Objeciones legales a concesión adicional en Bosque Protector de Palo Seco

OBJECIÓN A CONCESIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL BOSQUE PROTECTOR DE PALO SECO, RESERVA DE LA BIÓSFERA A LA EMPRESA HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

Dra. Ligia Castro de Doens
Administradora General
Autoridad Nacional del Ambiente
República de Panamá

CONSIDERANDO

Que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) ha anunciado a través de un edicto el interés de concederle mil doscientas hectáreas (1200 ha) (12,000,000 m2) a la Empresa Hidroecológica del Teribe (HET), afiliada con Empresas Públicas de Medellín (EEPPMM) para el desarrollo de una represa para un complejo de generación eléctrica denominada Bonyic, y ubicada en la quebrada del mismo nombre en la subcuenca del Río Teribe, Cuenca del Río Changuinola.

SOLICITAMOS LA DENEGACIÓN DE DICHA SOLICITUD DE CONCESIÓN DEBIDO A LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:

PRIMERO: Que el Parque Internacional la Amistad (PILA), es una de las regiones con mayor endemismo y biodiversidad del Planeta, reconocido a nivel internacional como área núcleo de la Reserva de la Biosfera La Amistad, es parte del Corredor Biológico Mesoamericano y Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.

Comarca Naso Teribe, Bosque Protector de Palo Seco, al Fondo el PILA

Río Teribe, tributario del Río Changuinola. Bosque Protector de Palo Seco. Comarca Naso Teribe, Provincia de Bocas del Toro. Foto: S. Atencio (Cortesía de ACD)

SEGUNDO: Que las áreas protegidas son la piedra angular de la conservación in situ de la diversidad biológica. Su importancia, que abarca la conservación de la biodiversidad, el almacenamiento de material genético, el suministro de servicios esenciales de los ecosistemas a favor del bienestar humano y la contribución al desarrollo sostenible, ha sido reconocida en distintos ámbitos, desde los organismos internacionales y gobiernos nacionales hasta las agrupaciones locales y las comunidades.

TERCERO: Que el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), del cual el Parque Internacional La Amistad (PILA) es un eslabón de importancia, “constituye un concepto de desarrollo, que parte de un sistema territorial, y un concepto de ordenamiento, que incluye las áreas naturales protegidas entre el sur de México y la península del Darién en Panamá en donde se alberga una enorme diversidad biológica y cultural. El concepto del CBM integra conservación y uso sostenible de la biodiversidad, manteniendo o restableciendo la función de conectividad de los ecosistemas”.

CUARTO: Que actualmente esta frágil zona de inmensa riqueza biológica, sufre la embestida de proyectos hidroeléctricos e infraestructuras en territorios Naso y Ngobe ubicados en el Bosque Protector Palo Seco, quienes son poseedores de culturas muy complejas, en violación a los más elementales principios de respeto a la vida, la equidad y la libre determinación de los pueblos. De allí que es urgente adoptar medidas que mejoren la cobertura, representatividad y gestión de las áreas protegidas a escala nacional, regional y global.

QUINTO: Que el proceso progresivo de cambios en el uso de la tierra, acompañado de la fragmentación de los hábitat y paisajes, el aislamiento de poblaciones vegetales y animales, la extinción de especies, y la amenaza de hacer desaparecer una de las muestras de biodiversidad más ricas del Planeta, son factores que reducen la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano sostenible.

SEXTO: Que los Teribe, Naso o Tjer-di son un grupo indígena localizado al noroeste de Panamá, específicamente al oeste de la provincia de Bocas del Toro, en un área de 1,300 km². Este territorio abarca gran parte de la cuenca del Teribe y del río San San. Existen alrededor de 3,500 habitantes.

Rey Naso Valentin Santana, la tierra no debe ser vendida ni regalada

“La tierra de nuestra gente no puede ser vendida, ni regalada”: Rey Naso Valentín Santana. Foto: Holly Pickett y Benjamin Shors. Publicado como multimedia en el Miami Herald bajo título Mother River.

SÉPTIMO: Que actualmente existe una enorme presión tanto en esta área protegida por diferentes proyectos hidroeléctricos que tienen serias implicaciones en lo ambiental, cultural y social, especialmente en comunidades indígenas altamente vulnerables, como los Naso y Ngobes.

OCTAVO: Que la creciente invasión de proyectos de represas que vienen imponiendo las grandes transnacionales y organismos multilaterales en alianza con los gobiernos de la Región Mesoamericana atentan contra la sobrevivencia e idiosincrasia de nuestros pueblos ante la expulsión indiscriminada de sus territorios.

NOVENO: Que los Teribe, Naso o Tjer-di viven ancestralmente en estos territorios y áreas protegidas, ahora son blanco de persecución y hostigamiento institucional, para favorecer intereses lucrativos y particulares y por ello se oponen a la construcción del proyecto hidroeléctrico de Bonyic, en defensa del ambiente y su territorio.

DÉCIMO: Que la proliferación de los proyectos hidroeléctricos no obedece a las necesidades energéticas de los pueblos, sino que responde a la necesidad de crear infraestructura para desarrollar un modelo económico que prioriza la rentabilidad económica sobre la conservación ambiental.

UNDÉCIMO: Que la Red Internacional de Ríos, con sede en los Estados Unidos, plantea que los impactos sociales y ambientales de la construcción de represas son cuantiosos, pues según el Informe de la Comisión Mundial de Represas, en el mundo han sido desplazadas unas 80 millones de personas y destruido numerosos hábitats naturales.

DUODÉCIMO: Que “los beneficios en la generación y utilización de energía son especialmente para las grandes corporaciones que la necesitan en grandes cantidades, para la banca internacional que financia los proyectos y para las compañías consultoras y constructoras de las represas; pero los costos medioambientales y sociales sólo son para los pobladores que son desplazados de sus tierras y que sufren los efectos medioambientales”.

DÉCIMO TERCERO: Que la Constitución Política de la República de Panamá de 1972, establece en el artículo 114 lo siguiente:
ARTÍCULO 114. Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana…”.
Por tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar un ambiente sano y libre de contaminación para beneficio de la población.

DÉCIMO CUARTO: Que la Constitución Política de la República de Panamá de 1972, con relación al tema de las concesiones, se inspira en principios que atienden al interés público y el bienestar social:
Artículo 259. Las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público.
La norma constitucional en cita se enfoca en el desarrollo humano y la importancia que ello comporta en la calidad de vida de las comunidades, en la promoción de actividades, en este caso, las concesiones deben orientarse en un sano principio de equilibrio entre las metas sociales y económicas de la nación, y que no sólo se basen en argumentos estrictamente económicos, generando injusticias sociales.

DÉCIMO QUINTO: Que la Ley General del Ambiente, en el Capítulo II del Título I, artículo 2 de las definiciones básicas, define Concesión de Administración en los siguientes términos:

Concesión de Administración: Contrato mediante el cual se otorga a un municipio, gobierno provincial, patronato, fundación o empresa privada, la faculta de realizar actividades de manejo, conservación, protección y desarrollo de un área protegida, en forma autónoma.

De acuerdo al concepto citado, se entiende que las concesiones administrativas tienen el objetivo primordial de coadyuvar en las tareas de conservación ambiental para consolidar de esta forma, el manejo del área protegida con actividades que sean congruentes con los fines de protección y desarrollo sostenible de la zona, en donde la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), desempeña un papel importante como autoridad rectora en materia ambiental.

DÉCIMO SEXTO: Que adjudicar una concesión de administración para la construcción de un Proyecto Hidroeléctrico en el Bosque Protector Palo Seco (Bonyic), se estaría avalando una actividad incompatible con los fines de conservación ambiental, por su alto impacto ambiental y la construcción de infraestructura que las obras conllevan. Además, se atentaría contra el modo de vida, cultura, costumbres, patrones de subsistencia y el desarrollo social de la población Naso que allí habita.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que el espíritu de la Ley General de Ambiente y la Política Ambiental en este país es el de brindarle una protección especial a las áreas protegidas a través de un enfoque holístico que atienda a una verdadera visión de desarrollo para la comunidad, que proteja los corredores de conservación, las cuencas hidrográficas, la promoción de prácticas para la mejor utilización de la tierra y la educación ambiental que fortalezca los valores y las prácticas culturales de los pueblos.

DÉCIMO OCTAVO: Que Panamá ha ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica, el cual tiene como objetivo la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso de los recursos naturales. El artículo 8j del Convenio establece también que los Estados, con arreglo a su legislación, respetarán, preservarán y mantendrán, los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas en materia de uso de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. Esto significa que los Estados deben respetar el principio de la espiritualidad y de lo sagrado, que practican los pueblos indígenas en materia del uso de los recursos naturales que les rodean.

DÉCIMO NOVENO: Que la Ley General de Ambiente en el artículo 99 señala que:

Artículo 99. Los estudios de exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales que se autoricen en tierras ocupadas por comarcas o pueblos indígenas, no deben causar detrimento a su integridad cultural, social, económica y valores espirituales.

Por lo tanto, otorgar una concesión administrativa en esta zona de rica biodiversidad y de gran valor cultural y étnico para construir esta represa, sería un craso error que fomentaría la promoción de una política de desarrollo descontrolado y de gran impacto, lo cual atenta contra la fragilidad ecosistémica que caracteriza a esa zona y atenta contra la integridad cultura, social, económica y los valores espirituales del pueblo Naso.

VIGÉSIMO: Que existe el Principio de Precaución o Indubio Pro Natura que debe tenerse presente y el cual establece que: “Cuando hay amenaza de un daño serio o irreversible, la incertidumbre científica no puede utilizarse para posponer medidas efectivas de prevención de la degradación ambiental”. Por esto, los elementos mencionados deben tenerse en cuenta, no porque produzcan resultados exactos del valor de medio ambiente, sino porque aportan criterios para la evaluación cualitativa, que finalmente habrá que realizar para avanzar hacia la integración de las consideraciones ambientales en la toma de decisiones.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que el rol del Estado debe orientarse a incrementar el apoyo de la sociedad civil a la conservación de la herencia natural y cultural contenida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, siempre que prime el interés de conservación sobre cualquier otro, evitando los conflictos sociales y fortaleciendo la participación comunitaria plena en los asuntos de su interés.

Comarca Naso Teribe, Bosque Protector de Palo Seco, al Fondo el PILA

Río Teribe. Comarca Naso Teribe. Los nasos han convivido en esta área por más de 500 años y aún está en excelente estado de conservación toda la biodiversidad del Bosque Protector de Palo Seco y el Parque Internacional La Amistad (al fondo). Foto: S. Atencio (Cortesía de ACD).

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la magnitud y el impacto de las operaciones que allí se realizarían no son consecuentes con los principios de biología de la conservación y el régimen legal vigente, al favorecer un interés particular privado, frente al supremo principio del interés colectivo, pues se desvirtúa la naturaleza jurídica de la figura de la concesión, en contra de lo que establecen la Constitución y las leyes de la República.

VIGÉSIMO TERCERO: Que los parámetros adoptados por las metodologías para evaluar los impactos ambientales, EIA, prescriben que las intervenciones humanas en los sistemas naturales deben guiarse por el conocimiento de los límites de resiliencia. El concepto de resiliencia es estrictamente ecológico y se refiere a la facultad que tienen los sistemas naturales para asimilar tanto las intervenciones externas como los cambios en sus procesos internos, sin perder su identidad. Cada sistema natural tiene sus propias fronteras de resiliencia más allá de las cuales cualquier intervención humana puede inducir no solamente la recesión del sistema, sino el colapso.

CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA:

En virtud de todas las consideraciones científicas y legales expuestas, teniendo presente que para mitigar la extinción de las especies silvestres y reducir la pérdida de biodiversidad se requiere prevenir y reducir la fragmentación excesiva de esta importante área protegida, consideramos que el proyecto hidroeléctrico Bonyic, no es factible por ser contrario a las leyes vigentes que rigen la materia, por sus graves e irreversibles impactos tanto al ambiente como a la forma de vida de estas comunidades indígenas Naso que debe ser respetada.

Proteger la diversidad biológica, es una compleja tarea que implica no sólo la conservación de estos hábitats, sino también asegurar un nivel suficiente de interconexión. Este proceso implica también el respeto a la integridad étnica y cultural del pueblo Naso, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana.

SOLICITUDES ESPECIALES:

Exigimos a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), buscar formas alternativas a la generación de energía eléctrica, impulsar verdaderos programas de ahorro de energía y de mejoramiento de las represas existentes y no permitir la construcción de proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas, por ser contrario a los fines de conservación y mejoramiento ambiental para los cuales fueron creadas.

Exigimos al Gobierno y a las Corporaciones involucradas que respeten los derechos de los pueblos indígenas, particularmente al pueblo Naso, que ha manifestado de manera pública y firme su rechazo a este proyecto hidroeléctrico Bonyic, mediante protestas pacíficas, mientras que autoridades locales de la Provincia de Bocas del Toro y empresarios, con el uso de represión policial y abuso de poder, violan sus Derechos Humanos persiguiéndolos, acosándolos y encarcelándolos ilegalmente para “sanear” el área, anteponiendo el interés particular sobre el interés colectivo.

En vista del enorme riesgo, el daño ambiental y a las poblaciones indígenas que allí habitan, invocamos el respeto al Principio Indubio Pro Natura y con base en los argumentos científicos y de derecho expuestos, solicitamos de la manera más firme y enérgica que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), cumpla su rol como la entidad autónoma rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, y no adjudique esta Concesión de Administración y Manejo del Bosque Protector de Palo Seco, Reserva de la Biósfera a la Empresa Hidroecológica del Teribe para proyectos de construcción, operación y administración de una Central Hidroeléctrica (Bonyic), toda vez prioriza la rentabilidad económica sobre la conservación ambiental en áreas protegidas y atenta contra la cultura, modo de vida, costumbres y autodeterminación del pueblo Naso decidido a defender su tierra y su agua.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Artículo 259 de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972.
Artículos 2 y 99 de la Ley 41 de 1998.
Convenio de Diversidad Biológica.

Panamá a la fecha de presentación.

Atentamente,

Licda. Susana A. Serracín Lezcano
Abogada ambientalista
Tel. (507) 66212122

CC:

Administrador — ANAM Bocas del Toro
Director– Asesoría Legal de ANAM
Director—Áreas Prot
egidas

Panamá: Dam Nation (Panamá: una nación represa)

DAM NATION

Panama is on a development spree, determined to get its share of the energy market by building hydroelectric projects across the country. Unfortunately, those projects don’t just dam the rivers; they damn the indigenous peoples living alongside.

Bosque Protector de Palo Seco, Amistad Biophere Reserve

Isabel Becker is a tiny but tough Ngobe woman from the village of Charco la Pava in the Changuinola River valley in western Panama. She’s lived there all her life. At the age of 59, she has nine children and a multitude of grandchildren and great grandchildren. Isabel never had the opportunity to learn to read or write, and she speaks only her native Ngobe language. Until last year, she had only fleeting contact with Panama’s dominant society when she visited relatives in nearby Changuinola, the Panamanian headquarters for Chiquita Banana.

The Ngobe, who number about 170,000 people, are the largest indigenous group in Panama. The vast majority still live traditionally in Bocas del Toro, Chiriquí, and Veraguas provinces, where they sustain themselves through subsistence agriculture and fishing. They also grow cacao as a cash crop, which they sell to get basic necessities they do not produce, including sugar, clothing, and school supplies. Charco la Pava is home to about 367 people. The only ways in or out are on foot, by dugout canoe, or by helicopter.

Isabel’s wooden house was raised on pillars about six feet off the ground. It had curtained windows, a gently sloping tin roof, and generous eaves to shield the open-air living space below from the rain. Her large yard was cradled between the mountains and the Chanquinola River, and she had a fine view of the village on the other side. All in all, it was a handsomeand comfortable home. But that was before the bulldozers came. An American corporation is developing a hydroelectric dam in Charco la Pava in partnership with the Panamanian government, and Isabel’s house stood in the way. So the government and the company pressured her into putting her thumbprint on a document she couldn’t read, and as soon as she did so they brought in a bulldozer to demolish her home.

The Chan 75 dam is being built by an affiliate of the Virginia-based AES Corporation, which received a concession from the government of Panama to build two hydroelectric dams along the Changuinola River in Bocas del Toro province. The river is in the buffer zone for the international La Amistad Biosphere Reserve, a UNESCO protected world heritage site that Panama shares with Costa Rica. It also is at the heart of Palo Seco Park, a national environmentally protected area.

Electricity from the dams will supply the ever-expanding appetite of Panama City, which today is a modern first-world city. About 3,500 indigenous people will be affected by the dams. AES Changuinola says that 1,005 people from four villages will need to move as a result of the inundation the dam will cause. For some the ensuing lake will swallow up their lands and homes. Others will be isolated by it. The dam will destroy their transportation routes and interfere with their food supply, preventing the migration of several fish species on which the people depend. But the government is eager to reap the economic rewards, and the company has already spent millions of dollars on the project. As illustrated by their treatment of Isabel Becker, they see indigenous people as a roadblock to be removed as quickly as possible.

Isabel’s story started in January 2007, when AESChanguinola flew her and some family members to the company’s offices in Panama City. She thought she was going for a paseo (a holiday). They took her on a city tour and then to AES’ offices on the 25th floor of an office tower. Isabel, having never been in a city before, had no idea how to use the elevator. Once inside their offices, Humberto Gonzalez, the company’s chairman, and Celia Bonilla, a Ngobe woman who works for AES, told her that they needed to get her agreement to sell them her land that same day. Isabel understood them to mean that she could not leave their offices unless she signed. With no money for the return flight, she was dependent on the company for transportation. After 10 hours

Isabel Becker with her family

Isabel Becker (in the purple dress) and her children and grandchildren stand in front of her house before it was destroyed. Photo here and facing page by Florencio Quintero

She was totally unprepared when the police came one morning and made her leave with nothing but the clothes on her back.

Isabel Becker house remains

The remains of Isabel’s house, demolished with all her posessions still inside, including this flip flop. Photo by Lucia Lasso

in the office she finally put her thumbprint on a prepared Spanish-language document she could not read so that she could go home. The company knew, of course, that the circumstances of her signing were questionable, so, between January and October, they took a carrot-and-stick approach to convincing her to leave. Somebody would come to her house and threaten that the police were about to move her off the land. A day later, someone else would come with food for the entire family and promises about their bright future after she moved. The mayor of Changuinola tried to convince her to agree, as did the governor of Bocas del Toro province. They assured her that they were looking after her interests by making sure she got the best deal possible, but that she had to leave.

On July 20, representatives from the Changuinola mayor’s office and a bulldozer pulled up to the edge of her house. Isabel, who then was sick in bed, fainted. The mayor’s representatives took her to the hospital in Changuinola to be checked out, and then to the house that AES had built for her. Thinking the bulldozer was knocking her house down right then and there (they weren’t; it was just intended to scare her), she begged them to let her go home right away, but the mayor’s representative said she had to stay in town. She stayed up all night crying.

In August and September the company persuaded two of Isabel’s nearby daughters to sign and knocked down their houses. The intimidation then intensified to the point that in late October Isabel gave in. She “signed” a second document of sale of her land (again in unreadable Spanish) that increased the amount of money she was offered. Isabel still doesn’t understand what she sold, but it is clear that AES believes it now owns all of Isabel’s and her family members’ land.

The chain of events after she signed is still not clear. One of her daughters said that they made her leave the next day, but by other accounts she was given a week to abandon her home. Either way, she was totally unprepared when the police came one morning and made her leave with nothing but the clothes on her back. Then the bulldozers came in and crushed her house into splinters, while other workers burned her outbuilding to the ground. Her family came back later to retrieve as many of her animals as they could find, but she lost all of her possessions, one of her pigs, and some of her chickens.

The morality of the company’s action is clearly bankrupt, but its legal standing is also questionable. The lands Isabel “sold” did not belong exclusively to her. Rather they belonged collectively to all the members of her family who had rights to use them. According to Philip Young, a University of Oregon professor of anthropology who has worked with the Ngobe for many years, the ownership

of the land depends on several things, most importantly, where family members live, their relationship to other family members, and the availability of land. Isabel’s granddaughter and her husband have recognized use rights to several parcels that AES is now holding, and they have filed a claim against AES to regain their rights to that land.

But whatever happens in a court of law, for now AES has the upper hand in Panama’s court of public opinion. The company has been publishing fullpage ads in La Prensa and other Panamanian newspapers showing all the benefits the new dam will bring to the country and to the Ngobe people. One ad shows a picture of a traditional Ngobe home followed by a more Western-looking house, as if to suggest how much better off Ngobe people will be. Another ad shows Isabel Becker in her new house in a poor suburb of Changuinola. The company maintains she is now happy; her family says she is traumatized and depressed and has no sense of what the future will bring.

