Megaproyecto hidroeléctrico destruye el Río Changuinola y su gente – historia de abusos y corrupción

Es este el Panamá con Estado de Derecho?

Francisco Santos, fue unos de los líderes que defendió con tenacidad la invasión de AES en sus territorios indígenas y áreas protegidas

Francisco Santos, fue unos de los líderes que defendió con tenacidad la invasión de AES en sus territorios indígenas y áreas protegidas. Francisco murió en 2009 en esta lucha de una enfermedad fulminante.

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Megaproyectos hidroeléctricos y derecho indígena

El mar de las montañas de Changuinola

Cuatro comunidades indígenas ngäbes desaparecieron con la crecida del embalse de Chan-75, la hidroeléctrica construida por la Corporación AES que promete añadirle vatios de potencia al mercado eléctrico de Panamá. Mientras los ejecutivos y el Gobierno celebran esta nueva obra de desarrollo, familias afectadas reclaman un pago justo por las tierras de cultivo inundadas. El embalse sobre el río Changuinola es el segundo con mayor impacto en la historia del país, luego de que en la década de 1970 se inundaran 35 mil hectáreas de terreno con las aguas del río Bayano. El valle de Bayano estaba habitado por indígenas gunas.

DIVISIÓN. La familia Tera quedó dividida por el embalse.LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

ANA TERESA BENJAMÍN
abenjamin@prensa.com

El valle del río Bayano tenía miles de hectáreas, y en sus tierras crecía la población guna y los mejores aguacateros.

Ubicado al este de la ciudad de Panamá, el Bayano, caudaloso y bravío, había sido el alimento y la vida para los gunas quienes, desde hacía siglos, recorrían las tierras colombianas y panameñas formando comunidades y asentamientos.

Los relatos de los sailamar, los grandes jefes gunas, dicen que cuando llegaron los españoles al continente americano, este pueblo vivía cerca del río Tuira, en Darién. Las enfermedades y los conflictos hicieron que se movieran poco a poco hacia la región atlántica, hasta formar la comarca de Guna Yala. Más tarde poblarían las tierras de lo que hoy es Chepo.

En los años 60 del siglo XX, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) empezó los estudios para represar el Bayano y construir la hidroeléctrica Ascanio Villalaz. En ese entonces, en el valle de Bayano vivían miles de gunas y emberás, y cientos de colonos de Herrera y Los Santos.

En 1974, cuando la hidroeléctrica estaba en plena construcción y el país bajo el mandato del general Omar Torrijos, este viajó a Ikantí para reunirse con los sailas y explicarles el proyecto.

“Tenían siglos de estar allí y no concebían que debían salir”, relata el antropólogo Francisco Herrera, trabajador del IRHE en aquellos años y hoy miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).

En 1976, cuando se terminó la represa, 35 mil hectáreas del valle fueron inundadas y siete comunidades indígenas tuvieron que moverse ante el avance del “gran espejo de agua”.

Cabeza de piedra

Es miércoles 8 de junio de 2011 y en la casa de Daniel Tera, allá en Guayabal, hay chivos, cabras, gallinas, un caballo, varios perros y algunos cerdos.

Construido con laurel y cedro, o tal vez guayacán, el tambo de Tera está sobre una colina húmeda que apenas se desprende del brazo verde de la selva bocatoreña.

Antes del 22 de mayo de 2011, llegar allí tomaba unas tres horas desde el Valle de Riscó, por un camino despejado y transitado.

Después del 22 de mayo, llegar hasta Guayabal toma seis horas penosas por entre montañas inacabables, árboles inmensos, ríos y quebradas, gritos de monos y cantos de tucanes, insectos de todos los colores… Y una humedad que se adhiere a la piel.

Ya en el tambo, huele a café y a limón. Carolina Tera tiene, como el resto de las mujeres, una trenza tejida en su cabello largo y negro, y no oculta su frustración.

“Nunca pensé en ver un lago cerca de la casa”, dice Tera en ngäbere, mientras su hijo, Bernardino Morales, traduce las palabras.

“Nuestros niños conocían el río Changuinola, que corría allá abajo, y ahora me preguntan por qué está así”, agrega.

Como les ocurrió a los gunas en los años 70, los ngäbes, ahora en 2011, no dejan de ver con asombro el cambio del río que desde siempre les dio alimento y vida.

El 22 de mayo pasado, la empresa AES Changuinola, constructora de la hidroeléctrica Chan-75, cerró las compuertas a la altura de la desaparecida comunidad de Charco La Pava, y el embalse empezó a llenarse ante la mirada incrédula de quienes todavía se resisten a dejar sus tierras.

Carolina Tera asegura que a ella, por ejemplo, le llaman “cabeza de piedra”, por su tozudez. Porque no ha habido argumento corporativo que logre su firma en un acuerdo de indemnización que, según ella, es injusto.

Tera tiene una casa en Valle de Riscó y unas tierras para el cultivo en Guayabal. Según las mediciones de AES, eran seis hectáreas de terreno que ahora están bajo las aguas.

Ella quiere que le reconozcan los años de trabajo en esas tierras y el hecho de que de allí sacaba frutas y verduras para alimentar a su familia, pero la visión colectiva del uso de las tierras de los indígenas se ha topado de frente con una postura distinta.

“Si tú eres propietaria me tienes que presentar una factura, demostrar un título”, sostiene Ángel Abreu, encargado de reubicaciones y negociaciones de AES. Sin embargo, Abreu agrega: “reconocemos que la señora Carolina Tera ocupaba un terreno ahí [en Guayabal], y hemos estado dispuestos a negociar con ella”.

Las negociaciones

Para entender mejor el tamaño del “no” de los Tera de Guayabal, vale la pena dejar escritas algunas cosas.

AES Corporation es una transnacional de la energía que, en sus informes financieros, habla con naturalidad de números de 10 cifras.

En Latinoamérica tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. Llegó a Panamá en 1999, y empezó a comprar varias hidroeléctricas existentes.

Bayano, por ejemplo, es hoy de AES. Lo mismo ocurre con Estí, Los Valles y La Estrella, todas ellas en Chiriquí.

En resumen, la transnacional tiene hoy una hidroeléctrica en el lado este (Bayano), tres en Chiriquí y una en Bocas del Toro.

Si bien es la empresa de generación de energía más grande de Panamá, y el más grande generador hidroeléctrico privado en Centroamérica, según sus propios boletines, en el país hay otras 15 compañías que se dedican a este negocio y que administran un total de 20 hidroeléctricas y 15 termoeléctricas.

Los registros de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) indican, además, que hay un total de 39 concesiones otorgadas para la construcción de nuevas hidroeléctricas, y otras 45 en trámite.

La mayoría de los ríos comprometidos en la producción de energía eléctrica está en el llamado “granero de Panamá”: la provincia de Chiriquí.

En medio de este panorama de desarrollo que apuesta por la utilización de la fuerza del agua para generar energía –en detrimento del uso doméstico y agropecuario– está la familia Tera.

