Panamá: De facto gobierno debilita normas de Estudios de Impacto Ambiental

Panamá: De facto, gobierno debilita normas de evaluación de Estudios de Impaco Ambiental (EIA)

Ciudad de Panamá, 10 de agosto de 2011. Veintinueve organizaciones ambientalistas se pronunciaron sobre la sorpresiva publicación en la Gaceta Oficial el pasado viernes a las 7:11 p.m. del Decreto Ejecutivo 155 de 5 de agosto de 2011, por el cual se modificó el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Las organizaciones advierten a la ciudadanía que este decreto es un esfuerzo más por debilitar la legislación ambiental del país, permitiendo el desarrollo apresurado y no planificado de múltiples actividades altamente impactantes a los recursos naturales, poniendo en peligro la salud y la calidad de vida de los panameños.

La publicación del nuevo decreto se da luego que estas organizaciones se mantuvieran durante meses a la espera de que la actual administración de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) cumpliera el compromiso adquirido de revisar lo avanzado por la administración anterior para una adecuada modificación del reglamento, generando un nuevo borrador que se sometería a consulta pública de conformidad con la Ley de Transparencia.

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. Este procedimiento jurídico administrativo debe incluir ineludiblemente las consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, y la realización propia del EIA a cargo del promotor y su presentación a la autoridad reguladora. Estos EIA suponen un proceso de participación pública que garantiza transparencia y poder decisorio colectivo ante obras que pueden afectar el ambiente y sus respectivas medidas de compensación, manejo del impacto. Foto: Burica Press

Sin embargo, una vez más y tal como ocurrió con la expedición arbitraria del Decreto Ejecutivo 123 de 2009 y la Ley 30 de 2010 (mejor conocida como Ley Chorizo), las autoridades disminuyen garantías básicas del derecho humano a un ambiente sano, haciendo inoperante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

El nuevo decreto debilita la participación ciudadana, dándole sólo 10 días a los ciudadanos para dar sus comentarios a Estudios de Impacto Ambiental que usualmente tienen más de 300 páginas, cuando aún con los 20 días que daba la regulación anterior no era suficiente para vencer los obstáculos al acceso a la información pública, conseguir los documentos, generar comentarios y remitirlos a la Dirección correspondiente dentro de la ANAM. A su vez, la modificación del artículo 46 pretende hacer facultativa la consulta pública, que hasta ahora era obligatoria para los estudios categoría II y III.

Aún más, la nueva regulación exige, a los 14 evaluadores técnicos de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) -7 permanentes y 7 transitorios según el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo-, culminar la fase de análisis de cada estudio en 20 días hábiles para aquellos de categoría II y 40 días hábiles para aquellos de categoría III. La regulación anterior ya había reducido arbitrariamente estos términos, de 45 y 65 días, a 35 y 55 días respectivamente.

Pero no son los evaluadores de ANAM los únicos afectados, ya que los responsables de las Unidades Ambientales Sectoriales de los distintos ministerios y entidades tendrán ahora sólo 8 días para estudios categoría II y 12 para estudios categoría III, cuando antes contaban con 15 y 20 días respectivamente para un examen concienzudo de la información brindada por el promotor del proyecto y la determinación de la información adicional que debía ser requerida. Según la página web de la ANAM, en los primeros tres meses del año en curso ingresaron al proceso de evaluación unos 226 estudios: 186 categoría I, 39 categoría II y 1 categoría III.

Ahora más que nunca, es de crucial importancia dotar de personal y recursos suficientes tanto a la ANAM como a las unidades ambientales sectoriales de las instituciones públicas para que puedan cubrir a cabalidad con sus funciones, en especial la evaluación de impacto ambiental.

  1. Alianza Ambiental Pro Desarrollo Integral “Unidos Por Panamá” (AAPRODIUPA)
  2.  Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA)
  3.  Asociación Agroambientalista Macho de Monte
  4.  Asociación Agroecoturística La Amistad
  5.  Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)
  6.  Asociación Conservación de la Biosfera
  7.  Asociación de Productores Agroecologistas de Candela
  8.  Asociación de Productores Agroecologistas La Amistad (ADPAELA)
  9.  Asociación de Productores de Cultivos Exportables (APCE)
  10.  Asociación de Productores de Renacimiento
  11.  Asociación Ecológica de Productores Orgánicos de Rovira
  12.  Centro Misionero de la Concepción
  13.  Colibrí Asociación Ecologista de Panamá
  14.  Comité por la Defensa del Río Gariché y sus Afluentes
  15.  Comité Pro Rescate del Río Escarrea
  16.  Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá
  17.  Grupo Ecologista de Renacimiento para la Protección del PILA
  18.  Grupo Expedición Natural Agro Turística
  19.  Grupo Orgánico de Agricultores Cerro Punteños
  20.  Reciclaje, Ambiente y Limpieza de Boquete (RAL Boquete)
  21. Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
  22. Alianza Pro Ciudad
  23. Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
  24. Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
  25. Colectivo Voces Ecológicos (COVEC)
  26. Fundación Almanaque Azul
  27. Fundación Panamá Sostenible (PASOS)
  28. Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO)
  29. Sociedad Audubon de Panamá (SAP)

Ambientalistas solicitaron a la Corte que declare inconstitucional la Ley 30

Ambientalistas solicitaron a la Corte que declare inconstitucional la Ley 30

Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos presentaron nuevos alegatos contra la Ley 30 de 2010 -que entre otras cosas, flexibilizó la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental- en apoyo a las 6 demandas de inconstitucionalidad presentadas en junio pasado por sindicatos, abogados litigantes y otros grupos organizados.

El escrito de 51 páginas fue presentado por los abogados del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), en representación del propio CIAM, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), la Fundación Almanaque Azul, la Fundación Panamá Sostenible (PASOS, en formación) y Human Rights Everywhere (HREV).

Esta semana el Órgano Ejecutivo y Legislativo de Panamá por la presión de la ciudadanía está intentando subrogar La Ley 30 y dividirla en seis leyes de acuerdo a los puntos acordados en una mesa de discusión que mantuvo el gobierno con  algunos miembros de la sociedad civil. Por parte del Órgano Judicial se espera la declaratoria de ilegalidad por inconstitucional de la mencionada ley.

“Optamos por presentar nuevos alegatos en lugar de una séptima demanda, la cual habría retrasado todo el proceso”, aclaró Félix Wing Solís, Director Ejecutivo del CIAM, quien añadió que “la Corte tiene el deber moral de declarar inconstitucional la Ley 30, en vez de utilizar su subrogación como excusa para declarar la sustracción de materia. Ello sería eludir su responsabilidad como custodia privativa del orden constitucional.”

Los ambientalistas alegaron que la Ley 30 incurrió en 6 vicios de forma -que el gobierno se negó a discutir en la Mesa de Diálogo- y 7 violaciones de fondo a la Constitución y a convenios ambientales y de derechos humanos ratificados por Panamá, para un total de 18 normas constitucionales y 14 normas internacionales violadas.

El texto completo de los alegatos está disponible en el siguiente enlace:

ALEGATOS INCOSTITUCIONALIDAD LEY 30

A continuación, se resumen las violaciones de forma y de fondo alegadas por los ambientalistas:

Violaciones de forma:

1) que el tema ambiental no estaba incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias;

2) que los diputados no actuaron en interés de la Nación;

3) que la Asamblea Nacional tiene prohibido expedir leyes contrarias a la letra o el espíritu de la Constitución;

4) que la Comisión de Transporte no es competente para discutir reformas a la legislación ambiental;

5) que el Ministro de Seguridad Pública no era competente para refrendar una Ley sobre aviación comercial; y

6) que todos los actos anteriores constituyen desviación de poder.

Violaciones de fondo:

1) el principio de separación de los poderes, esencial a toda democracia formal;

2) 11 convenios ambientales que obligan a Panamá a realizar estudios de impacto ambiental;

3) el desmejoramiento de la protección del derecho a un ambiente sano, tutelado por el Régimen Ecológico de la Constitución y por 3 convenios de derechos humanos;

4) el principio de estricta legalidad, según el cual los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello que la Ley expresamente autoriza;

5) el principio de acceso público a la información, garantizado por los estudios de impacto ambiental;

6) la primacía del interés público sobre el interés privado; y

7) la obligación del Estado de reglamentar las actividades económicas mediante organismos especializados, de modo tal que beneficien a las mayorías.

Ambientalistas denuncian violación de la Constitución y de los DDHH

De la crisis ambiental a la crisis democrática

Las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos preocupados por el desarrollo de Panamá, agrupados en la RED DE AMBIENTALISTAS POR LA DEMOCRACIA quieren hacer saber al país:

  • La crisis que vive Panamá ha superado los límites del debate sobre la LEY 30 o sobre las modificaciones a la Ley Ambiental y afecta a las bases del Estado de Derecho
  • Estamos escandalizados y preocupados por la violación de los Derechos Humanos y Constitucionales en la provincia de Bocas del Toro y en otras zonas del país
  • Pedimos transparencia sobre el estado de los heridos en Bocas del Toro, sobre los fallecidos y sobre las víctimas reales de este conflicto, así como atención, justicia y reparación.
  • Queremos denunciar la violación de los derechos civiles y políticos básicos (como el derecho a reunión, manifestación, a la libre expresión, al debido proceso legal, etcétera) de los panameños y panameñas
  • Señalamos la “militarización” de la Policía Nacional y los poderes extraordinarios y vulneradores de las garantías constitucionales que se les ha dado con la Ley 30 y que se han traducido en un uso excesivo de la fuerza que va a quedar impune.
  • Exigimos el cese del uso de armas de fuego contra la ciudadanía y pedimos a los agentes que no repriman a su propio pueblo
  • Repudiamos la persecución arbitraria de líderes sindicales, educadores, indígenas y ambientales, así como de periodistas. Queremos destacar el hostigamiento contra la ambientalista de Chiriquí Yaritza Espinosa y de los periodistas que han sido defensores del ambiente en Panamá como Carlos Núñez y Paco Gómez Nadal.
  • Señalamos que funcionarios del Estado han faltado al respeto a la población originaria de Bocas del Toro en una clara muestra de racismo institucional
  • Nos preocupa el limitado acceso de la ciudadanía panameña a información independiente y balanceada sobre lo que está aconteciendo en el territorio nacional. Pedimos al Gobierno que no mienta al país y que permita a los medios de comunicación cubrir de forma libre la información
  • Consideramos que es hora de que organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos y por la Democracia en el Hemisferio intervengan como mediadores ante la poca apertura al diálogo que ha mostrado el Ejecutivo de Panamá
  • Exigimos al gobierno la derogación inmediata de la Ley 30 y de la Ley del Carcelazo y el respeto de los procesos democráticos de presentación y discusión de las leyes con una amplia participación ciudadana

Red de Ambientalistas por la Democracia

Ecologistas rechazan proyecto de ley que intenta eliminar EIA en proyectos del Estado

COMUNICADO CONJUNTO

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AMBIENTAL

SOBRE LA PRETENDIDA MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE AMBIENTE

Ante la inclusión de “camarones legislativos anti-ambiente” por parte del Ejecutivo, en el Proyecto de Ley No. 177, “Que adopta medidas para promover el Desarrollo Sostenible de la Aviación Comercial, Actividades en Desarrollo y dicta otras disposiciones”, presentado anoche a la consideración de la Asamblea Nacional por el Ministro de Gobierno y Justicia en una sesión plenaria que sólo tuvo una duración de 20 minutos, las organizaciones firmantes señalamos lo siguiente:

Efectos iniciales del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en Bocas del Toro que fue declarado de interés social por el gobierno, ya que es accionista de esta obra. Esta sería una de las tantas obras que no requerirán EIA o cumplir adecuadamente con la política ambiental, de hacerse efectiva la pretendida ley de aviación. El Metro unidireccional es otra obra que no ha realizado EIA y al parecer no lo quieren hacer.

1. Rechazamos categóricamente los artículos 26 y 27 del mencionado proyecto de Ley, que pretenden excluir del requisito de estudio de impacto ambiental a “aquellas actividades, obras o proyectos estatales que sean declarados de interés social por el Consejo de Gabinete”.

2. Denunciamos la desviación de poder en que ha incurrido el Ejecutivo, al incluir estos artículos en un proyecto de ley sobre materias ajenas a las ambientales, excediendo así sus facultades constitucionales.

3. Deploramos que la Asamblea Nacional, que debe representar los mejores intereses del pueblo panameño, pretenda darle primer debate a estos dos artículos en la Comisión de Transporte. Ninguna modificación a la Ley General de Ambiente debe siquiera proponerse sin un análisis profundo del tema y sin la consulta más amplia posible. Además, debe ser discutida en primer debate por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo.

4. Advertimos que este proyecto de ley constituye un claro atentado contra los derechos humanos de la ciudadanía panameña, ya que, de aprobarse, colocaría a la población en un grave estado de indefensión frente a iniciativas potencialmente dañinas para la vida, la salud y el ambiente de las comunidades, cuando éstas sean promovidas por el Estado.

5. Advertimos también que este proyecto de ley constituye una violación de tratados internacionales suscritos y ratificados por Panamá, que exigen que nuestro país mantenga y no desmejore sus estándares ambientales.

6. Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía a apersonarse a la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, mañana miércoles a las 10:00 a.m., para manifestar de viva voz su rechazo a este proyecto de ley.

7. Finalmente, este Mes del Ambiente, nos declaramos en estado de alerta frente a este nuevo intento del Gobierno Nacional por poner en riesgo nuestro patrimonio natural y el bienestar de la población panameña.

¡PANAMÁ NO SE VENDE!

Panamá, 8 de junio de 2010

Proyecto de ley cuestionado: Proyecto de ley que elimina EIA en proyectos del gobierno y modifica el Código de Trabajo y el Código Penal, entre otros

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Asociación Agroambientalista Macho de Monte, Chiriquí

Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)

Asociación de Derecho Ambiental (ADA)

Asociación de Productores Agroecológicos La Amistad (ADPAELA), Chiriquí

Asociación Ecologista Panameña (AEP)

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)

Asociación Oceánica de Panamá (AOP)

Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB), Chiriquí

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Centro Misionero de La Concepción, Chiriquí

Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)

Colibrí-Asociación Ecologista de Panamá, Chiriquí

Comité de Defensa y Protección de la Naturaleza en Gualaca (CODEPRONAGUA), Chiriquí

Comité Pro Defensa del Río Gariché, Chiriquí

Comunidad de Quebrada Caña, Chiriquí

Comunidad de Santa Marta, Chiriquí

Congreso General Ngöbe-Buglé

Conservation International (CI)

Fundación Albatros Media

Fundación Almanaque Azul

Fundación MarViva

Fundación NATURA

Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta (FUNDICCEP), Chiriquí

Fundación para la Protección del Mar (PROMAR)

Grupo La Zapatilla Verde, Chiriquí

Human Rights Everywhere (HREV)/Comuna Sur

Junta Administradora del Acueducto Rural de Santa Rita, Chiriquí

Junta Administradora del Acueducto Rural de La Victoria, Chiriquí

Justicia, Paz e Integridad de la Creación” de los Misioneros Claretianos de Centroamérica

Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO), Veraguas

Red Nacional de Defensa de los Ríos, Tierras y Comunidades

Sociedad Audubon de Panamá (SAP)