Estudio revela graves daños ambientales en Río Chiriquí Viejo por hidroeléctricas

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL DESARROLLO DE HIDROELÉCTRICAS

BID alerta de daños en río Chiriquí Viejo

El gobierno ha otorgado 19 concesiones para el desarrollo de proyectos energéticos en esta cuenca. Los impactos ambientales son diversos y severos.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Disminución del caudal y aumento en la concentración de sedimentos son dos de los impactos negativos que sobre el río Chiriquí Viejo causarán, al menos, siete de los proyectos hidroeléctricos que allí se desarrollan.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detalla los efectos de la construcción de las presas, y entre ellos destaca que debido a la sedimentación, la potabilizadora de Barú –que se abastece de esa cuenca– verá afectada la calidad del agua. El BID y el Banco Mundial prevén financiar algunos proyectos.

Energía a base de paneles solares y aerogeneradores

Una empresa liderada por el español Andrés Sánchez promueve el uso de aerogeneradores, pequeñas turbinas hidráulicas y paneles solares en las residencias para generar energía limpia. El proyecto se promueve en zonas apartadas del centro del país donde escasea el agua.

Además de beneficiar a las comunidades apartadas, también puede ser útil para los productores y ganaderos. Los equipos pueden generar hasta 10 kilovatios, energía suficiente para alimentar una residencia que tenga una televisión y cuatro focos.

IMPACTO DE LA ACTIVIDAD EN EL RÍO CHIRIQUÍ VIEJO

BID estudió 5 hidroeléctricas

Según la agencia, los efectos de los proyectos sobre el río Chiriquí Viejo son mayores a lo descrito por las empresas.

BAJO de MINA. La cuenca del río Chiriquí Viejo es de mil 348 kilómetros cuadrados y actualmente se encuentra intervenida por actividades agrícolas y ganaderas. A los impactos ambientales que producen esas tareas se sumarán ahora los que generen los proyectos hidroeléctricos. LA PRENSA/Eric Batista

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Un análisis técnico de siete proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en el río Chiriquí Viejo, en la provincia de Chiriquí, arrojó información que denota graves consecuencias ambientales y sociales.

El estudio, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), midió los impactos acumulativos de poco menos de la mitad de proyectos energéticos que se adelantan en esta cuenca hidrográfica –19 concesiones otorgadas por el Estado–, específicamente los que hasta finales de 2009 tenían estudios de impacto ambiental aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). Y a pesar de lo que señalan sus propias investigaciones, el BID contempla financiar dos de esos siete proyectos.

Los impactos descritos por el BID van desde modificaciones del caudal del río, hasta disminución de la calidad del agua y afectación a actividades turísticas de las cuales dependen muchas familias.

También se hace referencia a los efectos que han ocasionado otras actividades económicas a lo largo del río (como pérdida de suelo y sedimentación), y se advierte que estos “podrían ser agravados con la construcción de los 19 proyectos hidroeléctricos [los que ha aprobado el Estado hasta ahora]”.

“Una vez que entren en operación los diversos embalses, es posible que la descarga de sedimentos sea pulsativa y masiva, asociada con los procesos de mantenimiento de los embalses”, señala el estudio.

De hecho, la sedimentación es uno de los principales problemas que afectan el funcionamiento de la planta potabilizadora del distrito de Barú –que se abastece del río Chiriquí Viejo– y con ello el proceso de purificación del agua. Y la sedimentación en la parte baja del río será mayor durante la fase de construcción de todas las presas.

Sin embargo, el estudio determinó ya un aumento en la descarga de sedimentos en algunas partes del río, las cuales, indica, son mayores en la temporada seca que en la lluviosa. Algo que causa extrañeza.

“Lo normal es que haya mayor aporte de sedimentación durante la época de invierno con respecto al verano, por la remoción de masas que ocurre en toda la cuenca. La única explicación es que hay un aporte de sedimentos anormal y que probablemente esté relacionado con la construcción de la presa aguas arriba”, señala el estudio del BID.

Un problema que no terminaría al concluir la construcción de los proyectos. “Es importante destacar que la sedimentación es uno de los principales problemas que enfrentan las hidroeléctricas durante su operación”, advierte el documento.

Todas estas consecuencias se detallan, a pesar de que, según el BID, los datos contenidos en los estudios de impacto ambiental de los siete proyectos presentaban una “deficiencia de información que limitó un análisis más exhaustivo en relación con los procesos de sedimentación”.

CAUDAL ECOLÓGICO

El diseño de las hidroeléctricas, que implica construir un embalse para el transvase del agua desde el sitio de presas hasta las máquinas, también tendrá un impacto sobre el río Chiriquí Viejo. De acuerdo con lo que señala el documento, esto significa que habrá tramos del río en los cuales el flujo de agua será limitado.

Se afirma, además, que todas las empresas prevén desviar el 90% del caudal natural del río hacia las salas de máquina, lo que derivará en la reducción del caudal del río.

Esta realidad tendrá una incidencia directa en algunas características del río, como la temperatura del agua, que es una de las cualidades físicas de mayor importancia de los sistemas acuáticos, indica el estudio.

Otro efecto negativo que menciona el documento es la pérdida de calidad del agua, algo que ya es un problema de esta fuente hídrica debido a la actividad agrícola y a los asentamientos humanos que lo rodean.

Es más, el informe precisa que el río tiene “presencia de coliformes fecales”, por el uso del río para descargar aguas negras, y por la ganadería intensiva.

SIN SUPERVISIÓN

Las consecuencias ambientales de los proyectos hidroeléctricos alcanzan la vida acuática, ya que, según la investigación, al alterarse el flujo del río por los embalses decrecerá la población de muchas especies, y esto, a su vez, traerá efectos adversos en las comunidades que viven aguas abajo de las presas.

A lo largo del río se han identificado 39 especies de peces, y la supervivencia de todas ellas se verá comprometida si los planes de mitigación, compensación y conservación no se abordan de forma coordinada en toda la cuenca, indica el informe.

