Exigen castigo por daños al manglar de Juan Díaz

MANGLARES DE JUAN DÍAZ.

Ambientalistas exigen castigo

Las autoridades ambientales investigan qué sustancia química contaminó la zona costera.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Un grupo de ambientalistas exigió a las autoridades vinculadas a la protección del ambiente aplicar sanciones enérgicas a los responsables de la contaminación de un área de manglar en Juan Díaz.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) investiga a la empresa Gases Industriales por el derrame de una sustancia química que supuestamente ha causado serios “daños al ecosistema” en esa zona.

Alida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, consideró que las autoridades deben ser rigurosas en la aplicación de las normas ambientales.

Mir Rodríguez y Ariel Rodríguez, biólogos de profesión y ambientalistas, dijeron que lo sucedido en Juan Díaz es un reflejo de la debilidad que hay en cuanto a vigilancia ambiental, y exigieron la recuperación del ecosistema dañado por la sustancia química.

Proceso de una investigación

. 26 DE FEBRERO DE 2008: La Anam recibe una denuncia por daño ambiental.

. 3 DE MARZO: La Anam inspecciona el lugar y empieza una investigación administrativa.

. 21 DE ABRIL: Emite un informe que señala daños ambientales.

juan díaz. preocupación por los ecosistemas marino costeros.

Piden sanción por daños a manglares

ANCON exige que se detengan las actividades que afectan los ecosistemas marino costeros.

La Anam investiga a Gases Industriales por derrame de sustancia química en los manglares de Juan Díaz.

LA PRENSA/Carlos Lemos
irresponsabilidad. Un químico está destruyendo parte del ecosistema marino.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Varios ambientalistas mostraron su preocupación por los daños ocasionados a los manglares de Juan Díaz, y piden a las autoridades la aplicación rigurosa de las leyes. La directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Alida Spadafora, dijo que este tipo de actividades no se puede permitir.

Lucía Lasso, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, dijo que el problema es que los manglares son vistos como un lugar “cochino” que no se debe conservar.

Estas declaraciones surgen luego de que residuos químicos fueran vertidos en los manglares de Juan Díaz, y que la Dirección Regional de Panamá Centro de la Autoridad Nacional del Ambiente empezara una investigación contra la empresa Gases Industriales como la posible responsable del daño ecológico.

“Hay que parar este tipo de cosas”, dijo Spadafora, quien además pidió a las autoridades ambientales llegar “hasta las últimas consecuencias” para hacer que los culpables paguen por los daños ocasionados al ecosistema.

Lasso insistió en que es el momento de cambiar la percepción sobre los manglares.

Manglares de Panamá siguen amenazados

CATHALAC REALIZÓ UNA INVESTIGACIÓN DE 1O MESES.

Intereses económicos amenazan los manglares

Un estudio determinó que la política y el dinero podrían estar por encima de las leyes que protegen ese ecosistema.

LA PRENSA/Carlos Lemos
incendio. En marzo pasado, unas 20 hectáreas de manglar quedaron hechas cenizas, en Juan Díaz.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los manglares del país están condenados a desaparecer, si la tala y las incongruencias en las leyes que regulan las zonas marino costeras continúan.

A esta conclusión se llega tras analizar una investigación del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (Cathalac) realizada durante los primeros 10 meses de 2007, en la cual analizaron la situación de los manglares y las normas jurídicas que buscan la protección de las zonas marino costeras.

El estudio –que abarcó el golfo de San Miguel, en Darién, el golfo de Montijo, en Veraguas, y el golfo de Chiriquí, en Chiriquí– plantea que las leyes no se cumplen por razones como “desconocimiento de las autoridades” y “poderosos intereses políticos y económicos que parecen estar por encima de las normas legales existentes”.

Los resultados, que fueron presentados ayer, hablan además de leyes contradictorias y de falta de coordinación entre las entidades que velan por la protección y el aprovechamiento de los manglares.

La investigación también determinó que en el golfo de Chiriquí, desde 1979 a 2004, hubo una disminución del 21% de la cobertura del bosque de manglar. En el golfo de Montijo fue de 11.5% entre 2000 y 2006, y en el golfo de San Miguel se registró un bajo nivel de intervención.

ESTUDIO.

Cuestionan leyes sobre manglares

Cathalac analizó la situación de las zonas costeras en tres puntos de país.

LA PRENSA/Carlos Lemos
DAÑO. Unas 20 hectáreas de manglar, en Juan Díaz, fueron incendiadas hace poco.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Contradicciones e incongruencias: son los términos que definen las leyes que regulan los ecosistemas marino costeros, de acuerdo con un estudio del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (Cathalac) que analiza, entre otros aspectos, las leyes que se refieren a la protección de las zonas de mangle.

Las normas más recientes que se han aprobado y que hacen referencia a la protección de los manglares son: la Ley 2 del 7 de enero de 2006, mejor conocida como Ley insular, y la Ley 44 del 23 de noviembre de 2006 que crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap).

La primera establece que “queda prohibida la tala, el uso y la comercialización de los bosques de manglar…”. Sin embargo, a renglón seguido plantea que se “exceptúan los proyectos de desarrollo turístico, previa aprobación del estudio de impacto ambiental”.

La segunda, por su parte, plantea que los recursos marino costeros constituyen patrimonio nacional, y su aprovechamiento, manejo y conservación estarán sujetos a las disposiciones que, para tal efecto, emita la Arap.

El científico Noel Trejos, quien participó en el estudio, dijo durante la presentación que “son notorias las contradicciones que se presentan en estas leyes”. Lo que es peor, esta situación es un indicio de que cada institución del país trabaja por separado y crea sus propios decretos, sin tomar en cuenta los sectores involucrados. “Hay un grave problema de descoordinación institucional”, recalcó.

El estudio de Cathalac también habla sobre la pérdida de áreas de manglar, ocasionada por actividades agrícolas, la extracción de madera y por el turismo.

CASOS RECIENTES

El tema de los manglares trajo a colación el incendio provocado en el área de Juan Díaz, hecho ocurrido a mediados de marzo pasado, cuando se afectaron 20 hectáreas de zona costera.

El administrador de la Arap, Reynaldo Pérez Guardia, se comprometió ayer, durante la presentación del informe, a realizar reuniones de trabajo para determinar si se deben efectuar cambios en las normas relacionadas a la protección de los ecosistemas marinos.

Para empezar, el informe de Cathalac plantea que la Arap y la Autoridad Nacional del Ambiente deben establecer mecanismos para lograr una coordinación adecuada que garantice el manejo y conservación de las áreas protegidas con recursos marinos.

Áreas por conservar

.SIN TALAR: El año pasado la cobertura boscosa de manglar de Panamá comprendía una superficie de mil 813 kilómetros cuadrados.

.CONCENTRACIÓN: La mayor parte de los manglares se encuentra en el Pacífico, particularmente en los golfos de San Miguel, de Panamá y de Chiriquí.

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Vea además: https://burica.wordpress.com/category/manglares/

Denuncia penal por la destrucción de manglares

Delito ambiental
Denuncia penal por la destrucción de manglares


Evelio Valdés

DAVID, Chiriquí. Una denuncia por la supuesta comisión de delito ambiental fue interpuesta en el Ministerio Público (MP) por el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) en Chiriquí, José Ricardo Muñoz, en contra de Gilberto Álvarez, luego que este último ordenara la devastación de mangle de todo tipo y excavación de unas zanjas de más de dos kilómetros en toda la costa de la playa El Nanzal, en San Lorenzo.

El administrador regional de la ARAP aseguró que la devastación de manglares es un hecho punible, por lo que se procedió a interponer la denuncia ante el MP por la probable vinculación en la ejecución de este hecho punible de Álvarez.

