Ambientalistas denuncian violación de la Constitución y de los DDHH

De la crisis ambiental a la crisis democrática

Las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos preocupados por el desarrollo de Panamá, agrupados en la RED DE AMBIENTALISTAS POR LA DEMOCRACIA quieren hacer saber al país:

  • La crisis que vive Panamá ha superado los límites del debate sobre la LEY 30 o sobre las modificaciones a la Ley Ambiental y afecta a las bases del Estado de Derecho
  • Estamos escandalizados y preocupados por la violación de los Derechos Humanos y Constitucionales en la provincia de Bocas del Toro y en otras zonas del país
  • Pedimos transparencia sobre el estado de los heridos en Bocas del Toro, sobre los fallecidos y sobre las víctimas reales de este conflicto, así como atención, justicia y reparación.
  • Queremos denunciar la violación de los derechos civiles y políticos básicos (como el derecho a reunión, manifestación, a la libre expresión, al debido proceso legal, etcétera) de los panameños y panameñas
  • Señalamos la “militarización” de la Policía Nacional y los poderes extraordinarios y vulneradores de las garantías constitucionales que se les ha dado con la Ley 30 y que se han traducido en un uso excesivo de la fuerza que va a quedar impune.
  • Exigimos el cese del uso de armas de fuego contra la ciudadanía y pedimos a los agentes que no repriman a su propio pueblo
  • Repudiamos la persecución arbitraria de líderes sindicales, educadores, indígenas y ambientales, así como de periodistas. Queremos destacar el hostigamiento contra la ambientalista de Chiriquí Yaritza Espinosa y de los periodistas que han sido defensores del ambiente en Panamá como Carlos Núñez y Paco Gómez Nadal.
  • Señalamos que funcionarios del Estado han faltado al respeto a la población originaria de Bocas del Toro en una clara muestra de racismo institucional
  • Nos preocupa el limitado acceso de la ciudadanía panameña a información independiente y balanceada sobre lo que está aconteciendo en el territorio nacional. Pedimos al Gobierno que no mienta al país y que permita a los medios de comunicación cubrir de forma libre la información
  • Consideramos que es hora de que organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos y por la Democracia en el Hemisferio intervengan como mediadores ante la poca apertura al diálogo que ha mostrado el Ejecutivo de Panamá
  • Exigimos al gobierno la derogación inmediata de la Ley 30 y de la Ley del Carcelazo y el respeto de los procesos democráticos de presentación y discusión de las leyes con una amplia participación ciudadana

Red de Ambientalistas por la Democracia

Chiriquí rechaza Ley 177 que debilita legislación ambiental

COMUNICADO AL PAÍS DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES DE CHIRIQUÍ

Sobre la Ley 177 que afecta derechos laborales,

derechos humanos y derechos ambientales

En los últimos días la ciudadanía panameña ha elevado de manera insistente y con mucha vehemencia sus preocupaciones por la aprobación de la Ley 177, “Que adopta medidas para promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial, actividades en desarrollo, y dicta otras disposiciones”.

Sin embargo y lamentablemente, todas las autoridades, líderes políticos y altos funcionarios del gobierno, se han hecho de oídos sordos y parece que la mudez ha invadido de manera generalizada a todos nuestros diputados honestos y responsables, que conocen y son conscientes de los grandes daños que representa esta Ley, tanto para las actuales como para las futuras generaciones de panameños que tienen derecho, igual que hoy, a una vida digna y a un ambiente sano y libre.

Esta Ley, igualmente vulnera los principios fundamentales de la libertad de los trabajadores y de la ciudadanía en general, de los miles de panameños que día a día ponen su granito de arena para el desarrollo de nuestro país, y le otorga privilegios a cierto sector para que actúen como si estuviésemos en la era medieval, reprimiendo a todos los que en algún momento no estén de acuerdo con los gobernantes de turno.

La democracia es consenso, la democracia es participación, la democracia es respeto, la democracia es procurar el bien común y no de unos cuantos, que aprovechan sus posiciones de poder para beneficiarse, sin importarles el futuro de las comunidades.

Por todo esto, las organizaciones ambientales de la provincia de Chiriquí emitimos las siguientes solicitudes:

RESOLVEMOS:

1. Decirle un no rotundo a la imposición de la ley 177 a la cual denominamos la ley de la muerte.

2. Pronunciarnos públicamente en rechazo a las imposiciones del gobierno dirigido por el Sr. Ricardo Martinelli.

3. Llamar a los funcionarios públicos decentes de nuestra provincia para que fortalecidos en el apoyo ciudadano digan un no a las arbitrariedades que se cometen y se pretenden legalizar mediante la ley 177.