Lo que es peor, se advierte que los estudios de fauna no se han desarrollado sistemáticamente y que los más recientes fueron hechos por algunos de los promotores de proyectos hidroeléctricos, como parte de sus estudios de impacto ambiental.

En el análisis realizado a los EIA de los proyectos hidroeléctricos, se hace evidente una debilidad institucional para el seguimiento y control, y una débil gestión ambiental por parte de los gobiernos locales. Además, la participación ciudadana no se considera de forma adecuada.

Silvano Vergara, director de Cuencas Hidrográficas de la Anam, dijo conocer el estudio del BID y agregó que, evidentemente, cuando se hace un análisis de todos los proyectos, los impactos aumentan y para contrarrestarlos los planes de mitigación deben ser acumulativos. “Lo que la Anam debe lograr es que cada una de las aplicaciones de las medidas de mitigación de cada proyecto sean sinérgicas, para poder mitigar los impactos acumulativos”.

Indicó que se llevan a cabo monitoreos, pero a cada proyecto de forma individual, y ahora deberían hacerse en conjunto.

Yaritza Espinoza, ambientalista de Chiriquí, pidió al BID no financiar estos proyectos hidroeléctricos por los efectos ecológicos que traerán, y más ahora que el Gobierno ha debilitado las normas ambientales. Se refiere a la reciente aprobación de la Ley 30 de junio de 2010, que dejó a criterio de los empresarios realizar los EIA o acogerse a las guías de buenas prácticas, que no existen aún en Panamá.

Sobre todo, dijo Espinoza, porque la Anam no está en “capacidad” de hacer cumplir los planes de mitigación de cada proyecto.

ECOTURISMO PIERDE ESPACIO EN EL RÍO

Una de las actividades que atrae a los turistas a la provincia de Chiriquí ya sufre las consecuencias de la construcción de las presas para proyectos hidroeléctricos. El recorrido del river rafting por el río Chiriquí Viejo se ha disminuido en 10 kilómetros, debido a restricciones por el incremento de los riesgos para la práctica de este deporte extremo, señala el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El informe detalla que las afectaciones al rafting se deben al inicio de la construcción de dos proyectos hidroeléctricos: Baitún y Bajo de Mina, proceso que incluye el uso ocasional de explosivos.

La valoración global del rafting como negocio indica una clara tendencia a su desaparición, como resultado del impacto acumulado de la construcción de las diversas centrales hidroeléctricas en el río Chiriquí Viejo.

Esto, debido fundamentalmente a la disminución del volumen de agua del caudal del río, que no permitirá el desarrollo de este deporte de aventura. El informe recalca que de las actividades económicas que se desarrollan en el Chiriquí Viejo, el rafting será la que posiblemente se vea afectada de forma irreversible a mediano plazo.

¿La razón? Según el BID, las condiciones geográficas e hidrológicas naturales que presenta el río, y que son básicas para su práctica, están siendo afectadas con la construcción de las hidroeléctricas: la pendiente, el volumen de agua y la presencia de rocas en el lecho del río.

Por ello, recomiendan una evaluación detallada de todos los usos actuales y futuros del río para determinar los potenciales impactos de la explotación hidroeléctrica sobre los usos económicos de la cuenca. La práctica del rafting en el Chiriquí Viejo atrae a más empresarios cada día. Luego de que se constituyera la primera empresa –hace 15 años– se han creado otras dos. Según el estudio, la más reciente es una que opera hace tres años.


Sanción de la «Ley Chorizo» causa repudio generalizado

Sanciona ley 30 de 2010

Ejecutivo ignora repudio ciudadano a la ley 9 en 1

La ley reforma los códigos ‘de Trabajo’, ‘Penal’ y ‘Judicial’, así como seis leyes entre las que están la de la Policía, la de Ambiente y de Contrataciones Públicas.

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

Ignorando el clamor de de ambientalistas, empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, el presidente, Ricardo Martinelli, sancionó la ahora llamada Ley 30 de 2010, “que dicta medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, reforma normas laborales y penales, y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional”. Atrás quedaba la escueta denominación original del proyecto que llegó a la Asamblea en sesiones extraordinarias el 7 de junio pasado, y que solo hablaba de aviación comercial y “otras disposiciones”.

Menos de 24 horas después de su llegada al país, y sin hacer declaración pública alguna, el Palacio de las Garzas informó de la sanción presidencial.

Los grupos ambientalistas habían sido invitados a la Presidencia en la tarde de ayer para reunirse con Martinelli, pero la reunión se canceló.

Grupos marcharán y demandarán la nueva ley

Unos 60 grupos que luchan a favor del ambiente, advirtieron que los cambios a la Ley General de Ambiente –que excluye los proyectos que así decida el Gobierno del proceso de evaluación ambiental– afectarán el financiamiento que recibe Panamá de organismos internacionales. Hoy, ambientalistas, sindicatos y otros grupos marcharán hasta la Presidencia, como muestra de rechazo a la Ley 30 (9 en 1), y mañana presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.

Isidro Rodríguez

Sancionan reformas a los códigos ‘de trabajo’, ‘penal’ y ‘judicial’, así como a otras seis leyes

Martinelli no escuchó al país

Más de 60 grupos de ambientalistas, gremios empresariales, sindicatos, médicos, docentes, entre otros, pidieron sin éxito el veto a la ley.

GOLPE. Zuleika Pinzón, presidenta del Comité Panameño de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), y representantes de otras organizaciones ambientalistas del país, expresan su decepción y preocupación por la sanción presidencial a la ley que modificó, entre otras cosas, la Ley General de Ambiente. LA PRENSA/Jihan Rodríguez

isidro rodríguez
irodriguez@prensa.com

Tras conocerse que el presidente, Ricardo Martinelli, había sancionado la Ley 30 –que reforma los códigos de Trabajo, Penal, Judicial, así como seis leyes–, los grupos que se opusieron a la también llamada ley 9 en 1 anunciaron nuevas acciones de rechazo.

En la tarde de ayer, 60 organizaciones que luchan a favor del ambiente repudiaron la acción presidencial que ignoró su petición de veto hecha pública durante una marcha de protesta del pasado martes.

Félix Wing, en representación de estas organizaciones, calificó de “bochornoso” el hecho de que los habían invitado a una reunión a las 3:30 p.m. en la Presidencia a dialogar, a pesar de que la ley había sido ya sancionada.

Wing comentó que las organizaciones ambientales del mundo están asombradas por el grave retroceso que representa la nueva legislación para Panamá.

El activista agregó que la norma que excluye del proceso de evaluación ambiental los proyectos que el Gobierno decida, viola convenios comerciales, de derechos humanos y ambientales. “Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales”, denunció.

Los ambientalistas no se darán por vencidos, y en los próximos días presentarán los recursos legales que correspondan ante la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales.

Gabriela Etchelecu, de la Fundación MarViva, comentó que tienen información de que lo sucedido pone en peligro el financiamiento que pueda dar para proyectos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial a Panamá.

Empresarios

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá, y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) enviaron misivas ayer al mandatario para intentar detener la sanción presidencial. Tampoco fueron escuchados.

La SPIA considera que la nueva legislación choca con otras normas que rigen la figura del ingeniero residente en las obras, creando una gran confusión legal.

Por su parte, Gaspar García de Paredes, del CoNEP, lamentó la sanción al proyecto que, dijo, se aprobó sin las consultas correspondientes a los sectores del país.

Nueva Marcha

Los ambientalistas hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe de la marcha convocada para hoy a las 4:00 p.m. por los movimientos sindicales, y que partirá del parque Porras en dirección a la Presidencia de la República.

Genaro López, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, y Samuel Rivera, de la Central General de Trabajadores de Panamá, invitaron a la población a la marcha, y lamentaron que el mandatario no escuchara la voz de la ciudadanía.

Los dirigentes sindicales no descartaron que el movimiento en rechazo a esta ley –que modificó el régimen legal de la huelgas– termine en una convocatoria a una huelga general.

Por su parte, Fernando Castañeda, de la Comisión Médica Negociadora Nacional, calificó la recién aprobada ley como nefasta y, por ello, apoyarán la marcha. Docentes y estudiantes también anunciaron que irán a la protesta.

Martinelli se queda en Palacio

Tras ocho días de gira por Grecia, el presidente, Ricardo Martinelli, retornó al país en la madrugada del pasado martes 15. En su ausencia, la polémica ley 9 en 1 (aprobada en el Gabinete del 26 de mayo) recibió luz verde en la Asamblea, en medio del Mundial del Fútbol. Desde su llegada, Martinelli no ha participado de ninguna actividad pública. Según fuentes de Palacio, el Presidente ha sostenido diversas reuniones en su despacho.

Un día después de su llegada, en el Gabinete ratificó el nombramiento de José R. Mulino y Roxana Méndez como ministros de Seguridad y Gobierno, respectivamente. Al día siguiente (ayer), desoyendo a los grupos ambientalistas y otros gremios del país que pedían un veto, Martinelli sancionó la ley. Solo una foto puesta en la página web de la Presidencia dio fe de ese acto, que fue prácticamente privado en la Presidencia.

Isidro Rodríguez

La Prensa

63 proyectos hidroeléctricos en la Provincia de Chiriquí

Hidroeléctricas

Ríos de Chiriquí con 63 proyectos

Ambientalistas alertan sobre la explotación, por la construcción de hidroeléctricas, de los ríos de Chiriquí. De los 63 proyectos, 17 ya se encuentran en obras.

Leonardo Flores
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

lflores@prensa.com

De acuerdo con un informe de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), en los ríos de la provincia de Chiriquí se levantarán 63 proyectos hidroeléctricos. De ese total, 17 ya están en construcción, otros 11 están en la fase de diseño final, y los restantes 35 esperan su aprobación.

La cantidad de proyectos en solo cuatro cuencas de esa provincia –río Chiriquí Viejo, Chiriquí, Chico y Tabasará– generó la alarma de grupos ambientalistas y residentes de la zona.

Por ejemplo, en los próximos cuatro años el río Chiriquí Viejo –que nace en las faldas del volcán Barú y tiene una extensión de 161 kilómetros– tendrá sobre su cauce 24 proyectos hidroeléctricos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado en 2008 determinó que el 98% del agua que corre por ese río fue concesionada para el uso de hidroeléctricas. Solo el 2% quedará libre para otros usos.

La sobreexplotación de los ríos ya comenzó a afectar el medio ambiente: contaminación de las aguas con restos de cemento, y la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación, son algunos de los daños que ya se perciben, según grupos ambientalistas.

El hecho fue constatado en un viaje de dos días que realizó este diario por el área.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), por su parte, no encontró reparos en aprobar los estudios de impacto ambiental de los proyectos.

En el río Chiriquí Viejo, el 98% de las aguas ha sido concesionadO para el uso de hidroeléctricas, según un estudio del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO realizado en 2008

Hidroeléctricas: 63 proyectos en cuatro cuencas

Se estima que en la provincia de Chiriquí se realizarán 63 proyectos hidroeléctricos en los próximos años. 28 proyectos ya se están en construcción y diseño final. En algunas regiones ya se empiezan a sentir los efectos por la desviación de los cauces de los ríos a través de túneles o canales, la construcción de las represas y los sitios de embalse.

PROYECTO Prudencia. Los daños más evidentes son la remoción de capa vegetal y la tala de árboles. La erosión, sedimentación y contaminación de las aguas con cemento se nota corriente abajo. LA PRENSA/ Eric Batista

Leonardo Flores
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

lflores@prensa.com

A pesar de que la generación de energía hídrica es considerada como una de las producciones menos contaminantes, en la provincia de Chiriquí la sobreexplotación de los ríos por la construcción de hidroeléctricas comienza a generar efectos negativos en los ecosistemas, en la producción agrícola y en la calidad de vida de los habitantes.

Los problemas que está generando el auge hidroeléctrico son similares en los 17 lugares donde ya se empezaron a desviar los cauces de los ríos a través de túneles o canales, a construir represas y a preparar sitios de embalse.

Otros 11 proyectos se encuentran en la fase de diseño final.

Y aunque las consecuencias ya son significativas sobre las cuatros cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí –que alimentan los ríos Chiriquí Viejo, Chico, Chiriquí y Tasabará–, otras 35 concesiones esperan el aval de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).

En total, serán 63 los proyectos que se instalarán en la provincia de Chiriquí en los próximos años.

El perjuicio por la construcción de los proyectos no solo se reduce al impacto ambiental que dejarán estas obras y su posterior funcionamiento. A futuro, tanto ambientalistas como moradores del área vislumbran una batalla por el uso del agua y el acceso a los ríos. Ya hay un precedente.

La ambientalista Yaritza Espinosa, de Colibrí-Asociación Ambientalista de Panamá, recordó que la empresa Saltos de Francoli –promotora del proyecto Los Planetas I– negó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales parte del uso del agua para la planta potabilizadora de Los Algarrobos, que provee de agua potable al distrito de David, la capital de la provincia de Chiriquí.

En Cerro Punta, los agricultores son los más preocupados por el uso del agua de los ríos. A Virgilio Saldaña, vocero de los productores, le inquieta el hecho de que las hidroeléctricas tengan en la zona de sus proyectos el derecho al uso del 90% del agua del río para incluir en su construcción, y solo tengan la obligación de dejar un 10% para otros usos.

Pero el problema no solo se limita al uso del agua, sino además a las riberas de los ríos: a raíz de la construcción de las infraestructuras para la generación de energía, familias enteras han tenido que abandonar sus viviendas, que han ocupado por generaciones. Además, se han registrado cambios en los patrones de subsistencia, como la caza y la pesca, por la tala y la inaccesibilidad a los ríos.

Una de las zonas más afectadas por estas construcciones es la cuenca del río Chiriquí Viejo. Sus cristalinas aguas, que nacen en las faldas del volcán Barú, se han convertido en las más codiciadas del país. No por la pureza y frescura del líquido, sino porque a lo largo de sus 161 kilómetros se instalarán cerca de 24 hidroeléctricas. En otras palabras: a lo largo del río habrá un proyecto cada 6.7 kilómetros.

La mayor preocupación, a pesar de los cambios en las costas, radica en el uso del agua. La mirada de los detractores de las obras, sobre todo los de Cerro Punta, está puesta en los resultados de un estudio realizado en octubre de 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Anam.

En el informe se determinó que el 98% del agua que corre anualmente por el río Chiriquí Viejo fue concesionada para el uso de hidroeléctricas, y el otro 2% para uso agrícola, turístico, doméstico, industrial y de consumo humano, entre otros.

El resultado cayó como un balde de agua fría a los miembros de la Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento del Cerro Punta (Fundiccep), que preside Ángel Aguirre Sánchez.

Los ambientalistas aseguran que se concedió el agua de los ríos a su máxima capacidad, sin considerar los otros usos y la demanda futura.

El organismo internacional, que pagó el estudio, también financió ciertos proyectos hidroeléctricos. Se trata de los proyectos de Pando y Monte Lirio, para los cuales el BID desembolsó en concepto de préstamo 40 millones de dólares.

Por otro lado, los miembros de Fundiccep denunciaron que el actual director de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, realizó –antes de asumir su cargo– estudios de impacto ambiental para proyectos hidroeléctricos. El funcionario negó cualquier conflicto de interés.

DAÑO ECOLÓGICO

Más allá de la lucha por el uso del agua, los efectos ambientales ya se notan en la zona. Eso se pudo constatar durante un viaje de dos días que realizó este diario (por aire y por tierra) por los diferentes proyectos que se ejecutan en la provincia de Chiriquí.

Para la construcción de la línea de trasmisión del Proyecto Hidroeléctrico Bajo Mina y Baitún, datos extraoficiales que logró recabar Fundiccep revelan que se han talado cerca de 2 mil 600 árboles. La cantidad de árboles cortados no se justifica para el tamaño de la torre donde será colocado el tendido eléctrico, aseguró la organización ambientalista.

La tala de estos árboles también ha tenido consecuencia directa sobre pequeños afluentes que abastecen de agua al río Chiriquí Viejo. Fundiceep mostró –con imágenes tomadas a lo largo de los años– cómo un ojo de agua se está secando debido a la poca retención de líquido por la pérdida de la cubierta vegetal.

“Aquí no se ha pensado en garantizar el agua para un sistema de riego o para el crecimiento demográfico, que está impactado por el aumento de los residentes extranjeros. No se pensó en una fuente alterna”, aseguró el ambientalista David Samudio, activista de Fundiccep.

El problema en este cauce se agrava por la contaminación de las aguas con restos de cemento que son vertidos al cauce del río durante la construcción de los muros de la represa y los túneles; la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación.

DISPUTA LEGAL

Pero las acciones en contra de los proyectos hidroeléctricos no solo provienen de los grupos ambientalistas. Los residentes del área de Volcán denunciaron ante el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, que el funcionario de la oficina del Cuerpo de Bomberos de Bugaba que firmó el plano del proyecto Paso Ancho (ubicado entre Cerro Punta y Volcán) no tiene idoneidad.

Como prueba presentaron una certificación que expidió la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos, el pasado 9 de marzo, en la que se hace constar que el señor Neri Saldaña, funcionario que firmó los planos, no está registrado en los libros de esa organización.

A pesar de los escritos enviados al BID por los ambientalistas y vecinos, y las quejas presentadas ante la Anam y la Asep, los proyectos que se construyen en el cauce del río Chiriquí Viejo continúan viento en popa.

PUEBLO PARTIDO EN DOS

Sitio Lázaro es un poblado ubicado a 20 kilómetros de David, en la ribera del río Chico. Hace dos meses quedó dividido en dos. La construcción de un canal que desvía el 90% de las aguas del río Chico a las turbinas del proyecto hidroeléctrico Pedregalito fracturó a la comunidad en la que residen cerca de 75 familias. Incluso, bloqueó el acueducto del pueblo.

Pero las consecuencias por la construcción de este proyecto no solo tienen efectos directos sobre el pueblo de Sitio Lázaro. Los caminos que eran paso obligado para llegar a la vía Interamericana de las comunidades de Varital y Mata Gorda fueron cerrados. Los pocos caminos que quedan abiertos son intransitables, debido al mal estado en que los dejaron los camiones y el equipo pesado que saca material del río para la obra.

El rosario de quejas que los moradores de estos lugares han presentado a las diferentes instituciones, entre ellas al Sistema Nacional de Protección Civil, no han tenido respuesta. La losa que protege las bases del puente sobre el río Chico, que fue reconstruida hace pocos meses, está quebrada. Los moradores lo atribuyen a las crecidas del río que han socavado alrededor de tres metros las columnas de ambos puentes, debido a las excavaciones realizadas aguas abajo, donde está el proyecto Pedregalito y Pedregalito II.

¿PLAGIO DE EIA?

Los estudios de impacto ambiental que se han presentado ante la Anam para varios proyectos, tienen sospechosas coincidencias. Y no solo en el aspecto técnico y ambiental, sino también en la descripción de los proyectos.

Este diario revisó cerca de 25 estudios y las consecuencias ambientales, así como la valorización de los efectos de las construcciones, eran prácticamente los mismos en varios documentos de diferentes proyectos.

Por ejemplo, en los documentos del estudio de impacto ambiental del proyecto final de la hidroeléctrica Pedregalito, se hace mención a los criterios del proyecto Hidroeléctrico Concepción, ubicado en otra área.

En los documentos también se puede comprobar que en el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Pedregalito, se incluyeron datos sobre la entrega de becas a estudiantes de escuelas que estaban en Gualaca, una comunidad situada a 40 kilómetros del proyecto.

Una situación similar se presentó con el estudio de impacto ambiental del proyecto San Andrés II, que se proyecta construir sobre el río Gariché.

El dirigente comunitario y ambientalista Javier Grajales encontró que dicho estudio era similar al del proyecto hidroeléctrico de Gualaquita, en Gualaca, y el de Macho de Monte, en Bugaba.

Entre las “curiosidades” encontradas en los estudios está que pusieron la misma producción de energía del proyecto de Gualaquita, que es de 4 megavatios, en el estudio del proyecto Macho de Monte, cuando en realidad la producción de este último es de 10 megavatios.

Aunque los moradores manifestaron que no hay fiscalización de parte de la Anam, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Silvano Vergara, aseguró que “a todos los proyectos se les da seguimiento a través de la Dirección de Protección Ambiental”.

Vergara, el mismo que antes de ocupar un puesto en la Anam confeccionaba estudios ambientales para las empresas, aseguró que la utilización del agua para consumo humano es prioritaria, por lo que si en algún momento llega a faltar, los proyectos hidroeléctricos la deben ceder.

Detrás de los daños ecológicos, las prioridades energéticas del país y la sobreexplotación de los ríos más importantes de Chiriquí se esconde una historia de contratos directos, política y escasos controles.

¿Quiénes son los dueños de los proyectos? ¿Cuánto pagaron por el derecho de llave? Dicho de otro modo: ¿quiénes son los dueños del agua?

Auditarán proyectos hidroeléctricos

Leonardo Flores
Unidad de Investigación

lflores@prensa.com

El administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias, anunció ayer que realizará una auditoría a los proyectos hidroeléctricos de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental. El anuncio se da en medio de la petición de ambientalistas para que se realice un estudio acumulativo para conocer el efecto de todos los proyectos.

POLÉMICA POR LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS HíDRICOS EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

Exigen estudio acumulativo

La Autoridad Nacional del Ambiente aprobó, a partir de 2006, los estudios de impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos sin contar con un estudio acumulativo de todos los proyectos. El administrador de esa institución, Javier Arias, confirmó que la entidad que preside hará una revisión de todos los proyectos hidroeléctricos aprobados.

Proyecto Bajo de Mina. La tala de árboles y la remoción de piedra y arena son algunos de los daños causados al medio ambiente. LA PRENSA/ Eric Batista

Leonardo Flores
Unidad de Investigación

lflores@prensa.com

La construcción de los proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí marcha viento en popa. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cuáles serán los efectos negativos, a nivel macro, que causarán estos proyectos sobre los ríos de la región.

La razón: no existe un estudio de impacto ambiental acumulativo que determine el daño ecológico de todos los proyectos sobre las cuatro cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí. Por el momento solo se mide el impacto ambiental que causará individualmente cada proyecto, en determinada área. Pero aún, por ejemplo, se desconoce cuál será el daño acumulativo sobre el río Chiriquí Viejo si se llegaran a concretar los 24 proyectos destinados a esa zona.

En total son 63 los proyectos hidroeléctricos que se pretenden construir en la provincia de Chiriquí, de los cuales 17 ya están en construcción y otros 11, en la etapa de diseño final. El resto –35– espera el visto bueno de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

La falta de un estudio integral que establezca los efectos en materia ambiental de las construcciones en la región se convirtió en uno de los reclamos de los grupos ambientalistas.

Para la directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), Alida Spadafora, “es evidente que no ha existido una planificación regional” para los proyectos hidroeléctricos que se han aprobados y los que están en trámite para ser construidos en Chiriquí. Además –añadió– cada proyecto ha sido evaluado de forma aislada sin considerar los impactos acumulativos que se registrarán sobre la zona.

“Ancon apoya y promueve las energías renovables. Sin embargo, cuestionamos el hecho de que se abuse del ambiente, de la gente y de la propia capacidad de las cuencas”, dijo.

Durante sus investigaciones, los miembros de Ancon también identificaron algunas “coincidencias” en la redacción de los estudios de impacto ambiental de distintos proyectos, tal cual lo denunciaron algunos habitantes de Chiriquí.

Por su parte, la directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), Raisa Banfield, también cuestionó que no haya una planificación y gestión del recurso, lo que está llevando –según su opinión– al colapso de los ríos más importantes del oriente del país bajo la falsa ilusión de una generación energética más barata.

“Falsa, porque esta [la energía más barata] no será posible mientras la referencia para el establecimiento de los precios sea la generación térmica”, dijo.

Según Banfield, la generación de energía hídrica y de termoeléctricas, entre los proyectos aprobados y en construcción, alcanzará los3 mil 521 megavatios, el triple de lo que actualmente consume el país.

“¿Toda esta generación está planificada para qué tiempo? ¿Para quiénes? ¿A qué ritmo de crecimiento estimado? ¿Existen evaluaciones ambientales estratégicas como lo determina la ley, para ver el impacto sumado de cada uno de los proyectos que se desarrollan?”, se preguntó Banfield.

Estas son los mismas interrogantes que se plantearon grupos ambientalistas del área de Cerro Punta, quienes ya han empezado a sentir los efectos negativos por las construcciones que se levantan en los ríos de la zona.

REALIZARÁN AUDITORÍA

El administrador de la Anam, Javier Arias, anunció ayer que hará una auditoría de todos los proyectos hidroeléctricos que se construyen en la provincia de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental.

Para ello, informó que aumentará el personal que se encarga de hacer las auditorías ambientales, para lo que solicitó un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Arias, el problema es que “ no existe una base de datos para poder establecer, de acuerdo al impacto ambiental acumulativo, qué proyectos deben ser o no aprobados”.

“Estamos lanzando una licitación para hacer un estudio hidrológico sobre el nivel de las cuencas y hasta dónde se pueden sostener”, agregó el funcionario.

En tanto, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, anunció que ya no se aprobarán más proyectos hidroeléctricos sobre cuenca del río Chiriquí Viejo.

ASEP DEFIENDE HIDROELÉCTRICAS

El administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Denis Moreno, salió ayer en defensa de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en el país. Según Moreno, dichos proyectos respetan a las comunidades, al medio ambiente y generan empleos desde su construcción hasta su fase final.

“Esta actividad se traduce en crecimiento económico, tanto en las zonas donde se construyen las hidroeléctricas como en las ciudades donde se levantan centros comerciales que requieren de energía, como la que requerirá el Metro, sistema de transporte masivo que mejorará la vida de todos los panameños”, detalló el funcionario mediante un comunicado de prensa.

Las declaraciones de Moreno se dan como respuesta a las críticas de grupos ambientalistas y habitantes de Chiriquí a raíz de la gran cantidad de proyectos que se aprobaron en esa provincia y que están afectando al medio ambiente.

Frente a las quejas por el uso del 90% de las aguas de los ríos para los proyectos hidroeléctricos y el 10% restante para otros fines, Moreno aclaró que la prioridad la tiene el uso del agua destinada para consumo humano.

A nivel nacional existen 19 proyectos hidroeléctricos en construcción, 14 en diseño final y 52 en trámite, según la Asep.

Solicitan a UNESCO que La Amistad se declare «En Peligro» como sitio de Patrimonio Mundial

Solicitan a UNESCO que La Amistad se declare «En Peligro»

como sitio de Patrimonio Mundial

Burica Press – Medio Ambiente

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) de Panamá, la Asociación ANAI de Costa Rica, el Centro para la Conservación de la Diversidad Biológica (CBD), y la Fundación para la Comunidad Internacional de Estados Unidos están entregando hoy 22 de abril (Día Mundial de la Tierra) al Gobierno de Panamá, Costa Rica y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) un informe sobre los peligros que enfrenta la diversidad biológica del Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad La Amistad (Costa Rica Panamá).

Los ecologistas nacionales y internacionales han estado retroalimentando a la UNESCO para que declare este patrimonio como "Sitio en Peligro" con tal que este estatus oblige a los gobiernos de Panamá y de Costa Rica a proteger la integridad biológica de La Amistad. Se busca que detengan toda actividad, obra o proyecto que atente contra la integridad biótica de los ecosistemas casi intactos que tiene la mayor parte de la reserva en cuestión.

El informe titulado «Amenazas a la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en el sitio de Patrimonio Mundial La Amistad por las propuestas de represas hidroeléctricas, Panamá-Costa Rica» desarrollado por el Dr. William O. McLarney y colaboradores contiene una detallada evaluación técnica de las graves amenazas a la biodiversidad de La Amistad que enfrentan por las intenciones de construir varias represas en ríos y cuencas claves para la conservación de especies, especialmente acuáticas como los peces diádromos, que en su ciclo de vida requieren ascender o descender por los cuerpos de agua dulce hasta los sistemas de humedales, esteros y aguas marinas y viceversa.

En Panamá el informe está siendo entregado al gobierno panameno por la organización Alianza para la Conservación y el Desarrollo, al de Costa Rica la Asociación ANAI. El Centro para la Conservación de la Diversidad Biológica (CBD) entregará el documento a la UNESCO en su sede en Paris.

Este informe es producto de las preocupaciones ambientales de grupos de científicos y ambientalistas que ven cada día más inminente la grave afectación a la biodiversidad del Sitio de Patrimonio Mundial y debido a que los estudios ambientales que se han realizado hasta la fecha sólo se han hecho para justificar las concesiones o los trabajos de construcción de represas y otras actividades de alto impacto.

El informe se enfoca en sucesos y predicciones biológicas, pero también indican que no ignoran la perspectiva social implicada y destacan las numerosas protestas que se están llevando a cabo contra los planes de construcción de las represas y el desarrollo asociado a ellas en los 4 sectores de La Amistad que cubre el estudio; protestas basadas no sólo en aspectos de protección del medio ambiente sino también en la validez socio‐cultural de los planes, y su impacto contra la economía local y los derechos de los indígenas. De particular preocupación son los planes mineros a tajo abierto que están siendo desarrollados en el territorio Bribri en la periferia misma del Sitio de Patrimonio Mundial sobre la vertiente atlántica de Costa Rica, que son percibidos como planes relacionados a la construcción de las represas.

Este informe técnico reconoce que la UNESCO, la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá, el Ministerio del Ambiente de Costa Rica y todas las demás organizaciones involucradas enfrentan limitaciones de autoridad, y consideran que las amenazas que confrontan los ecosistemas fluviales del área de La Amistad no pueden ser enfrentadas solamente con políticas dentro de los límites jurisdiccionales. La naturaleza de los ríos del área de La Amistad, particularmente su componente diádromo y su relación con ambientes terrestres y marinos, demanda un enfoque de conservación de cuencas que se extienda más allá de los límites y fronteras existentes.

El informe anterior a este también dirigido a la UNESCO por los mismos autores principales fue escrito en apoyo a la petición de declaración de La Amistad como un Sitio de Patrimonio Mundial en peligro, la cual no ha sido promulgada aun. En este ínterin, ellos indican que ha llegado a ser evidente que la amenaza presentada por las represas propuestas se extiende más allá de la cuenca Changuinola/Teribe en Panamá.

«[La Amistad] es binacional por naturaleza y tiene el potencial de alterar tremendamente el carácter del Sitio de Patrimonio Mundial y de otras áreas en ambos lados de la División Continental de aguas.»

McLarney y colaboradores.

Indican que reconociendo la severidad de la amenaza, le están recomendando al Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO reabra la discusión para la identificación del Sitio binacional de Patrimonio Mundial La Amistad como un Sitio de Patrimonio Mundial en Peligro, en el contexto de considerar todas las alternativas posibles para proteger su biodiversidad. También sugerien enfáticamente a UNESCO, a los dos gobiernos nacionales y a las demás partes interesadas que toda discusión relacionada con esta amenaza se lleve a cabo en un contexto que reconozca la imposibilidad de proteger la biodiversidad y la integridad ecológica del Sitio de Patrimonio Mundial La Amistad con propuestas que no tomen en cuenta las cuencas en su totalidad, desde la División Continental de aguas hasta el mar.

DOCUMENTO COMPLETO EN ESPANOL: La Amistad UNESCO Spanish

COMPLETE REPORT IN ENGLISH: La Amistad WHS Threats to Biod report april 2010

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Carta de Presentación del informe presentado al Gobierno de Panamá

Panamá, 22 de abril de 2010

M.Sc. Javier Arias Iriarte
Administrador General
Autoridad Nacional del Ambiente
República de Panamá
E. S. D.

Estimado Señor Administrador Arias:

Los sistemas de cuencas hidrográficas son ampliamente reconocidas como unidades geográficas para el manejo de sistemas naturales en un paisaje ecosistémico y son además una referencia para la comprensión de interacciones entre la geología, la topografía, los suelos, las plantas, los animales y los seres humanos. Un aspecto importante en el manejo de las cuencas hidrográficas es la dimensión humana. La naturaleza del uso de la cuenca depende de los valores, las normas y las interacciones entre los diferentes actores con intereses en la cuenca. No es posible que un par de normas y políticas desfasadas, amañadas o emitidas a posteriori a hechos ambientales punibles justifiquen el mal uso de una valiosa cuenca.

Así vemos que la cuenca de ríos importantes del país presentan serios problemas ambientales de todo tipo y todavía no existe una planificación real, científica que respete la naturaleza del río y que proteja los bienes, las funciones y los servicios de los ecosistemas que contiene dicha cuenca. Esto ha llevado a la depauperación de la calidad de vida de miles de panameños y de las actividades económicas que muchos tecnócratas suponen que por si solas ayudan al bienestar humano integral. La falta de agua en la época seca es grave en las cuencas del Pacífico, debido destrucción de los bosques que eran parte de la cuenca lo que cambió la dinámica hídrica de dichos ríos y la valiosa agua que proveían ahora es un bien escaso, incluso para consumo humano. La pérdida de biodiversidad y de otras oportunidades de desarrollo basado en la naturaleza viva y no muerta se han perdido y se siguen perdiendo como si todavía no comprendiésemos su importancia estratégica. Ahora la inversión en restauración ecológica será larga y costosa, pero la restauración es el camino que queda si somos una sociedad seria de frente a las próximas generaciones.

En Panamá lamentablemente hemos visto que por omisión, pero principalmente por ignorancia, nuestras autoridades en todas las administraciones en los últimos 40 años han permitido la degradación sistemática de las cuencas hidrográficas bajo el pretexto del desarrollo per se, por libre albedrío, como si la sociedad por sí sola y sin educación técnica y ambiental profunda fuera sabia en el uso y la administración de los recursos naturales insertos en los espacios privados y públicos. No ha habido ni ciencia, ni ley en el ordenamiento y salvaguarda del bien común presente en nuestras cuencas hidrográficas. Ha sido el capital, que sin ciencia, ni ley, ni respeto ha desarrollado un modelo depredador y acaparador de los recursos naturales compartidos. El poco avance que se tiene se desvanece ante lo que se está permitiendo en cuencas de alta prioridad de conservación de biodiversidad.

El Estado panameño ha destruido o ha permitido la destrucción de la infraestructura ecológica de los ecosistemas de las cuencas hidrográficas de la mayoría de los ríos del país. Pocas cuencas en Panamá son hoy un tesoro viviente de biodiversidad a nivel ecosistémica, de especies y de diversidad genética y culturas humanas indígenas. Justo los ríos Changuinola, Sixaola y sus tributarios y otros ríos del Caribe y del Pacífico son una oportunidad de salvaguardar biodiversidad terrestre, acuática y marino costera con un valor cuantificable de capital natural enorme, pero justo hoy la administración del Estado sigue permitiendo al margen de la Ley Internacional (CIDH, UNESCO, tratados internacionales de conservación de la biodiversidad) que la especulación energética a nivel regional y local dicte las pautas y se auto-adjudiquen cuasi de facto las cuencas hidrográficas de nuestro país y con ello se tomen las aguas de sus ríos más caudalosos, lóticos y llenos de diversidad biológica.

La energía que se busca dentro de estos paraísos ecológicos en la cuenca del Río Changuinola, Quebrada Bonyic y otros ríos de la región no es un buen negocio para Panamá y así los estudios económicos lo han demostrado, ni será un modelo de orgullo para las presentes, ni para las futuras generaciones por la significativa destrucción ambiental que causará por décadas. El costo ambiental enorme y la pérdida irreversible de biodiversidad es una irresponsabilidad terrible de esta generación.

El documento anexo titulado: LA AMENAZA A LA BIODIVERSIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS POR REPRESAS HIDROELÉCTRICAS PROPUESTAS EN EL SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL LA AMISTAD, PANAMÁ Y COSTA RICA es un esfuerzo científico de muchas personas de nuestras organizaciones, que todavía guardamos esperanzas, que nuestros gobiernos tanto de Costa Rica como de Panamá reconsideren o revoquen todos los planes y permisos de construcción de obras civiles de alto impacto en las cuencas de los ríos que son parte de la Reserva de la Biosfera La Amistad y Sitio Binacional con rango internacional de conservación de Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad y sus áreas de amortiguamiento.

En este documento los científicos de las organizaciones suscritas actualizamos el documento anterior titulado “Posibles efectos sobre la biodiversidad acuática y la función de ecosistemas de las cuatro represas hidroeléctricas propuestas en la cuenca hidrológica Changuinola/Teribe, Bocas del Toro, Panamá con énfasis en el Sitio de Patrimonio Mundial La Amistad”, donde se actualiza a la fecha con mayor profundidad el problema y se incluye el efecto sobre toda la región binacional de La Amistad que compartimos los hermanos países de Costa Rica y Panamá. Igualmente el documento incorpora el análisis científico a los cuerpos de agua significativos que nacen en la división continental de aguas, dentro de La Amistad en ambos países.

Esto se hace necesario porque está llegando a ser obvio principalmente por la acumulación de nuevas propuestas de construcción de represas, que evidentemente contravienen el propósito de la formación de La Amistad como un sólo bloque de conservación binacional y Sitio de Patrimonio Mundial, donde es claro que dichos proyectos aumentan las probabilidades de extinción local de especies acuáticas diádromas o a la extirpación de un gran número de especies que afectan directamente el funcionamiento del ecosistema de La Amistad, de las áreas protegidas y de los territorios indígenas aledaños que en su conjunto forman la Reserva de la Biosfera La Amistad que tampoco como concepto de desarrollo sostenible estamos respetando.

Hacemos de su conocimiento que este informe científico será entregado por nuestras organizaciones a la UNESCO para que sea considerado en las deliberaciones sobre los riesgos graves que amenazan los ecosistemas naturales de La Amistad como Sitio de Patrimonio Mundial.

Le agradecemos nos haga llegar sus comentarios técnicos y una copia del último informe de la ANAM para la UNESCO sobre La Amistad.

Ojalá este sea el insumo necesario para actuar en defensa de La Amistad y sus valiosos ecosistemas. Estamos a tiempo y puede ser el mejor legado que usted le puede hacer al país, debido al cargo que ostenta y las facultades que le confiere la ley para actuar en función del bien común y nuestros valiosos recursos, gravemente amenazados en la cuencas que nacen en La Amistad.

Muchas gracias.

Atentamente,

Ariel Rodríguez V.

Presidente

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

CC: ONGs aliadas, Medios de Comunicación.

Bufete de EEUU. defiende a los Nasos ante la CIDH

La firma de abogados Akim Gump Strauss Hauer & Feld, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomar medidas preventivas a favor de los nasos.
CONFLICTO DE TIERRAS EN BOCAS DEL TORO

Poderoso bufete apoya a los naso

RICHARD M. KOSTER
rmkoster@rmkoster.com
GANADERA VS PUEBLO NASO. Propiedad privada contra tierras ancestrales. Indígenas exigen respeto a sus derechos

PANAMÁ. Un influyente bufete en los Estados Unidos ha intervenido a favor de los indígenas del grupo Naso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En una carta dirigida al secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cartón, y fechada viernes 13 de noviembre, Faith Barter, abogada de la oficina en Washington del bufete Akin Gump Strauss, pidió que la comisión tomara “medidas precautorias”, contra el desalojo forzoso de los nasos “de las comunidades de San San y San San Druy” en la Provincia de Bocas del Toro. Según la carta, tal desalojo expondrá a los nasos a “inminente y grave daño físico”.

El bufete es uno de los más grandes de los Estados Unidos con 15 oficinas alrededor del mundo y más de 900 abogados. Uno de sus fundadores, Robert Strauss, fue presidente de Partido Demócrata y miembro del gabinete del presidente Jimmy Carter.

La carta, una copia de la cual le fue entregada a La Estrella por Adolfo Villagra Sánchez, presidente del Consejo Naso, trata de un conflicto entre los Naso y la Ganadera Bocas, S.A., una empresa privada cuyo presidente es Mario Guardia Durfee. Hace varios lustros la empresa adquirió de la bananera United Fruit un globo grande de terreno a lado del río San San. Según los nasos, las dos comunidades existieron antes de la llegada de la bananera al principio del siglo pasado, y tanto la ganadera como la bananera, las toleraron hasta hace poco. Según la empresa, son precaristas. A petición de la empresa, y de acuerdo con una orden emitida por la entonces corregidora de Teribe, Aracelys Sánchez, unidades de la Policía Nacional desalojaron algunos indígenas del lugar durante el mes de marzo pasado.

Villagra y la carta al licenciado Cantón hacen referencia a una reunión celebrada a finales de octubre en que, supuestamente, el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, declaró que los nasos no podían quedar en lo que son tierras privadas y pidió al gobernador de la provincia, Simón Becker ejecutar la orden de desalojo al más tardar el 15 de este mes.

El licenciado José Isaac Acosta, director de Política Indigenista del Ministerio de Gobierno y Justicia, discrepa.

Dijo a La Estrella que “las 35 familias [de San San y San San Druy] han sido invitadas a iniciar un proceso de acercamiento y reubicación”. Negó que el ministro haya exigido su desalojo.

La carta a Santiago Cantón, sin embargo, dice que “es imperativo que la comisión emplea sus recursos para proteger a los nasos de esfuerzos a desalojarlos de sus tierras ancestrales”.