“AES nunca aceptó una propuesta… Ellos presentaban un documento y tú tenías que firmar. AES ofrecía 2 mil 500 dólares por hectárea y pienso que me corresponde mucho más, porque yo tengo derecho a una indemnización por el tiempo que he vivido aquí”, explica Daniel Tera, también en ngäbere.

Es cierto, no se puede negar: hubo un proceso de negociación entre AES Changuinola y las familias que serían afectadas.

Como cuenta Abreu, el proceso no fue fácil porque mientras al principio se censó a 75 familias, “al final nos tocó negociar con unas 180”.

Si bien antes del cierre de las compuertas la empresa intentó llegar a un entendimiento con Tera y varios de sus familiares, el diálogo no terminó con una fotografía de “todos felices” en los boletines que la empresa ha editado durante la construcción de la represa.

¿A voluntad?

El antropólogo Francisco Herrera recuerda que, pese al intento de Torrijos de convencer a los gunas, varias de las comunidades del valle de Bayano nunca llegaron a un entendimiento. Sus habitantes terminaron por irse, contra su voluntad.

En Changuinola, algunos dicen que, hasta el 22 de mayo, todavía quedaban algunas familias en Charco La Pava. Abreu lo desmiente.

La oficina de Ángel Abreu está en la Torre de Banco General, en plena calle 50 de la ciudad de Panamá. Es pequeña y la vista no causa envidia: otros ventanales de vidrio, de otro rascacielos.

Las paredes están adornadas con algunos objetos que llaman la atención: varias fotos de ngäbes, al lado de ejecutivos de AES y autoridades de Gobierno; copias de las páginas del acuerdo entre AES Changuinola, el Gobierno y las comunidades de “Charco La Pava, Valle del Rey, Changuinola Arriba y Nance de Riscó, para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, cuidadosamente pegadas con cinta adhesiva…

También hay alguna foto de las nuevas viviendas construidas y dos pancartas con palabras escritas a brocha gorda en las que se lee: “Suspendan la obra. ¡No a la represa de Chan-75!”.

Dice Abreu que aquello lo guarda como recuerdo de las primeras protestas. Que las pancartas llegaron a su oficina porque los ngäbes, tras la firma del acuerdo, se las regalaron como símbolo.

El ejecutivo siente que AES Changuinola ha hecho lo que ha podido y debido, y que “las comunidades fueron voluntariamente abandonadas”.

Para Herrera, la mudanza no fue ni del todo pacífica ni voluntaria.

Como ocurrió con las comunidades gunas hace más de 30 años, las comunidades ngäbes afectadas por el embalse del río Changuinola reaccionaron de formas distintas: algunas subieron hacia las nuevas comunidades creadas por AES sin mayores reticencias, y otras decidieron esperar hasta que no hubiera otro remedio.

“El primer impacto del embalse de Changuinola es que desarticuló la comunidad”, establece Herrera, de la ACD. La desarticulan no solo por el acto de mudarla, sino porque “la mecánica que utilizó la empresa fue aislar a las familias y negociar por separado…”.

Por eso no es extraño que personas de apellido Tera aparezcan en los boletines de AES Changuinola como dirigentes comunitarios y promotores de las reubicaciones, mientras otros miembros de la familia sean quienes protagonizan hoy una disminuida resistencia.

“Se acusan mutuamente de haberse traicionado”, agrega el antropólogo.

“Cuando eres vulnerable y tienes miedo, y te ofrecen algo más de lo que es tu ingreso anual, por supuesto que aceptas, porque para atrás ya no hay nada”, matiza el activista de la ACD.

Las conversaciones con Carolina y Daniel Tera y Santos Morales todavía no han terminado. Lo asegura Abreu y lo confirma James Cavallaro, director ejecutivo del Programa de Derechos Humanos de la Clínica Legal de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el abogado de los Tera.

A través de un correo electrónico, Cavallaro explicó que las negociaciones no han recomenzado, pero sí ha habido intercambio de correos con los abogados de AES “viendo la posibilidad” de hablar.

El abogado, sin embargo, no detalla las aspiraciones económicas de los Tera y de los Morales.

COSA DE SIGLOS

Cuando el embalse de la hidroeléctrica Ascanio Villalaz fue inaugurado, el general Torrijos fue hasta allá y, como movido por un impulso infantil, se lanzó al agua para celebrar la hazaña.

Para Torrijos era apenas el principio de un gran sueño, porque en su gobierno se planeaba también construir la hidroeléctrica de Fortuna y empezar la extracción de cobre en cerro Colorado.

Se dijo, incluso, que la represa de Bayano sería el motor de desarrollo del área este de Panamá, pero 35 años después las comunidades gunas y emberás afectadas siguen siendo tan pobres como antes, y Bayano sigue siendo el preludio de la provincia más olvidada del país: Darién.

Ahora, cuando el embalse de 900 hectáreas sobre el río Changuinola es una realidad, los argumentos siguen pareciéndose. En uno de los boletines corporativos de AES Changuinola se lee, por ejemplo, que la hidroeléctrica es una necesidad para la generación de energía. Que ante el sostenido crecimiento económico del país, la nueva hidroeléctrica “contribuirá a disminuir la dependencia de combustibles fósiles” y “ofrecerá mejores y más estables” precios al consumidor.

Herrera no está convencido. Para él, las únicas certezas son que los precios siguen arriba, que los ríos siguen conteniéndose, que los vecinos de las hidroeléctricas no se benefician, y que los ganadores son los habitantes de las ciudades y “los grandes consorcios” que sueñan con la interconexión.

Carolina, que poco sabe de este gran mercado, baja el énfasis de sus palabras en ngäbere para describir cómo era la parte alta del río Changuinola. Era fuerte y, cuando llovía en la cordillera, lo sabía por el remolino de piedras. Tenía una playa de arena y allí se sentaban las mujeres a lavar la ropa, con los hijos a cuestas.

“Se veía desde acá arriba, pero estaba allá abajo. Ahora es como un mar…”.

Cacique indígena llama a alzamiento contra el gobierno de Panamá

Cacique indígena llama a alzamiento contra el gobierno de Panamá

Ciudad de Panamá, (dpa, 10.2.2011) – El cacique de la comarca indígena Ngöbe-Buglé, Rogelio Moreno, instó hoy al alzamiento en contra del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, luego de que la Asamblea Nacional (Parlamento) reformó el Código de Recursos Minerales para estimular la explotación de yacimientos en Panamá.

Ngäbe Buglé in Panamá

Ubicación geográfica de la Comarca Gnäbe Bügle en la República de Panamá. Fuente: Wikipedia

“Vamos a la calle a defender nuestros derechos”, dijo el dirigente indígena en la Asamblea Nacional, quien añadió que está dispuesto a “poner el pecho” para que la Policía Nacional dispare ante la afrenta cometida de entregar los recursos naturales a potencias extranjeras.

La Asamblea Nacional aprobó este jueves, con 42 votos a favor y 15 en contra, las polémicas reformas al Código de Recursos Minerales, pese a los reclamos de la oposición para que el debate fuese suspendido por varios meses, con el objetivo de permitir una consulta popular y someter el tema a un referendo. El Código modificado en tercer y último debate prevé el aumento de cánones de dos al cuatro por ciento, el incremento de las fianzas por perjuicios a cada hectárea extraída, y la posibilidad de que otros países exploten grandes yacimientos de oro y cobre en Panamá.

Sin embargo, la aprobación de las reformas generó este jueves un estallido de ira colectiva de indígenas, obreros, ecologistas, campesinos y diputados opositores, quienes acusaron al gobierno de Martinelli de ser un “régimen autoritario y antinacional”. El ministro panameño de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, desestimó las críticas y adujo que las reformas son “beneficiosas”, porque aumentarán las inversiones y la oferta de empleo en Panamá.

Previo a la votación parlamentaria, hubo movilizaciones en varias ciudades que provocaron el despliegue de contingentes de la Policía Nacional fuertemente armados. La Universidad de Panamá fue cerrada en forma indefinida, luego de disturbios, pero grupos estudiantiles indicaron que proseguirán lucha en las calles. Al respecto, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, insistió en la propuesta de la sociedad civil de que el gobierno reconsidere la política minera adoptada, ya que se ha convertido en un factor de conflicto y confrontación, y una amenaza al ecosistema tropical.

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Parlamento panameño aprueba reformas a ley de minería en medio de protestas

Panamá, (EFE-11.2.2011).- El Parlamento panameño aprobó hoy el proyecto de ley de reformas al Código Minero, en medio de las protestas de los que rechazan esta iniciativa por considerar que abre la explotación minera en zonas indígenas a la participación de otros estados y afectará el medio ambiente.

El proyecto de ley 277 de reformas al Código de Recursos Minerales fue aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá en tercer y último debate por 42 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención. La aprobación se produjo en momentos que en los predios del Parlamento panameño un grupo de indígenas de la etnia Ngobe Buglé, con danzas autóctonas, pancartas y consignas exigían suspender la discusión del documento. Además, por tercer día consecutivo se produjeron protestas violentas en los alrededores de la Universidad de Panamá (estatal), lo que tuvo como consecuencia la suspensión de clases por orden del rector, Gustavo García de Paredes. Los aborígenes, vigilados por la Policía antidisturbios, señalaron que regresarán a sus comunidades, donde se encuentran los principales yacimientos no explotados, para analizar nuevas acciones de protesta para presionar para que el proyecto no sea sancionado por el presidente panameño, Ricardo Martinelli.

El viceministro de Comercio de Panamá, Ricardo Quijano, dijo a los periodistas que la propuesta no contempla la explotación del yacimiento de cobre de Cerro Colorado, en la provincia occidental de Chiriquí, ni de otras reservas minerales en la áreas indígenas de la Comarca Ngobe Buglé.

El diputado Irene Gallego, de la Comarca Ngobe Buglé y miembro del opositor Partido Popular (PP), dijo que la aprobación de este proyecto es “otra imposición más de este Gobierno” de Martinelli que, afirmó, “sólo piensa en sus intereses”. “Aquí se ha aprobado a tambor batiente un proyecto de ley en el que se le quiere dar el territorio panameño, y el territorio de la Comarca (Ngobe Buglé), a empresas extranjeras, a Gobiernos extranjeros” para que exploten la minería, añadió Gallego.

El presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, del gobernante Cambio Democrático (CD), defendió el proyecto señalando que esta iniciativa no contempla la explotación minera en Cerro Colorado, pese a que delegaciones de Corea del Sur y Singapur que han visitado Panamá meses atrás han expresado su interés en esos yacimientos.

La etnia Ngobe Buglé, la de mayor población en el país y donde está Cerro Colorado, considerado el segundo yacimiento más grande de cobre del mundo, se opone a la explotación minera a cielo abierto dentro de sus lindes porque pondría en peligro de contaminación la flora y la fauna del lugar, además de los acuíferos y ríos.

Mientras, una comisión del Ejecutivo se trasladó hasta la Comarca Ngobe Buglé para explicar a ambientalistas e indígenas las bondades del proyecto.

Por su lado, el parlamentario Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mayoritario de la oposición, afirmó que este proyecto tiene “implicaciones ambientales y ecológicas innegables” por permitir la minería a cielo abierto.

El Gobierno defiende la reforma el Código de Recursos Minerales y la Ley 55 y 109 de 1973 de minerales no metálicos, porque, asegura, aumenta la regalía, el costo de los permisos, multas y las tasas que las mineras deben pagar al Estado, e incorpora el pago del impuesto sobre la renta a las mineras y aumenta la conservación ambiental. En este sentido, el proyecto aprobado modifica la tarifa que deben pagar las concesiones de minerales en concepto de canon superficial y regalía, que aumentarán del 2% al 5%. También establece normas sobre responsabilidad social empresarial para que las mineras desarrollen y ejecuten planes, programas y proyectos sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y prevención y reparación de daños ambientales.

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Vea además:

Fotos de protestas de indígenas Gnäbe Bügle

 

 

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Panamá: Ambientalistas proponen ley para moratoria de minería metálica

Propuesta de Ley para moratoria de minería metálica en Panamá

Panamá, 25 de enero de 2011

Licenciada
Astrid Álvarez
Directora Nacional de Promoción de la Participación Ciudadana
Asamblea Nacional

Respetada Directora:

Los abajo firmantes, haciendo uso de nuestros derechos humanos a la iniciativa ciudadana y a la participación política, acudimos ante usted a fin de que, por su conducto, sea sometido a la consideración de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley adjunto, “Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”, el cual presentamos el día de hoy.

Aprovechamos la oportunidad para adjuntar, como respaldo a nuestra iniciativa, copia de los listados que contienen más de 19 mil 700 firmas de personas que apoyaron la Campaña CONTAMINAS, y quienes consideran, al igual que los suscritos, que “Panamá, libre de minería metálica, vale más”.

Agradecemos se le brinde el trámite correspondiente a este Anteproyecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional que regula la presentación de las iniciativas ciudadanas.

Suscribimos esta iniciativa:

Félix Wing Solís
Miriam Pons
Francisco Gómez Nadal
Tania Arosemena Bodero
Rosabel Miró R.
Raisa Banfield
Alida Spadafora
Juan R. Sevillano
Arturo Dominici A.
Ana Z. Pérez McKenzie

ASAMBLEA NACIONAL

25 ENE. 11 / 1:10 P.M.

(Fdo.) Zulay Navarro

Dir. Part. Ciudadana

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Anteproyecto de Ley No.

de 25 de enero de 2011

“Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

En marzo de 2010, la República de Panamá adquirió grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo. Ante el aumento en los precios internacionales de los metales, como es el caso del oro y el cobre, entre otros, el Gobierno Nacional anunció la apertura del sector minero a la inversión extranjera directa, sin antes contar con las debidas salvaguardas ambientales y sociales.

