre minería en Panamá

Martinelli sí explotara mina de cobre de Cerro Colorado

Mineras, tras la conquista de Panamá

polémica por desarrollo de industria

Minería tocaría el 44% del territorio nacional

MARY TRINY ZEA
mzea@prensa.com

El desarrollo de la industria minera ha abierto varios frentes de alerta. Campesinos, ambientalistas y grupos indígenas advierten sobre el peligro de contaminación que representaría el gran desarrollo minero que se avecina y la poca efectividad que podría tener la fiscalización de las autoridades.

Hay 181 solicitudes de empresas con ansias de explorar y explotar minerales. Ello significa que aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite por concesionarse a las mineras, de acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy.

El Gobierno impulsa reformas al código minero para potenciar este sector de la economía y obtener ingresos por al menos mil millones de dólares en cuatro años.

Para la Cámara Minera de Panamá, el desarrollo de la industria traerá beneficios. Calculan que con la extracción de oro y cobre de apenas 10 proyectos se generarían, entre impuestos y gastos locales, $84 millones. Pero fundaciones como Albatros cree que la ganancia más importante es preservar las aguas y bosques, algo difícil de lograr de la mano con la minería.

‘Lobby’ ambiental solo ve el lado malo, dice Martinelli

El presidente, Ricardo Martinelli, dijo en Lima, Perú, que el lobby ambiental en el mundo soslaya los beneficios de la minería responsable en el desarrollo de un país. Así lo reportó la agencia de noticias EFE. “Hay un gran lobby ambiental en el mundo que solo ve lo malo y no lo bueno. En Perú hay muchas cosas buenas en minería y se ha demostrado que con una minería responsable se puede construir un gran país”, dijo.

EL DESARROLLO MINERO QUE PROMUEVE EL GOBIERNO HA GENERADO UN GRAN DEBATE DEBIDO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE ENFRENTARÍA EL PAÍS

Mineras, tras la conquista de Panamá

Hay 181 solicitudes para explorar y extraer minerales y 20 concesiones. El Gobierno ha manifestado su interés de incentivar la actividad.

Ver mapa:

Mapa de Minería en Panamá. Fuente: La Prensa 27 ago. 2010

LA PRENSA/ David Mesa
Minera en operación en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Mary Triny Zea

mzea@prensa.com

En los campos de la provincia de Los Santos se vive un ambiente de tensión por el anuncio de minera Cerro Quema, que pretende extraer oro y plata en 2012 en el distrito de Tonosí.

El Frente Santeño Contra la Minería advierte que “no quieren otro Bocas del Toro” –refiriéndose al resultado de muertos y heridos que dejó la protesta por la Ley 30–, pero “no saben hasta dónde podrán contenerse”. Se oponen al proyecto.

Al oeste del país, un grupo de indígenas protesta contra la posible explotación de Cerro Colorado, uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo que está en la comarca Ngäbe Buglé, y en el que el Gobierno de Corea ha mostrado interés.

La preocupación de estos grupos de campesinos e indígenas se ha revivido por las luces de alerta que se han encendido en Donoso, provincia de Colón.

Petaquilla Gold tuvo que paralizar su extracción de oro porque su tina de relave, donde se procesan líquidos con cianuro para la producción del mineral, está a máxima capacidad y amenaza con desbordarse. La lluvia es su peor enemigo.

Fue el gobierno de Ricardo Martinelli el que aprobó a finales de 2009 los permisos de operación que tenía pendientes la empresa desde hace más de tres años. Y así, Petaquilla Gold desde enero produce 6 mil onzas de oro al mes.

Sin embargo, la empresa no ha pagado una multa de un millón 934 mil dólares impuesta en noviembre de 2008 por la Autoridad Nacional del Ambiente por daños ambientales, tras interponerse un amparo de garantías en la Corte Suprema.

En el mismo bosque secundario de Donoso, Minera Panamá se prepara para producir cobre en 2015 gracias a la concesión que tiene sobre 13 mil 600 hectáreas.

Estos proyectos son una muestra de los 200 desarrollos mineros que se gestarían en el país si el Gobierno otorgara todos los permisos de explotación que hoy solicitan empresas de capital nacional y extranjero.

