Anarquía urbana en islas y costa de Amador

DEUDAS MILLONARIAS. EL CASO DE FIGALI ES SÓLO PARTE DEL PROBLEMA.

Anarquía en Amador

Ocho de los 13 concesionarios del área tienen causales para la suspensión de los contratos.

El Gobierno reconoció unos 7 millones de dólares en créditos en algunas de las inversiones en marinas.

LA PRENSA/Carlos Lemos

SIN LÍMITES. La AMP asegura que nunca llegó a aprobar los rellenos en isla Perico, y tampoco el del Grupo F, a la entrada de Amador.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com

La Calzada de Amador, una de las áreas revertidas de mayor potencial turístico de Panamá, sólo le ha dejado ingresos al Estado por 6.3 millones de dólares durante los últimos 10 años de arrendamientos.

Las causas del problema son: contratos mal estructurados, inquilinos que se resisten a pagar, demandas legales, rellenos fuera de lugar, programa de inversión incumplido, y cánones de arrendamiento muy bajos. Incluso, el Estado ha reconocido créditos de hasta 7 millones de dólares por algunas de estas inversiones.

El caso del Grupo F., del empresario Jean Figali, es sólo una parte del rompecabezas.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos reconoce el problema y trata en estos momentos de negociar con cada concesionario el pago de las cuentas atrasadas (18 millones de dólares). Contratos como el de Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island no están legalizados, pero las obras tienen un 70% de avance.

———————————–

BIENES REVERTIDOS. LA RECAUDACIÓN acumulada en 10 años ES SÓLO DE 6 MILLONES de dólares.

El desmadre de Amador

Casi todas las concesiones, según el Gobierno, han violado los compromisos pactados y mantienen altas morosidades en los alquileres. El MEF acepta que existen causales para la suspensión de varios contratos.

Tres de los grandes proyectos no están legalizados porque se encuentran pendientes de aprobación de adendas. Las empresas están ejecutando obras diferentes a las aprobadas y han construido rellenos no autorizados.

LA PRENSA/Carlos Lemos
DISEÑO. Uno de los problemas es la construcción de edificios por encima de la altura permitida.1006646

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com

La Calzada de Amador es una de las áreas de mayor valor comercial en el país por su potencial turístico. Pero la realidad es otra cuando se miden los ingresos que recibe el Estado por su arrendamiento: es una de las peor pagadas.

Esto se debe a que los concesionarios del área pactaron cánones que suenan ridículos y encima de ello son unos de los clientes con mayor morosidad que tiene el Estado, con cuentas pendientes por 18 millones de dólares.

Por ejemplo, en las marinas construidas o en construcción, el canon fijado es de dos centésimos por metro cuadrado, muy por debajo, por ejemplo, de lo que una persona de clase media alta paga por el alquiler de un apartamento de 250 metros cuadrados.

Durante los últimos 10 años sólo se han recaudado 6 millones de dólares en concepto de arrendamientos de la infraestructura del lugar y derecho a nuevas construcciones.

Lo más irónico de ello es que algunos de los inquilinos del área han logrado que el Gobierno les reconozca en créditos las inversiones que han hecho y que ellos solamente utilizan como negocio.

La Prensa realizó una investigación sobre la condición actual de cada contrato de concesión en la Calzada de Amador encontrando que detrás de todo hay un sin número de violaciones e irregularidades de las que no escapa casi ninguno de los concesionarios, aunque existen excepciones.

Demandas legales, cuentas atrasadas, hoteles y centros comerciales no construidos, rellenos fuera de lugar, edificios por encima de la altura permitida y planos alterados son parte del problema.

El caso del Grupo F, del empresario Jean Figali, ha sido el más sonado por la magnitud y las consecuencias legales que ha levantado.

Este concesionario sólo ha pagado 246 mil 555 dólares (en 2005) por las 19 hectáreas que tiene en la Calzada de Amador.

