Diputados insisten en vender lo que no es suyo

DENUNCIAN QUE HAY INVERSIONISTAS que TRATAN DE SACAR PROVECHO DEL PROYECTO

Proponen vender islas y costas a precios irrisorios

Corredores de bienes raíces calificaron el proyecto de ley como una iniciativa que no beneficia las arcas del Estado.

DIFERENCIAS. Los diputados Freidi Torres y Pedro Miguel González, de la bancada oficialista, presentan las modificaciones enviadas por el Ejecutivo. LA PRENSA/Eric Batista1130959

Rafael E. Berrocal R.
José Quintero De León

panorama@prensa.com

En un intento por enmendar el negocio detrás de la titulación y venta de islas y costas, la Comisión de Hacienda de la Asamblea modificó, luego de presiones del Ejecutivo, el proyecto de ley 459 para establecer precios específicos para los nuevos inversionistas que van entre 50 centésimos y 5 dólares el metro cuadrado.

Para los corredores de bienes raíces se trata de precios “irrisorios” que no guardan realidad con el mercado, y que le causarán una gran pérdida al Estado. La tabla establece 13 regiones con diferentes precios que no superan los 5 dólares, eliminando el mecanismo de avalúo a través de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (ver cuadro). Para hacer más fácil el negocio, el proyecto fija plazos de pago de 10 años.

“Es irresponsable ponerle desde ya un precio a estas propiedades. Es como vender la leche antes de ordeñar la vaca”, dijo Iván Carlucci, directivo de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).

Carlucci indicó que detrás de todo esto debe haber un “gran negociado” de personas que ya tienen toda una “estructura montada” para aprovecharse de estas valiosas tierras.

Mientras tanto, un grupo de lugareños que han ocupado espacios de tierra por más de 10 años ininterrumpidos pidieron ayer la diferenciación de sus casos con la de los inversionistas y especuladores. En la modificación, los lugareños podrán titular sus tierras pagando un precio de 100 dólares la hectárea, también con facilidades de pago de 10 años.

La Constitución, en su artículo 291, solo prevé dos formas para que personas naturales o jurídicas extranjeras puedan comprar área insular. Una de ellas es declarar el lugar como área de desarrollo especial. Precisamente eso fue lo que hizo la Asamblea en 2006 con la Ley 2 de 11 de enero, promovida por el diputado Pedro Miguel González, que permitió vender islas y costas para aprovechamiento turístico.

Mireya Acevedo, presidenta del Comité de Playa Uverito en Los Santos, indicó que el programa de titulación es importante para muchas personas humildes que están amenazadas con ser desplazadas por grandes intereses económicos.

Pero aceptó que el proyecto de titulación debe ser manejado con transparencia para evitar el abuso.

Mariano Quintero, director de Catastro, expresó que su despacho no podía estar de acuerdo con el proyecto original, ya que defenestraba las competencias de esta entidad en favor de Reforma Agraria. Considera, sin embargo, que es de justicia reconocerle al lugareño sus derechos posesorios.

El presidente de la comisión, Pedro Miguel González, bajó la guardia y dijo ayer que el proyecto se va discutir con calma y con participación amplia, incluyendo a la Dirección de Catastro. El debate en la comisión se reanuda el próximo jueves.

Torrijos se beneficiaríade proyecto

El alcalde del distrito de Antón, Roger River, dijo ayer que de aprobarse el proyecto de ley que busca titular y vender las zonas costeras, se beneficiarían todas las concesiones otorgadas en Farallón y Playa Blanca, incluyendo la propiedad donde el presidente, Martín Torrijos, tiene su mansión de playa.

Se trata de la finca Quintas Sol y Mar, donde también han levantado sus casas de playa los amigos íntimos del Presidente: Félix Pille González e Ilianna Krupnik y donde Ubaldino Real tiene un terreno sin construir.

En el área también se está instalando la cadena de hoteles Hard Rock Café, ubicado entre el proyecto Casa de Campo Farallón y la casa de Torrijos. El nuevo hotel 5 estrellas utilizará parte de la concesión que le cedió Farallon Aquaculture, la empresa exportadora de larvas de camarones.

Rapiña con las tierras costeras e insulares inalienables

El diputado Pedro Miguel González hizo a petición de partes interesadas la Ley 2 2007 que vendía nuestras islas y costas. Ahora viene con el borde del mar y las islas. Hizo esa ley invocando urgencia notoria y fue aprobada por la aplanadora de sirios y troyanos. Fue aplastante la posición del PRD y la oposición (si se le puede llamar oposición).