Actualmente existen 181 solicitudes y están vigentes cinco contratos de extracción de oro, plata y cobre, sin contar la concesión sobre Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado, que tendría que explotar el Estado en conjunto con alguna minera privada.

Hay otros 12 contratos de exploración y dos de transporte y beneficio según el informe del Ministerio de Comercio e Industrias.

‘Dorados ingresos’

La administración Martinelli ha encontrado en esta actividad una “mina de oro” para llenar las arcas estatales. Calculan obtener de esta industria por lo menos mil millones de dólares en los próximos cuatro años en concepto de impuestos y regalías.

Con estos recursos financiarían parte del ambicioso plan de inversión estatal que supera los 13 mil millones de dólares.

Por esta misma razón desde hace más de un año se evalúan las reformas al Código de Recursos Minerales, en el que se incrementarían de 2% a 4% las regalías que las empresas deben pagar al Estado. En estas reformas también se dejaría abierta la posibilidad de que gobiernos extranjeros, en alianza con desarrolladores mineros, participen de la actividad.

No es extraño que en medio de un generoso ambiente de inversión y con el repunte del valor de los metales, los ojos de los mineros de todo el mundo se posen sobre Panamá.

Los empresarios incluso anuncian las ventajas de poseer una concesión minera y explotarla en el país. “Aportes al Estado de 2% en regalías”, “no pago de impuesto de importación para el equipo minero” y una “abierta economía pro minera”, expone la minera Capira Dorada en su sitio web en busca de inversionistas.

Pero del otro lado de la balanza hay agrupaciones que cuestionan el hecho de que lo económico prive sobre la protección ambiental.

“Imagínate que un país como Panamá, donde caen lluvias torrenciales, haya cientos de mineras en toda la espina dorsal de la cordillera. ¿Qué pasaría con el agua, salud y el recurso turístico de la gente?”, se pregunta Alejandro Balaguer, de la Fundación Albatros.

El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, entiende la oposición y el temor que existe respecto al desarrollo de la actividad, pero afirma que garantizarán “una minería responsable”.

No obstante, la pobre supervisión estatal que ha quedado en evidencia en la fiscalización de otras actividades industriales, no deja de preocupar a los gremios de ambientalistas.

Aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite por concesionarse a las mineras, de acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy (TNC).

“Esto pone en riesgo la integridad de los ecosistemas y altera el medio social de las comunidades aledañas a los proyectos” , agrega un reporte del organismo.

“La minería no es la de antes, donde se hacía un enclave, se extraía el mineral y la cosa quedaba como sea. Ese concepto ha desaparecido”, dice Zorel Morales, directivo de la Cámara Minera de Panamá (Camipa).

Morales comenta que hace 40 años no se contemplaba ningún plan de cierre, lo que ahora se evalúa desde la fase de exploración y con lo que se garantiza que se rehabiliten las zonas explotadas. Este es uno de los puntos que fiscalizan las entidades financieras multilaterales que le prestan el dinero a los mineros para que desarrollen sus proyectos, afirma.

Reservas ambientales

Camipa vislumbra que con el potencial mineral que tiene Panamá, en 2018 el país sería el octavo o noveno productor de cobre en el mundo.

Petaquilla Gold comenzó su actividad comercial este año en parte de las 100 hectáreas concedidas y que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano, indica TNC.

El proyecto Cobre Panamá (de Minera Panamá) en la misma zona proyecta empezar los movimientos masivos de tierra en septiembre de 2011 para construir la infraestructura y producir cobre cuatro años más tarde.

En parte de sus 13 mil 600 hectáreas de concesión se abrirán tres tajos.

El proyecto usaría 5 mil 900 hectáreas para la operación de la mina. En 30 años de operación se estima dejar daños ambientales en 2 mil 200 hectáreas, que serían tres lagos y la presa de relave.

Mayté González, de TNC, advierte que la fragmentación de dicho corredor biológico impedirá “el flujo de especies”, entre otros daños ambientales.

Este corredor abarca América Central y el Sur de México, y busca proteger el ambiente en donde habita un 8% de las especies en el mundo.

Minera Panamá asegura que velarán por la conservación de todas las especies.

Y mientras afinan sus proyecciones, Minera Cerro Quema estima que en 2012 explotaría oro en unas 50 hectáreas de las 4 mil 893 hectáreas concesionadas, dijo Alfredo Burgos, directivo de la empresa.

