Ambientalistas defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Grupos de la sociedad civil defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Presentan argumentos en apoyo a una decisión del Estado Panameño en el caso de conservación del refugio de vida silvestre

Ciudad de Panamá, Panamá — Hoy, en el día internacional del manglar, dos organizaciones de la sociedad civil anunciaron su apoyo al Estado Panameño en el juicio iniciado por desarrolladores requiriendo la nulidad de la protección de la Bahía de Panamá. Las organizaciones, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), presentaron un documento legal de amicus curiae que contiene detalles sobre argumentos legales internacionales y nacionales en los cuales se sobrepone la protección legal establecida mediante Resolución expedida por la autoridad ambiental Panameña.

Los desarrolladores, Panama Bay Development y Compañía Lefevre, presentaron las demandas para promover la construcción y desarrollo de vastos complejos turísticos en la zona. El turismo extensivo en el área traerá impactos ambientales devastadores para este ecosistema sensible.

La costa de la Bahía de Panamá contiene miles de manglares pristinos, los cuales son sitios importantes de anidación para especies de las que depende la industria pesquera Panameña. Cada kilómetro de cubierta de manglar costero genera cerca de los $100,000 USD para el país anualmente.

Millones de aves utilizan la Bahía de Panamá como hábitat, especialmente en los meses de migración desde el norte (septiembre, octubre y noviembre).

Los manglares también ayudan a la protección de los efectos del cambio climático global a través del amortiguamiento de la costa de las tormentas tropicales cada vez más frecuentes y siendo ecosistema que secuestra carbono de la atmósfera en sus raíces. Un bosque de mangle puede secuestrar casi 50 veces más carbono que un bosque tropical del mismo tamaño, razón por la cual se hace una prioridad de conservación de manglares si los países quieren mitigar las catástrofes del cambio climático.

El área protegida de Bahía de Panamá tiene una extensión aproximada de 85,652 hectáreas, casi un tercio del Parque Nacional Coiba en Panamá. La Bahía de Panamá es uno de los sitios más biodiversos del mundo y es un hábitat esencial para las aves migratorias y especies amenazadas como jaguares y tortugas caguamas o amarillas.

“De frente a cada vez más tormentas tropicales devastadoras y ponderosas, derivadas del cambio climático, la destrucción de manglar es una de las peores decisiones que un país como Panamá podría hacer,” dijo Anna Cederstav, co-directora de AIDA.

En palabras de Sandra Moguel, asesora legal de AIDA en México, “El artículo cuarto de la Constitución de Panamá obliga a la observancia de las reglas de derecho internacional en el territorio, por lo que las obligaciones contraídas a través de la Convención Ramsar de Humedales de Importancia Prioritaria y la Convención de la Diversidad Biológica—ambas ratificadas por Panamá—deberán tomarse en consideración al decidir si se revierte la Resolución mediante la cual se crea el área protegida de Bahía de Panamá.”

“La creación o declaración de un área protegida en ningún momento constituye una expropiación. Lo que hace e proteger y garantizar el derecho al medio ambiente sano contenido en la Constitución Política Panameña,” dijo María Acuña, abogada del CIAM.

La Bahía de Panamá con 48,919 hectáreas fue incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención de Ramsar el 20 de octubre de 2003. En 2005 fue designada, en la categoría más alta, como “Sitio de Importancia Hemisférica” por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (48,919ha)39. En el año 2009 fue declarada oficialmente como un área protegida oficial del Estado Panameño con la Resolución ANAM-AG- 0072 -2009 y publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 26221 del 11 de febrero de 2009.

Los límites del Área Protegida Humedal Bahía de Panamá comprende los ambientes terrestres, fluviales, lacustres, estuarinos y marino costeros de la porción de la costa de la Bahía de Panamá entre Costa del Este, en la Ciudad de Panamá, distrito de Panamá, hasta el estero de la comunidad de Chimán en el distrito de Chimán en la Provincia de Panamá, colinda al norte con parte de los corregimientos de Parque Lefevre, Juan Díaz, Tocumen, Pacora, Chepo, Santa Cruz de Chinina, Pásiga, Unión Santeña y Chimán, al este con parte del corregimiento de Chimán, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con parte del corregimiento de Parque Lefevre; formando parte de los Distritos de Panamá, Chepo y Chimán, Provincia de Panamá.

