La UNESCO solicita plan urgente de gestión del Parque Nacional Coiba

UNESCO: Urge plan de gestión del Parque Nacional Coiba

Burica Press – 16 de julio de 2011. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través de su Comité de Patrimonio Mundial en su Decisión No. 35 COM 7B.33 de junio de 2011 ha lamentado que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina del Parque Nacional de Coiba y sus zona de amortiguamiento, aún no se ha finalizado ni se ha aprobado, como ya lo había solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo del área protegida, si no se toman medidas adecuadas, podría representar una amenaza potencial al valor universal excepcional que posee dicho parque.

La isla de Coiba, localizada al sur-oeste del Istmo de Panamá en el Golfo de Chiriquí, juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador. Imagen: Google Earth

La UNESCO está solicitando a Panamá que desarrolle con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial.

Igualmente le está reiterando a Panamá a que desarrolle e implemente un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia. Ellos han solicitado que dicha política de conservación se haga basada en una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera.

Igualmente la UNESCO urge al Estado panameño a desarrollar el programa de erradicación del ganado salvaje de la isla de Coiba e insta a acatar las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación del programa de erradicación de dichos animales ferales.

Para febrero de 2012, durante la 36ª reunión del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Panamá debe someter una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN y un informe sobre el estado de conservación de todo el Parque Nacional Coiba, donde muestre los avances que se han solicitado en las dos últimas reuniones de la UNESCO (2010 y 2011), incluyendo un informe sobre el manejo de las presiones para el aumento de la pesca.

Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina fue incluida por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial el 14 de julio de 2005, debido a las características únicas que presenta, como consecuencia de tantos años de aislamiento y por su importancia biológica. Coiba juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador.

El Parque Nacional Coiba, en la costa sudoeste de Panamá, protege a la isla de Coiba y a otras 38 islas más pequeñas y las zonas marinas circundantes dentro del Golfo de Chiriquí. Biogeográficamente hablando el área esta protegida de los vientos fríos y los efectos de El Niño, tiene una excelente cobertura de bosque húmedo tropical y mantiene buenos niveles de endemismo de mamíferos, aves y plantas. También es el último refugio de un número de animales amenazados como el águila crestada. El parque es un majestuoso laboratorio natural para la investigación científica y proporciona un vínculo ecológico clave para el Pacífico Oriental Tropical para el paso y supervivencia de peces pelágicos y mamíferos marinos.
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VEA ADEMÁS

DECISIÓN 35 COM 7B.33 en su texto oficial (traducido)

32. Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina (Panamá)
N 1138 rev)
Decisión: 35 COM 7B.33 (junio de 2011)

El Comité del Patrimonio Mundial

1. Habiendo examinado el documento WHC-11/35.COM/7B,

2. Recordando la Decisión 33 COM 7B.38, aprobada en su 33ª reunión (Sevilla, 2009),

3. Lamenta que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina aún no se ha finalizado ni aprobado, como ya lo ha solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo o gestión, si no se toman medidas, podría representar una amenaza potencial a su valor universal excepcional;

4. Solicita al Estado Parte a finalizar con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, y para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, en línea con las herramientas de Mejoramiento de Nuestro Patrimonio, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial;

5. Reitera su petición al Estado Parte que desarrollar e implementar un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia, y alienta al Estado Parte para desarrollar esta política sobre la base de una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera;

6. Toma nota de que el Estado Parte presentó una solicitud de asistencia internacional para la eliminación de ganado salvaje de la isla de Coiba en marzo de 2010 e insta encarecidamente a los Estados Partes en volver a presentar una solicitud revisada de acuerdo con las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación;

7. También pide al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN;

8. Pide además al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, un informe sobre el estado de conservación de la propiedad y sobre los progresos realizados en las cuestiones antes mencionadas, incluyendo las presiones aumento de la pesca, para su examen por parte del Comité de Patrimonio Mundial en su 36ª reunión en 2012.

Traducción: Burica Press

La tierra prometida no se vende

PATRIMONIO NACIONAL

Jorge Gamboa Arosemena
opinion@prensa.com

Moisés llevó a los israelitas a la tierra prometida donde tendrían espacio para habitar libremente, para trabajar, para producir alimentos, bienes de consumo y servicios; y esos espacios ¿qué son? Nada menos que pedazos de patria. Mateo Iturralde decía: “la patria no se vende”.

Detrás del proyecto de ley que promueven sectores políticos, cuyo supuesto objetivo es legalizar la tenencia de la tierra a quienes la han habitado o trabajado durante muchos años, se esconden intereses bastardos. El legalizar la tenencia mediante la titulación es correcto, lo fraudulento está en que se hace en un momento de especulación inmobiliaria, cuando los sectores adinerados pretenden acaparar o hacerse de las tierras, que por su ubicación, entran en una vorágine especulativa.

Se pretende titular 40 mil predios en las áreas costeras e insulares. Se habla de entre un 80% y 90% de ciudadanos pobres que se harían acreedores a la titulación. Una vez tituladas las tierras, estas personas tendrían la potestad de “vender su tierra”. Para que la tierra, “pedazos de la patria”, cumpla su función social y no afecte la integridad y la seguridad nacional, la titulación no puede ser aplicada ingenuamente, porque estaríamos entregando ese patrimonio a ciudadanos que, si fueran ciudadanos no pobres, hoy con derechos posesorios, ellos generarían una vorágine especulativa o si fueran los ciudadanos pobres, serían pasto fácil de esta vorágine.

Pensemos: si a 20 jefes de familias pobres, en un área de potencial turístico, se les titula 50 hectáreas de tierras, no pasaría mucho tiempo antes de que sean tentados a “vender” esas tierras por, digamos 20 mil dólares cada uno. Esto sumaría 400 mil dólares. Los inversionistas, vendiendo a 10 dólares el metro cuadrado, recogerían 5 millones de dólares. Y quien las desarrolle, por lo bajo según la ubicación, recogería 20 millones de dólares, si las vendiera a 40 dólares, más la ganancia de la venta por mejoras. Uno se ganaría más de 4 millones, luego de costos, y el otro más de 10 millones luego de costos, solo en vender parcelas de patria.

Para evitar esta especulación, si los proponentes de la ley fueran gente bien intencionada propondrían una norma que frenara la especulación. En caso de que ocurra tal especulación, el Estado debería garantizar que quienes tengan tierras tituladas en áreas donde no se dé esa especulación, tengan como resarcimiento la diferencia entre el valor real dado por Catastro, bajo móviles sociales de equidad, y el valor de la transacción especulativa.

Por una mentalidad de capitalismo salvaje, como decía Juan Pablo II, se ha distorsionado el supuesto valor de la tierra, es decir, de las parcelas de patria. La tierra no puede tener un valor comercial, como un bien manufacturado por una industria o artesano, porque la manufactura tiene una plusvalía y la tierra estaba ahí antes de que llegáramos a esta vida y estará ahí una vez abandonemos este mundo.

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La Constitución Nacional establece propiedad de dominio público y justo las costas e islas tienen el principio constitucional de dominio público para usufructo generacional.

Burica Press

Siguen justificando venta de tierras inalienables de la nación

LENTITUD. En dos años, Catastro sólo ha entregado 12 títulos de propiedad

70% de islas y área costera tienen derecho posesorio

Sus ocupantes temen que de la noche a la mañana aparezcan inversionistas nacionales y extranjeros con mucho dinero y les arrebaten la tierra que han ocupado durante años.

Yaritza Mojica

PA-DIGITAL

Costumbre Por generaciones, los lugares han ocupado la tierra con derechos posesorios.

Más del 70% de las tierras que están en áreas insulares y costeras del país están registradas bajo la figura de derecho posesorio, lo que las mantiene en un limbo jurídico.Actualmente, el temor de los más de mil lugareños e isleños que tienen su propiedad con derecho posesorio, es que sus tierras sean vendidas a grandes inversionistas.Según el director del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), Rolando Armuelles, el 30% de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado.

Armuelles recomienda a los lugareños que tienen terrenos por posesión que no los vendan.

«Existe un sector con mucha influencia que ve peligroso el que exista un mercado de tierras con titulación», destacó.

El 55% de los terrenos a nivel nacional en áreas urbanas, rurales y playas también presenta el mismo problema; solo tienen sus derechos posesorios.

La mayoría de los dueños de estas islas y costas solo puede luchar por sus tierras amparándose en un derecho posesorio, que actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no reconoce.

La Ley 63 del 31 de julio de 1973 establece que Catastro sólo reconocerá como dueños a aquellas personas que tienen sus terrenos y fincas inscritas en el Registro Público.

Proyecto.

Con el anteproyecto de Ley 459, que modifica el Código Agrario, y que presentó el diputado Freidi Torres, se busca que Catastro pueda reconocer el derecho posesorio.

Esta figura tiene diferentes expresiones y formas de reconocerse si están en manos de los municipios, el Banco Hipotecario, la Reforma Agraria o Catastro.

Una fuente oficial del MEF aseguró que Reforma Agraria otorga los títulos de tierra de manera discrecional, «de allí la agilidad de los trámites», sostuvo.

Eficiencia.

En los últimos dos años, Catastro sólo ha otorgado 12 títulos de propiedad; 6 en costa arriba de Colón; 2 en Los Santos y 4 en Farallón.

Mientras que PRONAT ha gestionado más de 60 mil títulos de propiedad a nivel nacional, principalmente, en Veraguas, Herrera, Los Santos y el oriente de Chiriquí.

A partir del 13 de noviembre pasado, una modificación al Código Agrario permite que PRONAT a través de Reforma Agraria otorgue títulos en islas y playas.

Antes, esta potestad era solo de Catastro que con la Ley 42 del 2 de mayo de 1974 era el único que concedía títulos para islas y costas.

Las discusiones en la Comisión de Hacienda sobre la Ley 459, el jueves pasado dejó claro que los lugareños e isleños no quieren que Catastro maneje los títulos.

El temor de ellos es que Catastro les venda sus propiedades a otros mejores postores, además aseguran que la demora puede ser de varios años.

Diputados insisten en vender lo que no es suyo

DENUNCIAN QUE HAY INVERSIONISTAS que TRATAN DE SACAR PROVECHO DEL PROYECTO

Proponen vender islas y costas a precios irrisorios

Corredores de bienes raíces calificaron el proyecto de ley como una iniciativa que no beneficia las arcas del Estado.

DIFERENCIAS. Los diputados Freidi Torres y Pedro Miguel González, de la bancada oficialista, presentan las modificaciones enviadas por el Ejecutivo. LA PRENSA/Eric Batista1130959

Rafael E. Berrocal R.
José Quintero De León
panorama@prensa.com

En un intento por enmendar el negocio detrás de la titulación y venta de islas y costas, la Comisión de Hacienda de la Asamblea modificó, luego de presiones del Ejecutivo, el proyecto de ley 459 para establecer precios específicos para los nuevos inversionistas que van entre 50 centésimos y 5 dólares el metro cuadrado.

Para los corredores de bienes raíces se trata de precios “irrisorios” que no guardan realidad con el mercado, y que le causarán una gran pérdida al Estado. La tabla establece 13 regiones con diferentes precios que no superan los 5 dólares, eliminando el mecanismo de avalúo a través de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (ver cuadro). Para hacer más fácil el negocio, el proyecto fija plazos de pago de 10 años.

“Es irresponsable ponerle desde ya un precio a estas propiedades. Es como vender la leche antes de ordeñar la vaca”, dijo Iván Carlucci, directivo de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).

Carlucci indicó que detrás de todo esto debe haber un “gran negociado” de personas que ya tienen toda una “estructura montada” para aprovecharse de estas valiosas tierras.

Mientras tanto, un grupo de lugareños que han ocupado espacios de tierra por más de 10 años ininterrumpidos pidieron ayer la diferenciación de sus casos con la de los inversionistas y especuladores. En la modificación, los lugareños podrán titular sus tierras pagando un precio de 100 dólares la hectárea, también con facilidades de pago de 10 años.

La Constitución, en su artículo 291, solo prevé dos formas para que personas naturales o jurídicas extranjeras puedan comprar área insular. Una de ellas es declarar el lugar como área de desarrollo especial. Precisamente eso fue lo que hizo la Asamblea en 2006 con la Ley 2 de 11 de enero, promovida por el diputado Pedro Miguel González, que permitió vender islas y costas para aprovechamiento turístico.

Mireya Acevedo, presidenta del Comité de Playa Uverito en Los Santos, indicó que el programa de titulación es importante para muchas personas humildes que están amenazadas con ser desplazadas por grandes intereses económicos.

Pero aceptó que el proyecto de titulación debe ser manejado con transparencia para evitar el abuso.

Mariano Quintero, director de Catastro, expresó que su despacho no podía estar de acuerdo con el proyecto original, ya que defenestraba las competencias de esta entidad en favor de Reforma Agraria. Considera, sin embargo, que es de justicia reconocerle al lugareño sus derechos posesorios.

El presidente de la comisión, Pedro Miguel González, bajó la guardia y dijo ayer que el proyecto se va discutir con calma y con participación amplia, incluyendo a la Dirección de Catastro. El debate en la comisión se reanuda el próximo jueves.

Torrijos se beneficiaríade proyecto

El alcalde del distrito de Antón, Roger River, dijo ayer que de aprobarse el proyecto de ley que busca titular y vender las zonas costeras, se beneficiarían todas las concesiones otorgadas en Farallón y Playa Blanca, incluyendo la propiedad donde el presidente, Martín Torrijos, tiene su mansión de playa.

Se trata de la finca Quintas Sol y Mar, donde también han levantado sus casas de playa los amigos íntimos del Presidente: Félix Pille González e Ilianna Krupnik y donde Ubaldino Real tiene un terreno sin construir.

En el área también se está instalando la cadena de hoteles Hard Rock Café, ubicado entre el proyecto Casa de Campo Farallón y la casa de Torrijos. El nuevo hotel 5 estrellas utilizará parte de la concesión que le cedió Farallon Aquaculture, la empresa exportadora de larvas de camarones.

Destrucción de Isla Viveros se agudiza

De nada ha valido que los ecologistas de Panamá hayan objetado desde hace varios años, la destrucción de los archipiélagos y costas de Panamá por efecto de la Ley 2 de 2006 que permite la especulación inmobiliaria en sus prístinos paraísos insulares y costeros.

Es lamentable que organizaciones como ANCON en vez de objetar este dañino modelo de desarrollo pretenden hacer ver solamente que el relleno, gota que derrama el vaso de desastre ambiental, sea lo que les preocupe. Lo que en refleja un discurso equivocado, oportunista y acomodaticio. Es hora que ANCON, así como los demás grupos ecologistas y ambientalistas de Panamá sean más directos y menos hipócritas de cara a la defensa de los caros intereses nacionales, hoy depredados rampantemente por especuladores que se dizfrazan de saco y corbata y se camuflan en los corrillos gubernamentales para lograr «aprobaciones legales» de tales crímenes ambientales en nombre del desarrollo, que evidentemente no es de desarrollo. Es realmente un vulgar mercado especulativo que destruye nuestros recursos y los enajena.

La destrucción en el Archipiélago de Las Perlas continúa a grandes pasos y Ligia Castro, Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente sigue permitiendo este nefasto concepto de desarrollo en nuestro país. La corrupción y la ineptitud nuevamente hacen festín por doquier y es lo que lamentablemente uno puede esperar en un país parasitado con tráfico de influencia y corrupción en el funcionarato de la cosa pública, que cual adláteres de este sistema mercantilista se presten para permitir que este tipo de proyectos de sus jefes inversionistas y los capos superiores del gobierno sean desarrollados con éxito arrogante y estrépito de ignorancia.

Es evidente que ANAM al mando de Ligia Castro y/o Eduardo Reyes, quien es la mano que mece la cuna en esa institución, están dejando un pérfido legado de venta de nuestro país a cambio quien sabe de qué. Será corrupción, ignorancia, estupidez? Qué será?

Amerita que todo este proyecto sea detenido y punto.

Burica Press.
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NUEVA POLÉMICA EN ISLA VIVEROS

Pista de aterrizaje en el mar

Grupos ambientalistas advierten que la extensión de un aeródromo hacia el pacífico pone en peligro un corredor biológico de ballenas jorobadas.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

La empresa Viveros Development presentó un modificación de su proyecto en isla Viveros, el cual establece la ampliación de un aeródromo de mil metros de longitud hacia el mar a través de un relleno de piedra y arena.

El relleno ha levantado voces de protestas entre los biólogos y grupos ambientalistas, como la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), que temen que la estructura interrumpa un corredor biológico de ballenas jorobadas en medio del archipiélago de Las Perlas.

Belisario Polo, representante de Viveros Development, aceptó que cerca de la isla hay un corredor ocasional de ballenas, pero asegura que el relleno terminará antes de su interrupción.

La empresa sostiene que la ampliación del aeródromo que construye es necesaria para poder recibir vuelos internacionales. El aeródromo es el complemento de un proyecto turístico de 100 millones de dólares que incluye la construcción de tres hoteles y la venta de residencias.

Alida Spadafora, presidenta de Ancon, calificó de preocupante todas las afectaciones que está teniendo el ecosistema del archipiélago de Las Perlas con los proyectos turísticos que se están construyendo en el área.

“Las autoridades deben evaluar con detenimiento el caso del aeródromo en isla Viveros y, de ratificar la afectación sobre el corredor de ballenas, deben negar su construcción sobre el mar”, concluyó. El Smithsonian confirmó que el sitio es paso de ballenas.

Viveros Development ya ha sido sancionada dos veces por daños ambientales, según confirmó la Autoridad Nacional del Ambiente.

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LA EMPRESA ASEGURA QUE LA ESTRUCTURA NO INTERRUMPIRÁ EL CANAL BIOLÓGICO

Relleno de isla pone en peligro paso de ballenas

Viveros Development ha pedido permiso para rellenar mil metros de longitud en el mar, para concluir la pista aérea del proyecto turístico.

CICATRICES QUE NO SANAN. La empresa que desarrolla el proyecto ha sido sancionada en dos ocasiones por daños al ambiente y tala ilegal en la isla. LA PRENSA/Carlos Lemos

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Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
rberrocal@prensa.com

La problemática por los rellenos en el mar ya no es un tema exclusivo de la Avenida Balboa o la calzada de Amador. La empresa Viveros Development, multada en dos ocasiones por daños ambientales, ha pedido autorización para realizar un relleno de mil metros de longitud en pleno corazón del archipiélago de Las Perlas, poniendo en peligro un área incluida dentro del corredor biológico de las ballenas jorobadas en Panamá.

La empresa ha determinado que las 17 hectáreas de terreno que deforestó en la isla Viveros para construir una pista para aviones no son suficientes.

Viveros Development dice ahora que necesita más espacio del que le brinda el ancho de la isla, y que su única salida es rellenar mil metros de longitud en el mar.

La solicitud fue presentada a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). Pero el estudio de impacto ambiental del relleno presenta unas dimensiones distintas a las señaladas a un grupo de funcionarios que realizó una gira al proyecto.

El pasado 27 de octubre, Viveros Development llevó a los inspectores y técnicos de la AMP, Anam y ARAP al sitio de la obra, donde les notificó que el relleno es de 150 metros de longitud.

Sin embargo, la solicitud que está pendiente de aprobación señala que serán 550 metros de longitud solo para la ampliación de la pista o aeródromo, y que el relleno total será de mil metros de longitud en el mar.

La región metropolitana de la Anam está elaborando un cuestionario sobre las diferencias que encontró en el proyecto; entre ellas, el tema de las dimensiones exactas del relleno y de dónde se sacará el material para realizarlo.

Viveros Development aceptó, dentro del estudio de impacto ambiental, que el área que intervendrá es parte del sistema marino costero de la isla, donde conviven especies pelágicas, demersales, fito y zooplancton, algas marinas y fauna betónica. También reporta que esa zona es área de paso de las ballenas jorobadas.

“Pero no encontramos evidencias que sustenten que dichas ballenas utilizan el canal existente en la isla Viveros para su desplazamiento”, sostiene Viveros Development en la información reportada a la Anam.

Lo que afirma la empresa contrasta con opiniones de biólogos y ambientalistas que confirman que el sector es paso de las ballenas jorobadas y que, además, forma parte de un importante ecosistema marino que ya ha sufrido el impacto del proyecto turístico en la isla Viveros.

Alida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), calificó la situación de preocupante, ya que, dijo, se trata de un ecosistema muy sensible y que el país debe conservar como patrimonio natural.

Indicó que las autoridades deben revisar bien este proyecto, y de confirmar la afectación sobre el área de paso de las ballenas deben negar su aprobación.

“Sí pasan ballenas jorobadas por el lugar”, aseveró Héctor Guzmán, experto del Instituto Smithsonian.

Informes de esa entidad indican que el paso de estos animales tiene sus temporadas y que muchas veces las ballenas no salen a la superficie, sino que pasan cinco metros por debajo del mar.

El propio ambientalista de la compañía, Belisario Polo, reconoció que hay un canal de tránsito de las ballenas que pasa cerca de la isla Viveros. Aunque señaló que el relleno terminará antes de la intercepción con el canal.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le notificó a la compañía que no es la institución responsable de aprobar o negar este proyecto, sino el Ministerio de Economía y Finanzas.

Augusto De León, jefe de concesiones de la AMP, dijo que “el caso de la pista aérea fue enviado por error a nuestro despacho”. “A nosotros solo nos compete el caso de un atracadero que ellos también quieren construir en la isla”, dijo De León.

Aeródromo para ‘jets’ privados

Viveros Development sustenta el relleno para su pista en que necesita tener capacidad para atender a dos jets privados por semana, los cuales podrían traer al país entre 200 y 500 turistas. Se trata de vuelos directos a la isla Viveros, sin tener que llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La inversión total del proyecto, según la empresa, asciende a 100 millones de dólares, incluyendo 5 millones por el relleno. El estudio de impacto ambiental enumera de forma somera los daños que causaría el proyecto: contaminación del agua superficial por derrames de combustible, cambios en los niveles de turbiedad del agua, eliminación de la fauna en el área del relleno y en el sitio de la extracción de la arena submarina, y contaminación del aire. Viveros Development acepta que por cada una de las 17 hectáreas devastadas para la pista de aviones se eliminaron 169 árboles. Unos 2 mil 873 árboles en total, sin incluir la tala por la construcción de las carreteras y los tres hoteles.