Hidroeléctricas, derechos humanos y biodiversidad

Hidroeléctricas, derechos humanos y biodiversidad

Ariel Rodríguez Vargas

Yo leo, veo y escucho a mucha gente justificar la violación a los derechos humanos (DD.HH) de los indígenas Ngobes del Valle del Río Changuinola, bajo el pretexto que la construcción de represas para hidroeléctricas es lo mejor que puede hacer el país para solventar sus necesidades futuras de energía eléctrica “limpia” y disminuir los precios de la misma. Ante este aparente beneficio para muchos y perjuicio para pocos (3000 a 5000 indígenas), indican que simplemente no existe opción: los indígenas deben sacrificarse una vez y ceder sus tierras y cultura al desarrollo nacional! Yo como académico que he estudiado el problema energético del país, rechazo por falsas estas justificaciones erradas y no sustentadas con una Evaluación Ambiental Estratégica de la política energética de Panamá, que debe ser el requisito mínimo para justificar obras de alto impacto ambiental y social en regiones prístinas de rica biodiversidad.

Cuando se habla en términos jurídicos de la violación a los DD.HH, nos referimos a un acto del Estado por acción u omisión contra los derechos civiles de una persona o hacia un grupo de personas. Por ello, es que las organizaciones que interpusieron sendas demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, lo hicieron contra el Estado Panameno, por violar los DD.HH del pueblo Ngobe en el Valle del Río Changuinola al concesionar áreas protegidas pertenecientes, jurídicamente, a los Ngobes aunque no tuvieran documentos sobre derechos posesorios o títulos de propiedad de dichas tierras. Ellos son ciudadanos indígenas ocupantes históricos de dichas tierras y tienen derechos consagrados en normas internacionales que Panamá está obligada a acatar, pero sobre todo ellos debieron ser informados de manera libre y previa a la toma de decisión del Estado en relación a las políticas y planes energéticos en la zona y las implicancias de dichas decisiones en las vidas e intereses de estos nobles pueblos. Esto nunca ocurrió y el gobierno nacional, aún hoy, se niega a hacerlo, bajo la premisa que los indígenas no tienen derechos para reclamar estas tierras y que las concesiones e indemnizaciones forzadas que han hecho sólo es aporte social empresarial de buena fé a sus desdichas formas de vida! Ellos pretenden hacer ver que el desarrollo a los indígenas los ha traído la empresa promotora de la obra, pero que como magnánimos benefactores sociales de la obra hidráulica se les ha olvidado nombrar a los indígenas afectados como accionistas de este jugoso proyecto de energía. Parece que la lista de beneficencia tiene sus beneficiarios reales, que no viven ni conocen la hermosa área ngobe que va a ser destruida de manera significativa.

Producto de lo anterior, hace aproximadamente un mes, la CIDH ha emitido una medida cautelar que ordena la paralización de las obras que realiza la empresa AES en la zona, pero el Gobierno panameno insiste en continuar y hacer un borrón y cuenta nueva de todas las violaciones a los DD.HH que ya ha cometido en la zona. Esto en términos jurídicos se llama impunidad de acciones. Finalmente todos los panamenos tendran que pagar las millonarias indemnizaciones por no acatar fallos jurídicos internacionales de estricto cumplimiento. La empresa promotora no tendrá que pagar nada.

Además estamos estupefactos del desastre ecológico que representan estas aberrantes estructuras hidráulicas en medio de una Reserva de la Biosfera y área clave para la conservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres del Parque Internacional La Amistad, Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad, donde igualmente el Estado panameno también pretende ignorar esta situación y que simplemente se concrete la destructiva obra y dejar que el tiempo y la impunidad hagan su trabajo.

Justificar lo injustificable, aunque fueran ignorantes de ello, no exenta a los funcionarios a no respetar las leyes y tampoco los exenta de responsabilidades civiles y éticas, especialmente cuando se atenta contra los derechos humanos convencionales y los derechos ambientales de tercera generación.