Todas las demandas del Grupo F fueron a parar al despacho del magistrado Winston Spadafora en la Corte Suprema de Justicia, donde no se han movido en más de cuatro años, lo que le ha permitido completar un relleno de mar e, incluso, mantener sus contratos con el Estado, pese a la suspensión de estos.

Pero los vecinos de Figali en Amador también tienen problemas y diferencias que no han salido a la palestra pública aún, muchas de ellas constituyen causales para la suspensión de las concesiones.

“Si se pudiera, ya le hubiera prendido fósforo a todos los contratos de concesión en la Calzada de Amador”, dijo Julio Ross Anguizola, jefe de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Fuerte Amador Resort y Marina, Las Brisas de Amador, Marina Monte Mar y Naos Harbour Island son los casos donde hay mayor morosidad después del Grupo F.

Ross indicó que la forma y las condiciones en que fueron hechos los contratos hace difícil administrarlos como se debe. También aceptó que en la mayoría de los casos hay causales y pruebas para disolver los contratos.

Pero Ross señaló que prefiere buscar acuerdos amistosos con cada concesionario antes de proceder a acciones más enérgicas. “No nos interesa cerrar negocios, pero los concesionarios deben cumplir con la ley y sus contratos”, dijo el funcionario.

Las negociaciones entre concesionarios y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos ya llevan un año de estar en marcha. Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island se acogieron a arreglos de pago, mientras que en otros casos no se pudo llegar a un acuerdo.

Esto ha llevado a la suspensión de los dos primeros contratos que datan de 2003: Tulsin Investment e Inmobiliaria Amador S.A. El primero debía construir un hotel y el segundo un centro comercial, ambos en la entrada de la Calzada de Amador.

Pero a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos se le ha hecho más difícil actuar contra los clientes que ya tienen construcciones realizadas, como es el caso de Fuerte Amador Resort y Marina que en sus 10 años de contrato sólo ha pagado 407 mil 759 dólares.

Son dos las instituciones que se encargan de manejar las concesiones en la Calzada de Amador, el MEF y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en el caso de las marinas y el derecho a mar.

“Las irregularidades que se han cometido son debido a que las empresas están ejecutando proyectos totalmente diferentes a los aprobados inicialmente y contemplando áreas para relleno que no son de competencia de la AMP”, sostiene el texto de un documento de la institución al cual pudo tener acceso La Prensa.

Cada concesión tiene su particularidad y complejidad que le hace perder millones de dólares al Estado.

Naos Harbour Island (isla Naos):

La empresa deberá demostrar la diferencia entre un embarcadero y una marina.

LA PRENSA /Carlos Lemos
Naos Harbour Island Hotel and Marina

El MEF dice no tener conflictos con este concesionario que es el cuarto mayor moroso en Amador, con un saldo de 832 mil 573 dólares. El proyecto, que cuenta con hotel, edificio de apartamentos, centro comercial y embarcadero, está ubicado en la isla Naos, de cara a la entrada del Canal de Panamá.

Al igual que Las Brisas de Amador, el contrato de concesión no ha sido legalizado pero la construcción de la primera fase de la obra se encuentra 70% adelantada y se espera inaugurar en diciembre.

Otra de las diferencias es que uno de los edificios del complejo turístico alcanza los nueve pisos, tres por encima del nivel permitido.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos le ha aceptado contarle los tres primeros pisos como sótano, contrario a Las Brisas de Amador.

La empresa sostiene que los tres primeros pisos están dentro de un área que dinamitó y los mismos serán utilizados para estacionamientos.

Pero la información es un poco confusa ante el otro regulador de las concesiones en Amador. La AMP advirtió que el permiso de derecho a mar dado a Naos Harbour Island, por una hectárea más 9 mil 741 metros cuadrados, es para la construcción de un rompeolas y no para relleno o marina.

El concesionario alega que lo que construye es un “pequeño embarcadero” que llevará como complemento un área comercial instalada sobre un relleno en el mar.

