Estado intenta vender isla Mogo Mogo

Para el Estado la venta inocente de una islita parece poco negocio, a menos que el negocio no esté función del Estado, sino del comprador que ya se debe haber recorrido pasillos ministeriales  para lograr arrebatarle Mogo Mogo a los panameños.

Las islas y costas son un patrimonio nacional y los pillos que nos gobiernan pretenden hacerse de la vista y los bolsillos gordos para terminar de vender este país, incluyendo los paisajes costeros inalienables según la Constitución Nacional!

Qué barbaridad!

Burica Press

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Estado prepara la venta de la mitad de Mogo Mogo

Promoción y Venta de Bienes del Estado subastará la finca. Un avalúo previo cifra el lote en más de 8.3 millones de dólares.

las perlas. Los interesados en hacerse con el terreno tendrán que presentar un proyecto que implique, como mínimo, una inversión de dos dólares por metro cuadrado. LA PRENSA / Archivo

roberto gonzález jiménez
rgjimenez@prensa.com

La División de Promoción y Venta de Bienes del Estado ultima los detalles para lanzar la subasta de la mitad de la isla Mogo Mogo, ubicada en el archipiélago de Las Perlas.

La isla tiene 69 hectáreas de extensión, y el lote en venta será de 34.4 hectáreas.

Según un avalúo previo, el valor de la finca ascendería a 8.3 millones de dólares. Sin embargo, el costo de referencia definitivo será definido en un avalúo que ha de presentar la Contraloría General de la República, último trámite necesario para lanzar la subasta.

“Esperamos que la Contraloría emita el avalúo durante la semana próxima. No creo que el precio varíe mucho de los $8.3 millones”, dijo Marco Tulio Hernández, director de la División de Promoción y Venta de Bienes del Estado.

Los interesados en hacerse con el terreno tendrán que presentar un proyecto “compatible con el entorno” que implique, como mínimo, una inversión de dos dólares por metro cuadrado.

En cuanto a los requisitos medioambientales, Hernández señaló que serán los mismos que establece la ley panameña.

Presentadas todas las candidaturas, el Estado adjudicaría el lote a la mejor propuesta económica que cumpla con los requisitos.

Según Hernández, la subasta de la isla pretende promover el desarrollo de la misma y obtener ingresos para el Estado tanto por la venta como por la actividad que se desarrolle en el futuro.

Álvaro Uribe, urbanista y miembro de Alianza Pro Ciudad, dijo que antes de vender las islas una a una sería bueno tener un plan para que el desarrollo sea de una manera ordenada, y puso como ejemplo el Plan de Ordenamiento Territorial que se está elaborando para Bocas del Toro. “Si hay unas condiciones para la venta, estas deben ser cumplidas. Hay que conjugar los intereses económicos, sociales y ambientales”, añadió.

El Estado prepara la venta de la mitad de Mogo Mogo, mientras la Asamblea Nacional debate el proyecto de ley para titular derechos posesorios en islas y costas.

Se frustra debate de titulación

El proyecto de ley que busca titular las islas y costas del país permanece en el punto número seis del orden del día de la Asamblea Nacional, luego de que ayer se frustrara el inicio de su discusión en segundo debate por falta de quórum.

La discusión de la propuesta, que había sido suspendida en diciembre pasado después de que el presidente de la República, Martín Torrijos, pidiera a los miembros del Comité Pro Defensa de los Derechos Posesorios un plazo para consensuar el proyecto, solo logró reunir ayer a 28 de los 45 diputados oficialistas. Unas 250 personas miembros del comité que defiende el proyecto salieron indignadas del pleno legislativo y cerraron una de las calles paralelas al Palacio Justo Arosemena, como medida de protesta.

