Rapiña con las tierras costeras e insulares inalienables

El diputado Pedro Miguel González hizo a petición de partes interesadas la Ley 2 2007 que vendía nuestras islas y costas. Ahora viene con el borde del mar y las islas. Hizo esa ley invocando urgencia notoria y fue aprobada por la aplanadora de sirios y troyanos. Fue aplastante la posición del PRD y la oposición (si se le puede llamar oposición).

Por el fuero de impunidad de los diputados no se les puede investigar los delitos que existen detrás de la aprobación de leyes a solicitud de partes interesadas. Qué barbaridad! Hasta donde llegará la venta inescrupulosa y corrupción en este país!

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país! Qué avaros e inescrupulosos!

Se pueden ustedes imaginar el impacto ambiental sobre los recursos costeros e insulares como resultado de este mercantilismo salvaje del patrimonio de todos los panameños.

Quien vende a su patria, vende a su madre. Y razón tienen los muchachos universitarios cuando en sus manifestaciones gritan: Aquí están, eso son, los que venden la nación. Más evidente no puede ser.

Ojalá el Presidente Martín Torrijos le quedara un poco de escrúpulos y tachara por vendepatria este nuevo negocio de año nuevo de los diputados de su partido.

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país!

Burica Press

MEF SE OPONE A LA INICIATIVA.

Proponen vender costas e islas

Diputados liderados por Pedro Miguel González y Freidi Torres buscan aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley para vender estas propiedades.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

A pesar de la advertencia hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional pretende aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley que busca poner en venta las costas e islas del país.

El MEF envió una carta a la Comisión de Hacienda, pidiendo la suspensión del proyecto, solicitud que no fue atendida por los diputados. Tampoco se dio la explicación con la que el MEF sustenta la suspensión del proyecto.

Por el contrario, el presidente de la Comisión, Pedro Miguel González, ordenó darle celeridad a la discusión con el objetivo de aprobarlo hoy martes en primer debate, o a más tardar el próximo jueves 11 de diciembre.

La iniciativa pretende titular o vender todas las propiedades que se encuentran dentro de los 200 metros de costa después de la marea alta y las islas del país, poniendo como precio máximo para la venta, seis dólares por metro cuadrado.

Además, el proyecto le quita la potestad a la dirección de Catastro del MEF de administrar estos bienes del Estado, y se lo traspasa a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

El viceministro del Mida, Adonai Ríos, también solicitó a los diputados analizar sin apuros el proyecto de ley, aduciendo que se trata de un tema complicado.

De acuerdo con informes del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat), existen en costas e islas unos 45 mil predios que se manejan actualmente con derechos posesorios.

EN JUEGO ESTÁN LAS TIERRAS MÁS COTIZADAS DEL PAÍS

Pondrán en venta islas y costas panameñas

Detrás de la iniciativa de un grupo de diputados hay fuertes intereses económicos, disputas legales y diferencias entre las propias instituciones del gobierno. Aun así le darán celeridad a su aprobación.

NATURALEZA EN PELIGRO. El proyecto de Ley 459 pondrá en venta las costas e islas panameñas, aunque se han excluido ahora las zonas protegidas y las comarcas. LA PRENSA/Carlos Lemos

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓNrberrocal@prensa.com

Como en todo fin de año, los diputados se preparan para dar otro golpe de gracia, donde al parecer existen grandes intereses económicos y las tierras más cotizadas del país.

La Asamblea Nacional tiene en primer debate un proyecto de ley que permitirá la repartición de todas las islas y costas panameñas a precio de seis dólares el metro cuadrado, un valor irrisorio si se comprara con lo que se cotiza en el mercado.

El programa de titulación y venta ha generado controversia a lo interno del gobierno ya que el Ministerio de Economía y Finanzas perderá la potestad de administrar estas propiedades. Hasta ahora los terrenos dentro de la franja de 200 metros en las costas después de la marea alta y las islas solo podían ser dadas en concesión para el desarrollo de proyectos turísticos.

Ahora estas funciones se pretenden pasar a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que legalice los derechos posesorios que hay asignados en costas e islas, y se proceda a la venta del resto de estas codiciadas tierras.

En total Panamá cuenta con mil 450 kilómetros de costas y el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) sostiene que existen 45 mil predios por asignar en estas zonas.

Pronat ya se ha adelantado a realizar un informe catastral de todas las islas y costas panameñas, empezando por Los Santos, costa arriba de Colón y Punta Burica en Chiriquí.

En la primera reunión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Adonai Ríos, recomendó no acelerar el debate del proyecto de ley ya que acepta que es un tema complicado que debe ser analizado a profundidad.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Pedro Miguel González, ordenó todo lo contrario: darle celeridad a la discusión de la iniciativa con el fin de aprobarla en primer debate hoy, martes, o a más tardar el jueves 11.

Detrás del impulso del proyecto existe un grupo de inversionistas que ha designado a Pedro Vallarino para que trate de impulsar el proyecto dentro de la Asamblea Nacional.

Se trata de representantes de empresas que han adquirido derechos posesorios y que ahora buscan titular a no más de seis dólares el metro cuadrado como establece el proyecto del ley en discusión.

El precio de venta no parece ser prioridad para los diputados que impulsan el proyecto ni para los funcionarios públicos. “Sabemos que en las costas e islas residen tanto campesinos como personas muy pudientes, pero la idea es quitar la subjetividad de los procesos y darle el título de propiedad”, dijo Nadia Moreno, directora de Reforma Agraria.

Rolando Armuelles, director de Pronat, señaló que el precio calculado no puede estar basado en el valor de mercado porque el Estado es solo un administrador de estas tierras. “Es algo diferente a lo que sucedió con las áreas revertidas”, dijo Armuelles.

Tras la ilegalidad

Además del problema de especulación que puede generar el proyecto de ley, también resalta el tema de la legalidad de los derechos posesorios otorgados.

Pronat reconoce que dentro de las costas e islas existen “miles” de conflictos legales por traslape y sobreposesión de propiedades que complican el tema de la titulación y venta.

En medio de la bonanza inmobiliaria que vive el país, las gobernaciones y alcaldías del país también han emitido derechos posesorios sobre propiedades en costas e islas que ya tenían ocupantes, generando cientos de conflictos legales.

Según abogados consultados sobre el tema, estos derechos posesorios deberían ser declarados ilegales porque el único ente autorizado para hacerlo es la dirección de Reforma Agraria, y bajo condiciones que comprometen el uso de las tierras.

La situación ha generado preocupación entre personas que tienen estos problemas, porque quedará en manos de Reforma Agraria definir qué derecho posesorio será el validado.

Este es el caso de la familia Domínguez, que tiene un título de propiedad en la playa Uverito en Las Tablas, el cual data de 1935, antes que se prohibiera la titulación dentro de los 200 metros en costa después de la marea alta. Ahora la propiedad que reclama la familia Domínguez aloja a más de 10 personas que dicen tener un derechos posesorios sobre estas tierras, incluyendo al diputado oficialista Olivares Frías.

“Este tema nos preocupa porque estamos luchando contra invasores que tienen poder político y cualquier cosa puede pasar”, dijo Abel Domínguez.

Pero así como la familia Domínguez, solo en las costas de la provincia de Los Santos se han reportado 42 casos donde existen duplicación de derechos posesorios y acusaciones de invasión de terreno de forma ilegal.

Erick Jiménez, ex director de Reforma Agraria, reconoció que se trata de un tema muy delicado que debe ser manejado con mucho detenimiento.

Indicó que muchos de los problemas han sido ocasionados por las autoridades locales como los gobernadores, que a veces desconociendo la legislación han cometido exabruptos legales. “Han ordenado desalojos de humildes ocupantes para beneficiar intereses privados sin tener la competencia para hacerlo”, dijo Jiménez.

MEF pidió suspender la discusión del proyecto

Freidi Torres, diputado oficialista y proponente del proyecto de ley, sustenta que la modificación es necesaria porque la dirección de Catastro, bajo el paraguas del MEF, no podía atender esta demanda. “Ellos tienen miles y miles de expedientes en trámite y el proceso es más engorroso”, dijo Torres.

En la Comisión de Hacienda se mencionó que Catastro tiene 6 mil expedientes sin procesar, pero el director a cargo de esta institución, Mariano Quintero, no atendió a la invitación del primer debate de este proyecto de ley.

Quintero tampoco participó de la consultas previas.

Oydén Ortega (hijo) representó al MEF en la reunión, pero retiró una carta que había levantado la dirección legal de esta institución en contra del proyecto de Ley que busca aprobarse en primer debate hoy.

La carta sostenía que se debía suspender la discusión del proyecto de ley. Ortega dijo que necesitaba hacer otras consultas.

Aun así grupos organizados de empresarios y residentes de las áreas costeras se han presentado a defender el proyecto que les permitirá concretar sus negocios.

Asamblea y Corte intentan cometer crimen de lesa patria

PROYECTO

Concesiones costeras en la mira

ALEXIS CHARRIS PALACIOS
acharris@laestrella.com.pa

Portada PANAMÁ. En la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el diputado del PRD, Freidi Torres ha propuesto reformar el Código Agrario y la legislación vigente sobre concesiones de tierra.

Actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administra las concesiones de tierras en los primeros 200 metros costa adentro. La propuesta pide que se cambie hasta los 10 metros y que la Dirección de Reforma Agraria se encargue de las concesiones de ahí en adelante, excepto en áreas urbanas y comarcas indígenas.

Además modifica la Ley 2 de 2006, que regula la inversión turística dejando esa potestad en manos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y no en el MEF como actualmente funciona. En ese caso las concesiones se manejarían con el Código Agrario y no con la agenda turística.

—————

En el año 2005 fue aprobada con urgencia notoria una ley que vendía nuestras islas y costas al mejor postor, cual mercado persa.

La sociedad civil y líderes turísticos serios se opusieron a esta ley que evidentemente alguien poderoso la había negociado con Pedro Miguel Gonzalez, exPresidente de la Comisión de Hacienda que prohijó el proyecto y lo llevo a tambor batiente y la aprobaron en el año nuevo de 2006.

El tiempo ha demostrado que esta ley ha sido nefasta para salvaguardar el patrimonio nacional y ha habido piñata con lo que antes era de todos los panameños.

Hoy Freidi Torres y Alberto Cigarruista (Asamblea y Corte Suprema) buscan la manera de pelechar lo últimos metros de playas hasta donde rompe la ola de bajamar.

Que alguien amarre la corrupción rampante que golpea al país.

Y qué dice Ruben Blades de todo esto?  Después se enoja de los atinados artículos de Paco Gómez que desenmascara su inacción de defender las costas e islas de la rapiña del PRD, aliados y empresarios inescrupulosos.

Promover la venta o titulación de tierras hasta donde llega la pleamar es un crimen de lesa patria!

Burica Press

Ministro ha destruido manglares sin consecuencias penales, ni administrativas

La destrucción del manglar y la canalización ilegal para destruir el ambiente requerido para la regeneración del bosque de manglar ha sido realizado durante varios años cuando el ahora ministro de vivienda actuaba directamente in situ y de manera sistemática con tal de destruir de manera reiterativa las evidencias de un humedal en el sector de playa de san carlos.

AUGE INMOBILIARIO. SE PREVÉ CONSTRUIR 496 APARTAMENTOS EN CUATRO TORRES.

Polémica en San Carlos

La Anam autorizó un proyecto pese a informes que advierten que esto afectará un área de manglar.

Condohotel Naakar es propiedad de una sociedad que presidió, hasta mayo, el ministro Gabriel Diez.

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) dio luz verde a un proyecto turístico que la familia del ministro de Vivienda, Gabriel Diez, pretende construir en San Carlos, en un área de manglar afectada y que, según un informe oficial, ha puesto en riesgo la salud de los moradores.

Hace un mes, la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) que presentó la empresa Desarrollo Turístico San Carlos, S.A., para construir 496 apartamentos en cuatro condominios –dos de 24 pisos y dos de 21– ubicados en La Ensenada, en la costa pacífica, una de las zonas de mayor potencial turístico del país.

Además, se construirán 16 villas, 192 estacionamientos y una casa club. Todo ello repartido en cuatro fincas que tienen una superficie de 2.7 hectáreas frente al mar.

El proyecto, denominado Condohotel Naakar, requerirá de una inversión de 60 millones de dólares.

La construcción de estas estructuras es posible, luego de que el Mivi le asignara los usos de suelo RM-2 (residencial de alta densidad) y Tu3 (turismo urbano-alta densidad) a las cuatro fincas de la familia Diez en San Carlos. Esta asignación se hizo en mayo, cuatro días antes de que Gabriel Diez tomara posesión como titular del Mivi.

EIA. Hay un proyecto para levantar cuatro torres en la costa del pacífico.

Manglares en San Carlos: Anam ignoró informe de Arap

Hay informes que señalan que Desarrollo Turístico San Carlos, S.A. construyó un canal que contaminó el área.

Gabriel Diez (hijo) señaló que el tiempo demostrará que no han hecho nada incorrecto.

LA PRENSA/Archivo

DAÑOS. Un informe de la Administración Regional de la Anam, en Panamá oeste, declaró que Desarrollo Turístico San Carlos desvió el curso de una quebrada.

Presione para ver

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

Había una advertencia de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (Arap).

Aún así, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) no tuvo reparo en autorizar el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto turístico que promueve en San Carlos una sociedad vinculada a la familia del ministro de Vivienda, Gabriel Diez.

La autorización fue dada el 2 de septiembre pasado.

Doce días antes, la Arap le informó al jefe de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, Bolívar Zambrano, que ese estudio se encuentra “bajo litigio en el Ministerio Público”.

“Esta área corresponde a un caso de denuncia para lo cual en Arap se cuenta con un expediente desde el 2005”, informó Arturo Dominici, jefe de la Unidad Ambiental de Arap, en una carta a Zambrano el 20 de agosto de 2008.

“Cabe mencionar que nuestras evaluaciones técnicas indican que esta zona corresponde a un área estuarina de humedales, particularmente manglares, fuera de áreas protegidas, que por medio de la Ley 44 de 2006 son competencia de la Arap y que los mismos han sido afectados previamente a la elaboración de un EIA”, remarcó Dominici.

Incluso hay un informe de Arap, de abril de 2008, que concluye -tras una inspección de campo- que la empresa de los Diez realizó trabajos nocivos para la comunidad.

“Se ha puesto en riesgo la salud de los moradores del área, ya que se modificó el curso de las aguas servidas, aumentando la posibilidad de infecciones a los seres humanos”, concluyó el informe.

El informe de Arap reitera en buena medida uno preparado porla administración regional de la Anam en Panamá oeste, el 27 de abril de 2007, que señala que Desarrollo Turístico San Carlos hizo un canal que desvió una quebrada, propiciando la contaminación del área.

Una evaluación expedita

La aprobación del EIA por parte de Anam se hizo en menos de dos meses: ingresó el 11 de julio de 2008; 13 días después fue admitido por la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, y el 2 de septiembre fue aprobado.

Al ser un EIA categoría I, no hubo consulta ciudadana. No obstante, la empresa reportó haber realizado una encuesta a 15 personas del área. El 66.6% opinó que el proyecto no afectará la flora y fauna del lugar.

La resolución fue expedida, a pesar de que las unidades ambientales del Idaan, Inac, Sinaproc, Ipat y los ministerios de Obras Públicas, Salud y Vivienda no habían enviado sus recomendaciones.

La única entidad que sí lo hizo fue la Arap. Y sus comentarios no fueron incluidos en el texto de la resolución.

Los promotores

Desarrollo Turístico San Carlos, S.A. es una sociedad que presidió Gabriel Diez hasta el 14 de mayo de 2008, es decir, dos días antes de tomar posesión como ministro.

Lo relevó en el cargo su hijo del mismo nombre. Gabriel Diez (hijo) defendió las bondades del condohotel. “Hay dos vecinos que están opuestos porque afecta sus intereses. Han interpuesto procesos en varias instituciones y nos hemos demorado casi tres años solventando todo. Como hacemos las cosas con apego a la ley, las hemos aclarado favorablemente”, dijo.

“Con relación a la Arap, tenemos una queja interpuesta y el tiempo demostrará que no hemos hecho nada incorrecto”, agregó.

Igualmente, negó que el proyecto invada ribera de mar. “La plena mar está a más de 26 metros del límite de la finca. La ley habla de 22 metros”, recalcó.

El Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) pidió a la directora de Anam, Ligia Castro, que intervenga antes de que el proyecto elimine por completo un importante humedal.

Privatizan islas y playas en Bocas del Toro

Privatizan islas y playas en Bocas

Carmen Boyd Marciacq cboyd@elsiglo.com

Las playas y la Isla de Bocas del Toro están siendo privatizadas con anuencia del Gobierno y su oficina de Catastro, así lo denunció el representante del grupo en defensa del medio ambiente, denominado Alianza 12 de Marzo, Feliciano Santos, quien recalcó que de ser necesario, permanecerán en las inmediaciones de la Presidencia de la República, hasta tanto reciban una respuesta de las autoridades. “El turismo residencial en el archipiélago en Bocas del Toro no respeta el ambiente y el derecho de los pobladores, toda vez que la creación de la Ley 2 en el 2006, pone prácticamente en libre albedrío la venta de las tierras, las costas y las playas, lo que ha provocado la llegada de norteamericanos y europeos a comprar las porciones de tierras ocupadas por comunidades enteras, que sin ser consultadas y muchas sin haber vendido sus propiedades, reciben documentos catastrales, registros locales y de otras instituciones, en las que se señala que tienen que ser desalojados de sus áreas”, dijo Santos. Agregó que la única respuesta por parte de las autoridades es cuando se les informa que las áreas donde viven están clasificadas como áreas de desarrollo turístico para inversionistas. “Tenemos el caso de Nicasio Jiménez, quien tiene más de 20 años de vivir allá y ahora un norteamericano de nombre James Stephen ex militar, se ha presentado con documentos donde supuestamente compró la propiedad del afectado”, alegó el representante de Alianza 12 de Marzo. Destacó que aunque se ha hecho la denuncia en los departamentos catastrales, en la Alcaldía y en otras instituciones, Jiménez no ha recibido respuesta. “Este gringo se pasea con una escopeta, ha amenazado al señor, enviado a otros mensajeros quienes lo amenazan con quemarle la casa si no abandona el terreno”. Feliciano Santos, también denunció proyectos, como Sunset Points, que han deforestado gran cantidad del manglar y Red Frog Beach en el área de Bastimentos, están acabando con el ecosistema sin que la ANAM haya dado los permisos para ello.

Las carpas ambientales y sociales de la lucidez

EL MALCONTENTO.

Las carpas de la lucidez

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Acostumbrado a convivir con el pesimismo, uno está desarmado contra las buenas cosas. Bueno, no desarmado, pero sí con las antenas plegadas, desacostumbrado a llevarme sorpresas positivas de esas que me hacen apartar los nubarrones y ver por unos minutitos el sol. Menos aún, cuando las buenas nuevas aparecen fantasmales, en la noche, sin avisar.

Plaza Catedral, donde casi todo confluye aunque casi nadie vaya. Los robocops del SPI, las verjas miedosas del poder, el poder amedrentador de la iglesia, las vallas de los proyectos inmobiliarios de mentira, y los estragos de los de verdad que dejan patrimonio reducido a tres paredes, los dueños de la calle que no tienen nada, y los que divagan en las calles sin nada que hacer en sus casas, el museo de la historia que nos gusta recordar y los edificios que acogen a los políticos sin memoria…

Plaza Catedral es como el centro de la desigualdad y la periferia de la Panamá de vidrio y mentira. Allí, en la noche, como espectros en carpa, me encontré a estudiantes y campesinos que protestaban contra la devastación natural de sus tierras, de sus historias, contra el desarrollo de mal rollo, contra la sordera de los gobernantes que solo representan a inversores y no a los moradores.

Y pensé en la necesidad de darles un premio, un reconocimiento a la inteligencia porque han ejercido su ciudadanía de manera hábil, digna y festiva. En un país donde se demonizan los movimientos sociales, donde se les ve agresivos y salvajes, es emocionante presenciar una protesta cívica no violenta, propositiva, con la paciencia de quien viene de la tierra y sabe que vuelve a la tierra.

Claro que se ha vendido desde el punto de vista folclórico. Los medios de comunicación han mostrado fotos de niños indígenas durmiendo en la calle, de mujeres cocinando… pocos análisis de fondo, poco destaque al hecho de que el Gobierno, que se sienta con el primero que tire piedras y rompa vidrios, mandó al dúo «antimedioambiental» (Castro–Arosemena) a hablar con estas gentes, nada más: buenas y vacías palabras que terminarán en hidroeléctricas o minas plantadas en sus territorios.

Hablamos del mismo gobierno que está permitiendo que la mina de Petaquilla abra una herida lacerante en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, hablamos del gabinete de los pescadores deportivos de lujo, del que hace negocio para que personajes sombríos hagan el oleoducto que faltaba para enfangar Taboga, nos referimos al mismo gobierno que está permitiendo la construcción indiscriminada sin reglas ni sentido, los administradores del país que le regalan metros de mar y de privacidad al hotel Miramar o al Club de Yates… ese gobierno era el interlocutor de estos manifestantes y eso es injusto.

Es algo parecido como a poner en la misma mesa a un ciervo y a un león. Sin embargo, la dignidad de estos manifestantes me conmovió. No es que tenga la lágrima fácil, ya expliqué que mi pesimismo existencial es un antídoto contra romanticismos «facilongos».

Creo que son un ejemplo y un síntoma a la vez. Un ejemplo de lo que se debe hacer y un síntoma de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que hay un divorcio profundo entre los que gobiernan y la sociedad civil. Una sociedad civil cada día más organizada, más preparada y más combativa.

Por esta razón, parece un mal chiste la publicidad pseudoelectoral que contamina nuestras calles y carreteras. Los eslóganes son tan profundos como un ensayo filosófico escrito por un vendedor de llantas –con todo el respeto–; y las propuestas son tan ausentes como la plata en la cuenta de ahorros de un raspadero. Uno mira las vallas y luego gira la vista a lado y lado y es como un viaje por mundos paralelos.

¡Están tan lejos! Es tan evidente que están en una pelea que poco tiene que ver con los intereses de la mayoría, que por eso emociona cuando un puñado de campesinos, indígenas y estudiantes ponen sobre el tapete los temas de la realidad.

Esa es la fuerza de este siglo, la de la sociedad civil, la que le exige a los políticos que aterricen y que, además de inventar cintas costeras y derrochar en campañas publicitarias vacuas, hagan su trabajo no por el típico argumento que se les echa en cara: el salario, sino porque cuando uno entra en política debería mantener un sentido de lo público, del servicio a la comunidad que te elige y que te alimenta el ego y el bolsillo.

No creo que haya cambios. Todo seguirá igual. Pero puede ocurrir un día, en que, siguiendo los designios del Elogio de la Lucidez de Saramago, los ciudadanos nos cansemos y no votemos a nadie para botar a todos. Como ven, al final del cuento, sí soy un optimista. ¡Je!

[A mi amigo C le hubiera gustado ser Fernando Pessoa: «Tres días seguidos de calor sin calma, tempestad latente en el malestar de la quietud de todo, vinieron a traer, para que esa tempestad se desplazara a otro sitio, un leve fresco, tibio y grato a la superficie lúcida de las cosas. Así, a veces, en este transcurso de la vida, el alma que sufrió porque la vida le pesó, siente súbitamente un alivio, sin que en ella tuviese lugar nada que lo explicase»].

El autor es periodista