Ecologistas rechazan proyecto de ley que intenta eliminar EIA en proyectos del Estado

COMUNICADO CONJUNTO

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AMBIENTAL

SOBRE LA PRETENDIDA MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE AMBIENTE

Ante la inclusión de “camarones legislativos anti-ambiente” por parte del Ejecutivo, en el Proyecto de Ley No. 177, “Que adopta medidas para promover el Desarrollo Sostenible de la Aviación Comercial, Actividades en Desarrollo y dicta otras disposiciones”, presentado anoche a la consideración de la Asamblea Nacional por el Ministro de Gobierno y Justicia en una sesión plenaria que sólo tuvo una duración de 20 minutos, las organizaciones firmantes señalamos lo siguiente:

Efectos iniciales del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en Bocas del Toro que fue declarado de interés social por el gobierno, ya que es accionista de esta obra. Esta sería una de las tantas obras que no requerirán EIA o cumplir adecuadamente con la política ambiental, de hacerse efectiva la pretendida ley de aviación. El Metro unidireccional es otra obra que no ha realizado EIA y al parecer no lo quieren hacer.

1. Rechazamos categóricamente los artículos 26 y 27 del mencionado proyecto de Ley, que pretenden excluir del requisito de estudio de impacto ambiental a “aquellas actividades, obras o proyectos estatales que sean declarados de interés social por el Consejo de Gabinete”.

2. Denunciamos la desviación de poder en que ha incurrido el Ejecutivo, al incluir estos artículos en un proyecto de ley sobre materias ajenas a las ambientales, excediendo así sus facultades constitucionales.

3. Deploramos que la Asamblea Nacional, que debe representar los mejores intereses del pueblo panameño, pretenda darle primer debate a estos dos artículos en la Comisión de Transporte. Ninguna modificación a la Ley General de Ambiente debe siquiera proponerse sin un análisis profundo del tema y sin la consulta más amplia posible. Además, debe ser discutida en primer debate por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo.

4. Advertimos que este proyecto de ley constituye un claro atentado contra los derechos humanos de la ciudadanía panameña, ya que, de aprobarse, colocaría a la población en un grave estado de indefensión frente a iniciativas potencialmente dañinas para la vida, la salud y el ambiente de las comunidades, cuando éstas sean promovidas por el Estado.

5. Advertimos también que este proyecto de ley constituye una violación de tratados internacionales suscritos y ratificados por Panamá, que exigen que nuestro país mantenga y no desmejore sus estándares ambientales.

6. Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía a apersonarse a la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, mañana miércoles a las 10:00 a.m., para manifestar de viva voz su rechazo a este proyecto de ley.

7. Finalmente, este Mes del Ambiente, nos declaramos en estado de alerta frente a este nuevo intento del Gobierno Nacional por poner en riesgo nuestro patrimonio natural y el bienestar de la población panameña.

¡PANAMÁ NO SE VENDE!

Panamá, 8 de junio de 2010

Proyecto de ley cuestionado: Proyecto de ley que elimina EIA en proyectos del gobierno y modifica el Código de Trabajo y el Código Penal, entre otros

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Asociación Agroambientalista Macho de Monte, Chiriquí

Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)

Asociación de Derecho Ambiental (ADA)

Asociación de Productores Agroecológicos La Amistad (ADPAELA), Chiriquí

Asociación Ecologista Panameña (AEP)

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)

Asociación Oceánica de Panamá (AOP)

Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB), Chiriquí

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Centro Misionero de La Concepción, Chiriquí

Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)

Colibrí-Asociación Ecologista de Panamá, Chiriquí

Comité de Defensa y Protección de la Naturaleza en Gualaca (CODEPRONAGUA), Chiriquí

Comité Pro Defensa del Río Gariché, Chiriquí

Comunidad de Quebrada Caña, Chiriquí

Comunidad de Santa Marta, Chiriquí

Congreso General Ngöbe-Buglé

Conservation International (CI)

Fundación Albatros Media

Fundación Almanaque Azul

Fundación MarViva

Fundación NATURA

Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta (FUNDICCEP), Chiriquí

Fundación para la Protección del Mar (PROMAR)

