Ambientalistas defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Grupos de la sociedad civil defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Presentan argumentos en apoyo a una decisión del Estado Panameño en el caso de conservación del refugio de vida silvestre

Ciudad de Panamá, Panamá — Hoy, en el día internacional del manglar, dos organizaciones de la sociedad civil anunciaron su apoyo al Estado Panameño en el juicio iniciado por desarrolladores requiriendo la nulidad de la protección de la Bahía de Panamá. Las organizaciones, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), presentaron un documento legal de amicus curiae que contiene detalles sobre argumentos legales internacionales y nacionales en los cuales se sobrepone la protección legal establecida mediante Resolución expedida por la autoridad ambiental Panameña.

Los desarrolladores, Panama Bay Development y Compañía Lefevre, presentaron las demandas para promover la construcción y desarrollo de vastos complejos turísticos en la zona. El turismo extensivo en el área traerá impactos ambientales devastadores para este ecosistema sensible.

La costa de la Bahía de Panamá contiene miles de manglares pristinos, los cuales son sitios importantes de anidación para especies de las que depende la industria pesquera Panameña. Cada kilómetro de cubierta de manglar costero genera cerca de los $100,000 USD para el país anualmente.

Millones de aves utilizan la Bahía de Panamá como hábitat, especialmente en los meses de migración desde el norte (septiembre, octubre y noviembre).

Los manglares también ayudan a la protección de los efectos del cambio climático global a través del amortiguamiento de la costa de las tormentas tropicales cada vez más frecuentes y siendo ecosistema que secuestra carbono de la atmósfera en sus raíces. Un bosque de mangle puede secuestrar casi 50 veces más carbono que un bosque tropical del mismo tamaño, razón por la cual se hace una prioridad de conservación de manglares si los países quieren mitigar las catástrofes del cambio climático.

El área protegida de Bahía de Panamá tiene una extensión aproximada de 85,652 hectáreas, casi un tercio del Parque Nacional Coiba en Panamá. La Bahía de Panamá es uno de los sitios más biodiversos del mundo y es un hábitat esencial para las aves migratorias y especies amenazadas como jaguares y tortugas caguamas o amarillas.

“De frente a cada vez más tormentas tropicales devastadoras y ponderosas, derivadas del cambio climático, la destrucción de manglar es una de las peores decisiones que un país como Panamá podría hacer,” dijo Anna Cederstav, co-directora de AIDA.

En palabras de Sandra Moguel, asesora legal de AIDA en México, “El artículo cuarto de la Constitución de Panamá obliga a la observancia de las reglas de derecho internacional en el territorio, por lo que las obligaciones contraídas a través de la Convención Ramsar de Humedales de Importancia Prioritaria y la Convención de la Diversidad Biológica—ambas ratificadas por Panamá—deberán tomarse en consideración al decidir si se revierte la Resolución mediante la cual se crea el área protegida de Bahía de Panamá.”

“La creación o declaración de un área protegida en ningún momento constituye una expropiación. Lo que hace e proteger y garantizar el derecho al medio ambiente sano contenido en la Constitución Política Panameña,” dijo María Acuña, abogada del CIAM.

La Bahía de Panamá con 48,919 hectáreas fue incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención de Ramsar el 20 de octubre de 2003. En 2005 fue designada, en la categoría más alta, como “Sitio de Importancia Hemisférica” por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (48,919ha)39. En el año 2009 fue declarada oficialmente como un área protegida oficial del Estado Panameño con la Resolución ANAM-AG- 0072 -2009 y publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 26221 del 11 de febrero de 2009.

Los límites del Área Protegida Humedal Bahía de Panamá comprende los ambientes terrestres, fluviales, lacustres, estuarinos y marino costeros de la porción de la costa de la Bahía de Panamá entre Costa del Este, en la Ciudad de Panamá, distrito de Panamá, hasta el estero de la comunidad de Chimán en el distrito de Chimán en la Provincia de Panamá, colinda al norte con parte de los corregimientos de Parque Lefevre, Juan Díaz, Tocumen, Pacora, Chepo, Santa Cruz de Chinina, Pásiga, Unión Santeña y Chimán, al este con parte del corregimiento de Chimán, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con parte del corregimiento de Parque Lefevre; formando parte de los Distritos de Panamá, Chepo y Chimán, Provincia de Panamá.

Cacique indígena llama a alzamiento contra el gobierno de Panamá

Ciudad de Panamá, (dpa, 10.2.2011) – El cacique de la comarca indígena Ngöbe-Buglé, Rogelio Moreno, instó hoy al alzamiento en contra del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, luego de que la Asamblea Nacional (Parlamento) reformó el Código de Recursos Minerales para estimular la explotación de yacimientos en Panamá.

Ubicación geográfica de la Comarca Gnäbe Bügle en la República de Panamá. Fuente: Wikipedia

«Vamos a la calle a defender nuestros derechos», dijo el dirigente indígena en la Asamblea Nacional, quien añadió que está dispuesto a «poner el pecho» para que la Policía Nacional dispare ante la afrenta cometida de entregar los recursos naturales a potencias extranjeras.

La Asamblea Nacional aprobó este jueves, con 42 votos a favor y 15 en contra, las polémicas reformas al Código de Recursos Minerales, pese a los reclamos de la oposición para que el debate fuese suspendido por varios meses, con el objetivo de permitir una consulta popular y someter el tema a un referendo. El Código modificado en tercer y último debate prevé el aumento de cánones de dos al cuatro por ciento, el incremento de las fianzas por perjuicios a cada hectárea extraída, y la posibilidad de que otros países exploten grandes yacimientos de oro y cobre en Panamá.

Sin embargo, la aprobación de las reformas generó este jueves un estallido de ira colectiva de indígenas, obreros, ecologistas, campesinos y diputados opositores, quienes acusaron al gobierno de Martinelli de ser un «régimen autoritario y antinacional». El ministro panameño de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, desestimó las críticas y adujo que las reformas son «beneficiosas», porque aumentarán las inversiones y la oferta de empleo en Panamá.

Previo a la votación parlamentaria, hubo movilizaciones en varias ciudades que provocaron el despliegue de contingentes de la Policía Nacional fuertemente armados. La Universidad de Panamá fue cerrada en forma indefinida, luego de disturbios, pero grupos estudiantiles indicaron que proseguirán lucha en las calles. Al respecto, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, insistió en la propuesta de la sociedad civil de que el gobierno reconsidere la política minera adoptada, ya que se ha convertido en un factor de conflicto y confrontación, y una amenaza al ecosistema tropical.

———————-
Parlamento panameño aprueba reformas a ley de minería en medio de protestas

Panamá, (EFE-11.2.2011).- El Parlamento panameño aprobó hoy el proyecto de ley de reformas al Código Minero, en medio de las protestas de los que rechazan esta iniciativa por considerar que abre la explotación minera en zonas indígenas a la participación de otros estados y afectará el medio ambiente.

El proyecto de ley 277 de reformas al Código de Recursos Minerales fue aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá en tercer y último debate por 42 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención. La aprobación se produjo en momentos que en los predios del Parlamento panameño un grupo de indígenas de la etnia Ngobe Buglé, con danzas autóctonas, pancartas y consignas exigían suspender la discusión del documento. Además, por tercer día consecutivo se produjeron protestas violentas en los alrededores de la Universidad de Panamá (estatal), lo que tuvo como consecuencia la suspensión de clases por orden del rector, Gustavo García de Paredes. Los aborígenes, vigilados por la Policía antidisturbios, señalaron que regresarán a sus comunidades, donde se encuentran los principales yacimientos no explotados, para analizar nuevas acciones de protesta para presionar para que el proyecto no sea sancionado por el presidente panameño, Ricardo Martinelli.

El viceministro de Comercio de Panamá, Ricardo Quijano, dijo a los periodistas que la propuesta no contempla la explotación del yacimiento de cobre de Cerro Colorado, en la provincia occidental de Chiriquí, ni de otras reservas minerales en la áreas indígenas de la Comarca Ngobe Buglé.

El diputado Irene Gallego, de la Comarca Ngobe Buglé y miembro del opositor Partido Popular (PP), dijo que la aprobación de este proyecto es «otra imposición más de este Gobierno» de Martinelli que, afirmó, «sólo piensa en sus intereses». «Aquí se ha aprobado a tambor batiente un proyecto de ley en el que se le quiere dar el territorio panameño, y el territorio de la Comarca (Ngobe Buglé), a empresas extranjeras, a Gobiernos extranjeros» para que exploten la minería, añadió Gallego.

El presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, del gobernante Cambio Democrático (CD), defendió el proyecto señalando que esta iniciativa no contempla la explotación minera en Cerro Colorado, pese a que delegaciones de Corea del Sur y Singapur que han visitado Panamá meses atrás han expresado su interés en esos yacimientos.

