Petaquilla Gold sigue devastando bosques de Donoso

DAÑO A LA NATURALEZA. EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NUNCA FUE APROBADO.

Petaquilla devasta

Recursos legales no permiten que la Anam actúe en contra de la empresa, a pesar de un fallo de la Corte.

La minera, liderada por Richard Fifer, confirmó que su proyecto se encuentra en la fase final de construcción.

LA PRENSA/Carlos Lemos
IMPACTO. La fotografía aérea, tomada el sábado pasado, muestra parte del área afectada hasta hoy por Petaquilla Gold en una zona densamente boscosa del distrito de Donoso, provincia de Colón.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com

Sin tener el estudio de impacto ambiental aprobado, la empresa Petaquilla Gold ha deforestado área boscosa donde está la mina y sus alrededores, y tiene el proyecto en la fase final de construcción.

Esta semana, la minera, que tiene entre sus dueños a Richard Fifer, logró paralizar los efectos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificaba la potestad de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) de detener el proyecto por incumplimiento de las nuevas normas ambientales.

Ligia Castro, administradora de la institución, confirmó que aún no pueden retomar el proceso administrativo contra Petaquilla Gold, y mucho menos parar las obras.

Sin embargo, señaló que una vez la Corte Suprema se ratifique en su fallo, no les tomará mucho tiempo concluir los procesos contra la empresa, que tiene en Donoso, provincia de Colón, una concesión de 13 mil hectáreas (equivalente al tamaño del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en Bocas del Toro). Pero mientras todo se resuelve, las obras continúan.

José G. Carrizo, representante legal de Petaquilla Gold, especificó que el nuevo recurso legal interpuesto es una solicitud de “aclaración de sentencia”.

MINA A CIELO ABIERTO EN EL DISTRITO DE DONOSO. ASOCIACIONES AMBIENTALISTAS ADVIERTEN DE LOS DAÑOS QUE SE CAUSAN A LA BIODIVERSIDAD DEL LUGAR Y CRITICAN LA INACCIÓN DEL MICI.

Avanza destrucción de reserva forestal

La tala de árboles en medio del bosque del distrito de Donoso no se ha circunscrito al área de la mina de oro, sino que se ha extendido a todos sus alrededores, según muestran nuevas fotografías tomadas por ‘La Prensa’ en el área de la concesión.

Aunque no hay un estudio de impacto ambiental aprobado, la empresa Petaquilla Gold confirmó que la construcción de la planta de refinación de oro ya se encuentra en su etapa final. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia permitió a la Autoridad Nacional del Ambiente continuar con los procesos administrativos en contra de la minera, lo que podría llevar a suspender las obras como parte de las sanciones.

Pero la compañía ha dilatado los efectos del fallo, interponiendo otro recurso de ‘revisión de sentencia’, algo que también frena la actuación de la Anam.

LA PRENSA/Carlos Lemos
MÁS TALA. Tina de relave donde quedarán permanentemente los lodos que serán contaminados con cianuro, tras el proceso de refinación de oro.

Rafael E. Berrocal R.
Mónica Palm

Unidad de Investigación
investigacion@prensa.com

La búsqueda de oro parece que no tuvo compasión con una de las reservas forestales más importantes de Panamá.

ANCON ha señalado que en esta zona están los reductos de bosques primarios mejor conservados del país, y que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano.

Nuevas fotografías aéreas de La Prensa revelan el daño que ha sufrido la zona boscosa de Cerro Petaquilla, el río Molejón y sus alrededores, debido a un proyecto minero que se construyó sin tener estudio de impacto ambiental aprobado, y a pesar de las advertencias legales y ambientales de grupos de la sociedad civil .

Ninguna de las autoridades del país pudo detener los avances del proyecto. La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) intentó frenarlo, pero la institución aún sigue impedida para actuar por un nuevo recurso legal interpuesto por la minera ante la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, los representantes de Petaquilla Gold están satisfechos con los trabajos de construcción de la mina dentro de las 13 mil hectáreas de bosques que tienen como concesión en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

“Ya estamos listos en lo que respecta a la parte operativa y ahora solo esperamos que la Anam apruebe el estudio de impacto ambiental”, dijo José Gabriel Carrizo, representante legal de Petaquilla Gold.

Pero cuando el panorama empezaba a cambiar, en contra de la mina de oro, Petaquilla Gold volvió a refugiarse tras un recurso legal que está dilatando la acción de la Anam.

El 29 de julio pasado, la Corte Suprema de Justicia falló en contra de un recurso de advertencia de ilegalidad interpuesto por Petaquilla Gold a fin de detener las acciones de la Anam. El fallo establece que el reclamo de la minera no tiene sustento legal y que es legítimo el derecho del Gobierno panameño de obligar a Petaquilla a aceptar las nuevas reglas ambientales del país.

El Órgano de Justicia también recalcó que el contrato de la minera no tiene jerarquía de ley de la República y que los cambios que se quieran introducir a las condiciones establecidas originalmente no constituyen una violación a la seguridad jurídica de la empresa.

“La Sala estima que esta protección o garantía [seguridad jurídica] establecida por las partes [el Estado y la empresa] no es absoluta, en razón de que hay una excepción a esta prerrogativa, y que consiste en que la nueva legislación contenga el elemento de utilidad pública o interés social.

