Iglesia católica de Chiriquí se pronuncia sobre hidroeléctricas

Parroquia Inmaculada Concepción

Congregación de San Vicente

La Concepción, Chiriquí, República de Panamá * Teléfono 770-6327

10 de junio 2010

“La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y se siente en el deber de ejercerla también en el ámbito público, para defender la tierra, el agua y el aire, dones de Dios Creador para todos, y sobre todo para proteger al hombre frente al peligro de la destrucción de sí mismo.” (Carta del Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial por la Paz, 1 de enero 2010)

Respetuosos Hermanos y Hermanas del Consejo Municipal de Bugaba,

¡Que la paz y el amor de nuestro Dios Creador estén siempre con ustedes!

Durante los últimos años, la Iglesia católica a nivel mundial y especialmente a nivel de América Latina, ha tomado en cuenta la importancia de buscar modelos de desarrollo que respeten al hombre y la creación de nuestro Dios.  La Conferencia Episcopal de América Latina proclamó en Aparecida que “el discípulo misionero, a quien Dios le encargó la creación, debe contemplarla, cuidarla y utilizarla, respetando siempre el orden que le dio el Creador.” (Aparecida 125).

Por eso, como feligreses de la Iglesia, no podemos ignorar la proliferación de proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí, especialmente en el  distrito de Bugaba.  Según los últimos datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), hay 16 proyectos hidroeléctricos en construcción, diseño final o trámites solamente en nuestro  distrito.  Con varios proyectos en cada río, los impactos ambientales, tanto como sociales y culturales, son graves.

“Ya que los recursos son cada vez más limitados, su uso debe estar regulado según un principio de justicia distributiva respetando el desarrollo sostenible” (Aparecida 126). Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  solicitado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), las concesiones de la “cuenca de agua número 102”, que nos afecta, ponen 98% del agua de los ríos en manos de empresas hidroeléctricas y dejan 2% designado para el uso doméstico, turístico, agrícola, agropecuario, entre otros (BID estudio 102-3).  Esta realidad está muy lejos de los conceptos del bien común, el destino universal de los bienes, y la justicia distributiva –conceptos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia.

Como bien sabemos, los proyectos que ya están amenazando la vida de las comunidades, forman parte de un plan que vende energía a nivel de América Central.  Actualmente como país, tenemos la capacidad instalada de 1,789 megavatios.  El día de mayor consumo en toda nuestra historia fue de 1,175 megavatios.  Una buena planificación de energía va a tomar en cuenta el crecimiento del país en un contexto de responsabilidad a todos los niveles: social, agropecuario, industrial y empresarial.  Sin embargo, los proyectos hidroeléctricos que tienen concesiones y licencias otorgadas,  con capacidad de 1,685.79 megavatios, lo que representa un total de 3,474.79 megavatios, sin incluir  los otros proyectos en trámites con capacidad de producir 4,621.68 megavatios adicionales.  Es decir, un país que consume un promedio de menos de 1,000 megavatios está dando concesiones para producir cinco veces más que su consumo (todos los datos provienen de la ASEP).   Este plan internacional no considera los efectos negativos locales que estos proyectos conllevan y reduce el agua a un simple bien del mercado internacional, en lugar de una bendición de Dios que nos da la vida.

A nivel de las comunidades hemos escuchado la promesa de progreso económico como una justificación adecuada.  No obstante, la experiencia de muchos de nosotros a nivel de la comunidad es de engaños, mentiras y violencia por parte de las empresas y gobierno.  Aunque mejores caminos, educación y salud son muy importantes, estos proyectos no toman en cuenta la complejidad del desarrollo humano que va más allá de lo económico, ni consideran los miembros de las comunidades como verdaderos protagonistas de su propio desarrollo.  “Como profetas de la vida, queremos insistir que en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras y de la misma humanidad.” (Aparecida 471).