Para ello la empresa dice tener todos los permisos. Marco Shrem Gateño, presidente del Grupo MSG, dueño de Naos Harbour Island, indicó que los trámites con el Gobierno le han atrasado el desarrollo del proyecto, “pero somos de la política que antes de poner una piedra mejor demorar y tener nuestros permisos en regla”.

“Hay otra gente que primero hace y después pide perdón, nosotros no vamos a hacer eso”, recalcó Shrem, quien señaló que llevan tres años esperando una adenda a su contrato y aún no sale.

También afirmó que su morosidad con el Gobierno es de 248 mil 748 dólares y no de 832 mil 573 dólares. Shrem sostiene que a la cifra que maneja el MEF se le debe descontar un crédito que tiene de 600 mil dólares por los 15 meses de atraso que tuvo para entrar al área de su concesión.

Panama vende sus islas al mejor postor (inglés)

Islands of the Month: Panama

The market in Panama is hot, hot, hot… Panama has quite a few archipelagos for island lovers and investors to choose from. Isla Quiros sits in the famed Perlas Archipelago on the Pacific side of Panama. This little pearl offers the perfect opportunity for a private retreat. If you like your islands already developed, Cabra Island on the Caribbean Sea could function as a large personal estate or a modest turnkey resort. This month we’re also offering the chance to buy your own archipelago of three islands; Mamay, Sordo and Paulina Island are offered as a package deal for the island lover who likes to buy in bulk.

> view our islands for sale in Panama

Dear Island Enthusiasts,

Investing in Panamanian real estate offers advantages for expats, retirees and developers alike. Panama provides an amazing lifestyle for half the cost of living in the United States. The infrastructure, amenities and remarkable beauty of Panama are the reasons why Panama is the new ‘it’ country. Whether you’re considering full or part time private island living, Panama’s islands still represent great investment potential and a unique lifestyle all year round. Visit our Panama section to see what’s on offer. Until next time, Happy Island Hunting.
Best Regards,
—————————-

All is possible in a Banana Republic with people hungry of easy money and libertarian government!

Pedro Miguel Gonzales is a nationalist deputy, the current president of the Assembly. He claims to be nationalist, but he was the person who negotiated an act of islands for sale to the highest bidder. Which man more patriotic not!

Civilized nations never sell its islands. At most of the lease, since the sale is lost once the collective use and ancestral many islands had in the history homeland.

Buy an island for private use, in the full sense of the word, denied the right to the rest of Panamanians access to them, unless they pay a lot of money for their use.

Burica Press

Servidumbre de 22 metros a orillas del mar es del Estado

Gobernación trata de evitar estafas.

Alertan a inversionistas sobre compra de tierras

ESPECIAL PARA LA PRENSA/Alcibiades Cortés.
AVISO. La Gobernación hizo la advertencia

Alcibiades Cortés
PEDASÍ, Los Santos

El gobernador de la provincia de Los Santos, Héctor Cárdenas, alertó ayer a los inversionistas que tengan interés de ubicarse en el área costera de la provincia, que antes de comprar deben averiguar primero el estatus de los predios que van a adquirir para evitarse problemas legales después.

Cárdenas indicó que los interesados en comprar en esta área deben cerciorarse en la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, las alcaldías y el Registro Público antes de adquirir estos lotes que están ubicados en la zona de 22 metros (servidumbre), porque esta área es propiedad del Estado que ningún particular puede vender, como ha ocurrido en otros casos.

El gobernador afirmó que también se ha dado la devastación de mangles y de dunas en el litoral por partes de personas que se ubican en esta zona, que luego de prepararla se la venden de forma ilegal a inversionistas extranjeros.

Desde el año 1999, cuando la zona toma interés, también han aparecido cercas de 22 metros levantadas ilegalmente en la zona costera por parte de aparente estafadores que preparan el terreno para luego venderlo de forma fraudulenta a los inversionistas extranjeros.

Las playas que en la actualidad están siendo más codiciadas por inversionistas extranjeros son: Oria, Venado, Lachón, Lagarto, Punta el Tigre, Destiladeros, Mariabé, El Rincón, El Toro, Las Comadres y La Garita, entre otras, que se caracterizan por contar con hermosos escenarios naturales.

Por otro lado, el pasado 11 de diciembre los magistrados del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Las Tablas, declararon no viable la acción de amparo de garantías constitucionales en contra de la resolución No. 15-07 de la Gobernación de Los Santos que ordena el desalojo de 17 personas en la playa de Oria, distrito de Pedasí.

La resolución lleva las firmas de los magistrados Ismael González, Manuel Batista y Roberto González y del secretario Luis Castillero, que declara no viable el amparo impuesto por Augusto López contra la mencionada resolución expedida por la Gobernación de la provincia de Los Santos.

Las personas que fueron objeto del desalojo ordenado por las autoridades tienen mucho tiempo de habitar estas tierras y en su mayoría se dedicaba a la agricultura.

Derechos posesorios sobre islas y costas

INSEGURIDAD.

Y dale con el derecho posesorio

Pedro M. Vallarino Cox

De lo único que podemos estar seguros con el derecho posesorio (DP) es de su gran inseguridad jurídica. Si el 70% del territorio nacional tiene esta forma de tenencia, ya nos podemos imaginar la desazón y el temor de una inmensa cantidad de ciudadanos, máxime en estos momentos cuando el desarrollo turístico y el boom inmobiliario han disparado los precios (y los apetitos) especialmente en todas las zonas costeras del país.

El DP era algo con lo que tradicionalmente nos habíamos acostumbrado a convivir debido a la incapacidad crónica del Estado para titular a todo el mundo, careciendo entonces de un sistema catastro-registro actualizado y funcional. Para compensar esa debilidad, diversas administraciones trataron de darle algún reconocimiento legal al DP: a través del Código Civil; luego lo insertaron en el Código Agrario; y posteriormente mediante la Ley 63 de 1973 se crea la oficina de Catastro y se le asigna la función de dar títulos “en terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación”. En el año 2003 cuando comenzaron a soplar vientos del boom turístico y se despertaron apetitos incontrolados por poseer tierras con potencial, apareció la Resolución No. 062 del MEF que trató de normar, mediante un largo y engorroso proceso, la transformación de DP en títulos de propiedad. Era un reconocimiento tácito del DP por parte del Estado. En el 2005, y tras una ejemplar lucha ciudadana en contra de un anteproyecto de ley que pretendía regular la concesión y venta de islas, y la concesión de costas, al menos se logró que se incluyera un parágrafo donde se obligaba al Estado a respetar los DP existentes en las islas y costas panameñas. Nació entonces la controvertida Ley 2 del 2006, único instrumento legal que aparentemente protege cualquier tipo de derecho posesorio, a pesar de que reconocidos constitucionalistas han insistido que a través de varios artículos de nuestra Carta Magna se insinúa la existencia

plena de esa figura aunque no con ese mismo nombre.

Cuando parecía que las aguas estaban retornando a su nivel y que a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) se estaban adelantando exitosamente las transformaciones de DP en títulos de propiedad, apareció la Resolución MEF-090 de julio 20/2007 mediante la cual se elimina de un solo tajo la Resolución 062 mencionada arriba. ¿Con qué fin? El MEF aduce lanecesidad de acabar con tanta tramitología que imponía la Resolución 062, pero al mismo tiempo nos advierte de que el Estado necesita recuperar su derecho a disponer de los bienes de la nación como lo estime conveniente. Pero, ¿qué se entiende por “bienes de la nación”? ¿Entre tales bienes estarán incluidos solamente los “terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación” o también se incluirán todos los terrenos que no están titulados actualmente, es decir, el 70% del país que esta bajo la figura del DP? ¿O será que el MEF califica como “terrenos baldíos” dicho 70% del territorio nacional? Si la respuesta es afirmativa, entonces podemos decir como nuestros abuelos: ¡se sienten pasos de animal grande!