Según explicó, la ARAP recibió la denuncia y se realizó una inspección, al lugar de los hechos, donde sorprendió a dos personas talando y quemando el manglar.
Recalcó que se desconoce cuál era el objetivo de excavar una zanja a lo largo de la servidumbre pública y en especial a pocos metros de la playa.

“Es un hecho punible y tipificado como delito ambiental de la ley ambiental y de la Ley 44 que rige los recursos acuáticos, el cual es penalizable y no entendemos cuál fue la intención al construir ese canal de más de dos Km de largo en este lugar”, dijo Muñoz.

Recalcó que solicitará a las autoridades correspondientes que se penalice y se ejecuten las sanciones necesarias, porque no se puede seguir permitiendo que muchas personas abusen de los recursos naturales.

Defensoría le sigue la pista a hidroeléctricas

Defensoría amplía inspección a hidros

ENERGÍA. La Defensoría del Pueblo informó que se ampliará la investigación en los proyectos hidroeléctricos Bonyic y Chan 75, para determinar si Empresas Públicas de Medellín, S.A. y AES Changuinola, S.A. están cumpliendo con los contratos.

Críticas por fallo ambiental sobre manglares

PUNTA CHAME. CASO CHARRO ESPINO.

Críticas por fallo ambiental

Se sienta un precedente de que se puede destruir un ecosistema y zafarse de la justicia, dice Ariel Rodríguez.

El ambientalista Leslie Marín afirma que el término irreversible ha ‘maniatado’ la lucha ambiental.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Como un precedente nefasto para la lucha contra los delitos al ambiente calificaron los ambientalistas el sobreseimiento provisional que el juez de La Chorrera, Ricardo Mazza, dictó a favor de Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, por la devastación de 38 hectáreas de zona costera en Punta Chame.

Ariel Rodríguez señaló que con esa decisión pierde tanto la naturaleza como sus usuarios, que “somos todos nosotros”.

Lo más grave del tema, dice, es que se sienta el precedente de que cualquiera puede destruir un ecosistema y zafarse de la justicia, si se considera que no hay un daño irreversible. “Nadie puede demostrar que una destrucción ambiental puede recuperarse con una reforestación, sobre todo si es manglar, un ecosistema complejo”, enfatizó el biólogo.

Mazza basó su dictamen en que no se probó, de manera fehaciente, que haya un “daño irreversible al ecosistema”.

Leslie Marín, abogado y ambientalista, sostuvo que el término irreversible ha maniatado la lucha ambiental al momento de comprobar un delito. “Es un pretexto fantástico que han encontrado quienes cometen delito ecológico para no ser castigados”, agregó. Sin embargo, explica, el panorama puede cambiar el próximo mes cuando entra en vigencia el nuevo Código Penal, en el que se eliminó el término irreversible como condición para probar un delito ecológico.

La ambientalista Raisa Banfield dijo que el fallo es una “burla a la Nación” y que demuestra desconocimiento ambiental por parte de las autoridades.

En tanto, Manuel Rivera, un estudiante de biología que estuvo ayer en la zona devastada, se lamentó tanto del fallo del juez como de la devastación. “Nos dejaron un escombro de manglar y no pasa nada”.

La Fiscalía de La Chorrera, apeló el fallo.

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PUNTA CHAME. EL TÍO DEL PRESIDENTE fue sobreseído por delito ambiental.

Espino no reforestó la zona devastada

Anam ordenó reforestar las 38 hectáreas afectadas, pero no tiene registro de que Charro Espino lo haya hecho.

Arap debe dar seguimiento a la orden, pero solo tiene registro de que se afectó y reforestó 1.76 hectárea.