Aclaran datos sobre reportaje de Camino de Cruces

Aclaran datos de reportaje

25 DE ENERO.

Por este medio me permito aclarar que la ley que creó el Parque Nacional Camino de Cruces es la Ley 30 de 1992, la que redefinió sus límites es la Ley 29 de junio de 1995 y la Ley 21 de 1997, que ordena la incorporación como parte del parque de los bosques de rica biodiversidad de lo que fue la antigua base militar de Clayton. La Ley 29 definió los límites del Parque Camino de Cruces utilizando coordenadas geográficas y puntos referenciales en campo, que permite con nuevas tecnologías ubicar los límites de una manera más certera.

Gallinazos en el Parque Nacional Camino de Cruces

Gallinazos en el Parque Nacional Camino de Cruces. Foto: A. Rodríguez

La información contenida en el reportaje del domingo 25 de enero de 2009 titulado: “Se pierden bosques urbanos”, indicó erróneamente que los límites mostrados en la infografía fueron definidos con la Ley 30 de 1992. Igualmente, indica que nosotros [Alianza para la Conservación y el Desarrollo] interpusimos una denuncia por delito ambiental ante el Ministerio Público, cuando lo que pedimos es una investigación que deslinde las responsabilidades del porqué estas tierras, que tienen bosques del Parque Camino de Cruces, pueden ser utilizadas para hacer urbanizaciones, cuando el área es forestal y debe estar protegida con la Ley Forestal, y bajo qué figuras estas tierras han quedado en manos privadas.

Con la noticia se aclara un poco quién detenta la titularidad de la tierra en disputa, mas eso no exime a la Caja de Ahorros o a sus “fideicomitantes” de la responsabilidad de proteger el estatus jurídico y ecológico del área, dado que esta parte del parque y la zona contigua es de amortiguamiento, donde una urbanización que desnaturaliza el área es contraria a estos fines supremos de conservación.

El Gobierno y sus funcionarios están obligados a cumplir el régimen ecológico de la Constitución Nacional, la Ley Forestal, las leyes que configuran el Parque Nacional Camino de Cruces, el Código Penal, de lo contrario se atienen a ser demandados administrativa y penalmente. La seguridad jurídica debe ser para la defensa del patrimonio nacional como lo son estos bosques urbanos y los que están dentro de los linderos del parque. Debe buscarse a todos los funcionarios responsables que han incumplido u omitido las leyes para permitir la enajenación y mal uso de estas tierras en los últimos 13 años.

Ariel Rodríguez Vargas
Alianza para la Conservación y el Desarrollo


En el caso de Red Frog Beach ANAM había ignorado el interés colectivo

ambientalistas ganan puntos con proyecto Red Frog Beach

Anam ignoró interés colectivo

La Sala Tercera de la Corte declaró ilegal una resolución de la Anam al considerar que se violaban normas ambientales y convenios internacionales sobre la protección del medio ambiente.

OBRA. Pillar Panamá, que desarrolla el proyecto Red Frog Beach, planeaba construir una marina que ahora queda prohibida por un fallo de la Corte Suprema. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Red Frog Beach “desconociendo” no solo los intereses de la comunidad, sino también aspectos “trascendentales” de los impactos ecológicos a corto, mediano y largo plazo que ocasionaría la obra residencial y turística.

Este es parte de los argumentos que los tres magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia –Winston Spadafora, Adán Arnulfo Arjona y Víctor Benavides– presentaron para declarar ilegal la Resolución No. 1A-218-2007 de la Anam, mediante la cual se aprobó el EIA de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach en Islas Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

La decisión de los magistrados obedece a una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en noviembre de 2007 –a nombre de Rutilo Milton y Delfino Hooker, vecinos del parque– en contra de la resolución.

La demanda se sustenta en que el Gobierno, a través de la Anam, violó legislaciones nacionales e internacionales sobre la protección del medio ambiente.

Entre las normas locales que se infringían se mencionó la Ley No. 41 de 1998, mejor conocida como Ley General de Ambiente, y la Ley No. 24 de 1995 sobre la Vida Silvestre en el país.

En cuanto a normas internacionales, Ciam estimó que la decisión de la Anam violó cuatro convenios ratificados por Panamá sobre la protección de ecosistemas marinos, biodiversidad y cambio climático.

El proyecto cuestionado consistía en la construcción de 700 casas, 7 condominios de apartamentos, un hotel de 4 pisos de hasta 100 habitaciones y 34 villas. Incluía además una marina con capacidad para 250 embarcaciones, estacionamientos y un centro de actividades de tres pisos.

Para Lina Vega, abogada de Ciam, no hay duda de que el proyecto sobrepasaba la capacidad de carga del Parque Nacional Marino Isla Bastimento, creado en 1988.

La demanda se sustentó también en que la Anam ya había sancionado con 130 mil dólares a la empresa Pillar Panamá, que desarrolla el proyecto, por incumplimiento de normas ambientales durante la construcción de la primera fase de la obra.

Otro de los aspectos que Ciam cuestionó era el hecho de que la Anam no tomó en consideración las opiniones de varios grupos sobre los daños ambientales que produciría el proyecto al momento de aprobar el EIA, un aspecto que los magistrados consideraron como parte del incumplimiento, por parte de la Anam, de normas ambientales “en beneficio de un interés particular y en detrimento del interés público”.

“Somos conscientes de que el progreso que involucra el desarrollo turístico de un lugar redunda… en beneficio de la comunidad y del país. No obstante, debe siempre considerarse, al momento de aprobar un EIA, si las repercusiones ambientales representan un peligro para la conservación de un área…”, señala el fallo.

Harley Mitchell, director de Asesoría Legal de la Anam, dijo que el fallo es una herramienta que puede ser utilizada por la entidad para mejorar su gestión ambiental.

A juicio de Mitchell, durante la actual administración de la entidad se han perfeccionado muchas gestiones ambientales relacionadas con las normas.

“Nosotros estamos analizando el fallo y de seguro será útil para las evaluaciones ambientales”, recalcó el funcionario.

Se llamó a la oficina de Pillar Panamá, la responsable del proyecto, en la ciudad de Panamá, pero desde allí se informó que se debería llamar a la oficina de Bocas del Toro para cualquier información sobre el proyecto.

Aunque se llamó al número telefónico proporcionado, la línea siempre estuvo ocupada.

Además se envió un correo electrónico a la jefa de Mercadeo y Relaciones Publicas de la empresa, Michelle Slough, pero no se obtuvo respuesta alguna.

decisión revierte aprobación de la anam

Corte Suprema anula EIA de Red Frog Beach

La Sala Tercera de la Corte Suprema declaró ilegal la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto residencial y turístico Red Frog Beach, ubicado en el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Una decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia tiene celebrando a los conservacionistas.

El pasado 27 de noviembre, los magistrados de la Sala Tercera declararon ilegal la Resolución 1A-218-2007 de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), mediante la cual se había aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach.

El proyecto, que se desarrollaba dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, implicaba la construcción de residencias, un hotel, villas y una marina.

El fallo, el primero en contra de una resolución de este tipo, ahora deja prohibida la construcción de las obras, por el momento.

Ambientalistas, científicos y las comunidades aledañas rechazaron la obra por el impacto al ambiente que ocasionaría en el Parque, considerado como uno de los más importantes del Atlántico en Mesoamérica, y que forma parte de la reserva de la biósfera de La Amistad.

La decisión de la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado Winston Spadafora, surge al resolver una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en contra de la resolución.

El proyecto es uno de los que pone en peligro las riquezas marino-costeras, según Ciam. La organización espera que el fallo se convierta en un precedente para obras que atenten contra el medio ambiente.

El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell, dijo que el fallo es “importante” para la gestión ambiental de la entidad.

Dijo que la empresa debe realizar otro EIA para evaluación, si desea continuar con el proyecto.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) mediante la cual se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental a la segunda etapa del proyecto Red Frog en Bocas del Toro es una buena noticia, en especial por los desatinos que ha cometido con los proyectos mineros en la provincia de Colón.