LEONARDO FLORES

La tierra prometida no se vende

PATRIMONIO NACIONAL

La tierra prometida no se vende

Jorge Gamboa Arosemena
opinion@prensa.com

Moisés llevó a los israelitas a la tierra prometida donde tendrían espacio para habitar libremente, para trabajar, para producir alimentos, bienes de consumo y servicios; y esos espacios ¿qué son? Nada menos que pedazos de patria. Mateo Iturralde decía: “la patria no se vende”.

Detrás del proyecto de ley que promueven sectores políticos, cuyo supuesto objetivo es legalizar la tenencia de la tierra a quienes la han habitado o trabajado durante muchos años, se esconden intereses bastardos. El legalizar la tenencia mediante la titulación es correcto, lo fraudulento está en que se hace en un momento de especulación inmobiliaria, cuando los sectores adinerados pretenden acaparar o hacerse de las tierras, que por su ubicación, entran en una vorágine especulativa.

Se pretende titular 40 mil predios en las áreas costeras e insulares. Se habla de entre un 80% y 90% de ciudadanos pobres que se harían acreedores a la titulación. Una vez tituladas las tierras, estas personas tendrían la potestad de “vender su tierra”. Para que la tierra, “pedazos de la patria”, cumpla su función social y no afecte la integridad y la seguridad nacional, la titulación no puede ser aplicada ingenuamente, porque estaríamos entregando ese patrimonio a ciudadanos que, si fueran ciudadanos no pobres, hoy con derechos posesorios, ellos generarían una vorágine especulativa o si fueran los ciudadanos pobres, serían pasto fácil de esta vorágine.

Pensemos: si a 20 jefes de familias pobres, en un área de potencial turístico, se les titula 50 hectáreas de tierras, no pasaría mucho tiempo antes de que sean tentados a “vender” esas tierras por, digamos 20 mil dólares cada uno. Esto sumaría 400 mil dólares. Los inversionistas, vendiendo a 10 dólares el metro cuadrado, recogerían 5 millones de dólares. Y quien las desarrolle, por lo bajo según la ubicación, recogería 20 millones de dólares, si las vendiera a 40 dólares, más la ganancia de la venta por mejoras. Uno se ganaría más de 4 millones, luego de costos, y el otro más de 10 millones luego de costos, solo en vender parcelas de patria.

Para evitar esta especulación, si los proponentes de la ley fueran gente bien intencionada propondrían una norma que frenara la especulación. En caso de que ocurra tal especulación, el Estado debería garantizar que quienes tengan tierras tituladas en áreas donde no se dé esa especulación, tengan como resarcimiento la diferencia entre el valor real dado por Catastro, bajo móviles sociales de equidad, y el valor de la transacción especulativa.

Por una mentalidad de capitalismo salvaje, como decía Juan Pablo II, se ha distorsionado el supuesto valor de la tierra, es decir, de las parcelas de patria. La tierra no puede tener un valor comercial, como un bien manufacturado por una industria o artesano, porque la manufactura tiene una plusvalía y la tierra estaba ahí antes de que llegáramos a esta vida y estará ahí una vez abandonemos este mundo.

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La Constitución Nacional establece propiedad de dominio público y justo las costas e islas tienen el principio constitucional de dominio público para usufructo generacional.

Burica Press

Martinelli y Balbina también quieren parte del pastel de islas y costas

Nos parece surrealista que el Diputado Pedro Miguel Gonzales a quien algún interesado le compró la Ley 2 -Insular- de 2005, que concesiona y vende nuestras costas e islas a consorcios para la especulación inmobiliaria, nuevamente pero ahora en compañía de candidatos presidenciales como Ricardo Martinelli y Balbina Herrera estén arrebatándonos al mejor estilo de Pedro Navaja, al filo de la navidad y año nuevo de 2008 las costas e islas del dominio público para convertirlo en dominio privado titulado con las consecuencias negativas sociales y ambientales que esta ley provocará.

Intereses creados y unidos por  un fin innoble que le hace daño al pueblo panameño que no tiene propiedades en las costas y islas.

Los políticos yerran cuando unen intereses creados para fines innobles que le hacen daño al pueblo panameño sin lugar a dudas. No respetan ni la Constitución!