4. Exhortamos a los intelectuales panameños, especialmente a aquellos vinculados a la temática socio-ambiental, a pronunciarse entorno a esta ley, ya que nuestro país así lo requiere en los momentos más difíciles.

5. Repudiamos la actitud sumisa, complaciente y sin criterio propio de los diputados que dieron su voto a esta nefasta ley.

6. Recordarles que ustedes no representan a los intereses económicos, sino a la población que confió en ustedes, y nunca se les ha dado un cheque en blanco para que actúen sin contemplar la opinión del pueblo panameño.

7. Si a la fuerza se imponen estas reformas, hacemos responsable por los daños sociales, ambientales, económicos y culturales que sufra nuestro país al Sr. ricardo martineli, su gabinete, asamblea de diputados, alcaldes y gobernadores, que serán señalados como los destructores y mayores traidores de Panamá.

8. Solicitamos al señor presidente actúe con sensatez y la prudencia para bien del pueblo panameño, y por tanto, le pedimos que vete la ley 177 por ser inconveniente para el país.

Organizaciones firmantes:

ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DE TIERRAS ALTAS – ADATA

FUNDICCEP,

AMIPILA,

ASAELA,

APCE

GORACE,

GENAT.

ADPAELA,

APRE

GERPROPILA,

ASEPOR REAL BOQUETE

ASOCIACIÓN MACHO MONTE

ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA DE CHIRIQUI

ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIOSFERA

MOVIMIENTO M10 DEL TABASARÁ

CEMCODE

COLIBRI, ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DE PANAMÁ

COMITÉ DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA EN GUALACA (CODEPRONAGUA)

CODETIAGUAS: COORDINADORA PARA LA DEFENSA DE TIERRAS Y AGUAS.

ASOCIACIÓN PRO DEFENSA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

COMITÉ PRO DEFENSA DEL RÍO GARICHE Y SUS AFLUENTES.

Dado en David, el 16 de junio de 2010

Ecologistas rechazan proyecto de ley que intenta eliminar EIA en proyectos del Estado

COMUNICADO CONJUNTO

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AMBIENTAL

SOBRE LA PRETENDIDA MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE AMBIENTE

Ante la inclusión de “camarones legislativos anti-ambiente” por parte del Ejecutivo, en el Proyecto de Ley No. 177, “Que adopta medidas para promover el Desarrollo Sostenible de la Aviación Comercial, Actividades en Desarrollo y dicta otras disposiciones”, presentado anoche a la consideración de la Asamblea Nacional por el Ministro de Gobierno y Justicia en una sesión plenaria que sólo tuvo una duración de 20 minutos, las organizaciones firmantes señalamos lo siguiente:

Efectos iniciales del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en Bocas del Toro que fue declarado de interés social por el gobierno, ya que es accionista de esta obra. Esta sería una de las tantas obras que no requerirán EIA o cumplir adecuadamente con la política ambiental, de hacerse efectiva la pretendida ley de aviación. El Metro unidireccional es otra obra que no ha realizado EIA y al parecer no lo quieren hacer.

1. Rechazamos categóricamente los artículos 26 y 27 del mencionado proyecto de Ley, que pretenden excluir del requisito de estudio de impacto ambiental a “aquellas actividades, obras o proyectos estatales que sean declarados de interés social por el Consejo de Gabinete”.

2. Denunciamos la desviación de poder en que ha incurrido el Ejecutivo, al incluir estos artículos en un proyecto de ley sobre materias ajenas a las ambientales, excediendo así sus facultades constitucionales.

3. Deploramos que la Asamblea Nacional, que debe representar los mejores intereses del pueblo panameño, pretenda darle primer debate a estos dos artículos en la Comisión de Transporte. Ninguna modificación a la Ley General de Ambiente debe siquiera proponerse sin un análisis profundo del tema y sin la consulta más amplia posible. Además, debe ser discutida en primer debate por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo.

4. Advertimos que este proyecto de ley constituye un claro atentado contra los derechos humanos de la ciudadanía panameña, ya que, de aprobarse, colocaría a la población en un grave estado de indefensión frente a iniciativas potencialmente dañinas para la vida, la salud y el ambiente de las comunidades, cuando éstas sean promovidas por el Estado.

5. Advertimos también que este proyecto de ley constituye una violación de tratados internacionales suscritos y ratificados por Panamá, que exigen que nuestro país mantenga y no desmejore sus estándares ambientales.

6. Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía a apersonarse a la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, mañana miércoles a las 10:00 a.m., para manifestar de viva voz su rechazo a este proyecto de ley.

7. Finalmente, este Mes del Ambiente, nos declaramos en estado de alerta frente a este nuevo intento del Gobierno Nacional por poner en riesgo nuestro patrimonio natural y el bienestar de la población panameña.

¡PANAMÁ NO SE VENDE!

Panamá, 8 de junio de 2010

Proyecto de ley cuestionado: Proyecto de ley que elimina EIA en proyectos del gobierno y modifica el Código de Trabajo y el Código Penal, entre otros

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Asociación Agroambientalista Macho de Monte, Chiriquí

Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)

Asociación de Derecho Ambiental (ADA)

Asociación de Productores Agroecológicos La Amistad (ADPAELA), Chiriquí

Asociación Ecologista Panameña (AEP)

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)

Asociación Oceánica de Panamá (AOP)

Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB), Chiriquí

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Centro Misionero de La Concepción, Chiriquí

Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)

Colibrí-Asociación Ecologista de Panamá, Chiriquí

Comité de Defensa y Protección de la Naturaleza en Gualaca (CODEPRONAGUA), Chiriquí

Comité Pro Defensa del Río Gariché, Chiriquí

Comunidad de Quebrada Caña, Chiriquí

Comunidad de Santa Marta, Chiriquí

Congreso General Ngöbe-Buglé

Conservation International (CI)

Fundación Albatros Media

Fundación Almanaque Azul

Fundación MarViva

Fundación NATURA

Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta (FUNDICCEP), Chiriquí

Fundación para la Protección del Mar (PROMAR)

Grupo La Zapatilla Verde, Chiriquí

Human Rights Everywhere (HREV)/Comuna Sur

Junta Administradora del Acueducto Rural de Santa Rita, Chiriquí

Junta Administradora del Acueducto Rural de La Victoria, Chiriquí

Justicia, Paz e Integridad de la Creación” de los Misioneros Claretianos de Centroamérica

Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO), Veraguas

Red Nacional de Defensa de los Ríos, Tierras y Comunidades

Sociedad Audubon de Panamá (SAP)

Industria panameña sigue contaminando

INDUSTRIAS EN LA MIRA POR DESECHOS

FISCALIZACIÓN

KEREM PÉREZ
kperez@prensa.com

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Desechos. Algunas industrias depositan los desechos en los ríos.LA PRENSA/C. Lemos

Los altos niveles de contaminación  en los afluentes y ríos del país, provocados por empresas o industrias, encienden las alertas de las autoridades y ambientalistas.

Hasta la fecha, las autoridades no han concluido con los procesos de análisis  de las 79 industrias y compañías a las que se les ha identificado por presentar irregularidades ambientales.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) no revela cuáles son, pero detalla que la mayoría de las empresas se dedica a la construcción, el turismo, la energía, la elaboración de productos alimenticios y bebidas, las actividades agrícolas, la ganadería, la silvicultura, la explotación de minas de canteras, la manufactura o la pesca.

La Anam exige un Programa de Adecuación y Manejo

Ambiental (Pama), en el cual las compañías deben presentar un cronograma de actividades y adecuaciones que corrijan  los altos niveles contaminantes en sus desechos, que debía haber concluido en el año 2005.

De acuerdo con Jesús Grimaldo, jefe del departamento de adecuación y manejo ambiental de la Anam, a todas las industrias que ya operan se les exige un diagnóstico a través de una auditoría ambiental.

Esta se realiza por entes privados debidamente aprobados por la institución.

Cada auditoría refleja el tipo de desecho que es expulsado por la empresa, y cuál es la magnitud de su impacto al medio ambiente.

Hay todo tipo de contaminante, como el ruido, vibraciones, emisiones atmosféricas (dióxido de carbono), aguas y suelo.

A la contaminación que más se le presta atención es a la de los desechos depositados en fuentes fluviales (ríos, quebradas) mares, etc.) y alcantarillados.

No obstante, Grimaldo enfatiza que cada empresa tiene su particularidad, puede tener una de estas fallas o varias en su conjunto, dependiendo de su actividad.

“Si luego de la auditoría ambiental, la empresa registra niveles altamente contaminantes en sus desechos vertidos en aguas, se le exige establecer una planta de tratamiento para reducir estos niveles, y en el caso que no cumpla con la normativa, se le multa”, explica Grimaldo.

A cada empresa que ya cuenta con un Pama se le da seguimiento, para que no incurra nuevamente en irregularidades.

El funcionario aclara que toda empresa que elabore productos o tenga dentro de su actividad la utilización de agua requiere una planta de tratamiento. También debe presentar una caracterización de las aguas donde deposita sus desechos, a fin de verificar que la carga contaminante no esté por encima de los niveles máximos.

En este sentido, Juan Francisco Kiener, vicepresidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), explica que el sector industrial en los últimos años se ha inclinado con más intensidad a cuidar el medio ambiente.

Kiener señala que no sólo se les debe exigir a las industrias  el establecimiento de plantas de tratamiento, sino  también  un conjunto de medidas como la reducción en el uso de papel, la energía, y  el reciclaje.

El industrial asegura que ellos no son el único que sector que está cumpliendo con los parámetros establecidos por la Anam.

“La mayoría de las medidas (plantas de tratamiento de agua) son costosas para las compañías pequeñas, pero, a pesar de ello el sector está cumpliendo. Estas pueden oscilar entre 200 mil dólares y 5 millones de dólares, dependiendo del volumen de agua que utiliza y el tipo de actividad”, explica Kiener.

El Centro Nacional de Producción Más Limpia detalla en su página web que existe un total de 200 empresas que están cumpliendo las medidas, de estas  87 son del sector energía e industria y  53, agroindustrias.

Para José González Jaramillo, miembro de Oilwatch Panamá, es necesario que se lleve a cabo un programa de desarrollo territorial que incluya el uso de agua. “No hay coherencia entre las  políticas públicas y la  gestión ambiental”, afirma González Jaramillo.

El activista ambiental sostiene además que las autoridades no están exigiendo las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, como es el caso de las construcciones.

ANAM juega con evaluación ambiental de proyectos

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

La Anam juega a las carreras

Joana A. Ábrego G.
opinion@prensa.com

Cada vez que una comunidad se queja de la construcción de algún proyecto en su “patio trasero” sin considerar las verdaderas afectaciones a su calidad de vida, se quejan implícitamente de dos factores fundamentales: la pobre ejecución de las leyes vigentes y la falta de eficacia de dichas normas para prevenir y/o solucionar estos conflictos.

En estos casos, la norma ambiental es una protagonista obligada, particularmente aquella sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), llamado a ser, según nuestra propia Ley General de Ambiente, un sistema de advertencia temprana para la protección del ambiente.

Volviendo a esas cuestiones fundamentales, el llamado EIA ha sufrido de ambas falencias. La primera ha sido demostrada por recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia, aunque el grueso de sus ocurrencias jamás llegaría a ser ventilado ante esta esfera. La segunda se entreveía frente a las ventanas abiertas dejadas por el Decreto 209 de 2006, que reglamentaba este proceso.

La posibilidad de aprobar estudios de impacto ambiental condicionados, que no es más que código para “aprobación de EIA insuficientes”; la confusa descripción de criterios para establecer su categoría, es decir, la profundidad requerida del estudio; la utilización de contenidos mínimos empleados como un llenar espacios, donde cualquier elucubración poética del consultor vale para cumplir el requisito; y la permisividad para la segmentación de proyectos en múltiples estudios de distintas categorías, sin consideración de los impactos acumulativos o sinérgicos de su totalidad, son sólo los más destacados ejemplos.

En días pasados, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) presentó los decretos ejecutivos que vienen a sustituir al 209, Decretos Ejecutivos 122 y 123 de 2009. Las intervenciones de los asistentes al evento orbitaron sobre la necesidad de un espacio para un mayor análisis de las nuevas normas. La idea fue prontamente acogida por su nuevo administrador general, sin embargo, la pregunta subyace: ¿Por qué no fue este magnífico espacio de participación previo a la promulgación de los referidos decretos? Por el contrario, se ha perdido una oportunidad de oro para, a través de los aportes de todos los actores, lograr un instrumento de gestión ambiental renovado y fortalecido.

En su lugar contamos con una norma (ahora llamada “en un dos por tres”) que, aunque incluye ciertas precisiones necesarias, no resuelve ninguna de las cuestiones planteadas y en su apuro por reducir los tiempos de trámite para los promotores, no considera los verdaderos recursos humanos y técnicos de la institución, que ahora tendrán que encargarse, no en la prevención sino en la remediación, de daños ambientales que quizás nunca puedan subsanarse, a pesar de los prometidos pero ya conocidos graves castigos para los responsables.

Aún es muy pronto para presumir menos que las mejores intenciones de nuestras nuevas autoridades, pero ojalá no sea muy tarde cuando quieran corregir los errores que la fiebre de la desburocratización llevada a la locura pueda acarrear, porque entonces ni la Corte Suprema podrá corregir sus mea culpa, y mucho menos “en un dos por tres”.