Este carácter de utilidad pública o interés social contenido en el cambio normativo trae como consecuencia que el interés privado deba ceder al interés general, aun cuando altere o varíe al régimen de ‘especial’ establecido en el contrato”, sostiene textualmente el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte.

Ahora Petaquilla Gold ha solicitado una “aclaración de sentencia” que aún no le permite a la Anam continuar con el proceso administrativo contra Petaquilla Gold y decidir si detiene o no la operación de la mina de oro.

Ligia Castro, administradora de la Anam, dijo a este diario que tiene muy en cuenta que por el momento no puede actuar contra Petaquilla Gold, pero señaló que los procesos administrativos que se iniciaron antes de la demanda están bastante adelantados. “Debemos esperar que la Corte se ratifique en su fallo, para entonces terminar los informes. No podemos parar por ahora la construcción de la mina”, recalcó Castro.

DOS MINAS Y DOS PROCESOS

La Anam tiene estancado un proceso administrativo contra la mina de oro que es responsabilidad de Petaquilla Gold –cuyo representante es Richard Fifer y otros accionistas locales–. Castro aclaró que Petaquilla Gold solo tiene aprobado el estudio de impacto ambiental para la construcción de caminos, “no para la construcción de plantas”.

Según informes presentados por Petaquilla Gold, de la mina, ya casi terminada, sacarán entre 317 mil 696 y 593 mil onzas de oro, lo que representa entre 248.3 millones de dólares y 463.5 millones de dólares al precio internacional del oro hoy. La Anam abrió otro proceso contra Petaquilla Copper que busca explotar una mina de cobre en la misma área de concesión. En este caso el proceso se debe a exploración fuera de los límites aprobados.

Fifer perdió el control de esta parte de la concesión, ya que los accionistas canadienses, Inmet Mining, lograron acaparar la mayoría de las acciones en la Bolsa de Valores de Canadá. Ambos grupos, el panameño y el canadiense, se encuentran distanciados por diferencias en el proyecto de cobre.

Irónicamente, los representantes de Petaquilla Gold manifestaron que la Anam tendrá bastante trabajo cuando empiece la construcción de la mina de cobre, que es mucho más grande que el proyecto de oro, haciendo referencia a la parte de la intervención de los bosques.

EL MICI NUNCA ACTUÓ

La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) afirmó que Anam quedó sola en esta lucha por defender los recursos naturales del país, sin recibir apoyo de otras instituciones involucradas directamente como el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) que regula la política de recursos minerales en el país. “El Mici debió haber actuado en este caso, pero en su lugar permitió el desarrollo de la mina sin que tuviera la aprobación del estudio de impacto ambiental”, señaló Alida Spadafora, presidenta de ANCON.

La asociación también reiteró ayer que la construcción de una mina de oro es incompatible con la biodiversidad que tiene el lugar de la concesión, en el distrito de Donoso. “Se trata de una de las áreas más ricas en biodiversidad en todo el país y eso no es compatible con una mina a cielo abierto”, aseguró Spadafora.

También cuestionó la ausencia de actuación del Ministerio de Salud. Spadafora advirtió que muchas de las tomas de agua pueden ser contaminadas con la operación de la mina “y hasta ahora no hay nadie que certifique si en el lugar se han hecho pruebas con cianuro”.

En tanto, el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) calificó de “una burla a la ciudadanía” el avance que ha tenido la construcción de la mina de oro utilizando la presentación de recursos legales ante los tribunales que imposibilitan la acción de instituciones como la Anam.

Tierras ricas en minerales, a precio de remate

En 11 años de concesión, todo lo que Minera Petaquilla, S.A. ha pagado por el uso de 13 mil 600 hectáreas de tierras en la provincia de Colón, son 253 mil 224 dólares.

El 15% de esa cantidad –es decir, casi 38 mil dólares– fue a parar al Municipio de Donoso, Colón, donde está localizado el proyecto. El resto –215 mil 240 dólares– fue pagado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en concepto de canon por hectárea.

Es decir que, en 11 años, Minera Petaquilla ha pagado menos de un centavo (0.001 de centavo, para ser más precisos) por metro cuadrado ocupado. El último pago, correspondiente al año 2008, fue por 2 mil 100 dólares: mil 785 dólares a favor del MEF, y 315 para el Municipio de Donoso.

La información fue proporcionada por Guillermo Pianetta, director administrativo del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici). La empresa no ha pagado regalías anuales sobre los minerales extraídos –como le obliga el contrato ley pactado con el Estado en febrero de 1997–, ya que en todo este período, “Minera Petaquilla no ha iniciado operaciones y, por lo tanto, no se ha generado producción de minerales”, explicó Pianetta.

Según los reportes del Mici, el proyecto de Petaquilla Gold (sobre extracción de oro) se encuentra en su etapa final de construcción, mientras que el proyecto de Minera Petaquilla (extracción de cobre) está en la etapa de estudio de factibilidad e impacto ambiental.

Se supone que la fecha límite para el inicio de operaciones de la mina de cobre, era mayo de 2006. “El no inicio de operaciones de la mina de cobre es causal de rescisión del contrato”, advirtió Juan De Dios Villa, director general encargado de Recursos Minerales del Mici, a Manuel José Paredes, viceministro de Comercio Interior, en una carta fechada el 12 de septiembre de 2005, hace ya tres años.