En el verano próximo realizarían las voladuras con explosivos, acondicionarían el tajo y construirían el tanque de lixiviación –lugar en el que se mezcla la roca con agua y cianuro para separar el oro–.

Estos planes alteran a comunidades de la zona. “Cuando veamos maquinaria vamos a irnos a la calle”, advierte Milciades Pinzón, del Frente Santeño Contra la Minería.

Tonosí, lugar donde se desarrollaría la mina, es una zona abastecedora de carne, leche y arroz, y el principal problema del lugar es la falta de agua y en el área del proyecto hay importantes cuencas, describe el sociólogo Pinzón.

Ello se contrastaría con los planes mineros, pues en un día de operaciones en una mina a cielo abierto se requiere de un de promedio 100 millones de litros de agua, más que la producción total de agua de la ciudad de David.

Además, Cerro Quema se desarrollaría próxima a la falla geológica más importante de Azuero y a 900 metros sobre el nivel del mar, por lo que el Frente teme un accidente con las tinas de lixiviación, en donde se encuentra cianuro.

Hay otras áreas vulnerables, como la comarca Ngäbe Buglé donde se encuentran otros importantes yacimientos de cobre.

En cerro Chorcha, Cuprum Resources Inc. analiza el potencial y rentabilidad de sacar oro y cobre.

Su concesión abarca cinco zonas en la comarca, incluyendo parte del bosque protector Palo Seco, áreas de la Reserva Forestal La Fortuna y el Parque Internacional La Amistad.

En la misma comarca se encuentra también el yacimiento de Cerro Colorado, que se estudia desde 1950 y ha tenido una fuerte oposición por parte de los indígenas de la zona.

Los que apoyan la actividad argumentan la generación de miles de empleos e ingresos económicos, pero Alejandro Balaguer, quien por más de 20 años ha estudiado la minería en Perú y Bolivia, indica que “no existe minera que no sea contaminante. Hay empresas que pueden hacer las cosas mejor que otras, pero el agua y bosques valen más que cualquier mineral del planeta”.

Miseria y abandono luego del cierre de Santa Rosa

Cañazas, Veraguas. El distrito de Cañazas, antes conocido como la “tierra del oro”, se enfrenta a dos realidades: la difícil situación económica de unas 125 familias que dependieron de la minería y que hoy no tienen trabajo; y la preocupación de quienes viven en los alrededores de la zona minera, que advierten la contaminación de los lagos.

El aspecto económico de la región es, sin duda, el principal problema, señala Juan de la Cruz Guerra, quien por 12 años trabajó en la desaparecida Minas Santa Rosa.

Las 125 familias que dependían de la mina construyeron sus casas en la cabecera del distrito y se han devuelto a las áreas más apartadas de la región para dedicarse a la agricultura de subsistencia.

“Es triste que gente que contaba con su vivienda, luz y agua haya migrado al campo. Perdieron sus empleos y no existe otra actividad que genere trabajo, no les queda de otra”, dijo Guerra.

Existían restaurantes, abarroterías y negocios informales manejados por los lugareños, que también cerraron sus puertas porque se redujo el poder adquisitivo de gran parte de la población, detalla el representante del corregimiento cabecera de Cañazas, Anel Alvarado.

Al margen de la bonaza que generó la mina, existe preocupación por la contaminación que podrían generar algunos lagos y otras áreas en donde se procesaba el oro con químicos.

Desde que la mina cerró en 1999 ni la Autoridad Nacional del Ambiente ni el Ministerio de Salud han examinado a los ex trabajadores y familias que vivían en las zonas cercanas a la explotación, cuenta Emiliano Quintero, de 74 años y residente de Cañazas.

“Vivimos en los alrededores de la mina y nos llena de dudas el nivel de contaminación, pues los peces de las lagunas presentan un color extraño y están contaminados con insectos”, añade Quintero.

Ahora hay intentos de reabrir la mina.

Desde la administración del ex presidente Martín Torrijos, los 63 ex trabajadores de Minas Santa Rosa cabildean para reabrirla y crearon la compañía Minera Cañazas S.A.

“La intención era que el Gobierno nos diera la concesión de la desaparecida empresa y con el apoyo de algún consorcio extranjero la explotáramos”, dice Juan de la Cruz Guerra.