As that public relations campaign indicates, the company and the government have virtually unlimited resources on their side; the Ngobe have no resources at all and no experience in defending their rights. For that matter, they are largely unaware of what their rights are in this situation. To help offset that deficit, I traveled to Panama to work with Lucia Lasso, an anthropologist working for the Panamanian NGO the Alliance for Conservation and Development (ACD), which opposes the dam. On November 7, Lucia and I hiked into Charco la Pava to meet the Ngobe families affected by the dam, to reinforce their understanding of their rights, and to offer legal help. That night, long after Lucia and I had settled into our hammocks, village leaders sat up preparing for a meeting the next day with government officials.

The following morning, Panama’s National Authority for the Environment (ANAM) flew in seven or eight of its highest officials by helicopter to meet with the community. ANAM ostensibly is responsible for the environmental impact of the dam and the relocation of indigenous peoples, but is acting more like a handmaiden to the hydroelectric company and the political interests that back it. The official delegation was joined by two representatives from the Defensoria del Pueblo (an ombudsman office that is supposed to guard against violations of human rights), AES-Changuinola chair Humberto Gonzalez, the governor of Bocas del Toro, a priest, and a high-ranking police officer.

The villagers’ organization was an amazing thing to see. Ernesto Lopez (a Ngobe village teacher) took the lead role: he began by rejecting the government’s agenda, which was printed in Spanish, and insisting that as the government was in the casa de los Ngobe, the Ngobe should set the agenda. Their agenda was to present ANAM with a community petition to stop the dam. Some negotiation ensued, and the community agreed to listen to what Gonzalez had to say as long as ANAM listened respectfully to them.

Ellin Abrego

Elin Abrego and her children look through Cultural Survival Quarterly, where they learn how other indigenous groups stood up to companies invading their land. Photo by Lucia Lasso

Using a portable generator (the village has no electricity), a digital projector, a laptop, and a screen, Gonzalez gave his standard, prepackaged Power- Point presentation to explain how hydroelectric dams are built and how they work. For the local people the presentation was an absurdity, both in form and in timing. Gomez spoke only in Spanish, which many Ngobe do not understand, and his presentation addressed none of their concerns. Moreover, AES had already plowed the roads and was digging the foundation for one side of the dam on Isabel’s land, even though Francisco Santos, the head of the family that lives on the opposite bank, has not caved into pressure to sell and leave their land. When Gonzalez finished, one after another of the community members stood up to declare his or her opposition to construction going forward until the Ngobe had a chance to fully understand what was happening and decide upon a collective response. A woman named Elin Abrego said, “I have a finca [farm plot] on the other side of the river that I will not be able to get to. I won’t have water for my animals or the ability to move about freely. They are eroding the soil so my crops won’t be able to grow. Before the dam, ANAM never came. Once the dam project started being built, they came, but only to support the dam.”

no hydroelectric in my home

Señora Silvia, who had never stood up to anyone before, took the floor at the community meeting in Charco la Pava and announced her opposition to the dam. Photo by Lucia Lasso

She was followed by Alejandro Jimenez, who said, “The company offered our family money to conduct studies on our land.Now look: the company has dug away all the earth right up to the edge of my house. The company said it only wanted to negotiate with one member of the family, so my brother told them he was the spokesperson for our family. He signed a contract to allow them to conduct the studies, and he took their money. [The contract was for $1,005.] I have lived here for 50 years. I have asked the government for some form of pension, but they tell me I’m not entitled to a pension. But they have no problem pushing me off of my land.”

Of about 24 speakers from 6 communities (the 4 that will be inundated, plus Nance de Riscó and Guayacán), only 3 people spoke in favor of the project. The applause for those who opposed the dam was thunderous. There was no applause for those in favor of the dam.

At the end of the meeting, Eduardo Reyes, subadministrator for ANAM, stood up and promoted the dam’s benefits to the people. He said the communities would be given similar land to what they have. These lands, he said, would be in parts of Palo Seco Park that are not under the highest levels of environmental protection, but he could not identify which lands those would be. He claimed that the dam would give them opportunities for training for jobs in ecotourism and would improve their opportunities for education and health care. When it was her turn to speak, the governor of Bocos del Toro repeated ANAM’s claims. She was particularly insulting when it came to Isabel Becker, who was not present. The governor claimed Isabel was “clearly happy with the outcome of her negotiations,” and that no one in the community had the right to speak for her. The government’s presentations were pure paternalism. It was as if they had not heard a word of what the Ngobe people had said. I got the sense from some of the ANAM group that they genuinely want to “help the poor Indians,” but others appeared to be in bed with AES, which is now behind schedule and in a hurry to get the construction back on track.

After the meeting, Lucia and I, along with several other ACD team members who had hiked in that morning, met with the leaders from all the Ngobe communities. They were jubilant. This was the most resistance the Ngobe had ever offered to anything, and they were clearly proud of what they had accomplished. Susana Serracín, an environmental lawyer working with ACD, got signed affidavits from a sufficient number of the community leaders to present a case before the country’s constitutional court—an action that Cultural Survival and ACD have now taken. We also got signed affidavits from community representatives to bring a petition to the Inter-American Commission on Human Rights if we do not have success in Panama’s courts.

The Ngobe were jubilant. This was the most resistance they had ever offered to anything

The Ngobe aren’t the only indigenous people affected by hydroelectric dam development in Panama. In neighboring Chiriquí province where many Ngobe, Buglé, and other indigenous communities live, 47 hydroelectric projects have been proposed, of which 22 have already been approved by ANAM. Indigenous communities in eastern Panama are facing similar pressure.

Protected areas of Panama Endangered

Rows of earth-moving equipment wait to remove the forest and the Ngobe to make room for the dam. Photo by Florencio Quintero

Closer to Changuinola, the 3,800 Naso people who have lived along the nearby Teribe River for more than a century are in the same predicament as the Ngobe, and we offered them similar support. A two-hour boat ride up the Teribe River brought Lucia, Susana, and me to Siey Yic, the Naso capital. Representatives of all 11 Naso villages had walked asmuch as four hours to attend the first-ever meeting with a representative of the president of Panama. Unfortunately, the representative’s father died on the eve of the planned meeting, and without any means of communicating throughout the region, there was no way to notify all the people that the meeting was cancelled. So, instead, our small delegation became the focus of the meeting.

The Naso communities are facing the destruction of their way of life by the Bonyik hydroelectric dam, which is being built by a Colombian company called Empresas Publicas de Medellin. The dam has caused a huge division within the community. Members who no longer maintain their traditional culture and who live in the towns surrounding Changuinola are in favor of the project because they believe it will provide them financial gain and other benefits. But the Naso who still live in their traditional territory vehemently oppose the dam. Their lives revolve around the river, which they use for fishing and transportation. The biggest issue for them is the government’s failure to demarcate their territory and give them a comarca (similar to a reservation). Building the dam before their lands are even recognized is clearly wrong, and they are committed to resisting it until their lands are protected by the law.

