Wikileaks: Presidente de Panamá pidió apoyo a EEUU para escuchas telefónicas

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El presidente de Panamá pidió a la DEA escuchas telefónicas

La agencia respondió que no espiaba a «objetivos políticos»

M. RICO – Madrid – 25/12/2010

«Necesito ayuda con la intervención de teléfonos». En julio de 2009, la embajadora de EE UU en Panamá, Barbara Stephenson, recibió este extraño mensaje en su Blackberry. Lo enviaba el presidente panameño, Ricardo Martinelli . Y es el arranque de un informe secreto, enviado el 22 de agosto de 2009, en el que la diplomática expresa su estupor ante la pretensión del mandatario de utilizar la infraestructura de la DEA para combatir la inseguridad y espiar a sus rivales políticos. En el cable, Stephenson emite unos juicios muy severos sobre Martinelli. «Su tendencia al acoso y al chantaje puede haberle llevado al estrellato en el mundo de los supermercados, pero es poco propio de un estadista».

TEXTO DE CABLES ORIGINALES (Inglés)

• Cable en el que el presidente de Panamá pide ayuda a EE UU para intervenir teléfonos
• Cable en el que se repasan las maniobras de Panamá para intentar que EE UU ayude en su programa de escuchas

«Su tendencia al chantaje es poco propia de un estadista»,

Barbara J. Stephenson, Embajadora de EEUU en Panamá 2008-2010

Nada más recibir el primer mensaje del presidente, Stephenson mandó a dos funcionarios de la embajada para recabar información. Se trataba, les explicó el ministro panameño de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, de que EE UU les ayudara a establecer un sistema de escuchas telefónicas para protegerse de «individuos» amenazados por la lucha gubernamental contra la corrupción o de potenciales maniobras desestabilizadoras por parte de «Gobiernos izquierdistas de la región». Los funcionarios estadounidenses -el número dos de la misión y el representante de la DEA- fueron claros: el programa de escuchas telefónicas que la DEA desarrolla junto a la policía panameña -la llamada Operación Matador- estaba destinado al narcotráfico y siempre con autorización judicial. EE UU, dijeron, no ampliaría el programa «para incluir objetivos políticos».

Entre el crimen y la corrupción

La preocupación de la embajadora ante las pretensiones presidenciales se trastoca en alarma al hablar directamente con Martinelli. «Estamos a oscuras ante el crimen y la corrupción», le espetó el mandatario. La DEA debía compensar por la información que obtenía en Panamá. Y sugirió nombres de individuos que deberían ser sometidos a escuchas. «No hizo distinción entre objetivos legítimos de seguridad y enemigos políticos», señala la embajadora. Cuando Stephenson le recuerda que las actividades de la DEA benefician a Panamá, «Martinelli hizo una amenaza implícita de reducir la cooperación antinarcóticos si EE UU no le ayudaba con las escuchas». La advertencia de la diplomática sobre las consecuencias de su postura le hizo recular.

Una «actitud infantil»

Martinelli «tiene una actitud infantil» al creer que «las escuchas son la solución para todos los problemas de criminalidad», señala la embajadora, que constata con preocupación que el presidente «intentará establecer su propio programa de escuchas bajo la cobertura de la DEA».

«Martinelli se presentó como candidato pro EE UU y ahora asume que tenemos una deuda con él como contrapeso de Hugo Chávez en la región», concluye Stephenson. «Nuestro reto es convencerle de que los años 80 quedaron atrás en Centroamérica»

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Pruebas para enjuiciamiento político al Presidente de Panamá existen, sólo falta proceder.

Burica Press

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MAPA DE LOS WIKICABLES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO LIBERADOS POR EL DIARIO EL PAIS

 

Mapa de los wikicables liberados hasta el momento por el diario El Pais. Pinche la imagen para acceder a mapa original

Quejas de la sección Economía y Finanzas de La Prensa

Estimado Defensor del Lector:

La Prensa, especialmente la sección economía y finanzas sigue errando en lanzar noticias alarmistas y sin verificación periodística, que evidentemente mal informa a la comunidad nacional sobre un hecho muy crítico: la energía y hace ver necesidad donde hay abundancia.

La sección de Economía y Finanzas de la Prensa una vez más sigue escribiendo sobre las supuestas deficiencias energéticas del país, que a pesar de no existir, sigue casi a diario lanzando notas que llevan la sensación que existe un problema. En la nota del día 29 de diciembre de 2007 con el título: “hidroeléctricas. Lluvias generan optimismo para la energía en verano”. Este solo titular sin leer una palabra del mismo lleva al lector incauto o no entrenado en estos menesteres, a asumir que efectivamente en Panamá existe un problema de generación eléctrica y que un fenómeno natural es quien puede librarnos de una desgracia energética.

Por tanto, la aseveración de Wilfredo Jordán en el último párrafo en cuestión que dice: “La demanda actual de energía es de mil megavatios por día frente a una capacidad instalada de mil 400 megavatios, incluyendo las plantas térmicas más deficientes” es párrafo no es totalmente cierto, ya que sin mayores detalles hace ver un problema que no existe y hace ve que no existen muchas salidas al mencionado problema, sesgando la noticia a que son las hidroeléctricas la panacea, siempre y cuando tengan suficiente agua. En realidad las cifras no se pueden manejar como simples números sin dar mayores explicaciones de dónde salieron y que significan realmente. Realmente la demanda de Panamá, aún contabilizando el megawattaje de exportación apenas si supera en ciertos días del año los 1000 MW. Por tanto, hay mucha diferencia en decir que Panamá consume por día mil megawatts a decir que en ocasiones se alcanzan picos de consumo que llegan a mil, pero que el promedio anda por el orden de los 700 MW y el consumo total oscila entre 414 y 1000 MW, cifra totalmente rebasable al doble de producción de energía con que sólo se concreten dos proyectos eólicos grandes planteados para el país. Si a esto le sumamos los proyectos pequeños que pronto están entrando al sistema, más las interconexiones, entonces de qué déficit en el horizonte de Panamá insinúa el periodista!

Con la explosión de nuevos inmuebles la demanda igualmente no será de más de 100 MW adicionales en ciertas horas picos, ya que como vemos el mayor consumo de energía en Panamá es por parte de las oficinas y comercios públicos y privados. Como todos sabemos esta burbuja pronto estallará o se estabilizará, además las energías alternativas y las interconexiones que entrarán en operación como lo mencionamos arriba, más una política energética sana y sabia subsanarán déficit futuros que por ahora no existen, más que en la mente de especuladores que desean concretizar sus propias fuentes de energía para la exportación a costas de nuestros ríos y nuestros pobres pueblos indígenas, que su desgracia y explotación no parecen terminar luego de 515 años de engaños y desplazamientos.

Retamos a todas las partes a discutir ampliamente la política energética de Panamá, para hacer patria en el buen sentido de la palabra.

El futuro energético con energías alternativas es bueno y hacia allá apuntamos el futuro de Panamá con tal de permitir que los ríos y la gente que depende de ellos no sufra, ni sean afectados o desplazados.

Si las cifras que se manejan en las solicitudes de licencias para operación de energía eólica son ciertas, versus las cifras de producción energética esperada para las hidroeléctricas, vemos menos daño y mayor eficiencia en los proyectos de energía alternativas. Una aparenta ser energías limpias y las otras energías convencionales que pretenden represar cada río y riachuelo de este país. Coladas en el sistema seguirán aumentando también las generadoras térmicas.

Entonces de qué crisis hablan los medios y los promotores de hidroeléctricas?.

1. Solicitudes de Concesiones

2. Solicitudes de Licencias

Si usted verifica el listado de concesiones se observa que las hidroeléctricas producirían minúsculas cantidades de energía si la comparamos con las energías alternativas.

COMPORTAMIENTO DE CONSUMO DE ENERGÍA EN PANAMÁ

EL RESTO DE LA INFORMACION INCLUYENDO GRAFICAS Y CUADROS REPOSA EN EL DOCUMENTO WORD ADJUNTO (Burica Press  solicitará este archivo al autor y lo subirá al blog cuando lo  tenga).

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Ambientalistas denuncian a ANAM ante el BID

Panamá, 30 de noviembre de 2007

Doctor

Luís Alberto Moreno

Presidente

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Estimado Dr. Moreno:

Como organizaciones ciudadanas que estamos preocupadas por la creación de una institucionalidad ambiental que sea moderna, justa e incluyente, queremos expresarle nuestro rechazo a la reciente decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de otorgar un nuevo préstamo ambiental al Estado Panameño (PN-L1013). Si bien consideramos que es un apoyo importante para el país, el mismo no se debe dar antes de que se haya realizado un análisis comprensivo y verdaderamente participativo de los logros alcanzados por el Programa Ambiental Nacional (PAN) (PN0122).

Nosotros consideramos que la mayor parte del financiamiento del PAN ha sido utilizado de manera deficiente e irresponsable por las administraciones generales de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), pues las mismas han ignorado sistemáticamente los principios establecidos en la Ley 41 de 1998, así como las recomendaciones de las consultorías que han sustentado técnicamente la entrega de estos préstamos. En este sentido, queremos enfatizar los siguientes puntos:

– La negativa hasta la fecha, de conformar la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, como lo establece los artículos 18, 19 y 20 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998. Esta instancia hubiera servido de espacio de diálogo y concertación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esta violación abierta a la ley ha generado numerosos conflictos y daños ambientales irreparables durante los últimos nueve años.

– La negativa de separar la función de regulación de los procesos productivos de la de administración de los recursos naturales, como lo sugirió el estudio de reingeniería de la Autoridad Nacional del Ambiente. Esto ha llevado a que la ANAM sea juez y parte en numerosos conflictos ambientales, lo que ha erosionado por completo la credibilidad de la Institución y ha puesto a sus funcionarios en claras situaciones de conflictos de intereses. No es posible que la misma entidad que reciba ingresos por el otorgamiento de concesiones sobre los recursos naturales también sea la responsable de fiscalizar estos mismos proyectos de desarrollo.

– La centralización de las evaluaciones de impacto ambiental en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a través del Decreto No. 209 de 5 de septiembre de 2006, lo que contradice el espíritu de la Ley 41 y echa al suelo las inversiones realizadas por el PAN en la creación y fortalecimiento de las Unidades Ambientales Sectoriales (UAS). Estos cambios fueron realizados de manera inconsulta y sin la debida participación de organizaciones de la sociedad civil.

– La falta de transparencia y participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental, lo que ha llevado a la aprobación de numerosos estudios de impacto ambiental que son técnicamente deficientes, a pesar de las opiniones expresadas por organizaciones de la sociedad civil y otras instancias gubernamentales. A esto se suma, la aprobación condicionada de proyectos que no tienen línea base; la subcategorización de proyectos; y el fraccionamiento de un mismo proyecto en numerosas fases y etapas. Finalmente, es común que se de la introducción de enmiendas, addendas y actualizaciones a estudios de impacto ambiental de proyectos que ya están en ejecución, lo que atenta contra la seguridad jurídica, invalida los procesos de consulta publica realizados previamente y entorpece de manera significativa los procesos de participación ciudadana y la aplicación de las normas respectivas, entre otros aspectos de fundamental importancia.

– La no aplicación del principio precautorio en la fiscalización de los proyectos de desarrollo. Actualmente, el Decreto No. 209 de 5 de septiembre de 2006, que reglamenta los Estudios de Impacto Ambiental, permite la aprobación condicionada de estudios de impacto ambiental, atentando precisamente con el Principio Precautorio y generando daños ambientales, injusticias sociales y violaciones a los Derechos Humanos. Además, se aplica extemporáneamente multas y otras sanciones administrativas, luego de que los proyectos ya han causado daños irreversibles, lo que ha llevado al deterioro severo de nuestros ecosistemas naturales sin siquiera considerar los impactos acumulativos ni una Evaluación Ambiental Estratégica.

– El desconocimiento sistemático de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, lo que ha puesto a estos grupos vulnerables en una situación de completa indefensión, atentando contra su modo de vida, cultura y tradiciones, y ocasionando numerosos conflictos ambientales con las autoridades tradicionales escogidas según sus propios usos y costumbres.

– La aprobación inconsulta de cambios en las regulaciones ambientales a fin de legitimar actuaciones irregulares y contrarias a los principios y normas básicas para la protección ambiental, los aspectos sociales y culturales que deben respetarse y sin la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil, ignorando las opiniones expresadas por la ciudadanía en otros foros de consulta ciudadana.

– La distorsión de la funciones de la institución, que ha pasado de ser reguladora a promotora de proyectos de desarrollo. Esto se evidencia especialmente en el inusual énfasis que se le está dando en la presente administración a la promoción de numerosos proyectos hidroeléctricos y a la ampliación del Canal de Panamá.

– La intromisión de la política partidista en la administración de la ANAM tanto a nivel central como a nivel de las administraciones regionales, así como el contubernio escandaloso con empresas privadas, lo que ha llevado al descrédito absoluto de la Institución, la judicializacion de los conflictos ambientales y la comisión de violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo antes expuesto, queremos solicitarle muy respetuosamente que se suspenda inmediatamente la tramitación del citado préstamo ambiental (PN-L1013) hasta que se haya realizado una evaluación exhaustiva de los logros alcanzados por el PAN (PN0122), así como una discusión verdaderamente significativa con organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones gubernamentales sobre la situación actual y el futuro de la institucionalidad ambiental en Panamá.

Rechazamos por completo la afirmación de que los problemas ambientales en Panamá se reducen a la falta de recursos técnicos y financieros para la ANAM, y le recordamos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que como ciudadanos panameños seremos los responsables de pagar los préstamos que se le confieran al Estado, y que por lo tanto tenemos el deber y el derecho de asegurarnos de que estas inversiones sean utilizadas de la manera más apropiada.

Consideramos que la introducción de nuevas tecnologías y la realización de estudios técnicos no contribuirán a mejorar la gestión ambiental en Panamá, y serían simples paliativos, hasta que se resuelvan cuestiones fundamentales sobre el marco jurídico y la implementación de la políticas públicas ambientales en nuestro país.

Para cualquier comunicación posterior, puede llamar a Ariel Rodríguez u Osvaldo Jordán al teléfono de Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) (507) 223-9170, o escribirnos a nuestras respectivas direcciones electrónicas.

Agradeciéndole de antemano su atención a esta solicitud, quedan de Usted, atentamente,

Firma original

Ariel Rodríguez

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Firma original

Raisa Banfield

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (entidad en formación)

Firma original

Donaldo Sousa

Asociación Ecologista Panameña (ASEP)

Firma original

Susana Serracín

Asociación de Derecho Ambiental (ADA)

Firma original

Larissa Duarte

Fundación para la Defensa del Ecosistema (FUDECO/

Firma original

Ezequiel Miranda

Asociación para la Conservación de la Biosfera (ACB)

Firma original

Félix Sánchez

Fundación Alianza Naso Tjer Di

c. c. Fernando Eleta Casanovas, Director Alterno Panama-Venezuela (BID)

Ari Herschowitz, Natural Resources Defense Council (NRDC)

Aaron Goldzimer, Environmental Defense

Peter Galvin, Center for Biological Diversity (CBD)

Vince McElhinny, Bank Information Center (BIC)

Nadia Martinez, Institute for Policy Studies (IPS)

Ley petrolera inconsulta

Parlamento aprobó reforma a ley para promover la exploración de crudo y gas
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PANAMA | ACAN-EFE

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó la ley que reforma las actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos, informó una fuente parlamentaria.

El tercer y último debate transcurrió en las últimas horas de la sesión parlamentaria clausurada en la madrugada de este sábado.

La nueva ley tiene por objetivo fomentar y regular las actividades de exploración y explotación de yacimientos de petróleo, de asfalto que se encuentre en estado natural, de gas natural y demás hidrocarburos, precisa un comunicado del parlamento, que no suministra los datos de la votación.

De acuerdo con la iniciativa, al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y Energías Alternativas, le corresponderá «regular y fiscalizar la importación, la exportación, el mercadeo, la refinación, el transporte, la comercialización, el almacenamiento y la compra del petróleo crudo, y sus derivados», añade.

La iniciativa declara «de utilidad pública y de interés social las actividades de exploración y explotación de yacimientos de petróleo, de asfalto, de gas natural y demás hidrocarburos».

Se señala que el Estado promoverá, cuando el interés público lo demande, la concurrencia de diversas ofertas con el fin de seleccionar la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con mejor capacidad financiera, conocimiento técnico y experiencia para realizar la operación de que se trate, de acuerdo con los procedimientos de evaluación que establezca el MICI.

La ley, que debe ser sancionada por el presidente panameño, Martín Torrijos, y publicada en la Gaceta Oficial para entrar en vigor, se aprueba pocos días después que el Ejecutivo firmó con la multinacional petrolera Harken un acuerdo de exploración de gas natural e hidrocarburos en el Pacífico del país.

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Esta ley demuestra que en este país estamos demasiado lejos de la comprensión de lo que es responsabilidad y la democracia.

Burica Press

Tratado de Libre Comercio E.U.A-Panamá y su implicancia ambiental

Panamá, 21 de diciembre de 2006.

Asunto: Tratado de Libre Comercio E.U.A-Panamá y su implicancia ambiental

Licenciado

Sr. Alejandro Ferrer

Ministro de Comercio e Industrias

República de Panamá

E. S. D.

Estimado Señor Ministro Ferrer:

Nos hemos enterado a través de los medios de comunicación que los gobiernos de Panamá y Estados Unidos han llegado a un acuerdo comercial bilateral que de ser ratificado por los senados de ambos países, se convertiría en un Tratado de Libre Comercio Panamá – Estados Unidos de América, lo que implica muchas cosas para ambos países, especialmente para Panamá como país de economía pequeña.

Ya que ha pasado la etapa negociadora, donde los senados sólo aprobarán o desaprobarán dicho TLC, es evidente la necesidad urgente de conocer de qué se trata los acuerdos alcanzados, especialmente en nuestro en el tema ambiental. Deseamos conocer las evaluaciones estratégicas comerciales realizadas que nos indican los efectos de este tratado en Panamá. Igualmente solicitamos con urgencia notoria sea desarrollado en amplia consulta ciudadana la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de este tratado, ya que es totalmente conocido que las implicancias ambientales en una u otra vía son claves en el buen proceso de este tratado.

Le recordamos que este TLC de aprobarse en la Asamblea Nacional sería improcedente legalmente, si no se somete antes a la nueva norma ambiental recientemente aprobada sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental en Panamá, o sea, el Decreto Ejecutivo 209, del 5 de septiembre de 2006, Por el cual se Reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 del 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá y se deroga el Decreto Ejecutivo 59 de 2000, que establece por primera vez en el país, para salvaguarda de todos, que este tipo de políticas comerciales deben ser sometidas a un proceso denominado Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que incluye las respectivas y amplias consultas ciudadanas, ya que lo propuesto en esta ley evidentemente conlleva riesgos ambientales y puede amenazar patrimonio común de los panameños y crear dificultades sociales que deben ser mitigadas o manejadas adecuadamente. Este tratado implica a manera de ejemplo temas tales como depósitos de materiales peligrosos, pesticidas, organismos genéticamente modificados, derecho de propiedad intelectual sobre recursos bióticos, fuga de material genético, introducción de especies plagas, aumento o disminución de superficie con monocultivos, etc.

Por tanto, este TLC aprobado a nivel del Ejecutivo de ambos gobiernos carece de esta evaluación para ser presentado ante la Asamblea Nacional. Esta Evaluación Ambiental Estratégica es definida como un proceso formalizado, sistemático y exhaustivo que tiene como objetivo evaluar los impactos producidos por políticas, planes o programas y sus alternativas. Por tanto se carece del informe final donde se describen los resultados de la evaluación para ser usados en la toma sabia de decisiones.

Recalcamos que las implicancias de este tratado que es supranacional, de ser aprobado tiene la posibilidad de causar daño a la salud humana, al entorno y a los ecosistemas, y por tanto amerita saber con certeza los alcances de estos potenciales impactos.

Nosotros sabemos que en el TLC en cuestión, se negociaron aspectos ambientales, hoy nos interesa recibir toda la documentación que nos oriente al respecto, ya que no sabemos con certeza los alcances de la misma.

Con muestras de alta consideración.

Atentamente,

 

Ariel Rodríguez Vargas

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Telefax: 223-9170

Correo: ariel.rodriguez@acdpanama.org; biodiversidadpanama@gmail.com

Representante escogido por las ONG ambientalistas de Panamá para la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente

CC: Diputado Elías Castillo, Presidente de la Asamblea Nacional y a los Medios de Comunicación.