El 29 de julio el Gobierno le otorgó la concesión a Silver Global S.A. para transporte y beneficio de oro a través de la trituración, molienda y mezcla de diversos minerales durante 25 años en las 141 hectáreas de la antigua mina.

víctor Eliseo Rodríguez


Chile y Perú, economías crecientes y mineras

Chile y Perú y son dos países mineros y que le deben parte de su desarrollo a esta industria.

Perú es líder en la producción de plata, segundo en zinc, cuarto en plomo y sexto en oro. Chile es el líder en la producción de cobre. Su minería se ha desarrollado en zonas desérticas donde el daño ambiental es mínimo, pero ahora el país debate la búsqueda de minerales en los glaciares. En La Oroya del Perú, en el lugar donde se encuentra el complejo metalúrgico más importante del país, los habitantes sufren severas enfermedades respiratorias a raíz de la actividad minera de Doe Run. La Oroya es uno de los 10 lugares más contaminados del planeta, según el instituto Blacksmith.

El 28 de julio el Gobierno peruano canceló la licencia a la minera estadounidense por ignorar el plazo para cumplir con el plan ambiental, sin embargo, posteriormente se anunció que tiene 20 meses más para adecuar su programa del medio ambiente.

La minera adeuda 110 millones de dólares a proveedores y le falta ejecutar inversiones ambientales por 150 millones de dólares, informa la agencia AP. En tanto, a finales de julio se registró uno de los mayores desastres ecológicos en Huancavelica, provincia del Perú. Los relaves de la mina La Caudalosa Chica derramaron 21 mil toneladas métricas de desecho mineral en los ríos. La descarga altamente ácida afectó actividades de más de 4 mil pobladores que habitan las márgenes de varios ríos.

Mary Triny Zea

Ngöbe Buglé en pie de guerra contra la minería

Indígenas.

Ngöbe Buglé en pie de guerra contra la minería

Están aislados y sin comodidades, sus pobladores dicen que sólo se acuerdan de ellos cuando necesitan sus votos. Sin nada que perder defenderán hasta lo último su único y más preciado bien: sus tierras.

Grace Kelly Chi

PA-DIGITAL

El recurso. En el área de Cerro Colorado se estima que existen 25 mil millones de libras de cobre, pero, según expertos, lo más importante es verificar si es factible la extracción del material. Autoridades locales indígenas creen que el cobre está a más de un kilómetro bajo el nivel del mar en relación con la montaña, casi en sus entrañas.

Parece una burla divina. En el sector donde la pobreza se vive y la falta de apoyo gubernamental se hace presente, la comarca Ngäbe Buglé almacena un promedio de $33 mil millones en cobre. Hay tanto recurso que basta para que cada habitante de la región indígena, que se estiman en 136 mil, no tengan más contrariedades.

Sin embargo, las cosas no son fáciles. El indígena ngäbe buglé, según grupos de pobladores contactados por Panamá América en una gira a Cerro Colorado sector que alberga el millonario yacimiento de cobre del lugar, no tiene fe en la buena voluntad y gestión del Gobierno, como administrador de los recursos que puedan extraerse de sus tierras.

El riesgo para la población contaron diversos caciques con mando dentro de la zona, al igual que líderes políticos de esta comunidad como Crescencia Prado, diputada ngäbe buglé, es demasiado, pues los ngäbe sólo tienen su tierra, no creen en promesas y han visto cómo las empresas ligadas al proyecto en su fase de exploración llegaron, hicieron su trabajo y ningún cambio positivo se vio en el sitio, ni siquiera en los ranchos en los alrededores del olvidado campamento minero de exploración de Cerro Colorado.

“Nuestra población se opone, porque los recursos o las ganancias del cobre pasarán directamente a las arcas centrales del Gobierno, entonces no tenemos ninguna garantía de que nuestro pueblo verá beneficios de estas extracciones”, destacó Prado, política que fue tachada como “pobre india”, por otro diputado oficialista dentro del Palacio Legislativo por mantener la voz de protesta de su pueblo contra la minería.

Vía San Félix, Chiriquí y a la entrada de la montañosa comarca Ngäbe Buglé, Prado en compañía de varios líderes indígenas del área como Alberto Montezuma, presidente del Congreso General de esta población, sostienen que desde la década del 80, cuando inició la expectativa de la exploración de Cerro Colorado sus pueblos se han opuesto a la minería en el lugar.

