Patrimonio histórico en casco viejo amenazado

Los daños colaterales de un patrimonio

20 DE ABRIL.Los problemas con el proyecto de restauración del antiguo Club Unión (ex Club de Clases y Tropas) se remontan a las postrimería de la administración del ex presidente Guillermo Endara, cuando la coincidencia de la presión de la sociedad civil y una postura políticamente irracional del entonces director general del Instituto Nacional de Cultura (Inac) abortaron un proyecto absurdo que pretendía desvirtuar los valores del Casco Antiguo con una mole espantosa.A fines de los noventa, se promulgaron herramientas legales que fortalecieron la capacidad de actuación de la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico, especialmente en lo que respecta a la “categorización” de los inmuebles dentro del centro histórico, a fin de guiar las intervenciones.

Tras un largo proceso de codificación y consulta, en 2004 se promulgó un Manual de normas y procedimientos para la restauración del Casco Antiguo, donde todas las “reglas del juego” se plantean de forma explícita.En ese contexto fue que yo, como director nacional del Patrimonio Histórico, emití una certificación de categoría al inmueble del antiguo Club Unión.Si bien su estado ruinoso y deterioro progresivo representan un peligro y harían pensar que debería ser una estructura de tercer orden, en los primeros meses de 2004 determiné clasificarla como de segundo orden para garantizar no solo su conservación sino la puesta en valor de su entorno.He de confesar que la controversia causada por el rechazo al diseño post-moderno propuesto en 2005 para su restauración y los entretelones de las ventas y reventas del inmueble en los últimos años me impiden sorprenderme ante el proyecto actual, reportado por La Prensa: es una vuelta atrás hacia el irrespeto y la insensibilidad, al desconocimiento de los valores del patrimonio; es una reiteración de que los intereses privados están por encima de cualquier norma y que las autoridades competentes no son capaces de cumplir con los mínimos, no solo técnicos sino éticos.

Ah… pero es que hay mucho dinero de por medio, especialmente si ahora se reclama un bien oculto.Uno pensaría que si la administración de R. Rodríguez rechazó el proyecto, había esperanzas… pero no. Se “adecuó” el diseño, de postmoderno a historicista, sin ceder en nada más: persisten los volúmenes adicionales, los niveles extra y la construcción sobre el mar. Para maquillar el bodrio, y justificar, presumo, su aprobación, se reclutó a un consultor de la Unesco y se cooptó al presidente del capítulo panameño de Iconos, quien firma los planos. No contentos, presentan un estudio de impacto ambiental que desnuda las intenciones verdaderas con la mala suerte que la consulta pública coincidió con la información sobre la demolición interna del Hotel Central.

De Patrimonio no vienen sino evasivas. Ahora resulta que solo la fachada del ex Club Unión es de tercer orden y el resto de cuarto. Por ende no hay restricciones, se puede hacer lo que se desee. No importa que se pierdan las vistas desde el Paseo Esteban Huertas o que se comprometan los servicios públicos del Casco Antiguo, que no haya suficientes estacionamientos o que violentemos los acuerdos internacionales con la Unesco.Ni siquiera hay una reflexión seria acerca del impacto del turismo sobre el patrimonio cultural.

La ecuación es perversa: hotel > bueno; hotel grande > mejor, no importa dónde y no importa a qué costo. Los beneficios son para unos cuantos. El hecho cierto es que la Dirección Nacional del Patrimonio aprobó los planos del anteproyecto, lo que otorga ciertos derechos al promotor. Será difícil que se rechacen los planos finales a menos que prevalezca un análisis objetivo de la norma y la actual administración del Inac demuestre que en este quinquenio no todo se perdió en el sector cultura.

Carlos M. Fitzgerald Bernal

La Prensa, 23 de abril de 2008

Anuncios

Solicitan cese al desarrollo depredador de vida, aguas y tierras

A continuación Burica Press, reproduce la solicitud que hacen los grupos indígenas, campesinos y ecologistas al gobierno de Martín Torrijos, al cual personalmente quieren que escuche esta posición y proponga un cese de este este estilo de desarrollo que tanto les afecta ambiental y socialmente.

INTRODUCCIÓN

El progreso de un país se fundamenta en el desarrollo humano integral a través del desempeño equilibrado de factores económicos, sociales y culturales, dirigidos por políticas públicas que regulan las relaciones entre la esfera estatal, pública y privada, y fundamentalmente, de todas estas esferas de la acción humana con los sistemas ecológicos.

El diseño de tales políticas en un sistema democrático ha de gestionarse a partir del conocimiento científico de la realidad ambiental y sociocultural, la participación decisiva de actores sociales, el respeto a la diversidad humana y la conciencia de las implicaciones que tienen su aplicación o no, sobre el ambiente que sustenta todas las formas de vida; con mecanismos de fiscalización y evaluación de iguales características que permitan su ajuste progresivo a nuevas realidades.

Hoy en día, nuestro desempeño macroeconómico como país se califica como notable, pero cuestionable en sus efectos sobre la dinámica social y cultural, así como desde la perspectiva ambiental, al implicar la afectación directa o indirecta de los ecosistemas y específicamente de las comunidades humanas que tradicionalmente han formado parte de los mismos, originando un creciente número de conflictos socio-ambientales en todo el país, destacando aquellos ocasionados por la ejecución de proyectos mineros; de turismo residencial y de materia energética como el procesamiento de hidrocarburos y generación hidroeléctrica.

Los problemas ecológicos tienen que ver con todos los seres humanos sin distinción. La destrucción del equilibrio de nuestros ecosistemas significa no sólo la destrucción de la actividad de uno u otro sector social o especie, sino también de la sociedad humana en su conjunto y la vida en general. Sin embargo, la conciencia de los problemas ecológicos en los seres humanos, en sus unidades sociales y políticas como la comunidad y el Estado está llena de conflictos de intereses.

La toma de conciencia de lo antes descrito se le denomina conciencia cívico ambiental. Es decir, cuando un ser humano es consciente de que el problema ecológico no es solamente un problema de sus acciones para proteger el ambiente, sino las del conjunto de la sociedad que le rodea y cómo ésta se organiza, los grupos de interés existentes y sobre todo, cómo el ejercicio de su ciudadanía organizada puede hacer cambios institucionales reales (jurídico-políticos) en el Estado y la sociedad; a esto se le denomina ciudadanía ambiental.


Surge entonces la pregunta: ¿Es posible conciliar los intereses de ambas partes? ¿Qué papel juega el Estado en todo este conflicto?

LOS HECHOS

Las políticas del Estado panameño en materia energética, minera y de turismo residencial se han constituido en generadoras de conflictos socio-ambientales.

El Estado dispone libremente de los recursos naturales y culturales sin sistemas de información sociocultural y ambiental que sustenten científicamente las políticas en materia social, ambiental y energética, sin visión a largo plazo y sin considerar las relaciones entre la totalidad de los ecosistemas, es decir, en ausencia de una evaluación ambiental estratégica que permita definir la capacidad de carga del país y el efecto ambiental acumulado de todos los proyectos sobre la totalidad de la escala socio-ecológica del país, y si es viable continuar con un modelo cuantitativo y centralizado que se apoya en procesos conflictivos en torno a comunidades distantes, sin mayor participación libre y directa de toda la ciudadanía en el diseño, aplicación, fiscalización y evaluación de políticas públicas que afectan profundamente sus formas de vida.

Tenemos un sistema legal-institucional altamente deficiente para hacer valer los derechos de los ciudadanos hacia la construcción de un desarrollo sustentable, el cual es posible sólo desde abajo hacia arriba. No existen mecanismos legales que den poder efectivo de decisión a las comunidades y gobiernos locales para la realización o no de los proyectos.

Esta situación genera un país socio-ambientalmente fragmentado, sin sistematización entre los impactos que soportan nuestros ecosistemas y la interrelación con comunidades y ciudadanos que dependen de ellos. Por ejemplo, al observar los proyectos hidroeléctricos, las concesiones mineras, la construcción de infraestructura turística de impacto sobre nuestras costas, los proyectos de trasiego y almacenamiento de hidrocarburos; todos presentados a la opinión  pública como formulas de desarrollo, tenemos un mapa del país con todas sus zonas ambientales  estratégicas y sus interrelaciones entre sí y las comunidades humanas totalmente desarticuladas.

Tales insuficiencias institucionales y legales quedan demostradas en la aceptación “condicionada” de estudios de impacto ambiental, a manera de simple requisito formal pero carentes de elementos clave para cumplir su objetivo de determinar las implicaciones de un proyecto en base a toda la información existente y determinar su viabilidad y las respectivas medidas de mitigación, como se ha dado por ejemplo en los proyectos de generación hidroeléctrica en el Río Changuinola, los cuales avanzan sin tener inventarios de flora y fauna, sin estudios socioeconómicos que determinen la población afectada a ser reubicada, ni inventarios arqueológicos.

También es práctica común extender los plazos para la presentación de los mismos estudios por las compañías a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, volviendo ilusoria la importancia de  los términos establecidos, como ocurrió en 5 ocasiones en el proyecto hidroeléctrico en Río Cobre.

La falta de planificación está causando desplazamientos forzados de las comunidades sin una entidad oficial responsable del reasentamiento de la población y el cumplimiento integral de las obligaciones de la empresa privada de cara al respeto a los derecho humanos de los afectados, originando barriadas marginales, sin condiciones mínimas para la existencia humana digna y la conservación de sus formas de vida, como ha ocurrido en el proyecto hidroeléctrico Chan 75 y en los proyectos de turismo residencial en el archipiélago de Bocas del Toro.

No existe claridad en la definición de los territorios indígenas, dentro de los cuales se realizan muchos de los proyectos en cuestión, no se ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas ni se ha creado una ley marco sobre pueblos indígenas que desarrolle los principios constitucionales de protección de estos pueblos ni aquellos aceptados internacionalmente con la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, dejando en práctica indefensión y vulnerabilidad estas comunidades históricamente excluidas.

Tampoco han sido reconocidos los derechos sobre las tierras de otras comunidades tradicionales, dadas en concesión a empresas privadas que avanzan en base a la intimidación, persecución y violencia ejercida directamente por la Fuerza Pública, la cual es utilizada para proteger los bienes de las empresas y violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como lo demuestran los casos de las comunidades de Charco La Pava y Valle del Risco en Bocas del Toro, así como las afectadas por los proyectos de Rió Cobre y Tabasará.

Todo esto en momentos que la demanda nacional de energía así como su proyección a un futuro razonable es superada con creces por la capacidad instalada actualmente y aquella que ya está en proceso de adicionarse, evidenciando la falsedad del argumento de la urgencia para el país del desarrollo de proyectos de generación de energía. Además la mayor parte de esta demanda es generada por el sector servicios dentro de limitados y específicos perímetros de la zona de tránsito interoceánico, no por el ciudadano común, mucho menos por aquel que recibe directamente el impacto negativo de la realización de proyectos destinados a mantener un  modelo irracional de consumo.

En cuanto a la explotación minera, se ha reactivado debido al alza en los mercados internacionales de los metales sin importar las afectaciones demostradas reiteradamente sobre la salud de los seres humanos y animales, la disponibilidad y calidad de las aguas, la capacidad productiva de la tierra, la calidad del aire; además de sus efectos destructivos sobre relaciones sociales y económicas tradicionalmente sustentables, y sobre la posibilidad de ejecutar otras formas de desarrollo de carácter democrático, participativo y sustentable.

En definitiva, las comunidades están siendo afectadas en sus condiciones de existencia por el exagerado énfasis en los indicadores macroeconómicos, la superficialidad en el tratamiento de los asuntos sociales, culturales, ambientales, y finalmente, la subordinación de las políticas en estas materias a los resultados de la política económica, sin existir una conexión coherente que relacione unas con otras  hacia el bienestar colectivo, viéndose obligadas a resistir la ejecución de proyectos desde su propia organización, dado el estado de indefensión legal e institucional frente a la predominancia de las políticas que regulan el desarrollo de la base económica de la sociedad.

Las comunidades se han movilizado y logrado importantes precedentes en el ámbito de los gobiernos locales, como lo señalan los acuerdos municipales que declaran zona de reserva minera el territorio de los distritos de Soná, Tonosí y Macaracas, así como el intercambio constante de experiencias y conocimientos con otros pueblos que mantienen la lucha ante el acoso de empresas privadas con apoyo gubernamental.

En la Asamblea Nacional de Diputados también avanza el proyecto de Ley 352 que declara los distritos de Soná, Las Palmas, Río de Jesús, Montijo y Mariato en Veraguas áreas de reserva minera. Todas estas medidas son un avance importante por lograr detener el desarrollo depredador, sin embargo, las comunidades afectadas y la ciudadanía precisa de mecanismos que constituyan un eje institucional del Estado para democratizar progresivamente las decisiones en materia ambiental, para asegurar una base realmente sustentable del desarrollo económico y social. 

Estas acciones no han estado libres de confrontaciones con los medios de coerción social como la policía, la justicia regular y las restricciones al acceso legítimo a los servicios básicos y bienes públicos evidenciando la existencia de un verdadero conflicto socioambiental de las comunidades y ciudadanía contra disposiciones estatales que afectan sus derechos más elementales consagrados en la constitución vigente.

El contexto actual hace impostergable la ejecución de la propuesta que las comunidades afectadas del país, organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas hemos construido, la cual fija puntos concretos de solución dentro de los cuales se inscriben cambios a las leyes de ambiente en su aspectos de evaluación ambiental y en la dimensión de la información científica ambiental y de las escalas socioecológicas, fundando los principios para la construcción del desarrollo sustentable desde las comunidades al gobierno local, y de éste, al gobierno central del Estado.

CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES Y ESTADO DE DERECHO

Un Estado de Derecho supone la limitación del ejercicio de la administración pública frente a los ciudadanos, orientado por los principios de legalidad en sentido amplio,  separación y equilibrio de poderes, con el principio-objetivo superior de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales inherentes a todo ser humano, anteriores y superiores a la idea del Estado y exigibles frente a toda forma de poder.

El desarrollo de la doctrina de los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, ha superado el catálogo básico de derechos civiles y políticos (vida, igualdad, libertad, debido proceso) para extenderse a los derechos económicos, sociales y culturales (trabajo, salud, seguridad social, educación), hasta los derechos colectivos  (autodeterminación de los pueblos, paz, desarrollo y el derecho a un ambiente sano).

Reconociendo la existencia humana dentro de un plano objetivo, donde la naturaleza alimenta los procesos culturales en el proceso de transformación del entorno, el derecho a un ambienta sano y la solución de los problemas ecológicos se presenta como materialmente fundamental para sustentar un desarrollo que permita la vida digna y la vigencia de todos los demás derechos.

Sin embargo, en el manejo de situaciones de conflicto socioambiental, son de importancia  los mensajes enviados a través de las conductas y  acciones de los representantes del Estado, las cuales  pueden catalogarse como casos de:

          violación al derecho a la vida en condiciones dignas, con la destrucción de viviendas y cultivos, amenazas al acceso al agua necesaria para el consumo humano y la producción de alimentos, destrucción de formas sociales basadas en la relación con la tierra, la espiritualidad y la cultura mediante la ocupación y desplazamiento forzado de las poblaciones.

          violación al derecho a la autodeterminación de los pueblos, especialmente pueblos con patrones socioculturales definidos en relación directa con el entorno ambiental.

          violación al derecho de propiedad, de residencia e inviolabilidad del domicilio.

          violación al derecho a la información sobre la realización de los proyectos y sus efectos, sobre su necesidad y conveniencia para el país.

          violación al derecho de pensamiento, expresión, circulación, reunión, asociación y protesta pacífica, como lo demuestra la práctica de constante hostigamiento, persecución y uso excesivo de la fuerza ante todo cuestionamiento.

          violación al debido proceso (detenciones sin sustento legal por más del tiempo permitido, parcialidad de las autoridades, negación de asistencia jurídica, del derecho a la defensa y la presunción de inocencia, ausencia de intérpretes en los casos necesarios,  retardo injustificado)

Además el Estado panameño incurre en prácticas cuestionables al utilizar el concepto de interés social y público en forma arbitraria por vías no establecidas en nuestro ordenamiento, sin siquiera presentar argumentos que comprueben o hagan suponer un beneficio común o utilidad pública sobre los intereses particulares, como justificación de actos abiertamente antidemocráticos y violatorios de los derechos humanos individuales y de los pueblos

Por su parte el orden público es condición necesaria para el ejercicio de los derechos fundamentales, difícilmente puede ser entonces argumentado para criminalizar a priori el ejercicio del derecho a la protesta y exigir el allanamiento de los ciudadanos a órdenes contradictorias con la esencia del ordenamiento en materia de derechos humanos de la más alta jerarquía ética y jurídica, ratificados por el país y reconocidos como mínimos y no excluyentes.

Tampoco la mera legalidad de un acto determinado tiene mayor valor que la dignidad humana ni el objetivo de justicia que debe imperar en el derecho,  ni debe servir para amparar lo dudoso, inmoral o ilegítimo en la estructura de la ley formal o en argumentos legalistas. No podemos concederle a la ley un valor absoluto sin someterla al juicio de la razón.

La historia demuestra que la lucha permanente de la humanidad por el reconocimiento y la vigencia de los derechos que se le demuestran esenciales siempre se ha manifestado como una resistencia legítima al orden establecido de hecho o de derecho, causada por aquello que en el mismo se percibe como abuso del poder.

Someter a la competencia de varias instituciones la responsabilidad de un mismo bien, la inacción de las autoridades responsables de la gestión ambiental, de la investigación judicial y de los propios tribunales de justicia ante las acciones interpuestas para la tutela de los derechos fundamentales por los medios dispuestos en nuestro ordenamiento mientras las obras prosiguen afectando el bien jurídico a proteger, también son prácticas gubernamentales cuestionables.

Respecto a la tierra y los pueblos indígenas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha destacado la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado y, por lo tanto, su posibilidad de acceder a medios para obtener alimento y agua limpia. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos es del criterio que “la significación especial que la tierra tiene para los pueblos indígenas en general, y para la Comunidad […] en particular […], implica que toda denegación al goce o ejercicio de los derechos territoriales acarrea el menoscabo de valores muy representativos para los miembros de dichos pueblos, quienes corren el peligro de perder o sufrir daños irreparables en su vida e identidad cultural y en el patrimonio cultural a transmitirse a las futuras generaciones ” (Caso Comunidad Indígena Yakye Axa).

El Estado panameño declara entre los valores supremos de su ordenamiento, la democracia, la institucionalidad, la dignidad humana, la justicia social y el bienestar general, los cuales deben desarrollarse en las leyes, reglamentos y en toda actuación de los servidores públicos.

El compromiso ineludible de las autoridades legislativas de desarrollar leyes acordes con tales valores rectores, de las autoridades administrativas de cumplirlas y hacerlas cumplir efectivamente, pero sobre todo de las autoridades judiciales de interpretar correctamente el contenido y espíritu de la norma considerando las especificidades de cada situación concreta, para vigilar el cumplimiento y sancionar su violación, constituyen obligaciones fundamentales para la vigencia de un Estado de Derecho, realmente democrático y respetuoso de la dignidad humana, requisitos para considerar un gobierno legítimo y solicitar la conservación de un  orden público de igual calidad.

Una democracia real supone participación en igualdad evidenciada no en el discurso sino en condiciones objetivas, y aunque hayamos tomado la forma de democracia representativa hay que aclarar una relación básica: el poder público sólo emana del pueblo, no es el ciudadano quien ejerce indirectamente la soberanía del Estado por medio de sus representantes electos. Es por el contrario, el cuerpo de representantes quien ejerce por delegación, la soberanía de todos y cada uno de los ciudadanos a la cual nunca deben dejar de estar sometidos ni libres de responsabilidad por sus actuaciones.

NUESTROS OBJETIVOS

Expresada la situación existente, sus causas y consecuencias, así como su incompatibilidad con un modelo amplia y profundamente democrático de convivencia social, con justicia social y respeto integral de los derechos humanos individuales y colectivos, presentamos a continuación nuestras peticiones:

  1. Acorde con el objetivo de declarar y asegurar el derecho humano al agua, exigir el cese inmediato y definitivo de todos los proyectos hidroeléctricos, de exploración y explotación minera, de procesamiento de hidrocarburos y  desarrollo de turismo residencial, por afectar las condiciones de vida de la población y los ecosistemas que la sustentan, sin aportar beneficios comparables para las comunidades, los municipios y el Estado.
  2. Exigir el cese inmediato del hostigamiento a las comunidades y la violación de derechos fundamentales, así como exigir la reparación a los daños causados a los moradores mediante el uso ilegítimo de la fuerza pública tras la declaración de interés social y público por vías no establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, así como la indemnización a las comunidades kuna y emberá de Bayano que llevan 30 años reclamando sus legítimos derechos.
  3. Impulsar, como fundamental para el desarrollo de políticas públicas, el sistema de información ambiental y sociocultural que ofrezcan sustento científico a la elaboración de políticas públicas en general, garantizando mecanismos de participación ciudadana reales y permanentes, considerando las relaciones de la totalidad de los ecosistemas.
  4. En materia ambiental específicamente, exigir la realización de una evaluación ambiental estratégica sobre el  impacto acumulado que tendrán todos estos proyectos dentro de la capacidad de carga del país, así como un debate sobre su necesidad y conveniencia como país.
  5. Abrir una mesa de debate participativo, en igualdad de condiciones para todos los sectores, para la construcción de políticas sociales, ambientales, energéticas y de desarrollo turístico, y la revisión de toda la normativa relacionada.
  6. Hacer efectivo el derecho a la información y la consulta para la toma de decisiones respecto a las comunidades, con conocimiento previo de los proyectos y consentimiento libre sin uso o amenaza de uso de la fuerza.
  7. Exigir la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes por parte del Estado panameño, así como el desarrollo de una ley marco indígena en consonancia con el citado acuerdo y  con los principios derivados de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
  8. Exigir la destitución inmediata de Ligia Castro y Eduardo Reyes de la Autoridad Nacional del Ambiente, y de Víctor Urrutia de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos.

No queremos que el desarrollo económico que debiera conducir al mejoramiento de las condiciones  de vida de la población continúe destruyendo la paz, el bienestar y la vida de las personas.  Por eso decimos con fuerza y con firmeza:

Sí a la vida y al ambiente, no al desarrollo depredador

No a la corrupción y a los negociados, Sí al desarrollo Humano integral.

DERECHOS HUMANOS- UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

CEMCODE

ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO

FRENTE UNIDO EN DEFENSA DEL ECOSISTEMA (FUDECO)

FUNDACIÓN NASO TJER DI

MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS DEL ARCHIPIÉLAGO DE BOCAS DEL TORO

OILWATCH PANAMA

ASOCIACIÓN CULTURAL DEL ISTMO

COLECTIVO RESISTENCIA ECOLÓGICA

ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA DE CHIRIQUÍ

COMITÉ DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA EN GUALACA

ASOCIACIÓN PRO DEFENSA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS (BOQUETE)

MOVIMIENTO CAMPESINO EN DEFENSA DEL RÍO COBRE (MOCAMDERCO)

MOVIMIENTO DE DEFENSA DE LAS TIERRAS Y AGUAS DEL RIO CAÑAZAS

MOVIMIENTO EN CONTRA DE REAPERTURA DE MINA DE SANTA ROSA CAÑAZAS

COMITÉ PRO DEFENSA DEL RIO FONSECA

COLIBRÍ ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE PANAMA

COMISIÓN NGOBE BUGLÉ- PLAN DE CHORCHA- DISTRITO BESIGÓ

ORGANIZACIÓN DE SINDICATO INDUSTRIAS Y DERIVADOS AGROPECUAROS DE TIERRAS ALTAS

MOVIMIENTO 4 DE MARZO DEL RIO CHANGUINOLA

MOVIMIENTO 10 DE ABRIL DE TABASARÁ

COMITÉ SÍ A LA VIDA

ORGANIZACIÓN CULTURAL NGOBE BUGLÉ

MOVIMIENTO AMBIENTAL NGOBE BUGLÉ

FRENTE SANTEÑO

COMITÉ PRO DEFENSA DEL RÍO GATÚ, VERAGUAS

Destruyen joya arquitectónica del casco antiguo de Panamá

PATRIMONIO.

Hotel Central está hecho escombros

José Arcia
jarcia@prensa.com

A pesar que los planos finales de la restauración del Hotel Central, en el Casco Antiguo, no están aprobados, la estructura solo mantiene en pie tres frágiles paredes.

CASCO ANTIGUO.EL PROYECTO NO CUENTA CON PLANOS FINALES APROBADOS POR LAS AUTORIDADES.

Hotel Central, reducido a escombros

El año pasado el Gobierno anunció el anhelado proyecto de restaurar un edificio que se construyó cerca de 1880. Un grupo español propuso una inversión de alrededor de 20 millones de dólares en el inmueble. La alegría de arquitectos restauradores, como Sebastián Paniza, por recuperar el abandonado edificio duró poco. Ahora mira con tristeza el inmueble, porque considera que la historia ha quedado reducida a escombros.

El edificio estuvo abandonado por casi 15 años, sin que se presentara un plan de restauración. Mallas cubren las tres paredes que quedaron del edificio que se podrían desplomar, si no se les coloca soporte.

Del histórico Hotel Central, en el Casco Antiguo, quedan solo tres paredes, medio cascarón. El anhelado proyecto de restaurar ese edificio ha terminado por desconcertar a arquitectos restauradores como Sebastián Paniza.

Él, desde su oficina, ubicada detrás del hotel, ha observado día a día cómo “la historia ha quedado en escombros”.

“Estoy perplejo”, dijo. El edificio fue categorizado de segundo orden por la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (Inac).

En un nota fechada 28 de septiembre de 2006 y firmada por el entonces director de Patrimonio Histórico, Domingo Varela, se especifican los elementos estructurales que se deben conservar: el primer patio con elementos originales como la galería de madera con antepecho calada; la gran escalera, con todo sus aspectos decorativos, tragaluz con ventanas pivotadas; y el cielo raso de madera.

También se debe preservar, señala la nota, la fachada hacia la Avenida Central, mantener todas las paredes de calicantos y los elementos de carpintería que sean originales, tanto en el exterior como en el interior de la estructura. Las escaleras del edificio no están, dijo Paniza.

Lo que es peor. La Comisión Nacional de Arqueología y Monumento Histórico (Conamuh) no ha aprobado los planos del proyecto a cargo de los arquitectos Valentín Monforte y Alfredo Villaverde. Hasta el momento lo que existe es un anteproyecto de planos, explicó Luciano Angeloni, presidente de la Conamuh.

Agregó que la semana pasada se iban a discutir los planos, pero se pospuso para la próxima reunión.

Valverde dijo que por el momento no podía emitir ningún comentario porque debía llamar a España para consultar a los inversionistas. Este diario no logró contactar a Monforte.

La directora de Patrimonio Histórico, Lineth Montenegro, en tanto, sostuvo que los trabajos han sido autorizados por su dirección.

Contrario a las críticas, Montenegro considera que las labores que se realizan en el Hotel Central, construido por el año 1880, forman parte de un proyecto que busca recuperar las estructuras originales del edificio. Lo que pasa, explicó, es que el inmueble fue restaurado durante la construcción del Canal de Panamá. Lo que se busca es que se construya con las estructuras francesas y no americanas.

La Conamuh en pleno obligó a los propietarios, un grupo español, a recuperar las estructuras francesas y así se estableció en el anteproyecto de planos que se aprobó, aseguró.

Para Paniza, allí no se está haciendo un trabajo de restauración. “Todo se ha borrado”, se quejó, y seguido se preguntó ¿dónde están las autoridades?

Montenegro manifestó que con este edificio se están haciendo “algunos sacrificios”, porque se busca recuperar el entorno francés de la plaza Catedral. Señaló que los cuestionamientos se esperaban.

La norma establece que se debe conservar la escalera. Patrimonio Histórico dice que se busca recuperar el estilo francés, pero la estructura ya desapareció. Parte de la vista interior del edificio, previo a que comenzaran los trabajos de restauración. Eran elaboradas estructuras de madera.

 

Texto: José Arcia

 

De represas y represión en Bocas del Toro

LOS DERECHOS DEL PUEBLO.

De represas y represión

Betty Brannan Jaén

WASHINGTON, D.C. –De las actuaciones de este presidente y las de su padre, me es fácil concluir que los Torrijos tienen escaso compromiso ambiental y aun menos compromiso con los derechos del indígena. Para establecer el patrón de conducta tenemos a un Omar Torrijos que inundó 35 mil hectáreas de tierras kunas para construir su hidroeléctrica de Bayano; esto arruinó la tierra y las vidas de esa pobre gente que hasta el día de hoy, 35 años después, siguen reclamando que el gobierno cumpla con lo prometido.

Siguiendo ese modelo, tenemos ahora a un Martín Torrijos fríamente empeñado en construir hidroeléctricas que destruirán las tierras y las vidas de indígenas ngöbe y naso, aunque haya que desalojarlos a punta de toletazos, engaño y gases lacrimógenos. Una parte de este patrón de conducta –que ya conocemos bien– es el apuro desmesurado y la represión policial, sin permitir tiempo para el diálogo, la consideración de alternativas o la negociación de una solución aceptable para todos.

El más reciente ejemplo de este patrón ocurrió el pasado 3 de enero en Charco la Pava en Bocas de Toro, donde una comunidad ngöbe se está resistiendo a la construcción de una hidroeléctrica en el río Changuinola que afectará las tierras, cosechas, y residencias tradicionales de unos 3 mil 500 indígenas. Hace meses que los activistas en defensa de los ngöbes habían venido denunciando que la empresa involucrada –AES, basada en Virginia– estaba valiéndose de engaño y coerción para desalojar a los indígenas, mientras solicitaban que la obra se suspendiera hasta solucionar el problema. Los trabajos avanzaban, sin embargo, por lo que el pueblo de Charco la Pava entabló una protesta pacífica a mediados de diciembre que continuó hasta el 3 de enero, cuando llegaron los antimotines.

“Deshicieron el campamento por medio de gases lacrimógenos y fuerza física, sin hacer distinción entre ancianos y niños, hombres o mujeres”, relata Lucía Lasso, directora ejecutiva de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, una organización no gubernamental en Panamá. “Al final del encuentro, la policía había arrestado a 54 personas, de los cuales 13 eran menores de edad, incluyendo un bebé de ocho meses”. Luego, según Lasso, la policía fue de casa en casa en Charco la Pava, preguntando “violentamente” por los supuestos dirigentes de la protesta; estos optaron por esconderse en la montaña pero la policía los persiguió con helicópteros. “En esta zona, defender los derechos de las comunidades se ha convertido en un crimen”, observa Lasso. Desde entonces, alega, la construcción de esta hidroeléctrica “avanza a costa de la fuerza policial”.

Esto ha escandalizado a las ONG internacionales que defienden causas indígenas y ambientales. El Center for Biological Diversity, preocupado por el aspecto ambiental, dice tener una red de 50 ONG que están presionando para que se cancele este proyecto de represa y otros parecidos. Jim Howe, profesor de antropología en el Massachusetts Institute of Technology y autor de un excelente libro sobre los kuna, está circulando una carta que tilda de “crisis” la situación en Changuinola y pide apoyo financiero para una ONG llamada Cultural Survival, que defiende los derechos de los ngöbe.

El viernes entrevisté por teléfono a Ellen Lutz, directora de Cultural Survival; le pregunté cuál es su meta con respecto a este proyecto y me gustó mucho su respuesta: “Queremos que detengan la represa hasta que el gobierno negocie de buena fe con esta gente, para buscarles una solución razonable a sus futuros”, señaló Lutz. Ella subrayó que, en estos casos, los pueblos afectados tienen derecho a ser debidamente informados, consultados e incluidos en el proceso de resolución, y a que se valore y respete el derecho de preservar su estilo de vida tradicional. Lutz asegura que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos protegen todos esos derechos y que las ONG involucradas llevaran el caso al sistema interamericano si la Corte Suprema de Panamá no responde pronto al amparo que le fue presentado en diciembre.

En otras palabras, activistas como Cultural Survival no necesariamente piden la cancelación del proyecto (si las objeciones ambientales resultan tener solución). Lo que piden es que el gobierno panameño sea justo –no abusivo– con los afectados, que proceda con el debido respeto por los derechos ciudadanos, sin atropello policial y sin pisotear a los sectores humildes. Si tuviéramos un presidente genuinamente comprometido con los derechos del pueblo, esto no sería demasiado pedir.

La autora es corresponsal de ‘La Prensa’

———————————————————

En un país serio, democrático y con respeto a la ley, no tenemos por qué invocar el poder de un presidente para detener una masacre social y ambiental. Si se respetara simplemente la ley, hoy AES Changuinola, no debería estar allí, haciendo el daño que están haciendo.

Allí el problema no sólo es de desplazamientos forzados y engañados de indígenas, que es un asunto grave, sino que este es un sitio patrimonio natural de la humanidad, ya que es un Bosque Protector, una Reserva de la Biosfera, un corredor biológico altitudinal, una parte clave del corredor biológico del caribe panameño y es área de amortiguamiento clave del Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad reconocido por la UNESCO.

Estos proyectos hidroeléctricos no caben allí y punto. Decir que una negociación de buena con fé con el Presidente de la República incluido es jugar a las dos aguas y yo creo que ya estamos grandecitos para eso.

El Estado de Derecho debe respetarse y no debemos estar esperanzados en la buena fé de un persona que está a años luz de comprender con racionalidad cuáles daños graves le causa a la gente con la corrupción que campea el auspicio oficial de hidroeléctricas en áreas protegidas.

El Estado de Derecho no permite que se le haya dado concesiones a AES en este majestuoso patrimonio natural y sitio de asentamientos de indígenas Ngobes, que en 50 de residir en esos lares, no han destruido este majestuoso ecosistema, sin embargo AES en menos de 12 meses ha destruido y destruirá invaluables tesoros naturales, en nombre de la gula energética para exportación que desea. Viva el monopolio de AES en Panamá.

Olvidémonos de las fuentes de energías alternativas reales. Viva la corrupción y el juego vivo, y actuemos de buena fe con un presidente que no comprende ni comprenderá la dimensión ambiental, ni social por escasez de tiempo para asimilarlo.

Burica Press

Fuerte San Fernando en Portobelo está abandonado

PATRIMONIO. EN PORTOBELO SE HAN LLEVADO PIEZAS HISTÓRICAS.

Fuerte, en el olvido

Cañones, balas, piezas de metal y partes de madera de carabelas españolas están en fincas privadas.

Hallar objetos valiosos, y no comunicarlo a las autoridades, es multado económicamente.

José Somarriba Hernández
jsomarriba@prensa.com

Parte superior del complejo de edificios del Fuerte San Fernando en PortobeloDESVALIJADOS. Las ruinas del fuerte San Fernando en Portobelo, en la provincia de Colón, han quedado en el abandono. Foto: Biodiversidadpanama. panoramio.com

El descuido de las autoridades del Instituto Nacional de Cultura (Inac) ha permitido que varias piezas arqueológicas de antiguas fortificaciones españolas, ubicadas en Portobelo, Colón, permanezcan en fincas privadas.

Uno de los sitios en que se encuentran tres cañones, presumiblemente del fuerte San Fernando, es una finca propiedad de Aurora Fierro Eleta, ubicada en la península frente a la bahía y el pueblo de Portobelo.

Este diario consultó a Fierro Eleta, quien dijo que Luis Duque, miembro de su empresa en Panamá, Grupo AFE Portobelo Bay, explicaría el asunto.

“Allí están, no hay nada oculto. Los sacamos de la tierra y los pueden ir a retirar. No avisamos antes porque teníamos otros trabajos que hacer”, dijo Duque .

En cuanto al hallazgo de otras piezas arqueológicas, indicó que si uno de los 70 trabajadores que tiene ha encontrado algo y se lo ha quedado, no lo puede evitar.

El caso anterior no es único. Balas de cañón, piezas de metal y partes de madera de carabelas españolas –sacadas de barcos hundidos en Nombre de Dios, Portobelo y en Isla Galeta– reposan en la casa de Nilda Vásquez, ex funcionaria del Inac en Portobelo.

Para el ex director de Patrimonio Histórico Carlos Fitzgerald, la pérdida del patrimonio en Portobelo no es nuevo. “Los primeros daños fueron causados entre 1910 y 1913, cuando los estadounidenses –al extraer piedras para construir el Canal de Panamá y el rompeolas de Colón– dinamitaron parte de la península y destruyeron el fuerte San Felipe que estaba en el lugar”, dijo.

Sobre el tema de los cañones en la finca de Fierro Eleta, Fitzgerald indicó que “chatarra no son, pero deben ser trasladados al Inac y hacerse una investigación para conocer de dónde provienen”.

Para Fitzgerald, no solo se trata de falta de recursos, sino que tampoco hay voluntad política para actuar.

Advierte que todos los esfuerzos se han enfocado hacia el Casco Antiguo en San Felipe y se han olvidado de otros componentes del patrimonio”.

La Ley 14 de 1982, modificada por la Ley 58 de 2003, establece multas de hasta 50 mil dólares para quienes realicen hallazgos arqueológicos –subacuáticos o terrestres– y no lo informen a la Dirección de Patrimonio Histórico.

———————

PORTOBELO.TRES CAÑONES Y OTROS OBJETOS PERMANECEN EN PROPIEDADES PRIVADAS.

De patrimonio a decoración

Pese a que hace ocho años se hallaron tres cañones en una finca, hasta el pasado lunes se avisó al Inac.

El ex director de Patrimonio Histórico, Carlos Fitzgerald, dijo que las piezas deben ser trasladadas.

LA PRENSA/David Mesa
HALLAZGO. Tres cañones fueron hallados en la finca de Aurora Fierro Eleta en Portobelo, provincia de Colón.

José Somarriba Hernández
jsomarriba@prensa.com

Los piratas con pata de palo, parche en el ojo y un loro sobre el hombro que saquearon las riquezas históricas hace 500 años, se esfumaron. En su lugar, apareció en escena la falta de atención de las autoridades que está poniendo en riesgo el patrimonio de Portobelo, provincia de Colón.

En una finca privada, ubicada en la península frente a la bahía y el pueblo, propiedad de Aurora Fierro Eleta, reposan tres cañones del fuerte San Fernando, localizado a un costado de ese lote. Están allí como adornos.

Según Virgilio Mojicas, empleado de Fierro Eleta, los cañones fueron encontrados hace ocho años, durante una excavación para construir un tanque séptico en la finca.

Tras la denuncia del profesor Aníbal Taymes, La Prensa acudió al lugar el pasado lunes 14 de enero.

LA CARTA

“En 2007 le enviamos una carta al Inac [Instituto Nacional de Cultura] para que se llevaran los cañones y hasta ahora no han respondido. Incluso, la señora pidió permiso para darle mantenimiento al fuerte y nada”, sostuvo Mojicas.

Sin embargo, el encargado de la oficina del Inac en Portobelo, Alberto Barrera, al ser consultado, negó haber recibido una nota. “Si la entregaron fue en Panamá, aquí no”, explicó.

Unos 45 minutos después de conversar con Barrera –y tras regresar a consultarle sobre otro tema–, éste dijo que había recibido una nota de Fierro Eleta. La carta tiene fecha de 12 de enero de 2008 y fue recibida en la oficina del Inac ese mismo lunes a las 10:00 a.m.

Se le preguntó a Barrera cómo llegó la nota, y dijo: “La trajo el chofer de la señora Aurora, el señor Mojicas”.

Ante la insistencia para consultarle sobre el tema ese día, la empresaria mandó a decir que hablaran con el representante de su empresa , Grupo AFE Portobelo Bay, Luis Duque.

Este último dijo que hasta ahora se remitía la carta porque “alguien fue por allá y los vio [los cañones], pero allí están, no hay nada oculto. Los sacamos de la tierra y los pueden ir a retirar, no avisamos antes porque teníamos otros trabajos que hacer”.

EL DESCUBRIMIENTO

En cuanto al hallazgo de otras piezas arqueológicas, Duque indicó que “si uno de sus 70 trabajadores ha encontrado algo, y se lo ha quedado, no lo puedo evitar”.

En la península en que está ubicada la finca hay tres fortificaciones españolas que datan de entre 1740 y 1800: el fuerte San Fernando, fuerte San Fernandito y Casa Fuerte de San Fernando.

Barrera reconoció que el área está “algo descuidada”, lo que atribuyó a lo extenso del conjunto histórico, al poco personal y al escuálido presupuesto con el que cuentan.

“De momento, estamos fumigando el fuerte [San Fernando], porque hay avispas que escarban los cimientos, los debilitan y se pueden caer. Dicha fortificación ocupaba parte de la playa y abarcaba toda la parte frontal de la propiedad de Fierro Eleta”, explicó.

OTRO CASO

Pero, el caso anterior no es el único que se ha registrado en la provincia de Colón. Balas de cañón, piezas de metal y partes de madera de carabelas españolas que fueron sacadas de un barco hundido en el sector de Nombre de Dios, otro en Portobelo y de Isla Galeta reposan en la casa de Nilda Vásquez, ex funcionaria del Inac, en Portobelo.

Consultada sobre este caso, Vásquez reconoció que posee varias piezas históricas, pero argumentó que el Inac no tiene ni el espacio ni el presupuesto para mantenerlas y que no tendría ningún problema en entregarlas a esa institución.

DATOS PARA RECORDAR

. 1753: Instalan batería del fuerte Santiago de la Gloria, tras el ataque de Edward Vernon, en 1739.

. 1760: Concluyó la construcción del fuerte San Fernando.

. 1980: Fortificaciones de Portobelo y el fuerte San Lorenzo, a la entrada del río Chagres, son declarados patrimonio histórico de la humanidad.

 

Turismo: nueva gestión de dos patrimonios

Turismo: nueva gestión de dos patrimonios

Marta Rodríguez

Siempre han sido audibles las voces de los empresarios turísticos en la defensa de sus inversiones (patrimonio privado). Hoy manifiestan, como tenores y sopranos, sus aprehensiones por la anunciada ley que modificará a la Ley Orgánica y a la Ley General de Turismo, mientras que los empresarios miembros de la junta directiva del Instituto Panameño de Turismo (Ipat) siguen afónicos en materia de derechos humanos, frente a los despidos de personal efectuados con métodos pretorianos, homologándose a la bajeza de los funcionarios cavernícolas encargados de infligirlos siendo, por consecuencia, recordados como pares.

Tampoco se pronuncian frente a un turismo que se vislumbra de masa (depredador), y frente al desarrollo inmobiliario que destruye, “encementando”, áreas turísticas de belleza incomparable (patrimonio público) y que convierte a Panamá en un gigantesco hogar de ancianos (de escaso gasto turístico), en litorales, islas y áreas agrícolas, para satisfacer el mercado globalizado. Con esto se imposibilita a las zonas de interés turístico, como Boquete, de poder/saber representar su “unicidad e identidad local”, rasgos que constituyen la principal diferenciación cultural de los destinos turísticos que prefieren los visitantes sensibles.

¿Quién mide las consecuencias? La unicidad e identidad se pierde con los nuevos paisajes arquitectónicos (que se pueden encontrar en cualquier lugar del planeta), con el poblamiento masivo de nuevos moradores extranjeros y con las migraciones internas.

Pero, ¿podrían los empresarios tutelar simultáneamente sus respectivos patrimonios privados, más el patrimonio público que nos pertenece a todos, sin conflicto de intereses? No, históricamente no lo han hecho, basta pensar en el state of art del turismo y no podrán hacerlo porque la actividad turística se desarrolla en establecimientos/transportes “privados” y para ser vendible (atractiva) no basta el riesgo de la inversión privada, sino que requiere de fiestas públicas: carnavales, patronales, ferias, etc. (a costos de terceros) y de utilizar (cada vez más intensivamente) los espacios (patrimonio público), cuyo uso implica racionalización y gastos de conservación: vistas escénicas (no encementadas etc.), conjuntos monumentales, playas, iluminación, plazas, museos, etc.

Todos los aspectos del patrimonio público podrán ser regulados por un consejo de turismo justo, respetuoso de ambos patrimonios y de los derechos humanos, que eliminará con toda seguridad el sacrificio de subsidiar los carnavales de la capital, por ser injusto y lacerante para con los del resto de la república y para con necesidades más apremiantes.

La junta del Carnaval capitalino podría aprender la ingeniería financiera de sus homólogas de Chitré y Las Tablas, mediante la inédita transferencia tecnológica del interior hacia la capital.

Visto que la actividad turística requiere de animación cultural, ¿deberían estar representadas las organizaciones que promueven el arte y la cultura en el consejo de turismo, así como lo estarían cualquier asociación empresarial turística? Por supuesto que sí. Aunque siempre se le ha tenido al margen, la actividad artística contribuye a destacar el talento y la identidad panameña, de manera que la oferta turística no venda solo banalidades silvestres: casinos, compras y discotecas.

Panamá tendrá por primera vez en la historia un consejo del turismo representativo que, además de impulsar la sostenibilidad del patrimonio público y privado, procurará la incorporación de nuevas modalidades del turismo con la responsabilidad social de la empresa turística; por ende, las cautelas que exigirá el sistema serán más aguerridas que las que osarían imponer los inversionistas y funcionarios de turno.

Sin embargo, ante las estimulantes expectativas que genera la creación de un consejo del turismo –incuestionable y democrático para ser respetado no sólo por el mercado, sino por nosotros, los dueños del patrimonio natural y cultural, no nos hace daño ejercitar este “pilates” mental: mientras que Panamá apuesta por el turismo, obedeciendo entusiasmada al mercado globalizado, en Italia muchos empresarios aquejados por efectos de la economía globalizada afirman, irónicamente, que de continuar la tendencia, no les quedará otra salida que dejar de ser el quinto país industrializado

La autora es cientísta social

El Caño: un patrimonio arqueológico de todos

INAC. ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO.

Un patrimonio de todos

Haytt Verrill, de EU, envió las piezas talladas con rostros humanos al Museo del Indio Americano.

Latinol/ http://ciudad.latinol.com/chicasusma/sitios.html/
Museo. Los funcionarios están conscientes de que urge una mejora y adecuación científica.

Diana N. González
digonzalez@prensa.com

Los vestigios de pasadas civilizaciones, que descansan sobre ocho hectáreas de terreno del Parque Arqueológico de El Caño, están siendo rescatados y estudiados por organismos internacionales.

Mientras tanto, su entorno y la casa museo, bajo la administración del Instituto Nacional de Cultura (Inac), presentan un visible deterioro.

Fue la antropóloga Reina Torres de Araúz quien le otorgó a este sitio el valor de parque arqueológico en 1979, y en aquel entonces, con el apoyo de científicos norteamericanos, logró la excavación de la única tumba que está abierta en el lugar, y donde se han encontrado piezas en cerámica, oro, restos de estructuras óseas y piedras preciosas, que hoy se exhiben en la casa museo del Parque Arqueológico de El Caño.

Mercedes Meneses, jefa del museo, quien con gran afán interpreta parte de la vida del hombre precolombino que allí habitó, está satisfecha porque la labor de la doctora Reina Torres de Araúz tendrá continuidad para el beneficio de la ciencia y la cultura.

Para la funcionaria, resultó “penoso” que el mes pasado un grupo de estudiantes, procedentes de la provincia de Bocas del Toro, tuvo que regresarse sin la oportunidad de recorrer las instalaciones del parque debido al desbordamiento del río Grande. Esto, y el mal estado de la carretera en temporada lluviosa, disminuyen el volumen de visitantes por año. En el libro de registros sobre una vieja mesa ubicada en la casa museo, la mayoría de los visitantes anotados son europeos y norteamericanos.

En las paredes corroidas por la lluvia y la humedad se observan algunas fotogra-fías documentales e informa-ción difícil de leer por el paso del tiempo. Existe poca iluminación. Como no hay un documento escrito que vaya guiando al turista o visitante sobre los puntos de interés, Meneses ha trazado su propia ruta.

El recorrido se inicia en la casa museo, que posee una arquitectura de estilo colonial, que ha sido objeto de asalto en reiteradas ocasiones. En su interior hay un enorme mural ilustrativo que está repleto de polvo, así como objetos de alfarería prehispánica y restos óseos.

Un segundo punto a conocer es el área ceremonial, donde se localizan las columnas lisas y figuras talladas que tenían rostro humano y de animales, dice. Y como último punto de la gira está la tumba que contiene entierros primarios y secundarios de la época precolombina.

Según la arqueóloga Julia Mayo, hay otros parques muy similares a El Caño que han sabido conservar su patrimonio. Entre estos se ubican el Parque Arqueológico Guayabo en Costa Rica, y los Parques Arqueológicos San Agustín, Tierra Adentro y Ciudad Perdida-Teyuna en Colombia.

Meneses dice que el Inac tiene un plan de rescate y presupuesto para la mejora del lugar.

Repatriación

Sobre la posible repatriación de los objetos y piezas que están en los museos de EU, la arqueóloga Julia Mayo sostiene que las autoridades competentes de Panamá deberán mejorar las condiciones de sus museos para poder sustentar su regreso. “Dependerá de nosotros y de nuestro buen trabajo en que algún día podamos solicitar la repatriación de las esculturas de El Caño”.

Mientras tanto y con el propósito de recuperar virtualmente estas esculturas, Mayo junto con un equipo especializado del Instituto Smithsonian en Washington realizaron un escaneado de estas piezas escultóricas. “Los archivos resultantes de este trabajo (imágenes en tres dimensiones) pueden ser reproducidos sobre papel, de manera que podrán ser expuestos. Además, estos archivos pueden ser utilizados para realizar réplicas de las piezas”.

El Inac, a través de una nota de la Oficina de Relaciones Públicas, señala que lo “importante es lograr el rescate y devolución de las piezas arqueológicas mediante la Ley No. 33 de 18 de julio de 2007, que señala el Convenio de UNIDROIT, sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente”. Sin embargo, este convenio no está suscrito por Estados Unidos.

——————————

Información adicional: http://ciudad.latinol.com/chicasusma/sitios.html