Muchos se preguntan qué es lo que tiene tan incómodo al ejecutivo con este tema del DP, especialmente al MEF y al IPAT. Algunos dicen que es la proliferación de especuladores, otros dicen que es el hecho de las enormes ganancias que están obteniendo los particulares y que al Estado solo le toca el 10%. Y los demás opinan que lo que el gobierno desea es aplastar el DP y tener un poder decisorio total sobre cómo y quiénes desarrollarán las islas y costas del país. Lo cierto del caso es que existe una creciente incertidumbre y malestar entre todos los que ostentan DP, quienes vienen articulando interesantes cuestionamientos: ¿Qué es un “especulador con tierras” y qué dice la ley al respecto? Si el derecho posesorio es realmente un derecho, ¿puede el Estado desconocerlo o ponerle limitaciones? ¿Cuál es la verdadera fuerza jurídica del parágrafo del artículo 1 de la ley 2 del 2006? ¿Cuál es la razón para no haber reemplazado de inmediato la normativa consignada en la Resolución 062? ¿Cómo afecta la Resolución 090 a los programas de regularización que adelanta Pronat en estos momentos? El debate queda abierto y pienso que el país (abogados, constitucionalistas, funcionarios, etc.) está en mora para definir de una vez por todas todo lo concerniente a los derechos posesorios.

El autor es presidente de la Fundación para el Desarrollo Turístico del Caribe

—————–

El derecho posesorio nació como una figura social y no como una figura especulativa.  Los especuladores se han valido de esta figura para tomarse el país y a la vez vendérselo a los extranjeros y en este gran negociado no queda dinero, ni en los lugareños que deben buscar donde acomodarse, ni en el Estado. Negocio redondo!

El interés colectivo y del ambiente y del país no está siendo protegido en todo esto.

Vendepatrias, aunque se rasguen como Tartufo las vestiduras en el Parlamento!

Buscarle el lado positivo a la ley 2 que permite la titulación de espacios costeros e insulares hasta donde rompe la ola de nuestros oceános es un robo al país, máxime cuando no serán los panameños quienes detentarán estos títulos.

Burica Press

Rubén Blades comienza a reinvindicar la letra de sus canciones

Los ambientalistas han criticado fuertemente al Ministro de Turismo durante su gestión, especialmente al inicio de la misma, debido a que en este tiempo su ministerio amparaba el mal llamado Turismo Residencial, que no es más que una figura inventada en España por los pillos de allá, que los pillos de acá importaron para hacer lo mismo que han hecho en los archipiélagos y costas de España: apoderarse de cada metro cuadrado del patrimonio colectivo de los españoles. La ley 2 que literalmente permite el negociado de nuestro patrimonio costero e insular se lo debemos al corrupto de Pedro y Benjamín pero también a Martín y por supuesto a Rubén, que obedientemente y con urgencia notoria aprobaron al pie de la letra el texto de esta ley escrita en un bufete de abogados que atiende negocios inmobiliarios de especuladores que desean cada metro cuadrado de nuestras prístinas islas y costas y para colmo nuestros diputados de gobierno y de oposición, como buenos primates, hicieron válido el refrán: Por la plata baila el mono, si no voto sí en el pleno no como.

En Panamá, los inversionistas inmobiliarios han querido hacer el negocio de su vida a costa del Patrimonio Natural y de atractivo turístico con proyectos residenciales o inmobiliarios que efectivamente son puro Real state estilo norteamericano, que en el caso de Panamá, está produciendo, literalmente hablando, la depredación y privatización de las mejores áreas naturales y de atractivo turístico reales, ello ha conllevado a la destrucción de la naturaleza y valores culturales y para colmo lo han colado como turismo con tal de acogerse a leyes de incentivo al turismo real que sí es beneficioso para el país.

El Estado a través de sus gobernantes está llamado a defender los valores y patrimonio colectivo de todos los panameños y una forma de hacerlo es justamente evitando que extranjeros, con buenos y con malos propósitos tengan titularidad sobre las mejores regiones y tierras del país, que al ser tomadas por estos ciudadanos, las convierten en espacios vedados a los nacionales so pretexto de Propiedad Privada.

Se han tomado y se siguen tomando lo mejor de nuestras islas y aquí no pasa nada. Ya ni siquiera el agua del mar en las islas Naos, Perico y Flamenco la podemos tocar, ya que todos las playas han sido privatizadas. Pipo Virzi con su cara de inocente le ha robado a los panameños, frente a su narices, la playita de Amador y la de Taboga. Un extranjero se ha robado la isla de Flamenco e impide el acceso a las costas. Este es la inversión y los inversionistas que queremos? No. Esta inversión hace mucho daño y es terriblemente egoísta y enajenadora, que ningún panameño serio debe permitir.

Para colmo narcotraficantes y políticos avivatos se han disfrazado de inversionistas para rematar nuestra tragedia. Y Martín como buen Chicago Boy, sólo dirá: la plata está por encima del honor y la dignidad nacional.

En buena hora Rubén Blades, comienza a reinvindicar las letras de sus canciones con su accionar en la vida pública al servicio de los ciudadanos a los que representa.

Sólo le queda echar por tierra la nefasta Ley 2 que vende mejor especulador inmobiliario nuestras playas y nuestras costas a cambio de míseros centavos para el fisco. Creemos que puede el liderazgo de defendernos de todos estos piratas del siglo XXI.

Nunca es tarde para actuar correctamente.

Ojalá algún la canción Patria, no nos cause náusea como nos ocurre ahora. Un día como el 31 de diciembre de 1999 la vitoreamos.

Burica Press, 19 de octubre de 2007

——————————————–

Rubén Blades responde y aclara

10 DE OCTUBRE.Me siento obligado a responder el artículo firmado por el promotor inmobiliario estadounidense Sam Taliaferro, publicado en la edición del diario La Prensa del 5 de octubre del presente año, en el que expresa sus opiniones interesadas.Taliaferro no se ajusta a la verdad, al aseverar en su artículo que al inicio de mi gestión al frente del Ipat [Instituto Panameño de Turismo], contraté a un consultor español para un estudio sobre turismo, así como tergiversa la información al decir que se intenta cambiar la Ley 8, de incentivos al turismo. Tampoco es cierto, como dice, que yo quiero detener la industria del mal llamado “turismo residencial”. Reto a Taliaferro a que pruebe estas aseveraciones, públicamente.Taliaferro es un atrevido, al decir que yo tengo ideas retorcidas.

Más retorcida parece su mente, y sus intenciones, cuando derrama su diatriba personal diciendo: “nuestro ministro no descansará hasta colocar el último clavo en el ataúd del verdadero turismo“. Es claro que intenta manipular la opinión pública utilizando argumentosfalsos y pedestres, con el propósito de hacernos creer que el negocio de desarrollos inmobiliarios es parte de la industria turística.¿De dónde surge la angustia de Taliaferro? Sus ataques personales se iniciaron cuando dije que el turista promedio no pasa más de 30 días en Panamá, o que existe diferencia entre el turismo y las inmobiliarias.Si Taliaferro tiene otros argumentos, que los presente y nos convenza a todos, pero con cifras. Por lo menos, debería explicar por qué quiere que sus clientes se queden viviendo en Panamá, como turistas.

En infinitas ocasiones he manifestado que no me opongo a los desarrollos inmobiliarios para segunda vivienda, que pueden ser complementarios al turismo. Lo que no puedo aceptar es que se inscriban como actividad turística, para utilizar incentivos fiscales que no les corresponden. Tampoco creo que sea conveniente que esos desarrollos ocupen las áreas de mayor vocación turística, privando al país de la oportunidad de incrementar el turismo, que a largo plazo es más productivo para el país, pues su derrama económica alcanza a más gente y sus beneficios se extienden en el tiempo.El verdadero turista, señor Taliaferro, es el que viene y se va, dejando el cupo abierto para que otro entre y beneficie nuevamente la economía. Más de un millón de turistas llega a Panamá cada año, y estamos seguros de que una ínfima parte de esos turistas tiene casas en Panamá.

El turismo es una actividad que no tiene límites, porque no agota la fuente de ingresos; el desarrollo inmobiliario, lo que se conoce como boom, es una burbuja que en algún momento explosiona y se acaba. Prueba de ello es el grave problema que sufre hoy la economía norteamericana, por la caída de la industria inmobiliaria estadounidense.Señor Taliaferro: no es usted, ni sus negocios ni sus intereses personales los que van a determinar las leyes panameñas, las estrategias nacionales de turismo, o la planificación económica de nuestro país. En Panamá respetamos los derechos ajenos y recibimos con afecto a los visitantes, así como también a los que deciden venir a compartir su vida con nosotros. Si usted cree que Costa Rica es mejor que Panamá, ¿por qué no se quedó allá?Respete al país que le ha dado casa y fortuna, señor Taliaferro.

Rubén Blades
Gerente general del Ipat


Artículo aludido por Rubén Blades

Cuestionan opinión sobre desarrollo del turismo

28 DE SEPTIEMBRE.Un artículo publicado en La Prensa el jueves 27 de septiembre titulado “Reajuste a la Ley 8 podría generar discrepancias” nos ofrece un adelanto de los cambios que vienen en la ya existente ley de incentivos al turismo. Nuestro ministro de Turismo [Rubén Blades, gerente nacional del Instituto Panameño de Turismo] deja claro que él desea cambiarla para evitar que los promotores se aprovechen de la ley para conseguir exoneración de impuesto para condominios/hoteles o los tiempos compartidos.

Nuestro ministro no descansará hasta colocar el último clavo en el ataúd del verdadero turismo.Cuando el ministro asumió su cargo contrató a un consultor español para que hiciera un estudio de turismo en Panamá y luego entregaría un reporte recomendando cómo el país debería desarrollarse. Él pasó varios días en el interior del país y si mal no recuerdo, estuvo un día en Boquete. Durante varias semanas los diarios publicaron su estudio, el que dio advertencias de que Panamá se dirigía hacia un desastre, igual que pasó en la costa de España, debido al turismo residencial.

El ministro se tomó esto a pecho y ha hecho lo posible por detener esta industria basado en la opinión de un solo asesor. En vez de mirar a nuestros vecinos de Costa Rica y tomar en cuenta las verdaderas ventajas del turismo residencial, contrató a un consultor español cuyas ideas retorcidas se parecen a las de él. Este es un ejemplo clásico de un ciego guiando a otro ciego.Ninguno de ellos comprende las diferencias entre los dos países y el efecto beneficioso que el turismo residencial tiene para Panamá. España es un país muy desarrollado donde el estándar de vida del español es igual o superior al de los países de donde el turista residencial está llegando. No tienen el desempleo “verdadero” de más del 20%, ni 40% de su población vive en extrema pobreza como en Panamá.

En los últimos años, ha habido abusos de parte de promotores españoles y políticos que, han lastimado la imagen de la industria. Pero por más de 20 años España ha tenido una expansión del turismo residencial, generando increíbles ventajas económicas que han transformado positivamente a su país y puedo apostar que, no desean cambiar eso.Los turistas residenciales de Norteamérica y Europa que se establecen en Panamá crean millares de trabajos y traen más que dinero. Hemos presentado estudios que demuestran estas ventajas, pero nuestro ministro no quiere hacerles caso, tiene su propia agenda y ninguno de los dos ha consultado con los que han invertido en Panamá, ya sean extranjeros o locales.

Sam Taliaferro
Promotor de Valle Escondido, Boquete