Después de mucho tiempo, la Corte está dando muestra de estar recuperando la cordura y ciertamente el fallo es recibido con gran beneplácito, pues hace tiempo que no veíamos actuaciones tan firmes. Y más allá de ello, el mensaje está claro para la Anam, que parece más preocupada en proteger los intereses de seudoempresarios que los de la sociedad. Bocas del Toro tiene un enorme potencial que está en peligro por la desenfrenada codicia de personas que solo están interesadas en llenarse los bolsillos.

Lamentable es que los funcionarios de la Anam no se hayan dado cuenta de ello y hayan tenido que hacérselos ver los magistrados de la Corte Suprema y un grupo de ciudadanos interesados en mantener en buen estado nuestra herencia natural.

Minera Petaquilla pierde demanda en la Corte

AMBIENTE.

Petaquilla pierde demanda en la Corte

LA PRENSA/Archivo
La concesión para la mina es de 13 mil hectáreas.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La empresa Minera Petaquilla sufrió un revés en la Corte Suprema de Justicia. La Sala Tercera de la Corte, con la ponencia de Adán Arnulfo Arjona, y secundada por Víctor Benavides y Jacinto Cárdenas, declaró legales los artículos 3, 4, 5 y 6 del Decreto No. 209 del 5 de septiembre de 2006, que habían sido demandados por la empresa por considerarlos ilegales dentro del proceso administrativo que le sigue la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

El decreto establece sanciones para las empresas que empiezan actividades o proyectos sin tener aprobado un estudio de impacto ambiental.

José Gabriel Carrizo, abogado de la empresa, dijo que desconoce el fallo.

PROCESO.FALLO DE LA CORTE DECLARA LEGAL DECRETO DE LA ANAM.

Petaquilla sufre revés legal

La Anam continuará el proceso administrativo contra Minera Petaquilla, por incumplir normas.

Empresa había demandado por ilegal el Decreto 209 que regula procesos de evaluación ambiental.

LA PRENSA/ Archivo
CAMINO. La Anam empezó un proceso de investigación en contra de Minera Petaquilla, por haber comenzado la construcción de una carretera sin tener un estudio de impacto ambiental.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) seguirá el proceso administrativo contra la empresa Minera Petaquilla, por haber empezado su actividad minera sin tener el estudio de impacto ambiental.

Así reaccionó ayer el director de asesoría legal de la Anam, Harley Mitchell, al conocer la decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que declaró legales los artículos 3, 4, 5 y 6 del Decreto Ejecutivo No. 209 del 5 de septiembre de 2006, que habían sido demandados por la empresa, por ilegales, dentro del proceso administrativo que la Anam le sigue por empezar actividades sin tener el estudio de impacto ambiental.

El decreto, que regula los procesos de evaluación ambiental contenidos en la Ley General del Ambiente, establece sanciones para las empresas que comiencen actividades, obras o proyectos sin contar con los respectivos estudios de impacto ambiental.

En 2005, la Anam le abrió un proceso a la empresa Minera Petaquilla por haber comenzado una obra sin los estudios requeridos. El proceso fue ampliado en 2006, cuando la Anam descubrió la realización de otras actividades sin la evaluación ambiental.

La compañía presentó la demanda de ilegalidad en contra del Decreto 209 alegando, entre otros aspectos, que la norma violaba el contrato de concesión entre Minera Petaquilla y el Estado, aprobado por la Ley número 9 del 26 de febrero de 1997.

José Gabriel Carrizo, uno de los abogados de la empresa, dijo desconocer el fallo, pero argumentó que a la compañía no se le pueden aplicar esos artículos porque está amparada en un contrato de ley.

A juicio de la empresa, el contrato, al ser aprobado por ley, “ocupa una posición jerárquica superior al decreto”.

Mitchell dijo no entender la demanda, porque a la empresa se le abrió un proceso de acuerdo con lo que establece la Ley 41, mejor conocida como Ley General del Ambiente.

Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte concluyeron en su dictamen “que es preciso destacar que el contrato administrativo no tiene jerarquía de ley”.

Mitchell dijo que la empresa aún no cuenta con los estudios de impacto ambiental aprobados para el proyecto de explotación de los minerales metálicos (oro y plata).

