Cerro Canajagua de Azuero en Peligro

RESERVA FORESTAL. En la cordillera nacen unas 160 cuencas hídricas.

Un Canajagua depredado

Cerro Canajagua en Azuero, Provincia de Los Santos, Panamá

Cerro Canajagua en Azuero, Provincia de Los Santos, Panamá. Foto: http://www.skyscrapercity.com

Esta zona boscosa es una de las más importantes de la región de Azuero. Sirve de refugio a la fauna silvestre.

La flora está integrada por nísperos, caoba, cedro espino, madroño, espavé, roble, panamá.

ESPECIAL PARA LA PRENSA/Alcibiades Cortés
AMENAZA. En el cerro frecuentemente se escucha el ruido de motosierras cortando árboles, y los fines de semana hay disparos de cazadores furtivos. Además, en época de verano se registran muchos incendios.

Alcibiades Cortés
CANAJAGUA, Los Santos

Las más de 3 mil hectáreas de montaña virgen de la Reserva Forestal Cerro Canajagua, que hasta mediados del pasado siglo fueron sembradas de cafetales por los campesinos santeños, hoy están reducidas a 300 hectáreas de bosques variados y amenazadas por la tala y quema en la región.

Ubicado entre los distritos de Las Tablas, Macaracas y Guararé, en la provincia de Los Santos, el macizo del Canajagua fue declarado reserva forestal, animal, fluvial y parque nacional –con un área de 3 mil hectáreas– mediante el Acuerdo Municipal No. 22 de estos municipios, aprobado el 31 de julio de 1970.

En esa cordillera nacen unas 160 cuencas hídricas entre quebradas y riachuelos, además de los ríos Guararé, Oria, Estibaná y Cacao, que abastecen el área agrícola de la zona baja de la provincia de Los Santos.

Recientemente, Basilio Pérez, miembro del grupo ecológico el Colmón de Macaracas, en un recorrido por el área del cerro en mención registró solo 300 hectáreas de bosque.

También observó más de 3 mil hectáreas de tierra de la reserva convertidas en potreros, luego de la tala y quema indiscriminada que ha destruido la montaña virgen de la zona desde hace más de tres décadas.

La depredación de esta reserva, ubicada a 830 metros sobre el nivel del mar, ha traído como consecuencia que –durante los veranos– en la cima de esta se sientan fuertes brisas, debido que no hay árboles en la falda del cerro que funcionen como cortina natural.

Otro problema ecológico que se da en ese sector protegido es el exterminio de varias especies silvestres, como el venado, el conejo pintao, la paisana, entre otros, tras la incursión de bandas de cazadores furtivos.

Con relación a este tema, Dimas Alonso, representante de Bayano, distrito de Las Tablas, pidió a la administradora de la Autoridad Nacional (Anam), Ligia Castro, en una reunión del concejo provincial de coordinación de Los Santos, un inventario ecológico de esta reserva.

Según Alonso, la Anam debe hacer esta investigación para saber la cantidad de especies que necesitan protección y tener guardaparques en la región para evitar la caza.

En la actualidad, cazadores amparados en la Ley 39 –que reglamenta la caza deportiva de animales– están acabando con la vida silvestre en la zona, reconoció el funcionario.

A cada momento se escuchan motosierras cortando árboles durante los fines de semana, disparos de cazadores furtivos, y en la época de verano hay cantidades de incendios.

Por su parte, Ligia Castro, administradora de la Anam, señaló que en la comunidad santeña ha despertado la conciencia por la defensa y protección del medio ambiente.

A los señalamientos de la actividad ilegal de cazadores furtivos en la reserva del Canajagua, Castro adelantó que se elabora la reglamentación de la Ley 39 –relacionada con la caza de animales– que restringirá la actividad.

Además, garantizó gestionar los fondos para hacer el estudio de las especies en esta región protegida, mientras que se trabaja en planes de reforestación de esta área y las cuencas hídricas de la provincia.

El cerro despierta interés desde la década de 1970

En el cerro Canajagua nacen los ríos Estivaná, donde está ubicada la toma de la potabilizadora de Llano de Piedra, y en la del río Cacao está la nueva toma de la potabilizadora de Macaracas que beneficia a 4 mil 585 residentes, según el Censo de Población y Vivienda de 2000.

El cerro Canajagua despierta interés desde la década de 1970 cuando se convierte en un sitio de preferencia por el Gobierno y las empresas de comunicación, quienes instalan allí sus antenas repetidoras o torres de comunicación.

Alrededor de 200 equipos de comunicación para buscapersonas, radioaficionados, troncales, antenas y radio están instaladas en la zona, según se comprobó en un recorrido que se hizo por el lugar.

En la cima del cerro, algunas personas pudientes han construido su casa de campo, por lo agradable del clima.