Por el fuero de impunidad de los diputados no se les puede investigar los delitos que existen detrás de la aprobación de leyes a solicitud de partes interesadas. Qué barbaridad! Hasta donde llegará la venta inescrupulosa y corrupción en este país!

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país! Qué avaros e inescrupulosos!

Se pueden ustedes imaginar el impacto ambiental sobre los recursos costeros e insulares como resultado de este mercantilismo salvaje del patrimonio de todos los panameños.

Quien vende a su patria, vende a su madre. Y razón tienen los muchachos universitarios cuando en sus manifestaciones gritan: Aquí están, eso son, los que venden la nación. Más evidente no puede ser.

Ojalá el Presidente Martín Torrijos le quedara un poco de escrúpulos y tachara por vendepatria este nuevo negocio de año nuevo de los diputados de su partido.

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país!

Burica Press

MEF SE OPONE A LA INICIATIVA.

Proponen vender costas e islas

Diputados liderados por Pedro Miguel González y Freidi Torres buscan aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley para vender estas propiedades.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

A pesar de la advertencia hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional pretende aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley que busca poner en venta las costas e islas del país.

El MEF envió una carta a la Comisión de Hacienda, pidiendo la suspensión del proyecto, solicitud que no fue atendida por los diputados. Tampoco se dio la explicación con la que el MEF sustenta la suspensión del proyecto.

Por el contrario, el presidente de la Comisión, Pedro Miguel González, ordenó darle celeridad a la discusión con el objetivo de aprobarlo hoy martes en primer debate, o a más tardar el próximo jueves 11 de diciembre.

La iniciativa pretende titular o vender todas las propiedades que se encuentran dentro de los 200 metros de costa después de la marea alta y las islas del país, poniendo como precio máximo para la venta, seis dólares por metro cuadrado.

Además, el proyecto le quita la potestad a la dirección de Catastro del MEF de administrar estos bienes del Estado, y se lo traspasa a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

El viceministro del Mida, Adonai Ríos, también solicitó a los diputados analizar sin apuros el proyecto de ley, aduciendo que se trata de un tema complicado.

De acuerdo con informes del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat), existen en costas e islas unos 45 mil predios que se manejan actualmente con derechos posesorios.

EN JUEGO ESTÁN LAS TIERRAS MÁS COTIZADAS DEL PAÍS

Pondrán en venta islas y costas panameñas

Detrás de la iniciativa de un grupo de diputados hay fuertes intereses económicos, disputas legales y diferencias entre las propias instituciones del gobierno. Aun así le darán celeridad a su aprobación.

NATURALEZA EN PELIGRO. El proyecto de Ley 459 pondrá en venta las costas e islas panameñas, aunque se han excluido ahora las zonas protegidas y las comarcas. LA PRENSA/Carlos Lemos

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓNrberrocal@prensa.com

Como en todo fin de año, los diputados se preparan para dar otro golpe de gracia, donde al parecer existen grandes intereses económicos y las tierras más cotizadas del país.

La Asamblea Nacional tiene en primer debate un proyecto de ley que permitirá la repartición de todas las islas y costas panameñas a precio de seis dólares el metro cuadrado, un valor irrisorio si se comprara con lo que se cotiza en el mercado.

El programa de titulación y venta ha generado controversia a lo interno del gobierno ya que el Ministerio de Economía y Finanzas perderá la potestad de administrar estas propiedades. Hasta ahora los terrenos dentro de la franja de 200 metros en las costas después de la marea alta y las islas solo podían ser dadas en concesión para el desarrollo de proyectos turísticos.

Ahora estas funciones se pretenden pasar a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que legalice los derechos posesorios que hay asignados en costas e islas, y se proceda a la venta del resto de estas codiciadas tierras.

En total Panamá cuenta con mil 450 kilómetros de costas y el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) sostiene que existen 45 mil predios por asignar en estas zonas.

Pronat ya se ha adelantado a realizar un informe catastral de todas las islas y costas panameñas, empezando por Los Santos, costa arriba de Colón y Punta Burica en Chiriquí.

