Rapiña con las tierras costeras e insulares inalienables

El diputado Pedro Miguel González hizo a petición de partes interesadas la Ley 2 2007 que vendía nuestras islas y costas. Ahora viene con el borde del mar y las islas. Hizo esa ley invocando urgencia notoria y fue aprobada por la aplanadora de sirios y troyanos. Fue aplastante la posición del PRD y la oposición (si se le puede llamar oposición).

Por el fuero de impunidad de los diputados no se les puede investigar los delitos que existen detrás de la aprobación de leyes a solicitud de partes interesadas. Qué barbaridad! Hasta donde llegará la venta inescrupulosa y corrupción en este país!

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país! Qué avaros e inescrupulosos!

Se pueden ustedes imaginar el impacto ambiental sobre los recursos costeros e insulares como resultado de este mercantilismo salvaje del patrimonio de todos los panameños.

Quien vende a su patria, vende a su madre. Y razón tienen los muchachos universitarios cuando en sus manifestaciones gritan: Aquí están, eso son, los que venden la nación. Más evidente no puede ser.

Ojalá el Presidente Martín Torrijos le quedara un poco de escrúpulos y tachara por vendepatria este nuevo negocio de año nuevo de los diputados de su partido.

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país!

Burica Press

MEF SE OPONE A LA INICIATIVA.

Proponen vender costas e islas

Diputados liderados por Pedro Miguel González y Freidi Torres buscan aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley para vender estas propiedades.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

A pesar de la advertencia hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional pretende aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley que busca poner en venta las costas e islas del país.

El MEF envió una carta a la Comisión de Hacienda, pidiendo la suspensión del proyecto, solicitud que no fue atendida por los diputados. Tampoco se dio la explicación con la que el MEF sustenta la suspensión del proyecto.

Por el contrario, el presidente de la Comisión, Pedro Miguel González, ordenó darle celeridad a la discusión con el objetivo de aprobarlo hoy martes en primer debate, o a más tardar el próximo jueves 11 de diciembre.

La iniciativa pretende titular o vender todas las propiedades que se encuentran dentro de los 200 metros de costa después de la marea alta y las islas del país, poniendo como precio máximo para la venta, seis dólares por metro cuadrado.

Además, el proyecto le quita la potestad a la dirección de Catastro del MEF de administrar estos bienes del Estado, y se lo traspasa a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

El viceministro del Mida, Adonai Ríos, también solicitó a los diputados analizar sin apuros el proyecto de ley, aduciendo que se trata de un tema complicado.

De acuerdo con informes del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat), existen en costas e islas unos 45 mil predios que se manejan actualmente con derechos posesorios.

EN JUEGO ESTÁN LAS TIERRAS MÁS COTIZADAS DEL PAÍS

Pondrán en venta islas y costas panameñas

Detrás de la iniciativa de un grupo de diputados hay fuertes intereses económicos, disputas legales y diferencias entre las propias instituciones del gobierno. Aun así le darán celeridad a su aprobación.

NATURALEZA EN PELIGRO. El proyecto de Ley 459 pondrá en venta las costas e islas panameñas, aunque se han excluido ahora las zonas protegidas y las comarcas. LA PRENSA/Carlos Lemos

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓNrberrocal@prensa.com

Como en todo fin de año, los diputados se preparan para dar otro golpe de gracia, donde al parecer existen grandes intereses económicos y las tierras más cotizadas del país.

La Asamblea Nacional tiene en primer debate un proyecto de ley que permitirá la repartición de todas las islas y costas panameñas a precio de seis dólares el metro cuadrado, un valor irrisorio si se comprara con lo que se cotiza en el mercado.

El programa de titulación y venta ha generado controversia a lo interno del gobierno ya que el Ministerio de Economía y Finanzas perderá la potestad de administrar estas propiedades. Hasta ahora los terrenos dentro de la franja de 200 metros en las costas después de la marea alta y las islas solo podían ser dadas en concesión para el desarrollo de proyectos turísticos.

Ahora estas funciones se pretenden pasar a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que legalice los derechos posesorios que hay asignados en costas e islas, y se proceda a la venta del resto de estas codiciadas tierras.

En total Panamá cuenta con mil 450 kilómetros de costas y el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) sostiene que existen 45 mil predios por asignar en estas zonas.