Grupo La Zapatilla Verde, Chiriquí

Human Rights Everywhere (HREV)/Comuna Sur

Junta Administradora del Acueducto Rural de Santa Rita, Chiriquí

Junta Administradora del Acueducto Rural de La Victoria, Chiriquí

Justicia, Paz e Integridad de la Creación” de los Misioneros Claretianos de Centroamérica

Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO), Veraguas

Red Nacional de Defensa de los Ríos, Tierras y Comunidades

Sociedad Audubon de Panamá (SAP)

Nasos Teribes recurren a CIDH para protegerse del Estado Panameño

Nasos Teribes recurren a CIDH para protegerse del Estado Panameño

El Pueblo Naso Teribe presentó el 3 de junio de 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición judicial en la que reclama, entre otras cosas, la creación de la Comarca, la urgente paralización de proyectos como el de la hidroeléctrica de Bonyik y la reparación por parte del Estado por la sistemática y reiterada violación de sus derechos individuales y colectivos. El pueblo Naso ha tenido que acudir ante la CIDH ante la negativa del Estado panameño a reconocer sus derechos territoriales.

En la petición de 175 páginas, presentada a nombre del Pueblo Naso por el bufete de abogados de Washington D.C. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, se sustenta y demuestra la discriminación a la que ha estado sometido el pueblo Naso en la provincia de Bocas del Toro y la violación de sus derechos territoriales, políticos y culturales y se advierte que, de no reconocerse la Comarca Naso Tjër Di, “resultara probablemente en el genocidio cultural de los Nasos, ya que su cultura, vida espiritual, y existencia están amenazadas par los inversionistas foráneos motivados solamente par la ganancia financiera que pueden obtener al implementar proyectos hidroeléctricos (…). Se esta hacienda daño irreparable en este momento a la comunidad Naso y debe ser detenido mientras este pendiente una decisión en base a los méritos de esta petición”.

Hay que recordar que las comunidades Naso han sufrido en los últimos años desplazamientos forzados, detención de sus líderes, situaciones de inseguridad alimentaria y destrozo de su patrimonio ambiental, especialmente en las áreas del río Bonyik y en las comunidades de San San y San San Druy.

El pueblo Naso solicita además a la CIDH medidas provisionales urgentes que protejan la integridad de su territorio y de sus integrantes mientras se abre un proceso de negociación en el que el Gobierno reconozca los derechos territoriales de este pueblo originario en riesgo y para que las comunidades Naso sean consultadas de forma vinculante sobre cualquier proyecto económico externo que se quiera desarrollar en su territorio ancestral.

La petición incluye pruebas de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno y por las Empresas en los últimos años y advierte de la situación de indefensión actual. También se demuestra como el pueblo Naso ha acudido a todas las instancias nacionales antes de presentar esta petición a la CIDH.

El derecho a un mejor ambiente

ENTREVISTA

El derecho a un mejor ambiente

No hay concordancia entre el discurso del Gobierno y la realidad ambiental. Se promueve la actividad contaminante.

CATEDRÁTICO. Félix Wing comparte su vida profesional entre las aulas de clases y el cuidado del ambiente . LA PRENSA/ David Mesa

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Félix Wing se ha movido en el mundo ambiental desde hace 20 años. Cuando el país aún era gobernado por los militares, Wing daba sus primeros pasos en materia de conservación. Después no solo ha defendido los intereses ecológicos del país, sino que también participó en la elaboración de la Ley General del Ambiente, mediante la cual se creó la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Sus conocimientos jurídicos lo han puesto al servicio de la naturaleza. A finales del pasado mes abandonó el despacho del magistrado Adán Arnulfo Arjona, donde trabajó como asistente, para encargarse de la Dirección de Asesoría Legal del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).

¿Cuáles son sus consideraciones sobre la legislación ambiental en Panamá?

La legislación ambiental ha avanzado mucho en los últimos 11 años, sobre todo después de la promulgación de la Ley General del Ambiente. Digamos que se ha ido profundizando en el tema, no solamente en la aprobación de nuevas leyes, sino en la reglamentación de las normas. En este momento estamos en la etapa de cumplir y de hacer cumplir las normas. Es un proceso gradual que se debe continuar profundizando, porque todavía hay áreas que no han sido atendidas o dotadas de un marco legal adecuado.

¿Cuáles son esas áreas que requieren de un marco jurídico adecuado?

