Martinelli y Balbina también quieren parte del pastel de islas y costas

Nos parece surrealista que el Diputado Pedro Miguel Gonzales a quien algún interesado le compró la Ley 2 -Insular- de 2005, que concesiona y vende nuestras costas e islas a consorcios para la especulación inmobiliaria, nuevamente pero ahora en compañía de candidatos presidenciales como Ricardo Martinelli y Balbina Herrera estén arrebatándonos al mejor estilo de Pedro Navaja, al filo de la navidad y año nuevo de 2008 las costas e islas del dominio público para convertirlo en dominio privado titulado con las consecuencias negativas sociales y ambientales que esta ley provocará.

Intereses creados y unidos por  un fin innoble que le hace daño al pueblo panameño que no tiene propiedades en las costas y islas.

Los políticos yerran cuando unen intereses creados para fines innobles que le hacen daño al pueblo panameño sin lugar a dudas. No respetan ni la Constitución!

¿Qué se espera bajo un régimen privado total en nuestro sistema insular  y  playas del país?  El libre albedrío destruirá poco a poco nuestro entorno costero e insular como cuando células cancerígenas arriban a un órgano sano.  Igualmente bajo el principio de propiedad privada muchas playas serán dominios privados, ya que buscarán la forma de hacerla inaccesible al uso público. En países que aman sus costas se le impide a los nacionales vender sus tierras a extranjeros  y grupos latifundistas como medio de asegurar dominio nacional y público de estos bienes de todos. En Panamá estamos haciendo todo lo contrario y ya podemos augurar quienes serán los dueños finales de nuestras costas.  No hay que irse muy lejos para ver como esto ocurre actualmente en la Isla Flamenco, donde usted no tiene permitido el acceso a playas que ahora son propiedad de facto del Señor Pineiro.

Todos estos sujetos políticos que están proponiendo este robo al país merecen nuestro repudio y rechazo por ser unos vendepatrias de la peor calaña.

La presencia de políticos y empresarios de todas las corrientes o tendencias indica que en asunto de repartición de bienes del país no existe ninguna diferencia. Desde la extrema fascista hasta rateros han aparecido en la Asamblea para apoyar al poco querido Pedro Miguel Gonzales para que concrete la venta del patrimonio inalienable de la nación panameña!

Qué naúseas tenemos de lo que estamos observando con los diputados y  con los candidatos presidenciales que evidentemente su norte lo marcan sus propios intereses con cero compromiso con el país.  Qué país sin gente buena  y virtuosa para gobernar!

Le recordamos a estos políticos el artículo 258 y el primer parágrafo de la Constitución Política de Panamá donde se indica lo siguiente:

Pertenecen al Estado y son de uso público, y por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:

1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y estéreos. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.

Por favor respeten a este mancillado pueblo y su derecho a tener playas con servidumbre. Más del 90 de la población panameña, que NO vive, ni tienes propiedades a orillas del mar o en islas también tiene derecho a usar el dominio público como son sus playas e islas para esparcimiento, relajación y cualquier uso que a bien tenga.

Burica Press

————————–

Ejemplo de abusos sin Ley de Privatización de Islas y Costas

Red Frog Beach privatizó de facto el paso de transeuntes por los caminos reales del Istmo de la Isla Bastimentos

Red Frog Beach privatizó de facto el paso de transeuntes por los caminos reales del Istmo de la Isla Bastimentos

ENCUESTA SOBRE ESTE TEMA

—————————————————

Avanza venta de islas

PRIMER DEBATE. Balbina Herrera asistió ayer a la Asamblea para respaldar la propuesta de ley. LA PRENSA/Jorge Fernández

leonardo flores
lflores@prensa.com

La propuesta de ley que permite la venta de islas y costas, mediante la titulación a quien tenga derechos posesorios, fue aprobada ayer en primer debate por la Comisión de Hacienda.

El proyecto, que fija en 6 dólares la hectárea, pasó al pleno, que reanuda sesiones el próximo lunes.

Ley de venta de islas entra a segundo debate

Se trata de una iniciativa que da luz verde a los que tienen derechos posesorios para que titulen las tierras en áreas de costas e islas.

leonardo flores
lflores@prensa.com

El polémico proyecto de ley que busca titular las islas y costas del país fue aprobado ayer, de forma unánime, por cinco de los siete miembros de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional presentes en el debate.

Tras la aprobación en segundo debate, los diputados acordaron, igualmente, pedir al pleno legislativo que le dé al proyecto la categoría de “urgencia notoria”, es decir, que la discusión pase a los primeros puntos del orden del día.

El informe de la subcomisión, que fue avalado en su totalidad por la comisión, establece que el precio para la adjudicación de los derechos posesorios que realice cualquier persona natural o jurídica será de seis dólares por cada hectárea. En aquellos lugares en donde no haya derechos posesorios, la adjudicación estará sujeta a los procesos de contrataciones públicas.

Además, determinó que la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario será la institución que se encargue de adjudicar de forma definitiva las tierras costeras. El documento aprobado declara el territorio insular área de desarrollo especial, por lo que se autoriza la titulación de dichas tierras.

Al debate asistió Salo Shamah de la campaña de Ricardo Martinelli, quien considera que la ley va dar seguridad jurídica a aquellas personas que ostentan pacíficamente un derecho posesorio.

Sin embargo, abogó porque la titulación sea totalmente gratis y sin demoras. Otra que se manifestó a favor del proyecto fue la candidata presidencial del oficialismo, Balbina Herrera.

Manglares siguen en riesgo

SE HAN REFORESTADO UNAS 300 HECTÁREAS DE MANGLAR EN LAS COSTAS DEL PACÍFICO PANAMEÑO

Manglares siguen en riesgo

La Autoridad Nacional del Ambiente reconoce que en el país se ha perdido un 75% de los bosques de manglar y que el 25% que queda está en peligro por la intervención humana.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

El 75% de los bosques de manglar ha sido destruido y el resto está en peligro de desaparecer. Así lo reconoce la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) en un comunicado publicado en su página web.

“En los últimos años se ha registrado una fuerte intervención humana que ha afectado estos bosques y la biodiversidad propia de los manglares”, señala la nota de prensa, que cita a Aleida Salazar, directora de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la entidad.

La Anam señala que para contrarrestar esta situación, en los últimos tres años han reforestado unas 300 hectáreas de mangle –con la siembra de 33 mil plantones– en las costas del Pacífico panameño, con ayuda de las comunidades.

La reforestación se ha realizado dentro de las nueve zonas de manglar que están en la categoría de áreas protegidas.

Ariel Rodríguez, biólogo y profesor de la Universidad de Panamá, duda que se haya destruido el 75% de los manglares del país.

Sin embargo, dijo que el tema es preocupante por la importancia que tienen estos ecosistemas que, además de funcionar como barreras naturales para las comunidades costeras ante fenómenos climáticos, sirven como zonas de reproducción para diversas especies marinas.

Además, en algunos sitios del país son lugares de anidación y alimentación de aves migratorias.

Rodríguez dijo que la destrucción de los manglares se da más por “corrupción” en las estructuras gubernamentales, que por falta de leyes que los protejan.

Un estudio del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (Cathalac) sobre los manglares, presentado a mediados de este año, señala que las leyes no se cumplen por “desconocimiento de las autoridades” y por “poderosos intereses políticos y económicos”.

Rapiña con las tierras costeras e insulares inalienables

El diputado Pedro Miguel González hizo a petición de partes interesadas la Ley 2 2007 que vendía nuestras islas y costas. Ahora viene con el borde del mar y las islas. Hizo esa ley invocando urgencia notoria y fue aprobada por la aplanadora de sirios y troyanos. Fue aplastante la posición del PRD y la oposición (si se le puede llamar oposición).

Por el fuero de impunidad de los diputados no se les puede investigar los delitos que existen detrás de la aprobación de leyes a solicitud de partes interesadas. Qué barbaridad! Hasta donde llegará la venta inescrupulosa y corrupción en este país!

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país! Qué avaros e inescrupulosos!

Se pueden ustedes imaginar el impacto ambiental sobre los recursos costeros e insulares como resultado de este mercantilismo salvaje del patrimonio de todos los panameños.

Quien vende a su patria, vende a su madre. Y razón tienen los muchachos universitarios cuando en sus manifestaciones gritan: Aquí están, eso son, los que venden la nación. Más evidente no puede ser.

Ojalá el Presidente Martín Torrijos le quedara un poco de escrúpulos y tachara por vendepatria este nuevo negocio de año nuevo de los diputados de su partido.

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país!

Burica Press

MEF SE OPONE A LA INICIATIVA.

Proponen vender costas e islas

Diputados liderados por Pedro Miguel González y Freidi Torres buscan aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley para vender estas propiedades.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

A pesar de la advertencia hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional pretende aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley que busca poner en venta las costas e islas del país.

El MEF envió una carta a la Comisión de Hacienda, pidiendo la suspensión del proyecto, solicitud que no fue atendida por los diputados. Tampoco se dio la explicación con la que el MEF sustenta la suspensión del proyecto.

Por el contrario, el presidente de la Comisión, Pedro Miguel González, ordenó darle celeridad a la discusión con el objetivo de aprobarlo hoy martes en primer debate, o a más tardar el próximo jueves 11 de diciembre.

La iniciativa pretende titular o vender todas las propiedades que se encuentran dentro de los 200 metros de costa después de la marea alta y las islas del país, poniendo como precio máximo para la venta, seis dólares por metro cuadrado.

Además, el proyecto le quita la potestad a la dirección de Catastro del MEF de administrar estos bienes del Estado, y se lo traspasa a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

El viceministro del Mida, Adonai Ríos, también solicitó a los diputados analizar sin apuros el proyecto de ley, aduciendo que se trata de un tema complicado.

De acuerdo con informes del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat), existen en costas e islas unos 45 mil predios que se manejan actualmente con derechos posesorios.

EN JUEGO ESTÁN LAS TIERRAS MÁS COTIZADAS DEL PAÍS

Pondrán en venta islas y costas panameñas

Detrás de la iniciativa de un grupo de diputados hay fuertes intereses económicos, disputas legales y diferencias entre las propias instituciones del gobierno. Aun así le darán celeridad a su aprobación.

NATURALEZA EN PELIGRO. El proyecto de Ley 459 pondrá en venta las costas e islas panameñas, aunque se han excluido ahora las zonas protegidas y las comarcas. LA PRENSA/Carlos Lemos

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓNrberrocal@prensa.com

Como en todo fin de año, los diputados se preparan para dar otro golpe de gracia, donde al parecer existen grandes intereses económicos y las tierras más cotizadas del país.

La Asamblea Nacional tiene en primer debate un proyecto de ley que permitirá la repartición de todas las islas y costas panameñas a precio de seis dólares el metro cuadrado, un valor irrisorio si se comprara con lo que se cotiza en el mercado.

El programa de titulación y venta ha generado controversia a lo interno del gobierno ya que el Ministerio de Economía y Finanzas perderá la potestad de administrar estas propiedades. Hasta ahora los terrenos dentro de la franja de 200 metros en las costas después de la marea alta y las islas solo podían ser dadas en concesión para el desarrollo de proyectos turísticos.

Ahora estas funciones se pretenden pasar a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que legalice los derechos posesorios que hay asignados en costas e islas, y se proceda a la venta del resto de estas codiciadas tierras.

En total Panamá cuenta con mil 450 kilómetros de costas y el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) sostiene que existen 45 mil predios por asignar en estas zonas.

Pronat ya se ha adelantado a realizar un informe catastral de todas las islas y costas panameñas, empezando por Los Santos, costa arriba de Colón y Punta Burica en Chiriquí.

En la primera reunión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Adonai Ríos, recomendó no acelerar el debate del proyecto de ley ya que acepta que es un tema complicado que debe ser analizado a profundidad.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Pedro Miguel González, ordenó todo lo contrario: darle celeridad a la discusión de la iniciativa con el fin de aprobarla en primer debate hoy, martes, o a más tardar el jueves 11.

Detrás del impulso del proyecto existe un grupo de inversionistas que ha designado a Pedro Vallarino para que trate de impulsar el proyecto dentro de la Asamblea Nacional.

Se trata de representantes de empresas que han adquirido derechos posesorios y que ahora buscan titular a no más de seis dólares el metro cuadrado como establece el proyecto del ley en discusión.

El precio de venta no parece ser prioridad para los diputados que impulsan el proyecto ni para los funcionarios públicos. “Sabemos que en las costas e islas residen tanto campesinos como personas muy pudientes, pero la idea es quitar la subjetividad de los procesos y darle el título de propiedad”, dijo Nadia Moreno, directora de Reforma Agraria.

Rolando Armuelles, director de Pronat, señaló que el precio calculado no puede estar basado en el valor de mercado porque el Estado es solo un administrador de estas tierras. “Es algo diferente a lo que sucedió con las áreas revertidas”, dijo Armuelles.

Tras la ilegalidad

Además del problema de especulación que puede generar el proyecto de ley, también resalta el tema de la legalidad de los derechos posesorios otorgados.

Pronat reconoce que dentro de las costas e islas existen “miles” de conflictos legales por traslape y sobreposesión de propiedades que complican el tema de la titulación y venta.

En medio de la bonanza inmobiliaria que vive el país, las gobernaciones y alcaldías del país también han emitido derechos posesorios sobre propiedades en costas e islas que ya tenían ocupantes, generando cientos de conflictos legales.

Según abogados consultados sobre el tema, estos derechos posesorios deberían ser declarados ilegales porque el único ente autorizado para hacerlo es la dirección de Reforma Agraria, y bajo condiciones que comprometen el uso de las tierras.

La situación ha generado preocupación entre personas que tienen estos problemas, porque quedará en manos de Reforma Agraria definir qué derecho posesorio será el validado.

Este es el caso de la familia Domínguez, que tiene un título de propiedad en la playa Uverito en Las Tablas, el cual data de 1935, antes que se prohibiera la titulación dentro de los 200 metros en costa después de la marea alta. Ahora la propiedad que reclama la familia Domínguez aloja a más de 10 personas que dicen tener un derechos posesorios sobre estas tierras, incluyendo al diputado oficialista Olivares Frías.

“Este tema nos preocupa porque estamos luchando contra invasores que tienen poder político y cualquier cosa puede pasar”, dijo Abel Domínguez.

Pero así como la familia Domínguez, solo en las costas de la provincia de Los Santos se han reportado 42 casos donde existen duplicación de derechos posesorios y acusaciones de invasión de terreno de forma ilegal.

Erick Jiménez, ex director de Reforma Agraria, reconoció que se trata de un tema muy delicado que debe ser manejado con mucho detenimiento.

Indicó que muchos de los problemas han sido ocasionados por las autoridades locales como los gobernadores, que a veces desconociendo la legislación han cometido exabruptos legales. “Han ordenado desalojos de humildes ocupantes para beneficiar intereses privados sin tener la competencia para hacerlo”, dijo Jiménez.

MEF pidió suspender la discusión del proyecto

Freidi Torres, diputado oficialista y proponente del proyecto de ley, sustenta que la modificación es necesaria porque la dirección de Catastro, bajo el paraguas del MEF, no podía atender esta demanda. “Ellos tienen miles y miles de expedientes en trámite y el proceso es más engorroso”, dijo Torres.

En la Comisión de Hacienda se mencionó que Catastro tiene 6 mil expedientes sin procesar, pero el director a cargo de esta institución, Mariano Quintero, no atendió a la invitación del primer debate de este proyecto de ley.

Quintero tampoco participó de la consultas previas.

Oydén Ortega (hijo) representó al MEF en la reunión, pero retiró una carta que había levantado la dirección legal de esta institución en contra del proyecto de Ley que busca aprobarse en primer debate hoy.

La carta sostenía que se debía suspender la discusión del proyecto de ley. Ortega dijo que necesitaba hacer otras consultas.

Aun así grupos organizados de empresarios y residentes de las áreas costeras se han presentado a defender el proyecto que les permitirá concretar sus negocios.

En el caso de Red Frog Beach ANAM había ignorado el interés colectivo

ambientalistas ganan puntos con proyecto Red Frog Beach

Anam ignoró interés colectivo

La Sala Tercera de la Corte declaró ilegal una resolución de la Anam al considerar que se violaban normas ambientales y convenios internacionales sobre la protección del medio ambiente.

OBRA. Pillar Panamá, que desarrolla el proyecto Red Frog Beach, planeaba construir una marina que ahora queda prohibida por un fallo de la Corte Suprema. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Red Frog Beach “desconociendo” no solo los intereses de la comunidad, sino también aspectos “trascendentales” de los impactos ecológicos a corto, mediano y largo plazo que ocasionaría la obra residencial y turística.

Este es parte de los argumentos que los tres magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia –Winston Spadafora, Adán Arnulfo Arjona y Víctor Benavides– presentaron para declarar ilegal la Resolución No. 1A-218-2007 de la Anam, mediante la cual se aprobó el EIA de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach en Islas Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

La decisión de los magistrados obedece a una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en noviembre de 2007 –a nombre de Rutilo Milton y Delfino Hooker, vecinos del parque– en contra de la resolución.

La demanda se sustenta en que el Gobierno, a través de la Anam, violó legislaciones nacionales e internacionales sobre la protección del medio ambiente.

Entre las normas locales que se infringían se mencionó la Ley No. 41 de 1998, mejor conocida como Ley General de Ambiente, y la Ley No. 24 de 1995 sobre la Vida Silvestre en el país.