The dam project has also divided the community with respect to its leadership. The Naso have the only king in the Americas. A former king, Tito Santana, negotiated with the government without informing his people, and allegedly accepted a lot of money for doing so. In response, the community deposed him and named a new king, Rey Valentin Santana. The people who live in the traditional territory now recognize him, while those who have moved to Changuinola remain loyal to Tito Santana. (While we were attending the meeting in Siey Yic, the Naso community living in El Silencio on the outskirts of Changuinola held its own demonstration in favor of the Bonyik dam.)

At the start of our meeting, the people were summoned to order with the traditional blowing of the conch shell. King Valentine Santana offered opening remarks in Naso, saying that he particularly was happy about the opportunity for the Naso community to come together, and that he welcomed our delegation as “gente grande”—people with the capacity to help. He urged his people to remain united in this cause to stop the dam and to retain the Naso way of life. Aldolfo Villagra, president of the Naso People’s Council, then explained that the Naso have been fighting against the government over the dam since 2004. They have already achieved a lot by opening up space for negotiation.

Naso community members then testified about their concerns. One pointed out that in 1968 Kuna and Embera peoples gave up land for the Bayano dam in Panama province in exchange for promises of comparable lands and other forms of compensation. What they actually received was far less than what was promised.

Valentin Santana Rey Naso escucha a su pueblo

Valentin Santana, the king of the Naso, listens as villagers discuss the impact of the dam on their community. Photo by Lucia Lasso.

Others were offended that the president of the republic, Martin Torrijos, came to Bonyik to overturn the dam project’s first stone.Wilma Aguilar said that road workers came onto her property on Rancho Quemado to clear land for the road. When she asked them who had given them permission to enter her land, they told her the land was untitled and she had no control over it. Alicia Quintero said that in June, seven people came onto her land one afternoon and told her they were going to build the road there. She told them it was her land, and she would not allow it. Three days later, they came back and cut down all her trees and crops. She wanted to know who was going to pay for the damage.

Charco La Pava in danger

The village of Charco la Pava. Photo by Lucia Lasso

Meanwhile, recognizing the rapacious nature of the opposition, the Naso have started blockading the movement of construction vehicles into the dam site. They drafted a petition signed by 600 Naso calling for the creation of a Naso comarca, a halt to dam construction, an end to the expansion of a private cattle ranch that has been moving into Naso territory, and the government’s recognition of Valentine Santana as the leader of the Naso people. They sent the petition to the government on October 28. The meeting we witnessed was supposed to be the government’s response; in the absence of the government’s representative, it was unclear what would happen next. But just as we were leaving Changuinola the police rounded up six Naso men who had been observed at the blockades and threw them in jail, where they were held over a long holiday weekend.

The Naso are comfortable with conflict and are accustomed to standing up to the government. For the Ngobe, on the other hand, asserting their rights does not come easily. They are used to dealing with the government through avoidance. Yet both communities are gaining greater awareness of the consequences of inaction and of their rights to their lands, which were recently upheld in the new United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as well as in the case law of the Inter-American Court of Human Rights (whose decisions are binding on Panama).With that knowledge, they are becoming more determined to gain control over their futures. Panama’s indigenous communities are tired of promises and deception, and they are increasingly finding their voice.

For Cultural Survival, the next steps are to continue monitoring the situation, while providing all the support we can to our ACD colleagues as they pursue legal remedies in Panama’s courts. And, if necessary, we will ensure that the cases of the Ngobe and Naso peoples are heard by the human rights bodies of the Organization of American States.

Ellen L. Lutz is the executive director of Cultural Survival.

Original version in Pdf: Dam Nation Panama

—————————–

La Amistad Panamá Biosphere Reserve Map. In the northeast corner of pink area are planned these dams.

La Amistad Biosphere Reserva Panama Costa Rica and World Heritage Site

Piden informe de yacimientos arqueológicos en Changuinola

BOCAS DEL TORO.

PTJ pide informe de yacimientos

José Arcia
jarcia@prensa.com

Las pesquisas que adelanta la Policía Técnica Judicial (PTJ) por el supuesto delito ecológico en el Bosque Protector de Palo Seco de Bocas del Toro, donde se construye el proyecto hidroeléctrico Chan 75, llegaron a la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (Inac).

Mediante oficio número U.D.C.E.A-292-2007, la PTJ le solicitó a Patrimonio Histórico “toda la documentación, en copia autenticada, que guarde relación con los hallazgos arqueológicos” .

La solicitud es con la finalidad de adelantar diligencia por una investigación relacionada con el supuesto delito contra el ambiente interpuesta por la Asociación de Derecho Ambiental y la Asociación Ecologista Panameña, señala el oficio.

Relaciones Públicas del Inac informó que la documentación está lista y que pronto será entregada.

La empresa AES Changuinola construye el proyecto, que es rechazado por los indígenas residentes del Bosque Protector Palo Seco. Como parte de los Estudios de Impacto Ambiental se realizaron dos análisis arqueológicos que concluyeron con el hallazgo de 16 yacimientos de la época precolombina.

De ese total, 13 yacimientos están dentro de la zona que será inundada por el proyecto y el resto se encontró en las obras conexas .

Emberá Wounaan crearon una empresa forestal

Indígenas toman la delantera
Para evitar la devastación del bosque en el que habitan, cinco comunidades de la comarca Emberá Wounaan crearon la primera empresa forestal comunitaria en el país, y están a la espera de recibir la certificación internacional de manejo sostenible de sus recursos
Zoraida Chong
zchong@prensa.com 

RECURSOS. Para los emberá wounaan, la selva es mucho más que una oportunidad de negocio, pues de ella obtienen alimento y materias primas para la creación de artesanías que fortalecen su identidad.
LA PRENSA / Archivo

La junta directiva de la empresa forestal comunitaria del río Tupiza, integrada por representantes de cinco comunidades indígenas de la comarca Emberá Wounaan, decidió este año no repartir dividendos entre los socios, sino invertirlos en activos que les permitan ampliar sus actividades comerciales e incrementar sus rentabilidad en el mediano y largo plazo.

El objetivo inmediato de la empresa, que tiene dos años de estar operando y que se dedica a la venta de madera procedente de la selva, es obtener las certificación internacional de buen manejo de los bosques que otorga el Consejo Mundial de Bosques (FSC, por sus siglas en inglés).

Con estas certificaciones esperan conseguir mejores precios en el mercado local e internacional y proyectar una imagen socialmente responsable, pues serían los primeros bosques en el país en contar con estas garantías.

Todo esto puede sonar a utopía, pero es la realidad que viven las comunidades Nuevo Belén, Punta Grande, La Pulida, La Esperanza y Barranquillita, en la cuenca del río Tupiza, en Darién.

Estos grupos se dieron cuenta hace varios años de que la tala desmedida de la selva darienita estaba acabando con sus recursos y causándoles más problemas que beneficios.

Su método de explotación consistía en vender los árboles en pie a madereros que se encargaban de talarlos y comercializarlos. No obstante, los procedimientos que aplicaban no tenían ningún fundamento ecológico y más de una vez fueron sancionados por las autoridades, de manera que buscaron alternativas y encontraron la ayuda del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF (por sus siglas en inglés).