La UNESCO solicita plan urgente de gestión del Parque Nacional Coiba

UNESCO: Urge plan de gestión del Parque Nacional Coiba

Burica Press – 16 de julio de 2011. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través de su Comité de Patrimonio Mundial en su Decisión No. 35 COM 7B.33 de junio de 2011 ha lamentado que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina del Parque Nacional de Coiba y sus zona de amortiguamiento, aún no se ha finalizado ni se ha aprobado, como ya lo había solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo del área protegida, si no se toman medidas adecuadas, podría representar una amenaza potencial al valor universal excepcional que posee dicho parque.

Coiba, Panama, Corredor Marino
La isla de Coiba, localizada al sur-oeste del Istmo de Panamá en el Golfo de Chiriquí, juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador. Imagen: Google Earth

La UNESCO está solicitando a Panamá que desarrolle con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial.

Igualmente le está reiterando a Panamá a que desarrolle e implemente un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia. Ellos han solicitado que dicha política de conservación se haga basada en una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera.

Igualmente la UNESCO urge al Estado panameño a desarrollar el programa de erradicación del ganado salvaje de la isla de Coiba e insta a acatar las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación del programa de erradicación de dichos animales ferales.

Para febrero de 2012, durante la 36ª reunión del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Panamá debe someter una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN y un informe sobre el estado de conservación de todo el Parque Nacional Coiba, donde muestre los avances que se han solicitado en las dos últimas reuniones de la UNESCO (2010 y 2011), incluyendo un informe sobre el manejo de las presiones para el aumento de la pesca.

Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina fue incluida por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial el 14 de julio de 2005, debido a las características únicas que presenta, como consecuencia de tantos años de aislamiento y por su importancia biológica. Coiba juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador.

El Parque Nacional Coiba, en la costa sudoeste de Panamá, protege a la isla de Coiba y a otras 38 islas más pequeñas y las zonas marinas circundantes dentro del Golfo de Chiriquí. Biogeográficamente hablando el área esta protegida de los vientos fríos y los efectos de El Niño, tiene una excelente cobertura de bosque húmedo tropical y mantiene buenos niveles de endemismo de mamíferos, aves y plantas. También es el último refugio de un número de animales amenazados como el águila crestada. El parque es un majestuoso laboratorio natural para la investigación científica y proporciona un vínculo ecológico clave para el Pacífico Oriental Tropical para el paso y supervivencia de peces pelágicos y mamíferos marinos.
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VEA ADEMÁS

DECISIÓN 35 COM 7B.33 en su texto oficial (traducido)

32. Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina (Panamá)
N 1138 rev)
Decisión: 35 COM 7B.33 (junio de 2011)

El Comité del Patrimonio Mundial

1. Habiendo examinado el documento WHC-11/35.COM/7B,

2. Recordando la Decisión 33 COM 7B.38, aprobada en su 33ª reunión (Sevilla, 2009),

3. Lamenta que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina aún no se ha finalizado ni aprobado, como ya lo ha solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo o gestión, si no se toman medidas, podría representar una amenaza potencial a su valor universal excepcional;

4. Solicita al Estado Parte a finalizar con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, y para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, en línea con las herramientas de Mejoramiento de Nuestro Patrimonio, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial;

5. Reitera su petición al Estado Parte que desarrollar e implementar un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia, y alienta al Estado Parte para desarrollar esta política sobre la base de una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera;

6. Toma nota de que el Estado Parte presentó una solicitud de asistencia internacional para la eliminación de ganado salvaje de la isla de Coiba en marzo de 2010 e insta encarecidamente a los Estados Partes en volver a presentar una solicitud revisada de acuerdo con las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación;

7. También pide al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN;

8. Pide además al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, un informe sobre el estado de conservación de la propiedad y sobre los progresos realizados en las cuestiones antes mencionadas, incluyendo las presiones aumento de la pesca, para su examen por parte del Comité de Patrimonio Mundial en su 36ª reunión en 2012.