En cuanto a normas internacionales, Ciam estimó que la decisión de la Anam violó cuatro convenios ratificados por Panamá sobre la protección de ecosistemas marinos, biodiversidad y cambio climático.

El proyecto cuestionado consistía en la construcción de 700 casas, 7 condominios de apartamentos, un hotel de 4 pisos de hasta 100 habitaciones y 34 villas. Incluía además una marina con capacidad para 250 embarcaciones, estacionamientos y un centro de actividades de tres pisos.

Para Lina Vega, abogada de Ciam, no hay duda de que el proyecto sobrepasaba la capacidad de carga del Parque Nacional Marino Isla Bastimento, creado en 1988.

La demanda se sustentó también en que la Anam ya había sancionado con 130 mil dólares a la empresa Pillar Panamá, que desarrolla el proyecto, por incumplimiento de normas ambientales durante la construcción de la primera fase de la obra.

Otro de los aspectos que Ciam cuestionó era el hecho de que la Anam no tomó en consideración las opiniones de varios grupos sobre los daños ambientales que produciría el proyecto al momento de aprobar el EIA, un aspecto que los magistrados consideraron como parte del incumplimiento, por parte de la Anam, de normas ambientales “en beneficio de un interés particular y en detrimento del interés público”.

“Somos conscientes de que el progreso que involucra el desarrollo turístico de un lugar redunda… en beneficio de la comunidad y del país. No obstante, debe siempre considerarse, al momento de aprobar un EIA, si las repercusiones ambientales representan un peligro para la conservación de un área…”, señala el fallo.

Harley Mitchell, director de Asesoría Legal de la Anam, dijo que el fallo es una herramienta que puede ser utilizada por la entidad para mejorar su gestión ambiental.

A juicio de Mitchell, durante la actual administración de la entidad se han perfeccionado muchas gestiones ambientales relacionadas con las normas.

“Nosotros estamos analizando el fallo y de seguro será útil para las evaluaciones ambientales”, recalcó el funcionario.

Se llamó a la oficina de Pillar Panamá, la responsable del proyecto, en la ciudad de Panamá, pero desde allí se informó que se debería llamar a la oficina de Bocas del Toro para cualquier información sobre el proyecto.

Aunque se llamó al número telefónico proporcionado, la línea siempre estuvo ocupada.

Además se envió un correo electrónico a la jefa de Mercadeo y Relaciones Publicas de la empresa, Michelle Slough, pero no se obtuvo respuesta alguna.

decisión revierte aprobación de la anam

Corte Suprema anula EIA de Red Frog Beach

La Sala Tercera de la Corte Suprema declaró ilegal la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto residencial y turístico Red Frog Beach, ubicado en el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Una decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia tiene celebrando a los conservacionistas.

El pasado 27 de noviembre, los magistrados de la Sala Tercera declararon ilegal la Resolución 1A-218-2007 de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), mediante la cual se había aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach.

El proyecto, que se desarrollaba dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, implicaba la construcción de residencias, un hotel, villas y una marina.

El fallo, el primero en contra de una resolución de este tipo, ahora deja prohibida la construcción de las obras, por el momento.

Ambientalistas, científicos y las comunidades aledañas rechazaron la obra por el impacto al ambiente que ocasionaría en el Parque, considerado como uno de los más importantes del Atlántico en Mesoamérica, y que forma parte de la reserva de la biósfera de La Amistad.

La decisión de la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado Winston Spadafora, surge al resolver una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en contra de la resolución.

El proyecto es uno de los que pone en peligro las riquezas marino-costeras, según Ciam. La organización espera que el fallo se convierta en un precedente para obras que atenten contra el medio ambiente.

El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell, dijo que el fallo es “importante” para la gestión ambiental de la entidad.

Dijo que la empresa debe realizar otro EIA para evaluación, si desea continuar con el proyecto.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) mediante la cual se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental a la segunda etapa del proyecto Red Frog en Bocas del Toro es una buena noticia, en especial por los desatinos que ha cometido con los proyectos mineros en la provincia de Colón.

Después de mucho tiempo, la Corte está dando muestra de estar recuperando la cordura y ciertamente el fallo es recibido con gran beneplácito, pues hace tiempo que no veíamos actuaciones tan firmes. Y más allá de ello, el mensaje está claro para la Anam, que parece más preocupada en proteger los intereses de seudoempresarios que los de la sociedad. Bocas del Toro tiene un enorme potencial que está en peligro por la desenfrenada codicia de personas que solo están interesadas en llenarse los bolsillos.