La etnia Ngobe Buglé, la de mayor población en el país y donde está Cerro Colorado, considerado el segundo yacimiento más grande de cobre del mundo, se opone a la explotación minera a cielo abierto dentro de sus lindes porque pondría en peligro de contaminación la flora y la fauna del lugar, además de los acuíferos y ríos.

Mientras, una comisión del Ejecutivo se trasladó hasta la Comarca Ngobe Buglé para explicar a ambientalistas e indígenas las bondades del proyecto.

Por su lado, el parlamentario Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mayoritario de la oposición, afirmó que este proyecto tiene «implicaciones ambientales y ecológicas innegables» por permitir la minería a cielo abierto.

El Gobierno defiende la reforma el Código de Recursos Minerales y la Ley 55 y 109 de 1973 de minerales no metálicos, porque, asegura, aumenta la regalía, el costo de los permisos, multas y las tasas que las mineras deben pagar al Estado, e incorpora el pago del impuesto sobre la renta a las mineras y aumenta la conservación ambiental. En este sentido, el proyecto aprobado modifica la tarifa que deben pagar las concesiones de minerales en concepto de canon superficial y regalía, que aumentarán del 2% al 5%. También establece normas sobre responsabilidad social empresarial para que las mineras desarrollen y ejecuten planes, programas y proyectos sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y prevención y reparación de daños ambientales.

—-

Vea además:

Fotos de protestas de indígenas Gnäbe Bügle

 

 

——————-

Ambientalistas denuncian violación de la Constitución y de los DDHH

De la crisis ambiental a la crisis democrática

Las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos preocupados por el desarrollo de Panamá, agrupados en la RED DE AMBIENTALISTAS POR LA DEMOCRACIA quieren hacer saber al país:

• La crisis que vive Panamá ha superado los límites del debate sobre la LEY 30 o sobre las modificaciones a la Ley Ambiental y afecta a las bases del Estado de Derecho
• Estamos escandalizados y preocupados por la violación de los Derechos Humanos y Constitucionales en la provincia de Bocas del Toro y en otras zonas del país
• Pedimos transparencia sobre el estado de los heridos en Bocas del Toro, sobre los fallecidos y sobre las víctimas reales de este conflicto, así como atención, justicia y reparación.
• Queremos denunciar la violación de los derechos civiles y políticos básicos (como el derecho a reunión, manifestación, a la libre expresión, al debido proceso legal, etcétera) de los panameños y panameñas
• Señalamos la “militarización” de la Policía Nacional y los poderes extraordinarios y vulneradores de las garantías constitucionales que se les ha dado con la Ley 30 y que se han traducido en un uso excesivo de la fuerza que va a quedar impune.
• Exigimos el cese del uso de armas de fuego contra la ciudadanía y pedimos a los agentes que no repriman a su propio pueblo
• Repudiamos la persecución arbitraria de líderes sindicales, educadores, indígenas y ambientales, así como de periodistas. Queremos destacar el hostigamiento contra la ambientalista de Chiriquí Yaritza Espinosa y de los periodistas que han sido defensores del ambiente en Panamá como Carlos Núñez y Paco Gómez Nadal.
• Señalamos que funcionarios del Estado han faltado al respeto a la población originaria de Bocas del Toro en una clara muestra de racismo institucional
• Nos preocupa el limitado acceso de la ciudadanía panameña a información independiente y balanceada sobre lo que está aconteciendo en el territorio nacional. Pedimos al Gobierno que no mienta al país y que permita a los medios de comunicación cubrir de forma libre la información
• Consideramos que es hora de que organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos y por la Democracia en el Hemisferio intervengan como mediadores ante la poca apertura al diálogo que ha mostrado el Ejecutivo de Panamá
• Exigimos al gobierno la derogación inmediata de la Ley 30 y de la Ley del Carcelazo y el respeto de los procesos democráticos de presentación y discusión de las leyes con una amplia participación ciudadana

Red de Ambientalistas por la Democracia

El derecho a un mejor ambiente

ENTREVISTA

No hay concordancia entre el discurso del Gobierno y la realidad ambiental. Se promueve la actividad contaminante.

CATEDRÁTICO. Félix Wing comparte su vida profesional entre las aulas de clases y el cuidado del ambiente . LA PRENSA/ David Mesa

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Félix Wing se ha movido en el mundo ambiental desde hace 20 años. Cuando el país aún era gobernado por los militares, Wing daba sus primeros pasos en materia de conservación. Después no solo ha defendido los intereses ecológicos del país, sino que también participó en la elaboración de la Ley General del Ambiente, mediante la cual se creó la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Sus conocimientos jurídicos lo han puesto al servicio de la naturaleza. A finales del pasado mes abandonó el despacho del magistrado Adán Arnulfo Arjona, donde trabajó como asistente, para encargarse de la Dirección de Asesoría Legal del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).

¿Cuáles son sus consideraciones sobre la legislación ambiental en Panamá?

La legislación ambiental ha avanzado mucho en los últimos 11 años, sobre todo después de la promulgación de la Ley General del Ambiente. Digamos que se ha ido profundizando en el tema, no solamente en la aprobación de nuevas leyes, sino en la reglamentación de las normas. En este momento estamos en la etapa de cumplir y de hacer cumplir las normas. Es un proceso gradual que se debe continuar profundizando, porque todavía hay áreas que no han sido atendidas o dotadas de un marco legal adecuado.

¿Cuáles son esas áreas que requieren de un marco jurídico adecuado?

Hay normas de calidad ambiental que no han sido aprobadas y otras ni siquiera han pasado por el proceso de elaboración. Hablo de normas relacionadas con la calidad del aire, calidad del suelo, calidad del agua, y de los límites máximos de contaminantes permisibles. Los retrocesos, lamentablemente, han sido por falta de visión de las entidades estatales porque han sido temas discutidos, por ejemplo, consolidar todas las competencias ambientales en una sola institución para que no haya duplicidades.

¿En qué otros aspectos podríamos hablar de retroceso ambiental?

Hay una dicotomía entre el discurso gubernamental y la acción o la realidad. Por un lado, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, se tira un discurso en la Organización de las Naciones Unidas –del cual yo, como panameño, me sentí orgulloso de escuchar al Presidente hablar de lo que representa Panamá en recursos naturales– pero, en la realidad, el Gobierno promueve la minería metálica, una de las actividades más dañinas no solo para el ambiente, sino también para la salud humana.

No vemos que el país se promueve como lo que es: un puente biológico, de migración de especies, como un lugar de gran biodiversidad; como tampoco vemos el interés en explotar el turismo ecológico.

¿Que más le preocupa de esa realidad?

Seguimos rellenando costas, tumbando manglares e invirtiendo millones en plantas termoeléctricas e hidroeléctricas –estas últimas están arruinando nuestros ríos–, en vez de invertir en turismo ecológico sostenible y en fuentes renovables de energía.

En materia de turismo ecológico, por ejemplo, hay personas que pagarían para ir hacer rafting al río Chiriquí Viejo, pero qué rafting podrían hacer si están construyendo una serie de hidroeléctricas que terminará por dañar uno de los tesoros naturales del país. También hay personas dispuestas a pagar para ir al bosque a observar aves, pero lo que están haciendo es acabar con los manglares y los bosques. Un caso claro es la bahía de Panamá, a donde llegan aves migratorias.

Pero se requiere de la energía eléctrica, ¿qué hacemos?

Panamá es un país en el que hay sol la mayor parte del año. Es una una bendición que muy poco países tienen y, en términos de energía, es algo que se puede aprovechar. En Alemania, por ejemplo, han encontrado soluciones adecuadas para que a las personas comunes y corrientes se les haga más viables, en términos económicos, invertir en energía solar en su casa. Incluso, si en un momento dado una casa produce excedente de energía solar, puede enviarla a la red y se le descuenta de la facturación mensual.

Recordemos que una de las plataformas de campaña del actual gobierno fue, precisamente, la disminución del costo de la energía eléctrica; entonces, por qué no pensar en esa alternativa y permitir al ciudadano común invertir en energía solar para disminuir el costo de la energía.

Desde el punto de vista jurídico, ¿es factible la instalación de paneles solares en residencias?

En estos momentos no es factible desde el punto de vista económico, porque el andamiaje jurídico no se ha creado y es allí donde está la función del derecho, que es crear las condiciones necesarias para que el aspecto económico sea factible. En vez de utilizar el derecho para favorecer el medio ambiente, lo estamos utilizando para estimular la inversión no sostenible de compañías que tienen récords ambientales cuestionables. Además, estamos importando tecnología y sustancias inadecuadas, que han prohibido en países de donde proceden estas empresas.

Los ambientalistas son blanco de ataque. ¿Qué piensa de esto?

Se trata de adversarios que no tienen argumentos para defender su punto de vista y que, en el fondo, son conscientes de las realidades ambientales que vivimos.

Organizaciones civiles exigen al gobierno panameño respeto al pueblo Naso

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA PANAMEÑA
E INTERNACIONAL

Las organizaciones abajo firmantes mostramos nuestra solidaridad con las comunidades del pueblo originario Naso de San San Drui y San San y exigimos al Gobierno Nacional el respeto de sus derechos territoriales, culturales, económicos y políticos que han sido violentados durante los últimos ocho meses. Deploramos el desalojo violento y sin las adecuadas garantías realizado el pasado 19 de noviembre y pedimos que de forma urgente se abra una mesa de diálogo con capacidad de decisión que encuentre una solución consensuada tal y como ha instado el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya.

CONSIDERANDO:

1. Que el pueblo originario Naso está en riesgo de extinción dada la agresión permanente a sus territorios, la falta de reconocimiento de su Comarca y la ausencia de una educación bilingüe y respetuosa de sus particularidades culturales.
2. Que el pueblo originario Naso es, como lo reconoce la UNESCO, garante del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque Protector Palo Seco, ecosistemas claves para Panamá y que se encuentran seriamente amenazados por los megaproyectos en ejecución o propuestos y por la política que fomenta la economía extractiva en lugar de la sostenibilidad ambiental, humana y económica.
3. Que la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (Septiembre 2007) que suscribió el Estado de Panamá, reconoce los derechos a su propio territorio y autogobierno de los pueblos originarios, y que por ende es responsabilidad del Estado buscar una solución a la desprotección territorial del pueblo.
4. Que durante los últimos ocho meses, desde el primer desalojo violento de estas comunidades (30 de marzo de 2009), los representantes de la comunidad Naso han mostrado toda la disposición a negociar y han dado muestra de buena fe, mientras que los representantes del Gobierno han sido inconsistentes e irrespetuosos de los pocos acuerdos alcanzados.
5. Que se está priorizando los intereses privados de una empresa frente al interés colectivo de un pueblo originario que acumula parte del patrimonio intangible de Panamá.
6. Que se ha puesto en riesgo la integridad física, mental y espiritual de dos comunidades, incluyendo un gran número de menores de edad y adultos mayores.
7. Que se han incumplido los procedimientos recogidos en la ley y que se dio un uso excesivo de la fuerza (tal y como lo expresó la Defensoría del Pueblo).
8. Que persiste la amenaza policial, así como una crisis humanitaria en la zona (particularmente está en riesgo la seguridad alimentaria de la población desalojada la cual no ha podido sembrar ni recoger el fruto de su trabajo ya que se destruyeron sus cultivos desde marzo).

EXIGIMOS

1. El inmediato cese de los hostigamientos a la población civil de San San Drui y San San, así como la salida de las unidades policiales que permanecen en San San Drui y en el punto conocido como el Zarzo en el camino de Guabito a las comunidades.
2. Garantizar la libre movilización de personas y mercancías y cesar las requisas y las intimidaciones.
3. Atender urgentemente las necesidades alimentarias y de cobijo de las familias afectadas por el desalojo del 19 de noviembre.
4. Instalar a la mayor brevedad una comisión de negociación en la que exista una amplia representación de los líderes Naso de San San y San San Drui y todas las condiciones necesarias para su efectiva participación.
5. Establecer medidas de reparación para los daños económicos, morales y culturales ocasionados a las comunidades de San San y San San Drui.
6. Acelerar la discusión en la Asamblea Nacional del proyecto de creación de la Comarca Naso y descartar cualquier otra fórmula territorial que no suponga el pleno reconocimiento de la propia determinación de los pueblos originarios.
7. Incluir en la agenda de negociación la discusión del papel que juegan los Naso en la protección del PILA y del Bosque Protector Palo Seco; y revisar todos los procedimientos y Estudios de Impacto Ambiental del proyecto Hidroeléctrico Bonyic dado el riesgo de daño irreparable en el Bosque Protector.

Firmado en Panamá el 26 de noviembre por las siguientes organizaciones:

Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)

Pastoral Indígena Arquidiocesana

Pastoral Social de la Arquidiocesana

Movimiento de la Juventud Kuna (MJK)

Acción Cultural Ngobe (ACUN)

Human Rights Everywhere / Comuna Sur (HREV)

Comunidades Religiosas Insertas en Medios Populares (CRIMPO)

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)