Exploración minera en cerro Chorcha no tiene EIA

Exploración en cerro Chorcha no tiene EIA

Manuel Paredes LA PRENSA/Archivo

Mónica Palm
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
mpalm@prensa.com

Cuprum Resources Corporation realiza exploraciones mineras en cerro Chorcha, sin contar con un estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado.

Algunas de estas exploraciones afectan dos áreas protegidas y de gran biodiversidad: el Bosque Protector de Palo Seco y la reserva forestal de Fortuna.

La Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) indicó ayer que el EIA categoría I –el más laxo de todos, puesto que no exige consulta ciudadana– que Cuprum presentó en diciembre de 2008, está pendiente de aprobación.

Cuprum recién presentó el EIA, a pesar de que su concesión minera está vigente desde el 4 de abril de 2006. La concesión para explorar 24.2 hectáreas es por cuatro años, renovables.

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo denunció ante la Anam que los trabajos de exploración los realiza la empresa Dominion Minerals Corporation, quien tiene un “acuerdo” privado con Cuprum para adquirir hasta el 75% del proyecto en cerro Chorcha.

El ejecutivo principal (CEO) de Dominion es Manuel José Paredes, quien, como viceministro de Comercio, entregó la concesión a Cuprum en 2006.

Trabajos en cerro Chorcha son ilegales

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo ha requerido a la Autoridad Nacional del Ambiente, que dirige la ministra Ligia Castro, que investigue las “exploraciones ilegales” que desarrollan Dominion Minerals y Cuprum Resources Corporation –una subsidiaria de Bellahaven Copper & Gold–, en la provincia de Chiriquí, y la comarca Ngöbe Buglé, específicamente, en el área de cerro Chorcha.

Estos trabajos de exploración mineral se dan en un área en la que confluyen el Bosque Protector de Palo Seco y la Reserva Forestal de Fortuna, detalló Ariel Rodríguez, secretario de asuntos ambientales de la Alianza.

“¿Cómo es posible que se realicen concesiones mineras en áreas prístinas, protegidas y frágiles en cerro Chorcha, sin haber realizado una evaluación estratégica de la política minera en Panamá, como lo manda la legislación ambiental vigente”, se preguntó Rodríguez.

En diciembre, Cuprum presentó un estudio de impacto ambiental, que Anam todavía no ha aprobado.

Hace un mes, Rodríguez solicitó a Castro que multara a los responsables de estos trabajos, que suspendiera cualquier actividad en el área y que solicitara una investigación por delitos ambientales al Ministerio Público. El biólogo no ha obtenido respuesta alguna por parte de Castro. Este diario tampoco pudo hablar con la ministra, pese a que se le dejaron dos mensajes.

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ADEMÁS:  Revise los planes mineros en Cerro Chorcha

http://www.bellhavencg.com/inc/projects/cerro-chorcha/94-maps-cerro-chorcha.html
http://www.dominionminerals.com/Projects/Cerro/

…“aquí casi todo el mundo recibe plata de esta gente”

El Estado, ausente en disputa entre indígenas y multinacional

Goliat genera energía

Comunidades amenazadas por el megaproyecto hidroeléctrico de AES Changuinola

AVANCE. Los trabajos de construcción del dique principal de Chan 1 van a toda máquina. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Paco Gómez

Paco Gómez Nadal
CHANGUINOLA, Bocas del Toro

nacionales@prensa.com

Hay 112 escalones que separan a la comunidad de Charco La Pava del imponente río Changuinola. El aliento no alcanza para el caminante urbano, pero el empinado reto no logrará evitar que esta comunidad quede anegada cuando la represa que se construye a escasos 300 metros entre en operación.

Cuando esto ocurra, la comunidad habrá sido trasplantada a la loma de un cerro que alcanza a divisarse desde el caserío actual. Estará a unos 20 minutos a pie del agua y a una derrota de su tradición, de su forma de vida.

Alrededor de Charco La Pava, AES Panamá –la principal empresa generadora de energía en el país– avanza a pasos de gigante en su proyecto de Hidroeléctrica Chan 75 (Ahora Chan 1) y, a cada paso, las tensiones con y entre la comunidad crecen alimentadas a punta de salarios y discursos.

Algo más de 563 millones de inversión, unos 900 trabajadores, campamentos para sus técnicos que se parecen a los enclaves en la antigua Zona del Canal y… un “pequeño” problema: las comunidades indígenas ngöbe como Charco La Pava, Guayabal, Lazo o Valle del Rey, entre otras. Según los datos de AES, 159 familias con 800 miembros cuyas tierras quedarán dentro de las mil 394 hectáreas que serán anegadas.

Desde hace cuatro años, la empresa ha jugado a dividir la comunidad y desde entonces el pleito ha pasado de las palabras a los enfrentamientos violentos, por la represión policial [la empresa tiene un contrato de prestación de servicios de seguridad con la Policía Nacional] y llegando a la visita de James Anaya, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas el pasado 29 de enero. “Desde que vino Anaya, la empresa presiona un poco menos”, explica Bernardino Tera, de Guayabal. “Bueno, en realidad han cambiado la técnica, ahora utilizan gente de la misma comunidad para convencer y presionar a los que no le vemos el beneficio al proyecto”.

No opina lo mismo Thais Mejía, actual enlace de AES con la comunidad. “No se crean que ese señor [Anaya] les va a solucionar algo, es con nosotros con quien hay que negociar”. Sus palabras se escuchan en el precario salón de la escuela de Charco La Pava donde varios empleados de AES y funcionarios de diversas instituciones del Estado se reúnen con algunos miembros de la comunidad favorables al proyecto. La negociación se acaba cuando se trata de lo que AES denomina Reasentamiento Participativo. “Lo que sí les digo es que el reasentamiento va por que va. Vamos atrasados y no vamos a parar porque tres o cuatro personas no estén de acuerdo”. Concluye “la licenciada”.

A pocos metros de la escuela, Rafael Ábrego, uno de los que se enfrenta a AES mantiene otra versión de la historia. “Ellos nos desprecian, nos dicen que vivimos sucios, entre los animales y la basura, en casas feas… Nos quieren meter en casas de bloque, lejos del río”. Desde el lugar donde está sentado Rafael y Amelia Pineda –otra líder contundente en su posición– se pude ver el incómodo camino de piedritas hecho por AES como aporte a la comunidad. “Debe ser para no mancharse ellos cuando vienen, nosotros vamos con botas de caucho”.

Desde Charco La Pava se pueden ver las obras del dique principal de 99 metros de altura. La devastación es evidente. Ahora, unas 40 personas de las comunidades trabajan temporalmente para AES. Se pasean por el área con casco y chaleco, pero con muy pocas funciones. “Engañan a unos porque son analfabetos o no hablan español. A otros, los compran por un salario, aprovechando su pobreza”, se lamenta Ábrego.

El caso simbólico que muestra AES de estos reasentamientos “participativos” es el de Isabel Beker. De hecho, en su sitio web la ponen como ejemplo de mejora de calidad de vida. Cuando James Anaya visitó a la señora, el símbolo no cumplió con el guión y contó que quiere volver a Charco La Pava y cómo la forzaron abandonar el terreno en el área de la represa.

Valentín Pineda, administrador regional de la Autoridad del Ambiente en Bocas del Toro, cree que debido a lo “conflictivo” del proyecto la mayoría de las delegaciones provinciales del Gobierno central “no han sido suficientemente beligerantes”. En Chan 75 “se dejó la parte social para el final y tuvimos que jalarle las orejas a la empresa”, continúa Pineda quien al final reconoce que, en cualquier caso, sus competencias son limitadas. “Hay decisiones que se toman en Panamá”.

La ausencia del Estado en estos conflictos es evidente. Las comunidades deben negociar por su cuenta y eso las deja en clara desventaja. En el caso de Charco La Pava la desconfianza de los habitantes ante cualquier extraño es contundente. Llegar allá es difícil, porque la empresa controla la carretera pública y registra e interroga a todo aquél que quiera entrar a la zona. Ganarse la confianza de los habitantes es igual de difícil.

Los indígenas ngöbes saben que esta pelea les toca solos. En Charco La Pava, Ernesto López está seguro de que la comunidad tendrá que tomar otra vez “medidas de fuerza”. “El Gobierno está para ayudar a la empresa y en Changuinola todos los medios de comunicación están comprados… no quedan muchas alternativas”. Una mirada que confirma un periodista local en Changuinola, aunque pide el anonimato por miedo a represalias: “aquí casi todo el mundo recibe plata de esta gente”. Un único cabo suelto para Goliat: la diminuta población que sigue oponiéndose a reasentamientos o a compra de tierras.

Día Mundial de Acción contra las Represas

Día Mundial de Acción contra las Represas

Susana Serracín
Abogada Ambientalista

En 1997, el Primer Encuentro Internacional de Afectados por Represas, reunido en Brasil, declaró el 14 de marzo como el “Día Internacional de Acción contra las Represas en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida”.  Se trata de un esfuerzo global en defensa de nuestros ríos, sus ecosistemas, las comunidades indígenas y campesinas amenazadas por proyectos hidroeléctricos.

Según la Comisión Mundial de Represas, más del 50% de los ríos se han represado y cerca de 45 mil grandes represas se han construido en todo el mundo desplazando a más de 80 millones de personas de sus lugares de vida.  Información ampliamente validada por diversos estudios científicos revela que los impactos más visibles son: la transformación irreversible del territorio y el patrimonio natural y cultural, con graves consecuencias directas sobre la población, flora y fauna por inundación de extensas áreas del territorio, migración de especies, remoción de fondos y destrucción de los ecosistemas que dependen de las cuencas hídricas afectadas.

Hoy es más clara la relación que existe entre las represas, las infraestructuras, el sector eléctrico, los intereses de la industria de la construcción, la privatización y el acaparamiento de las fuentes hídricas.

Además, provocan el desplazamiento masivo de población, pérdida de áreas cultivables, deterioro de los recursos naturales, destrucción de bosques y paisajes, disminución del caudal de los ríos, destrucción de economías locales, conflictos sociales relacionados al aprovechamiento de los recursos naturales, corrupción de autoridades públicas, impunidad frente al daño ambiental y el olvido de la cultura y las tradiciones de los pueblos.  La descomposición de materia orgánica produce emisiones de gas metano, que contribuye al calentamiento global.  Por ello, la generación mega hidráulica no es “limpia” y tampoco es la más “barata”,  porque no ha internalizado los costos sociales, culturales, económicos y ambientales, mientras que los beneficios económicos van redondos a las ya abultadas arcas de los actores del negocio energético.

Casos emblemáticos en el Bosque Protector Palo Seco, área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, causan consternación internacional: indígenas Ngobes afectados por el proyecto Chan – 75 o Chan – I, promovido por AES Changuinola, acuden a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en defensa de sus derechos; mientras que indígenas Naso Tjerdi, llevan casi cuarenta años solicitando su comarca, petición que ha sido ignorada sistemáticamente, sufren los embates del proyecto Bonyic.  Éstos son ejemplos entre tantas comunidades que resisten frente a la imposición de emprendimientos energéticos devastadores del ambiente y un sistema que no respeta la participación ciudadana en la toma de decisiones que les concierne.

La política panameña en materia de energía es miope e irracional. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), otras autoridades competentes, empresas y candidatos presidenciales, promueven muy a la ligera la construcción de más hidroeléctricas, como una solución simplista a los complejos problemas de pobreza, atraso e inequidad social, ignorando el bienestar de las comunidades y en ausencia de un análisis científico orientado al desarrollo energético, basado en el uso responsable de nuestros recursos y la promoción del desarrollo humano integral.

La ausencia de una cultura ambiental, la contaminación, el despilfarro desenfrenado de energía, aunado al desarrollo inmobiliario urbano, caótico y deficiente, al margen de una planificación socio ambiental que desconoce las verdaderas opciones de energías renovables no convencionales, son problemas cuya solución no puede postergarse, ya que generan condiciones de alta vulnerabilidad que afectan la calidad de vida de la población y promueven violaciones a los Derechos Humanos.

Hoy es más clara la relación que existe entre las represas, las infraestructuras, el sector eléctrico, los intereses de la industria de la construcción, la privatización y el acaparamiento de las fuentes hídricas. Es por ello que las organizaciones ambientalistas, sociales y populares nos unimos en alianzas y campañas globales, sensibilizando a la comunidad sobre los efectos del cambio climático y el impacto sobre el ambiente que generan las represas, proponiendo cambios estructurales en el desarrollo energético y la formulación de alternativas para la soberanía energética de los pueblos.

Cuidado con la privatización del agua!

PERJUICIO SOCIAL

Acaparamiento de aguas

Yakarta Ríos
opinion@prensa.com

Calmante de la sed, líquido vital, hilo conductor de la vida, agua, elemento inherente a la vida y a la vez escaso y mal distribuido. Panamá enfrenta hoy los embates de la carencia de este recurso en muchos hogares, por infraestructuras deficientes u obsoletas o escasez del recurso, pero paradójicamente las fuentes de donde proviene el agua que consumimos –ríos, quebradas, y aguas subterráneas– son acaparadas día a día.

Este acaparamiento es promovido por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), que mediante la figura de “concesión permanente de agua” ha decidido regalar sistemáticamente nuestro recurso. Es tanta la desvergüenza de esta institución, que a pesar de haber sido sancionados moralmente por el Tribunal Latinoamericano del Agua, en presencia de su equipo legal por “llevar a cabo una mala gestión del uso público del agua”, insiste en la utilización de esta figura jurídica para privatizarle, desde la fuente, el agua a todos los panameños.

Cifras oficiales de la propia Anam y de la Contraloría General establecen que del año 1974 hasta el año 1997 solo se otorgaron 14 concesiones de agua para la ejecución de proyectos sociales, pero a partir de la política de privatización de los servicios públicos y empresas estatales, desde el año 1997 a 2007 se han otorgado más de 665 concesiones de agua permanentes, con volúmenes que alcanzan en algunas concesiones los 286 millones de litros anuales. Por si fuera poco, estas concesiones para toda la vida son otorgadas por la suma de 25 dólares solamente y para uso doméstico, dándole al que la solicite el mismo trato que se le da a un acueducto rural, amas de casa, comunidades indígenas o campesinas que trabajan la agricultura de subsistencia. Estas concesiones de agua, con carácter permanente, violan el artículo 259 de nuestra Constitución que establece que las concesiones de agua se pueden otorgar de forma excepcional, cuando se trate de “obras de bienestar social e interés público”, por ejemplo acueductos, proyectos comunitarios o de riego.

Hoy, la Anam concesiona aguas subterráneas para desplumar pollos, lavar establos, mientras que hay comunidades que son racionadas en su consumo, por no disponer de caudales suficientes para su abastecimiento.

Esta política de acaparamiento lleva a la inequidad, privatización y a la mala distribución del agua, que también es promovida por los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, quienes proponen el proyecto de ley 278, en el que el acceso a ríos y quebradas será restringido y, además, sugieren seguir otorgando concesiones a 30 años prorrogables a 30 años más. Por si fuera poco, introducen un artículo que permite que nuestras fuentes de aguas subterráneas y superficiales puedan ser negociadas con otros Estados, es decir, una especie de hidrocolonialismo, en el que Panamá cederá sus aguas a terceros países, declinando así su soberanía.

Con cada concesión permanente de agua mal otorgada, el Estado pierde tutela sobre el recurso y al intentar recuperarla tendrá que pagar millones al resarcir al concesionario. El poner el agua en manos de pocos, encarecerá la vida del panameño, ya que dejará de ser un servicio público, para convertirse en parte de la canasta básica de alimentos y además tendremos que resignarnos a ser presa de los vaivenes del agua, como ocurre hoy con el petróleo, con la gran diferencia de que sin agua no es posible la vida. En un futuro próximo nos veremos obligados a comprarles el agua a los dueños de los ríos, o comprar tarjetas pre-pago para poder calmar la sed, y es entonces cuando nos daremos cuenta cuan grande daño nos ocasionó la política de enajenación de la Anam.

Siguen justificando venta de tierras inalienables de la nación

LENTITUD. En dos años, Catastro sólo ha entregado 12 títulos de propiedad

70% de islas y área costera tienen derecho posesorio

Sus ocupantes temen que de la noche a la mañana aparezcan inversionistas nacionales y extranjeros con mucho dinero y les arrebaten la tierra que han ocupado durante años.

Yaritza Mojica

PA-DIGITAL

Costumbre Por generaciones, los lugares han ocupado la tierra con derechos posesorios.

Más del 70% de las tierras que están en áreas insulares y costeras del país están registradas bajo la figura de derecho posesorio, lo que las mantiene en un limbo jurídico.Actualmente, el temor de los más de mil lugareños e isleños que tienen su propiedad con derecho posesorio, es que sus tierras sean vendidas a grandes inversionistas.Según el director del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), Rolando Armuelles, el 30% de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado.

Armuelles recomienda a los lugareños que tienen terrenos por posesión que no los vendan.

“Existe un sector con mucha influencia que ve peligroso el que exista un mercado de tierras con titulación”, destacó.

El 55% de los terrenos a nivel nacional en áreas urbanas, rurales y playas también presenta el mismo problema; solo tienen sus derechos posesorios.

La mayoría de los dueños de estas islas y costas solo puede luchar por sus tierras amparándose en un derecho posesorio, que actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no reconoce.

La Ley 63 del 31 de julio de 1973 establece que Catastro sólo reconocerá como dueños a aquellas personas que tienen sus terrenos y fincas inscritas en el Registro Público.

Proyecto.

Con el anteproyecto de Ley 459, que modifica el Código Agrario, y que presentó el diputado Freidi Torres, se busca que Catastro pueda reconocer el derecho posesorio.

Esta figura tiene diferentes expresiones y formas de reconocerse si están en manos de los municipios, el Banco Hipotecario, la Reforma Agraria o Catastro.

Una fuente oficial del MEF aseguró que Reforma Agraria otorga los títulos de tierra de manera discrecional, “de allí la agilidad de los trámites”, sostuvo.

Eficiencia.

En los últimos dos años, Catastro sólo ha otorgado 12 títulos de propiedad; 6 en costa arriba de Colón; 2 en Los Santos y 4 en Farallón.

Mientras que PRONAT ha gestionado más de 60 mil títulos de propiedad a nivel nacional, principalmente, en Veraguas, Herrera, Los Santos y el oriente de Chiriquí.

A partir del 13 de noviembre pasado, una modificación al Código Agrario permite que PRONAT a través de Reforma Agraria otorgue títulos en islas y playas.

Antes, esta potestad era solo de Catastro que con la Ley 42 del 2 de mayo de 1974 era el único que concedía títulos para islas y costas.

Las discusiones en la Comisión de Hacienda sobre la Ley 459, el jueves pasado dejó claro que los lugareños e isleños no quieren que Catastro maneje los títulos.

El temor de ellos es que Catastro les venda sus propiedades a otros mejores postores, además aseguran que la demora puede ser de varios años.