El último jaguar de Azuero

El último jaguar de Azuero

Ariel Rodríguez Vargas
Universidad de Panamá

Azuero es una Península, casi una isla virtual para la biota terrestre. No existen corredores biológicos que salvaguarden la dinámica biótica entre los ecosistemas de esa península y el resto del istmo. Los bosques de Azuero han sido devastados por la potrerización desde la época colonial. El resto del país tampoco escapa a esta dinámica de destrucción. Parece una tragedia todo, en un país que se jacta que avanza hacia el desarrollo; sus ecosistemas y sus especies van a la extinción. Eso no es desarrollo.

La conservación de los recursos naturales es un pilar fundamental del desarrollo y nunca debe ser vista como una actividad colateral dentro de este paradigma. Los países con mejores avances en el desarrollo humano y tecnológico, tienen a su vez enorme proyectos de conservación de la naturaleza. Ellos saben que el bienestar humano está en la naturaleza. Se lucha a favor de ella y no contra ella. Si un proyecto de desarrollo requiere sacrificar preciados recursos naturales, éste debe prever una inversión significativa en restauración ecológica que minimice e incluso maximice la calidad ambiental de la región afectada.

Panamá, aún dentro de la devastación ambiental que persiste, todavía cuenta con hermosos lugares y rica biodiversidad. Azuero es uno de estos lugares, ya que es un región de riqueza biótica especial, dado su condición de isla virtual, especialmente en los reductos boscosos que quedan. Amerita con un urgencia un impulso real en conservación y restauración ecológica de esta región.

El Jaguar, conocido como “tigre” por los campesinos es el felino más grande del continente americano. La población de jaguares de la Península de Azuero se presume está en un Estado Crítico de Conservación. Foto:commons.wikimedia.org

La primera semana de octubre de 2013 ha sido una semana “trágica” para los ambientalistas y otros grupos sociales. Todos han quedados estupefactos al ver cómo un grupo de campesinos de la provincia de Herrera ha matado a tiros a un jaguar que fue sorprendido en sus fincas. La historia que no ha sido bien contada es fácil deducirla. Un jaguar fue sorprendido por los perros de los campesinos, el jaguar huye hasta que se ve acorralado, en ese momento ataca a los perros para defenderse. Los campesinos, dentro de su cultura popular, sólo tienen una cosa que hacer: matar al animal.

La indignación por esta matanza ha crecido entre los ciudadanos en general, ya que esta noticia ha sido difundida en la redes sociales y medios de comunicación comerciales. La difusión incluye un video aficionado, donde uno de los campesinos juega con el cadáver del felino abatido.

Yo personalmente pienso que en efecto el hecho es lamentable desde tres ángulos: el jaguar, los campesinos y el país. Este simple hecho desnuda la farsa de educación ambiental que no estamos dando, desnuda la ignorancia ambiental de nuestro campesinos en temas de conservación de vida silvestre y desnuda que las instituciones públicas y privadas no estamos trabajando suficiente para que la gente cuide, valore, proteja y salvaguarde los ricos tesoros naturales que todavía tenemos.

Sé que el problema es complejo, especialmente cuando nunca hemos tenido, dirigentes políticos con visión amplia de país y de mundo. Mientras los políticos que se pelean los puestos de poder no sepan que significa desarrollo sostenible y desarrollo humano para su pueblo, en cada rincón de este pequeño país, nunca saldremos del sub-desarrollo y seguiremos viendo este tipo de actos bárbaros entre fauna y gente, que en este caso la víctima ha un hermoso felino, probablemente el último o penúltimo de los jaguares de los bosques de Azuero, ojalá me equivoque.

Tres provincias comparten el territorio de la Península de Azuero. Cada una sin un rumbo real de desarrollo, sin planificación territorial y sin oportunidades reales para que la gente del campo y de los pueblos entren al desarrollo en el pleno sentido de la palabra. Ese desarrollo debe llevarnos al punto en que nuestros campesinos se sientan orgullosos de tener jaguares en sus fincas y bosques y ser parte de quienes los protegen en vida silvestre. Un pueblo educado es un pueblo culto. Un pueblo culto es la base del verdadero desarrollo.

En fin, la historia de un jaguar muerto en Herrera esta semana nos lanza en la cara una bofetada a todos los que no estamos haciendo suficiente para que este país sea un país civilizado pleno.

Me enorgullece ver la indignación de mucha gente, creo que estamos avanzando, pero me entristece la otra cara de la moneda. Es nuestra labor seguir impulsando la vela hacia el país que sea ejemplo en conservación para el desarrollo y no lo inverso.

22 de marzo – Día Mundial del Agua promoviendo la cooperación

22 de marzo – Día Mundial del Agua

El agua, recurso vital para los seres humanos, es un bien único. Es también un recurso que no conoce fronteras. Al menos 148 países poseen al menos una cuenca transfronteriza. La cooperación en la esfera del agua es crucial para la seguridad, la lucha contra la pobreza, la justicia social y la igualdad de género. Además, la cooperación en la esfera del agua crea beneficios económicos, es fundamental para la preservación de los recursos hídricos, protege el medio ambiente y construye la paz. En un contexto marcado por la creciente presión sobre los recursos de agua dulce, nutrida por la necesidad de alimentos, la rápida urbanización y el cambio climático, la meta de este año es atraer la atención hacia los beneficios de la cooperación en la gestión del agua. La celebración de este Año coicide con el 20° aniversario de la proclamación del Día Mundial del Agua (leer abajo).

HECHOS Y DATOS

  • 800 millones de personas no tienen acceso al agua potable y cerca de 2500 millones no poseen servicios de saneamiento adecuado.
  • De 6 a 8 millones de personas mueren anualmente a causa de catástrofes y enfermedades ligadas al agua.
  • Diversos estudios muestran que si nada cambia serán necesarios 3,5 planetas para cubrir las necesidades de una población mundial cuyo estilo de vida fuera comparable al de los europeos o norteamericanos.
  • En los próximos 40 años, la población mundial aumentará en dos o tres mil millones de personas. Este fenómeno vendrá acompañado de una evolución de los hábitos alimentarios que se traducirá en un incremento de 70% en la demanda de alimentos de aquí a 2050.
  • Más de la mitad de la población es urbana. En ocasiones, las zonas urbanas, donde el acceso al agua y a las instalaciones sanitarias es mejor que en las zonas rurales, tendrán problemas para hacer frente a este aumento demográfico. (OMS/UNICEF, 2010).
  • La demanda de alimentos aumentará en 50% de aquí a 2030 (70% para 2050), en tanto que las necesidades de energía hidroeléctrica y otras energías renovables aumentarán el 60% (WWAP, 2009). Ambas problemáticas están relacionadas: la creciente producción agrícola hará que aumente el consumo de agua y de energía, lo que provocará una demanda de agua mayor.
  • La disponibilidad de agua va a disminuir en numerosas regiones y, sin embargo, el consumo mundial de agua para fines agrícolas aumentará un 19% de aquí a 2050. Sin progresos tecnológicos o intervención política, la demanda aumentará más todavía.
  • 85% de la población mundial vive en la mitad más seca del planeta.
  • El riego y la producción de alimentos son las actividades que más agua precisan. La agricultura consume casi el 70% del agua, una cantidad que en las economías emergentes alcanza el 90%.
  • El consumo creciente de productos cárnicos es desde hace 30 añoslo que más impacto tiene en el consumo de agua, un fenómeno que se prolongará durante toda la primera mitad del siglo XXI, según la FAO. Son necesarios 3.500 litros de agua para producir un kilo de arroz, en tanto que para producir un kilo de carne de vacuno se precisan 15.000 litros de agua. (Hoekstra y Chapagain, 2008).
  • Casi el 66% de la superficie de África es árida o semiárida. De los 800 millones de habitantes del África subsahariana, casi 300 millones disponen de escasos recursos hídricos, es decir, menos de 1.000 metros cúbicos por habitante (NEPAD, 2006).
  • Al menos doce países de la región árabe y de Asia Occidental sufren graves carencias de agua, con menos de 500 m3 de agua procedente de fuentes renovables por habitante.
Dia Mundial del Agua 2013

El 22 de marzo de cada año se celebra a nivel global el Día Mundial del Agua.

La ONU lidera esta campaña, que este año tiene como lema: Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.

 

«Una de cada tres personas vive en un país con escasez de agua entre moderada y alta, y es posible que para 2030 la escasez afecte a casi la mitad de la población mundial, ya que la demanda podría superar en un 40% a la oferta. Cada vez hay más competencia entre agricultores y ganaderos; entre el sector industrial y el agropecuario; entre la ciudad y el campo; entre las cuencas hidrológicas altas y las bajas; y entre quienes viven a uno u otro lado de las fronteras. El cambio climático y las necesidades de la población, que sigue creciendo y prosperando, significan que debemos trabajar para proteger y administrar este recurso frágil y limitado.»

Mensaje del Secretario General en el Día Mundial del Agua,
22 de marzo de 2013

Mensaje del Secretario General de la ONU
con ocasión del Día Mundial del Agua
22 de marzo de 2013

El agua es la clave del desarrollo sostenible. La necesitamos para la atención de la salud, para la seguridad alimentaria y para el progreso económico. Sin embargo, año tras año va aumentando la presión sobre este recurso. Una de cada tres personas vive en un país con escasez de agua entre moderada y alta, y es posible que para 2030 la escasez afecte a casi la mitad de la población mundial, ya que la demanda podría superar en un 40% a la oferta. Cada vez hay más competencia entre agricultores y ganaderos; entre el sector industrial y el agropecuario; entre la ciudad y el campo; entre las cuencas hidrológicas altas y las bajas; y entre quienes viven a uno u otro lado de las fronteras. El cambio climático y las necesidades de la población, que sigue creciendo y prosperando, significan que debemos trabajar de consuno para proteger y administrar este recurso frágil y limitado.

Este es el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. El Día Mundial del Agua de 2013 está dedicado a destacar los esfuerzos concertados que necesitamos para lograr un reparto equitativo entre las personas y el planeta. El sistema de las Naciones Unidas, por medio de ONU-Agua, sus 30 miembros y sus 25 asociados internacionales, promueve la colaboración a todos los niveles, desde el plano mundial hasta las comunidades de base. Por ejemplo, la Alianza por las Aguas Compartidas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoya los acuerdos políticos relativos a las aguas compartidas, como en el caso de la cuenca del Nilo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) respalda la gestión equitativa de los recursos hídricos transfronterizos para evitar los conflictos, y pronto estará disponible para todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas el Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, de la Comisión Económica para Europa (CEPE). Insto a los países que no son miembros de la CEPE a que se sumen al Convenio y lo sigan desarrollando.

La agricultura es, con diferencia, el mayor consumidor de agua dulce, y cada vez es más urgente conciliar las demandas de este sector con las necesidades de uso doméstico e industrial, en particular la producción de energía. El cambio climático también plantea una amenaza cada vez mayor a la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. Mi Reto del Hambre Cero promueve la agricultura sostenible mediante el intercambio de las mejores prácticas y el aprovechamiento de las tecnologías más convenientes, a fin de que tanto los pequeños agricultores como las grandes empresas agroindustriales puedan incrementar el rendimiento de sus cosechas.

En ningún mensaje sobre el agua debe omitirse el saneamiento. En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya se ha alcanzado la meta de proporcionar acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua, pero las carencias en materia de saneamiento son lamentables. Unos 2.500 millones de personas viven sin la dignidad y la higiene que puede brindar un inodoro, y sin protección ante las aguas residuales no tratadas. El costo de esa situación se calcula en vidas humanas (4.500 niños al día) y afecta a la productividad económica. Sin embargo, sabemos que cada dólar invertido en saneamiento puede aportar beneficios que quintuplican su valor. Por este motivo, esta semana el Vicesecretario General ha hecho un llamamiento mundial a la acción para acelerar la labor en pro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con el saneamiento. La inversión en saneamiento es la cuota inicial de un futuro sostenible.

Nos quedan poco más de 1.000 días para llegar a la fecha límite de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero con un esfuerzo renovado podemos culminar la labor que pusimos en marcha al inicio del nuevo milenio. El año 2015 no es la línea de meta, sino más bien un hito en un trayecto largo y difícil. Al elaborar la agenda para el desarrollo para después de 2015, nuestro objetivo es erradicar la pobreza extrema y el hambre y crear un mundo equitativo con oportunidades para todos. Para ello, debemos dar la misma consideración a la dimensión ambiental del desarrollo sostenible. No podemos prosperar sin agua dulce limpia y abundante. En este Día Mundial del Agua, hago un llamamiento a intensificar la cooperación. El agua es un recurso compartido. Debemos utilizarlo con más inteligencia y reducir el despilfarro para que el reparto pueda ser equitativo y llegue a todos.

Fuente:

Portal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Día del Agua – http://www.un.org/es/events/waterday/

Amnistía Internacional solicita investigar recientes crímenes políticos en Panamá

Documento – Panamá: Temor por los manifestantes después de la muerte de dos de ellos.

AU: 39/12 Índice: AMR 44/001/2012 Panamá Fecha: 7 de febrero de 2012 Date: 14 January 2011

ACCIÓN URGENTE

TEMOR POR LOS MANIFESTANTES DESPUÉS DE LA MUERTE DE DOS DE ELLOS

Dos manifestantes murieron y, según los informes, más de 40 personas resultaron heridas cuando la policía dispersó una protesta de pueblos indígenas en Panamá el 5 de febrero. Es probable que las protestas continúen en todo el país, y se teme que las fuerzas de seguridad del Estado puedan hacer uso de fuerza excesiva.

El 30 de enero, los miembros del pueblo indígena ngäbe-buglé salieron a la calle para protestar contra la enmienda de un proyecto de ley que, según creen, dejará sus tierras expuestas a la construcción de proyectos hidroeléctricos en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, en el norte del país. Desde entonces, las protestas han ido en aumento, y parte de la Carretera Panamericana ha sido cortada por miles de manifestantes. El 5 de febrero, un manifestante, Jerónimo Rodríguez Tugri, murió por disparos en San Félix, provincia de Chiriquí, y hay informes de que otro manifestante se encuentra en estado crítico. Otros más de 40 han resultado heridos, según los informes, entre ellos policías. El 7 de febrero, los medios de comunicación informaron de la muerte de otro manifestante, Mauricio Méndez, en David, provincia de Chiriquí. Las circunstancias de su muerte aún no se han confirmado.

Se han recibido numerosas denuncias de grupos de derechos humanos, ecologistas y eclesiásticos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, incluido el uso de armas de fuego para dispersar a los manifestantes, que provocó la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugrí.

Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil también han informado sobre el uso de gas lacrimógeno en las cercanías de centros médicos, sobre la negación a los detenidos de acceso a asistencia letrada, y sobre la falta de acceso de los heridos a atención médica. El gobierno, tras negar inicialmente los informes de que había cortado el acceso a las redes de telefonía móvil en las zonas de las manifestaciones, ahora ha confirmado el corte de dicho acceso. El 7 de febrero, las redes de telefonía se habían restaurado.

Es probable que las manifestaciones continúen durante los próximos días, y se teme que pueda haber más muertos o heridos.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

recordando a las autoridades que el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece que dichos funcionarios “podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”;

pidiendo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad;

pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las muertes de Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 20 DE MARZO DE 2012, A:

Ricardo Martinelli Berrocal
Presidencia de la República, Panamá 1,
Panamá
Fax: +507 527 9034
Correo-e.: prensa@presidencia.gob.pa

Tratamiento: Estimado Sr. Presidente

José Mulino
Ministro de Seguridad Pública
Cl. 3 y Av. 7, Central San Felipe
Ciudad de Panamá, Panamá
Fax: +507 512 6001

Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Y copia a:

 

ONG

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Correo-e.: info@ciampanama.org

Envíen también copia a la representación diplomática de Panamá acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

 

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE

TEMOR POR LOS MANIFESTANTES DESPUÉS DE LA MUERTE DE DOS DE ELLOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

El año pasado, en febrero de 2011, los ngäbe-buglé organizaron protestas contra una ley de minería por considerar que facilitaba nuevos proyectos mineros en los territorios de los pueblos indígenas y que no incluía salvaguardias suficientes para el medio ambiente ni consultas adecuadas con las comunidades locales. La ley fue aprobada en febrero pero derogada en marzo, después de que el gobierno y los ngäbe-buglé negociaran una solución a la crisis y llegaran a un acuerdo que, según grupos indígenas, incluía una disposición que protegería sus territorios de los proyectos de desarrollo mineros e hidroeléctricos.

El 27 de enero de 2012, la Asamblea Nacional debatió un proyecto de ley para la protección de los territorios de los ngäbe-buglé frente a los proyectos mineros e hidroeléctricos. Durante el debate, los legisladores eliminaron el artículo 5 del proyecto de ley, y esa eliminación dio lugar a protestas masivas en todo el país. Los grupos indígenas y ecologistas afirman que el artículo 5 habría protegido las tierras indígenas frente a la imposición de proyectos hidroeléctricos, unos proyectos que en el pasado han amenazado con inundar poblaciones indígenas. Los indígenas salieron a la calle el 30 de enero para protestar contra la enmienda en el proyecto de ley.

 

Nombre: Jerónimo Rodríguez Tugri, Mauricio Méndez y manifestantes ngäbe-buglé

Sexo h/m Jerónimo Rodríguez Tugri (masculino), Mauricio Méndez (masculino), manifestantes (ambos)

AU: 39/12 Índice: AMR 44/001/2012 Fecha de emisión: 7 de febrero de 2012

Ni los niños se libraron de ser aprehendidos por la Policía Nacional de Panamá en el área de la protesta en San Félix, Provincia de Chiriquí en el Suroccidente de Panamá.

63 proyectos hidroeléctricos en la Provincia de Chiriquí

Hidroeléctricas

Ríos de Chiriquí con 63 proyectos

Ambientalistas alertan sobre la explotación, por la construcción de hidroeléctricas, de los ríos de Chiriquí. De los 63 proyectos, 17 ya se encuentran en obras.

Leonardo Flores
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

lflores@prensa.com

De acuerdo con un informe de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), en los ríos de la provincia de Chiriquí se levantarán 63 proyectos hidroeléctricos. De ese total, 17 ya están en construcción, otros 11 están en la fase de diseño final, y los restantes 35 esperan su aprobación.

La cantidad de proyectos en solo cuatro cuencas de esa provincia –río Chiriquí Viejo, Chiriquí, Chico y Tabasará– generó la alarma de grupos ambientalistas y residentes de la zona.

Por ejemplo, en los próximos cuatro años el río Chiriquí Viejo –que nace en las faldas del volcán Barú y tiene una extensión de 161 kilómetros– tendrá sobre su cauce 24 proyectos hidroeléctricos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado en 2008 determinó que el 98% del agua que corre por ese río fue concesionada para el uso de hidroeléctricas. Solo el 2% quedará libre para otros usos.

La sobreexplotación de los ríos ya comenzó a afectar el medio ambiente: contaminación de las aguas con restos de cemento, y la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación, son algunos de los daños que ya se perciben, según grupos ambientalistas.

El hecho fue constatado en un viaje de dos días que realizó este diario por el área.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), por su parte, no encontró reparos en aprobar los estudios de impacto ambiental de los proyectos.

En el río Chiriquí Viejo, el 98% de las aguas ha sido concesionadO para el uso de hidroeléctricas, según un estudio del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO realizado en 2008

Hidroeléctricas: 63 proyectos en cuatro cuencas

Se estima que en la provincia de Chiriquí se realizarán 63 proyectos hidroeléctricos en los próximos años. 28 proyectos ya se están en construcción y diseño final. En algunas regiones ya se empiezan a sentir los efectos por la desviación de los cauces de los ríos a través de túneles o canales, la construcción de las represas y los sitios de embalse.

PROYECTO Prudencia. Los daños más evidentes son la remoción de capa vegetal y la tala de árboles. La erosión, sedimentación y contaminación de las aguas con cemento se nota corriente abajo. LA PRENSA/ Eric Batista

Leonardo Flores
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

lflores@prensa.com

A pesar de que la generación de energía hídrica es considerada como una de las producciones menos contaminantes, en la provincia de Chiriquí la sobreexplotación de los ríos por la construcción de hidroeléctricas comienza a generar efectos negativos en los ecosistemas, en la producción agrícola y en la calidad de vida de los habitantes.

Los problemas que está generando el auge hidroeléctrico son similares en los 17 lugares donde ya se empezaron a desviar los cauces de los ríos a través de túneles o canales, a construir represas y a preparar sitios de embalse.

Otros 11 proyectos se encuentran en la fase de diseño final.

Y aunque las consecuencias ya son significativas sobre las cuatros cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí –que alimentan los ríos Chiriquí Viejo, Chico, Chiriquí y Tasabará–, otras 35 concesiones esperan el aval de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).

En total, serán 63 los proyectos que se instalarán en la provincia de Chiriquí en los próximos años.

El perjuicio por la construcción de los proyectos no solo se reduce al impacto ambiental que dejarán estas obras y su posterior funcionamiento. A futuro, tanto ambientalistas como moradores del área vislumbran una batalla por el uso del agua y el acceso a los ríos. Ya hay un precedente.

La ambientalista Yaritza Espinosa, de Colibrí-Asociación Ambientalista de Panamá, recordó que la empresa Saltos de Francoli –promotora del proyecto Los Planetas I– negó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales parte del uso del agua para la planta potabilizadora de Los Algarrobos, que provee de agua potable al distrito de David, la capital de la provincia de Chiriquí.

En Cerro Punta, los agricultores son los más preocupados por el uso del agua de los ríos. A Virgilio Saldaña, vocero de los productores, le inquieta el hecho de que las hidroeléctricas tengan en la zona de sus proyectos el derecho al uso del 90% del agua del río para incluir en su construcción, y solo tengan la obligación de dejar un 10% para otros usos.

Pero el problema no solo se limita al uso del agua, sino además a las riberas de los ríos: a raíz de la construcción de las infraestructuras para la generación de energía, familias enteras han tenido que abandonar sus viviendas, que han ocupado por generaciones. Además, se han registrado cambios en los patrones de subsistencia, como la caza y la pesca, por la tala y la inaccesibilidad a los ríos.

Una de las zonas más afectadas por estas construcciones es la cuenca del río Chiriquí Viejo. Sus cristalinas aguas, que nacen en las faldas del volcán Barú, se han convertido en las más codiciadas del país. No por la pureza y frescura del líquido, sino porque a lo largo de sus 161 kilómetros se instalarán cerca de 24 hidroeléctricas. En otras palabras: a lo largo del río habrá un proyecto cada 6.7 kilómetros.

La mayor preocupación, a pesar de los cambios en las costas, radica en el uso del agua. La mirada de los detractores de las obras, sobre todo los de Cerro Punta, está puesta en los resultados de un estudio realizado en octubre de 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Anam.

En el informe se determinó que el 98% del agua que corre anualmente por el río Chiriquí Viejo fue concesionada para el uso de hidroeléctricas, y el otro 2% para uso agrícola, turístico, doméstico, industrial y de consumo humano, entre otros.

El resultado cayó como un balde de agua fría a los miembros de la Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento del Cerro Punta (Fundiccep), que preside Ángel Aguirre Sánchez.

Los ambientalistas aseguran que se concedió el agua de los ríos a su máxima capacidad, sin considerar los otros usos y la demanda futura.

El organismo internacional, que pagó el estudio, también financió ciertos proyectos hidroeléctricos. Se trata de los proyectos de Pando y Monte Lirio, para los cuales el BID desembolsó en concepto de préstamo 40 millones de dólares.

Por otro lado, los miembros de Fundiccep denunciaron que el actual director de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, realizó –antes de asumir su cargo– estudios de impacto ambiental para proyectos hidroeléctricos. El funcionario negó cualquier conflicto de interés.

DAÑO ECOLÓGICO

Más allá de la lucha por el uso del agua, los efectos ambientales ya se notan en la zona. Eso se pudo constatar durante un viaje de dos días que realizó este diario (por aire y por tierra) por los diferentes proyectos que se ejecutan en la provincia de Chiriquí.

Para la construcción de la línea de trasmisión del Proyecto Hidroeléctrico Bajo Mina y Baitún, datos extraoficiales que logró recabar Fundiccep revelan que se han talado cerca de 2 mil 600 árboles. La cantidad de árboles cortados no se justifica para el tamaño de la torre donde será colocado el tendido eléctrico, aseguró la organización ambientalista.

La tala de estos árboles también ha tenido consecuencia directa sobre pequeños afluentes que abastecen de agua al río Chiriquí Viejo. Fundiceep mostró –con imágenes tomadas a lo largo de los años– cómo un ojo de agua se está secando debido a la poca retención de líquido por la pérdida de la cubierta vegetal.

“Aquí no se ha pensado en garantizar el agua para un sistema de riego o para el crecimiento demográfico, que está impactado por el aumento de los residentes extranjeros. No se pensó en una fuente alterna”, aseguró el ambientalista David Samudio, activista de Fundiccep.

El problema en este cauce se agrava por la contaminación de las aguas con restos de cemento que son vertidos al cauce del río durante la construcción de los muros de la represa y los túneles; la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación.

DISPUTA LEGAL

Pero las acciones en contra de los proyectos hidroeléctricos no solo provienen de los grupos ambientalistas. Los residentes del área de Volcán denunciaron ante el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, que el funcionario de la oficina del Cuerpo de Bomberos de Bugaba que firmó el plano del proyecto Paso Ancho (ubicado entre Cerro Punta y Volcán) no tiene idoneidad.

Como prueba presentaron una certificación que expidió la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos, el pasado 9 de marzo, en la que se hace constar que el señor Neri Saldaña, funcionario que firmó los planos, no está registrado en los libros de esa organización.

A pesar de los escritos enviados al BID por los ambientalistas y vecinos, y las quejas presentadas ante la Anam y la Asep, los proyectos que se construyen en el cauce del río Chiriquí Viejo continúan viento en popa.

PUEBLO PARTIDO EN DOS

Sitio Lázaro es un poblado ubicado a 20 kilómetros de David, en la ribera del río Chico. Hace dos meses quedó dividido en dos. La construcción de un canal que desvía el 90% de las aguas del río Chico a las turbinas del proyecto hidroeléctrico Pedregalito fracturó a la comunidad en la que residen cerca de 75 familias. Incluso, bloqueó el acueducto del pueblo.

Pero las consecuencias por la construcción de este proyecto no solo tienen efectos directos sobre el pueblo de Sitio Lázaro. Los caminos que eran paso obligado para llegar a la vía Interamericana de las comunidades de Varital y Mata Gorda fueron cerrados. Los pocos caminos que quedan abiertos son intransitables, debido al mal estado en que los dejaron los camiones y el equipo pesado que saca material del río para la obra.

El rosario de quejas que los moradores de estos lugares han presentado a las diferentes instituciones, entre ellas al Sistema Nacional de Protección Civil, no han tenido respuesta. La losa que protege las bases del puente sobre el río Chico, que fue reconstruida hace pocos meses, está quebrada. Los moradores lo atribuyen a las crecidas del río que han socavado alrededor de tres metros las columnas de ambos puentes, debido a las excavaciones realizadas aguas abajo, donde está el proyecto Pedregalito y Pedregalito II.

¿PLAGIO DE EIA?

Los estudios de impacto ambiental que se han presentado ante la Anam para varios proyectos, tienen sospechosas coincidencias. Y no solo en el aspecto técnico y ambiental, sino también en la descripción de los proyectos.

Este diario revisó cerca de 25 estudios y las consecuencias ambientales, así como la valorización de los efectos de las construcciones, eran prácticamente los mismos en varios documentos de diferentes proyectos.

Por ejemplo, en los documentos del estudio de impacto ambiental del proyecto final de la hidroeléctrica Pedregalito, se hace mención a los criterios del proyecto Hidroeléctrico Concepción, ubicado en otra área.

En los documentos también se puede comprobar que en el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Pedregalito, se incluyeron datos sobre la entrega de becas a estudiantes de escuelas que estaban en Gualaca, una comunidad situada a 40 kilómetros del proyecto.

Una situación similar se presentó con el estudio de impacto ambiental del proyecto San Andrés II, que se proyecta construir sobre el río Gariché.

El dirigente comunitario y ambientalista Javier Grajales encontró que dicho estudio era similar al del proyecto hidroeléctrico de Gualaquita, en Gualaca, y el de Macho de Monte, en Bugaba.

Entre las “curiosidades” encontradas en los estudios está que pusieron la misma producción de energía del proyecto de Gualaquita, que es de 4 megavatios, en el estudio del proyecto Macho de Monte, cuando en realidad la producción de este último es de 10 megavatios.

Aunque los moradores manifestaron que no hay fiscalización de parte de la Anam, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Silvano Vergara, aseguró que “a todos los proyectos se les da seguimiento a través de la Dirección de Protección Ambiental”.

Vergara, el mismo que antes de ocupar un puesto en la Anam confeccionaba estudios ambientales para las empresas, aseguró que la utilización del agua para consumo humano es prioritaria, por lo que si en algún momento llega a faltar, los proyectos hidroeléctricos la deben ceder.

Detrás de los daños ecológicos, las prioridades energéticas del país y la sobreexplotación de los ríos más importantes de Chiriquí se esconde una historia de contratos directos, política y escasos controles.

¿Quiénes son los dueños de los proyectos? ¿Cuánto pagaron por el derecho de llave? Dicho de otro modo: ¿quiénes son los dueños del agua?

Auditarán proyectos hidroeléctricos

Leonardo Flores
Unidad de Investigación

lflores@prensa.com

El administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias, anunció ayer que realizará una auditoría a los proyectos hidroeléctricos de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental. El anuncio se da en medio de la petición de ambientalistas para que se realice un estudio acumulativo para conocer el efecto de todos los proyectos.

POLÉMICA POR LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS HíDRICOS EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

Exigen estudio acumulativo

La Autoridad Nacional del Ambiente aprobó, a partir de 2006, los estudios de impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos sin contar con un estudio acumulativo de todos los proyectos. El administrador de esa institución, Javier Arias, confirmó que la entidad que preside hará una revisión de todos los proyectos hidroeléctricos aprobados.

Proyecto Bajo de Mina. La tala de árboles y la remoción de piedra y arena son algunos de los daños causados al medio ambiente. LA PRENSA/ Eric Batista

Leonardo Flores
Unidad de Investigación

lflores@prensa.com

La construcción de los proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí marcha viento en popa. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cuáles serán los efectos negativos, a nivel macro, que causarán estos proyectos sobre los ríos de la región.

La razón: no existe un estudio de impacto ambiental acumulativo que determine el daño ecológico de todos los proyectos sobre las cuatro cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí. Por el momento solo se mide el impacto ambiental que causará individualmente cada proyecto, en determinada área. Pero aún, por ejemplo, se desconoce cuál será el daño acumulativo sobre el río Chiriquí Viejo si se llegaran a concretar los 24 proyectos destinados a esa zona.

En total son 63 los proyectos hidroeléctricos que se pretenden construir en la provincia de Chiriquí, de los cuales 17 ya están en construcción y otros 11, en la etapa de diseño final. El resto –35– espera el visto bueno de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

La falta de un estudio integral que establezca los efectos en materia ambiental de las construcciones en la región se convirtió en uno de los reclamos de los grupos ambientalistas.

Para la directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), Alida Spadafora, “es evidente que no ha existido una planificación regional” para los proyectos hidroeléctricos que se han aprobados y los que están en trámite para ser construidos en Chiriquí. Además –añadió– cada proyecto ha sido evaluado de forma aislada sin considerar los impactos acumulativos que se registrarán sobre la zona.

“Ancon apoya y promueve las energías renovables. Sin embargo, cuestionamos el hecho de que se abuse del ambiente, de la gente y de la propia capacidad de las cuencas”, dijo.

Durante sus investigaciones, los miembros de Ancon también identificaron algunas “coincidencias” en la redacción de los estudios de impacto ambiental de distintos proyectos, tal cual lo denunciaron algunos habitantes de Chiriquí.

Por su parte, la directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), Raisa Banfield, también cuestionó que no haya una planificación y gestión del recurso, lo que está llevando –según su opinión– al colapso de los ríos más importantes del oriente del país bajo la falsa ilusión de una generación energética más barata.

“Falsa, porque esta [la energía más barata] no será posible mientras la referencia para el establecimiento de los precios sea la generación térmica”, dijo.

Según Banfield, la generación de energía hídrica y de termoeléctricas, entre los proyectos aprobados y en construcción, alcanzará los3 mil 521 megavatios, el triple de lo que actualmente consume el país.

“¿Toda esta generación está planificada para qué tiempo? ¿Para quiénes? ¿A qué ritmo de crecimiento estimado? ¿Existen evaluaciones ambientales estratégicas como lo determina la ley, para ver el impacto sumado de cada uno de los proyectos que se desarrollan?”, se preguntó Banfield.

Estas son los mismas interrogantes que se plantearon grupos ambientalistas del área de Cerro Punta, quienes ya han empezado a sentir los efectos negativos por las construcciones que se levantan en los ríos de la zona.

REALIZARÁN AUDITORÍA

El administrador de la Anam, Javier Arias, anunció ayer que hará una auditoría de todos los proyectos hidroeléctricos que se construyen en la provincia de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental.

Para ello, informó que aumentará el personal que se encarga de hacer las auditorías ambientales, para lo que solicitó un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Arias, el problema es que “ no existe una base de datos para poder establecer, de acuerdo al impacto ambiental acumulativo, qué proyectos deben ser o no aprobados”.

“Estamos lanzando una licitación para hacer un estudio hidrológico sobre el nivel de las cuencas y hasta dónde se pueden sostener”, agregó el funcionario.

En tanto, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, anunció que ya no se aprobarán más proyectos hidroeléctricos sobre cuenca del río Chiriquí Viejo.

ASEP DEFIENDE HIDROELÉCTRICAS

El administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Denis Moreno, salió ayer en defensa de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en el país. Según Moreno, dichos proyectos respetan a las comunidades, al medio ambiente y generan empleos desde su construcción hasta su fase final.

“Esta actividad se traduce en crecimiento económico, tanto en las zonas donde se construyen las hidroeléctricas como en las ciudades donde se levantan centros comerciales que requieren de energía, como la que requerirá el Metro, sistema de transporte masivo que mejorará la vida de todos los panameños”, detalló el funcionario mediante un comunicado de prensa.

Las declaraciones de Moreno se dan como respuesta a las críticas de grupos ambientalistas y habitantes de Chiriquí a raíz de la gran cantidad de proyectos que se aprobaron en esa provincia y que están afectando al medio ambiente.

Frente a las quejas por el uso del 90% de las aguas de los ríos para los proyectos hidroeléctricos y el 10% restante para otros fines, Moreno aclaró que la prioridad la tiene el uso del agua destinada para consumo humano.

A nivel nacional existen 19 proyectos hidroeléctricos en construcción, 14 en diseño final y 52 en trámite, según la Asep.

Organizaciones civiles exigen al gobierno panameño respeto al pueblo Naso

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA PANAMEÑA
E INTERNACIONAL

Las organizaciones abajo firmantes mostramos nuestra solidaridad con las comunidades del pueblo originario Naso de San San Drui y San San y exigimos al Gobierno Nacional el respeto de sus derechos territoriales, culturales, económicos y políticos que han sido violentados durante los últimos ocho meses. Deploramos el desalojo violento y sin las adecuadas garantías realizado el pasado 19 de noviembre y pedimos que de forma urgente se abra una mesa de diálogo con capacidad de decisión que encuentre una solución consensuada tal y como ha instado el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya.

CONSIDERANDO:

  1. Que el pueblo originario Naso está en riesgo de extinción dada la agresión permanente a sus territorios, la falta de reconocimiento de su Comarca y la ausencia de una educación bilingüe y respetuosa de sus particularidades culturales.
  2. Que el pueblo originario Naso es, como lo reconoce la UNESCO, garante del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque Protector Palo Seco, ecosistemas claves para Panamá y que se encuentran seriamente amenazados por los megaproyectos en ejecución o propuestos y por la política que fomenta la economía extractiva en lugar de la sostenibilidad ambiental, humana y económica.
  3. Que la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (Septiembre 2007) que suscribió el Estado de Panamá, reconoce los derechos a su propio territorio y autogobierno de los pueblos originarios, y que por ende es responsabilidad del Estado buscar una solución a la desprotección territorial del pueblo.
  4. Que durante los últimos ocho meses, desde el primer desalojo violento de estas comunidades (30 de marzo de 2009), los representantes de la comunidad Naso han mostrado toda la disposición a negociar y han dado muestra de buena fe, mientras que los representantes del Gobierno han sido inconsistentes e irrespetuosos de los pocos acuerdos alcanzados.
  5. Que se está priorizando los intereses privados de una empresa frente al interés colectivo de un pueblo originario que acumula parte del patrimonio intangible de Panamá.
  6. Que se ha puesto en riesgo la integridad física, mental y espiritual de dos comunidades, incluyendo un gran número de menores de edad y adultos mayores.
  7. Que se han incumplido los procedimientos recogidos en la ley y que se dio un uso excesivo de la fuerza (tal y como lo expresó la Defensoría del Pueblo).
  8. Que persiste la amenaza policial, así como una crisis humanitaria en la zona (particularmente está en riesgo la seguridad alimentaria de la población desalojada la cual no ha podido sembrar ni recoger el fruto de su trabajo ya que se destruyeron sus cultivos desde marzo).

EXIGIMOS

  1. El inmediato cese de los hostigamientos a la población civil de San San Drui y San San, así como la salida de las unidades policiales que permanecen en San San Drui y en el punto conocido como el Zarzo en el camino de Guabito a las comunidades.
  2. Garantizar la libre movilización de personas y mercancías y cesar las requisas y las intimidaciones.
  3. Atender urgentemente las necesidades alimentarias y de cobijo de las familias afectadas por el desalojo del 19 de noviembre.
  4. Instalar a la mayor brevedad una comisión de negociación en la que exista una amplia representación de los líderes Naso de San San y San San Drui y todas las condiciones necesarias para su efectiva participación.
  5. Establecer medidas de reparación para los daños económicos, morales y culturales ocasionados a las comunidades de San San y San San Drui.
  6. Acelerar la discusión en la Asamblea Nacional del proyecto de creación de la Comarca Naso y descartar cualquier otra fórmula territorial que no suponga el pleno reconocimiento de la propia determinación de los pueblos originarios.
  7. Incluir en la agenda de negociación la discusión del papel que juegan los Naso en la protección del PILA y del Bosque Protector Palo Seco; y revisar todos los procedimientos y Estudios de Impacto Ambiental del proyecto Hidroeléctrico Bonyic dado el riesgo de daño irreparable en el Bosque Protector.

Firmado en Panamá el 26 de noviembre por las siguientes organizaciones:

Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)
Pastoral Indígena Arquidiocesana
Pastoral Social de la Arquidiocesana
Movimiento de la Juventud Kuna (MJK)
Acción Cultural Ngobe (ACUN)
Human Rights Everywhere / Comuna Sur (HREV)
Comunidades Religiosas Insertas en Medios Populares (CRIMPO)
Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Estado panameño desatiende medidas cautelares de la CIDH

Estado panameño desatiende medidas cautelares de la CIDH

Burica Press, Derechos Humanos. 11.08.2009

Siete organizaciones defensoras de los derechos humanos y ecologistas internacionales y de Panamá han manifestado en un comunicado su profunda preocupación por la negativa del Estado panameño de cumplir las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los miembros de las comunidades indígenas del pueblo Ngöbe asentadas a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro.

El 18 de junio de 2009, la CIDH otorgó medidas de protección a favor de los miembros de las comunidades indígenas del pueblo Ngöbe y solicitó al Estado suspender las obras relacionadas con la concesión para la construcción de la Hidroeléctrica Chan-75, que inundarían el territorio en el que se encuentran cuatro de las comunidades: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba. De acuerdo con lo dispuesto por la CIDH, se debe suspender cualquier acción en ese sentido, hasta que los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto que se encuentra en estudio del órgano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la obligación estatal de cumplir con las medidas dictadas por la Comisión y ha dicho “los Estados deben dotar a las disposiciones de la Convención Americana de un efecto útil, lo cual implica la implementación y cumplimiento de las resoluciones emitidas por sus órganos de supervisión, sea la Comisión y la Corte”.

El cuestionamiento del Estado panameño de la decisión de la CIDH y su negativa a implementar las medidas de protección contrarían sus obligaciones internacionales y la práctica generalizada de los Estados del continente de cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana.

Chan 75Las organizaciones firmantes exhortan al nuevo gobierno de Panamá a honrar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y cumplir con lo solicitado por la Comisión Interamericana para que demuestre su compromiso con la garantía y el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes de su territorio panameño.

Las medidas cautelares son dictadas en cumplimiento de las funciones de promoción y defensa de los derechos humanos de la CIDH a que se refieren los artículos 106 de la Carta de la OEA, 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 del Estatuto de la CIDH.

Las organizaciones firmantes son las siguientes: Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), el Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP), el Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) de Panamá y Centro Pluricultural para la Democracia (CPD) de Guatemala, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cultural Survival e International Rivers que son organizaciones internacionales.

Último reino de Panamá en peligro

El último reino indígena de Panamá,

en riesgo de desaparición por el desarrollo

  • La construcción de una central hidroeléctica amenaza su base de sustento y de transporte, el río Teribe.
  • Varias familias fueron desalojadas y se demolieron casas y escuelas.
  • Es la última comunidad indígena de América que se rige como un reino.
D. ROJO. 28.07.2009 – 14.51 h

En el noreste de Panamá, entre los ríos Teribe y San San, a los que custodian y de los que se sienten miembros, vive la comunidad naso, un pueblo indígena que ahora afronta el reto ante el que tantos otros fracasaron antes.

Los bulldozers, protegidos por la Policía, entraron el pasado 31 de marzo en dos de sus comunidades, San San y San San Druy, demoliendo casas, escuelas, iglesias y áreas recreativas.

El caso ya ha sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las autoridades panameñas: desde el gobernador regional hasta el Defensor del Pueblo, que ha señalado que la expulsión de las 17 familias que vivían en los terrenos de la Ganadera Bocas, que deforesta en busca de pastos para sus reses, violó el debido proceso.

Para reclamar una solución, los naso pasaron varias semanas acampados ante la Casa presidencial en Ciudad de Panamá. Las recientes elecciones generales, en las que no pudieron votar por haber perdido sus documentos en el desalojo, han traído un cambio de rumbo: han abandonado la protesta y han regresado a su tierra a negociar con las nuevas autoridades.

Los indígenas han vuelto a sus tierras con el fin de negociar con las autoridades

Pero la mayor amenaza para los 3.500 miembros de la comunidad naso que viven en los 11 asentamientos que tienen repartidos en la provincia de Bocas del Toro proviene de un proyecto de central hidroeléctrica que afectaría al curso del Teribe, que es tanto su base de sustento como su vía de transporte. La iniciativa recibió el respaldo legal del Gobierno saliente el pasado 15 de junio, según publicó el diario panameño La Estrella.

Los naso son además el último reino de América. Se organizan jerárquicamente en una monarquía electiva, con una asamblea popular que es la máxima autoridad y concede poderes a un Consejo. En la cúspide está el rey o la reina, un cargo que desde 2004 ejerce Valentín Santana. Su reto es no ser el último.

“Vivimos del río Teribe”

El presidente del Consejo Naso, Adolfo Villagra se muestra pesimista ante la situación: “Nuestra economía se basa en la agricultura de sustento, basada en la riqueza del río Teribe. El excedente se mercadea. Otras actividades que se han fortalecido son la artesanía y el ecoturismo”.

“Pero necesitamos que se reconozca oficialmente como comarca nuestro territorio para dejar de sentir la presión de las invasiones de tierras por colonos o de quien explota los recursos de forma incompatible con su protección. Somos de aquí y vivimos aquí desde antes de la colonización. Entonces, ¿adónde vamos a ir?”, se lamenta.

Fuente: 20 Minutos.es