Traducción: Burica Press

Se apropian ilegalmente de tierras costeras

Campesinos de Bahía Honda, del distrito de Soná, denuncian que se les impide acceso a la playa

Inversionistas cercan más de 15 kilómetros de costa

20 familias afectadas exigieron la intervención de la Dirección de Catastro y de la Autoridad Marítima de Panamá.

PLAYA. La empresa Catiland Panamá ha cercado con alambre de púas tierras que no son de su propiedad, denuncian moradores. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Víctor Eliseo Rodríguez

VÍCTOR ELISEO RODRÍGUEZ
BAHÍA HONDA, VERAGUAS

nacionales@prensa.com

Un grupo de campesinos del corregimiento de Bahía Honda, del distrito de Soná, denunció que la empresa Catiland Panamá cercó más de 15 kilómetros de costa sin respetar la servidumbre pública de mar e impidiendo a los moradores del área el acceso a ocho playas ubicadas en este sector del Pacífico veragüense.

Las más de 20 familias afectadas que forman parte de la Unión de Campesinos de Bahía Honda exigieron la intervención urgente de la dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), sustentando el hecho de que las cercas de púas colocadas en esta zona no cumplen con la distancia de servidumbre costera, que según la ley establece 22 metros contados a partir de la línea de alta marea.

Adrián Montilla Ortega, vocero de los campesinos, dijo que el problema radica en que la empresa Catiland Panamá, dedicada al negocio de bienes raíces y desarrollo turístico en las costas del Pacífico de Veraguas, ha cercado con alambre de púas tierras que no son de su propiedad y que desde hace muchos años son ocupadas por personas naturales del área que tienen derechos posesorios sobre sus terrenos.

Según el dirigente, la citada compañía en principio cercó los terrenos que son de su propiedad, pero adicionalmente también cerró tierras que no le pertenecen, e incluso colocó alambre en puntos en donde no se está respetando la servidumbre pública de mar y se ha prohibido el acceso de los pescadores artesanales a las playas.

Llamado al presidente

Montilla añadió que ellos requieren que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, ordene una investigación sobre la apropiación indebida de tierras que está propiciando esta empresa de capital estadounidense, que no respeta las leyes vigentes en cuanto a uso de riberas, costas y fondo de mar en la zona costera del Pacífico de la provincia de Veraguas.

Leonardo Santos, uno de los afectados, aseguró que él tiene 70 años de ocupar un globo de terreno que le dejaron sus ancestros, del cual tiene derechos posesorios; sin embargo, de la noche a la mañana el personal de la empresa le derribó su vivienda, le destruyó sus cultivos y le cercó el terreno, al igual que han hecho con el resto de las tierras que bordean la costa de Bahía Honda.

Santos también comentó que luego que la empresa procedió a cercar más de 15 kilómetros de costa, ahora se ha impedido el acceso a las playas Blanca, Naranjo, Panamá, Limón, Corrales, La Costa, Quilla y El Yaya, en donde la gente tiene que pescar o sacar sus productos agrícolas. Los moradores, liderados por Adrián Montilla, presentaron ayer la denuncia ante la AMP.

Consultado sobre el tema, Gustavo Rodríguez, administrador regional de la AMP en Veraguas, comentó que tras la queja interpuesta por los campesinos se iniciará una investigación formal para corroborar si en efecto las cercas colocadas no cumplen con las distancias que establecen las leyes panameñas sobre servidumbre de mar.

Por su parte, Humberto Chang, apoderado legal de Catiland Panamá, respondió que aún no tiene autorización de los inversionistas de la empresa para hablar del tema; no obstante, dijo que en su opinión personal, estas denuncias son “una situación orquestada” por algunas personas en contra de esta compañía.