Pese a los incumplimientos, el contrato se mantiene vigente plenamente al día de hoy.

Panamá en juicio ante Tribunal Latinoamericano del Agua

PANAMÁ SOMETIDA A JUICIO EN TRIBUNAL LATINOAMERICANO DEL AGUA

Burica Press. Antigua, Guatemala, 9 de septiembre de 2008. Según un comunicado oficial del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) ha podido percibir que las controversias hídricas que afectan pueblos indígenas asumen características muy específicas. Por esa razón, requieren un tratamiento que contemple todas sus especificidades de manera integral. En virtud de todo lo anterior y amparados en las disposiciones contenidas en la Declaración Latinoamericana del Agua, el tribunal ético ha programado una audiencia especializada en juzgar problemáticas hídricas que afecten pueblos indígenas de Latinoamérica. Esta actividad se está llevando a cabo en el Hotel La Real Plaza, Antigua Guatemala, del 8 al 12 de septiembre del 2008 y paralelamente se realizan foros y talleres que aborden temas afines.

El primer caso presentado por sectores de la sociedad civil panameña es: Panamá -Proyectos Hidroeléctricos sobre los ríos Bonyic y Changuinola, Bosque Protector Palo Seco / Parque Internacional La Amistad, Provincia de Bocas del Toro, Comunidades Naso de Bonyic y Ngöbe de Charco La Pava.  Esta denuncia fue presentada por el consorcio de organizaciones Alianza Naso, Asociación para la Conservación de la Naturaleza y la Cultura Ngöbe, Alianza para la Conservación y el Desarrollo y Asociación para la Conservación de la Biósfera. En oposición a esta demanda estarán el Gobierno de Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Empresa de Servicios Públicos de Medellín y la Empresa AES.

Naso Teribe en balsa tradicional Rio Teribe, Panama

Foto: S. Atencio (Cortesía de ACD). Un persona de la etnia naso Tjer Di, navegando en su balsa tradicional en el Río Teribe, Comarca Naso Teribe, en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá, Noroccidente de Panamá.

Según la denuncia los proyectos de embalses inundarían una extensión superior a las 2500 hectáreas, distribuidas en los ríos Bonyic (1 embalse) y Changuinola (3 embalses). La principal causa del conflicto radica en que los embalses se construirían en tierras de las etnias Naso y Ngöbe respectivamente. Desde Octubre del 2007, se han presentado incidentes violentos en la comunidad Naso de Bonyic y en la comunidad Ngöbe de Charco La Pava.

De acuerdo con la información presentada, una población estimada en 5000 habitantes (1000 habitantes Naso y 4000 habitantes Ngöbe), se verían afectados por los citados emprendimientos. Los embalses propuestos se ubicarían en el Bosque Protector Palo Seco, área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad.

Aunado a lo anterior, los denunciantes sostienen que dichos emprendimientos implican violación a los derechos humanos indígenas que tienen que aceptar de manera forzosa una decisión unilateral del gobierno panameño y una alteración irreversible de las condiciones ecológicas únicas del Parque Internacional La Amistad, en especial a lo que su flora y fauna acuáticas se refiere.

El segundo caso presentado por organizaciones civiles panameñas corresponde al caso: Panamá -Ley de Concesión para el aprovechamiento del agua en Panamá. Territorios de las comarcas indígenas panameñas: Ngöbe-Buglé, Madungandi, Kuna Yala, Wargandi y Emberá-Wounaan. Esta demanda fue interpuesta por los consumidores y usuarios en la mesa de debate de la Comisión de Ambiente, Población y Desarrollo, y Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP). En oposición a la demanda estarán la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional.

En la Audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua en Antigua, Guatemala se someterá al gobierno panameño a la justicia por intento de enajenación del recurso hídrico y violación a los derechos humanos de pueblos indígenas asentados en la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. Igualmente se le acusa de dar concesiones ilegales de aguas y ecosistemas de rica biodiversidad para construir represas.

Según los denunciantes el proyecto de Ley # 278 “Marco de Gestión del Recurso Hídrico”, presentado ante la Comisión de Ambiente, Población y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Diputados propicia el acaparamiento de aguas. A juicio de los denunciantes, este proyecto de ley iría a facilitar el otorgamiento de concesiones permanentes de agua en desmedro de la participación ciudadana.

En lo que a las poblaciones indígenas compete, este proyecto vulneraría la autonomía indígena sobre sus territorios, y consecuentemente, sobre sus fuentes de agua, en criterio de los actores del contradictorio.

Según el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) las complejas estructuras legales creadas con el fin de proteger esta invaluable riqueza, frecuentemente, han demostrado sus limitaciones para llevar a cabo su cometido. Muy a menudo, estas tierras se ven enfrentadas a graves riesgos asociados a la expansión desmedida de los procesos de capitalización de recursos, con lo cual, se ven amenazados también los pueblos que las habitan. Tomando en cuenta la gran importancia estratégica que ha adquirido el agua en la actualidad, no es del todo ilícito suponer que los territorios indígenas (en tanto grandes reservorios de agua) pueden ser objeto de feroces disputas político-económicas. En América Latina no existen los instrumentos necesarios para el control y administración de los sistemas hídricos. Además, tampoco se han establecido procedimientos adecuados para el manejo de las controversias suscitadas por los usos de las aguas.