Pronat ya se ha adelantado a realizar un informe catastral de todas las islas y costas panameñas, empezando por Los Santos, costa arriba de Colón y Punta Burica en Chiriquí.

En la primera reunión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Adonai Ríos, recomendó no acelerar el debate del proyecto de ley ya que acepta que es un tema complicado que debe ser analizado a profundidad.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Pedro Miguel González, ordenó todo lo contrario: darle celeridad a la discusión de la iniciativa con el fin de aprobarla en primer debate hoy, martes, o a más tardar el jueves 11.

Detrás del impulso del proyecto existe un grupo de inversionistas que ha designado a Pedro Vallarino para que trate de impulsar el proyecto dentro de la Asamblea Nacional.

Se trata de representantes de empresas que han adquirido derechos posesorios y que ahora buscan titular a no más de seis dólares el metro cuadrado como establece el proyecto del ley en discusión.

El precio de venta no parece ser prioridad para los diputados que impulsan el proyecto ni para los funcionarios públicos. “Sabemos que en las costas e islas residen tanto campesinos como personas muy pudientes, pero la idea es quitar la subjetividad de los procesos y darle el título de propiedad”, dijo Nadia Moreno, directora de Reforma Agraria.

Rolando Armuelles, director de Pronat, señaló que el precio calculado no puede estar basado en el valor de mercado porque el Estado es solo un administrador de estas tierras. “Es algo diferente a lo que sucedió con las áreas revertidas”, dijo Armuelles.

Tras la ilegalidad

Además del problema de especulación que puede generar el proyecto de ley, también resalta el tema de la legalidad de los derechos posesorios otorgados.

Pronat reconoce que dentro de las costas e islas existen “miles” de conflictos legales por traslape y sobreposesión de propiedades que complican el tema de la titulación y venta.

En medio de la bonanza inmobiliaria que vive el país, las gobernaciones y alcaldías del país también han emitido derechos posesorios sobre propiedades en costas e islas que ya tenían ocupantes, generando cientos de conflictos legales.

Según abogados consultados sobre el tema, estos derechos posesorios deberían ser declarados ilegales porque el único ente autorizado para hacerlo es la dirección de Reforma Agraria, y bajo condiciones que comprometen el uso de las tierras.

La situación ha generado preocupación entre personas que tienen estos problemas, porque quedará en manos de Reforma Agraria definir qué derecho posesorio será el validado.

Este es el caso de la familia Domínguez, que tiene un título de propiedad en la playa Uverito en Las Tablas, el cual data de 1935, antes que se prohibiera la titulación dentro de los 200 metros en costa después de la marea alta. Ahora la propiedad que reclama la familia Domínguez aloja a más de 10 personas que dicen tener un derechos posesorios sobre estas tierras, incluyendo al diputado oficialista Olivares Frías.

“Este tema nos preocupa porque estamos luchando contra invasores que tienen poder político y cualquier cosa puede pasar”, dijo Abel Domínguez.

Pero así como la familia Domínguez, solo en las costas de la provincia de Los Santos se han reportado 42 casos donde existen duplicación de derechos posesorios y acusaciones de invasión de terreno de forma ilegal.

Erick Jiménez, ex director de Reforma Agraria, reconoció que se trata de un tema muy delicado que debe ser manejado con mucho detenimiento.

Indicó que muchos de los problemas han sido ocasionados por las autoridades locales como los gobernadores, que a veces desconociendo la legislación han cometido exabruptos legales. “Han ordenado desalojos de humildes ocupantes para beneficiar intereses privados sin tener la competencia para hacerlo”, dijo Jiménez.

MEF pidió suspender la discusión del proyecto

Freidi Torres, diputado oficialista y proponente del proyecto de ley, sustenta que la modificación es necesaria porque la dirección de Catastro, bajo el paraguas del MEF, no podía atender esta demanda. “Ellos tienen miles y miles de expedientes en trámite y el proceso es más engorroso”, dijo Torres.

En la Comisión de Hacienda se mencionó que Catastro tiene 6 mil expedientes sin procesar, pero el director a cargo de esta institución, Mariano Quintero, no atendió a la invitación del primer debate de este proyecto de ley.