Hay normas de calidad ambiental que no han sido aprobadas y otras ni siquiera han pasado por el proceso de elaboración. Hablo de normas relacionadas con la calidad del aire, calidad del suelo, calidad del agua, y de los límites máximos de contaminantes permisibles. Los retrocesos, lamentablemente, han sido por falta de visión de las entidades estatales porque han sido temas discutidos, por ejemplo, consolidar todas las competencias ambientales en una sola institución para que no haya duplicidades.

¿En qué otros aspectos podríamos hablar de retroceso ambiental?

Hay una dicotomía entre el discurso gubernamental y la acción o la realidad. Por un lado, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, se tira un discurso en la Organización de las Naciones Unidas –del cual yo, como panameño, me sentí orgulloso de escuchar al Presidente hablar de lo que representa Panamá en recursos naturales– pero, en la realidad, el Gobierno promueve la minería metálica, una de las actividades más dañinas no solo para el ambiente, sino también para la salud humana.

No vemos que el país se promueve como lo que es: un puente biológico, de migración de especies, como un lugar de gran biodiversidad; como tampoco vemos el interés en explotar el turismo ecológico.

¿Que más le preocupa de esa realidad?

Seguimos rellenando costas, tumbando manglares e invirtiendo millones en plantas termoeléctricas e hidroeléctricas –estas últimas están arruinando nuestros ríos–, en vez de invertir en turismo ecológico sostenible y en fuentes renovables de energía.

En materia de turismo ecológico, por ejemplo, hay personas que pagarían para ir hacer rafting al río Chiriquí Viejo, pero qué rafting podrían hacer si están construyendo una serie de hidroeléctricas que terminará por dañar uno de los tesoros naturales del país. También hay personas dispuestas a pagar para ir al bosque a observar aves, pero lo que están haciendo es acabar con los manglares y los bosques. Un caso claro es la bahía de Panamá, a donde llegan aves migratorias.

Pero se requiere de la energía eléctrica, ¿qué hacemos?

Panamá es un país en el que hay sol la mayor parte del año. Es una una bendición que muy poco países tienen y, en términos de energía, es algo que se puede aprovechar. En Alemania, por ejemplo, han encontrado soluciones adecuadas para que a las personas comunes y corrientes se les haga más viables, en términos económicos, invertir en energía solar en su casa. Incluso, si en un momento dado una casa produce excedente de energía solar, puede enviarla a la red y se le descuenta de la facturación mensual.

Recordemos que una de las plataformas de campaña del actual gobierno fue, precisamente, la disminución del costo de la energía eléctrica; entonces, por qué no pensar en esa alternativa y permitir al ciudadano común invertir en energía solar para disminuir el costo de la energía.

Desde el punto de vista jurídico, ¿es factible la instalación de paneles solares en residencias?

En estos momentos no es factible desde el punto de vista económico, porque el andamiaje jurídico no se ha creado y es allí donde está la función del derecho, que es crear las condiciones necesarias para que el aspecto económico sea factible. En vez de utilizar el derecho para favorecer el medio ambiente, lo estamos utilizando para estimular la inversión no sostenible de compañías que tienen récords ambientales cuestionables. Además, estamos importando tecnología y sustancias inadecuadas, que han prohibido en países de donde proceden estas empresas.

Los ambientalistas son blanco de ataque. ¿Qué piensa de esto?

Se trata de adversarios que no tienen argumentos para defender su punto de vista y que, en el fondo, son conscientes de las realidades ambientales que vivimos.

Organizaciones civiles exigen al gobierno panameño respeto al pueblo Naso

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA PANAMEÑA
E INTERNACIONAL

Las organizaciones abajo firmantes mostramos nuestra solidaridad con las comunidades del pueblo originario Naso de San San Drui y San San y exigimos al Gobierno Nacional el respeto de sus derechos territoriales, culturales, económicos y políticos que han sido violentados durante los últimos ocho meses. Deploramos el desalojo violento y sin las adecuadas garantías realizado el pasado 19 de noviembre y pedimos que de forma urgente se abra una mesa de diálogo con capacidad de decisión que encuentre una solución consensuada tal y como ha instado el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya.