Pasado los años, en 1998, la Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado (CODEMIN), empresa estatal formada en 1975 para regular la explotación Cerro Colorado, le dio por medio de su representante legal Richard Fifer (hombre ligado al desarrollo minero de Petaquilla Minerals, S.A. en Coclé y Colón) la potestad a Panacobre, S.A. para la exploración del área.

Panacobre, S.A. empresa canadiense bajo la responsabilidad de Jean Charles Potvin inició labores y dejó en la mente de los pobladores ngäbe un mal precedente.

“Ellos vinieron hicieron los trabajos. De noche se veían salir helicópteros, que no sabíamos los pobladores qué llevaban y así mismo se fueron, quedaron en reforestar toda la ladera de Cerro Colorado y ni eso cumplieron”, explica Prado señalando la montaña, donde se aprecia que sólo un sector del lugar fue reforestado.

En los alrededores de Cerro Colorado y luego de más de cuatro horas en un camino de piedra que no permite a los pobladores sacar sus productos agrícolas, se avistan una serie de ranchos de penca y paja, junto al campamento minero.

“¿Qué riqueza va a dar esta mina a nuestra gente, si los que viven allí alrededor, ni ellos quedaron bien cuando vino la empresa anterior?”, se preguntó con enojo Marita Sandoya, una de las indígenas del poblado cercano al área minera, Hato Chamín.

Con estos antecedentes, decenas de ngäbes dieron sus testimonios del porqué se oponen a la minería en Cerro Colorado desde líderes de la iglesia hasta presidentes de grupos de padres de familia. Ellos con voz propia y con la vocería de sus representantes ante la sociedad civil coincidían en sus peticiones, que iniciaban en un llamado a que fuera el pueblo ngäbe buglé que decidiera bajo su Congreso General y con la votación de sus comunidades sí la mina en Cerro Colorado va o no va.

“Estamos aburridos de esto, vienen los ambientalistas y el Gobierno y nos dice qué queremos hacer con estas tierras, no estoy a favor o en contra queremos información”, replicó una joven indígena que sigilosamente se acercó para dar su opinión.

Félix Rodríguez, uno de los caciques de la región, explicó que “fui elegido para que se haga respetar la voz del pueblo y ellos quieren decidir su destino, el Gobierno de afuera no tiene que interferir en esto, como en realidad lo están haciendo, excluyéndonos”.

Los indígenas se sienten parte en el tema minero, pues más en serio que en broma conversan en grupo que “pronto vendrá la hora de envenenar las flechas”, un concepto que parece ancestral y que liga al espíritu de conservación de la tierra a estas etnias, que da muestra desde jóvenes a ancianos dispuestos a no aceptar a ninguna empresa que pudiese contaminar los ríos, el aire o la tierra del lugar.

Estas voces que pasan por estudiantes como Carlos Montezuma, líder estudiantil del Instituto Profesional y Técnico de Chichichica, poblado aledaño, pasa a otros como Rogelio Montezuma, líder de Hato Chamín, se unieron a cientos de ngäbe buglé que acompañados por campesinos caminaron 19 días desde la comarca Ngäbe Buglé hasta la ciudad capital, y llegaron el 6 de octubre del 2009 a la Asamblea Legislativa, donde presentaron un proyecto de ley que fijaba entre otras, una moratoria de 25 años a las intenciones mineras que pudiesen darse en Cerro Colorado.

Este proyecto de ley que costó el recorrido a pie de 370 kilómetros a los indígenas y sus aliados no ha rendido frutos ante la Asamblea Legislativa.

“Me dijeron en la Comisión de Ambiente, su presidenta la honorable Dalia Bernal, que todos los proyectos debían tener un visto bueno del Presidente del Órgano Legislativo, si no no avanzaban y ha quedado ahí estancado”, expresó Prado, diputada que presentó la iniciativa.

De esta manera, es como los cientos de Ngäbes van acumulando antecedentes de falta de confiabilidad en la participación popular en los gobiernos.

Entre caciques y autoridades del Congreso General han planificado presentarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales pro derechos indígenas para hacer que se respete la voluntad de los ngäbe buglé, que afirman que necesitan tiempo para informarse y estar seguros de cualquier desarrollo del sitio.