La existencia de estas salvaguardas reviste particular importancia, toda vez que, en nuestro país, los yacimientos mineros metálicos se encuentran en su mayoría ubicados en cuatro categorías de zonas vulnerables: a) las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo; b) las comarcas indígenas; c) las áreas de gran biodiversidad; y d) las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento; cuyas poblaciones humanas presentan además elevados índices de pobreza. Como agravante, la falta de información clara, oportuna y acorde con las necesidades de los diferentes grupos humanos impide una adecuada participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

A pesar de la prohibición expresa contenida en el artículo 3 de la Constitución Política, según la cual “el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otros Estados”, el Gobierno Nacional ha invitado a los gobiernos de Corea del Sur y Singapur a invertir en minería metálica. En octubre de 2010, la Asamblea Nacional ratificó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, cuyo Acuerdo de Inversión tiene por objeto proteger a las empresas mineras de ese país.

Este Acuerdo de Inversión es preocupante si consideramos que las empresas mineras canadienses comenzaron a operar en abierta violación de nuestras leyes. El Proyecto de Oro Molejón, entonces propiedad de la empresa Minera Petaquilla, que a su vez era subsidiaria de Inmet Mining Corporation, inició ilegalmente su construcción en enero de 2005 sin un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), demandó fallidamente la anulación de nuestros reglamentos ambientales ante la Corte Suprema de Justicia, y obtuvo en agosto de 2010 los permisos de explotación comercial y exportación, sin cumplir con los requisitos exigidos por la resolución ambiental.

La actual propietaria del Proyecto de Oro Molejón, la empresa Petaquilla Gold, mantiene un récord ambiental cuestionable. Los monitoreos realizados por la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) señalan altos niveles de sólidos suspendidos y elevada turbiedad en el agua que sobrepasan los límites establecidos por la legislación vigente y que poco a poco van alterando el ambiente de manera severa. Las inspecciones realizadas por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en los meses de septiembre y octubre del 2010 arrojaron altos niveles de cianuro en una de las tinas de relave que alcanzó hasta 46 ppm, excediendo hasta más de 20 veces el límite de -2 ppm fijado en el EsIA aprobado por la ANAM.

A finales de 2010, la empresa Minera Panamá, actual subsidiaria de Inmet, presentó un EsIA con graves deficiencias técnicas, el cual debió ser evaluado por una empresa chilena contratada directamente por el Gobierno Nacional, después de admitir que la ANAM no cuenta con la capacidad técnica necesaria para evaluar los impactos ambientales de la minería metálica. Minera Panamá mantiene en la Corte Suprema de Justicia una demanda de amparo contra la resolución de la ANAM que crea el Área Protegida de Donoso.

Pese a estos graves antecedentes, el 13 de enero de 2011, el Ministro de Comercio e Industrias, autorizado por el Consejo de Gabinete, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 277, “Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, modifica el artículo 33 de la Ley 55 de 1973, modifica y adiciona artículos a la Ley 109 de 1973, sobre minerales no metálicos y se dictan otras disposiciones”, cuyo Primer Debate inicia hoy en la Comisión Permanente de Comercio y Asuntos Económicos.

La presentación del Proyecto de Ley 277 ocurre pese a que diversas encuestas y sondeos de opinión indican que la mayoría de los panameños y panameñas estamos en contra de la minería metálica a cielo abierto, debido a los gravísimos impactos ambientales y sociales que genera dicha actividad y a las inmensas ganancias que obtienen las empresas mineras a costa del patrimonio de nuestros países.

Tampoco hubo oportunidad de que las comunidades locales, tanto indígenas como campesinas, que residen en las áreas donde se pretende llevar a cabo este tipo de explotación, tuviesen la oportunidad de manifestar su consentimiento previo, libre e informado al contenido del Proyecto de Ley 277, antes de su presentación ante la Asamblea Nacional por parte del Órgano Ejecutivo, de conformidad con los estándares internacionales.

2.         NUESTRA PROPUESTA

2.1.     MORATORIA DE LA MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO

Para hacer frente a la situación antes descrita, la moratoria prevista en el artículo 1 del Anteproyecto busca salvaguardar de esta amenaza a todo el territorio nacional, y particularmente a las cuatro categorías de zonas vulnerables identificadas al inicio de esta Exposición de Motivos. Describiremos a continuación los principales impactos de la minería metálica siguiendo la Guía para Evaluar EsIA de Proyectos Mineros, publicada por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW):

a) Las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo

El impacto más significativo generado por la minería metálica a cielo abierto es la afectación en la calidad y disponibilidad de los recursos hídricos para el uso y consumo humano. El drenaje ácido y la lixiviación es la amenaza más grave a la calidad de agua, pues tiene el potencial de causar impactos a largo plazo, dejando ríos contaminados con valores similares a los de una batería ácida. Es poco probable que las plantas, animales y peces puedan sobrevivir en ríos con tales condiciones. Aun en pequeñas cantidades los metales pueden ser tóxicos para los humanos y la vida silvestre.  Arrastrados por las aguas los metales pueden viajar largas distancias, contaminando los riachuelos y el agua subterránea lejos del punto de origen.

La erosión de los suelos puede degradar la calidad del agua superficial. El impacto sinérgico derivado de las fuertes tormentas tropicales y los suelos expuestos sin cobertura vegetal, permite que grandes cantidades de sedimentos (cargados con contaminantes químicos) sean arrastrados a los cuerpos de agua. El exceso de sedimentos en el agua, produce efectos tóxicos agudos y crónicos en la vida acuática.

Los impactos en la calidad del agua por los relaves, las rocas de desecho y las pilas de lixiviación pueden ser graves. Estos impactos incluyen la contaminación del agua subterránea que está debajo de estas instalaciones y en las aguas superficiales que reciben sus descargas. Las sustancias tóxicas pueden lixiviarse de estas instalaciones, filtrarse a través del suelo y contaminar las aguas subterráneas, especialmente si el fondo de estas instalaciones no ha sido adecuadamente protegido con una membrana impermeabilizante.

b) Las Comarcas Indígenas

Los impactos sociales de la minería metálica a cielo abierto son controversiales y complejos. Si las comunidades sienten que son tratadas injustamente o que no son compensadas adecuadamente, los proyectos mineros pueden resultar en tensión social y conflictos violentos. El desplazamiento y la reubicación de comunidades es particularmente devastador para los pueblos indígenas con fuerte arraigo cultural y espiritual a sus tierras.

Los impactos ambientales causados por la minería, tales como la contaminación de los suelos, el aire y el agua, afectan la subsistencia y el sostenimiento de las comunidades locales. Las actividades mineras deben asegurar que los derechos fundamentales individuales y colectivos sean respetados, entre ellos el derecho al control y uso de la tierra, al agua limpia, a un ambiente y modo de vida seguros, así como también el derecho a no sufrir intimidaciones y violencia, y a recibir compensaciones justas en caso de pérdidas.

c) Las áreas de alta biodiversidad, tales como el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP), las Áreas Clave de Biodiversidad (KBA, por sus siglas en inglés), y las Áreas Importantes para Aves (IBA, por sus siglas en inglés), entre otras

La explotación de minerales metálicos en áreas de alta biodiversidad afecta a miles de hectáreas de bosques primarios, cuencas hidrográficas clave y zonas costeras ricas en biodiversidad, y por ende a la salud y la seguridad alimentaria de las poblaciones.