“El director de recursos naturales de la comarca tuvo la oportunidad de participar en un evento donde estaba WWF y le solicitó que por favor se hiciera algo en sus comunidades”, explica Carlos Espinosa, oficial del programa forestal de WWF Centroamérica.

La organización internacional acogió la solicitud de los panameños e inició, con el Congreso General Emberá Wounaan, las autoridades locales y otros organismos no gubernamentales, una serie de estudios para determinar la situación de los bosques de Darién.

Luego se desarrolló un plan que tiene como base un modelo de manejo forestal sostenible que WWF ha aplicado exitosamente en países como Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Ecuador y Brasil, entre otros.

A través de este proyecto se capacitó a los miembros de la comunidad tanto en los procedimientos técnicos, como en habilidades gerenciales y de administración.

“Hemos decidido hacer podas anuales, pero eso requiere de una planificación forestal, entonces hacemos un censo para determinar cuáles son las zonas óptimas para ser aprovechadas, porque en la naturaleza también pasa que si no se usan los recursos, estos maduran y se pierden”, explica Franklyn Mezúa, gerente de la empresa.

Además de conocer y aplicar los métodos de menor impacto, los miembros de la comunidad que participan directamente en el proyecto han recibido cursos de contabilidad y administración, que les han permitido presentar informes a la junta directiva de la empresa y a las comunidades.

Carlos Espinosa
La Prensa/ Gabriel Rodríguez

Resultados y proyecciones

En 2004, cuando WWF empezó a trabajar con la comarca Emberá se analizaron los resultados económicos de la explotación del bosque. En un año la cifra rondaba los 5 mil dólares, que es similar a los ingresos que obtienen actualmente otras comunidades en las que no se han aplicado metodolo-gías de manejo sostenible.

En contraste, el verano pasado la empresa Tupiza obtuvo ingresos brutos cercanos a los 100 mil dólares, y aún espera mejorar sus resultados.

“En 2008 nosotros mismos queremos hacer la operación de extracción y más adelante, también queremos adecuar los caminos y los puentes, y rentar camiones para entregar el producto en Panamá”, explica Mezúa.

Aunque este año no se repartieron dividendos, el gerente de la empresa asegura que las comunidades esperan poder invertirlos en resolver sus necesidades básicas.

“Como la comunidad tiene muchas carencias, la estrategia es que las inversiones tengan un enfoque colectivo, porque si nos repartimos el dinero de familia en familia nos vamos a acabar la selva y no vamos a lograr nada”, añade Mezúa, quien se alegra de que su etnia ya tenga una actividad económica que va más allá de la subsistencia y que le permitirá mejorar sus condiciones de vida “sin tener que esperar a que el gobierno venga y resuelva”.

Impacto indirecto

El volumen de madera que oferta Tupiza no es suficiente para cubrir la demanda de las distintas industrias, que según WWF requieren 20 veces más que los 5 mil metros cúbicos que se extraen de la zona del río Tupiza.

Con este escenario se hace evidente que el esfuerzo de estas cinco comunidades no es suficiente para preservar los bosques naturales panameños, la mayoría de los cuales se encuentra bajo la jurisdicción de las distintas comarcas indígenas.

Pero a raíz de los buenos resultados que se han obtenido en Tupiza con el proyecto de manejo y comercio forestal responsable, otros grupos indígenas se han mostrado más receptivos a este tipo de esquema, pues lo encuentran más acorde con sus tradiciones y necesidades.

“El tema económico y forestal es importante, pero no es lo único, porque de los bosques también salen la cacería y la pesca, además de las materias primas para el tallado de madera, la realización de tejidos y pinturas tradicionales, y otros complementos de la vida cultural”, explica Mezúa.

En la misma zona del río Tupiza ya está funcionando otra empresa comunitaria que aprovecha los recursos del bosque, pero en este caso los no maderables, como las fibras de una palma conocida como chunga y que se emplea en la fabricación de canastas, una actividad que hasta hace poco se estaba viendo afectada por la escasez de la especie a causa de la explotación descontrolada.

En la actualidad WWF trabaja con otras organizaciones no gubernamentales y entidades estatales para replicar el modelo en otras comarcas.

Con la Fundación Natura está iniciando un proyecto en la comunidad de Marraganatí, en la comarca Emberá Wounaan, y se está compartiendo información con otras comarcas para promover planes de desarrollo sostenible similares al de Tupiza.

Se necesitan nuevas regulaciones

Considerando que el control que ejercen las comarcas puede garantizar el uso sostenible de los recursos, algunas regulaciones han tenido que ser modificadas para adaptarse a las necesidades del nuevo modelo.

“Se hizo una modificación a la ley, aumentando la superficie que puede ser aprovechada. Antes sólo podían trabajarse mil hectáreas de permiso comunitario y ahora se extendió esa superficie a lo que se indique en el plan de manejo sostenible”, afirma Joaquín Díaz, técnico del departamento de Desarrollo y Manejo Forestal de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Desde la Anam no descartan que los reglamentos y procedimientos relacionados con el manejo forestal puedan tener nuevas modificaciones, pues aseguran que el objetivo es que en el corto plazo el aprovechamiento de todos los bosques naturales tenga que sustentarse en planes de manejo sostenible.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá

Humedales de Bocas del Toro

Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sak en Bocas del Toro. También es parte de la Reserva de la Biósfera La Amistad-Panamá

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de Panamá está formado por 65 áreas protegidas (AP’s), lo que equivale a unas 2,600,018.050 hectáreas que representan, aproximadamente, el 34.43% del territorio nacional. El SINAP se creó en 1992 con el propósito de fortalecer las áreas protegidas, mediante la Resolución de Junta Directiva 022-92, del entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), en la actualidad, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).

Posteriormente, según la Resolución de Junta Directiva 09 de 1994, se definen 17 categorías de manejo de Áreas Protegidas en Panamá; sin embargo, en la práctica se han utilizado 27 denominaciones distintas para referirse a dichas áreas. Finalmente, la Ley 41 de 1 de julio de 1998, en su artículo 66, reafirma la creación del SINAP y determina a la ANAM como ente rector del mismo.

De acuerdo a la Estrategia Nacional del Ambiente, en términos generales los parques nacionales mantienen superficies boscosas por encima del 80%. Se exceptúan los parques nacionales Sarigua y Altos de Campana, con coberturas aproximadas de 23% y 41%, respectivamente; en estos casos, las condiciones naturales de los ecosistemas que albergan dichas áreas protegidas, tales como albinas y llanuras volcánicas, no son aptos para el desarrollo de formaciones boscosas masivas.

La riqueza biológica y cultural que albergan las áreas protegidas en Panamá ha sido reconocida a nivel internacional en diversas categorías. Así, en el SINAP se cuenta con dos Reservas de la Biosfera, dos Sitios de Patrimonio Mundial Natural, dos Sitios de Patrimonio Mundial Cultural (fortificaciones de la costa caribeña de Panamá: Portobelo-San Lorenzo) y tres Sitios RAMSAR. Un caso importante en este sentido es el Parque Nacional Coiba, que ha sido elevado a su máxima jerarquía legal, al aprobarse la Ley 44 de 2004 como la norma de creación del mismo y al ser declarado como Sitio de Patrimonio Mundial.

Esta área protegida está incluida en la Lista Indicativa de los Bienes Naturales de la UNESCO y forma parte del Corredor Biológico Marino del Pacífico Este Tropical, que incluye a las islas Galápagos (Ecuador), las islas Gorgona y Malpelo (Colombia) e isla Cocos (Costa Rica), lo que ubica al Parque en escala de importancia internacional.

De las áreas protegidas declaradas, 19 cuentan con planes de manejo y 36 con planificación estratégica, planes operativos y planes de control y vigilancia. En estas 36 áreas se aplica el Programa de Monitoreo de la Efectividad del Manejo de las Áreas Protegidas de Panamá (PMEMAP). En la actualidad este Programa se encuentra en proceso de revisión para hacer a esta herramienta de medición las modificaciones necesarias para hacerla más eficiente, luego que han pasado cinco años desde que se levantó la línea base.

Antecedentes

En Panamá, las iniciativas para la protección del patrimonio natural se materializaron a partir del año 1918 cuando se estableció, en la provincia de Los Santos, el Bosque Municipal “El Colmón de Macaracas”, con el propósito de proteger fuentes de agua y promover el aprovechamiento racional de madera para leña. Esta área protegida existe en la actualidad.

En 1923, se reconoce como Monumento Natural a la isla de Barro Colorado, ubicada en el lago Gatún en el centro del Canal de Panamá. Posteriormente, la isla fue amparada bajo la Convención para la Protección de las Bellezas Escénicas Naturales de América, de la OEA. En Barro Colorado se realizan un sin número de estudios e investigaciones que han sido de singular importancia para el conocimiento científico de los trópicos americanos.

A partir de 1960, se dio inicio a la declaración de las primeras reservas forestales, entre éstas, la Reserva Forestal La Yeguada, en la provincia de Veraguas; la Reserva Forestal de Chepigana, en la provincia de Darién; y la Reserva Forestal Tonosí, en la provincia de Los Santos.

El Parque Nacional Altos de Campana (PNAC) se creó en 1966 y constituye el último eslabón de la cordillera Central, proveniente de los macizos volcánicos centroamericanos.

En el año 1972, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se propuso el establecimiento del Sistema de Parques Nacionales y Reservas Equivalentes, donde se identificaron las siguientes áreas: los parques nacionales Volcán Barú (PNVB), Altos de Campana (PNAC) y Portobelo (PNP); el Bosque Protector Alto Darién (BPAD); y, los propuestos parques marinos de Bocas del Toro y del archipiélago de Las Perlas. De las áreas mencionadas, las cinco primeras se crearon entre 1976 y 1984.

En la década de los 80, ante las perspectivas de la reversión de territorios silvestres de la antigua Zona del Canal de Panamá y la necesidad de proteger la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, se establecen las siguientes áreas protegidas: el Parque Nacional Soberanía (PNS), el Parque Nacional Chagres (PNC), el Parque Natural Metropolitano (PNM) y el Área Recreativa Lago Gatún (ARLG).

También en la década de 1980, y con el apoyo de grupos conservacionistas, en la región de Azuero se desarrollaron esfuerzos que llevaron a la creación del Parque Nacional Sarigua, el Refugio de Vida Silvestre El Peñón de la Honda, el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, el Refugio de Vida Silvestre de Laguna Las Macanas y el Cenegón del Mangle.

Asimismo, se declararon los parques nacionales de mayor extensión: el Parque Nacional Darién (PND), en la frontera con la República de Colombia; y el Parque Internacional La Amistad (PILA), limítrofe con la República de Costa Rica y dentro de la estrategia de manejo de los llamados Parques Fronterizos. La creación de estas áreas protegidas en las regiones fronterizas contribuyó a fortalecer las iniciativas para la consolidación del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (SICAP).

El inicio de la década de los 90 se caracterizó por la incorporación de ecosistemas marinos-costeros, como fueron el Refugio de Vida Silvestre Isla de Cañas, el Parque Nacional Coiba, el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí; los Sitios RAMSAR Humedal Golfo de Montijo, Humedal Punta Patiño y Humedal San San Pond Sak; los Refugios de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola y Playa Boca Vieja; el Humedal Lagunas de Volcán y, el PN Camino de Cruces en el área revertida de Panamá. También se establece el Área Silvestre Corregimiento de Narganá 1, en la Comarca Kuna-Yala.

Es importante señalar que dentro del Plan de Ordenamiento y Uso de Suelos de las Áreas Revertidas de la antigua Zona del Canal, liderizado por la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), a través de la Ley 21 de 2 de julio de 1997, se consideraron aproximadamente 24,000 hectáreas destinadas para la conservación de los recursos naturales. Esta extensión incluye el Bosque Protector y Paisaje Protegido

San Lorenzo y el Paisaje Protegido de Isla Galeta.

Al inicio de la década de 2000, la cual se caracterizó por una intensa participación e iniciativa comunitaria, se declaran el Monumento Natural Cerro El Gaital, en la provincia de Coclé y el Parque Nacional Santa Fe, en la provincia de Veraguas.

En la actualidad, el SINAP está constituido por 65 unidades de manejo representando para Panamá aproximadamente el 34.43% del territorio nacional. Este porcentaje puede incrementarse al incorporar pequeñas superficies de áreas protegidas declaradas a través de otras iniciativas municipales.

Número y tamaño de las áreas protegidas terrestres y marinas legalmente declaradas

El SINAP cuenta con un total de 65 áreas protegidas. Éstas representan, aproximadamente, el 34.43% del territorio nacional; lo que equivale a 2, 600,018.050 hectáreas.

En cuanto al tamaño de las áreas protegidas, la tendencia actual radica en procesos de revisión de límites para evaluar la viabilidad de ampliación y/o reducción de dichas áreas, de acuerdo a las características de los ecosistemas y su estado de conservación. Estos procesos se evalúan en la actualidad para las siguientes áreas protegidas: Reserva Forestal Chepigana, PN Chagres, Reserva Forestal de Tonosí, PN Cerro Hoya, Reserva Forestal La Tronosa y PN Coiba, entre otros.

Recientemente, mediante Ley 44 de 26 julio de 2004, se eleva el fundamento legal que crea el PN Coiba, que es declarado Sitio de Patrimonio Mundial en el 2005. Actualmente, se está revisando y actualizando el plan de manejo de ésta área protegida. En el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos también se realiza un proceso de ampliación de límites, con el objetivo de proteger y manejar importantes áreas, en conjunto con los grupos organizados que realizan actividades de pesca de subsistencia.

 

 

Categorías de manejo del SINAP según la Resolución JD-09-94 de 28 de julio de 1994

Reserva Científica: Es un área con ecosistemas sobresalientes, especies de flora y fauna de importancia científica nacional. A menudo contiene ecosistemas frágiles, posee áreas con una diversidad biológica importante para la conservación de los recursos genéticos. El tamaño está determinado por el terreno requerido para asegurar la integridad del área a fin de alcanzar los objetivos del manejo científico y asegurar su protección.