¿Qué se espera bajo un régimen privado total en nuestro sistema insular  y  playas del país?  El libre albedrío destruirá poco a poco nuestro entorno costero e insular como cuando células cancerígenas arriban a un órgano sano.  Igualmente bajo el principio de propiedad privada muchas playas serán dominios privados, ya que buscarán la forma de hacerla inaccesible al uso público. En países que aman sus costas se le impide a los nacionales vender sus tierras a extranjeros  y grupos latifundistas como medio de asegurar dominio nacional y público de estos bienes de todos. En Panamá estamos haciendo todo lo contrario y ya podemos augurar quienes serán los dueños finales de nuestras costas.  No hay que irse muy lejos para ver como esto ocurre actualmente en la Isla Flamenco, donde usted no tiene permitido el acceso a playas que ahora son propiedad de facto del Señor Pineiro.

Todos estos sujetos políticos que están proponiendo este robo al país merecen nuestro repudio y rechazo por ser unos vendepatrias de la peor calaña.

La presencia de políticos y empresarios de todas las corrientes o tendencias indica que en asunto de repartición de bienes del país no existe ninguna diferencia. Desde la extrema fascista hasta rateros han aparecido en la Asamblea para apoyar al poco querido Pedro Miguel Gonzales para que concrete la venta del patrimonio inalienable de la nación panameña!

Qué naúseas tenemos de lo que estamos observando con los diputados y  con los candidatos presidenciales que evidentemente su norte lo marcan sus propios intereses con cero compromiso con el país.  Qué país sin gente buena  y virtuosa para gobernar!

Le recordamos a estos políticos el artículo 258 y el primer parágrafo de la Constitución Política de Panamá donde se indica lo siguiente:

Pertenecen al Estado y son de uso público, y por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:

1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y estéreos. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.

Por favor respeten a este mancillado pueblo y su derecho a tener playas con servidumbre. Más del 90 de la población panameña, que NO vive, ni tienes propiedades a orillas del mar o en islas también tiene derecho a usar el dominio público como son sus playas e islas para esparcimiento, relajación y cualquier uso que a bien tenga.

Burica Press

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Ejemplo de abusos sin Ley de Privatización de Islas y Costas

Red Frog Beach privatizó de facto el paso de transeuntes por los caminos reales del Istmo de la Isla Bastimentos

Red Frog Beach privatizó de facto el paso de transeuntes por los caminos reales del Istmo de la Isla Bastimentos

ENCUESTA SOBRE ESTE TEMA

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Avanza venta de islas

PRIMER DEBATE. Balbina Herrera asistió ayer a la Asamblea para respaldar la propuesta de ley. LA PRENSA/Jorge Fernández

leonardo flores
lflores@prensa.com

La propuesta de ley que permite la venta de islas y costas, mediante la titulación a quien tenga derechos posesorios, fue aprobada ayer en primer debate por la Comisión de Hacienda.

El proyecto, que fija en 6 dólares la hectárea, pasó al pleno, que reanuda sesiones el próximo lunes.

Ley de venta de islas entra a segundo debate

Se trata de una iniciativa que da luz verde a los que tienen derechos posesorios para que titulen las tierras en áreas de costas e islas.

leonardo flores
lflores@prensa.com

El polémico proyecto de ley que busca titular las islas y costas del país fue aprobado ayer, de forma unánime, por cinco de los siete miembros de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional presentes en el debate.

Tras la aprobación en segundo debate, los diputados acordaron, igualmente, pedir al pleno legislativo que le dé al proyecto la categoría de “urgencia notoria”, es decir, que la discusión pase a los primeros puntos del orden del día.

El informe de la subcomisión, que fue avalado en su totalidad por la comisión, establece que el precio para la adjudicación de los derechos posesorios que realice cualquier persona natural o jurídica será de seis dólares por cada hectárea. En aquellos lugares en donde no haya derechos posesorios, la adjudicación estará sujeta a los procesos de contrataciones públicas.