La preservación de dichas áreas constituye la base para la supervivencia de especies endémicas de fauna y flora silvestres, ya que se trata de ecosistemas de alta fragilidad.

La alta precipitación que se produce en la mayoría de estas áreas crea grandes riesgos para el medio ambiente en extracciones mineras a cielo abierto, ya que el manejo de las aguas se hace incontrolable, lo cual conlleva a una gran erosión y sedimentación. El drenaje ácido presenta una gravísima amenaza para la salud por la contaminación del agua y los suelos, y porque persiste por décadas.

d) Las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento

En las áreas protegidas, la vida silvestre se ve afectada por la minería principalmente debido a la remoción de vegetación y capa superficial del suelo, provocando el inevitable desplazamiento de la fauna. Los efectos más directos en la vida silvestre son la destrucción del hábitat en áreas excavadas y en los depósitos de desechos mineros. Muchos animales con menor capacidad de movilizarse tales como invertebrados, reptiles y vertebrados pequeños son los más severamente afectados.

Cuando las áreas protegidas y los corredores biológicos sufren la fragmentación, es decir, cuando grandes áreas se dividen en trozos más pequeños, esto resulta en grandes impedimentos o hasta en la imposibilidad de que las especies nativas se trasladen naturalmente debido al corte de sus rutas migratorias. El aislamiento causar una reducción en el número de especies, o efectos genéticos tales como la endogamia. Las especies que necesitan mayores extensiones de bosque pueden desaparecer.

2.2.     MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Como medida complementaria a la moratoria, estas cuatro categorías de zonas vulnerables son también incorporadas, por el artículo 4 del Anteproyecto, al listado de áreas de reserva minera previsto por el artículo 29 del Código de Recursos Minerales vigente.

En tal sentido, resulta evidente que tanto la referida moratoria como la inclusión de dichas zonas vulnerables en el listado de áreas de reserva minera no tendrán efectos retroactivos. De allí que sea necesario a su vez complementar ambas medidas con el artículo 2 del Anteproyecto, de modo tal que las empresas beneficiarias de permisos o concesiones ya existentes no puedan hacer uso de sustancias peligrosas para la salud humana y el ambiente en la extracción de metales.

Finalmente, el artículo 4 del Anteproyecto ordena al Ministerio de Comercio e Industrias proceder a la cancelación inmediata de todos los permisos y concesiones que se encuentren sin uso o estén siendo explotados en forma irregular.

3.         ANÁLISIS DE VIABILIDAD JURÍDICA

Esta iniciativa refuerza el deber fundamental del Estado de “garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana” (artículo 118 de la Constitución).

Además, en vista que el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, a través del método de explotación minera metálica a cielo abierto, es uno de los más destructivos desde el punto de vista ambiental, en especial cuando ocurre en el interior de bosques tropicales, con este Anteproyecto se busca evitar que se deriven perjuicios sociales, económicos y ambientales (artículo 121 de la Constitución) y a la vez asegurar que las concesiones para la explotación del suelo y del subsuelo respondan al interés público y al bienestar social (artículo 259 de la Constitución) de las presentes y futuras generaciones.

Del mismo modo, mediante la aprobación de esta iniciativa, el Estado panameño cumple con su obligación de garantizar “a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social” (artículo 127 de la Constitución).

Finalmente, al avalar este Anteproyecto, la Asamblea Nacional actuaría en modo consecuente con las recomendaciones de la Resolución 4.090, emitida durante el IV período de sesiones del Congreso Mundial de la Naturaleza  (Barcelona, 2008) por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), a la cual pertenece la República de Panamá, en la cual se “PIDE a los gobiernos de la región mesoamericana que cancelen las actuales exploraciones y explotaciones mineras a cielo abierto con probadas repercusiones negativas sobre el medio ambiente, y tomen las medidas preventivas necesarias para que en el futuro otorgamiento de permisos no se incluyan los relativos a la explotación minera a cielo abierto, y que se realicen y apliquen de forma rigurosa las evaluaciones ambientales estratégicas y otros instrumentos ambientales pertinentes, en particular en el Corredor Biológico Mesoamericano.”

4.         CONCLUSIÓN

Este Anteproyecto es una reiteración de la Carta Abierta suscrita el 17 de noviembre de 2007, mediante la cual nueve organizaciones ambientalistas solicitaron al entonces Presidente de la República que declarase una moratoria de la actividad minera en Panamá (http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-panama/moratoria-actividad-minera-panama).

También constituye este Anteproyecto una reiteración de la Prioridad No. 3 de la Agenda Ambiental 2009, suscrita por 10 organizaciones, que dice así: “Decretar una moratoria a la minería de metales a cielo abierto hasta tanto se determinen los impactos y beneficios de dicha actividad en el marco de un desarrollo sostenible para el país, a través de una evaluación ambiental estratégica.” (http://www.agendaambiental09.org/)

Por último, mediante la presentación de esta iniciativa, los abajo firmantes honramos el compromiso adquirido con más de 19 mil 700 personas que apoyaron la Campaña CONTAMINAS, y quienes consideran, al igual que los suscritos, que “Panamá, libre de minería metálica, vale más.” Para mayor constancia, se adjunta copia de los listados que contienen las firmas de estos adherentes.

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Anteproyecto de Ley No.

de 25 de enero de 2011

“Por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales, declarando una moratoria en las actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. Adiciónese el artículo 23-A al Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 23-A. Se declara una moratoria en el otorgamiento de concesiones o permisos para la realización de actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, incluyendo las siguientes categorías de zonas vulnerables:

a)    Las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo;

b)    Las Comarcas Indígenas;

c)    Las áreas de alta biodiversidad, tales como el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, las Áreas Claves de Biodiversidad y las Áreas Importantes para Aves, entre otras; y

d)    Las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, entendidas estas últimas como aquellas zonas delimitadas, adyacentes y/o circundantes ubicadas fuera de los límites de las áreas protegidas que, directa o indirectamente, sirven como defensa para proteger a dichas áreas de los impactos negativos causados por las actividades antropogénicas.

Durante esta moratoria, ningún permiso o concesión de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto será renovado o prorrogado, después de haberse extinguido por cualquier motivo, de conformidad con la legislación que los regula.

Artículo 2. Adiciónese el artículo 23-B al Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 23-B. Los permisos o concesiones mineras que hayan sido otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del artículo 23-A de este Código deberán cumplir con todas las obligaciones establecidas en la legislación nacional y los convenios internacionales, y no podrán hacer uso de técnicas de extracción de metales tales como lixiviación con cianuro, amalgamado con mercurio u otros medios de separación o beneficio que requieran el uso sustancias peligrosas para la salud humana y el ambiente.

Artículo 3. Adiciónese el artículo 23-C al Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 23-C. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y con apego al debido proceso, procederá a la cancelación inmediata de todos los permisos y concesiones que se encuentren sin uso o estén siendo explotados en forma irregular.