Parque Nacional: Es un área terrestre o acuática relativamente grande (más de mil hectáreas), que contiene muestras representativas sobresalientes de las principales regiones, rasgos o escenarios de importancia nacional e internacional, donde las especies de plantas y animales, sitios geográficos y hábitat son de especial interés científico, educativo y recreativo. Contiene unos o varios ecosistemas completos que no han sido materialmente alterados por la explotación y ocupación humana.

Monumento Natural: Es un área que contiene uno o más rasgos sobresalientes, únicos de importancia nacional, tales como las formaciones geológicas, sitios naturales especiales, hábitat o especies de plantas o animales que debido a su singularidad, pueden estar amenazadas y requieren de su protección. El tamaño está determinado por el rasgo específico y el área necesaria para asegurar su protección.

Refugio de Vida Silvestre: Un refugio de vida silvestre provee la protección de sitios o hábitat específicos para la existencia o bienestar sostenido de las especies de flora y fauna migratorias o residentes de importancia nacional o global. El tamaño del área y el manejo especial requerido, en ciertas circunstancias estacionales, dependerá de los requerimientos de hábitat o características específicas de las especies que serán protegidas. En todo caso estas necesidades no requerirán zonas amplias; podrían ser relativamente pequeñas: área de anidamiento, pantanos, lagos esteros, bosques o pastizales.

Paisaje Protegido: El paisaje protegido por lo general representa dos tipo de áreas: aquellos paisajes que poseen cualidades estéticas especiales que son un resultado de la interacción armoniosa del hombre y la tierra, y aquellos que son áreas naturales de un atractivo estético manejados por el hombre con fines recreativos y turísticos.

Área Natural Recreativa: Extensión relativamente amplia. Área natural escénica con atractivos para uso recreativo, ya sean naturales o artificiales. De fácil acceso desde los centros importantes de población.

Con potencial para el desarrollo de una variedad de actividades recreativas al aire libre. Mantiene una alta calidad de paisajes y trata de evitar la degradación de los recursos naturales.

Sitio de Patrimonio Mundial: Área con rasgos naturales y culturales de significación internacional, que contiene muestras de los períodos evolutivos de la tierra, procesos geológicos significativos, rasgos o comunidades naturales singulares o en peligro, con gran valor artístico, científico, cultural, social o tecnológico, o de gran antigüedad.

Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá

Reserva de la Biósfera La Amistad-Panamá, la Isla Colón en Bocas del Toro es parte del área de transición

Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá

Reserva de la Biósfera La Amistad-Panamá, las montañas de Palo Seco representan el área de amortiguamiento y la Cordillera Central con el PILA representan el área núcleo.

Reserva de la Biosfera: Áreas que contienen muestras representativas de biomas importantes, rasgos naturales singulares, pautas armónicas y estables de uso de la tierra. También puede tratarse de ecosistemas modificados susceptibles, especialmente para estudios de referencias, control ambiental y educación.

Áreas de Uso Múltiples: Son áreas terrestres y marinas que además de contribuir a la protección de los recursos naturales y los sistemas ecológicos, contribuyen en forma significativa a la economía social como fuente de otros recursos. La multiplicidad de funciones de estas tierras o aguas, representa una fuente importante de productos naturales (agua, madera, vida silvestre, pastos, tintes, etc.) y de servicios permanentes, bajo un manejo integral sustentable.

San San Pond Sak, desembocadura del R�o Changuinola

Humedales de Importancia Internacional: Áreas designadas por la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional”, especialmente como hábitat de aves acuáticas, que comprenden extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o aguas marinas, cuya profundidad no exceda de 6 metros.

Corredor Biológico: Zonas naturales o en recuperación que conectan áreas protegidas con el objetivo de mantener el movimiento de especies de la vida silvestre y así conservar la diversidad biológica.

Área Silvestre ubicada dentro de Comarca o Reserva Indígena: Se trata de cualquier categoría de manejo definida por esta resolución, ubicada dentro de las Comarcas y Reservas Indígenas legalmente establecidas, que haya sido declarada área silvestre protegida a través de los Congresos Generales de cada Comarca o Reserva, de acuerdo a la regulación vigente para cada una de éstas.

Reserva de los Recursos: Categoría de manejo transitoria, generalmente consta de una zona extensa, inhabitada y de difícil acceso. El área se encuentra casi siempre con recursos naturales, todavía sin explotar ni desarrollar.

Reserva Forestal: Es un área de uso múltiple en donde el manejo adecuado conlleva el aprovechamiento racional de los recursos forestales contenidos.

Reserva Hidrológica: Área generalmente boscosa escarpada y quebrada, cuyo valor primordial es conservar la producción hídrica en cantidad y calidad adecuada para las actividades humanas y productivas de la región.

Parque Nacional Marino: Área que posee una muestra representativa de los ecosistemas marinos, costeros o insulares, también contribuye al reestablecimiento y mantenimiento de especies de faunas marinas, para su aprovechamiento sostenido de los pobladores de las áreas vecinas al parque. Ofrece oportunidades educativas, científicas y recreativas.

Zona de Amortiguamiento: Franja de tierra que rodea los recursos o hábitat especiales, y que actúan como una barrera a las influencias externas. Esta franja debe ser lo suficiente ancha para absorber los disturbios químicos y físicos, tales como la contaminación del aire, suelo, agua, fuego, caza furtiva, y turismo incontrolado, y estará ubicada rodeando el perímetro del área protegida y proyectándose de los límites del área hacia el exterior.

Categorías descritas por la UICN

Categoría Ia – Reserva Natural Estricta: Área protegida manejada principalmente con fines científicos.

Categoría Ib – Área Natural Silvestre: Área protegida manejada principalmente con fines de protección de la naturaleza.

Categoría II – Parque Nacional: Área protegida manejada principalmente para la conservación de ecosistemas y con fines de recreación.

Categoría III – Monumento Natural: Área protegida manejada principalmente para la conservación de características naturales específicas.

Categoría IV – Área de Manejo de Hábitat/Especies: Área protegida manejada principalmente para la conservación, con intervención a nivel de gestión.

Categoría V – Paisaje Terrestre y Marino Protegido: Área protegida manejada principalmente para la conservación de paisajes terrestres y marinos, con fines recreativos.

Categoría VI – Área Protegida con Recursos Manejados: Área protegida manejada principalmente para la utilización sostenible de los ecosistemas naturales.

Las categorías representan diversos grados de intervención humana. Las Categorías I a III tienen que ver fundamentalmente con la protección de áreas naturales en las cuales la intervención humana directa y la modificación del medio ambiente han sido limitadas; las Categorías IV, V y VI incluyen a las áreas en las cuales dicha intervención y modificación han sido mucho más apreciables.

Fuente: ANAM. 2006. Sistema Nacional de Areas Protegidas. Informe. Autoridad Nacional del Ambiente, República de Panamá. 60 pp.

Edición digital para dominio público: Centro de Estudios de Recursos Bióticos, Universidad de Panamá.

Consultar: https://burica.wordpress.com/2007/08/01/resolucion-no-j-d-09-94-que-crea-el-sistema-nacional-de-areas-protegidas/