LA PRENSA/Jorge Fernández
DAÑOS. La zona devastada, que corresponde a humedal y área influenciada por las mareas, se seca poco a poco a raíz de la tala del manglar.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La reforestación que hizo Rodolfo Charro Espino en Punta Chame y por la cual el juez de La Chorrera Ricardo Mazza lo sobreseyó del delito ecológico, es un misterio.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) no tiene registro de la reforestación que debió realizar Charro Espino por la devastación de 38 hectáreas de zona costera en Punta Chame. Así lo informó Harley Mitchell, director de asesoría legal de la entidad.

La Anam, mediante resolución No. AG-0407-2007, multó a Espino con la suma de 85 mil 370 dólares y ordenó la recuperación del área afectada.

Mitchell dijo que la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) es la encargada de darle seguimiento al proceso de reforestación por tratarse de una área de humedal.

Kriss Poveda, directora de asesoría legal de la Arap, dijo que Espino sembró un poco más de 8 mil plantones de árboles, a razón de la devastación de 1.76 hectárea.

“Nosotros tenemos registrada 1.76 hectárea afectada y no 38”, dijo. Un informe de la Autoridad Marítima de Panamá del 6 de febrero de 2007 señala 1.76 hectárea afectada, pero la Anam, dos meses después, determinó la afectación de 38 hectáreas.

MEDIO AMBIENTE.CHARRO ESPINO BUSCA ANULAR MULTA DE la ANAM.

Contradicciones de un proceso

En el área afectada existen algunos troncos de mangle quemados y el sector está lleno de ceniza.

La Arap, por su parte, solo tiene registrado un daño a 1.76 hectárea de manglar talado.

LA PRENSA/Jorge Fernández
DESEQUILIBRIO. La zona de manglar devastada mostraba el pasado miércoles un ecosistema seco.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Lo ideal es que Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, reforeste la zona costera destruida en Punta Chame. Esa es la opinión de Harley Mitchell, director de asesoría legal de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

En abril del año pasado, la Anam determinó que se devastaron 38 hectáreas de las que 26 correspondían a manglar. De esas 38 hectáreas devastadas, poco más de tres habían sido rellenadas de arena con una altura de entre uno y dos metros .

La Anam multó a Espino por no contar con un estudio de impacto ambiental para esos trabajos. Multa que aún no ha sido cancelada.

Todo estos aspectos constan en el expediente de la investigación que realizó la Fiscalía de La Chorrera por delito ecológico.

EL DAÑO

El área que Espino cubrió con arena está llena de maleza, y en el resto se observan los troncos de mangle talados, como se pudo constatar durante un recorrido el pasado miércoles.

En la entrada principal a la zona, algunos troncos de mangle ardían y el área estaba llena de ceniza. “Este incendio tiene que ser reciente, porque de lo contrario no hubiera tanta ceniza”, sostuvo Manuel Rivera, ambientalista y estudiante de biología.

“Nos dejaron un escombro de manglar y no pasa nada”, manifestó. Se refería a la devastación y al fallo del juez de La Chorrera, Ricardo Mazza, que dictó sobreseimiento provisional a favor de Charro Espino.

EL DICTAMEN

El juez Mazza basó su fallo en que no se logró “demostrar” que Espino cometió delito contra el ambiente, porque no se comprobó de “manera fehaciente que existe un daño irreversible al ecosistema” .

Mazza también sustentó su decisión del pasado 15 de abril en una resolución del 11 de junio de 2007 de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) desactualizada.

La citada resolución de Arap se fundamentó en un informe de la Autoridad Marítima de Panamá, de febrero de 2007, cuando Espino había talado 1.76 hectárea de zona costera. En ese mismo documento se menciona la reforestación con la que debía cumplir Espino.

Dos meses después la Anam determinó que se habían deforestado 38 hectáreas, sin embargo, un memorando de Arap de la misma fecha reportó que Espino reforestó solo 1.76 hectárea, lo que dejó por fuera 36.24 hectáreas.

Kriss Poveda, directora de asesoría legal de la Arap, se justificó diciendo que en los archivos de la entidad solo consta una devastación de 1.76 hectárea y no de 38 hectáreas como sentenció Anam.