Quintero tampoco participó de la consultas previas.

Oydén Ortega (hijo) representó al MEF en la reunión, pero retiró una carta que había levantado la dirección legal de esta institución en contra del proyecto de Ley que busca aprobarse en primer debate hoy.

La carta sostenía que se debía suspender la discusión del proyecto de ley. Ortega dijo que necesitaba hacer otras consultas.

Aun así grupos organizados de empresarios y residentes de las áreas costeras se han presentado a defender el proyecto que les permitirá concretar sus negocios.

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Anarquía urbana en islas y costa de Amador

DEUDAS MILLONARIAS. EL CASO DE FIGALI ES SÓLO PARTE DEL PROBLEMA.

Anarquía en Amador

Ocho de los 13 concesionarios del área tienen causales para la suspensión de los contratos.

El Gobierno reconoció unos 7 millones de dólares en créditos en algunas de las inversiones en marinas.

LA PRENSA/Carlos Lemos
SIN LÍMITES. La AMP asegura que nunca llegó a aprobar los rellenos en isla Perico, y tampoco el del Grupo F, a la entrada de Amador.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com

La Calzada de Amador, una de las áreas revertidas de mayor potencial turístico de Panamá, sólo le ha dejado ingresos al Estado por 6.3 millones de dólares durante los últimos 10 años de arrendamientos.

Las causas del problema son: contratos mal estructurados, inquilinos que se resisten a pagar, demandas legales, rellenos fuera de lugar, programa de inversión incumplido, y cánones de arrendamiento muy bajos. Incluso, el Estado ha reconocido créditos de hasta 7 millones de dólares por algunas de estas inversiones.

El caso del Grupo F., del empresario Jean Figali, es sólo una parte del rompecabezas.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos reconoce el problema y trata en estos momentos de negociar con cada concesionario el pago de las cuentas atrasadas (18 millones de dólares). Contratos como el de Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island no están legalizados, pero las obras tienen un 70% de avance.

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BIENES REVERTIDOS. LA RECAUDACIÓN acumulada en 10 años ES SÓLO DE 6 MILLONES de dólares.

El desmadre de Amador

Casi todas las concesiones, según el Gobierno, han violado los compromisos pactados y mantienen altas morosidades en los alquileres. El MEF acepta que existen causales para la suspensión de varios contratos.

Tres de los grandes proyectos no están legalizados porque se encuentran pendientes de aprobación de adendas. Las empresas están ejecutando obras diferentes a las aprobadas y han construido rellenos no autorizados.

LA PRENSA/Carlos Lemos
DISEÑO. Uno de los problemas es la construcción de edificios por encima de la altura permitida.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com

La Calzada de Amador es una de las áreas de mayor valor comercial en el país por su potencial turístico. Pero la realidad es otra cuando se miden los ingresos que recibe el Estado por su arrendamiento: es una de las peor pagadas.

Esto se debe a que los concesionarios del área pactaron cánones que suenan ridículos y encima de ello son unos de los clientes con mayor morosidad que tiene el Estado, con cuentas pendientes por 18 millones de dólares.

Por ejemplo, en las marinas construidas o en construcción, el canon fijado es de dos centésimos por metro cuadrado, muy por debajo, por ejemplo, de lo que una persona de clase media alta paga por el alquiler de un apartamento de 250 metros cuadrados.

Durante los últimos 10 años sólo se han recaudado 6 millones de dólares en concepto de arrendamientos de la infraestructura del lugar y derecho a nuevas construcciones.

Lo más irónico de ello es que algunos de los inquilinos del área han logrado que el Gobierno les reconozca en créditos las inversiones que han hecho y que ellos solamente utilizan como negocio.

La Prensa realizó una investigación sobre la condición actual de cada contrato de concesión en la Calzada de Amador encontrando que detrás de todo hay un sin número de violaciones e irregularidades de las que no escapa casi ninguno de los concesionarios, aunque existen excepciones.

Demandas legales, cuentas atrasadas, hoteles y centros comerciales no construidos, rellenos fuera de lugar, edificios por encima de la altura permitida y planos alterados son parte del problema.

El caso del Grupo F, del empresario Jean Figali, ha sido el más sonado por la magnitud y las consecuencias legales que ha levantado.

