CIDH admite demanda de indígenas Ngobes ante proyecto hidroeléctrico Chan 75

CIDH admite demanda de indígenas Ngobes de Panamá

afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75

Burica Press – Derechos Humanos. 9.9.2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido la demanda presentada por las comunidades Ngobes afectadas por la concesión y toma forzada de sus tierras en la cuenca del Río Changuinola en Panamá, para la construcción de la represa hidroeléctrica Chan 75. Esta obra es parte de un proyecto de generación eléctrica de la empresa AES Changuinola y el gobierno panameño que es accionista del 49% de esta corporación empresarial.

La CIDH examinó la denuncia de los peticionarios y ha aprobado el informe sobre admisibilidad No. 75/09 de acuerdo al artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se constituye en el caso 12,717 de la CIDH.

Valle del Río Changuinola donde habitan aproximadamente 1000 indígenas ngobes.  Sus tierras fueron concesionadas por el estado panameño sin el consentimiento libre, previo e informado.  Los ecologistas tampoco apoyan el proyecto debido a que son proyectos de alto impacto en áreas protegidas con reconocimiento internacional.

Valle del Río Changuinola donde habitan aproximadamente 1000 indígenas ngobes. Sus tierras fueron concesionadas por el estado panameño sin el consentimiento libre, previo e informado para la construcción de una gran represa denominada Chan 75. Los ecologistas tampoco apoyan el proyecto debido al enorme alto impacto sobre áreas protegidas con reconocimiento internacional. Foto: Cortesía de ACD Panamá

En dos meses la CIDH debe dar su veredicto de fondo sobre esta denuncia de violación a los derechos humanos de comunidades indígenas Ngobes en Panamá y también ha indicado en su comunicación formal que pone a disposición de las partes involucradas una solución amistosa conforme al artículo 48 (1) (f) de la Convención Americana.

El 18 de junio de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas del pueblo Ngöbe, asentadas a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, Panamá. En la solicitud de medidas cautelares se alega que en mayo de 2007 se aprobó una concesión por 20 años en un área de 6.215 hectáreas dentro del bosque protegido Palo Seco a favor de una empresa para la construcción de represas hidroeléctricas en el curso del río Teribe-Changuinola.

El informe de medidas cautelares indicó que una de las represas autorizadas para construir es Chan-75, en construcción desde enero de 2008, y que inundará el lugar donde se encuentran establecidas cuatro comunidades indígenas Ngöbes: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, con una población aproximada de 1.000 personas, y que otros 4.000 indígenas Ngöbes se verían asimismo afectados por su construcción. Los indígenas peticionarios alegan que las tierras afectadas por la represa forman parte de su territorio ancestral, utilizado para ejercer sus actividades tradicionales de caza y pesca.

La Comisión Interamericana consideró en junio de 2009 que correspondía otorgar medidas cautelares con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro.

La CIDH solicitó al Estado de Panamá suspender las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición 286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 13, 19, 21, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado panameño se negó a acatar las medidas cautelares alegando debido falta del debido proceso por parte de los comisionados de la CIDH.

Asimismo, la CIDH solicitó al Estado de Panamá adoptar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación y la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad Ngöbe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias.

El Estado panameño ha alegado que se declare inadmisible la petición por cuanto no observan configuración alguna de violación a los derechos humanos y según ellos no se han agotado los recursos internos. Sin embargo, la CIDH luego de los análisis jurídicos pertinentes de las versiones de ambas partes ha decidido admitir esta demanda, ya que los argumentos del Estado panameño fueron ambiguos y no respondieron de manera directa de cómo se le ha garantizado el respeto a los derechos humanos de las poblaciones indígenas afectadas por el proyecto hidroeléctrico.

Igualmente la CIDH observa que el recurso de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, a favor de los Ngobes en razón de la concesión de más de 6 mil hectáreas de áreas con poblaciones indígenas no ha sido resuelto a pesar que fue interpuesto el 22 de diciembre de 2007. Esto se considera una falla denominada retardo injustificado de un proceso donde se alegan violaciones a los derechos humanos.

La CIDH incluirá el informe de admisibilidad en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Vea además:

CARTA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ADMISIÓN DE DEMANDA DE LOS NGOBES EN LA CIDH

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Ambientalistas rechazan idea de carretera por parques nacionales

Ambientalistas rechazan construcción de canal seco

Sandra Alicia Rivera
BOQUETE, CHIRIQUÍ.

El presidente de la Asociación para la Conservación de la Biosfera, Ezequiel Miranda, rechazó la iniciativa gubernamental de construir un canal seco para unir Chiriquí y Bocas del Toro.

Su oposición y la de otros ambientalistas obedece a que la vía atravesaría el Parque Internacional La Amistad y el Parque Nacional Volcán Barú. “Es una idea descabellada, afectaría reservas naturales”, enfatizó.

el gobierno estudia desarrollar una vía que perjudicará áreas ecológicas.

Canal seco afectaría al PILA

Ambientalistas califican como descabellada la propuesta de construir la carretera que una Chiriquí con Bocas del Toro.

PARQUE. Construir una carretera que divida en dos el Parque Internacional de La Amistad y la cordillera del Talamanca producirá pérdidas irreversibles en flora y fauna. ESPECIAL PARA LA PRENSA/ Sandra Alicia Rivera

Sandra alicia rivera
BOQUETE, CHIRIQUÍ

nacionales@prensa.com

Los ambientalistas de Boquete califican como descabellada la nueva propuesta del Gobierno de un canal seco que uniría Chiriquí con Bocas del Toro.

El Gobierno analiza la construcción de una nueva carretera para unir las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro que cumpla todos los parámetros ecológicos.

El “canal seco” se iniciaría en Puerto Armuelles -del lado Pacífico-, seguiría por la Interamericana hasta David, luego a Boquete, y habría un nuevo paso que tendría una conexión estratégica con un puerto de Bocas del Toro, en el Atlántico.

Sin embargo, el canal seco pasaría por el Parque Internacional La Amistad (PILA) y el Parque Nacional Volcán Barú, el cual es parte de la Reserva Mundial de la Biosfera La Amistad y Patrimonio Mundial de la Humanidad.

El ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, dijo que “en todo el mundo se tienen estas zonas protegidas y se pueden hacer infraestructuras cumpliendo con los lineamientos ecológicos”.

Para los ambientalistas, “esta gran idea del siglo no es más que una descabellada ignorancia y total desconocimiento del tema ambiental y de la magnitud de especies de valor universal que atesoran en este importante parque binacional que compartimos con Costa Rica”, aseguró el presidente de la Asociación para la Conservación de la Biosfera, Ezequiel Miranda.

Añadió que en su opinión como ecologista y protector del volcán Barú y sus parques, conoce que hasta la comunidad científica nacional e internacional rechazaría una carretera adicional a la que ya existe y que atraviese la Reserva Forestal de Fortuna y el Bosque Protector de Palo Seco, ambos forman parte de las siete maravillas de áreas núcleo de la Reserva de la Biosfera reconocida por la Unesco y se encuentran en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

Dijo que una nueva carretera, con longitud similar a la existente y topografía que atraviese la cordillera del Talamanca en uno de los puntos más sensibles, representaría un peligro y riesgo porque allí se encuentra la cuenca alta del río Caldera, que a su vez es reserva del agua para el consumo humano de los importantes distritos de la geografía chiricana.

“Quienes hayan recomendado esta carretera desconocen el significado de un verdadero desarrollo sostenible, y decir que esta es un área de producción parece que ni siquiera conocen que en este último año la Unesco le ha exigido al Gobierno nacional una serie de medidas a cumplir para evitar que esta importante área protegida sea declarada como sitio de Patrimonio Mundial en Peligro”, afirmó.

Miranda indicó que la cuenca alta del río Caldera está ubicada en un área volcánica en una superficie formada por aluviones volcánicos frágiles y en donde se han localizado fallas geológicas que representan inestabilidad y riesgo a la región boqueteña.

“Construir una carretera que divida en dos el Parque Internacional La Amistad y la cordillera del Talamanca no es idóneo siquiera pensarlo, porque va a producirse un efecto barrera, efecto verde que científicamente producirá pérdidas irreversibles en flora y fauna”, aseguró.

El Comité del Patrimonio Mundial designó al PILA como un sitio de Patrimonio Mundial, tomando en consideración el enorme valor de su fauna y biodiversidad señalada que contiene dentro de su territorio ejemplos sobresalientes que ejemplifican procesos geológicos actuales, así como también procesos de evolución biológica y procesos de integración humana con el ambiente. Se reconoce hábitat natural a importantes y significativas especies amenazadas de animales y plantas de valor universal.

“Ya una vez un gobierno anterior pretendía una carretera por la zona del volcán Barú y el PILA, pero fue rechazada por todos los entes ambientalistas, tanto nacionales como internacionales, por tanto, no permitiremos que dañen este importante recurso que nos brinda la naturaleza”, afirmó.

Hidroeléctricas, derechos humanos y biodiversidad

Hidroeléctricas, derechos humanos y biodiversidad

Ariel Rodríguez Vargas

Yo leo, veo y escucho a mucha gente justificar la violación a los derechos humanos (DD.HH) de los indígenas Ngobes del Valle del Río Changuinola, bajo el pretexto que la construcción de represas para hidroeléctricas es lo mejor que puede hacer el país para solventar sus necesidades futuras de energía eléctrica “limpia” y disminuir los precios de la misma. Ante este aparente beneficio para muchos y perjuicio para pocos (3000 a 5000 indígenas), indican que simplemente no existe opción: los indígenas deben sacrificarse una vez y ceder sus tierras y cultura al desarrollo nacional! Yo como académico que he estudiado el problema energético del país, rechazo por falsas estas justificaciones erradas y no sustentadas con una Evaluación Ambiental Estratégica de la política energética de Panamá, que debe ser el requisito mínimo para justificar obras de alto impacto ambiental y social en regiones prístinas de rica biodiversidad.

Cuando se habla en términos jurídicos de la violación a los DD.HH, nos referimos a un acto del Estado por acción u omisión contra los derechos civiles de una persona o hacia un grupo de personas. Por ello, es que las organizaciones que interpusieron sendas demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, lo hicieron contra el Estado Panameno, por violar los DD.HH del pueblo Ngobe en el Valle del Río Changuinola al concesionar áreas protegidas pertenecientes, jurídicamente, a los Ngobes aunque no tuvieran documentos sobre derechos posesorios o títulos de propiedad de dichas tierras. Ellos son ciudadanos indígenas ocupantes históricos de dichas tierras y tienen derechos consagrados en normas internacionales que Panamá está obligada a acatar, pero sobre todo ellos debieron ser informados de manera libre y previa a la toma de decisión del Estado en relación a las políticas y planes energéticos en la zona y las implicancias de dichas decisiones en las vidas e intereses de estos nobles pueblos. Esto nunca ocurrió y el gobierno nacional, aún hoy, se niega a hacerlo, bajo la premisa que los indígenas no tienen derechos para reclamar estas tierras y que las concesiones e indemnizaciones forzadas que han hecho sólo es aporte social empresarial de buena fé a sus desdichas formas de vida! Ellos pretenden hacer ver que el desarrollo a los indígenas los ha traído la empresa promotora de la obra, pero que como magnánimos benefactores sociales de la obra hidráulica se les ha olvidado nombrar a los indígenas afectados como accionistas de este jugoso proyecto de energía. Parece que la lista de beneficencia tiene sus beneficiarios reales, que no viven ni conocen la hermosa área ngobe que va a ser destruida de manera significativa.

Producto de lo anterior, hace aproximadamente un mes, la CIDH ha emitido una medida cautelar que ordena la paralización de las obras que realiza la empresa AES en la zona, pero el Gobierno panameno insiste en continuar y hacer un borrón y cuenta nueva de todas las violaciones a los DD.HH que ya ha cometido en la zona. Esto en términos jurídicos se llama impunidad de acciones. Finalmente todos los panamenos tendran que pagar las millonarias indemnizaciones por no acatar fallos jurídicos internacionales de estricto cumplimiento. La empresa promotora no tendrá que pagar nada.

Además estamos estupefactos del desastre ecológico que representan estas aberrantes estructuras hidráulicas en medio de una Reserva de la Biosfera y área clave para la conservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres del Parque Internacional La Amistad, Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad, donde igualmente el Estado panameno también pretende ignorar esta situación y que simplemente se concrete la destructiva obra y dejar que el tiempo y la impunidad hagan su trabajo.

Justificar lo injustificable, aunque fueran ignorantes de ello, no exenta a los funcionarios a no respetar las leyes y tampoco los exenta de responsabilidades civiles y éticas, especialmente cuando se atenta contra los derechos humanos convencionales y los derechos ambientales de tercera generación.

Defensoría solicitará detener hidroeléctrica

Defensoría solicitará parar hidroeléctrica

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Defensoría del Pueblo pedirá al Gobierno acatar la medida de suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 (Changuinola I) que adelanta la empresa AES Changuinola.

El compromiso lo adquirió el defensor Ricardo Vargas, ayer, durante una reunión con los indígenas ngäbe afectados por la construcción del proyecto.

Vargas, además, se comprometió a pedirle al Gobierno que entregue, a la mayor brevedad, un informe sobre la concesión que se le otorgó a la empresa a lo largo del río Changuinola.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno panameño suspender el proyecto, para “evitar daños irreparables al derecho de propiedad y a la seguridad del pueblo ngäbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”.

La medida es en respuesta a una demanda por violación de derechos humanos que presentaron la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Cultural Survival, en nombre de las comunidades indígenas.

“La situación presentada en las comunidades afectadas(…) demuestra la ausencia del Estado y la desatención social de las autoridades en garantizar de manera efectiva los derechos humanos”, señaló Vargas.

Los indígenas no solo recibieron el respaldo de la Defensoría del Pueblo, sino también de los estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá. Indígenas y estudiantes bloquearon ayer, en horas del mediodía, la avenida Manuel Espinoza Batista para exigir la paralización del proyecto.

Al ser consultados sobre este tema, los representantes de la empresa prefirieron no hacer comentarios.

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Ahora ya no es asunto si se quiere o no detener, o si se solicitará o no. No es un favor.  Es una sentencia precautoria de un máximo órgano de justicia internacional a la cual a Panamá le corresponde respetar.

Se recurrió a ella porque en Panamá la justicia ordinaria no ha funcionado.  Eso no es novedad en Panamá cuando hay grandes intereses creados tras bambalinas! O sea justicia corrupta que no actúa en algunos casos por premeditación y alevosía para con las partes acusadas.  La CIDH tardó 15 meses en declarar estas medidas precautorias y la corte suprema panamena lleva por lo menos 18 meses sin pronunciarse sobre las demandas  urgentes que dieron pie a la demanda ante la CIDH.

En buena hora la CIDH, por lo menos ha detenido a este monstruo que se está instalando en la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. La forma como esta empresa se está instalando en esta hermosa región es digna de ser referenciada como un hecho de la Edad Media.

La violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano debe ser atendido sin reparos y sin darle lástima con el victimario que las ha cometido.  Así es la justicia real y efectiva. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde decía Aristóteles.

La sociedad civil panamena y extranjera que han intervenido en este caso, junto con los principales actores, los Ngobes del valle del Río Changuinola, merecen nuestro respeto y elogios, por la invocación tenaz de los preclaros principios de la sociedad: los derechos humanos.

Burica Press

En el caso de Red Frog Beach ANAM había ignorado el interés colectivo

ambientalistas ganan puntos con proyecto Red Frog Beach

Anam ignoró interés colectivo

La Sala Tercera de la Corte declaró ilegal una resolución de la Anam al considerar que se violaban normas ambientales y convenios internacionales sobre la protección del medio ambiente.

OBRA. Pillar Panamá, que desarrolla el proyecto Red Frog Beach, planeaba construir una marina que ahora queda prohibida por un fallo de la Corte Suprema. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Red Frog Beach “desconociendo” no solo los intereses de la comunidad, sino también aspectos “trascendentales” de los impactos ecológicos a corto, mediano y largo plazo que ocasionaría la obra residencial y turística.

Este es parte de los argumentos que los tres magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia –Winston Spadafora, Adán Arnulfo Arjona y Víctor Benavides– presentaron para declarar ilegal la Resolución No. 1A-218-2007 de la Anam, mediante la cual se aprobó el EIA de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach en Islas Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

La decisión de los magistrados obedece a una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en noviembre de 2007 –a nombre de Rutilo Milton y Delfino Hooker, vecinos del parque– en contra de la resolución.

La demanda se sustenta en que el Gobierno, a través de la Anam, violó legislaciones nacionales e internacionales sobre la protección del medio ambiente.

Entre las normas locales que se infringían se mencionó la Ley No. 41 de 1998, mejor conocida como Ley General de Ambiente, y la Ley No. 24 de 1995 sobre la Vida Silvestre en el país.

En cuanto a normas internacionales, Ciam estimó que la decisión de la Anam violó cuatro convenios ratificados por Panamá sobre la protección de ecosistemas marinos, biodiversidad y cambio climático.

El proyecto cuestionado consistía en la construcción de 700 casas, 7 condominios de apartamentos, un hotel de 4 pisos de hasta 100 habitaciones y 34 villas. Incluía además una marina con capacidad para 250 embarcaciones, estacionamientos y un centro de actividades de tres pisos.

Para Lina Vega, abogada de Ciam, no hay duda de que el proyecto sobrepasaba la capacidad de carga del Parque Nacional Marino Isla Bastimento, creado en 1988.

La demanda se sustentó también en que la Anam ya había sancionado con 130 mil dólares a la empresa Pillar Panamá, que desarrolla el proyecto, por incumplimiento de normas ambientales durante la construcción de la primera fase de la obra.

Otro de los aspectos que Ciam cuestionó era el hecho de que la Anam no tomó en consideración las opiniones de varios grupos sobre los daños ambientales que produciría el proyecto al momento de aprobar el EIA, un aspecto que los magistrados consideraron como parte del incumplimiento, por parte de la Anam, de normas ambientales “en beneficio de un interés particular y en detrimento del interés público”.

“Somos conscientes de que el progreso que involucra el desarrollo turístico de un lugar redunda… en beneficio de la comunidad y del país. No obstante, debe siempre considerarse, al momento de aprobar un EIA, si las repercusiones ambientales representan un peligro para la conservación de un área…”, señala el fallo.

Harley Mitchell, director de Asesoría Legal de la Anam, dijo que el fallo es una herramienta que puede ser utilizada por la entidad para mejorar su gestión ambiental.

A juicio de Mitchell, durante la actual administración de la entidad se han perfeccionado muchas gestiones ambientales relacionadas con las normas.

“Nosotros estamos analizando el fallo y de seguro será útil para las evaluaciones ambientales”, recalcó el funcionario.

Se llamó a la oficina de Pillar Panamá, la responsable del proyecto, en la ciudad de Panamá, pero desde allí se informó que se debería llamar a la oficina de Bocas del Toro para cualquier información sobre el proyecto.

Aunque se llamó al número telefónico proporcionado, la línea siempre estuvo ocupada.

Además se envió un correo electrónico a la jefa de Mercadeo y Relaciones Publicas de la empresa, Michelle Slough, pero no se obtuvo respuesta alguna.

decisión revierte aprobación de la anam

Corte Suprema anula EIA de Red Frog Beach

La Sala Tercera de la Corte Suprema declaró ilegal la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto residencial y turístico Red Frog Beach, ubicado en el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Una decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia tiene celebrando a los conservacionistas.

El pasado 27 de noviembre, los magistrados de la Sala Tercera declararon ilegal la Resolución 1A-218-2007 de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), mediante la cual se había aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach.

El proyecto, que se desarrollaba dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, implicaba la construcción de residencias, un hotel, villas y una marina.

El fallo, el primero en contra de una resolución de este tipo, ahora deja prohibida la construcción de las obras, por el momento.

Ambientalistas, científicos y las comunidades aledañas rechazaron la obra por el impacto al ambiente que ocasionaría en el Parque, considerado como uno de los más importantes del Atlántico en Mesoamérica, y que forma parte de la reserva de la biósfera de La Amistad.

La decisión de la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado Winston Spadafora, surge al resolver una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en contra de la resolución.

El proyecto es uno de los que pone en peligro las riquezas marino-costeras, según Ciam. La organización espera que el fallo se convierta en un precedente para obras que atenten contra el medio ambiente.

El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell, dijo que el fallo es “importante” para la gestión ambiental de la entidad.

Dijo que la empresa debe realizar otro EIA para evaluación, si desea continuar con el proyecto.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) mediante la cual se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental a la segunda etapa del proyecto Red Frog en Bocas del Toro es una buena noticia, en especial por los desatinos que ha cometido con los proyectos mineros en la provincia de Colón.

Después de mucho tiempo, la Corte está dando muestra de estar recuperando la cordura y ciertamente el fallo es recibido con gran beneplácito, pues hace tiempo que no veíamos actuaciones tan firmes. Y más allá de ello, el mensaje está claro para la Anam, que parece más preocupada en proteger los intereses de seudoempresarios que los de la sociedad. Bocas del Toro tiene un enorme potencial que está en peligro por la desenfrenada codicia de personas que solo están interesadas en llenarse los bolsillos.

Lamentable es que los funcionarios de la Anam no se hayan dado cuenta de ello y hayan tenido que hacérselos ver los magistrados de la Corte Suprema y un grupo de ciudadanos interesados en mantener en buen estado nuestra herencia natural.