Asalto del gabinete al Archipiélago de Bocas del Toro

Esta nueva Resolución de Gabinete es violatoria de la Ley de Urbanismo que define cómo y quienes intervienen en el ordenamiento territorial de una municipalidad.  Además esta política supuesta promoción turística, si la fuera requiere por Ley una evaluación ambiental estratégica que defina el impacto de tal política.

Esta Resolución le quita de facto el derecho al Municipio de Bocas del Toro la potestad constitucional y legal de ordenar su territorio.

Es una resolución de gabinete típica de países corruptos, donde impera el interés privado por el interés nacional.  Prácticamente alguien con intereses e influencias en Palacio están asaltando al Archipiélago de Bocas del Toro.

El señor Presidente sabe de toda esta corrupción y es parte por acción y omisión.  La peor corrupción es la del uso del gobierno para hacer leyes en nombre del Estado para favorecer propios intereses.

El gobierno actual no quiere dejar un sólo recurso libre para los panameños en Bocas del Toro.  Qué barbaridad!

Burica Press

He aquí la resolución de gabinete de marras.

————————

RESOLUCIÓN DE GABINETE No. 95

(de 18 de junio de 2008)

Que declara Área de Desarrollo Especial para su aprovechamiento turístico, un sector del territorio insular en el Archipiélago de Bocas del Toro

EL CONSEJO DE GABINETE,

en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 19 de la Ley 2 de 2006, Que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones, establece que el Consejo de Gabinete, por recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas y del Instituto Panameño de Turismo, podrá declarar como áreas de desarrollo especial para su aprovechamiento turístico, las áreas del territorio insular que reúnan especiales condiciones para la atracción turística, en atención a lo dispuesto en el artículo 291 de la Constitución Política, siempre que la inversión por realizarse, aparte de su impacto económico, garantice la generación de un número de empleos significativos para el área;

Que, mediante la Resolución de Gabinete No.41 de 13 de febrero de 1996, se declaró constituida en Zona de Desarrollo Turístico de Interés Nacional el área denominada Zona 2, Bastimentos;

Que, desde la declaratoria de dicha área como Zona de Desarrollo Turístico de Interés Nacional, no se ha logrado fomentar el desarrollo de facilidades e infraestructuras turísticas en toda la región del Archipiélago de Bocas del Toro;

Que dentro del Archipiélago de Bocas del Toro existen islas, islotes y cayos, que contienen atractivos y recursospatrimoniales, a partir de los cuales se pueden fomentar importantes desarrollos turísticos, teniendo como premisa el desarrollo de productos de ecoturismo, bajo criterios de desarrollo sostenible;

Que las zonas turísticas distinguidas en el Plan Maestro de Desarrollo Turístico, entre ellas la Zona 2, Bastimentos, así como la Región del Archipiélago de Bocas del Toro, reúnen las condiciones especiales para la atracción turística; sin embargo carecen de la infraestructura básica para el desarrollo de dicha actividad;

Que tanto el Instituto Panameño de Turismo, como el Ministerio de Economía y Finanzas, han recomendado al Consejo de Gabinete, conforme al artículo 19 de la Ley 2 de 2006, la declaración como área de desarrollo especial para su aprovechamiento turístico en la República, un sector del territorio insular en el Archipiélago de Bocas del Toro;

Que es interés primordial del Consejo de Gabinete, la promoción de empleos, el desarrollo económico y la conservación del ambiente;

Que posterior a un análisis técnico y de consultas realizados con otras entidades gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Panameño de Turismo, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Educación, Autoridad Nacional del Ambiente, Autoridad Marítima de Panamá, Instituto Nacional de Cultura, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y Autoridad de Aeronáutica Civil, se considera conveniente para la adecuada promoción del Desarrollo Turístico, dentro del Archipiélago de Bocas del Toro, la declaratoria como Área de Desarrollo Especial, la delimitación poligonal que a continuación se detalla: Según plano adjunto, aprobado con el No.10101-113604 de 27 de marzo de 2008 por la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales; partiendo del Punto 1 con coordenadas Norte 1027298, Este 353483, siguiendo hasta el punto 2, con coordenadas Norte 1037473, Este 352632. Luego se sigue hasta el punto 3, con coordenadas Norte 1046215, Este 354156, siguiendo hasta el punto 4, con coordenadas Norte 1044287, Este 368724, siguiendo hasta el punto 5, con coordenadas Norte 1036442, Este 367693, siguiendo hasta el punto 6 con coordenadas Norte 1028553, Este 384996, siguiendo hasta el punto 7 con coordenadas Norte 1019678, Este 389748, siguiendo hasta el punto 8, con coordenadas Norte 1006476, Este 391204, siguiendo hasta el punto 9 con coordenadas Norte 1006476, Este 371212, siguiendo hasta el punto 10 con coordenadas Norte 1010555, Este 370002, siguiendo hasta el punto 11 con coordenadas Norte 1012304, Este 372333, siguiendo hasta el punto 12 con coordenadas Norte 1017279, Este 371705, siguiendo hasta el punto 13 con coordenadas Norte 1019341, Este 368119, siguiendo hasta el punto 14 con coordenadas Norte 1020731, Este 367267, siguiendo hasta el punto 15 con coordenadas Norte 1020440, Este 364914, siguiendo hasta el punto 16 con coordenadas Norte 1019274, Este 362762, siguiendo hasta el punto 17 con coordenadas Norte 1017840, Este 362045, siguiendo hasta el punto 18 con coordenadas Norte 1017571, Este 360342, siguiendo hasta el punto 19, con coordenadas Norte 1020484, Este 358145, siguiendo hasta el punto 20 con coordenadas Norte 1017167, Este 354828, siguiendo hasta el punto 21 con coordenadas Norte 1021202, Este 350166, siguiendo hasta el punto 1 con coordenadas Norte 102798, Este 353483 colindando hasta aquí con el Océano Atlántico, y así cerrando el polígono antes descrito con un Área de 89.672 Has. + 6,727 Mts.2, . No 26069 Gaceta Oficial Digital, miércoles 25 de junio de 2008 1

RESUELVE:

Artículo 1. Declarar Área de Desarrollo Especial para su Aprovechamiento Turístico en la República de Panamá, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 2 de 2006, un sector del territorio insular en el Archipiélago de Bocas del Toro, localizado dentro del siguiente polígono: Según plano adjunto, aprobado con el No.10101-113604 de 27 de marzo de 2008 por la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales; partiendo del Punto 1 con coordenadas Norte 1027298, Este 353483, siguiendo hasta el punto 2, con coordenadas Norte 1037473, Este 352632. Luego se sigue hasta el punto 3, con coordenadas Norte 1046215, Este 354156, siguiendo hasta el punto 4, con coordenadas Norte 1044287, Este 368724, siguiendo hasta el punto 5, con coordenadas Norte 1036442, Este 367693, siguiendo hasta el punto 6 con coordenadas Norte 1028553, Este 384996, siguiendo hasta el punto 7 con coordenadas Norte 1019678, Este 389748, siguiendo hasta el punto 8, con coordenadas Norte 1006476, Este 391204, siguiendo hasta el punto 9 con coordenadas Norte 1006476, Este 371212, siguiendo hasta el punto 10 con coordenadas Norte 1010555, Este 370002, siguiendo hasta el punto 11 con coordenadas Norte 1012304, Este 372333, siguiendo hasta el punto 12 con coordenadas Norte 1017279, Este 371705, siguiendo hasta el punto 13 con coordenadas Norte 1019341, Este 368119, siguiendo hasta el punto 14 con coordenadas Norte 1020731, Este 367267, siguiendo hasta el punto 15 con coordenadas Norte 1020440, Este 364914, siguiendo hasta el punto 16 con coordenadas Norte 1019274, Este 362762, siguiendo hasta el punto 17 con coordenadas Norte 1017840, Este 362045, siguiendo hasta el punto 18 con coordenadas Norte 1017571, Este 360342, siguiendo hasta el punto 19, con coordenadas Norte 1020484, Este 358145, siguiendo hasta el punto 20 con coordenadas Norte 1017167 Este 354828, siguiendo hasta el punto 21 con coordenadas Norte 1021202, Este 350166, siguiendo hasta el punto 1 con coordenadas Norte 102798, Este 353483 colindando hasta aquí con el Océano Atlántico, y así cerrando el polígono antes descrito con un Área de 89.672 Has. + 6,727 Mts.2 .

Artículo 2. Los proyectos que se realicen en el área declarada de desarrollo especial, se ajustarán a las políticas del Instituto Panameño de Turismo y del Ministerio de Economía y Finanzas, y se  implementarán dentro de las áreas específicas determinadas para tal efecto, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial para Áreas de Desarrollo Urbano, que se elabore para tal efecto, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 2 de 2006 y en el Decreto Ejecutivo No. 85 de 14 de junio de 2006.

Artículo 3. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Panameño de Turismo establecerán, en conjunto con las entidades competentes, un plan de monitoreo que involucre sendas inspecciones a todos los proyectos que se realicen en el área, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las condiciones y plazos pactados en los contratos correspondientes, acorde a las disposiciones establecidas en la Ley 2 de 2006 y en el Decreto Ejecutivo No. 85 de 14 de junio de 2006.

Artículo 4. Esta Resolución reconoce la existencia de áreas anexas insulares establecidas en la Ley 10 de 1997, siempre que éstas hayan sido aceptadas por las comunidades indígenas a través de los organismos tradicionales locales y comarcales. En aquellas tierras comunales con una población de más de trescientos indígenas y no descrita en la Ley 10 de 1997, se aplicarán los criterios de derechos posesorios ejercidos previos a la Ley 2 de 2006, sin perjuicio de la declaratoria de tierras colectivas basadas en la propiedad colectiva indígena.

Artículo 5. El Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, declarado área protegida mediante Resolución No.022-88 publicada en la Gaceta Oficial No.21,129 de 6 de septiembre de 1988, con una superficie de trece mil doscientas veintiséis hectáreas (13,226 ha.) queda excluido de la zona de desarrollo especial para aprovechamiento turístico establecida en la presente Resolución de Gabinete.

Artículo 6. Las áreas urbanizadas, según los parámetros establecidos en el artículo 16  del Decreto Ejecutivo No.85 de 14 de junio de 2006, identificadas en la zona de desarrollo especial para su aprovechamiento turístico, quedan excluidas de la aplicación de la presente Resolución de Gabinete.

Artículo 7. La expresión gráfica de las áreas excluidas en los artículos 5 y 6 que anteceden, quedan debidamente establecidas en el Mapa Temático PRONAT No. 1, que contiene una representación gráfica del Plano No.10101-113604 de 27 de marzo de 2008, y ambos forman parte integral de la presente Resolución.

Artículo 8. Esta Resolución empezará a regir desde su aprobación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 19 de la Ley 2 de 2006, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.85 de 14 de junio de 2006 y la Ley 10 de 1997.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 18 días de mes de junio de dos mil ocho (2008).

MARTÍN TORRIJOS ESPINO Presidente de la República

El Ministro de Gobierno y Justicia,

DANIEL DELGADO-DIAMANTE

El Ministro de Relaciones Exteriores,

SAMUEL LEWIS NAVARRO

El Ministro de Educación, SALVADOR A. RODRÍGUEZ G.

El Ministro de Obras Públicas,

BENJAMÍN COLAMARCO PATIÑO

La Ministra de Salud,

ROSARIO TURNER MONTENEGRO

El Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral,

EDWIN SALAMÍN JAÉN

La Ministra de Comercio e Industrias,

CARMEN GISELA VERGARA

El Ministro de Vivienda, GABRIEL DIEZ P.

El Ministro de Desarrollo Agropecuario,

GUILLERMO SALAZAR NICOLAU

La Ministra de Desarrollo Social,

MARÍA ROQUEBERT LEÓN

El Ministro de Economía y Finanzas,

HÉCTOR E. ALEXANDER H.

El Ministro para Asuntos del Canal,

DANI KUZNIECKY

DILIO ARCIA TORRES

Ministro de la Presidencia y Secretario General del Consejo de Gabinete.

Fuente oficial: Gaceta Digital Oficial No. 26069, miércoles 25 de junio de 2008.