“Yo no entiendo por qué el Gobierno piensa que esto es lo único que puede ser bueno para nosotros, queremos hacer nuestra agricultura y sacar nuestros productos, ellos lo que quieren es sacarnos a nosotros”, narró Michael Reyes, presidente de una asociación de padres de familia del sector.

Las intenciones de Reyes no son simples sueños, ya que en el sitio se siembra y se comercializa café gourmet de exportación y guandú que luego es enlatado para su comercialización en supermercados de la ciudad.

Entre los líderes locales polulan ideas que ansían el fomento de mercados municipales dentro de la comarca, y que en sus verdes parajes se instalen cabañas para los turistas, y así promover el ecoturismo.

“Nosotros tenemos nuestros cultivos, sólo queremos educación y que la gente tenga la posibilidad de tener profesiones, no queremos que nos destruyan con contaminación”, replicó John Javilla, indígena presidente de uno de los puestos de salud del lugar.

Javilla al igual a los otros lugareños mencionados y otros más entrevistados están seguros de que el establecimiento de una mina a cielo abierto en pleno corazón de la comarca Ngäbe Buglé será una réplica de un escenario contaminado como el que se ha dado en países sudamericanos.

Ante esto, están dispuestos a luchar por el no establecimiento de la minería en Cerro Colorado, un sitio que, según proyecciones de la Cámara Minera de Panamá, representa cerca del 60% de los impuestos que le generarían al Estado un promedio de 10 proyectos mineros metálicos que se quieran instalar en el país, tributando 967 millones anuales durante 25 años.

No obstante, y pese a que los números pintan atractivos (véase tabla de indicadores económicos de Cerro Colorado) los indígenas están seguros de que este beneficio no será para sus comunidades, pero sí implican la movilización de decenas de sus familias y lo que es más importante, según ellos,el riesgo de que grandes ríos como el Tabasará y el Cricamola se contaminen.

“Aún estando alejados de Cerro Colorado, las quebradas llevarán los químicos igual como pasó con el río San Félix en años anteriores”, expresó Chito Gallardo, líder indígena de la iglesia del sector.

Para Gallardo, los beneficios de la minería que les dejó la experiencia de la exploración de Panacobre, S.A. en el lugar fueron empleos temporales de jornaleros y no quedó más nada para la comunidad.

Nota extraída de: http://www.pa-digital.com.pa/periodico/edicion-actual/calle50-interna.php?story_id=918824&edition_id=20100511#ixzz0nej8kGUu

CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá a favor de los indígenas Naso

CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá

a favor de los indígenas Naso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ayer 30 de noviembre Medidas Cautelares a favor del Pueblo Indígena Naso de la provincia de Bocas del Toro (Panamá). Así lo confirmó Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH.

La CIDH exige al Estado panameño que tome las medidas necesarias para evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas del Pueblo Indígena Naso.

Que le brinde la atención de emergencia en salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y destrucción de sus viviendas, alimentos y animales.

Que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los líderes nasos Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Vargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra.

Que garantice la libre circulación y seguridad de los miembros del Pueblo Indígena Naso a fin de que no sean objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias.

Que se levante una investigación de los hechos que motivaron la adopción de las presentes medidas cautelares.

El Gobierno de Panamá ha ignorado hasta ahora los llamamientos de la comunidad internacional (como la carta del Relator Especial de la ONU para Pueblos Indígenas, James Anaya) y está poniendo al país una vez más en una situación de desacato en el marco de los convenios internacionales relacionadas con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Ya la CIDH ha dispuesto durante este año, medidas cautelares a favor del pueblo indígena Ngobe del Valle del Río Changuinola que están siendo desalojados de manera forzosa por la construcción de una represa en su territorio. El Gobierno de Panamá ha ignorado estas medidas cautelares.

Burica Press –Derechos Humanos

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CIDH pide protección para seis líderes indígenas de la etnia naso

Washington
EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que ha pedido protección para “proteger la vida y la integridad personal” de seis líderes indígenas de unas comunidades del pueblo naso de Panamá que están siendo desalojadas.

La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha pedido medidas cautelares para “evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas y para garantizar la libre circulación y la seguridad del Pueblo Indígena Naso de la Región Bocas del Toro”.