Este concesionario sólo ha pagado 246 mil 555 dólares (en 2005) por las 19 hectáreas que tiene en la Calzada de Amador.

Todas las demandas del Grupo F fueron a parar al despacho del magistrado Winston Spadafora en la Corte Suprema de Justicia, donde no se han movido en más de cuatro años, lo que le ha permitido completar un relleno de mar e, incluso, mantener sus contratos con el Estado, pese a la suspensión de estos.

Pero los vecinos de Figali en Amador también tienen problemas y diferencias que no han salido a la palestra pública aún, muchas de ellas constituyen causales para la suspensión de las concesiones.

“Si se pudiera, ya le hubiera prendido fósforo a todos los contratos de concesión en la Calzada de Amador”, dijo Julio Ross Anguizola, jefe de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Fuerte Amador Resort y Marina, Las Brisas de Amador, Marina Monte Mar y Naos Harbour Island son los casos donde hay mayor morosidad después del Grupo F.

Ross indicó que la forma y las condiciones en que fueron hechos los contratos hace difícil administrarlos como se debe. También aceptó que en la mayoría de los casos hay causales y pruebas para disolver los contratos.

Pero Ross señaló que prefiere buscar acuerdos amistosos con cada concesionario antes de proceder a acciones más enérgicas. “No nos interesa cerrar negocios, pero los concesionarios deben cumplir con la ley y sus contratos”, dijo el funcionario.

Las negociaciones entre concesionarios y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos ya llevan un año de estar en marcha. Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island se acogieron a arreglos de pago, mientras que en otros casos no se pudo llegar a un acuerdo.

Esto ha llevado a la suspensión de los dos primeros contratos que datan de 2003: Tulsin Investment e Inmobiliaria Amador S.A. El primero debía construir un hotel y el segundo un centro comercial, ambos en la entrada de la Calzada de Amador.

Pero a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos se le ha hecho más difícil actuar contra los clientes que ya tienen construcciones realizadas, como es el caso de Fuerte Amador Resort y Marina que en sus 10 años de contrato sólo ha pagado 407 mil 759 dólares.

Son dos las instituciones que se encargan de manejar las concesiones en la Calzada de Amador, el MEF y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en el caso de las marinas y el derecho a mar.

“Las irregularidades que se han cometido son debido a que las empresas están ejecutando proyectos totalmente diferentes a los aprobados inicialmente y contemplando áreas para relleno que no son de competencia de la AMP”, sostiene el texto de un documento de la institución al cual pudo tener acceso La Prensa.

Cada concesión tiene su particularidad y complejidad que le hace perder millones de dólares al Estado.

¿Cuál es la política energética de Panamá?

¿Cuál es la política energética de Panamá?

Ariel R. Rodríguez V.*

Dice el gobierno nacional, de manera unilateral y al margen de los principios democráticos de amplia participación ciudadana libre e informada en los temas sensibles del país, que ante los retos del país por efecto de la globalización y la subida de los precios internacionales del petróleo se hace urgente una “política energética coherente” en la que han definido una — Política energética del Estado– dividida en dos componentes: la Política Nacional del Sector Eléctrico y la Política Nacional de Hidrocarburos y Energías Alternativas.

Lineas de transmisión, distribucion y usuarios

Línes de transmisión de alto voltaje, líneas de distribución al fondo y usuarios conectados al servicio en la ciudad de Panamá. Foto: A. Rodríguez.

El supuesto propósito primordial de esta política del Estado “es propiciar el abastecimiento de las necesidades energéticas del país bajo criterios de eficiencia económica, calidad y confiabilidad, aumentando la cobertura de los servicios, desarrollando los recursos naturales de manera sustentable, promoviendo el uso racional y eficiente de la energía y respetando el medio ambiente.” Esta terminología y escenario suena muy bien como toda política de papel.

Siguen diciendo maravillas: “La promoción de las energías renovables y limpias tiene el objetivo de estabilizar el precio de la energía, ahorrar divisas mediante la disminución de la generación eléctrica a base de combustibles y por consiguiente mitigar el impacto ambiental reduciendo las emisiones. Esta política es cónsona con el Protocolo de Kyoto del cual Panamá es signataria por lo cual tiene acceso a los créditos de carbono que coadyuvarán al desarrollo de los proyectos de energías renovables y limpias mediante el mecanismo de desarrollo limpio, atrayendo divisas al país”, lo cual no deja de crear expectativas de avance hacia un país de estadistas civilizados y ambientalmente responsables.

Y siguen diciendo palabras o frases aún más responsables y hasta progresistas: “Hay que recordar que por cada Megawatt de generación con energías renovables y limpias el país se ahorra aproximadamente 10,000 barriles de petróleo al año. No obstante, los desarrolladores de los proyectos energéticos deberán respetar los derechos de los afectados y contemplar la adecuada mitigación de los aspectos sociales como medida indispensable para lograr la armonía entre la población, el ambiente y los requerimientos del desarrollo nacional”, lo cual parece no dar cabida a malas interpretaciones y resultados contrarios a estos objetivos. Son palabras muy dulces y tentadoras para un ciudadano común e incluso para un ambientalista incauto. El asunto es que justo en este momento que escribimos este artículo, se cumple un mes que un contingente de policías antimotines golpearon y encarcelaron a 54 indígenas Ngöbes indefensos y sin armas que defendían sus tierras en Charco La Pava, sitio de presa del proyecto hidroeléctrico Chan 75, en mero centro de un área protegida y Reserva de la Biosfera! Tuvieron el descaro de encarcelar a padres con niños menores de 12 años! Estuvieron encarcelados por 24 horas, sin comer y vilipendiados por la propia policía nacional y por los nuevos jefes de la Policía Nacional en Bocas del Toro: los señores de AES Corporation, filial AES Panama-Changuinola. En más de un mes tienen secuestrados y tienen en estado de sitio a todos los indígenas residentes en el área del proyecto de AES y simplemente en este país no pasa nada.

Siguen con el telón de la inversión y las catástrofes como planteamiento justificatorio de sus acciones o supuestas políticas: “La cobertura de la creciente demanda de energía eléctrica que asciende alrededor del 4% al 5% anual, es un reto y requiere la participación de inversionistas nacionales e internacionales para poder cubrir el programa de inversiones en este sector que asciende a más de B/. 1,000 millones durante los próximos 10 a 12 años. Para ello se están tomando medidas para lograr contratos de energía y potencia eficientes y a plazos razonables entre las empresas de generación y de distribución, mantener una reserva apropiada de generación y un adecuado balance hidro-térmico para evitar racionamientos cuando se produzca el fenómeno del Niño”. Aquí se les olvidó incorporar que hay que advertirle a las empresas promotoras de hidroeléctricas que no hagan propaganda engañosa diciendo que el precio de la energía al consumidor bajará por la puesta en funcionamiento de sus proyectos hidros, tal y como en su momento lo hizo AES para promocionar el proyecto de Estí y ahora lo hace para promocionar sus proyectos hidros en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá, denominados por ellos, Chan 75, Chan 140 y Chan 220.

Lago Bayano, Panamá

Lago Bayano fue lanzado como proyecto hidroeléctrico insignia de la política inconsulta de gobierno de la década de 1970, sin controles ambientales, ni mucho menos evaluaciones ambientales estratégicas. El daño ambiental y social causado fue y sigue siendo de consecuencias devastadoras, sin embargo las empresas están reídas lucrando de este desastre ambiental y social, digno de un país cuartomundista. Foto. A. Rodríguez (2007).

Luego mencionan los planes de interconexión regional eléctrica: “Las oportunidades que se le presentan al país de convertirse en un canal energético entre el Pacto Andino y Centroamérica, se evalúan bajo criterios de eficiencia económica, calidad y confiabilidad, respetando las leyes y la normativa ambiental correspondiente y cualesquiera otros aspectos considerados de interés nacional. Se adelanta el estudio de factibilidad para la integración energética entre Colombia y Panamá en base al Memorando de Entendimiento celebrado el 1 de noviembre de 2004, que firmamos con el presidente Uribe”. Sin embargo, a continuación sigue otro párrafo que si no es leído con cautela es un párrafo inocente más: “Se avanzó en la integración con Centroamérica con el proyecto SIEPAC donde se recibirán ofertas durante este año para la construcción de 1830 kilómetros de línea de transmisión desde Panamá hasta Guatemala con una capacidad de intercambio de 300 MW entre países, basado en el Tratado Marco. También se licitó la línea de interconexión con Costa Rica a voltaje intermedio de 34.5 KV para suplir la provincia de Bocas del Toro y se avanza en la línea del Anillo de la Amistad de 230 KV para integrar a Costa Rica con una capacidad de intercambio de 120 MW y posibilitar el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos e integrar a la provincia de Bocas del Toro al Sistema Interconectado Nacional”. Este párrafo explica los apuros en desarrollar proyectos hidroeléctricos en las áreas indígenas y áreas protegidas de Bocas del Toro que son las áreas mejor conservadas del país. Entonces aquí comienzan las preguntas: ¿Estos parecen ser proyectos en proceso y no a políticas pre-establecidas? ¿Entonces dónde está el efecto de las políticas o es que las políticas solo son relatoras de lo que está ocurriendo independientemente de una política previamente establecida? Algo debió ser primero y es evidente que el albedrío ha sido la brújula que ha establecido rumbos a seguir. Esto significa que no hay política energética real, ni mucho menos efectiva.

AES en el Bosque Protector de Palo Seco

¿Es la destrucción de un área protegida, Reserva de la Biósfera y área de amortiguamiento de un sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad parte de la estrategia de la política energética de Panamá? En realidad todo suena a corrupción, libre albedrío y robo de los mejores bosques y aguas de Panamá para negocios de construcción y de exportación de energía a través del anillo de interconexión La Amistad. Foto: ACD.

Luego el discurso del Gobierno entra a otra etapa que confunde más a cualquier incauto y es la del ahorro energético en el consumo doméstico, comercial, gubernamental e industrial que como está planteado es una maravilla que todo ambientalista desea escuchar: “El uso eficiente y racional de la energía es otra prioridad donde se debe combatir el desperdicio de energía que se da en los distintos subsectores. Es necesario promover una cultura de ahorro y uso racional de la energía en todas sus formas. La cultura del ahorro energético se debe inculcar desde la edad escolar de manera organizada y que forme parte del programa de enseñanza adoptado de manera científica por el Ministerio de Educación. En este sentido todos los sectores incluyendo el sector público, privado y doméstico tienen un potencial de ahorro importante, que según los estudios desarrollados a la fecha representan entre el 10% y el 30% dependiendo de las medidas a implementar. Por otro lado, las normas técnicas y el diseño de edificaciones deben tomar en cuenta la eficiencia energética. El Gobierno Nacional debe dar el ejemplo con la implementación del Plan Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PLANURE).”. Parecen haber atrapado en el aire el discurso ambientalista, para que no digan que no están sintonizados por los paradigmas esbozados por los activistas ambientales del mundo que defienden cuencas hidrográficas y biodiversidad y personas afectadas por proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos dependientes de carbón o petróleo; pero de allí a cambiar los planes y proyectos planteados en donde los amigotes de los estadistas del MEF y de la nueva Secretaría de Energía son arte y parte, nada. Todo sigue su curso, a pesar de incorporar tan loable discurso.

El loable discurso continúa y se profundiza aún más las alternativas energéticas y la soberanía: “La diversificación de la canasta energética como estrategia para mitigar los altos costos de los derivados del petróleo tradicionales y afirmar la seguridad del suministro es una prioridad donde se deben agilizar los estudios de factibilidad para la introducción del gas natural a la matriz energética de Panamá, sea por vía marítima y/o gasoducto, siendo un combustible más limpio que puede ser utilizado en plantas de generación térmica existentes y futuras con precios competitivos. Se debe promover el aprovechamiento de la energía biomásica para producir biogás en el caso de los municipios más populosos de manera sustentable, promover la cogeneración de energía aprovechando el bagazo de caña al final de la zafra, entre otras alternativas.” Qué maravilla hablar hasta de soberanía energética, pero el país ha perdido y sigue perdiendo su soberanía alimentaria. Esto sólo desnuda que efectivamente lo que se quiere es proseguir con el libre albedrío en los proyectos de generación eléctrica que impulsan los promotores privados, montados al margen de este discurso gubernamental no vinculante legalmente y que sólo sirve para agradar a los oídos del Banco Mundial y del BID para que le sigan desembolsando dinero al Ministerio de Economía y Finanzas para gastos burocráticos diversos y para pagarle el insano e inmoral subsidio a las empresas generadoras y distribuidoras de Panamá, que nos sangran vilmente, a pesar que de un plumazo del gobierno nacional se puede evitar este sangrado irracional que a nombre del alza del combustible muchas empresas eléctricas térmicas e hídricas se ahogan en altos ingresos, como en ningún otro país sería posible.