Artículo 4. Adiciónese los literales d, e, f y g al Artículo 29 del Código de Recursos Minerales, así:

Artículo 29. Las Áreas de Reserva que este Código establece son las siguientes:

d)    Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las cuencas hidrográficas que producen agua para consumo humano y otros usos prioritarios relacionados con la seguridad alimentaria, la recreación y el turismo;

e)    Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las Comarcas Indígenas;

f)Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las áreas de alta biodiversidad, tales como el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, las Áreas Clave de Biodiversidad y las Áreas Importantes para Aves, entre otras; y

g)    Todas las tierras, incluyendo el subsuelo, de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Iniciativa presentada a la Dirección Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana, con fundamento en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por los ciudadanos Félix Wing Solís, Miriam Pons, Francisco Gómez Nadal, Tania Arosemena Bodero, Rosabel Miró R., Raisa Banfield, Alida Spadafora, Juan R. Sevillano, Arturo Dominici A. y Ana Z. Pérez MacKenzie.

Panamá: Declaración de la sociedad civil organizada contra las reformas a ley minera

Panamá: Declaración de la sociedad civil organizada contra las reformas a ley minera

Burica Press, 1 feb. 2011. Las organizaciones ambientales panameñas han lanzado un comunicado ante la inminente aprobación de una nueva ley minera en Panamá, que tal y como está redactada y ante la débil institucionalidad, ellos preven graves problemas sociales y ambientales ligados a esta actividad.

En la actualidad la Autoridad Nacional del Ambiente se ha declarado como una institución sin los profesionales adecuados,ni siquiera para evaluar los estudios de impacto ambiental que las empresas mineras han realizado en áreas de bosques con rica biodiversidad.

En el comunicado denuncian la falta de democracia y deliberación adecuada para discutir leyes que repercutirán en los recursos naturales y los ecosistemas del país.

Lea el comunicado a continuación:

Declaración contra la Minería en Panamá

Por este medio y ante la inminente aprobación del Proyecto de Ley Nº 277, que establece reformas al Código de Recursos Minerales de la República de Panamá, después de una semana de consultas ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Diputados deseamos expresar:

  1. Nuestra más profunda preocupación sobre el proceso y el contenido de este polémico y nefasto Proyecto de Ley que atenta contra la seguridad ambiental y la soberanía de Panamá. La falta de consulta previa a la presentación del proyecto, elaborado en secreto y a puertas cerradas, hace que las “Jornadas de Consulta” actuales ante la Comisión sean extemporáneas e improductivas, ya que las bases de estas modificaciones no fueron previamente consultadas con los diversos sectores de la sociedad civil y comunidades afectadas, así como tampoco fueron nunca públicos ni los borradores, ni los textos científicos (si los hay), o las opiniones de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) al respecto, después de numerosos intentos de obtener tales datos por parte de grupos interesados. Todo ha ocurrido sin contemplarse ni de la manera más casual la participación y opinión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la misma Asamblea Nacional, trastocando el Reglamento Interno de este Órgano del Estado.
  2. En particular preocupa la posición recalcitrante de los representantes del gobierno de no integrar de manera efectiva los aportes de la sociedad civil en su conjunto. Es desconcertante, y ante todo anti-democrático, que la Comisión competente en la Asamblea y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) hagan caso omiso a una propuesta de trabajar en comisiones para un profundo análisis y mejoramiento del Proyecto de Ley, tal cual fue planteado ante el Ministro de la Cartera por las asociaciones civiles antes de que la Comisión iniciara las “consultas” sobre el Proyecto.
  3. El contenido del proyecto -a pesar de ser mercadeado como una norma “para el ambiente” o para “darle herramientas a la ANAM”- está plagado de errores de redacción que complican el entendimiento de las funciones de esa institución para el control ambiental de la minería, condicionando las inspecciones que hoy hace la ANAM, por razón de su competencia, al requerimiento de la Dirección de Recursos Minerales del MICI. Además de ello, ordena a la ANAM realizar auditorías ambientales, sin que exista regulación al respecto, toda vez que no es este organismo, sino la Contraloría General de la República la que tiene la potestad gubernamental para hacerlo. En adición condiciona las acciones preventivas de suspensión, propias de los procesos de investigación, al no otorgar el efecto suspensivo a los recursos legales que presenten las empresas mineras, facilitando a que éstas sigan contaminando.
  4. El proyecto también deroga el artículo 165 del mismo Código, que ordena colocar en Gaceta Oficial los nombres y domicilios de los servidores públicos que reciban las solicitudes de concesión y sus correspondientes pagos, mientras evita el derogar artículos que posibilitan que personeros de gobierno mantengan intereses en concesiones mineras.
  5. El proyecto permite aspectos hoy prohibidos por la Ley, como que el Estado cree empresas privadas con capital estatal, contrario a lo que ordena la Constitución, o que es peor, que Estados extranjeros alimenten de capital a empresas privadas, en ambos casos, irrespetando la separación que en estos casos debe existir entre “lo privado” y “lo público”, creando distorsiones entre los agentes económicos y aventajando a estos nuevos empresarios injusta y desmesuradamente sobre otros actores de la sociedad civil, el propio Estado panameño y las mismas empresas panameñas que se verán enfrentadas al fomento de la competencia desleal en este sector.
  6. Es más preocupante el Proyecto de Ley cuando se da en un contexto en el que los procesos de evaluación ambiental se han dejado a la incertidumbre, ya que ni siquiera se ha reglamentado lo aprobado durante el diálogo de la Ley 30 sobre las Evaluaciones de Impacto Ambiental, a pesar de los esfuerzos del movimiento ambiental para trabajar en esta reglamentación.
  7. Asimismo una debilitada ANAM no se ha pronunciado al respecto de esta Proyecto de Ley 277, y que, sumado a décadas de incumplimientos, desastres ambientales, promesas incumplidas y denuncias ciudadanas sobre la manera en que los proyectos relacionados con la minería metálica y no metálica se han llevado en el país, acrecientan el nivel de preocupación de la ciudadanía panameña frente al tema.

Solicitamos, con el respeto que nos caracteriza, se suspendan las discusiones de este proyecto de Ley, hasta que se puedan establecer mesas de trabajo que analicen los temas en un diálogo de calidad elevada, que sea transparente, técnico y científico, mientras se discute el proyecto de Ley de Moratoria a la actividad minera que debe entrar en efecto mientras se da la mencionada discusión a nivel nacional, consultando de abajo hacia arriba, como es la característica de países democráticos a nivel mundial.

Dado en Panamá, el día 31 de enero de 2011, y suscrito por las siguientes organizaciones:

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
Fundación Avifauna
Panamá Sostenible (PASOS),
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Fundación para la Protección del Mar (PROMAR)
Almanaque Azul
Audubon Panamá
Fundación Albatros Media
Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena
Comité de Protección al Paciente y Familiares (Propafa)
Federación de Comunidades de Áreas Revertidas
Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton (Aprecla)
Comisión de Derechos Humanos de la Comarca Ngobe Buglé

ORGANIZACIONES DE LA ASAMBLEA CIUDADANA

Asociación Ecologista Panameña
Asociación de Derecho Ambiental
Asociación Panameña de Derecho Constitucional
Asociación Conciencia Ciudadana
Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá
Asociación Verde de Panamá
Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social (CEPAS)
Centro de Estudios y Capacitación Familiar
Centro de Trabajo sobre Seguridad Social
Central General de Trabajadores de la República de Panamá (CGTP)
Central Nacional de Trabajadores de Panamá CNTP
Consumo Ético.
Colectivo Voces Ecológicas.
Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena
Human Rights Everywhere
Federación de Asociaciones de Profesionales  de Panamá
Foro Mujer y Desarrollo
Espacio Encuentro de Mujeres
Madres Maestras
Manos & Cerebros
Servicio Paz y Justicia- Panamá
Movimiento Democrático Popular
Unidad de Lucha Integral del Pueblo.
Sindicato de Periodistas de Panamá.
Voces Libres de Panamá

ORGANIZACIONES CHIRICANAS

Amigos del Parque Internacional La Amistad (Amipila)
Fundación para el Desarrollo Integral , Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá
Asociación de Productores Agroecologìstas La Amistad (Adpaela)
Colibrí Asociación Ecologista de Panamá
Asociación Agroecologista Macho de Monte
Asociación Ambientalista de Chiriquí
Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB)
Grupo Ecologista para la Conservación del Parque Internacional La Amistad (Gerpropila)
Asociación Ecologista de Productores Orgánicos de Rovira (Asepor)
Centro Misionero de la Concepción para la Defensa del Ecosistema (Cemcode)
Asociación Agroecoturística la Amistad (Asaela)
Grupo Expedición Natural Agroecoturística (Genat)
Asociación de Productores de Cultivos Exportables (Apce)
Comité por la Defensa del Río Gariché y sus afluente

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LEA ADEMÁS

Reformas sugeridas al Codigo Minero de Panama 2011 (Versión pdf original)

Historia detrás de los intentos minería en territorios indígenas de Panamá

“Quien oprime al débil, ultraja a su Creador” (Prov 14:31)

Jorge Sarsaneda

CONAPI / 250111

Hace años…

En 1979 -¡hace casi 32 años!- Don Daniel Núñez, obispo de David dijo:

“Con caras sonrientes a pesar de las lombrices y de la desnutrición, los niños juegan fuera de la casa. La señora teje una chácara multicolor, mientras un niño desnudo, de meses, gatea junto a ella. La abuela trae agua y leña junto con dos niños; el señor y dos hijos han llegado de socolar y son recibidos con alegría. Corre el viento y la tranquilidad se siente. En medio de su pobreza, hay gran cariño entre ellos, hay amor. Unos son bautizados, otros no; pero el mensaje de liberación de Jesús empieza a despertar en sus corazones. Es una escena de una casa guaimí en cualquier lugar de la Comarca del Tabasará. No lo saben, pero están amenazados”.

Ha llovido mucho desde que se escribieron estas palabras[1]. Muchas cosas han cambiado, pero otras muchas, no.

Actualmente…

Ahora existe legalmente la Comarca llamada Ngäbe-Buglé, producto de una lucha larga y sangrienta. En ella habitan unos 110 mil indígenas de los pueblos ngäbe y buglé (como el 55% de una población 200 mil). Hay una Carta Orgánica, que recientemente cambiada por el gobierno sin el consenso de los afectados. Hay más escuelas, puestos de salud, algunas carreteras mal hechas, la presencia indígena se “siente” más en los medios, hay más indígenas en la universidad…

Sin embargo, el 95% de dicha población sigue en pobreza (un 75% en “pobreza extrema”), el 60% de ellos son llamados “analfabetas” del castellano y son tratados como parias por sus idiomas y el color de su piel. Anualmente tienen que migrar muchos de ellos para conseguir trabajos que les reditúen algo de dinero. Sin contar con los que migran a las ciudades de Panamá, David y Santiago a pasar más pobrezas y marginaciones[2].

Proyectos y más proyectos…

Por si fueran pocos problemas a los que se tienen que enfrentar estos pueblos, ahora se plantean proyectos y más proyectos “para el desarrollo del país”. Pero todo esto tiene una historia “detrás”, como siempre.  Y, como el que olvida, se condena a repetir errores, mejor recordar:

En 1977…

Hace 33 años, el proyecto de explotación de Cerro Colorado se cernía sobre la Comarca como un águila dispuesta a agarrar su presa. Hay estudios profundos y muy claros[3] que analizan objetivamente y denuncian el peligro de muerte en el que se encontraban y se encuentran los indígenas de toda la Comarca y las consecuencias, incluso para el país.

En ese momento se vio claro que una mina “a cielo abierto” en Cerro Colorado significaba la muerte real, ecológica y étnica de muchas comunidades. Hubo mucha solidaridad internacional y se logró que muchos se unieran para enfrentar al “monstruo”. Esto fue denunciado por múltiples grupos, especialmente el obispo Núñez (David) y luego por todos los obispos católicos del país.

¿Se logró detener esta muerte anunciada? No. Las compañías involucradas, Codemin (vuelve a la carga) y Río Tinto Zinc (de nefasta memoria) decidieron –luego de llevarse equis cantidad de oro- que no iban a explotar la mina… ¡porque el precio del cobre no era suficientemente alto! No importaron los efectos sociales, ecológicos, culturales, ni siquiera los políticos, lo que decidió fue el valor económico. Nos dieron un “respiro”, pero ahora vuelven a la carga.

Le toca a Veraguas…

“Dormido” Cerro Colorado, volvieron la vista a Veraguas, a la mina de oro en Cañazas. Ahí estuvieron diez años sacando oro y contaminando ríos, suelos y, sobre todo, personas. Se fueron y sólo nos quedó un paisaje lunar y muchos enfermos. El que quiera saber más, que se dé una vuelta por Cañazas.

¿Y los ríos?

Pero como todos estos proyectos necesitan energía posaron esta vez sus ojos “económicos” sobre los bellos, abundantes y caudalosos ríos que bañan nuestro pequeño país: el Cobre, el San Pablo, el Tabasará, el Viguí, el San Félix, el Changuinola, el Teribe y varios otros. Ya se habían aprovechado del Bayano y los hermanos kunas seguían y siguen esperando beneficios e indemnizaciones.

Los hermanos campesinos e indígenas del río Cobre llevan once años luchando para que no los desalojen. En Valle Riscó, los hermanos ngäbe han sufrido desalojos, despojos, pérdida de tierras y siembros, arrinconamiento de comunidades, destrucción de la ecología y del bosque Protector de Palo Seco. ¿Y el gobierno? Bien, gracias. Se le concedió tierra (reservada por ley) a la AES, pero a los indígenas no se les quiso reconocer sus tierras “porque era Parque Nacional” (????). Ya hay estudios sobre los caudales y posibilidades de los ríos Tabasará, Fonseca, Teribe y otros. Por esa razón no se les concede a los Naso su territorio…

Cerro Chorcha…

Con gran sigilo, como para que mucha gente no se enterara, en 2006 le fueron concedidas (¡sin estudio de impacto ambiental!) más de 24 mil hectáreas a una compañía minera para explotar un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno, que está –léase bien- en medio de la Comarca Ngäbe-Buglé, la Reserva Forestal Fortuna y el Bosque Protector Palo Seco.

¿Dónde está la Anam, de qué sirven las leyes sobre Reservas y Comarcas?, más importante aún, ¿por qué no se les pregunta a los dueños de las tierras? Sí, dueños, no como dice una “doctora”: que los indios no son los dueños porque no han comprado las tierras (!!!!!!). En abril 2009, la Corte Suprema suspendió temporalmente las acciones de Dominion Minerals.  Por tanto, el “machete afilado” sigue colgando sobre las cabezas de los de Chorcha y de todos nosotros.

Minería “limpia”

Es el lema “bandera” de la explotación de entonces y de la actual en Coclé-Colón (con Petaquilla Gold y Minera Panamá). Sin embargo, hay que decirlo bien claro: NO hay –entiéndase-, NO HAY minería limpia, no existe tal cosa, es una contradicción en los términos. La Cámara minera dijo hace poco que “si no fuera buena la minería, no existirían tantas minas en Chile, Perú y Brasil”.

En los países mencionados es exactamente donde hay minería sucia y envenenadora. Lo único que se puede concluir del “argumento” de la Cámara Minera es que el daño de la minería es mayor en Chile, Perú y Brasil. Sólo tenemos que vernos en el “espejo envenenado” de la mina de Cañazas, de la mina de Cerro de Pasco (Perú), de la mina de Ixtahuacán (Guatemala), de la destrucción amazónica por causa de la minería de oro, por señalar sólo unos casos.

Las últimas “jugadas”

En vista de que los precios internacionales del cobre y del oro han aumentado, nuevamente se quiere explotar Cerro Colorado y otras minas. Para esto, el gobierno actual ha dado varios pasos: Uno ha sido plantear una reforma al Código Minero (de 1963) que ha suscitado la oposición de todos los grupos ambientalistas del país. ¡Por algo será!  El otro fue reformar (sin consulta y sin consenso) la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe-Buglé, de manera que se pueda tener más adelante la “autorización” de los congresos para las explotaciones pretendidas.

¿Qué hacer?

Ante todo, organización. Como dice un columnista: organizar la rabia. La rabia que produce el que se quiera explotar una riqueza pasando por encima de la gente, incluso matándola si es necesario. La rabia que produce que se quiera destruir el país por darle riqueza a unos pocos. La rabia que produce el que gente inocente como los niños indígenas, tengan que ver su futuro envenenado a causa de la riqueza sobre la cual viven. Esta organización se debe reflejar en grupos comunitarios, en autoridades tradicionales, en grupos solidarios, en la sociedad civil, en apoyos internacionales, en grupos pastorales…

En segundo lugar, concientización. Falta mucho todavía que decir a todo el país. Es increíble que todavía haya profesionales supuestamente bien formados (médicos, ingenieros, etc) que piensan que cultura es igual a atraso, que la tierra solo se posee por compra, que toda inversión es progreso. Nos sorprenden a cada rato las manifestaciones y justificaciones racistas de muchos panameños, que proceden de la ignorancia. Hay que trabajar por cambiar esto.

En tercer lugar, compromiso. La iglesia católica panameña ha hablado claramente: “No toda inversión es deseable. Es el caso de la minería. Ella se ha convertido, junto con la deforestación, en la mayor amenaza para la sostenibilidad ambiental en la región. En general, los países tienen leyes débiles ante la inversión extranjera y una laxa reglamentación que no garantiza que sustancias contaminantes como el cianuro, se manejen con seguridad para la salud de la población. Tampoco se han desarrollado mecanismos de consulta legítimamente reconocidos que permitan a las comunidades afectadas informarse verazmente y hacer valer sus demandas[4].

En numerosos encuentros zonales y nacionales de la Iglesia Católica, obispos y agentes de pastoral (sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos) que trabajan en las zonas comarcales del país, hemos mostrado nuestra preocupación ante lo que se plantea aquí, puesto que a la secular situación de marginación y extrema pobreza se añade ahora la amenaza creciente de despojo y expolio de sus territorios ancestrales por concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos, en nombre del “progreso nacional”.

Muchos relatos indígenas[5] apoyan esta lucha. Como iglesia tenemos que continuar al lado de estos pueblos aunque tengamos que pagar un alto precio. No es otra cosa la que nos exige el Evangelio de Jesucristo.


[1] Ver Núñez Núñez, Daniel, El Indígena Guaymí y Cerro Colorado, Carta Pastoral, 190479. Inicio de dicha carta.

[2] Hay ingente cantidad de estudios que denuncian y especifican esta situación. Sólo cito algunos:

Behmel, Ch. (1996). La Migración Ngöbe. Proyecto PAN-GTZ, Panamá. Jenkins, A. y Valderrama M., G. (2002) Estudio diagnóstico de la dimensión, naturaleza y entorno socioeconómico del trabajo infantil y de la adolescencia trabajadora en el sector del café en la provincia de Chiriquí. CIPSU, Universidad Santa María La Antigua , Panamá.

Loría B., R.; Alvarez, B; Alvarado, R.; Sáenz, R.; Partanen, T. Córdoba, L. (2008) Alcances de la gestión integral de la salud y el trabajo de recolectores de café, inmigrantes en la zona de Los Santos, Costa Rica. Periodo 2003-2008, Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- (2008) Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2008.

Quintero S., B. y Hughes O., W. (2005) Migración Indígena en Panamá. Investigación, CoNaPI, Panamá.

Sarsaneda, J. (2010) La ruta de la desolación, Consultoría sobre migración ngäbe-buglé a Costa Rica.

[3] Gjording, sj, C. (1982) “Cerro Colorado: Conflictos y contradicciones entre Panamá, corporaciones transnacionales y el indígena guaymí”, Foro Guaymí y Ceaspa (eds), El pueblo Guaymí y su futuro, 225-300, Panamá.

Hughes, W. (1998) Minería ¿Desarrollo o destrucción? PS-Cáritas Panama.

Vakis, R. y Lindert, K. (1999) “Pobreza de la población indígena en Panamá: Estudio basado en la información de la ENV , 1997” , Anexo 6, Banco Mundial, Panamá. Estudio sobre pobreza. Prioridades y Estrategias para la reducción de la pobreza.

Young, P. (2009) “Witnessing change in a small-scale society: A personal account”, Newsletter. Society for Applied Anthropology, 20 (3): 7-12.

[4] Ver Comunicado de la Conferencia Episcopal Panameña, 130111.

[5] Ver CONAPI (1992) Tierra, Autonomía, Cultura, IV Encuentro Nacional de Pastoral Indígena, Panamá.

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Noticias sobre minería en Panamá

Martinelli sí explotara mina de cobre de Cerro Colorado