La petición se hizo el pasado 30 de noviembre de 2009 para proteger a Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Cargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra.

Los nasos tienen una controversia por unas tierras propiedad de la empresa panameña Ganadera Bocas S.A., que los indígenas reivindican como propias y la empresa no está dispuesta a ceder.

En la solicitud de medidas cautelares, la CIDH alega que policías y empleados de la empresa llegaron a la comunidad Naso de San San Druy, para desalojar con “violencia” a las familias que ocupan las tierras en conflicto.

Según la información recibida por la Comisión, los agentes policiales arrojaron bombas lacrimógenas en una zona donde había niños y destruyeron una treintena de casas, el centro cultural naso, la escuela, la iglesia, y otras instalaciones comunitarias.

Los indios desalojados se instalaron en un campamento posteriormente cercado por la Policía Nacional, que no dejó pasar a otros miembros de la comunidad que llevaba alimentos y agua a los afectados.

La CIDH agregó que el pasado 2 de octubre, aproximadamente 40 policías fuertemente armados habrían arrestado a ocho indígenas nasos, incluidos Eliseo Vargas y Lucho Gamarra, quienes se encontraban en una protesta pacífica frente a la Plaza Catedral de la capital panameña.

Además, el 19 de noviembre, presuntamente sin orden judicial, unos 200 agentes fueron a las comunidades Naso de San San y San San Druy, donde lanzaron bombas lacrimógenas, y empleados de la empresa Ganadera Bocas derruyeron varias casas.

La CIDH solicitó al Estado de Panamá tomar las medidas necesarias para evitar estos desalojos y ofrecer “atención de emergencia de salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y de la destrucción de viviendas, cultivos y animales”.

Asimismo, pidió que los miembros del pueblo indígena naso puedan circular libremente sin ser “objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias” así como una investigación de los hechos.

Organizaciones civiles exigen al gobierno panameño respeto al pueblo Naso

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA PANAMEÑA
E INTERNACIONAL

Las organizaciones abajo firmantes mostramos nuestra solidaridad con las comunidades del pueblo originario Naso de San San Drui y San San y exigimos al Gobierno Nacional el respeto de sus derechos territoriales, culturales, económicos y políticos que han sido violentados durante los últimos ocho meses. Deploramos el desalojo violento y sin las adecuadas garantías realizado el pasado 19 de noviembre y pedimos que de forma urgente se abra una mesa de diálogo con capacidad de decisión que encuentre una solución consensuada tal y como ha instado el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya.

CONSIDERANDO:

  1. Que el pueblo originario Naso está en riesgo de extinción dada la agresión permanente a sus territorios, la falta de reconocimiento de su Comarca y la ausencia de una educación bilingüe y respetuosa de sus particularidades culturales.
  2. Que el pueblo originario Naso es, como lo reconoce la UNESCO, garante del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque Protector Palo Seco, ecosistemas claves para Panamá y que se encuentran seriamente amenazados por los megaproyectos en ejecución o propuestos y por la política que fomenta la economía extractiva en lugar de la sostenibilidad ambiental, humana y económica.
  3. Que la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (Septiembre 2007) que suscribió el Estado de Panamá, reconoce los derechos a su propio territorio y autogobierno de los pueblos originarios, y que por ende es responsabilidad del Estado buscar una solución a la desprotección territorial del pueblo.
  4. Que durante los últimos ocho meses, desde el primer desalojo violento de estas comunidades (30 de marzo de 2009), los representantes de la comunidad Naso han mostrado toda la disposición a negociar y han dado muestra de buena fe, mientras que los representantes del Gobierno han sido inconsistentes e irrespetuosos de los pocos acuerdos alcanzados.
  5. Que se está priorizando los intereses privados de una empresa frente al interés colectivo de un pueblo originario que acumula parte del patrimonio intangible de Panamá.
  6. Que se ha puesto en riesgo la integridad física, mental y espiritual de dos comunidades, incluyendo un gran número de menores de edad y adultos mayores.
  7. Que se han incumplido los procedimientos recogidos en la ley y que se dio un uso excesivo de la fuerza (tal y como lo expresó la Defensoría del Pueblo).
  8. Que persiste la amenaza policial, así como una crisis humanitaria en la zona (particularmente está en riesgo la seguridad alimentaria de la población desalojada la cual no ha podido sembrar ni recoger el fruto de su trabajo ya que se destruyeron sus cultivos desde marzo).

EXIGIMOS

  1. El inmediato cese de los hostigamientos a la población civil de San San Drui y San San, así como la salida de las unidades policiales que permanecen en San San Drui y en el punto conocido como el Zarzo en el camino de Guabito a las comunidades.
  2. Garantizar la libre movilización de personas y mercancías y cesar las requisas y las intimidaciones.
  3. Atender urgentemente las necesidades alimentarias y de cobijo de las familias afectadas por el desalojo del 19 de noviembre.
  4. Instalar a la mayor brevedad una comisión de negociación en la que exista una amplia representación de los líderes Naso de San San y San San Drui y todas las condiciones necesarias para su efectiva participación.
  5. Establecer medidas de reparación para los daños económicos, morales y culturales ocasionados a las comunidades de San San y San San Drui.
  6. Acelerar la discusión en la Asamblea Nacional del proyecto de creación de la Comarca Naso y descartar cualquier otra fórmula territorial que no suponga el pleno reconocimiento de la propia determinación de los pueblos originarios.
  7. Incluir en la agenda de negociación la discusión del papel que juegan los Naso en la protección del PILA y del Bosque Protector Palo Seco; y revisar todos los procedimientos y Estudios de Impacto Ambiental del proyecto Hidroeléctrico Bonyic dado el riesgo de daño irreparable en el Bosque Protector.

Firmado en Panamá el 26 de noviembre por las siguientes organizaciones:

Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)
Pastoral Indígena Arquidiocesana
Pastoral Social de la Arquidiocesana
Movimiento de la Juventud Kuna (MJK)
Acción Cultural Ngobe (ACUN)
Human Rights Everywhere / Comuna Sur (HREV)
Comunidades Religiosas Insertas en Medios Populares (CRIMPO)
Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Relator de los pueblos indígenas de la ONU condena ataque a Nasos en Panamá

Relator de los pueblos indígenas de la ONU condena ataque a Nasos en Panamá

25 Noviembre 2009

GINEBRA — El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, expresa su “extrema preocupación por los desalojos forzados y la destrucción de viviendas sufridos el 20 de noviembre de 2009 por las comunidades Naso de San San y San San Druy, en Changuinola, provincia Bocas del Toro, Panamá.”

Según informes fiables, el 20 de noviembre de 2009, aproximadamente 150 policías antimotines desalojaron con bombas de gases lacrimógenos, a más de 200 indígenas Naso que habitan en las comunidades de San San y San San Druy. Después de que las personas fueron sacadas, empleados de la empresa Ganadera Bocas entraron al área con maquinaria y procedieron a derribar las viviendas de los indígenas.

La empresa reclama el área del desalojo para sus actividades comerciales ganaderas, con base en un supuesto título otorgado por el Estado, mientras que las comunidades Naso que han vivido allí reclaman derechos anteriores con base en su tenencia de tierra tradicional. Los Naso han llevado un proceso de reivindicación de tierras desde los años setenta, en el que solicitan, en particular, la creación de su propia comarca sobre sus tierras tradicionales. Pese al tiempo transcurrido, a la fecha, los Naso no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras tradicionales.

“Hago un llamamiento a las autoridades panameñas y del pueblo Naso a buscar vías de diálogo y de entendimiento sobre la base de respeto a los derechos humanos,” expresó el experto de la ONU. “En particular, insto al Gobierno que se retome de inmediato un proceso de diálogo con los indígenas Naso afectados para llegar a una solución pacífica a esta situación.”

Asimismo, el Relator Especial insta a las autoridades judiciales competentes para que adopten medidas para esclarecer los hechos del desalojo, sancionar a los responsables de cualquiera violación a los derechos de las comunidades afectadas, y reparar el daño causado a las víctimas, incluyendo indemnización.

En este respecto, el Relator Especial enfatiza que el artículo 10 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU establece que “[l]os pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.”

A la presente situación se suma el anterior desalojo de los miembros de las comunidades San San y San San Druy en marzo y abril de este año. El 23 de abril de 2009 el Relator Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno de Panamá, pidiendo aclaración sobre las circunstancias de los desalojos y el reclamo territorial de los Naso. Lamenta no haber recibido una respuesta del Gobierno de Panamá.