CONSIDERANDO:

  1. Que el pueblo originario Naso está en riesgo de extinción dada la agresión permanente a sus territorios, la falta de reconocimiento de su Comarca y la ausencia de una educación bilingüe y respetuosa de sus particularidades culturales.
  2. Que el pueblo originario Naso es, como lo reconoce la UNESCO, garante del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque Protector Palo Seco, ecosistemas claves para Panamá y que se encuentran seriamente amenazados por los megaproyectos en ejecución o propuestos y por la política que fomenta la economía extractiva en lugar de la sostenibilidad ambiental, humana y económica.
  3. Que la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (Septiembre 2007) que suscribió el Estado de Panamá, reconoce los derechos a su propio territorio y autogobierno de los pueblos originarios, y que por ende es responsabilidad del Estado buscar una solución a la desprotección territorial del pueblo.
  4. Que durante los últimos ocho meses, desde el primer desalojo violento de estas comunidades (30 de marzo de 2009), los representantes de la comunidad Naso han mostrado toda la disposición a negociar y han dado muestra de buena fe, mientras que los representantes del Gobierno han sido inconsistentes e irrespetuosos de los pocos acuerdos alcanzados.
  5. Que se está priorizando los intereses privados de una empresa frente al interés colectivo de un pueblo originario que acumula parte del patrimonio intangible de Panamá.
  6. Que se ha puesto en riesgo la integridad física, mental y espiritual de dos comunidades, incluyendo un gran número de menores de edad y adultos mayores.
  7. Que se han incumplido los procedimientos recogidos en la ley y que se dio un uso excesivo de la fuerza (tal y como lo expresó la Defensoría del Pueblo).
  8. Que persiste la amenaza policial, así como una crisis humanitaria en la zona (particularmente está en riesgo la seguridad alimentaria de la población desalojada la cual no ha podido sembrar ni recoger el fruto de su trabajo ya que se destruyeron sus cultivos desde marzo).

EXIGIMOS

  1. El inmediato cese de los hostigamientos a la población civil de San San Drui y San San, así como la salida de las unidades policiales que permanecen en San San Drui y en el punto conocido como el Zarzo en el camino de Guabito a las comunidades.
  2. Garantizar la libre movilización de personas y mercancías y cesar las requisas y las intimidaciones.
  3. Atender urgentemente las necesidades alimentarias y de cobijo de las familias afectadas por el desalojo del 19 de noviembre.
  4. Instalar a la mayor brevedad una comisión de negociación en la que exista una amplia representación de los líderes Naso de San San y San San Drui y todas las condiciones necesarias para su efectiva participación.
  5. Establecer medidas de reparación para los daños económicos, morales y culturales ocasionados a las comunidades de San San y San San Drui.
  6. Acelerar la discusión en la Asamblea Nacional del proyecto de creación de la Comarca Naso y descartar cualquier otra fórmula territorial que no suponga el pleno reconocimiento de la propia determinación de los pueblos originarios.
  7. Incluir en la agenda de negociación la discusión del papel que juegan los Naso en la protección del PILA y del Bosque Protector Palo Seco; y revisar todos los procedimientos y Estudios de Impacto Ambiental del proyecto Hidroeléctrico Bonyic dado el riesgo de daño irreparable en el Bosque Protector.

Firmado en Panamá el 26 de noviembre por las siguientes organizaciones:

Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)
Pastoral Indígena Arquidiocesana
Pastoral Social de la Arquidiocesana
Movimiento de la Juventud Kuna (MJK)
Acción Cultural Ngobe (ACUN)
Human Rights Everywhere / Comuna Sur (HREV)
Comunidades Religiosas Insertas en Medios Populares (CRIMPO)
Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Indígenas ngäbe buglés piden a AES y el gobierno suspender proyecto hidroeléctrico

Indígenas piden suspender proyecto hidroeléctrico

PROTESTA. Indígenas ngäbe buglés realizaron piquetes en dos sitios de Calle 50 para exigir al Gobierno la suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 que construye la empresa AES Panamá en Changuinola. Los indígenas protestaron en horas del mediodía frente al edificio donde están las oficinas de AES Panamá; mientras que en la tarde se presentaron a la Defensoría del Pueblo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió, en julio, suspender la obra.

JOSÉ ARCIA

Inicios de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá
Inicios de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá