Ambientalistas defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Grupos de la sociedad civil defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Presentan argumentos en apoyo a una decisión del Estado Panameño en el caso de conservación del refugio de vida silvestre

Ciudad de Panamá, Panamá — Hoy, en el día internacional del manglar, dos organizaciones de la sociedad civil anunciaron su apoyo al Estado Panameño en el juicio iniciado por desarrolladores requiriendo la nulidad de la protección de la Bahía de Panamá. Las organizaciones, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), presentaron un documento legal de amicus curiae que contiene detalles sobre argumentos legales internacionales y nacionales en los cuales se sobrepone la protección legal establecida mediante Resolución expedida por la autoridad ambiental Panameña.

Los desarrolladores, Panama Bay Development y Compañía Lefevre, presentaron las demandas para promover la construcción y desarrollo de vastos complejos turísticos en la zona. El turismo extensivo en el área traerá impactos ambientales devastadores para este ecosistema sensible.

La costa de la Bahía de Panamá contiene miles de manglares pristinos, los cuales son sitios importantes de anidación para especies de las que depende la industria pesquera Panameña. Cada kilómetro de cubierta de manglar costero genera cerca de los $100,000 USD para el país anualmente.

Millones de aves utilizan la Bahía de Panamá como hábitat, especialmente en los meses de migración desde el norte (septiembre, octubre y noviembre).

Los manglares también ayudan a la protección de los efectos del cambio climático global a través del amortiguamiento de la costa de las tormentas tropicales cada vez más frecuentes y siendo ecosistema que secuestra carbono de la atmósfera en sus raíces. Un bosque de mangle puede secuestrar casi 50 veces más carbono que un bosque tropical del mismo tamaño, razón por la cual se hace una prioridad de conservación de manglares si los países quieren mitigar las catástrofes del cambio climático.

El área protegida de Bahía de Panamá tiene una extensión aproximada de 85,652 hectáreas, casi un tercio del Parque Nacional Coiba en Panamá. La Bahía de Panamá es uno de los sitios más biodiversos del mundo y es un hábitat esencial para las aves migratorias y especies amenazadas como jaguares y tortugas caguamas o amarillas.

“De frente a cada vez más tormentas tropicales devastadoras y ponderosas, derivadas del cambio climático, la destrucción de manglar es una de las peores decisiones que un país como Panamá podría hacer,” dijo Anna Cederstav, co-directora de AIDA.

En palabras de Sandra Moguel, asesora legal de AIDA en México, “El artículo cuarto de la Constitución de Panamá obliga a la observancia de las reglas de derecho internacional en el territorio, por lo que las obligaciones contraídas a través de la Convención Ramsar de Humedales de Importancia Prioritaria y la Convención de la Diversidad Biológica—ambas ratificadas por Panamá—deberán tomarse en consideración al decidir si se revierte la Resolución mediante la cual se crea el área protegida de Bahía de Panamá.”

“La creación o declaración de un área protegida en ningún momento constituye una expropiación. Lo que hace e proteger y garantizar el derecho al medio ambiente sano contenido en la Constitución Política Panameña,” dijo María Acuña, abogada del CIAM.

La Bahía de Panamá con 48,919 hectáreas fue incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención de Ramsar el 20 de octubre de 2003. En 2005 fue designada, en la categoría más alta, como “Sitio de Importancia Hemisférica” por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (48,919ha)39. En el año 2009 fue declarada oficialmente como un área protegida oficial del Estado Panameño con la Resolución ANAM-AG- 0072 -2009 y publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 26221 del 11 de febrero de 2009.

Los límites del Área Protegida Humedal Bahía de Panamá comprende los ambientes terrestres, fluviales, lacustres, estuarinos y marino costeros de la porción de la costa de la Bahía de Panamá entre Costa del Este, en la Ciudad de Panamá, distrito de Panamá, hasta el estero de la comunidad de Chimán en el distrito de Chimán en la Provincia de Panamá, colinda al norte con parte de los corregimientos de Parque Lefevre, Juan Díaz, Tocumen, Pacora, Chepo, Santa Cruz de Chinina, Pásiga, Unión Santeña y Chimán, al este con parte del corregimiento de Chimán, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con parte del corregimiento de Parque Lefevre; formando parte de los Distritos de Panamá, Chepo y Chimán, Provincia de Panamá.

Se apropian ilegalmente de tierras costeras

Campesinos de Bahía Honda, del distrito de Soná, denuncian que se les impide acceso a la playa

Inversionistas cercan más de 15 kilómetros de costa

20 familias afectadas exigieron la intervención de la Dirección de Catastro y de la Autoridad Marítima de Panamá.

PLAYA. La empresa Catiland Panamá ha cercado con alambre de púas tierras que no son de su propiedad, denuncian moradores. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Víctor Eliseo Rodríguez

VÍCTOR ELISEO RODRÍGUEZ
BAHÍA HONDA, VERAGUAS

nacionales@prensa.com

Un grupo de campesinos del corregimiento de Bahía Honda, del distrito de Soná, denunció que la empresa Catiland Panamá cercó más de 15 kilómetros de costa sin respetar la servidumbre pública de mar e impidiendo a los moradores del área el acceso a ocho playas ubicadas en este sector del Pacífico veragüense.

Las más de 20 familias afectadas que forman parte de la Unión de Campesinos de Bahía Honda exigieron la intervención urgente de la dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), sustentando el hecho de que las cercas de púas colocadas en esta zona no cumplen con la distancia de servidumbre costera, que según la ley establece 22 metros contados a partir de la línea de alta marea.

Adrián Montilla Ortega, vocero de los campesinos, dijo que el problema radica en que la empresa Catiland Panamá, dedicada al negocio de bienes raíces y desarrollo turístico en las costas del Pacífico de Veraguas, ha cercado con alambre de púas tierras que no son de su propiedad y que desde hace muchos años son ocupadas por personas naturales del área que tienen derechos posesorios sobre sus terrenos.

Según el dirigente, la citada compañía en principio cercó los terrenos que son de su propiedad, pero adicionalmente también cerró tierras que no le pertenecen, e incluso colocó alambre en puntos en donde no se está respetando la servidumbre pública de mar y se ha prohibido el acceso de los pescadores artesanales a las playas.

Llamado al presidente

Montilla añadió que ellos requieren que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, ordene una investigación sobre la apropiación indebida de tierras que está propiciando esta empresa de capital estadounidense, que no respeta las leyes vigentes en cuanto a uso de riberas, costas y fondo de mar en la zona costera del Pacífico de la provincia de Veraguas.

Leonardo Santos, uno de los afectados, aseguró que él tiene 70 años de ocupar un globo de terreno que le dejaron sus ancestros, del cual tiene derechos posesorios; sin embargo, de la noche a la mañana el personal de la empresa le derribó su vivienda, le destruyó sus cultivos y le cercó el terreno, al igual que han hecho con el resto de las tierras que bordean la costa de Bahía Honda.

Santos también comentó que luego que la empresa procedió a cercar más de 15 kilómetros de costa, ahora se ha impedido el acceso a las playas Blanca, Naranjo, Panamá, Limón, Corrales, La Costa, Quilla y El Yaya, en donde la gente tiene que pescar o sacar sus productos agrícolas. Los moradores, liderados por Adrián Montilla, presentaron ayer la denuncia ante la AMP.

Consultado sobre el tema, Gustavo Rodríguez, administrador regional de la AMP en Veraguas, comentó que tras la queja interpuesta por los campesinos se iniciará una investigación formal para corroborar si en efecto las cercas colocadas no cumplen con las distancias que establecen las leyes panameñas sobre servidumbre de mar.

Por su parte, Humberto Chang, apoderado legal de Catiland Panamá, respondió que aún no tiene autorización de los inversionistas de la empresa para hablar del tema; no obstante, dijo que en su opinión personal, estas denuncias son “una situación orquestada” por algunas personas en contra de esta compañía.

La tierra prometida no se vende

PATRIMONIO NACIONAL

La tierra prometida no se vende

Jorge Gamboa Arosemena
opinion@prensa.com

Moisés llevó a los israelitas a la tierra prometida donde tendrían espacio para habitar libremente, para trabajar, para producir alimentos, bienes de consumo y servicios; y esos espacios ¿qué son? Nada menos que pedazos de patria. Mateo Iturralde decía: “la patria no se vende”.

Detrás del proyecto de ley que promueven sectores políticos, cuyo supuesto objetivo es legalizar la tenencia de la tierra a quienes la han habitado o trabajado durante muchos años, se esconden intereses bastardos. El legalizar la tenencia mediante la titulación es correcto, lo fraudulento está en que se hace en un momento de especulación inmobiliaria, cuando los sectores adinerados pretenden acaparar o hacerse de las tierras, que por su ubicación, entran en una vorágine especulativa.

Se pretende titular 40 mil predios en las áreas costeras e insulares. Se habla de entre un 80% y 90% de ciudadanos pobres que se harían acreedores a la titulación. Una vez tituladas las tierras, estas personas tendrían la potestad de “vender su tierra”. Para que la tierra, “pedazos de la patria”, cumpla su función social y no afecte la integridad y la seguridad nacional, la titulación no puede ser aplicada ingenuamente, porque estaríamos entregando ese patrimonio a ciudadanos que, si fueran ciudadanos no pobres, hoy con derechos posesorios, ellos generarían una vorágine especulativa o si fueran los ciudadanos pobres, serían pasto fácil de esta vorágine.

Pensemos: si a 20 jefes de familias pobres, en un área de potencial turístico, se les titula 50 hectáreas de tierras, no pasaría mucho tiempo antes de que sean tentados a “vender” esas tierras por, digamos 20 mil dólares cada uno. Esto sumaría 400 mil dólares. Los inversionistas, vendiendo a 10 dólares el metro cuadrado, recogerían 5 millones de dólares. Y quien las desarrolle, por lo bajo según la ubicación, recogería 20 millones de dólares, si las vendiera a 40 dólares, más la ganancia de la venta por mejoras. Uno se ganaría más de 4 millones, luego de costos, y el otro más de 10 millones luego de costos, solo en vender parcelas de patria.

Para evitar esta especulación, si los proponentes de la ley fueran gente bien intencionada propondrían una norma que frenara la especulación. En caso de que ocurra tal especulación, el Estado debería garantizar que quienes tengan tierras tituladas en áreas donde no se dé esa especulación, tengan como resarcimiento la diferencia entre el valor real dado por Catastro, bajo móviles sociales de equidad, y el valor de la transacción especulativa.

Por una mentalidad de capitalismo salvaje, como decía Juan Pablo II, se ha distorsionado el supuesto valor de la tierra, es decir, de las parcelas de patria. La tierra no puede tener un valor comercial, como un bien manufacturado por una industria o artesano, porque la manufactura tiene una plusvalía y la tierra estaba ahí antes de que llegáramos a esta vida y estará ahí una vez abandonemos este mundo.

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La Constitución Nacional establece propiedad de dominio público y justo las costas e islas tienen el principio constitucional de dominio público para usufructo generacional.

Burica Press

Martinelli y Balbina también quieren parte del pastel de islas y costas

Nos parece surrealista que el Diputado Pedro Miguel Gonzales a quien algún interesado le compró la Ley 2 -Insular- de 2005, que concesiona y vende nuestras costas e islas a consorcios para la especulación inmobiliaria, nuevamente pero ahora en compañía de candidatos presidenciales como Ricardo Martinelli y Balbina Herrera estén arrebatándonos al mejor estilo de Pedro Navaja, al filo de la navidad y año nuevo de 2008 las costas e islas del dominio público para convertirlo en dominio privado titulado con las consecuencias negativas sociales y ambientales que esta ley provocará.

Intereses creados y unidos por  un fin innoble que le hace daño al pueblo panameño que no tiene propiedades en las costas y islas.

Los políticos yerran cuando unen intereses creados para fines innobles que le hacen daño al pueblo panameño sin lugar a dudas. No respetan ni la Constitución!

¿Qué se espera bajo un régimen privado total en nuestro sistema insular  y  playas del país?  El libre albedrío destruirá poco a poco nuestro entorno costero e insular como cuando células cancerígenas arriban a un órgano sano.  Igualmente bajo el principio de propiedad privada muchas playas serán dominios privados, ya que buscarán la forma de hacerla inaccesible al uso público. En países que aman sus costas se le impide a los nacionales vender sus tierras a extranjeros  y grupos latifundistas como medio de asegurar dominio nacional y público de estos bienes de todos. En Panamá estamos haciendo todo lo contrario y ya podemos augurar quienes serán los dueños finales de nuestras costas.  No hay que irse muy lejos para ver como esto ocurre actualmente en la Isla Flamenco, donde usted no tiene permitido el acceso a playas que ahora son propiedad de facto del Señor Pineiro.

Todos estos sujetos políticos que están proponiendo este robo al país merecen nuestro repudio y rechazo por ser unos vendepatrias de la peor calaña.

La presencia de políticos y empresarios de todas las corrientes o tendencias indica que en asunto de repartición de bienes del país no existe ninguna diferencia. Desde la extrema fascista hasta rateros han aparecido en la Asamblea para apoyar al poco querido Pedro Miguel Gonzales para que concrete la venta del patrimonio inalienable de la nación panameña!

Qué naúseas tenemos de lo que estamos observando con los diputados y  con los candidatos presidenciales que evidentemente su norte lo marcan sus propios intereses con cero compromiso con el país.  Qué país sin gente buena  y virtuosa para gobernar!

Le recordamos a estos políticos el artículo 258 y el primer parágrafo de la Constitución Política de Panamá donde se indica lo siguiente:

Pertenecen al Estado y son de uso público, y por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:

1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y estéreos. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.

Por favor respeten a este mancillado pueblo y su derecho a tener playas con servidumbre. Más del 90 de la población panameña, que NO vive, ni tienes propiedades a orillas del mar o en islas también tiene derecho a usar el dominio público como son sus playas e islas para esparcimiento, relajación y cualquier uso que a bien tenga.

Burica Press

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Ejemplo de abusos sin Ley de Privatización de Islas y Costas

Red Frog Beach privatizó de facto el paso de transeuntes por los caminos reales del Istmo de la Isla Bastimentos

Red Frog Beach privatizó de facto el paso de transeuntes por los caminos reales del Istmo de la Isla Bastimentos

ENCUESTA SOBRE ESTE TEMA

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Avanza venta de islas

PRIMER DEBATE. Balbina Herrera asistió ayer a la Asamblea para respaldar la propuesta de ley. LA PRENSA/Jorge Fernández

leonardo flores
lflores@prensa.com

La propuesta de ley que permite la venta de islas y costas, mediante la titulación a quien tenga derechos posesorios, fue aprobada ayer en primer debate por la Comisión de Hacienda.

El proyecto, que fija en 6 dólares la hectárea, pasó al pleno, que reanuda sesiones el próximo lunes.

Ley de venta de islas entra a segundo debate

Se trata de una iniciativa que da luz verde a los que tienen derechos posesorios para que titulen las tierras en áreas de costas e islas.

leonardo flores
lflores@prensa.com

El polémico proyecto de ley que busca titular las islas y costas del país fue aprobado ayer, de forma unánime, por cinco de los siete miembros de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional presentes en el debate.

Tras la aprobación en segundo debate, los diputados acordaron, igualmente, pedir al pleno legislativo que le dé al proyecto la categoría de “urgencia notoria”, es decir, que la discusión pase a los primeros puntos del orden del día.

El informe de la subcomisión, que fue avalado en su totalidad por la comisión, establece que el precio para la adjudicación de los derechos posesorios que realice cualquier persona natural o jurídica será de seis dólares por cada hectárea. En aquellos lugares en donde no haya derechos posesorios, la adjudicación estará sujeta a los procesos de contrataciones públicas.

Además, determinó que la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario será la institución que se encargue de adjudicar de forma definitiva las tierras costeras. El documento aprobado declara el territorio insular área de desarrollo especial, por lo que se autoriza la titulación de dichas tierras.

Al debate asistió Salo Shamah de la campaña de Ricardo Martinelli, quien considera que la ley va dar seguridad jurídica a aquellas personas que ostentan pacíficamente un derecho posesorio.

Sin embargo, abogó porque la titulación sea totalmente gratis y sin demoras. Otra que se manifestó a favor del proyecto fue la candidata presidencial del oficialismo, Balbina Herrera.

Siguen justificando venta de tierras inalienables de la nación

LENTITUD. En dos años, Catastro sólo ha entregado 12 títulos de propiedad

70% de islas y área costera tienen derecho posesorio

Sus ocupantes temen que de la noche a la mañana aparezcan inversionistas nacionales y extranjeros con mucho dinero y les arrebaten la tierra que han ocupado durante años.

Yaritza Mojica

PA-DIGITAL

Costumbre Por generaciones, los lugares han ocupado la tierra con derechos posesorios.

Más del 70% de las tierras que están en áreas insulares y costeras del país están registradas bajo la figura de derecho posesorio, lo que las mantiene en un limbo jurídico.Actualmente, el temor de los más de mil lugareños e isleños que tienen su propiedad con derecho posesorio, es que sus tierras sean vendidas a grandes inversionistas.Según el director del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), Rolando Armuelles, el 30% de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado.

Armuelles recomienda a los lugareños que tienen terrenos por posesión que no los vendan.

“Existe un sector con mucha influencia que ve peligroso el que exista un mercado de tierras con titulación”, destacó.

El 55% de los terrenos a nivel nacional en áreas urbanas, rurales y playas también presenta el mismo problema; solo tienen sus derechos posesorios.

La mayoría de los dueños de estas islas y costas solo puede luchar por sus tierras amparándose en un derecho posesorio, que actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no reconoce.

La Ley 63 del 31 de julio de 1973 establece que Catastro sólo reconocerá como dueños a aquellas personas que tienen sus terrenos y fincas inscritas en el Registro Público.

Proyecto.

Con el anteproyecto de Ley 459, que modifica el Código Agrario, y que presentó el diputado Freidi Torres, se busca que Catastro pueda reconocer el derecho posesorio.

Esta figura tiene diferentes expresiones y formas de reconocerse si están en manos de los municipios, el Banco Hipotecario, la Reforma Agraria o Catastro.

Una fuente oficial del MEF aseguró que Reforma Agraria otorga los títulos de tierra de manera discrecional, “de allí la agilidad de los trámites”, sostuvo.

Eficiencia.

En los últimos dos años, Catastro sólo ha otorgado 12 títulos de propiedad; 6 en costa arriba de Colón; 2 en Los Santos y 4 en Farallón.

Mientras que PRONAT ha gestionado más de 60 mil títulos de propiedad a nivel nacional, principalmente, en Veraguas, Herrera, Los Santos y el oriente de Chiriquí.

A partir del 13 de noviembre pasado, una modificación al Código Agrario permite que PRONAT a través de Reforma Agraria otorgue títulos en islas y playas.

Antes, esta potestad era solo de Catastro que con la Ley 42 del 2 de mayo de 1974 era el único que concedía títulos para islas y costas.

Las discusiones en la Comisión de Hacienda sobre la Ley 459, el jueves pasado dejó claro que los lugareños e isleños no quieren que Catastro maneje los títulos.

El temor de ellos es que Catastro les venda sus propiedades a otros mejores postores, además aseguran que la demora puede ser de varios años.