Susana Serracín, que defiende la primera de las dos demandas, indicó “queremos que un veredicto del TLA ayude a garantizar que se respete los Derechos Humanos, la seguridad jurídica ambiental y que se dé un alto a la modificación amañada de las leyes en perjuicio de las colectividades”. Según la jurista también comentó que “es necesario impulsar la transferencia de tecnologías limpias y ambientalmente idóneas, fortaleciendo el respeto a una participación verdadera de la ciudadanía que garantice la Justicia Ambiental y la Justica Social para los panameños y los pueblos indígenas directamente afectados”.

———————————–

La Prensa, 12 de septiembre de 2008

TRIBUNAL DEL AGUA.

Anam pide nulidad de demanda

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) solicitó al Tribunal Latinoamericano del Agua anular la demanda que presentaron los organismos no gubernamentales Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), y la Asociación Consumo Ético.

El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell, presentó la solicitud alegando incumplimiento al manual de procedimientos del Tribunal y a los principios elementales del debido proceso que “ han dejado en indefensión nuestra posición”.

ACD, en conjunto con las comunidades indígenas de Bocas del Toro –afectadas por proyectos hidroeléctricos sobre el río Changuinola y Bonyic– demandó al Estado ante el Tribunal de Agua por los posibles daños sociales y ambientales que padecerán por la construcción de las obras.

La Asociación Consumo Ético, que preside Yakarta Ríos, demandó al Estado por posibles peligros que enfrentarían los ríos si se aprueba un proyecto de ley sobre manejo integrado de recursos hídricos.

Mitchell, en su solicitud, solicita imparcialidad y establece que las pruebas presentadas no comprueban los daños ambientales que alegan.

Hoy termina la sesión del Tribunal –en Guatemala– y de allí debe salir un veredicto que solo tiene peso moral, porque el Estado no está obligado a cumplirlo.

Ríos de la ciudad de Panamá contaminados e ignorados

CIUDAD. LA CONTAMINACIÓN DE LOS CAUCES CAPITALINOS ES UN RIESGO PARA LA SALUD.

Ríos, riqueza perdida

Con las colectoras del saneamiento de la bahía se suspenderán las descargas de aguas residuales.

Redacción de La Prensa
panorama@prensa.com

Los ocho ríos que fluyen por la capital panameña están “contaminados” o “altamente contaminados”. Así lo indica un informe sobre la calidad de sus aguas, de la Autoridad Nacional del Ambiente.

El informe también indica que las zonas más contaminadas están en áreas cercanas a núcleos de población, asociados a actividades comerciales e industriales.

El índice de calidad de agua toma como parámetros relevantes el oxígeno disuelto y los coliformes fecales. El médico infectólogo Xavier Sáez-Llorens explicó que la presencia en grandes cantidades de estos últimos es un riesgo para la salud, pues se pueden presentar enfermedades gastrointestinales, especialmente si el individuo es un anciano, un niño muy pequeño o una persona con problemas de defensas.

Quienes viven junto a estos cauces o están en contacto con ellos, añadió, desarrollan un grado de resistencia o tolerancia a este tipo de sustancia.

Con el saneamiento de la ciudad y la bahía de Panamá, hay una esperanza. En el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales señalan que a fines de 2009, cuando estén funcionando las colectoras, el cambio será evidente. Aun así, explica Ariel Rodríguez, biólogo de la Universidad de Panamá, la descontaminación no será inmediata y podrían pasar décadas antes de que los ríos sean recuperados.

rescate.Los ocho ríos que atraviesan la ciudad están contaminados.

Ríos, más que drenajes urbanos

Antes que incorporarlos al paisaje urbano, los ríos son canalizados y tapados para construir sobre ellos.

Deshechos sólidos y líquidos contaminan sus cauces y desmejoran la calidad de sus aguas.

LA PRENSA/Gabriel Rodríguez
Ambientalistas y urbanistas destacan el potencial de los ríos como áreas verdes recreativas, sin embargo, la contaminación ha impedido que en la capital esto se haga realidad.

Ana Teresa Benjamín
abenjami@prensa.com

Ninguno de los ocho ríos que atraviesan la ciudad de Panamá se salva.

Como se lee en una publicación de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Sostenibilidad de los recursos hídricos en Panamá, mientras los ríos del interior del país todavía pueden utilizarse para la recreación y el solaz -además del uso utilitario que históricamente han tenido- los de la zona metropolitana apenas si sobreviven.

El documento establece que los ríos Cárdenas, Curundú, Matasnillo, Matías Hernández, Abajo, Juan Díaz, Tapia y Tocumen, sin excepción, están “contaminados o altamente contaminados”.

“Las zonas más contaminadas están en áreas cercanas a núcleos de población, asociados a actividades comerciales e industriales, normalmente ubicadas en las partes bajas de las cuencas o en la desembocadura de los ríos”, se lee.

De acuerdo con los resultados del Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua Nacional efectuado desde 2002 por la Anam, la calidad del agua de los ríos citadinos es tan mala que, en algunos casos, son necesarios tratamientos especiales para utilizarlos en la industria.

Dependiendo de a qué altura del cauce se haga la medición, las actividades de recreación se hacen desde “no recomendables” hasta “no aceptables”.

Sólo especies muy resistentes sobreviven en sus aguas y su uso para consumo es dudoso.

La mayor parte de esa contaminación proviene de las aguas residuales (comerciales y residenciales) que desde siempre han caído en sus cauces, aunque con el proyecto de saneamiento de la bahía de Panamá esta situación pretende enmendarse, ya que en la primera fase se construirán unos 47 kilómetros de colectores para sanear los ríos más contaminados.

Juan Antonio Ducruet, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, señala que a fines de 2009, cuando hayan empezado a funcionar las colectoras, “el cambio será evidente”, pues se suspenderán las descargas de aguas residuales y con ello disminuirán los malos olores que emanan de los afluentes.

Sin embargo, como dice Jorge Rivas, consultor de la Asociación para la Promoción de Nuevas Alternativas de Desarrollo, la salud de los ríos cambiará poco si la actitud de los ciudadanos no varía.

Contaminados e ignorados

Rico en recursos hídricos, Panamá cuenta con 350 ríos en su vertiente pacífica y 150 en la atlántica.

“Pero, históricamente se les ha dado la espalda y se ha subordinado su uso a las funciones de tránsito, de intercambio comercial”, sostiene Rivas.

Cuando un río no tiene un uso práctico, entonces se le utiliza como basurero. Siendo así, no extraña entonces que no se les haya concedido, hasta ahora, ningún valor estético o paisajístico a los cursos de agua de la ciudad.

Peor aún, condenados a ser drenajes o basureros, los ríos han adquirido mal aspecto y olor, lo que no hace sino dificultar su uso para el entorno urbano.

Emblemático es, por ejemplo, el caso del río Matasnillo, que en avenida Balboa ha sido totalmente cubierto por el complejo comercial de Extreme Planet, cerca de su desembocadura.

En el centro comercial Los Pueblos, en la vía Tocumen, por su parte, el río Juan Díaz atraviesa el complejo, pero esa zona es usada, en ambas orillas, como sector para depositar la basura de los comercios.

Aun así, en el puente que conecta a uno y otro lado del centro es escena común que los transeúntes se detengan a mirar los peces que aún sobreviven en el río, o a las iguanas que reposan en los árboles de sus márgenes.

Elemento del paisaje

Para el arquitecto urbanista Álvaro Uribe, el desuso de los ríos es un problema de “ignorancia y de codicia”.

Codicia, explica, porque se piensa que se puede disponer de las áreas de servidumbre como espacio privado, e ignorancia porque no se les ha dado el lugar que tienen en el desarrollo del entorno urbano.

En otras ciudades, recalca Uribe, se ha redescubierto el potencial de los ríos y se les ha rescatado. De cloacas, dice, han pasado a ser parte integral de los espacios públicos y han servido para rescatar barrios.

“En París, el río Sena era una cloaca y ahora se está recuperando para el turismo”, dice Uribe.

En las favelas de Brasil, están dejando de ser un canal sucio para incorporarse a la vida de estos barrios, conocidos por su violencia y su pobreza.

En el caso de Panamá, Uribe señala que el río Curundú, por ejemplo, podría rescatarse para que sirva de espacio público a los residentes del barrio del mismo nombre. “Se le puede dar carácter, convertirlo en un paseo”, sugiere, especialmente en los tramos que corren por el Parque Metropolitano.

Pero, para lograr todo esto, destaca, las autoridades deben señalar “qué no se puede hacer con el recurso agua” y hacerlo cumplir. La idea, dice, es aprender que, más que sepultarla, hay que aprender a utilizar esta bondad natural de forma más creativa.

Discuten con celeridad código agrario de Panamá

ASAMBLEA. NUEVO CÓDIGO AGRARIO.

Eliminan artículos polémicos

Ex directores de Reforma Agraria opinan que la reforma no resuelve el problema de la tenencia de la tierra.

El magistrado Alberto Cigarruista se quejó del bombardeo de los medios a la propuesta de la Corte.

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

Los artículos 7 y 9, principales escollos en la discusión del proyecto que crea un nuevo Código Agrario, fueron eliminados ayer durante las consultas que realiza la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional.

Esos artículos, que formaban parte de los principios en que se fundamenta la propuesta, eran vistos por productores y gremios agrícolas como una amenaza a la propiedad privada, ya que dejaban a potestad del Estado decidir el uso o propiedad de las tierras en función de garantizar la seguridad alimentaria. Los artículos, alegaban, no ofrecían seguridad jurídica para quienes ostentan la propiedad de la tierra.

Tras el debate inicial, al que asistieron incluso ex ministros de trabajo y ex directores de reforma agraria, se avanzó hasta el artículo 13, de los 247 que contiene el proyecto.

El magistrado Alberto Cigarruista, vocero de la Corte Suprema de Justicia, se quejó del “injusto bombardeo” que los medios han hecho a los diputados, y aclaró que los derechos posesorios no dan la titularidad de la tierra, ya que el Estado es el dueño y “este principio lo contempla la Constitución”.

CÓDIGO AGRARIO.La ley incluye expropiaciones por seguridad alimentaria.

Gremios piden suspender debate

Mónica Ríos, de Pronat, aseguró que el nuevo código no le quitará sus tierras a quien las hace producir.

J.J. Vallarino III expresó su temor a que ocurran nuevas expropiaciones, como pasó en Bayano con los militares.

LA PRENSA/Víctor Arosemena
CONFLICTOS. La tenencia de tierra ha sido un problema que dista mucho de resolverse en muchos países del mundo. Panamá no escapa de ello.

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional desestimó ayer la petición de Hermann Gnaegi, delegado de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, de suspender las consultas sobre el proyecto de Código Agrario hasta no delinear bien sus principios y la seguridad jurídica de los productores.

El magistrado Alberto Cigarruista, vocero de la Corte Suprema de Justicia, proponente del proyecto, sostuvo que de aceptarse, se perdería la oportunidad de lograr una buena ley, “ya que se perdería el entusiasmo y el trabajo que se ha acumulado durante 10 años”.

Este proyecto no es de piedra, dijo, “podemos mejorarlo. Si se aprueba, bien; y si no, entonces seguiremos con la misma ley y los pleitos que duran 15 y 20 años sin resolverse”.

Gnaegi, productor ganadero en Natá, expresó que no reconocer los derechos posesorios en el texto preocupa grandemente a los productores, y sobre todo, a la banca privada y estatal, ya que aquellos mantienen hipotecas que, de expropiarse las tierras, los haría quedar en indefensión.

No obstante, el abogado Santander Tristán, del Programa Nacional de Administración de Tierras, insistió en que debe hacerse un esfuerzo por lograr esta ley en beneficio de los necesitados. Tristán aclaró que en el artículo 7, la palabra “se reserva” se refiere a las tierras del Estado.

Durante la consulta, el abogado Ovidio Díaz Espinosa elevó una propuesta para reemplazar los artículos 7 y 9, en busca de definir mejor el tema de la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra para garantizar las inversiones, modernizar y mejorar la productividad del agro.

La propuesta señala que el Estado velará por el desarrollo de la actividad agraria y garantizará la seguridad alimentaria de su población. En casos de urgencia, podrá expropiar tierras que estén ociosas, siempre y cuando respete los derechos de sus titulares o de quienes tienen derechos de posesión. A ello, añade el pago de la debida indemnización.

Tanto Cigarruista como Tristán rechazaron esta propuesta alegando que contempla una expropiación extraordinaria, al incluir una indemnización.

Para el magistrado, lo que intenta este proyecto es mejorar la seguridad jurídica de quienes trabajan con derechos posesorios y no afectarlos, ya que el Estado es dueño de las tierras si no están tituladas.

También intervinieron Rolando Mejía y Eric Jiménez, ex directores de Reforma Agraria, quienes advirtieron que el proyecto está muy lejos de ser un buen Código Agrario.

Jiménez afirmó que los constantes conflictos por la tenencia de la tierra siguen sin resolverse en el texto, lo cual es fundamental.

Principios de la ley agraria

.SOCIAL: El Estado distribuirá la tierra en forma “racional”.

.ECONÓMICA: No se permitirá que haya áreas ociosas o improductivas.

.AMBIENTAL: No se permitirá el uso de agroquímicos sintéticos que debiliten el suelo.

Asalto del gabinete al Archipiélago de Bocas del Toro

Esta nueva Resolución de Gabinete es violatoria de la Ley de Urbanismo que define cómo y quienes intervienen en el ordenamiento territorial de una municipalidad.  Además esta política supuesta promoción turística, si la fuera requiere por Ley una evaluación ambiental estratégica que defina el impacto de tal política.

Esta Resolución le quita de facto el derecho al Municipio de Bocas del Toro la potestad constitucional y legal de ordenar su territorio.

Es una resolución de gabinete típica de países corruptos, donde impera el interés privado por el interés nacional.  Prácticamente alguien con intereses e influencias en Palacio están asaltando al Archipiélago de Bocas del Toro.

El señor Presidente sabe de toda esta corrupción y es parte por acción y omisión.  La peor corrupción es la del uso del gobierno para hacer leyes en nombre del Estado para favorecer propios intereses.

El gobierno actual no quiere dejar un sólo recurso libre para los panameños en Bocas del Toro.  Qué barbaridad!

Burica Press

He aquí la resolución de gabinete de marras.

————————

RESOLUCIÓN DE GABINETE No. 95

(de 18 de junio de 2008)

Que declara Área de Desarrollo Especial para su aprovechamiento turístico, un sector del territorio insular en el Archipiélago de Bocas del Toro

EL CONSEJO DE GABINETE,

en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 19 de la Ley 2 de 2006, Que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones, establece que el Consejo de Gabinete, por recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas y del Instituto Panameño de Turismo, podrá declarar como áreas de desarrollo especial para su aprovechamiento turístico, las áreas del territorio insular que reúnan especiales condiciones para la atracción turística, en atención a lo dispuesto en el artículo 291 de la Constitución Política, siempre que la inversión por realizarse, aparte de su impacto económico, garantice la generación de un número de empleos significativos para el área;

Que, mediante la Resolución de Gabinete No.41 de 13 de febrero de 1996, se declaró constituida en Zona de Desarrollo Turístico de Interés Nacional el área denominada Zona 2, Bastimentos;

Que, desde la declaratoria de dicha área como Zona de Desarrollo Turístico de Interés Nacional, no se ha logrado fomentar el desarrollo de facilidades e infraestructuras turísticas en toda la región del Archipiélago de Bocas del Toro;

Que dentro del Archipiélago de Bocas del Toro existen islas, islotes y cayos, que contienen atractivos y recursospatrimoniales, a partir de los cuales se pueden fomentar importantes desarrollos turísticos, teniendo como premisa el desarrollo de productos de ecoturismo, bajo criterios de desarrollo sostenible;

Que las zonas turísticas distinguidas en el Plan Maestro de Desarrollo Turístico, entre ellas la Zona 2, Bastimentos, así como la Región del Archipiélago de Bocas del Toro, reúnen las condiciones especiales para la atracción turística; sin embargo carecen de la infraestructura básica para el desarrollo de dicha actividad;

Que tanto el Instituto Panameño de Turismo, como el Ministerio de Economía y Finanzas, han recomendado al Consejo de Gabinete, conforme al artículo 19 de la Ley 2 de 2006, la declaración como área de desarrollo especial para su aprovechamiento turístico en la República, un sector del territorio insular en el Archipiélago de Bocas del Toro;

Que es interés primordial del Consejo de Gabinete, la promoción de empleos, el desarrollo económico y la conservación del ambiente;

Que posterior a un análisis técnico y de consultas realizados con otras entidades gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Panameño de Turismo, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Educación, Autoridad Nacional del Ambiente, Autoridad Marítima de Panamá, Instituto Nacional de Cultura, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y Autoridad de Aeronáutica Civil, se considera conveniente para la adecuada promoción del Desarrollo Turístico, dentro del Archipiélago de Bocas del Toro, la declaratoria como Área de Desarrollo Especial, la delimitación poligonal que a continuación se detalla: Según plano adjunto, aprobado con el No.10101-113604 de 27 de marzo de 2008 por la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales; partiendo del Punto 1 con coordenadas Norte 1027298, Este 353483, siguiendo hasta el punto 2, con coordenadas Norte 1037473, Este 352632. Luego se sigue hasta el punto 3, con coordenadas Norte 1046215, Este 354156, siguiendo hasta el punto 4, con coordenadas Norte 1044287, Este 368724, siguiendo hasta el punto 5, con coordenadas Norte 1036442, Este 367693, siguiendo hasta el punto 6 con coordenadas Norte 1028553, Este 384996, siguiendo hasta el punto 7 con coordenadas Norte 1019678, Este 389748, siguiendo hasta el punto 8, con coordenadas Norte 1006476, Este 391204, siguiendo hasta el punto 9 con coordenadas Norte 1006476, Este 371212, siguiendo hasta el punto 10 con coordenadas Norte 1010555, Este 370002, siguiendo hasta el punto 11 con coordenadas Norte 1012304, Este 372333, siguiendo hasta el punto 12 con coordenadas Norte 1017279, Este 371705, siguiendo hasta el punto 13 con coordenadas Norte 1019341, Este 368119, siguiendo hasta el punto 14 con coordenadas Norte 1020731, Este 367267, siguiendo hasta el punto 15 con coordenadas Norte 1020440, Este 364914, siguiendo hasta el punto 16 con coordenadas Norte 1019274, Este 362762, siguiendo hasta el punto 17 con coordenadas Norte 1017840, Este 362045, siguiendo hasta el punto 18 con coordenadas Norte 1017571, Este 360342, siguiendo hasta el punto 19, con coordenadas Norte 1020484, Este 358145, siguiendo hasta el punto 20 con coordenadas Norte 1017167, Este 354828, siguiendo hasta el punto 21 con coordenadas Norte 1021202, Este 350166, siguiendo hasta el punto 1 con coordenadas Norte 102798, Este 353483 colindando hasta aquí con el Océano Atlántico, y así cerrando el polígono antes descrito con un Área de 89.672 Has. + 6,727 Mts.2, . No 26069 Gaceta Oficial Digital, miércoles 25 de junio de 2008 1

RESUELVE:

Artículo 1. Declarar Área de Desarrollo Especial para su Aprovechamiento Turístico en la República de Panamá, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 2 de 2006, un sector del territorio insular en el Archipiélago de Bocas del Toro, localizado dentro del siguiente polígono: Según plano adjunto, aprobado con el No.10101-113604 de 27 de marzo de 2008 por la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales; partiendo del Punto 1 con coordenadas Norte 1027298, Este 353483, siguiendo hasta el punto 2, con coordenadas Norte 1037473, Este 352632. Luego se sigue hasta el punto 3, con coordenadas Norte 1046215, Este 354156, siguiendo hasta el punto 4, con coordenadas Norte 1044287, Este 368724, siguiendo hasta el punto 5, con coordenadas Norte 1036442, Este 367693, siguiendo hasta el punto 6 con coordenadas Norte 1028553, Este 384996, siguiendo hasta el punto 7 con coordenadas Norte 1019678, Este 389748, siguiendo hasta el punto 8, con coordenadas Norte 1006476, Este 391204, siguiendo hasta el punto 9 con coordenadas Norte 1006476, Este 371212, siguiendo hasta el punto 10 con coordenadas Norte 1010555, Este 370002, siguiendo hasta el punto 11 con coordenadas Norte 1012304, Este 372333, siguiendo hasta el punto 12 con coordenadas Norte 1017279, Este 371705, siguiendo hasta el punto 13 con coordenadas Norte 1019341, Este 368119, siguiendo hasta el punto 14 con coordenadas Norte 1020731, Este 367267, siguiendo hasta el punto 15 con coordenadas Norte 1020440, Este 364914, siguiendo hasta el punto 16 con coordenadas Norte 1019274, Este 362762, siguiendo hasta el punto 17 con coordenadas Norte 1017840, Este 362045, siguiendo hasta el punto 18 con coordenadas Norte 1017571, Este 360342, siguiendo hasta el punto 19, con coordenadas Norte 1020484, Este 358145, siguiendo hasta el punto 20 con coordenadas Norte 1017167 Este 354828, siguiendo hasta el punto 21 con coordenadas Norte 1021202, Este 350166, siguiendo hasta el punto 1 con coordenadas Norte 102798, Este 353483 colindando hasta aquí con el Océano Atlántico, y así cerrando el polígono antes descrito con un Área de 89.672 Has. + 6,727 Mts.2 .

Artículo 2. Los proyectos que se realicen en el área declarada de desarrollo especial, se ajustarán a las políticas del Instituto Panameño de Turismo y del Ministerio de Economía y Finanzas, y se  implementarán dentro de las áreas específicas determinadas para tal efecto, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial para Áreas de Desarrollo Urbano, que se elabore para tal efecto, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 2 de 2006 y en el Decreto Ejecutivo No. 85 de 14 de junio de 2006.

Artículo 3. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Panameño de Turismo establecerán, en conjunto con las entidades competentes, un plan de monitoreo que involucre sendas inspecciones a todos los proyectos que se realicen en el área, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las condiciones y plazos pactados en los contratos correspondientes, acorde a las disposiciones establecidas en la Ley 2 de 2006 y en el Decreto Ejecutivo No. 85 de 14 de junio de 2006.

Artículo 4. Esta Resolución reconoce la existencia de áreas anexas insulares establecidas en la Ley 10 de 1997, siempre que éstas hayan sido aceptadas por las comunidades indígenas a través de los organismos tradicionales locales y comarcales. En aquellas tierras comunales con una población de más de trescientos indígenas y no descrita en la Ley 10 de 1997, se aplicarán los criterios de derechos posesorios ejercidos previos a la Ley 2 de 2006, sin perjuicio de la declaratoria de tierras colectivas basadas en la propiedad colectiva indígena.

Artículo 5. El Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, declarado área protegida mediante Resolución No.022-88 publicada en la Gaceta Oficial No.21,129 de 6 de septiembre de 1988, con una superficie de trece mil doscientas veintiséis hectáreas (13,226 ha.) queda excluido de la zona de desarrollo especial para aprovechamiento turístico establecida en la presente Resolución de Gabinete.

Artículo 6. Las áreas urbanizadas, según los parámetros establecidos en el artículo 16  del Decreto Ejecutivo No.85 de 14 de junio de 2006, identificadas en la zona de desarrollo especial para su aprovechamiento turístico, quedan excluidas de la aplicación de la presente Resolución de Gabinete.

Artículo 7. La expresión gráfica de las áreas excluidas en los artículos 5 y 6 que anteceden, quedan debidamente establecidas en el Mapa Temático PRONAT No. 1, que contiene una representación gráfica del Plano No.10101-113604 de 27 de marzo de 2008, y ambos forman parte integral de la presente Resolución.

Artículo 8. Esta Resolución empezará a regir desde su aprobación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 19 de la Ley 2 de 2006, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.85 de 14 de junio de 2006 y la Ley 10 de 1997.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 18 días de mes de junio de dos mil ocho (2008).

MARTÍN TORRIJOS ESPINO Presidente de la República

El Ministro de Gobierno y Justicia,

DANIEL DELGADO-DIAMANTE

El Ministro de Relaciones Exteriores,

SAMUEL LEWIS NAVARRO

El Ministro de Educación, SALVADOR A. RODRÍGUEZ G.

El Ministro de Obras Públicas,

BENJAMÍN COLAMARCO PATIÑO

La Ministra de Salud,

ROSARIO TURNER MONTENEGRO

El Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral,

EDWIN SALAMÍN JAÉN

La Ministra de Comercio e Industrias,

CARMEN GISELA VERGARA

El Ministro de Vivienda, GABRIEL DIEZ P.

El Ministro de Desarrollo Agropecuario,

GUILLERMO SALAZAR NICOLAU

La Ministra de Desarrollo Social,

MARÍA ROQUEBERT LEÓN

El Ministro de Economía y Finanzas,

HÉCTOR E. ALEXANDER H.

El Ministro para Asuntos del Canal,

DANI KUZNIECKY

DILIO ARCIA TORRES

Ministro de la Presidencia y Secretario General del Consejo de Gabinete.

Fuente oficial: Gaceta Digital Oficial No. 26069, miércoles 25 de junio de 2008.