Además, determinó que la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario será la institución que se encargue de adjudicar de forma definitiva las tierras costeras. El documento aprobado declara el territorio insular área de desarrollo especial, por lo que se autoriza la titulación de dichas tierras.

Al debate asistió Salo Shamah de la campaña de Ricardo Martinelli, quien considera que la ley va dar seguridad jurídica a aquellas personas que ostentan pacíficamente un derecho posesorio.

Sin embargo, abogó porque la titulación sea totalmente gratis y sin demoras. Otra que se manifestó a favor del proyecto fue la candidata presidencial del oficialismo, Balbina Herrera.

Siguen justificando venta de tierras inalienables de la nación

LENTITUD. En dos años, Catastro sólo ha entregado 12 títulos de propiedad

70% de islas y área costera tienen derecho posesorio

Sus ocupantes temen que de la noche a la mañana aparezcan inversionistas nacionales y extranjeros con mucho dinero y les arrebaten la tierra que han ocupado durante años.

Yaritza Mojica

PA-DIGITAL

Costumbre Por generaciones, los lugares han ocupado la tierra con derechos posesorios.

Más del 70% de las tierras que están en áreas insulares y costeras del país están registradas bajo la figura de derecho posesorio, lo que las mantiene en un limbo jurídico.Actualmente, el temor de los más de mil lugareños e isleños que tienen su propiedad con derecho posesorio, es que sus tierras sean vendidas a grandes inversionistas.Según el director del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), Rolando Armuelles, el 30% de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado.

Armuelles recomienda a los lugareños que tienen terrenos por posesión que no los vendan.

“Existe un sector con mucha influencia que ve peligroso el que exista un mercado de tierras con titulación”, destacó.

El 55% de los terrenos a nivel nacional en áreas urbanas, rurales y playas también presenta el mismo problema; solo tienen sus derechos posesorios.

La mayoría de los dueños de estas islas y costas solo puede luchar por sus tierras amparándose en un derecho posesorio, que actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no reconoce.

La Ley 63 del 31 de julio de 1973 establece que Catastro sólo reconocerá como dueños a aquellas personas que tienen sus terrenos y fincas inscritas en el Registro Público.

Proyecto.

Con el anteproyecto de Ley 459, que modifica el Código Agrario, y que presentó el diputado Freidi Torres, se busca que Catastro pueda reconocer el derecho posesorio.

Esta figura tiene diferentes expresiones y formas de reconocerse si están en manos de los municipios, el Banco Hipotecario, la Reforma Agraria o Catastro.

Una fuente oficial del MEF aseguró que Reforma Agraria otorga los títulos de tierra de manera discrecional, “de allí la agilidad de los trámites”, sostuvo.

Eficiencia.

En los últimos dos años, Catastro sólo ha otorgado 12 títulos de propiedad; 6 en costa arriba de Colón; 2 en Los Santos y 4 en Farallón.

Mientras que PRONAT ha gestionado más de 60 mil títulos de propiedad a nivel nacional, principalmente, en Veraguas, Herrera, Los Santos y el oriente de Chiriquí.

A partir del 13 de noviembre pasado, una modificación al Código Agrario permite que PRONAT a través de Reforma Agraria otorgue títulos en islas y playas.

Antes, esta potestad era solo de Catastro que con la Ley 42 del 2 de mayo de 1974 era el único que concedía títulos para islas y costas.

Las discusiones en la Comisión de Hacienda sobre la Ley 459, el jueves pasado dejó claro que los lugareños e isleños no quieren que Catastro maneje los títulos.

El temor de ellos es que Catastro les venda sus propiedades a otros mejores postores, además aseguran que la demora puede ser de varios años.

Diputados insisten en vender lo que no es suyo

DENUNCIAN QUE HAY INVERSIONISTAS que TRATAN DE SACAR PROVECHO DEL PROYECTO

Proponen vender islas y costas a precios irrisorios

Corredores de bienes raíces calificaron el proyecto de ley como una iniciativa que no beneficia las arcas del Estado.

DIFERENCIAS. Los diputados Freidi Torres y Pedro Miguel González, de la bancada oficialista, presentan las modificaciones enviadas por el Ejecutivo. LA PRENSA/Eric Batista1130959

Rafael E. Berrocal R.
José Quintero De León

panorama@prensa.com

En un intento por enmendar el negocio detrás de la titulación y venta de islas y costas, la Comisión de Hacienda de la Asamblea modificó, luego de presiones del Ejecutivo, el proyecto de ley 459 para establecer precios específicos para los nuevos inversionistas que van entre 50 centésimos y 5 dólares el metro cuadrado.

Para los corredores de bienes raíces se trata de precios “irrisorios” que no guardan realidad con el mercado, y que le causarán una gran pérdida al Estado. La tabla establece 13 regiones con diferentes precios que no superan los 5 dólares, eliminando el mecanismo de avalúo a través de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (ver cuadro). Para hacer más fácil el negocio, el proyecto fija plazos de pago de 10 años.

“Es irresponsable ponerle desde ya un precio a estas propiedades. Es como vender la leche antes de ordeñar la vaca”, dijo Iván Carlucci, directivo de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).

Carlucci indicó que detrás de todo esto debe haber un “gran negociado” de personas que ya tienen toda una “estructura montada” para aprovecharse de estas valiosas tierras.

Mientras tanto, un grupo de lugareños que han ocupado espacios de tierra por más de 10 años ininterrumpidos pidieron ayer la diferenciación de sus casos con la de los inversionistas y especuladores. En la modificación, los lugareños podrán titular sus tierras pagando un precio de 100 dólares la hectárea, también con facilidades de pago de 10 años.

La Constitución, en su artículo 291, solo prevé dos formas para que personas naturales o jurídicas extranjeras puedan comprar área insular. Una de ellas es declarar el lugar como área de desarrollo especial. Precisamente eso fue lo que hizo la Asamblea en 2006 con la Ley 2 de 11 de enero, promovida por el diputado Pedro Miguel González, que permitió vender islas y costas para aprovechamiento turístico.

Mireya Acevedo, presidenta del Comité de Playa Uverito en Los Santos, indicó que el programa de titulación es importante para muchas personas humildes que están amenazadas con ser desplazadas por grandes intereses económicos.

Pero aceptó que el proyecto de titulación debe ser manejado con transparencia para evitar el abuso.

Mariano Quintero, director de Catastro, expresó que su despacho no podía estar de acuerdo con el proyecto original, ya que defenestraba las competencias de esta entidad en favor de Reforma Agraria. Considera, sin embargo, que es de justicia reconocerle al lugareño sus derechos posesorios.

El presidente de la comisión, Pedro Miguel González, bajó la guardia y dijo ayer que el proyecto se va discutir con calma y con participación amplia, incluyendo a la Dirección de Catastro. El debate en la comisión se reanuda el próximo jueves.

Torrijos se beneficiaríade proyecto

El alcalde del distrito de Antón, Roger River, dijo ayer que de aprobarse el proyecto de ley que busca titular y vender las zonas costeras, se beneficiarían todas las concesiones otorgadas en Farallón y Playa Blanca, incluyendo la propiedad donde el presidente, Martín Torrijos, tiene su mansión de playa.

Se trata de la finca Quintas Sol y Mar, donde también han levantado sus casas de playa los amigos íntimos del Presidente: Félix Pille González e Ilianna Krupnik y donde Ubaldino Real tiene un terreno sin construir.

En el área también se está instalando la cadena de hoteles Hard Rock Café, ubicado entre el proyecto Casa de Campo Farallón y la casa de Torrijos. El nuevo hotel 5 estrellas utilizará parte de la concesión que le cedió Farallon Aquaculture, la empresa exportadora de larvas de camarones.