Informe UNESCO 2009 sobre el Parque Nacional Coiba

INFORME DE LA UNESCO 2009 SOBRE EL PARQUE NACIONAL COIBA

Traducción

Isla de Coiba, cerca de la estación científica y administración del Parque Nacional Coiba

Isla de Coiba, cerca de la estación científica y administración del Parque Nacional Coiba. Foto: Scott Ableman

Parque Nacional Coiba y Zona Especial de Protección Marina (Panamá) (N 1138 rev)

Fecha de inclusión en el listado del Patrimonio Mundial

2005

Criterios

(ix) (x)

Fecha de inclusión en el listado de Patrimonio Mundial en Peligro

N/A

Ayuda Internacional

N/A

Fondos extraordinarios de la UNESCO

Monto total otorgado a la propiedad: USD350,000 (Planificación de Manejo, instalación de boyas de amarre para botes de buceo, trabajo con las comunidades locales, edificio de capacitación, plan de uso público, mejorar el entendimiento de las medidas legales de protección entre los interesados).

Misiones previas de monitoreo

N/A

Principales amenazas identificadas en reportes previos.

N/A

Asuntos actuales relacionados con la conservación

El Centro de Patrimonio Mundial recibió informes de las comunidades ONG sobre el cambio que se le había hecho a la protección legal de la Zona Especial de Protección Marina (SZMP) en el año 2008, el cual la dejaba vulnerable a las actividades de pesca de tuna industrial. Después de un intercambio de correspondencias entre la Parte Estatal y el Centro de Patrimonio Mundial, y seguido a una intensa campaña de relaciones públicas realizada por la sociedad civil panameña, los cambios que afectaban a la propiedad fueron revertidos en abril del año 2009.

El Centro de Patrimonio Mundial participó en la evaluación final que se le realizase al proyecto de la Marina del Pacífico Este Tropical de 5 años en abril de 2009 en la Ciudad de Panamá, ocasión en que tuvieron la oportunidad de revisar el estado de conservación de la propiedad detalladamente, en presencia de representantes de la Agencia Nacional del Ambiente (ANAM), y la Agencia Nacional de Pesca (ARAP), responsables por el manejo del Parque Nacional y de la Zona Especial respectivamente, y ante varias ONG nacionales e internacionales de conservación.

Los participantes reconocieron lo exitoso del desarrollo del plan de manejo participativo para el Parque Nacional Coiba recientemente adoptado, y el establecimiento de un Comité de Manejo de los Múltiples Interesados para el Parque. También los participantes hicieron notar que la propiedad se encontraba en vías de obtener reconocimiento institucional, señalando en particular, el nuevo sitio de investigación financiado por la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología.

La preocupación más inmediata que señalaron los participantes fue la de la presencia de la manada de Ganado silvestre que ha permanecido en la Isla desde que la prisión en la isla fuese clausurada en el año 2007. Su población (estimada en 3000) va en aumento, y son la causa de una vegetación nativa toda pisoteada, la deforestación, y la erosión significativa del suelo.

Debido a las fuertes lluvias que típicas en el área, el suelo es lavado hacia el mar, dando como resultado una importante carga y sedimento, que resultan ambas altamente detrimentes para el ecosistema de corales que se encuentran en las aguas que rodean la isla. Existen conflictos de jurisdicción entre los departamentos gubernamentales con respecto a la responsabilidad de tratar con la remoción de estos animales. La presencia continua de estos animales en la isla está impactando severamente el Valor Universal Satisfactorio de la propiedad, tanto del ecosistema terrestre, como del marino. Si este problema no se resuelve prontamente, el nivel del impacto podrá muy probablemente crecer hasta el punto de convertirse en un peligro determinado para la propiedad.

El Centro de Patrimonio Mundial también tuvo conocimiento sobre varias grandes propuestas que se han hecho para desarrollar marinas y un centro de actividad residencial a lo largo de la costa opuesta a la propiedad. A pesar de que nada ha sido aún aprobado al respecto, dado las tendencias del pasado de desarrollar intensamente la zona costera a lo largo de la costa Pacífica del país vecino Costa Rica, lo que va en aumento en Panamá, es muy probable que el área costera opuesta a la propiedad sea altamente desarrollada en el futuro, tal como se ha previsto.

Los riesgos emanarán de una variedad de fuentes, incluyendo entre otros: i) los nutrientes y otras cargas de contaminación que lleguen al agua durante la fase de construcción, más los desechos eventuales que lleguen a las aguas del mar; ii) la presión por el uso de naves de placer y pesca deportiva en el Parque Nacional y la Zona Especial; iii) los posibles derrames que puedan resultar del combustible utilizado; y iv) el aumento de la presión ejercida por el desarrollo de infraestructuras turísticas dentro de la propiedad que complementen aquellas que se desarrollan en tierra firma.

A fin de salvaguarda el Valor Universal Satisfactorio de la propiedad y sus condiciones de integridad ante tales posibilidades, la Parte Estatal deberá realizar la evaluación de impacto ambiental de toda la zona costera con potencial de desarrollo. Basado en los resultados que se obtengan, se podría estar en posición de establecer si se debe o no llevar a cabo el desarrollo de algún sitio en específico. En el último de los casos, la evaluación proporcionaría justificación técnica para imponer límites estrictos a la naturaleza y/o extensión del desarrollo, insistiendo por ejemplo, en la distancia que deberá existir desde la zona costera, y en mejores prácticas para el manejo del tratamiento de aguas y sólidos de desecho.

También se motiva a la Parte Estatal para que desarrolle mecanismos financieros innovadores que respalden el monitoreo efectivo y el control de las actividades dentro de la propiedad que serán necesarios bajo la luz de un aumento en las presiones eventuales que puedan surgir por el desarrollo de la costa. Los participantes a la reunión también mostraron preocupación por la continua ausencia de un plan de manejo para la Zona Especial de Protección de la Marina. Cuando no existe tal plan, por lo general las actividades de pesca son pobremente reguladas, siendo las prácticas de pesca abierta contrarias a la conservación del Valor Universal Satisfactorio de la propiedad, y de su integridad.

Se propuso un borrador para un plan de manejo, pero este fue rechazado por el Comité de Manejo de la Zona Especial por considerarlo que permite demasiado.

La versión final del plan debe asegurar que los valores por los cuales se incluyó la propiedad dentro del Listado de Patrimonio Histórico sean efectivamente protegidos de una forma perpetua.

Fuente: Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Amador destruido y relleno de ilegalidades

Amador, relleno de nuevas anomalías

Los concesionarios temen que el nuevo gobierno los intervenga y, ahora voluntariamente, prometen arreglos de pago sobre su alta morosidad.

DESCONTROL. La vista aérea muestra el desarrollo del proyecto Naos Harbour y atrás el relleno de Brisas de Amador. En ambos casos el gobierno revisará el contrato por irregularidades y la morosidad encontrada. LA PRENSA/David Mesa
 

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

rberrocal@prensa.com

Las irregularidades dentro de las concesiones de la calzada de Amador no han parado de expandirse. Edificios por encima de la altura, rellenos no autorizados, planes de inversión incumplidos y una morosidad que asciende a 26.8 millones de dólares, es el panorama actual de las concesiones en el lugar.

La Prensa realizó el 6 de abril de 2008 un reportaje sobre el estatus de cada contrato en la calzada de Amador, poniendo al descubierto una serie de anomalías que se presentaban en ese momento. Pero en la actualidad, 15 meses después, la situación no ha sido corregida, sino que ha empeorado.

La deuda morosa de los concesionarios de Amador tuvo un incremento de casi siete millones de dólares, los rellenos ilegales continuaron expandiéndose y varios edificios hoy compiten por la mayor altura en el lugar.

El gobierno ha prometido poner la casa en orden y ya intervino en dos de los rellenos en el lugar: el del Grupo F. y Brisas de Amador.

La acción generó que todos los concesionarios se acercaran la semana pasada a las oficinas de Unidad Administrativa de Bienes Revertidos a proponer arreglos de pago. Liriola Pittí, jefa de esta oficina, dijo que no solo se revisará la morosidad, sino el cumplimiento de todos los contratos.

José Carrillo, representante legal del Grupo F., dijo que la empresa está en disposición de llegar a un acuerdo con el gobierno. Abraham Hasky, de Brisas de Amador, aseveró que ha propuesto un arreglo de pago; mientras que el grupo FARM señaló que el saldo moroso por 2 millones de dólares que tiene con el gobierno no es correcto.

INVERSIONISTAS TEMEN QUE EL PRESIDENTE, RICARDO MARTINELLI, SE TOME SU PROYECTO EN SU PRÓXIMA VISITA A LAS ISLAS ARTIFICIALES Y PROMETEN PAGAR SUS DEUDAS CON EL ESTADO A TRAVÉS DE ARREGLOS

Amador, entre morosidad e ilegalidad

El Gobierno se ha propuesto poner la casa en orden y ha fijado como fecha límite para que los concesionarios de Amador paguen su deuda morosa el 30 de julio.

CONSTRUCCIÓN. Edificios de Brisas de Amador que no cumplen con las guías de diseño de Amador. LA PRENSA/Eric Batista
 

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

rberrocal@prensa.com

Todos los concesionarios de la calzada de Amador corrieron la semana pasada a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) a tratar de evitar que el Gobierno irrumpa en sus construcciones, como ya sucedió con los rellenos en el mar del Grupo F. y de Brisas de Amador.

Unos propusieron arreglos de pago con un adelanto del 30% sobre su morosidad; otros afirmaron que la cuenta que le tienen en la institución está abultada, pero que pagarían de acuerdo a sus cálculos; mientras que el Grupo F. simplemente pidió entrar en negociación.

Para el Gobierno, la decisión está tomada. “Vamos a poner la casa en orden y estamos empezando por el caso más serio que es el área de la calzada de Amador”, dijo Liriola Pittí, administradora de la UABR.

En las últimas dos semanas el propio presidente, Ricardo Martinelli, irrumpió en los rellenos del Grupo F. y Brisas de Amador y los identificó con un letrero que dice “Propiedad del Estado”.

El mandatario manifestó que en ambos casos se trata de “rellenos ilegales” y advirtió que le caerá “todo el peso de la ley” a quienes sigan abusando con estos rellenos.

El Ministerio de Economía y Finanzas también puso un ultimátum a los concesionarios de Amador que tienen deuda morosa con el Estado y puso como fecha límite el 30 de julio.

“Se hacen los locos y no pagan”, recalcaba Martinelli en momentos en que colocaba la bandera de Panamá dentro del relleno de Brisas de Amador.

CONTRATOS BAJO LA LUPA

Según Pittí ya hay una serie de incumplimientos encontrados en los contratos de la calzada de Amador que están siendo objeto de análisis. Los casos incluyen morosidad, rellenos ilegales, plan de inversión incumplido, violación a las normas de zonificación del área, plan de desarrollo distorsionado, entre otros.

“No hemos descubierto el agua tibia, esto se sabía desde hace mucho tiempo. Sencillamente lo que estamos haciendo es ‘actuando’ para resolver las situaciones de conflicto”, comentó Pittí.

MILLONARIA DEUDA

De acuerdo con el último informe de la dirección de Finanzas de la UABR, las cuentas pendientes en la calzada de Amador ascienden a 26.8 millones de dólares. Esto representa el 79.9% del total del saldo a pagar de los concesionarios de todas las áreas revertidas.

Solo el Grupo F. tiene en el registro de la UABR una cuenta pendiente por 17.8 millones de dólares. Sin embargo, la institución ya no la califica como deuda morosas, sino como “pendiente por fallo de la Corte Suprema de Justicia”.

Otro de los problemas que se registran en la calzada de Amador es que tres de los concesionarios –Brisas de Amador, Naos Harbour island y el Grupo F.–, avanzaron sus construcciones sin tener las adendas a sus contratos refrendadas.

INVERSIONISTAS HABLAN

Para Miguel López Piñeiro, presidente del grupo Fuerte Amador Resort y Marina (Farm) y Marina Montemar, el problema de estas concesiones parte de que todos los contratos están mal confeccionados. Señaló que en el caso de sus concesiones hubo errores en la extensión de las tierras entregadas y el cálculo de los cánones.

Abraham Hasky, representante de Brisas de Amador, comentó: “Los últimos gobiernos nunca se han acercado a nosotros para preguntarnos en qué nos pueden ayudar, solo se acercaron para preguntarnos en qué podían ‘jodernos”.

Señaló que si existe buena voluntad de parte de las nuevas autoridades, también está dispuesto a llegar a un acuerdo de pago.

Según los cálculos del Gobierno, Brisas de Amador rellenó 2.8 hectáreas más de lo que se le había permitido, entre otras anomalías que están siendo revisadas.

La intención de la UABR es tratar de arreglar amistosamente la situación con todos sus concesionarios, pero será una tarea difícil tomando en cuenta que varios de los casos están demandados ante la Corte.

“Ya hemos atendido a varios de ellos. Hemos invitado a todos a acercarse a poner sus cuentas al día y estamos en la mejor disposición de resolver los conflictos o problemas que hay”, dijo Liriola Pittí, en respuesta a las aprensiones que existen de parte de los concesionarios.

Paralelamente, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) también revisa las concesiones de fondo de mar que ha dado en la Calzada de Amador. “Le pedimos a los concesionarios morosos que vengan a poner sus documentos en regla; que nos ayuden a poner la casa en orden; de lo contrario aplicaremos la ley. La época de los padrinos ya terminó, la ley es igual para todos”, advirtió Roberto Linares, administrador de la AMP.

DEUDAS DE ARRASTRE

33.6 – millones de dólares es la deuda morosa en todas las áreas revertidas.

26.8 – millones de dólares es la deuda pendiente de los concesionarios de la calzada de Amador.

17.8 – millones de dólares es la deuda contabilizada por el Gobierno al Grupo F.

6 – de los 13 concesionarios que operan en la calzada de Amador tienen sus cuentas al día con el Estado.


Grupo F. y marina:

EL GRAN RELLENO. Vista de los proyectos del Grupo F., incluyendo el relleno para una marina en la calzada de Amador. LA PRENSA/David Mesa
 

El Grupo F. tiene tres concesiones a las cuales se le han decretado órdenes de suspensión por incumplimiento y morosidad. Sin embargo, la empresa ha logrado frenar las acciones a través de recursos legales que no han sido resueltos hasta la fecha. Ello incluye el contrato del Boulevard de Alta Moda, el Parque Temático y el relleno de la marina recientemente cautelado por el gobierno de Ricardo Martinelli.

Este es el caso más complicado dentro de las concesiones de la calzada de Amador con deudas por cobrar que ascienden a 17.8 millones de dólares según un informe oficial. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) señaló que en estos contratos se están revisando todos los aspectos, no solo la morosidad.

En el caso del Boulevard de Alta Moda y el Parque Temático se revisará el cumplimiento del programa de inversión. “Ellos han desvirtuado la propuesta original y ahora operan con un área de discotecas llamado Zona Viva. Eso no estaba contemplado de esa manera”, dijo una de las funcionarias que se encargará de revisar la concesión del Grupo F.

El proyecto de la marina también está suspendido por la AMP, aduciendo que no se autorizó un relleno de más de 10 hectáreas en el lugar.

El relleno también afectó mil 640 metros cuadrados de la parcela 3 que aún está bajo la administración de la UABR.


FARM y Marina Montemar:

ISLA FLAMENCO. En la concesión de FARM la morosidad es de 2 millones de dólares, pero la empresa dice que solo debe 300 mil dólares. LA PRENSA/David Mesa
 

En la concesión del grupo de Fuerte Amador Resort y Marina (FARM) se presenta una diferencia en las cuentas por pagar, tras un supuesto error en el cálculo de la extensión de la concesión por 5 mil 600 metros cuadrados. Para el Ministerio de Economía y Finanzas esta empresa tiene una morosidad de 2 millones 77 mil dólares, pero el concesionario tiene una cuenta mucho menor: 300 mil dólares.

Miguel López Piñeiro, presidente de FARM, indicó que el único tema que deben arreglar con el Gobierno es la cuenta pendiente. “Nosotros tenemos todo en orden, no hay nada que ver”, dijo Piñeiro. Pero otro punto a revisar en esta concesión es el programa de inversión que incluía un hotel 5 estrellas. López dijo que su plan de inversión fue de 15 millones de dólares y su proyecto ya lleva invertido en el lugar 35 millones de dólares. Señaló que el hotel no se podrá construir hasta tener los cuatro carriles en toda la calzada de Amador.

FARM también es el propietario de Marina Montemar, que tiene una morosidad por 1.7 millón de dólares. Los representantes de la empresa dicen que el Gobierno le está acumulando la deuda sin haberles entregado el derecho a entrar al lugar.


Brisas de Amador y marina:

FUERA DEL LÍMITE. El Gobierno calificó de ilegal parte del relleno que construyó esta empresa en Isla Perico. LA PRENSA/David Mesa
 

La concesión de Brisas de Amador es el segundo caso más polémico dentro de la calzada de Amador.

La morosidad de esta empresa alcanza los 2.9 millones de dólares, el relleno marino tiene 2.8 hectáreas fuera del límite autorizado, según el Gobierno, sus edificios de apartamentos están por encima del límite permitido y la comercialización de sus apartamentos también será objeto de evaluación.

Abraham Hasky, representante de Brisas de Amador, dijo que le propondrá al Gobierno un arreglo de pago con un primer abono de 20% o 30% sobre la morosidad, pero señaló que también sustentarán con documentación cómo el relleno que construyeron tiene permiso y además que se lo autoriza el contrato.

Por otra parte, Hasky se refirió al tema de la altura de sus edificios y dijo que todo tiene una explicación técnica.

Sin embargo, se conoció que Brisas de Amador tramitó su permiso de construcción en el Ministerio de Vivienda sin pasar por la revisión de la Guía de Diseño de Amador. Hasky también defiende la venta de apartamentos con títulos dentro de su concesión, algo que la nueva jefa de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, Liriola Pittí, reiteró que está prohibido.


Naos Harbour Island:

‘RESORT’. El promotor de Naos Harbour Island aún no tiene aprobada la adenda a su proyecto. LA PRENSA/David Mesa
 

Los representantes de Naos Harbour Island fueron uno de los primeros concesionarios en presentarse a las oficinas de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) para evitar cualquier acción en contra de su proyecto turístico. Sin embargo, la empresa a cargo de Marco Shrem no habló del caso con La Prensa.

Entre los temas a revisar de esta concesión está la deuda pendiente de 1.7 millón de dólares, la altura de sus edificios acorde con las guías de diseño de Amador, y la figura de comercialización de sus apartamentos. Liriola Pittí, administradora de la UABR, afirmó que no permitirá la venta de apartamentos en estas concesiones porque está prohibido. “Todas las figuras de comercialización que ellos están utilizando las vamos a revisar para asegurarnos que los inversionistas no sean engañados”, dijo Pittí. Sin embargo, páginas de internet promocionan el proyecto como una solución residencial con apartamentos de una y tres recámaras.

También promocionan la construcción de un hotel y un casino para el cual tampoco tiene aprobación. Además, Naos Harbour Island tramita con la Autoridad Marítima de Panamá la concesión de un derecho a mar para construir un atracadero de barcos. Según ha señalado la empresa se trata de una estructura diferente a una marina que no pone en riesgo la operación del Canal.

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Manos a la obra.  A rescatar la belleza y esplendor natural de esta área que ha sido invadida por inescrupulosos avaros que no le ha importado destruir la belleza de Amador con tal de hacerse de dinero fácil.

Como en todo queremos ver el final en esto y que sea de beneficio para el país y de dominio público como lo fue un día, aún en manos norteamericanas.  Ahora está enajenado por gente de dudosa reputación y solvencia.

La destrucción y enajenación de espacios públicos citadinos de Amador sólo son un reflejo del poder que tiene la corrupción mixta empresa privada-gobierno en Panamá.

Se llegará al final de la jornada en este caso. Amanecerá y veremos.

Burica Press

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