Lamentable es que los funcionarios de la Anam no se hayan dado cuenta de ello y hayan tenido que hacérselos ver los magistrados de la Corte Suprema y un grupo de ciudadanos interesados en mantener en buen estado nuestra herencia natural.

Zambrano y Castro nightmare

EL MALCONTENTO

Petaquilla’s nightmare

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

De algo me ha servido el error. Mi madre me dice: “hijo, no seas tan negativo, no te metas siempre con esos funcionarios”. Algunos lectores reaccionan con emoción cuando un atisbo de esperanza se cuela por las rendijas de mis artículos. Leo en las revistas de las líneas aéreas artículos que estimulan el pensamiento positivo, la buena energía. Y, fíjense, que lo intenté. La semana pasada, animado y dispuesto, escribí desde lo positivo, emocionado ante la “nueva” actitud de la Autoridad Nacional del Ambiente. He aprendido de mi error. Al igual que las personas no cambian fácilmente de ideas o formas, las instituciones alcanzan proporciones paquidérmicas en esto de las mudanzas.

Conclusión: debo pedirle a La Prensa que borre de sus archivos El Malcontento de la pasada semana y a ustedes que me perdonen ese pequeño y tan humano error.

Ligia Castro no me ha decepcionado. Su equipo tampoco. Nos llegó a engañar al multar a Petaquilla por comenzar su tarea de deforestación y destrozo sin el estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado. Unos días después, el 26 de noviembre, ella y Bolívar Zambrano estampaban su firma sin pudor en el EIA de Petaquilla aprobándolo sin pudor. Ni siquiera han disimulado, dando un poquito más de tiempo para que nos creyéramos el cuento. Todo es legal, por supuesto. La Anam cumple con la legalidad, pero es tan inmoral que produce arcadas y escalofríos.

El caso de Petaquilla confirma así que los intereses privados siempre ganan en este país, que el Gobierno es una firma mercerizada que da servicios de cobertura legal a los inversionistas sin escrúpulos, que el ya deforestado país que heredamos no tiene vuelta atrás. En Panamá hay un mito sobre la biodiversidad y la riqueza natural del país. Es un mito claramente urbano. Si usted ve un mapa de la cobertura boscosa de nuestro territorio probablemente se le salten las lágrimas. Y por eso, cada atentado contra el medioambiente es especialmente grave porque es morderle un pedazo a este escuálido cake de la naturaleza. En el Amazonas se calcula que cuando el 50% de su masa haya sido diezmada, ya no habrá vuelta atrás para ver esa selva convertida en sabana. Panamá ya pasó hace tiempo ese porcentaje y usted y yo estamos instalados en el cemento hablando de un país verde inexistente y con proyectos como Petaquilla que certifican la defunción. ¿Cómo pueden dormir los funcionarios de la Anam? ¿Cómo pueden seguir hablándole a sus hijos sin sentir vergüenza? Es evidente que la laxitud moral de nuestro tiempo postmoderno anidó bien en instituciones como esta.

Lo que se ha permitido, y se permite cada día, en Panamá provoca luego los eufemísticamente llamados “desastres naturales”. Si se dan cuenta en Darién llueve igual o más de lo que lo ha hecho ahora en Bocas, en Chiriquí o en Colón, pero no se ha producido ningún desastre natural. Todavía queda allá cobertura boscosa, y cuencas hidrográficas sostenibles (como lo es la naturaleza no intervenida). Las terribles consecuencias de las lluvias de estos días no son un “desastre natural”, sino la herencia de unos ríos intervenidos, de unos bosques diezmados y de un ordenamiento territorial basado en el caos.

Ahora, el mismo Estado que no ha ejercido sus funciones a cabalidad, le pide a los ciudadanos que sean solidarios con los damnificados, que lleven bolsitas de arroz a los centros de acopio. ¿No es ese su papel? ¿No deberían servir nuestros impuestos para esto? No, mientras estos días veía en medio de la noche trabajar en la cinta costera con la maquinaria más moderna, me imaginaba las tortuosas labores en las zonas inundadas, sin medios suficientes, apelando al voluntarismo y al patriotismo de funcionarios y ciudadanos. La solución es poner a Ligia Castro al frente del operativo, con un poco de suerte podría comprobar de primera mano las consecuencias de los proyectos cuyos EIA ella ha aprobado sin dudarlo.

[C. encuentra una declaración de 1987 de la Conferencia Mundial para el Medioambiente en la que se define la sostenibilidad como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Nada parecido a la realidad, un cuentito de ciencia ficción].