Solicitan cese al desarrollo depredador de vida, aguas y tierras

A continuación Burica Press, reproduce la solicitud que hacen los grupos indígenas, campesinos y ecologistas al gobierno de Martín Torrijos, al cual personalmente quieren que escuche esta posición y proponga un cese de este este estilo de desarrollo que tanto les afecta ambiental y socialmente.

INTRODUCCIÓN

El progreso de un país se fundamenta en el desarrollo humano integral a través del desempeño equilibrado de factores económicos, sociales y culturales, dirigidos por políticas públicas que regulan las relaciones entre la esfera estatal, pública y privada, y fundamentalmente, de todas estas esferas de la acción humana con los sistemas ecológicos.

El diseño de tales políticas en un sistema democrático ha de gestionarse a partir del conocimiento científico de la realidad ambiental y sociocultural, la participación decisiva de actores sociales, el respeto a la diversidad humana y la conciencia de las implicaciones que tienen su aplicación o no, sobre el ambiente que sustenta todas las formas de vida; con mecanismos de fiscalización y evaluación de iguales características que permitan su ajuste progresivo a nuevas realidades.

Hoy en día, nuestro desempeño macroeconómico como país se califica como notable, pero cuestionable en sus efectos sobre la dinámica social y cultural, así como desde la perspectiva ambiental, al implicar la afectación directa o indirecta de los ecosistemas y específicamente de las comunidades humanas que tradicionalmente han formado parte de los mismos, originando un creciente número de conflictos socio-ambientales en todo el país, destacando aquellos ocasionados por la ejecución de proyectos mineros; de turismo residencial y de materia energética como el procesamiento de hidrocarburos y generación hidroeléctrica.

Los problemas ecológicos tienen que ver con todos los seres humanos sin distinción. La destrucción del equilibrio de nuestros ecosistemas significa no sólo la destrucción de la actividad de uno u otro sector social o especie, sino también de la sociedad humana en su conjunto y la vida en general. Sin embargo, la conciencia de los problemas ecológicos en los seres humanos, en sus unidades sociales y políticas como la comunidad y el Estado está llena de conflictos de intereses.

La toma de conciencia de lo antes descrito se le denomina conciencia cívico ambiental. Es decir, cuando un ser humano es consciente de que el problema ecológico no es solamente un problema de sus acciones para proteger el ambiente, sino las del conjunto de la sociedad que le rodea y cómo ésta se organiza, los grupos de interés existentes y sobre todo, cómo el ejercicio de su ciudadanía organizada puede hacer cambios institucionales reales (jurídico-políticos) en el Estado y la sociedad; a esto se le denomina ciudadanía ambiental.


Surge entonces la pregunta: ¿Es posible conciliar los intereses de ambas partes? ¿Qué papel juega el Estado en todo este conflicto?

LOS HECHOS

Las políticas del Estado panameño en materia energética, minera y de turismo residencial se han constituido en generadoras de conflictos socio-ambientales.

El Estado dispone libremente de los recursos naturales y culturales sin sistemas de información sociocultural y ambiental que sustenten científicamente las políticas en materia social, ambiental y energética, sin visión a largo plazo y sin considerar las relaciones entre la totalidad de los ecosistemas, es decir, en ausencia de una evaluación ambiental estratégica que permita definir la capacidad de carga del país y el efecto ambiental acumulado de todos los proyectos sobre la totalidad de la escala socio-ecológica del país, y si es viable continuar con un modelo cuantitativo y centralizado que se apoya en procesos conflictivos en torno a comunidades distantes, sin mayor participación libre y directa de toda la ciudadanía en el diseño, aplicación, fiscalización y evaluación de políticas públicas que afectan profundamente sus formas de vida.

Tenemos un sistema legal-institucional altamente deficiente para hacer valer los derechos de los ciudadanos hacia la construcción de un desarrollo sustentable, el cual es posible sólo desde abajo hacia arriba. No existen mecanismos legales que den poder efectivo de decisión a las comunidades y gobiernos locales para la realización o no de los proyectos.

Esta situación genera un país socio-ambientalmente fragmentado, sin sistematización entre los impactos que soportan nuestros ecosistemas y la interrelación con comunidades y ciudadanos que dependen de ellos. Por ejemplo, al observar los proyectos hidroeléctricos, las concesiones mineras, la construcción de infraestructura turística de impacto sobre nuestras costas, los proyectos de trasiego y almacenamiento de hidrocarburos; todos presentados a la opinión  pública como formulas de desarrollo, tenemos un mapa del país con todas sus zonas ambientales  estratégicas y sus interrelaciones entre sí y las comunidades humanas totalmente desarticuladas.

Tales insuficiencias institucionales y legales quedan demostradas en la aceptación “condicionada” de estudios de impacto ambiental, a manera de simple requisito formal pero carentes de elementos clave para cumplir su objetivo de determinar las implicaciones de un proyecto en base a toda la información existente y determinar su viabilidad y las respectivas medidas de mitigación, como se ha dado por ejemplo en los proyectos de generación hidroeléctrica en el Río Changuinola, los cuales avanzan sin tener inventarios de flora y fauna, sin estudios socioeconómicos que determinen la población afectada a ser reubicada, ni inventarios arqueológicos.

También es práctica común extender los plazos para la presentación de los mismos estudios por las compañías a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, volviendo ilusoria la importancia de  los términos establecidos, como ocurrió en 5 ocasiones en el proyecto hidroeléctrico en Río Cobre.

La falta de planificación está causando desplazamientos forzados de las comunidades sin una entidad oficial responsable del reasentamiento de la población y el cumplimiento integral de las obligaciones de la empresa privada de cara al respeto a los derecho humanos de los afectados, originando barriadas marginales, sin condiciones mínimas para la existencia humana digna y la conservación de sus formas de vida, como ha ocurrido en el proyecto hidroeléctrico Chan 75 y en los proyectos de turismo residencial en el archipiélago de Bocas del Toro.

No existe claridad en la definición de los territorios indígenas, dentro de los cuales se realizan muchos de los proyectos en cuestión, no se ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas ni se ha creado una ley marco sobre pueblos indígenas que desarrolle los principios constitucionales de protección de estos pueblos ni aquellos aceptados internacionalmente con la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, dejando en práctica indefensión y vulnerabilidad estas comunidades históricamente excluidas.

Tampoco han sido reconocidos los derechos sobre las tierras de otras comunidades tradicionales, dadas en concesión a empresas privadas que avanzan en base a la intimidación, persecución y violencia ejercida directamente por la Fuerza Pública, la cual es utilizada para proteger los bienes de las empresas y violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como lo demuestran los casos de las comunidades de Charco La Pava y Valle del Risco en Bocas del Toro, así como las afectadas por los proyectos de Rió Cobre y Tabasará.

Todo esto en momentos que la demanda nacional de energía así como su proyección a un futuro razonable es superada con creces por la capacidad instalada actualmente y aquella que ya está en proceso de adicionarse, evidenciando la falsedad del argumento de la urgencia para el país del desarrollo de proyectos de generación de energía. Además la mayor parte de esta demanda es generada por el sector servicios dentro de limitados y específicos perímetros de la zona de tránsito interoceánico, no por el ciudadano común, mucho menos por aquel que recibe directamente el impacto negativo de la realización de proyectos destinados a mantener un  modelo irracional de consumo.

En cuanto a la explotación minera, se ha reactivado debido al alza en los mercados internacionales de los metales sin importar las afectaciones demostradas reiteradamente sobre la salud de los seres humanos y animales, la disponibilidad y calidad de las aguas, la capacidad productiva de la tierra, la calidad del aire; además de sus efectos destructivos sobre relaciones sociales y económicas tradicionalmente sustentables, y sobre la posibilidad de ejecutar otras formas de desarrollo de carácter democrático, participativo y sustentable.

En definitiva, las comunidades están siendo afectadas en sus condiciones de existencia por el exagerado énfasis en los indicadores macroeconómicos, la superficialidad en el tratamiento de los asuntos sociales, culturales, ambientales, y finalmente, la subordinación de las políticas en estas materias a los resultados de la política económica, sin existir una conexión coherente que relacione unas con otras  hacia el bienestar colectivo, viéndose obligadas a resistir la ejecución de proyectos desde su propia organización, dado el estado de indefensión legal e institucional frente a la predominancia de las políticas que regulan el desarrollo de la base económica de la sociedad.

Las comunidades se han movilizado y logrado importantes precedentes en el ámbito de los gobiernos locales, como lo señalan los acuerdos municipales que declaran zona de reserva minera el territorio de los distritos de Soná, Tonosí y Macaracas, así como el intercambio constante de experiencias y conocimientos con otros pueblos que mantienen la lucha ante el acoso de empresas privadas con apoyo gubernamental.

En la Asamblea Nacional de Diputados también avanza el proyecto de Ley 352 que declara los distritos de Soná, Las Palmas, Río de Jesús, Montijo y Mariato en Veraguas áreas de reserva minera. Todas estas medidas son un avance importante por lograr detener el desarrollo depredador, sin embargo, las comunidades afectadas y la ciudadanía precisa de mecanismos que constituyan un eje institucional del Estado para democratizar progresivamente las decisiones en materia ambiental, para asegurar una base realmente sustentable del desarrollo económico y social. 

Estas acciones no han estado libres de confrontaciones con los medios de coerción social como la policía, la justicia regular y las restricciones al acceso legítimo a los servicios básicos y bienes públicos evidenciando la existencia de un verdadero conflicto socioambiental de las comunidades y ciudadanía contra disposiciones estatales que afectan sus derechos más elementales consagrados en la constitución vigente.

El contexto actual hace impostergable la ejecución de la propuesta que las comunidades afectadas del país, organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas hemos construido, la cual fija puntos concretos de solución dentro de los cuales se inscriben cambios a las leyes de ambiente en su aspectos de evaluación ambiental y en la dimensión de la información científica ambiental y de las escalas socioecológicas, fundando los principios para la construcción del desarrollo sustentable desde las comunidades al gobierno local, y de éste, al gobierno central del Estado.

CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES Y ESTADO DE DERECHO

Un Estado de Derecho supone la limitación del ejercicio de la administración pública frente a los ciudadanos, orientado por los principios de legalidad en sentido amplio,  separación y equilibrio de poderes, con el principio-objetivo superior de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales inherentes a todo ser humano, anteriores y superiores a la idea del Estado y exigibles frente a toda forma de poder.

El desarrollo de la doctrina de los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, ha superado el catálogo básico de derechos civiles y políticos (vida, igualdad, libertad, debido proceso) para extenderse a los derechos económicos, sociales y culturales (trabajo, salud, seguridad social, educación), hasta los derechos colectivos  (autodeterminación de los pueblos, paz, desarrollo y el derecho a un ambiente sano).

Reconociendo la existencia humana dentro de un plano objetivo, donde la naturaleza alimenta los procesos culturales en el proceso de transformación del entorno, el derecho a un ambienta sano y la solución de los problemas ecológicos se presenta como materialmente fundamental para sustentar un desarrollo que permita la vida digna y la vigencia de todos los demás derechos.

Sin embargo, en el manejo de situaciones de conflicto socioambiental, son de importancia  los mensajes enviados a través de las conductas y  acciones de los representantes del Estado, las cuales  pueden catalogarse como casos de:

          violación al derecho a la vida en condiciones dignas, con la destrucción de viviendas y cultivos, amenazas al acceso al agua necesaria para el consumo humano y la producción de alimentos, destrucción de formas sociales basadas en la relación con la tierra, la espiritualidad y la cultura mediante la ocupación y desplazamiento forzado de las poblaciones.

          violación al derecho a la autodeterminación de los pueblos, especialmente pueblos con patrones socioculturales definidos en relación directa con el entorno ambiental.

          violación al derecho de propiedad, de residencia e inviolabilidad del domicilio.

          violación al derecho a la información sobre la realización de los proyectos y sus efectos, sobre su necesidad y conveniencia para el país.

          violación al derecho de pensamiento, expresión, circulación, reunión, asociación y protesta pacífica, como lo demuestra la práctica de constante hostigamiento, persecución y uso excesivo de la fuerza ante todo cuestionamiento.

          violación al debido proceso (detenciones sin sustento legal por más del tiempo permitido, parcialidad de las autoridades, negación de asistencia jurídica, del derecho a la defensa y la presunción de inocencia, ausencia de intérpretes en los casos necesarios,  retardo injustificado)

Además el Estado panameño incurre en prácticas cuestionables al utilizar el concepto de interés social y público en forma arbitraria por vías no establecidas en nuestro ordenamiento, sin siquiera presentar argumentos que comprueben o hagan suponer un beneficio común o utilidad pública sobre los intereses particulares, como justificación de actos abiertamente antidemocráticos y violatorios de los derechos humanos individuales y de los pueblos

Por su parte el orden público es condición necesaria para el ejercicio de los derechos fundamentales, difícilmente puede ser entonces argumentado para criminalizar a priori el ejercicio del derecho a la protesta y exigir el allanamiento de los ciudadanos a órdenes contradictorias con la esencia del ordenamiento en materia de derechos humanos de la más alta jerarquía ética y jurídica, ratificados por el país y reconocidos como mínimos y no excluyentes.

Tampoco la mera legalidad de un acto determinado tiene mayor valor que la dignidad humana ni el objetivo de justicia que debe imperar en el derecho,  ni debe servir para amparar lo dudoso, inmoral o ilegítimo en la estructura de la ley formal o en argumentos legalistas. No podemos concederle a la ley un valor absoluto sin someterla al juicio de la razón.

La historia demuestra que la lucha permanente de la humanidad por el reconocimiento y la vigencia de los derechos que se le demuestran esenciales siempre se ha manifestado como una resistencia legítima al orden establecido de hecho o de derecho, causada por aquello que en el mismo se percibe como abuso del poder.

Someter a la competencia de varias instituciones la responsabilidad de un mismo bien, la inacción de las autoridades responsables de la gestión ambiental, de la investigación judicial y de los propios tribunales de justicia ante las acciones interpuestas para la tutela de los derechos fundamentales por los medios dispuestos en nuestro ordenamiento mientras las obras prosiguen afectando el bien jurídico a proteger, también son prácticas gubernamentales cuestionables.

Respecto a la tierra y los pueblos indígenas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha destacado la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado y, por lo tanto, su posibilidad de acceder a medios para obtener alimento y agua limpia. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos es del criterio que “la significación especial que la tierra tiene para los pueblos indígenas en general, y para la Comunidad […] en particular […], implica que toda denegación al goce o ejercicio de los derechos territoriales acarrea el menoscabo de valores muy representativos para los miembros de dichos pueblos, quienes corren el peligro de perder o sufrir daños irreparables en su vida e identidad cultural y en el patrimonio cultural a transmitirse a las futuras generaciones ” (Caso Comunidad Indígena Yakye Axa).

El Estado panameño declara entre los valores supremos de su ordenamiento, la democracia, la institucionalidad, la dignidad humana, la justicia social y el bienestar general, los cuales deben desarrollarse en las leyes, reglamentos y en toda actuación de los servidores públicos.

El compromiso ineludible de las autoridades legislativas de desarrollar leyes acordes con tales valores rectores, de las autoridades administrativas de cumplirlas y hacerlas cumplir efectivamente, pero sobre todo de las autoridades judiciales de interpretar correctamente el contenido y espíritu de la norma considerando las especificidades de cada situación concreta, para vigilar el cumplimiento y sancionar su violación, constituyen obligaciones fundamentales para la vigencia de un Estado de Derecho, realmente democrático y respetuoso de la dignidad humana, requisitos para considerar un gobierno legítimo y solicitar la conservación de un  orden público de igual calidad.

Una democracia real supone participación en igualdad evidenciada no en el discurso sino en condiciones objetivas, y aunque hayamos tomado la forma de democracia representativa hay que aclarar una relación básica: el poder público sólo emana del pueblo, no es el ciudadano quien ejerce indirectamente la soberanía del Estado por medio de sus representantes electos. Es por el contrario, el cuerpo de representantes quien ejerce por delegación, la soberanía de todos y cada uno de los ciudadanos a la cual nunca deben dejar de estar sometidos ni libres de responsabilidad por sus actuaciones.

NUESTROS OBJETIVOS

Expresada la situación existente, sus causas y consecuencias, así como su incompatibilidad con un modelo amplia y profundamente democrático de convivencia social, con justicia social y respeto integral de los derechos humanos individuales y colectivos, presentamos a continuación nuestras peticiones:

  1. Acorde con el objetivo de declarar y asegurar el derecho humano al agua, exigir el cese inmediato y definitivo de todos los proyectos hidroeléctricos, de exploración y explotación minera, de procesamiento de hidrocarburos y  desarrollo de turismo residencial, por afectar las condiciones de vida de la población y los ecosistemas que la sustentan, sin aportar beneficios comparables para las comunidades, los municipios y el Estado.
  2. Exigir el cese inmediato del hostigamiento a las comunidades y la violación de derechos fundamentales, así como exigir la reparación a los daños causados a los moradores mediante el uso ilegítimo de la fuerza pública tras la declaración de interés social y público por vías no establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, así como la indemnización a las comunidades kuna y emberá de Bayano que llevan 30 años reclamando sus legítimos derechos.
  3. Impulsar, como fundamental para el desarrollo de políticas públicas, el sistema de información ambiental y sociocultural que ofrezcan sustento científico a la elaboración de políticas públicas en general, garantizando mecanismos de participación ciudadana reales y permanentes, considerando las relaciones de la totalidad de los ecosistemas.
  4. En materia ambiental específicamente, exigir la realización de una evaluación ambiental estratégica sobre el  impacto acumulado que tendrán todos estos proyectos dentro de la capacidad de carga del país, así como un debate sobre su necesidad y conveniencia como país.
  5. Abrir una mesa de debate participativo, en igualdad de condiciones para todos los sectores, para la construcción de políticas sociales, ambientales, energéticas y de desarrollo turístico, y la revisión de toda la normativa relacionada.
  6. Hacer efectivo el derecho a la información y la consulta para la toma de decisiones respecto a las comunidades, con conocimiento previo de los proyectos y consentimiento libre sin uso o amenaza de uso de la fuerza.
  7. Exigir la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes por parte del Estado panameño, así como el desarrollo de una ley marco indígena en consonancia con el citado acuerdo y  con los principios derivados de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
  8. Exigir la destitución inmediata de Ligia Castro y Eduardo Reyes de la Autoridad Nacional del Ambiente, y de Víctor Urrutia de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos.

No queremos que el desarrollo económico que debiera conducir al mejoramiento de las condiciones  de vida de la población continúe destruyendo la paz, el bienestar y la vida de las personas.  Por eso decimos con fuerza y con firmeza:

Sí a la vida y al ambiente, no al desarrollo depredador

No a la corrupción y a los negociados, Sí al desarrollo Humano integral.

DERECHOS HUMANOS- UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

CEMCODE

ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO

FRENTE UNIDO EN DEFENSA DEL ECOSISTEMA (FUDECO)

FUNDACIÓN NASO TJER DI

MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS DEL ARCHIPIÉLAGO DE BOCAS DEL TORO

OILWATCH PANAMA

ASOCIACIÓN CULTURAL DEL ISTMO

COLECTIVO RESISTENCIA ECOLÓGICA

ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA DE CHIRIQUÍ

COMITÉ DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA EN GUALACA

ASOCIACIÓN PRO DEFENSA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS (BOQUETE)

MOVIMIENTO CAMPESINO EN DEFENSA DEL RÍO COBRE (MOCAMDERCO)

MOVIMIENTO DE DEFENSA DE LAS TIERRAS Y AGUAS DEL RIO CAÑAZAS

MOVIMIENTO EN CONTRA DE REAPERTURA DE MINA DE SANTA ROSA CAÑAZAS

COMITÉ PRO DEFENSA DEL RIO FONSECA

COLIBRÍ ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE PANAMA

COMISIÓN NGOBE BUGLÉ- PLAN DE CHORCHA- DISTRITO BESIGÓ

ORGANIZACIÓN DE SINDICATO INDUSTRIAS Y DERIVADOS AGROPECUAROS DE TIERRAS ALTAS

MOVIMIENTO 4 DE MARZO DEL RIO CHANGUINOLA

MOVIMIENTO 10 DE ABRIL DE TABASARÁ

COMITÉ SÍ A LA VIDA

ORGANIZACIÓN CULTURAL NGOBE BUGLÉ

MOVIMIENTO AMBIENTAL NGOBE BUGLÉ

FRENTE SANTEÑO

COMITÉ PRO DEFENSA DEL RÍO GATÚ, VERAGUAS

Las carpas ambientales y sociales de la lucidez

EL MALCONTENTO.

Las carpas de la lucidez

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Acostumbrado a convivir con el pesimismo, uno está desarmado contra las buenas cosas. Bueno, no desarmado, pero sí con las antenas plegadas, desacostumbrado a llevarme sorpresas positivas de esas que me hacen apartar los nubarrones y ver por unos minutitos el sol. Menos aún, cuando las buenas nuevas aparecen fantasmales, en la noche, sin avisar.

Plaza Catedral, donde casi todo confluye aunque casi nadie vaya. Los robocops del SPI, las verjas miedosas del poder, el poder amedrentador de la iglesia, las vallas de los proyectos inmobiliarios de mentira, y los estragos de los de verdad que dejan patrimonio reducido a tres paredes, los dueños de la calle que no tienen nada, y los que divagan en las calles sin nada que hacer en sus casas, el museo de la historia que nos gusta recordar y los edificios que acogen a los políticos sin memoria…

Plaza Catedral es como el centro de la desigualdad y la periferia de la Panamá de vidrio y mentira. Allí, en la noche, como espectros en carpa, me encontré a estudiantes y campesinos que protestaban contra la devastación natural de sus tierras, de sus historias, contra el desarrollo de mal rollo, contra la sordera de los gobernantes que solo representan a inversores y no a los moradores.

Y pensé en la necesidad de darles un premio, un reconocimiento a la inteligencia porque han ejercido su ciudadanía de manera hábil, digna y festiva. En un país donde se demonizan los movimientos sociales, donde se les ve agresivos y salvajes, es emocionante presenciar una protesta cívica no violenta, propositiva, con la paciencia de quien viene de la tierra y sabe que vuelve a la tierra.

Claro que se ha vendido desde el punto de vista folclórico. Los medios de comunicación han mostrado fotos de niños indígenas durmiendo en la calle, de mujeres cocinando… pocos análisis de fondo, poco destaque al hecho de que el Gobierno, que se sienta con el primero que tire piedras y rompa vidrios, mandó al dúo “antimedioambiental” (Castro–Arosemena) a hablar con estas gentes, nada más: buenas y vacías palabras que terminarán en hidroeléctricas o minas plantadas en sus territorios.

Hablamos del mismo gobierno que está permitiendo que la mina de Petaquilla abra una herida lacerante en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, hablamos del gabinete de los pescadores deportivos de lujo, del que hace negocio para que personajes sombríos hagan el oleoducto que faltaba para enfangar Taboga, nos referimos al mismo gobierno que está permitiendo la construcción indiscriminada sin reglas ni sentido, los administradores del país que le regalan metros de mar y de privacidad al hotel Miramar o al Club de Yates… ese gobierno era el interlocutor de estos manifestantes y eso es injusto.

Es algo parecido como a poner en la misma mesa a un ciervo y a un león. Sin embargo, la dignidad de estos manifestantes me conmovió. No es que tenga la lágrima fácil, ya expliqué que mi pesimismo existencial es un antídoto contra romanticismos “facilongos”.

Creo que son un ejemplo y un síntoma a la vez. Un ejemplo de lo que se debe hacer y un síntoma de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que hay un divorcio profundo entre los que gobiernan y la sociedad civil. Una sociedad civil cada día más organizada, más preparada y más combativa.

Por esta razón, parece un mal chiste la publicidad pseudoelectoral que contamina nuestras calles y carreteras. Los eslóganes son tan profundos como un ensayo filosófico escrito por un vendedor de llantas –con todo el respeto–; y las propuestas son tan ausentes como la plata en la cuenta de ahorros de un raspadero. Uno mira las vallas y luego gira la vista a lado y lado y es como un viaje por mundos paralelos.

¡Están tan lejos! Es tan evidente que están en una pelea que poco tiene que ver con los intereses de la mayoría, que por eso emociona cuando un puñado de campesinos, indígenas y estudiantes ponen sobre el tapete los temas de la realidad.

Esa es la fuerza de este siglo, la de la sociedad civil, la que le exige a los políticos que aterricen y que, además de inventar cintas costeras y derrochar en campañas publicitarias vacuas, hagan su trabajo no por el típico argumento que se les echa en cara: el salario, sino porque cuando uno entra en política debería mantener un sentido de lo público, del servicio a la comunidad que te elige y que te alimenta el ego y el bolsillo.

No creo que haya cambios. Todo seguirá igual. Pero puede ocurrir un día, en que, siguiendo los designios del Elogio de la Lucidez de Saramago, los ciudadanos nos cansemos y no votemos a nadie para botar a todos. Como ven, al final del cuento, sí soy un optimista. ¡Je!

[A mi amigo C le hubiera gustado ser Fernando Pessoa: “Tres días seguidos de calor sin calma, tempestad latente en el malestar de la quietud de todo, vinieron a traer, para que esa tempestad se desplazara a otro sitio, un leve fresco, tibio y grato a la superficie lúcida de las cosas. Así, a veces, en este transcurso de la vida, el alma que sufrió porque la vida le pesó, siente súbitamente un alivio, sin que en ella tuviese lugar nada que lo explicase”].

El autor es periodista

Concluyó primer monitoreo al Sitio de Patrimonio Mundial La Amistad Panamá- Costa Rica

Concluyó primer monitoreo al Sitio de Patrimonio Mundial La Amistad Panamá- Costa Rica

Bocas del Toro, BURICA PRESS, 25 de febrero de 2008

La misión de la UNESCO, concluyó este sábado su misión a Panamá. La última reunión fue celebrada en la noroccidental provincia de Bocas del Toro, área más cercana al Sitio de Patrimonio Mundial La Amistad que comprende el Parque Internacional La Amistad (PILA) tanto de Costa Rica como de Panamá.

En esta última reunión participaron decenas de organizaciones y grupos comunitarios tanto de Panamá y Costa Rica, donde se hizo nuevamente una recopilación de evidencias que puedan dar luces a la UNESCO del verdadero estado de conservación del Sitio de Patrimonio Mundial en los dos países. En Costa Rica se desarrollaría la sesión final de la misión de la UNESCO antes de partir a París.

Foro UNESCO Sobre PILA

En esta última reunión plenaria en Panamá, los temas que pudieran afectar el Sitio de Patrimonio Mundial fueron discutidos en grupos de trabajo durante una hora y luego se hizo una plenaria breve. Se espera que la UNESCO incorpore estos hallazgos a los que ya ha encontrado en los días previos de reuniones con diferentes grupos gubernamentales y no gubernamentales y empresa privada, más los reconocimientos de campo que también realizaron. Los temas considerados fueron: Represas, gestión institucional, Plan de Manejo, pueblos indígenas, pueblos campesinos, Minería e hidrocarburos, tala y cacería ilegal, entre otros. Cabe destacar que fueron detectados muchos impactos ambientales y sociales en cada uno de estos rubros analizados por los diferentes grupos de trabajo.

Entre los grupos indígenas y comunitarios de Panamá, asistentes al evento hubo un rechazo al informe de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá que en contraste con el informe del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica, fue un informe ajeno a la realidad e intentaba sólo desestimar la petición realizada por los ambientalistas a la UNESCO. “No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír” en relación a la postura “inmadura” de la ANAM ante la visita de la UNESCO durante la semana del 19 al 23 de febrero en Panamá, argumentó el profesor universitario y ecologista Ariel Rodríguez de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).

La comunidad de Charco La Pava, área sitiada por la policía nacional de Panamá desde el 6 de enero de 2008 con tal que la empresa AES Changuinola siga construyendo los primeros avances de la represa de Chan 75, esperaron con ansias a la misión de la UNESCO para que constataran las condiciones de violencia con la que se les está imponiendo a la fuerza un proyecto hidroeléctrico, indicó el dirigente Ngobe Florencio Quintero. “La empresa AES con la ayuda de la policia han ingresado a la fuerza a cuanta finca les ha dado la gana contra nuestra voluntad y las han destruido”. “Lamentamos que la UNESCO no haya sido testigo directo en Charco… de la violación de nuestros derechos fundamentales” acotó.

Los detractores de los grupos ambientales y la empresa AES insisten que las obras de las tres represas planteadas sobre el cauce del río Changuinola no están localizadas dentro del PILA, sino el en área de amortiguamiento denominado Bosque Protector Palo Seco y que por tanto esta área prístina no será afectada, sin embargo los ambientalistas argumentan que las represas en áreas protegidas de Panamá son inaceptables e ilegales y que serán un fuerte detonante para invadir nuevas áreas del sitio de Patrimonio Mundial y realizar actividades lesivas a la integridad del mismo, pero el principal argumento ambientalista es el efecto barrera aguas arriba y aguas debajo de las represas y los embalses que cambiarían drásticamente la biodiversidad acuática del PILA, ya que la mayor parte de la cuenca de este río nace en esta área protegida.

El elemento social y cultural que está en juego con las amenazas tiene en jaque al pueblo Naso Teribe y a un sector Ngobe de las riberas del Río Changuinola.

En abril de 2008 la misión que vino a Panamá debe entregar al Comité de Sitios de Patrimonio de la UNESCO los hallazgos obtenidos en la gira que han realizado al Sitio en Panamá y Costa Rica. Marck Patrick, jefe de la Misión de la UNESCO indicó que ellos verán todo la información que han recopilado para hacer las recomendaciones a los gobiernos de Panamá y Costa Rica sobre el manejo del PILA, con tal que se respeten los parámetros de gestión ambiental de los Sitios de Patrimonio Mundial de Humanidad, en el caso que sus hallazgos así lo constaten.

El Center for Biological Diversity, quien fue una de las organizaciones líderes en lavantar la petición ante la UNESCO manifestó total complacencia por la visita de la UNESCO en Panamá e indicaron a través de sus voceros Jason Gray y Linda Barrera que “Como lo han expresado varios líderes ambientales de Chiriquí, aún sin saber si el PILA será declarado sitio de Patrimonio Mundial en Peligro, como individuos y asociaciones ambientalistas preocupados por el legado del PILA, hemos obtenido un nivel de participación en el futuro del PILA sin precedencia. Por primera vez, un grupo muy grande y diverso ha podido exigir una mejor gestión y protección del PILA.”

Los ambientalistas panameños han solicitado debido a los inminentes proyectos hidroeléctricos y a la evidente ausencia de gestión ambiental adecuada en el PILA y áreas protegidas circunvecinas, que el PILA sea declarado por la UNESCO como Sitio de Patrimonio de la Humanidad En Peligro, con tal que esta alerta detenga proyectos que afectan la integridad del Sitio y por otro lado mejore substancialmente la gestión de manejo que impida que el PILA sea un territorio propenso a ser degradado significativamente en un futuro cercano.

Misión de la Unesco hará evaluación del PILA

CHIRIQUÍ. REVISARÁN MAGNITUD DE DAÑOS ECOLÓGICOS.

Misión de la Unesco hará evaluación del PILA

En 2007, 41 asociaciones ambientalistas habían pedido a la Unesco que visitara el área del PILA.

Durante una demarcación que se hizo en el parque, se devastaron 300 hectáreas de bosque.

LA PRENSA/
Tala indiscriminada. La deforestación es la principal amenaza que pone en peligro al PILA.

Sandra Alicia Rivera
DAVID, Chiriquí

A raíz que los ambientalistas solicitaran al Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que declaren el Parque Internacional La Amistad (PILA) en peligro, un grupo de este comité estará en Panamá hoy 18 de febrero para evaluar las amenazas a la integridad de este parque.

El presidente de la Asociación para la Conservación de la Biósfera, Ezequiel Miranda, manifestó que desde el año pasado se le había entregado la solicitud, firmada por 41 asociaciones ambientalistas, de Panamá y ahora han decidido visitar el parque.

Mediante una resolución, el Comité de Patrimonio Mundial solicitó que una misión integrada por ellos y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN por sus siglas en inglés) viniera al PILA para evaluar todas las amenazas de las que está siendo objeto el parque.

La UICN es la mayor alianza internacional, conformada por diversas organizaciones e individuos, que trabaja por asegurar el uso equitativo y sostenible de los recursos naturales en beneficio de los seres humanos; promoviendo así, el desarrollo sostenible de todos los pueblos del mundo

Señala, además, que el Centro de Patrimonio Mundial está preocupado por las amenazas, documentadas en la petición de las organizaciones ambientales de Panamá y en otros registros preparados por los gobiernos de Panamá y Costa Rica, sobre la situación de peligro en que se encuentra el parque nacional.

Miranda dijo que la biodiversidad en Panamá enfrenta desafíos sin precedentes, porque posee muchos sitios ecológicamente frágiles, los cuales están en constante amenaza debido a una débil política ambiental.

Dijo que a raíz de los últimos acontecimientos, en donde se destruyeron alrededor de 300 hectáreas de terreno por una demarcación que se iba a realizar, y a otras devastaciones que por años se han realizado, el PILA enfrenta peligros serios a su integridad, por tal razón es que se requiere que sea incluido en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro

Mencionó que no solo la tala ha perjudicado el parque, sino también la deforestación y la casería ilegal es un hecho; además, la ganadería y la agricultura continúan avanzando dentro del parque, sin que las autoridades hagan algo para resolver este problema.

El PILA es parte principal de la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá.