Indígenas panameños emplazan al gobierno sobre aval a represa

Indígenas dan un ultimátum al Gobierno panameño por la construcción de una presa

EFE

Actualizado 04-08-2009 03:15

Panamá.-  Representantes de las etnias indígenas Ngöbe-Buglé de Panamá dieron hoy un ultimátum al Gobierno para que suspenda la construcción de un proyecto hidroeléctrico de la empresa estadounidense AES.

Los Ngöbe-Buglé reivindican que el territorio es su «patrimonio ancestral» y que ahora la compañía estadounidense AES, «va a inundar todo el pueblo con el embalse», lo que afectará a 6.000 personas.

«Hace quince días que estamos en la ciudad presentando nuestras inquietudes, hoy es el último día que damos pacíficamente al Gobierno para que responda a nuestro llamado de auxilio. Si no responde, estamos dispuestos a dar nuestra sangre por nuestra tierra y luchar hasta la muerte», señaló a Efe el vocero de la comunidad Ngöbe-Buglé, Airo Serrano.

A finales de 2005, AES inició el proyecto hidroeléctrico Changuinola que, con una inversión de unos 563 millones de dólares, supone la construcción de un embalse en la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, y que espera esté lista para 2011.

Los Ngöbe-Buglé reivindican que el territorio es su «patrimonio ancestral» y que ahora la compañía estadounidense AES, a través de su filial AES Changuinola, «va a inundar todo el pueblo con el embalse», lo que afectará a 6.000 personas «directa e indirectamente» en un territorio que abarca 6.215 hectáreas.

Según la empresa, el proyecto supone «la movilización o reasentamiento de aproximadamente 800 personas», residentes de las comunidades indígenas de Changuinola Arriba, Charco La Pava, Valle del Rey, Guayabal y Lazo.

Estas comunidades quedarán anegadas con el llenado del embalse, por encontrarse en las zonas donde se construirán las estructuras principales de la hidroeléctrica y el futuro lago de la central, según reconoció AES Changuinola en su página web.

«Estamos haciendo una protesta pacífica pidiendo al Gobierno panameño que cumpla la medida cautelar adoptada por las organizaciones interamericanas de derechos humanos», añadió Serrano en una concentración frente la Defensoría del Pueblo junto a otros diez representantes de la comunidad.

Tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), como el relator especial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, solicitaron al Gobierno de Panamá adoptar medidas para proteger los derechos humanos de las etnias Ngöbe-Buglé, ante la construcción de esta central hidroeléctrica.

Serrano también denunció que el proyecto «está contaminando el río, derribando árboles» y que las detonaciones de explosivos para construir la represa «han impedido que los niños asistan a clases durante dos meses por lo sonidos tan intensos», ya que se hacen «de forma repentina, sin ninguna alarma ni aviso».

«El Gobierno nunca nos consultó cuando dio las tierras a la empresa y ahora dice que pidamos una suma de dinero para desalojar la tierra», subrayó Serrano.

El vocero de la comunidad Ngöbe-Buglé remarcó que esa no es la única etnia indígena «explotada» actualmente, ya que los grupos indígenas Emberá y Naso mantienen conflictos similares con empresas privadas por proyectos en sus territorios

AES opera en Latinoamérica desde 1993 y actualmente tiene presencia en Colombia, Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, República Dominicana y Panamá países en los que cuenta con 47 plantas de generación y 9 empresas de distribución que sirven a 8 millones de clientes con una capacidad instalada de 11.224 MW.

Ambientalistas latinoamericanos realizaron foro en Chiriquí

Declaratoria de Boquete
V Foro Mesoamericano contra represas y por la defensa de los ríos y las comunidades

Boquete, Panamá, 25 de abril de 2009

Reunidos en Boquete, Chiriquí, Panamá, 264 representantes de pueblos de Mesoamérica y de pueblos originarios de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, y con acompañamiento de representantes de Chile, Argentina, Estados Unidos, España, Italia, Finlandia, han realizado el V Foro Mesoamericano contra represas y por la defensa de los ríos y las comunidades.

Han declarado que las represas responden a un sistema que atenta contra la naturaleza y la humanidad.  Indican que América Latina sigue siendo un gran territorio usurpado, agredido, explotado y asesinado, para convertir en mercancía toda la vida que guarda nuestra Tierra.

En esa cadena de muerte nuestros pueblos, y principalmente nuestros pueblos originarios, son las principales víctimas de un modelo de economía obsesionado por el crecimiento económico que atenta contra la vida y favorece la avaricia de un reducido grupo de empresas y personas.

V Foro Mesoamericano contra Represas y por la Defensa de los Ríos y las Comunidades

Recalcaron que el modelo de sociedad que nos están imponiendo, ha generado efectos severos e irreversibles para la vida en nuestro planeta como el cambio climático. Observan que ese modelo de sociedad está privatizando la vida misma por medio del patentamiento de nuestros conocimientos ancestrales y la apropiación con fines comerciales de la biodiversidad, la producción transgénica, el control transnacional de la producción, con la consecuente la pérdida de seguridad y soberanía alimentaria, etc. A todo esto se suma la construcción de megaproyectos mineros, hidroeléctricas, turísticos, etc.

La responsabilidad directa de esa destrucción planetaria es de las agencias de financiamiento internacional como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ka Corporación Andina de Fomento (CAF) y toda la red corporativa de multinacionales principalmente del Grupo de los 20 de los países.

Los participantes han indicado que ya estamos viviendo en los linderos de la explotación de la Tierra y por eso cada vez más los proyectos atentan contra los pueblos indígenas, parques nacionales y otras las áreas que son parte de las principales fuentes de biodiversidad, agua, petróleo, minerales, etc. Nos roban la Tierra, nos despojan, nos echan de nuestras casas, nos someten a todas las formas de violencia, desde amenazas, intentos de sobornos, persecución, encarcelamiento, tortura, desapariciones y asesinatos, y encima de todo, criminalizan nuestra autodefensa inventando nuevas leyes y sometiendo a procesos judiciales a personas y organizaciones.

En cada uno de los países del continente americano muchos proyectos atentan contra la vida, y entre éstos se encuentran:

en México los proyectos hidroeléctricos (PHs) La Parota, Paso de la Reyna y la Yesca. Las Presas de abasto de agua Zapotillo y Arcediano, el campo eólico La Venta. A la vez siguen las luchas para resarcir a la población de El Cajón y Los Picachos, la liberación de presos políticos del movimiento de Atenco.

En Guatemala los PH Xlalá, HidroXalbal, la minería a cielo abierto en San Marcos y la interminable lucha para resarcir y reinvindicar las víctimas de Chicxoy.

En Honduras los megaproyectos de enclave turísticos Bahía de Tela, PH Patuca III, la Base militar Katski, la explotación petrolera de la plataforma marítima y los PHs El Tigre y Wancarque. Las minerías Minas de oro en Comayagua, Montecillo entre muchas otras, y futuros proyectos hidroeléctricos en Atlántida y Valle de Sula, y la violación por parte del Gobierno de los acuerdos firmados con los pueblos Garífunas a través de OFRANEH, y con otros pueblos indígenas.

El Salvador los PHs El Tigre, El Chaparral, El Cimarrón, Sensunapán II, la exploración minera en Texistepeque, Chalatenango, Cabañas, Morazán, carretera longitudinal del Norte.

En Costa Rica los PHs Pacuare, Diqués, Savegre, la mina a cielo abierto Las Crucitas, los 25 proyectos de marinas e innumerables megahoteles en la zona marítimo terrestre, la privatización del agua en Sardinal y Volcán Barba entro otros sitios, las concesiones de agua para explotación hidroeléctrica, etc.

En Panamá, destrucción de la legislación de la autonomía de los pueblos, en un país con una vasta cultura originaria que incluye Gnobe, Buglere, Nasso, Emberá, Wounaan, Kuna, etc, y aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, lo que confirma la discriminación imperante. En este país continúa la recolonización, usurpación e invasión de los territorios indígenas con proyectos de todo tipo incluidos nuevos residenciales de lujo para nacionales y extranjeros, pero además por ganaderías e hidroeléctricas, que sólo en Bocas del Toro suman más de 15 y 160 en todo el país de los cuales 120 serían en Chiriquí. Además se planea construir una megarefinería petrolera en Puerto Armuelles.

Debido a esto el V FORO REDLAR ha reafirmado en su declaratoria final que las represas no son energía limpia como está demostrado en miles de casos en todo el planeta. En todo caso, las comunidades no necesitan la probación de la ciencia oficial para reconocer el daño al planeta. La supuesta energía limpia de las hidroeléctricas ha sido un engaño facilitado por las empresas ejecutoras de los llamados estudios de impacto ambiental en todo el mundo, cuyo fin real ha sido facilitar inversiones y fabulosas ganancias privadas.

Ante en el cambio climático, el Foro rechaza como supuesta solución el mercado de carbono y la hipocresía de los países del norte y de las corporaciones responsables de este desastre. Todos los proyectos como represas, petroleras, minerías, agrocombustibles, monocultivos, etc, contribuyen al cambio climático, los desastres naturales y a elevar la vulnerabilidad ecológica y de los pueblos. Insistiremos en una justicia climática que regule el consumismo depredador y los intereses de las transnacionales que controlan y lucran con los elementos de la Tierra.

Además indican que los pueblos de América Latina mantendrán y reforzararán la defensa del agua como derecho humano fundamental, para asegurar el acceso universal a ésta, bajo principios de solidaridad y precios y costos justos según los distintos tipos de uso, y promoviendo su protección integral y rechazan las distintas formas de privatización y exigen se les de prioridad a las poblaciones sobre cualquier forma de explotación comercial nacional o transnacional.

Exigirán permanentemente ante las instancias nacionales e internacionales que sean procesados y castigos todos los responsables de actos de irresponsabilidad, corrupción, manipulación, engaños, compra de personas y organizaciones, encarcelamientos, muertes, etc, con el objetivo de construir proyectos en nuestros países. Insistirán en superar la impunidad como norma internacional, por un sistema legal que responsabilice a los culpables de la muerte a gotas o intempestiva que sufren nuestros pueblos y la naturaleza en nuestros territorios.

Seguirán defendiendo normas como el derecho precautorio y la aplicación rigurosa del Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos indígenas, y otros convenios, acuerdos y tratados internacionales, orientados a asegurar la autodeterminación de los pueblos indígenas.

En el caso de Panamá, han llamado la atención al Gobierno que es una vergüenza que el país no haya ratificado el protocolo 169 de la OIT.

El V Foro REDLAR rechaza el actual plan de ampliación del Canal de Panamá porque su diseño irresponsable amenaza la reserva de agua dulce más grande del país y provocará daños irreversibles a la naturaleza e inundaciones en áreas pobladas. Rechazamos ese proyecto pero le ofrecemos al país un nuevo diseño eficiente y sostenible fundamentado en los estudios del Ing. Bert G. Shelton L. que resulta incluso más económico y garantiza la calidad de vida y el futuro potencial del canal.

El V Foro REDLAR apoya la iniciativa de Ríos Libres que recorre el continente uniendo las luchas en defensa de nuestros ríos, incorporando personas jóvenes, organizaciones y pueblos en acciones de solidaridad mutua en defensa de la vida.

El V Foro se adhiere al Manifiesto presentado al Gobierno de México el 19 de marzo 2009, en protección de los ríos y las comunidades.

La propuesta del Foro REDLAR es la soberanía energética con proyectos que tengan como prioridad las necesidades de nuestros pueblos y respeten la Tierra, bajo la cosmovisión de convivencia entre la gente y la Tierra de la cual somos parte.

Apoyaran todas las iniciativas energéticas sustentables que, en primer lugar, atiendan las necesidades reales de nuestros pueblos y no los intereses privados. En esa búsqueda instan a universidades, organizaciones e instituciones a que se comprometan y trabajen al lado de los pueblos.

Muchas otras premisas éticas y de valores han sido incorporadas en esta declaratoria final del V Foro REDLAR donde participaron delegaciones de México: IMDEC, MAPDER, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, CECOP-La Parota, Otros Mundos, Colectivo COA; Guatemala: Frente Petenero, Frente ACUDET, Fundamaya, Centro de Defensoría Legal Ambiental, Frente Guatemala; Honduras: OFRANEH, COPINH, COPRUMH, Alianza Verde; El Salvador: CESTA-AT, CDC (Centro por la defensa del consumidor), FUNPROCOOP-Monares; Costa Rica: FECON, PROAL-Amigos del Pacuare, UNO-VIDA, La voz del pueblo, Unidos por Talamanca, COECO-CEIBA-AT, Asoc. ANAI, Asoc. Cultural Ngobegue, Naso Lokés, DITSO, Térraba, Asamblea Cultural, ACIT, Comunidad Rey Curré, Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Bajo Chirripó; Ecuador: Acción Ecológica. Chile y Argentina: Ríos Libres. Colombia: CENSAT-Agua Viva-AT, AIDA; Panamá: M-10 Tabasará, Fundación Naso, STAP, ASAMCHI, CPL, Frente Minero, CMC, Congreso regional, Asoc. de Desarrollo Sostenible, UNACHI, Asoc. Kuchaches, Fundación Almanaque Azul, DUMAC, Colibrí, Comité Pro-Defensa del Distrito de Donoso, BIOTERRA, ACADESI, FUDECO, Coordinadora Nacional para la Defensa de las Tierras y Aguas, Comité pro-Defensa del Río Chiriquí Viejo, Real Boquete, Centro de Incidencia Ambiental CIAM, Asoc. pro-Defensa de las Cuencas Hidrográficas, ACD-MUCANDERCO, Grupo Ambientalista de San Andrés, Grupo Ambientalista del Roble, Equipo Misionero Católica Soloy, Comité en Pro-Defensa del Río Chorcha, Comité Mixto 8 de Mayo, Colectivo DDHH-Universidad de Panamá, MODETTAB, FUNDICCEP, Oil Watch-Panamá, Comarca Ngobegue, Comarca Kuna Yala, Comité ProDefensa del Lago Gatún, Congreso Regional Bocas del Toro, Alianza ProPanamá, Comunidades David, Chiriquí, Ciudad Panamá, Bocas del Toro, Boquete, Colón; Chile: Ríos Libres; Organizaciones regionales: Internacional Rivers Netwok, OilWatch-Mesoamérica, Amigos de la Tierra- AL, Grito de los Excluidos.

XII Día Mundial de acción contra las represas y por los ríos, el agua y la vida

14 DE MARZO: XII DÍA MUNDIAL DE ACCIÓNCONTRA LAS REPRESAS Y POR LOS RIOS, EL AGUA Y LA VIDA

Burica Press –Medio Ambiente

La Red de lucha contra las represas más importante de América Latina exigió a los gobiernos de la región suspender los proyectos hidroeléctricos y de abastecimiento de agua que implican severos impactos sociales y ambientales.

Del 14 al 22 de marzo, en la Semana del Agua, se harán cientos de actividades de protesta en todos los países de Latinoamérica, reclamando por ríos libres, reparación y restauración de daños ocasionados por las grandes represas y por el agua como derecho humano y bien común.

El Día Mundial de Acción contra las Represas fue fijado en Curitiba, Brasil, en 1997, al culminar el «Primer Encuentro Internacional de Pueblos Afectados por Represas». Cada año, desde entonces, organizaciones de todo el mundo realizan actividades y movilizaciones en simultáneo para la fecha. Este año, las actividades y protestas contra las grandes represas en América Latina se realizarán durante toda la semana, hasta el 22 de marzo, instaurado como Día Mundial del Agua.

En su última asamblea, la Red Latinoamericana sobre Represas (Redlar), exigió al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el desmantelamiento inmediato de la represa Urrá I y, la reparación de los daños ocasionados al Río Sinú, a la cultura y formas de vida del pueblo Embera Katío, del pueblo Zenú, y a los pescadores y campesinos de la Cuenca Baja del río Sinú, consecuencia directa de la construcción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica, así como la cancelación del proyecto Río Sinú (Urrá II) que condenaría al exterminio del Pueblo Emberá Katío del Alto Sinú.

“Los gobiernos de la región deben implementar una matriz energética sustentable que no signifique la imposición, agresión, genocidio y destrucción de las culturas y el medio ambiente, y deben priorizar una política de eficiencia energética regional”, sostuvo Elba Stancich, de Taller Ecologista (Argentina), integrante del equipo de coordinación de Redlar.

Eugenio Guido, de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) y co-coordinador de Redlar, sostuvo que “los gobiernos tienen la obligación de respetar y reconocer legalmente los procesos consultivos y plebiscitos comunitarios sobre los proyectos hidroeléctricos, como los realizados en Pacuare (Costa Rica), en Ixcán (Guatemala) y en Misiones (Argentina) por la represa de Corpus”.

Para esta Red “es fundamental que se detenga la criminalización de las luchas y protestas sociales y ambientales, así como la necesidad del esclarecimiento y la sanción penal a los autores de los asesinatos de dirigentes sociales y populares que lucharon por los derechos humanos, culturales, ambientales y territoriales de sus pueblos”, señaló Bertha Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), también de la coordinación de Redlar.

Finalmente, los miembros de Redlar realizaron un llamamiento a que el conjunto pleno de las sociedades y los representantes que las gobiernan, se comprometan con un modelo energético sustentable y éticamente responsable con la naturaleza y la gente.

NOTAS

(1) http://www.redlar.org.ar: audios y actividades sobre el Día de Acción Internacional.

http://www.internationalrivers.org/en/day-of-action: información sobre acciones globales:

(2) Redlar (Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua). La Red está compuesta por más de 260 miembros de organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres, redes, frentes, y movimientos de 18 países de América Latina, que involucran a más de un millón de personas. Fue constituida en 1999, en San Pablo, Brasil.

Día Mundial de Acción contra las Represas

Día Mundial de Acción contra las Represas

Susana Serracín

Abogada Ambientalista

En 1997, el Primer Encuentro Internacional de Afectados por Represas, reunido en Brasil, declaró el 14 de marzo como el «Día Internacional de Acción contra las Represas en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida».  Se trata de un esfuerzo global en defensa de nuestros ríos, sus ecosistemas, las comunidades indígenas y campesinas amenazadas por proyectos hidroeléctricos.

Según la Comisión Mundial de Represas, más del 50% de los ríos se han represado y cerca de 45 mil grandes represas se han construido en todo el mundo desplazando a más de 80 millones de personas de sus lugares de vida.  Información ampliamente validada por diversos estudios científicos revela que los impactos más visibles son: la transformación irreversible del territorio y el patrimonio natural y cultural, con graves consecuencias directas sobre la población, flora y fauna por inundación de extensas áreas del territorio, migración de especies, remoción de fondos y destrucción de los ecosistemas que dependen de las cuencas hídricas afectadas.

Hoy es más clara la relación que existe entre las represas, las infraestructuras, el sector eléctrico, los intereses de la industria de la construcción, la privatización y el acaparamiento de las fuentes hídricas.

Además, provocan el desplazamiento masivo de población, pérdida de áreas cultivables, deterioro de los recursos naturales, destrucción de bosques y paisajes, disminución del caudal de los ríos, destrucción de economías locales, conflictos sociales relacionados al aprovechamiento de los recursos naturales, corrupción de autoridades públicas, impunidad frente al daño ambiental y el olvido de la cultura y las tradiciones de los pueblos.  La descomposición de materia orgánica produce emisiones de gas metano, que contribuye al calentamiento global.  Por ello, la generación mega hidráulica no es «limpia» y tampoco es la más «barata»,  porque no ha internalizado los costos sociales, culturales, económicos y ambientales, mientras que los beneficios económicos van redondos a las ya abultadas arcas de los actores del negocio energético.

Casos emblemáticos en el Bosque Protector Palo Seco, área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, causan consternación internacional: indígenas Ngobes afectados por el proyecto Chan – 75 o Chan – I, promovido por AES Changuinola, acuden a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en defensa de sus derechos; mientras que indígenas Naso Tjerdi, llevan casi cuarenta años solicitando su comarca, petición que ha sido ignorada sistemáticamente, sufren los embates del proyecto Bonyic.  Éstos son ejemplos entre tantas comunidades que resisten frente a la imposición de emprendimientos energéticos devastadores del ambiente y un sistema que no respeta la participación ciudadana en la toma de decisiones que les concierne.

La política panameña en materia de energía es miope e irracional. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), otras autoridades competentes, empresas y candidatos presidenciales, promueven muy a la ligera la construcción de más hidroeléctricas, como una solución simplista a los complejos problemas de pobreza, atraso e inequidad social, ignorando el bienestar de las comunidades y en ausencia de un análisis científico orientado al desarrollo energético, basado en el uso responsable de nuestros recursos y la promoción del desarrollo humano integral.

La ausencia de una cultura ambiental, la contaminación, el despilfarro desenfrenado de energía, aunado al desarrollo inmobiliario urbano, caótico y deficiente, al margen de una planificación socio ambiental que desconoce las verdaderas opciones de energías renovables no convencionales, son problemas cuya solución no puede postergarse, ya que generan condiciones de alta vulnerabilidad que afectan la calidad de vida de la población y promueven violaciones a los Derechos Humanos.

Hoy es más clara la relación que existe entre las represas, las infraestructuras, el sector eléctrico, los intereses de la industria de la construcción, la privatización y el acaparamiento de las fuentes hídricas. Es por ello que las organizaciones ambientalistas, sociales y populares nos unimos en alianzas y campañas globales, sensibilizando a la comunidad sobre los efectos del cambio climático y el impacto sobre el ambiente que generan las represas, proponiendo cambios estructurales en el desarrollo energético y la formulación de alternativas para la soberanía energética de los pueblos.

Hidroeléctricas amenazan a indígenas en Bocas del Toro

BOCAS DEL TORO

Indígenas divididos por hidroeléctricas

El rey teribe Tito Santana se mostró a favor de la construcción de los proyectos.

Amilcar villarreal
CHANGUINOLA, Bocas del Toro.

En la provincia de Bocas del Toro se lleva a cabo la construcción de dos proyectos hidroeléctricos, uno ubicado en la comunidad de Charco la Pava, que Construye la Empresa AES Changuinola y el otro en Bonyik, en la región Teribe, que desarrolla la Empresa Pública Medellín.

Estos proyectos mantienen a dos grupos indígenas en conflicto: un grupo se muestra a favor de ellos, y el otro los rechaza.

Los opositores sostienen que los proyectos atentan contra la naturaleza y ponen en peligro la vida de los ríos y comunidades.

En Charco la Pava se desarrolla la hidroeléctrica Chang 75, uno de los proyectos más importantes del país a un costo de 560 millones de dolares.

Desde hace meses estos grupos indígenas, que habitan en comunidades cercanas al proyecto, se han manifestado cerrando calles y obligando a AES a suspender en varias ocasiones los trabajos.

El conflicto ha llegado más allá de lo esperado. En contraste, quienes apoyan las hidroeléctricas sostienen que los opositores son apoyados por ambientalistas.

Para Francisco Santos –representante de los opositores al proyecto– la empresa AES inició incumpliendo normas ambientales y continúa los trabajos de infraestructura lejos del estudio de impacto ambiental.

Santos manifestó que la empresa AES sigue incurriendo en violaciones en territorios indígenas y ha destruido lugares arqueológicos, producto de las detonaciones utilizadas en Charco la Pava.

Agregó que la empresa AES pide 6 mil hectáreas a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) que están en áreas protegidas para desarrollar la obra; mientras que se le ha prohibido a las comunidades a cazar y utilizar sus recursos para sobrevivir.

Por su parte Humberto González, gerente de AES Changuinola, dijo que reitera su compromiso y apego total al cumplimiento de las leyes.

Por otro lado, para el rey Tito Santana del Teribe, las obras de la Hidroecológica del Teribe son beneficiosas para la población ya que han generado muchas fuentes de empleo.

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El actual Rey Naso es Valentín Santana, ya que el antiguo Rey Tito fue destitutido por el consejo Naso debido a su afiliación con la empresa promotora de la hidroeléctrica de Bonyic, planteada en su propio territorio.

Interesante que este periodista que vive en Bocas del Toro, desconozca este conflicto que lleva varios años.

Burica Press