Si las soluciones al asalto que nos hacen por igual las empresas hidroeléctricas, termoeléctricas y distribuidoras han sido planteadas desde hace mucho tiempo, tal y como lo esboza la propia Comisión Nacional de Ahorro de Energía (CONAE) que consisten en las siguientes medidas o recomendaciones: “Que se adopten por las instancias correspondientes todas las medidas legales y de otra naturaleza indispensables para corregir las distorsiones del mercado eléctrico, a fin de proteger efectivamente los intereses de los clientes y personas beneficiarias del servicio público de electricidad.” ¿Por qué no se ha hecho nada, sin embargo, se siguen aprobando con urgencias evidentes en las madrugadas de los 31 de diciembres de todos los años muchas otras leyes contrarias a los intereses nacionales? ¿Por qué no aparece una ley madrugonazo que tumbe el negociado montado por la mafia de la industria energética que nos consume a todos por igual?

¿Por qué y me tomo las propias palabras de la CONAE, dado los indicios encontrados y la complejidad del tema, que afecta el interés público, el Gobierno no continúa y refuerza las investigaciones iniciadas por esta Comisión y adopta las medidas que se requieran para que estas empresas no sigan haciéndole daño al país a cambio de un lucro desmedido y ganancias desproporcionadas?

¿Por qué la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no realiza una investigación a fondo sobre las distorsiones del mercado eléctrico, que han ocasionado que un alto porcentaje de la energía sea vendida en el mercado ocasional, con una alta volatilidad, en vez de haber sido contratada de acuerdo a lo establecido en la Ley 6 de 1997 del sector eléctrico?

¿Por qué el Ente Regulador de los Servicios Públicos o la Autoridad que corresponda, con fundamento en la Ley exija, mediante la resolución pertinente a las empresas distribuidoras el cumplimiento de la obligación de contratar oportunamente el suministro de sus clientes y sancione ejemplarmente cualquier incumplimiento?

¿Por qué el gobierno nacional impulsa generadoras eléctricas en áreas protegidas y áreas indígenas teniendo decenas de opciones que incluyen el uso de verdaderas energías alternativas y el uso adecuado de la interconexión internacional que hace que el mercado generación eléctrica sea abierto y no cerrado como han pretendido hacer ver?

El día que no exista corrupción en la protección de todas estas empresas que desangran al país con su negocio energético, entonces se acabará la fiebre especulativa que se ha montado en todo el país y que amenaza áreas protegidas, ríos, riachuelos, comunidades indígenas, especies endémicas, reservas biológicas, corredores biológicos, paisajes protegidos, especies migratorias, biodiversidad de sitios estratégicos, sitios de patrimonio mundial, etc.

¿Y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Ley General del Ambiente que ordena la evaluación ambiental estratégica y el estudio y áudito ambiental de los proyectos y las políticas nacionales donde están? Están como dicen los muchachos de la Universidad de Panamá: Están vendiendo a Panamá, con sus ríos, la biodiversidad y los pueblos indígenas incluidos.

¿Será que la ANAM tiene como excusa que los lineamientos sobre energía no son técnicamente una verdadera política nacional de energía y al no serlo no tiene, ni puede ser evaluada ambientalmente?

Corolario: Este país anda en caos ambiental y no por los ambientalistas. Anda en caos porque los gobernantes no saben lo que es una política de estado e impera el libre albedrío y la violación a las leyes. La ANAM que debe jugar un rol fundamental en detener este desorden desconoce sus deberes legales o simplemente los ignora a conveniencia de sus directores. Ante este escenario estamos viendo lo que estamos viendo: una piñata llamada Panamá que cumple años el 3 de noviembre bajo el signo de los escorpiones, que según la leyenda , los hijos se devoran a su propia madre.

Panamá, 4 de febrero de 2008.

* Biólogo y Académico, Presidente de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo