UNESCO manifiesta su inquietud por Coiba y el PILA

TESOROS NATURALES, EN PELIGRO

UNESCO manifiesta su inquietud por Coiba y el PILA

La presencia de ganado en la isla de Coiba y la construcción de una hidroeléctrica cerca del PILA amenazan los sitios.

RESERVA NATURAL. En Coiba funcionó una cárcel y se practicó la ganadería antes de que la isla fuera declarada área protegida. LA PRENSA/David Mesa

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

El Parque Nacional Coiba y el Parque Internacional La Amistad (PILA) están en el ojo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés).

El organismo internacional manifestó, en un informe, su preocupación por el estado de conservación y las amenazas que sufren estas áreas protegidas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Ambos sitios naturales están bajo la dirección de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

El PILA se ve amenazado por la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Changuinola y la expansión de la ganadería.

En su informe, la UNESCO cuestionó a las autoridades panameñas por no proporcionar detalles sobre el impacto que tendrá la hidroeléctrica en las especies acuáticas, así como tampoco la forma en que será implementado un plan estratégico de ganadería en el área.

El documento señala que la hidroeléctrica es una barrera “imposible de vencer” para las especies acuáticas que se mueven entre el agua dulce y la salada. El río Changuinola, que desemboca en el Caribe, atraviesa el PILA y el Bosque Protector Palo Seco, sitio donde se construye el proyecto hidroeléctrico Chan 75 (Changuinola I).

“No hay información de algún tipo sobre las medidas de mitigación en relación con las especies acuáticas que resulten afectadas por la construcción de una represa hidroeléctrica”, señala el informe.

En el documento se afirma que las autoridades panameñas dijeron que se hará un monitoreo de las especies acuáticas, sin embargo, la UNESCO consideró que la medida se realizará después de la construcción de la represa y que solo servirá para indicar que “todas las especies han desaparecido”.

Sobre la expansión ganadera en el PILA, la UNESCO señaló que no se ha tomado “un tipo de acción” para implementar el plan estratégico, a pesar de que fue creado en 2008.

La UNESCO pide salvaguardar las especies acuáticas y que la presencia de ganado sea monitoreada cuantitativamente, con la finalidad de que sean medidos los esfuerzos que se hacen para solucionar el problema.

Para la abogada ambientalista Susana Serracín, nunca se debió permitir la construcción de la hidroeléctrica, porque es contraria a los fines de conservación del área. Además, el informe muestra que la obra no tiene medidas reales y efectivas para mitigar el impacto ambiental.

“Panamá adquirió compromisos legales internacionales en materia de conservación que ha incumplido abiertamente”, dijo.

Ganado Vacuno en Coiba

La UNESCO manifestó su preocupación por la existencia de ganado en la isla de Coiba. “La presencia continua de estos animales en la isla está impactando severamente el valor universal del sitio”, señala el informe.

Se estima que existen unas 3 mil reses en Coiba, y que la cifra va en aumento.

El ganado es la causa de una deforestación y de una erosión significativa del suelo, añade el informe. “Si este problema no se resuelve pronto, el nivel de impacto crecerá hasta el punto de convertirse en un peligro para el sitio”, recalca.

La UNESCO advierte, además, de otras amenazas que se pueden generar en el futuro. Hace referencia a la posibilidad de que las áreas costeras cerca al parque sean desarrolladas con proyectos turísticos.

Ambos temas fueron analizados durante la trigésima tercera reunión del Comité del Patrimonio Mundial, que se celebró en Sevilla, España, hasta el pasado 30 de junio, aunque los resultados no se han hecho públicos. Les corresponderá a las nuevas autoridades de la Anam atender el tema.

Manglares siguen amenazados

Actividades agrícolas destruyen manglares

Los manglares son los más afectados. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra Alicia Rivera

Sandra Alicia Rivera
DAVID, CHIRIQUÍ.

nacionales@prensa.com

El director regional de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Harmodio Santamaría, afirmó que han recibido denuncias de que existen personas que  hacen uso inadecuado de las áreas de manglares.

La Anam y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá están realizando operativos e inspecciones técnicas, recorridos rutinarios y recorridos para identificar estos sitios.

Aseguró que uno de los problemas más graves es en áreas de manglares, que los pone en peligro, atacando este sistema tan frágil y vital para la población.

De acuerdo al funcionario, las áreas marinas con humedales se consideran como lugares dedicados a la conservación de especies.

Destrucción gráfica del Parque Nacional Soberanía (sector este) desde Chilibre hasta Colón

Aclaran datos sobre reportaje de Camino de Cruces

Aclaran datos de reportaje

25 DE ENERO.

Por este medio me permito aclarar que la ley que creó el Parque Nacional Camino de Cruces es la Ley 30 de 1992, la que redefinió sus límites es la Ley 29 de junio de 1995 y la Ley 21 de 1997, que ordena la incorporación como parte del parque de los bosques de rica biodiversidad de lo que fue la antigua base militar de Clayton. La Ley 29 definió los límites del Parque Camino de Cruces utilizando coordenadas geográficas y puntos referenciales en campo, que permite con nuevas tecnologías ubicar los límites de una manera más certera.

Gallinazos en el Parque Nacional Camino de Cruces

Gallinazos en el Parque Nacional Camino de Cruces. Foto: A. Rodríguez

La información contenida en el reportaje del domingo 25 de enero de 2009 titulado: “Se pierden bosques urbanos”, indicó erróneamente que los límites mostrados en la infografía fueron definidos con la Ley 30 de 1992. Igualmente, indica que nosotros [Alianza para la Conservación y el Desarrollo] interpusimos una denuncia por delito ambiental ante el Ministerio Público, cuando lo que pedimos es una investigación que deslinde las responsabilidades del porqué estas tierras, que tienen bosques del Parque Camino de Cruces, pueden ser utilizadas para hacer urbanizaciones, cuando el área es forestal y debe estar protegida con la Ley Forestal, y bajo qué figuras estas tierras han quedado en manos privadas.

Con la noticia se aclara un poco quién detenta la titularidad de la tierra en disputa, mas eso no exime a la Caja de Ahorros o a sus “fideicomitantes” de la responsabilidad de proteger el estatus jurídico y ecológico del área, dado que esta parte del parque y la zona contigua es de amortiguamiento, donde una urbanización que desnaturaliza el área es contraria a estos fines supremos de conservación.

El Gobierno y sus funcionarios están obligados a cumplir el régimen ecológico de la Constitución Nacional, la Ley Forestal, las leyes que configuran el Parque Nacional Camino de Cruces, el Código Penal, de lo contrario se atienen a ser demandados administrativa y penalmente. La seguridad jurídica debe ser para la defensa del patrimonio nacional como lo son estos bosques urbanos y los que están dentro de los linderos del parque. Debe buscarse a todos los funcionarios responsables que han incumplido u omitido las leyes para permitir la enajenación y mal uso de estas tierras en los últimos 13 años.

Ariel Rodríguez Vargas
Alianza para la Conservación y el Desarrollo


Parque Internacional La Amistad: Pasaje a la destrucción

Lamentablemente a ANCON se le olvidó mencionar en el video que la más graves amenazas al Parque Internacional La Amistad, no son ninguna de las que dijeron. La más grave amenaza a la biodiversidad del PILA lo representan la construcción de las grandes represas para hidroeléctricas planteadas en la Cuenca  media del Río Changuinola, cuya densa red hidrográfica nace  completamente en el PILA.  Todo ente científico que estudie la situación ambiental en el área lo vería. Así lo acaba de indicar la propia UNESCO entre otras entidades.

No hay peor ciego que el que no quiere ver y se avala por acción u omisión proyectos hidroeléctricos de tal envergadura que irremediablemente causarán graves daños ambientales y a la biodiversidad del PILA. Qué pena no ver lo más obvio, lo cual indica la poca seriedad de un documento fílmico que debió ser una producción científica y no propagandística.  Ojalá ninguna empresa interesada en tomarse las aguas del Río Changuinola agua haya sido patrocinadora de este video.

Será que en Panamá doblegarán a todo el mundo y los comprometerán a avalar la destrucción sistemática del país so pretexto de desarrollo!

Qué débiles somos antes los embates de la influencia del poder económico, el tráfico de influencias, la corrupción y el juego vivo!

Por eso es que el país anda como anda.

Burica Press

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Parque Internacional La Amistad: Pasaje a la Biodiversidad

La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) presentó una muestra del Documental “Parque Internacional La Amistad: Pasaje a la Biodiversidad”, que contiene material inédito sobre las realidades de este Sitio de Patrimonio de la Humanidad. Este documental presenta aspectos de su historia, sus amenazas y las acciones para su conservación. Luego de que un grupo de expertos y conocedores de la biodiversidad realizaran una gira de más de unasemana en donde entraron al corazón del Parque Internacional La Amistad (PILA) para reflejar su realidad.

El lanzamiento de esta muestra de este documental se realizó recientemente en el Teatro Anita Villalaz – Las Bóvedas, dentro del marco del Festival Arte por la Tierra, en celebración del mes de los Océanos. El PILA forma parte del área núcleo de la Reserva de la Biosfera La Amistad Y es considerado como Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad desde 1990. ANCON fue el catalizador para la creación de este Parque Nacional. Además de ayudar a la construcción de los primeros puestos de vigilancia y albergues dentro de la reserva, al igual que en la demarcación inicial de los límites del parque y en la entrega del equipo básico a los guardaparques.

El PILA protege en Panamá la mayor extensión mejor conservada de bosques del Corredor Norte de Talamanca – Bocas del Toro, que es la principal conexión biológica entre Costa Rica y Panamá. Sin embargo, esta área protegida se considera amenazada por la inmigración humana, la colonización y el avance de la frontera agrícola, especialmente por actividades relacionadas a la expansión ganadera y agrícola. Estas amenazas incluyen la deforestación que causa pérdida de hábitat de especies silvestres. Con la creación del parque en 1988 se inician los esfuerzos de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) con el apoyo de ANCON por controlar la colonización y expansión de la frontera ganadera y agrícola.

El logro más notable en la búsqueda de actores locales a favor del PILA se alcanza con el apoyo a la creación de la Asociación de Finqueros Conservacionistas de la Reserva de la Biosfera La Amistad (AFINCOREBA), integrada por personas de origen latino e indígena que poseen tierras bajo uso ganadero y cobertura boscosa dentro del PILA, y que entre sus principales objetivos está el contribuir a la conservación de la biodiversidad en sus fincas y áreas vecinas. De igual manera cinco comunidades indígenas Ngäbe asentadas dentro del parque y en su zona de amortiguamiento, se organizan para sumarse a los mismos esfuerzos. En sus propósitos ambos actores locales han propuesto sus propios Planes Estratégicos para la Conservación del PILA, como instrumento que dirige sus acciones de protección y desarrollo sostenible y así contribuir conjuntamente con la ANAM y ANCON en las metas de conservación de esta importante área protegida.

Fuente: Periódico Ambiental Génesis, Año 1. Septiembre de 2008.

Cerro Canajagua de Azuero en Peligro

RESERVA FORESTAL. En la cordillera nacen unas 160 cuencas hídricas.

Un Canajagua depredado

Cerro Canajagua en Azuero, Provincia de Los Santos, Panamá

Cerro Canajagua en Azuero, Provincia de Los Santos, Panamá. Foto: http://www.skyscrapercity.com

Esta zona boscosa es una de las más importantes de la región de Azuero. Sirve de refugio a la fauna silvestre.

La flora está integrada por nísperos, caoba, cedro espino, madroño, espavé, roble, panamá.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/Alcibiades Cortés
AMENAZA. En el cerro frecuentemente se escucha el ruido de motosierras cortando árboles, y los fines de semana hay disparos de cazadores furtivos. Además, en época de verano se registran muchos incendios.

Alcibiades Cortés
CANAJAGUA, Los Santos

Las más de 3 mil hectáreas de montaña virgen de la Reserva Forestal Cerro Canajagua, que hasta mediados del pasado siglo fueron sembradas de cafetales por los campesinos santeños, hoy están reducidas a 300 hectáreas de bosques variados y amenazadas por la tala y quema en la región.

Ubicado entre los distritos de Las Tablas, Macaracas y Guararé, en la provincia de Los Santos, el macizo del Canajagua fue declarado reserva forestal, animal, fluvial y parque nacional –con un área de 3 mil hectáreas– mediante el Acuerdo Municipal No. 22 de estos municipios, aprobado el 31 de julio de 1970.

En esa cordillera nacen unas 160 cuencas hídricas entre quebradas y riachuelos, además de los ríos Guararé, Oria, Estibaná y Cacao, que abastecen el área agrícola de la zona baja de la provincia de Los Santos.

Recientemente, Basilio Pérez, miembro del grupo ecológico el Colmón de Macaracas, en un recorrido por el área del cerro en mención registró solo 300 hectáreas de bosque.

También observó más de 3 mil hectáreas de tierra de la reserva convertidas en potreros, luego de la tala y quema indiscriminada que ha destruido la montaña virgen de la zona desde hace más de tres décadas.

La depredación de esta reserva, ubicada a 830 metros sobre el nivel del mar, ha traído como consecuencia que –durante los veranos– en la cima de esta se sientan fuertes brisas, debido que no hay árboles en la falda del cerro que funcionen como cortina natural.

Otro problema ecológico que se da en ese sector protegido es el exterminio de varias especies silvestres, como el venado, el conejo pintao, la paisana, entre otros, tras la incursión de bandas de cazadores furtivos.

Con relación a este tema, Dimas Alonso, representante de Bayano, distrito de Las Tablas, pidió a la administradora de la Autoridad Nacional (Anam), Ligia Castro, en una reunión del concejo provincial de coordinación de Los Santos, un inventario ecológico de esta reserva.

Según Alonso, la Anam debe hacer esta investigación para saber la cantidad de especies que necesitan protección y tener guardaparques en la región para evitar la caza.

En la actualidad, cazadores amparados en la Ley 39 –que reglamenta la caza deportiva de animales– están acabando con la vida silvestre en la zona, reconoció el funcionario.

A cada momento se escuchan motosierras cortando árboles durante los fines de semana, disparos de cazadores furtivos, y en la época de verano hay cantidades de incendios.

Por su parte, Ligia Castro, administradora de la Anam, señaló que en la comunidad santeña ha despertado la conciencia por la defensa y protección del medio ambiente.

A los señalamientos de la actividad ilegal de cazadores furtivos en la reserva del Canajagua, Castro adelantó que se elabora la reglamentación de la Ley 39 –relacionada con la caza de animales– que restringirá la actividad.

Además, garantizó gestionar los fondos para hacer el estudio de las especies en esta región protegida, mientras que se trabaja en planes de reforestación de esta área y las cuencas hídricas de la provincia.

El cerro despierta interés desde la década de 1970

En el cerro Canajagua nacen los ríos Estivaná, donde está ubicada la toma de la potabilizadora de Llano de Piedra, y en la del río Cacao está la nueva toma de la potabilizadora de Macaracas que beneficia a 4 mil 585 residentes, según el Censo de Población y Vivienda de 2000.

El cerro Canajagua despierta interés desde la década de 1970 cuando se convierte en un sitio de preferencia por el Gobierno y las empresas de comunicación, quienes instalan allí sus antenas repetidoras o torres de comunicación.

Alrededor de 200 equipos de comunicación para buscapersonas, radioaficionados, troncales, antenas y radio están instaladas en la zona, según se comprobó en un recorrido que se hizo por el lugar.

En la cima del cerro, algunas personas pudientes han construido su casa de campo, por lo agradable del clima.

Solicitan cese al desarrollo depredador de vida, aguas y tierras

A continuación Burica Press, reproduce la solicitud que hacen los grupos indígenas, campesinos y ecologistas al gobierno de Martín Torrijos, al cual personalmente quieren que escuche esta posición y proponga un cese de este este estilo de desarrollo que tanto les afecta ambiental y socialmente.

INTRODUCCIÓN

El progreso de un país se fundamenta en el desarrollo humano integral a través del desempeño equilibrado de factores económicos, sociales y culturales, dirigidos por políticas públicas que regulan las relaciones entre la esfera estatal, pública y privada, y fundamentalmente, de todas estas esferas de la acción humana con los sistemas ecológicos.

El diseño de tales políticas en un sistema democrático ha de gestionarse a partir del conocimiento científico de la realidad ambiental y sociocultural, la participación decisiva de actores sociales, el respeto a la diversidad humana y la conciencia de las implicaciones que tienen su aplicación o no, sobre el ambiente que sustenta todas las formas de vida; con mecanismos de fiscalización y evaluación de iguales características que permitan su ajuste progresivo a nuevas realidades.

Hoy en día, nuestro desempeño macroeconómico como país se califica como notable, pero cuestionable en sus efectos sobre la dinámica social y cultural, así como desde la perspectiva ambiental, al implicar la afectación directa o indirecta de los ecosistemas y específicamente de las comunidades humanas que tradicionalmente han formado parte de los mismos, originando un creciente número de conflictos socio-ambientales en todo el país, destacando aquellos ocasionados por la ejecución de proyectos mineros; de turismo residencial y de materia energética como el procesamiento de hidrocarburos y generación hidroeléctrica.

Los problemas ecológicos tienen que ver con todos los seres humanos sin distinción. La destrucción del equilibrio de nuestros ecosistemas significa no sólo la destrucción de la actividad de uno u otro sector social o especie, sino también de la sociedad humana en su conjunto y la vida en general. Sin embargo, la conciencia de los problemas ecológicos en los seres humanos, en sus unidades sociales y políticas como la comunidad y el Estado está llena de conflictos de intereses.

La toma de conciencia de lo antes descrito se le denomina conciencia cívico ambiental. Es decir, cuando un ser humano es consciente de que el problema ecológico no es solamente un problema de sus acciones para proteger el ambiente, sino las del conjunto de la sociedad que le rodea y cómo ésta se organiza, los grupos de interés existentes y sobre todo, cómo el ejercicio de su ciudadanía organizada puede hacer cambios institucionales reales (jurídico-políticos) en el Estado y la sociedad; a esto se le denomina ciudadanía ambiental.


Surge entonces la pregunta: ¿Es posible conciliar los intereses de ambas partes? ¿Qué papel juega el Estado en todo este conflicto?

LOS HECHOS

Las políticas del Estado panameño en materia energética, minera y de turismo residencial se han constituido en generadoras de conflictos socio-ambientales.

El Estado dispone libremente de los recursos naturales y culturales sin sistemas de información sociocultural y ambiental que sustenten científicamente las políticas en materia social, ambiental y energética, sin visión a largo plazo y sin considerar las relaciones entre la totalidad de los ecosistemas, es decir, en ausencia de una evaluación ambiental estratégica que permita definir la capacidad de carga del país y el efecto ambiental acumulado de todos los proyectos sobre la totalidad de la escala socio-ecológica del país, y si es viable continuar con un modelo cuantitativo y centralizado que se apoya en procesos conflictivos en torno a comunidades distantes, sin mayor participación libre y directa de toda la ciudadanía en el diseño, aplicación, fiscalización y evaluación de políticas públicas que afectan profundamente sus formas de vida.

Tenemos un sistema legal-institucional altamente deficiente para hacer valer los derechos de los ciudadanos hacia la construcción de un desarrollo sustentable, el cual es posible sólo desde abajo hacia arriba. No existen mecanismos legales que den poder efectivo de decisión a las comunidades y gobiernos locales para la realización o no de los proyectos.

Esta situación genera un país socio-ambientalmente fragmentado, sin sistematización entre los impactos que soportan nuestros ecosistemas y la interrelación con comunidades y ciudadanos que dependen de ellos. Por ejemplo, al observar los proyectos hidroeléctricos, las concesiones mineras, la construcción de infraestructura turística de impacto sobre nuestras costas, los proyectos de trasiego y almacenamiento de hidrocarburos; todos presentados a la opinión  pública como formulas de desarrollo, tenemos un mapa del país con todas sus zonas ambientales  estratégicas y sus interrelaciones entre sí y las comunidades humanas totalmente desarticuladas.

Tales insuficiencias institucionales y legales quedan demostradas en la aceptación “condicionada” de estudios de impacto ambiental, a manera de simple requisito formal pero carentes de elementos clave para cumplir su objetivo de determinar las implicaciones de un proyecto en base a toda la información existente y determinar su viabilidad y las respectivas medidas de mitigación, como se ha dado por ejemplo en los proyectos de generación hidroeléctrica en el Río Changuinola, los cuales avanzan sin tener inventarios de flora y fauna, sin estudios socioeconómicos que determinen la población afectada a ser reubicada, ni inventarios arqueológicos.

También es práctica común extender los plazos para la presentación de los mismos estudios por las compañías a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, volviendo ilusoria la importancia de  los términos establecidos, como ocurrió en 5 ocasiones en el proyecto hidroeléctrico en Río Cobre.

La falta de planificación está causando desplazamientos forzados de las comunidades sin una entidad oficial responsable del reasentamiento de la población y el cumplimiento integral de las obligaciones de la empresa privada de cara al respeto a los derecho humanos de los afectados, originando barriadas marginales, sin condiciones mínimas para la existencia humana digna y la conservación de sus formas de vida, como ha ocurrido en el proyecto hidroeléctrico Chan 75 y en los proyectos de turismo residencial en el archipiélago de Bocas del Toro.

No existe claridad en la definición de los territorios indígenas, dentro de los cuales se realizan muchos de los proyectos en cuestión, no se ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas ni se ha creado una ley marco sobre pueblos indígenas que desarrolle los principios constitucionales de protección de estos pueblos ni aquellos aceptados internacionalmente con la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, dejando en práctica indefensión y vulnerabilidad estas comunidades históricamente excluidas.

Tampoco han sido reconocidos los derechos sobre las tierras de otras comunidades tradicionales, dadas en concesión a empresas privadas que avanzan en base a la intimidación, persecución y violencia ejercida directamente por la Fuerza Pública, la cual es utilizada para proteger los bienes de las empresas y violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como lo demuestran los casos de las comunidades de Charco La Pava y Valle del Risco en Bocas del Toro, así como las afectadas por los proyectos de Rió Cobre y Tabasará.

Todo esto en momentos que la demanda nacional de energía así como su proyección a un futuro razonable es superada con creces por la capacidad instalada actualmente y aquella que ya está en proceso de adicionarse, evidenciando la falsedad del argumento de la urgencia para el país del desarrollo de proyectos de generación de energía. Además la mayor parte de esta demanda es generada por el sector servicios dentro de limitados y específicos perímetros de la zona de tránsito interoceánico, no por el ciudadano común, mucho menos por aquel que recibe directamente el impacto negativo de la realización de proyectos destinados a mantener un  modelo irracional de consumo.

En cuanto a la explotación minera, se ha reactivado debido al alza en los mercados internacionales de los metales sin importar las afectaciones demostradas reiteradamente sobre la salud de los seres humanos y animales, la disponibilidad y calidad de las aguas, la capacidad productiva de la tierra, la calidad del aire; además de sus efectos destructivos sobre relaciones sociales y económicas tradicionalmente sustentables, y sobre la posibilidad de ejecutar otras formas de desarrollo de carácter democrático, participativo y sustentable.

En definitiva, las comunidades están siendo afectadas en sus condiciones de existencia por el exagerado énfasis en los indicadores macroeconómicos, la superficialidad en el tratamiento de los asuntos sociales, culturales, ambientales, y finalmente, la subordinación de las políticas en estas materias a los resultados de la política económica, sin existir una conexión coherente que relacione unas con otras  hacia el bienestar colectivo, viéndose obligadas a resistir la ejecución de proyectos desde su propia organización, dado el estado de indefensión legal e institucional frente a la predominancia de las políticas que regulan el desarrollo de la base económica de la sociedad.

Las comunidades se han movilizado y logrado importantes precedentes en el ámbito de los gobiernos locales, como lo señalan los acuerdos municipales que declaran zona de reserva minera el territorio de los distritos de Soná, Tonosí y Macaracas, así como el intercambio constante de experiencias y conocimientos con otros pueblos que mantienen la lucha ante el acoso de empresas privadas con apoyo gubernamental.

En la Asamblea Nacional de Diputados también avanza el proyecto de Ley 352 que declara los distritos de Soná, Las Palmas, Río de Jesús, Montijo y Mariato en Veraguas áreas de reserva minera. Todas estas medidas son un avance importante por lograr detener el desarrollo depredador, sin embargo, las comunidades afectadas y la ciudadanía precisa de mecanismos que constituyan un eje institucional del Estado para democratizar progresivamente las decisiones en materia ambiental, para asegurar una base realmente sustentable del desarrollo económico y social. 

Estas acciones no han estado libres de confrontaciones con los medios de coerción social como la policía, la justicia regular y las restricciones al acceso legítimo a los servicios básicos y bienes públicos evidenciando la existencia de un verdadero conflicto socioambiental de las comunidades y ciudadanía contra disposiciones estatales que afectan sus derechos más elementales consagrados en la constitución vigente.

El contexto actual hace impostergable la ejecución de la propuesta que las comunidades afectadas del país, organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas hemos construido, la cual fija puntos concretos de solución dentro de los cuales se inscriben cambios a las leyes de ambiente en su aspectos de evaluación ambiental y en la dimensión de la información científica ambiental y de las escalas socioecológicas, fundando los principios para la construcción del desarrollo sustentable desde las comunidades al gobierno local, y de éste, al gobierno central del Estado.

CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES Y ESTADO DE DERECHO

Un Estado de Derecho supone la limitación del ejercicio de la administración pública frente a los ciudadanos, orientado por los principios de legalidad en sentido amplio,  separación y equilibrio de poderes, con el principio-objetivo superior de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales inherentes a todo ser humano, anteriores y superiores a la idea del Estado y exigibles frente a toda forma de poder.

El desarrollo de la doctrina de los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, ha superado el catálogo básico de derechos civiles y políticos (vida, igualdad, libertad, debido proceso) para extenderse a los derechos económicos, sociales y culturales (trabajo, salud, seguridad social, educación), hasta los derechos colectivos  (autodeterminación de los pueblos, paz, desarrollo y el derecho a un ambiente sano).

Reconociendo la existencia humana dentro de un plano objetivo, donde la naturaleza alimenta los procesos culturales en el proceso de transformación del entorno, el derecho a un ambienta sano y la solución de los problemas ecológicos se presenta como materialmente fundamental para sustentar un desarrollo que permita la vida digna y la vigencia de todos los demás derechos.

Sin embargo, en el manejo de situaciones de conflicto socioambiental, son de importancia  los mensajes enviados a través de las conductas y  acciones de los representantes del Estado, las cuales  pueden catalogarse como casos de:

-          violación al derecho a la vida en condiciones dignas, con la destrucción de viviendas y cultivos, amenazas al acceso al agua necesaria para el consumo humano y la producción de alimentos, destrucción de formas sociales basadas en la relación con la tierra, la espiritualidad y la cultura mediante la ocupación y desplazamiento forzado de las poblaciones.

-          violación al derecho a la autodeterminación de los pueblos, especialmente pueblos con patrones socioculturales definidos en relación directa con el entorno ambiental.

-          violación al derecho de propiedad, de residencia e inviolabilidad del domicilio.

-          violación al derecho a la información sobre la realización de los proyectos y sus efectos, sobre su necesidad y conveniencia para el país.

-          violación al derecho de pensamiento, expresión, circulación, reunión, asociación y protesta pacífica, como lo demuestra la práctica de constante hostigamiento, persecución y uso excesivo de la fuerza ante todo cuestionamiento.

-          violación al debido proceso (detenciones sin sustento legal por más del tiempo permitido, parcialidad de las autoridades, negación de asistencia jurídica, del derecho a la defensa y la presunción de inocencia, ausencia de intérpretes en los casos necesarios,  retardo injustificado)

Además el Estado panameño incurre en prácticas cuestionables al utilizar el concepto de interés social y público en forma arbitraria por vías no establecidas en nuestro ordenamiento, sin siquiera presentar argumentos que comprueben o hagan suponer un beneficio común o utilidad pública sobre los intereses particulares, como justificación de actos abiertamente antidemocráticos y violatorios de los derechos humanos individuales y de los pueblos

Por su parte el orden público es condición necesaria para el ejercicio de los derechos fundamentales, difícilmente puede ser entonces argumentado para criminalizar a priori el ejercicio del derecho a la protesta y exigir el allanamiento de los ciudadanos a órdenes contradictorias con la esencia del ordenamiento en materia de derechos humanos de la más alta jerarquía ética y jurídica, ratificados por el país y reconocidos como mínimos y no excluyentes.

Tampoco la mera legalidad de un acto determinado tiene mayor valor que la dignidad humana ni el objetivo de justicia que debe imperar en el derecho,  ni debe servir para amparar lo dudoso, inmoral o ilegítimo en la estructura de la ley formal o en argumentos legalistas. No podemos concederle a la ley un valor absoluto sin someterla al juicio de la razón.

La historia demuestra que la lucha permanente de la humanidad por el reconocimiento y la vigencia de los derechos que se le demuestran esenciales siempre se ha manifestado como una resistencia legítima al orden establecido de hecho o de derecho, causada por aquello que en el mismo se percibe como abuso del poder.

Someter a la competencia de varias instituciones la responsabilidad de un mismo bien, la inacción de las autoridades responsables de la gestión ambiental, de la investigación judicial y de los propios tribunales de justicia ante las acciones interpuestas para la tutela de los derechos fundamentales por los medios dispuestos en nuestro ordenamiento mientras las obras prosiguen afectando el bien jurídico a proteger, también son prácticas gubernamentales cuestionables.

Respecto a la tierra y los pueblos indígenas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha destacado la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado y, por lo tanto, su posibilidad de acceder a medios para obtener alimento y agua limpia. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos es del criterio que “la significación especial que la tierra tiene para los pueblos indígenas en general, y para la Comunidad […] en particular […], implica que toda denegación al goce o ejercicio de los derechos territoriales acarrea el menoscabo de valores muy representativos para los miembros de dichos pueblos, quienes corren el peligro de perder o sufrir daños irreparables en su vida e identidad cultural y en el patrimonio cultural a transmitirse a las futuras generaciones ” (Caso Comunidad Indígena Yakye Axa).

El Estado panameño declara entre los valores supremos de su ordenamiento, la democracia, la institucionalidad, la dignidad humana, la justicia social y el bienestar general, los cuales deben desarrollarse en las leyes, reglamentos y en toda actuación de los servidores públicos.

El compromiso ineludible de las autoridades legislativas de desarrollar leyes acordes con tales valores rectores, de las autoridades administrativas de cumplirlas y hacerlas cumplir efectivamente, pero sobre todo de las autoridades judiciales de interpretar correctamente el contenido y espíritu de la norma considerando las especificidades de cada situación concreta, para vigilar el cumplimiento y sancionar su violación, constituyen obligaciones fundamentales para la vigencia de un Estado de Derecho, realmente democrático y respetuoso de la dignidad humana, requisitos para considerar un gobierno legítimo y solicitar la conservación de un  orden público de igual calidad.

Una democracia real supone participación en igualdad evidenciada no en el discurso sino en condiciones objetivas, y aunque hayamos tomado la forma de democracia representativa hay que aclarar una relación básica: el poder público sólo emana del pueblo, no es el ciudadano quien ejerce indirectamente la soberanía del Estado por medio de sus representantes electos. Es por el contrario, el cuerpo de representantes quien ejerce por delegación, la soberanía de todos y cada uno de los ciudadanos a la cual nunca deben dejar de estar sometidos ni libres de responsabilidad por sus actuaciones.

NUESTROS OBJETIVOS

Expresada la situación existente, sus causas y consecuencias, así como su incompatibilidad con un modelo amplia y profundamente democrático de convivencia social, con justicia social y respeto integral de los derechos humanos individuales y colectivos, presentamos a continuación nuestras peticiones:

  1. Acorde con el objetivo de declarar y asegurar el derecho humano al agua, exigir el cese inmediato y definitivo de todos los proyectos hidroeléctricos, de exploración y explotación minera, de procesamiento de hidrocarburos y  desarrollo de turismo residencial, por afectar las condiciones de vida de la población y los ecosistemas que la sustentan, sin aportar beneficios comparables para las comunidades, los municipios y el Estado.
  2. Exigir el cese inmediato del hostigamiento a las comunidades y la violación de derechos fundamentales, así como exigir la reparación a los daños causados a los moradores mediante el uso ilegítimo de la fuerza pública tras la declaración de interés social y público por vías no establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, así como la indemnización a las comunidades kuna y emberá de Bayano que llevan 30 años reclamando sus legítimos derechos.
  3. Impulsar, como fundamental para el desarrollo de políticas públicas, el sistema de información ambiental y sociocultural que ofrezcan sustento científico a la elaboración de políticas públicas en general, garantizando mecanismos de participación ciudadana reales y permanentes, considerando las relaciones de la totalidad de los ecosistemas.
  4. En materia ambiental específicamente, exigir la realización de una evaluación ambiental estratégica sobre el  impacto acumulado que tendrán todos estos proyectos dentro de la capacidad de carga del país, así como un debate sobre su necesidad y conveniencia como país.
  5. Abrir una mesa de debate participativo, en igualdad de condiciones para todos los sectores, para la construcción de políticas sociales, ambientales, energéticas y de desarrollo turístico, y la revisión de toda la normativa relacionada.
  6. Hacer efectivo el derecho a la información y la consulta para la toma de decisiones respecto a las comunidades, con conocimiento previo de los proyectos y consentimiento libre sin uso o amenaza de uso de la fuerza.
  7. Exigir la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes por parte del Estado panameño, así como el desarrollo de una ley marco indígena en consonancia con el citado acuerdo y  con los principios derivados de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
  8. Exigir la destitución inmediata de Ligia Castro y Eduardo Reyes de la Autoridad Nacional del Ambiente, y de Víctor Urrutia de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos.

No queremos que el desarrollo económico que debiera conducir al mejoramiento de las condiciones  de vida de la población continúe destruyendo la paz, el bienestar y la vida de las personas.  Por eso decimos con fuerza y con firmeza:

Sí a la vida y al ambiente, no al desarrollo depredador

No a la corrupción y a los negociados, Sí al desarrollo Humano integral.

DERECHOS HUMANOS- UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

CEMCODE

ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO

FRENTE UNIDO EN DEFENSA DEL ECOSISTEMA (FUDECO)

FUNDACIÓN NASO TJER DI

MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS DEL ARCHIPIÉLAGO DE BOCAS DEL TORO

OILWATCH PANAMA

ASOCIACIÓN CULTURAL DEL ISTMO

COLECTIVO RESISTENCIA ECOLÓGICA

ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA DE CHIRIQUÍ

COMITÉ DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA EN GUALACA

ASOCIACIÓN PRO DEFENSA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS (BOQUETE)

MOVIMIENTO CAMPESINO EN DEFENSA DEL RÍO COBRE (MOCAMDERCO)

MOVIMIENTO DE DEFENSA DE LAS TIERRAS Y AGUAS DEL RIO CAÑAZAS

MOVIMIENTO EN CONTRA DE REAPERTURA DE MINA DE SANTA ROSA CAÑAZAS

COMITÉ PRO DEFENSA DEL RIO FONSECA

COLIBRÍ ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE PANAMA

COMISIÓN NGOBE BUGLÉ- PLAN DE CHORCHA- DISTRITO BESIGÓ

ORGANIZACIÓN DE SINDICATO INDUSTRIAS Y DERIVADOS AGROPECUAROS DE TIERRAS ALTAS

MOVIMIENTO 4 DE MARZO DEL RIO CHANGUINOLA

MOVIMIENTO 10 DE ABRIL DE TABASARÁ

COMITÉ SÍ A LA VIDA

ORGANIZACIÓN CULTURAL NGOBE BUGLÉ

MOVIMIENTO AMBIENTAL NGOBE BUGLÉ

FRENTE SANTEÑO

COMITÉ PRO DEFENSA DEL RÍO GATÚ, VERAGUAS

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