En la primera reunión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Adonai Ríos, recomendó no acelerar el debate del proyecto de ley ya que acepta que es un tema complicado que debe ser analizado a profundidad.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Pedro Miguel González, ordenó todo lo contrario: darle celeridad a la discusión de la iniciativa con el fin de aprobarla en primer debate hoy, martes, o a más tardar el jueves 11.

Detrás del impulso del proyecto existe un grupo de inversionistas que ha designado a Pedro Vallarino para que trate de impulsar el proyecto dentro de la Asamblea Nacional.

Se trata de representantes de empresas que han adquirido derechos posesorios y que ahora buscan titular a no más de seis dólares el metro cuadrado como establece el proyecto del ley en discusión.

El precio de venta no parece ser prioridad para los diputados que impulsan el proyecto ni para los funcionarios públicos. “Sabemos que en las costas e islas residen tanto campesinos como personas muy pudientes, pero la idea es quitar la subjetividad de los procesos y darle el título de propiedad”, dijo Nadia Moreno, directora de Reforma Agraria.

Rolando Armuelles, director de Pronat, señaló que el precio calculado no puede estar basado en el valor de mercado porque el Estado es solo un administrador de estas tierras. “Es algo diferente a lo que sucedió con las áreas revertidas”, dijo Armuelles.

Tras la ilegalidad

Además del problema de especulación que puede generar el proyecto de ley, también resalta el tema de la legalidad de los derechos posesorios otorgados.

Pronat reconoce que dentro de las costas e islas existen “miles” de conflictos legales por traslape y sobreposesión de propiedades que complican el tema de la titulación y venta.

En medio de la bonanza inmobiliaria que vive el país, las gobernaciones y alcaldías del país también han emitido derechos posesorios sobre propiedades en costas e islas que ya tenían ocupantes, generando cientos de conflictos legales.

Según abogados consultados sobre el tema, estos derechos posesorios deberían ser declarados ilegales porque el único ente autorizado para hacerlo es la dirección de Reforma Agraria, y bajo condiciones que comprometen el uso de las tierras.

La situación ha generado preocupación entre personas que tienen estos problemas, porque quedará en manos de Reforma Agraria definir qué derecho posesorio será el validado.

Este es el caso de la familia Domínguez, que tiene un título de propiedad en la playa Uverito en Las Tablas, el cual data de 1935, antes que se prohibiera la titulación dentro de los 200 metros en costa después de la marea alta. Ahora la propiedad que reclama la familia Domínguez aloja a más de 10 personas que dicen tener un derechos posesorios sobre estas tierras, incluyendo al diputado oficialista Olivares Frías.

“Este tema nos preocupa porque estamos luchando contra invasores que tienen poder político y cualquier cosa puede pasar”, dijo Abel Domínguez.

Pero así como la familia Domínguez, solo en las costas de la provincia de Los Santos se han reportado 42 casos donde existen duplicación de derechos posesorios y acusaciones de invasión de terreno de forma ilegal.

Erick Jiménez, ex director de Reforma Agraria, reconoció que se trata de un tema muy delicado que debe ser manejado con mucho detenimiento.

Indicó que muchos de los problemas han sido ocasionados por las autoridades locales como los gobernadores, que a veces desconociendo la legislación han cometido exabruptos legales. “Han ordenado desalojos de humildes ocupantes para beneficiar intereses privados sin tener la competencia para hacerlo”, dijo Jiménez.

MEF pidió suspender la discusión del proyecto

Freidi Torres, diputado oficialista y proponente del proyecto de ley, sustenta que la modificación es necesaria porque la dirección de Catastro, bajo el paraguas del MEF, no podía atender esta demanda. “Ellos tienen miles y miles de expedientes en trámite y el proceso es más engorroso”, dijo Torres.

En la Comisión de Hacienda se mencionó que Catastro tiene 6 mil expedientes sin procesar, pero el director a cargo de esta institución, Mariano Quintero, no atendió a la invitación del primer debate de este proyecto de ley.

Quintero tampoco participó de la consultas previas.

Oydén Ortega (hijo) representó al MEF en la reunión, pero retiró una carta que había levantado la dirección legal de esta institución en contra del proyecto de Ley que busca aprobarse en primer debate hoy.

La carta sostenía que se debía suspender la discusión del proyecto de ley. Ortega dijo que necesitaba hacer otras consultas.

Aun así grupos organizados de empresarios y residentes de las áreas costeras se han presentado a defender el proyecto que les permitirá concretar sus negocios.

Proteger costas es prioritario para el turismo

desarrollo.hotel, más beneficioso que segunda residencia.

Protección de costas, clave para turismo

Roberto González Jiménez
rgjimenez@prensa.com

El consultor español Miguel Ángel Rodríguez destacó ayer la necesidad de proteger las costas para mantener el atractivo turístico del país.

«Los turistas de elevado poder adquisitivo cada vez tienen una mayor sensibilidad medioambiental y prefieren un hotel un poco más apartado de la costa para no desvirtuar el paisaje», señaló el asesor a La Prensa.

Durante su intervención en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el especialista destacó las diferencias entre el turismo de hotel y el residencial. «El hotelero genera más empleo, fiscalidad y es más sostenible que el residencial».

Según el abogado, el turismo residencial solamente genera empleos durante la construcción de los complejos. En cambio, un hotel genera empleos tanto en la construcción como durante la posterior administración.

Además, acotó, el turismo residencial es una opción que podría funcionar en la ciudad de Panamá «por el clima, las compras, el dólar y las posibilidades de inversión», pero no en una zona costera con turismo de sol y playa.

Privatizan islas y playas en Bocas del Toro

Privatizan islas y playas en Bocas


Carmen Boyd Marciacq
cboyd@elsiglo.com

Las playas y la Isla de Bocas del Toro están siendo privatizadas con anuencia del Gobierno y su oficina de Catastro, así lo denunció el representante del grupo en defensa del medio ambiente, denominado Alianza 12 de Marzo, Feliciano Santos, quien recalcó que de ser necesario, permanecerán en las inmediaciones de la Presidencia de la República, hasta tanto reciban una respuesta de las autoridades.

“El turismo residencial en el archipiélago en Bocas del Toro no respeta el ambiente y el derecho de los pobladores, toda vez que la creación de la Ley 2 en el 2006, pone prácticamente en libre albedrío la venta de las tierras, las costas y las playas, lo que ha provocado la llegada de norteamericanos y europeos a comprar las porciones de tierras ocupadas por comunidades enteras, que sin ser consultadas y muchas sin haber vendido sus propiedades, reciben documentos catastrales, registros locales y de otras instituciones, en las que se señala que tienen que ser desalojados de sus áreas”, dijo Santos.

Agregó que la única respuesta por parte de las autoridades es cuando se les informa que las áreas donde viven están clasificadas como áreas de desarrollo turístico para inversionistas. “Tenemos el caso de Nicasio Jiménez, quien tiene más de 20 años de vivir allá y ahora un norteamericano de nombre James Stephen ex militar, se ha presentado con documentos donde supuestamente compró la propiedad del afectado”, alegó el representante de Alianza 12 de Marzo.

Destacó que aunque se ha hecho la denuncia en los departamentos catastrales, en la Alcaldía y en otras instituciones, Jiménez no ha recibido respuesta. “Este gringo se pasea con una escopeta, ha amenazado al señor, enviado a otros mensajeros quienes lo amenazan con quemarle la casa si no abandona el terreno”.

Feliciano Santos, también denunció proyectos, como Sunset Points, que han deforestado gran cantidad del manglar y Red Frog Beach en el área de Bastimentos, están acabando con el ecosistema sin que la ANAM haya dado los permisos para ello.

Empresarios siguen burlando leyes ambientales

Algunos pseudos inversionistas inescrupulosos parecen haber descubierto una fórmula mágica cuando quieren emprender sus proyectos millonarios en detrimento de un importante recurso que pertenece a todos los panameños: el medio ambiente. Resulta que para ellos sale más rentable pagar la multa por destruir un manglar o una zona boscosa, que levantar un estudio de impacto ambiental y cumplir con las medidas de mitigación.

En otras palabras, sale más costoso acatar la ley que pagar la ridícula sanción pecuniaria por violarla. Así, el empresario puede echar abajo un bosque de inmensa riqueza, y luego simplemente pagar el monto de la multa que más que una sanción se convierte en una válvula de escape. Isla Viveros era una isla verde, con una vida silvestre de la que quizá ya nunca sabremos porque ahora ha desaparecido.

Por ello, es necesario acabar con esta «fórmula mágica» y legislar para crear sanciones ejemplares, para que la burla de hoy se convierta en un verdadero escarmiento que erradique definitivamente esta práctica nefasta.

La Prensa, 21 de enero de 2008.