Este  es un periodo muy importante donde las decisiones que tomemos tendrán grandes consecuencias para el bien común y la vida de las generaciones futuras.  Por eso, pedimos a ustedes como representantes de los bugabeños:  a) cumplir con los acuerdos municipales números cuarenta  y tres (43) y cuarenta y cinco (45) de 2008 que proclaman las riquezas naturales del distrito como patrimonio municipal, y b) rechazar los permisos de construcción de hidroeléctricas en nuestros ríos. Solicitamos también, implementar las nuevas tecnologías de energía alternativa, como la solar y la eólica, en remplazo de la energía térmica e hidroeléctrica con sus nocivas repercusiones.

Estamos en un momento de esperanza, un momento para la posibilidad de decisiones responsables. En su última encíclica, el Papa dijo que “cuando se respeta la ecología humana en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia” (Caritas in Veritate 51).

– Ha llegado el momento de celebrar la vida en cada forma como un milagro de Dios.

– Ha llegado el momento de pensar nuevamente qué es el verdadero desarrollo sostenible, que no destruye la creación ni al ser humano en el proceso.

– Ha llegado el momento de entender la gran riqueza contenida en nuestro distrito, con una biodiversidad privilegiada a nivel mundial.

– Ha llegado el momento en que Bugaba sea un buen ejemplo de responsabilidad ambiental para el país, y Panamá se distinga como ejemplo de responsabilidad ambiental para el mundo.

Que el Dios de la vida siempre nos proteja, ilumine el camino de esperanza y nos de la fuerza y el valor de tomar decisiones responsables para hoy y mañana.

Rev. Edison Famanía, CM.                                 Rev. Geovany Morales, CM.

Párroco de Concepción                                          Párroco de Volcán

Rev. Rolando Molina, CM.                                  Rev. José Fitzgerald, CM.

Párroco de San Andrés                                         Asesor de CEMCODE (Coordinadora del Equipo

Misionero de la Concepción por la Defensa de los Ecosistemas)

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63 proyectos hidroeléctricos en la Provincia de Chiriquí

Hidroeléctricas

Ríos de Chiriquí con 63 proyectos

Ambientalistas alertan sobre la explotación, por la construcción de hidroeléctricas, de los ríos de Chiriquí. De los 63 proyectos, 17 ya se encuentran en obras.

Leonardo Flores
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

lflores@prensa.com

De acuerdo con un informe de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), en los ríos de la provincia de Chiriquí se levantarán 63 proyectos hidroeléctricos. De ese total, 17 ya están en construcción, otros 11 están en la fase de diseño final, y los restantes 35 esperan su aprobación.

La cantidad de proyectos en solo cuatro cuencas de esa provincia –río Chiriquí Viejo, Chiriquí, Chico y Tabasará– generó la alarma de grupos ambientalistas y residentes de la zona.

Por ejemplo, en los próximos cuatro años el río Chiriquí Viejo –que nace en las faldas del volcán Barú y tiene una extensión de 161 kilómetros– tendrá sobre su cauce 24 proyectos hidroeléctricos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado en 2008 determinó que el 98% del agua que corre por ese río fue concesionada para el uso de hidroeléctricas. Solo el 2% quedará libre para otros usos.

La sobreexplotación de los ríos ya comenzó a afectar el medio ambiente: contaminación de las aguas con restos de cemento, y la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación, son algunos de los daños que ya se perciben, según grupos ambientalistas.

El hecho fue constatado en un viaje de dos días que realizó este diario por el área.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), por su parte, no encontró reparos en aprobar los estudios de impacto ambiental de los proyectos.

En el río Chiriquí Viejo, el 98% de las aguas ha sido concesionadO para el uso de hidroeléctricas, según un estudio del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO realizado en 2008

Hidroeléctricas: 63 proyectos en cuatro cuencas

Se estima que en la provincia de Chiriquí se realizarán 63 proyectos hidroeléctricos en los próximos años. 28 proyectos ya se están en construcción y diseño final. En algunas regiones ya se empiezan a sentir los efectos por la desviación de los cauces de los ríos a través de túneles o canales, la construcción de las represas y los sitios de embalse.

PROYECTO Prudencia. Los daños más evidentes son la remoción de capa vegetal y la tala de árboles. La erosión, sedimentación y contaminación de las aguas con cemento se nota corriente abajo. LA PRENSA/ Eric Batista

Leonardo Flores
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

lflores@prensa.com

A pesar de que la generación de energía hídrica es considerada como una de las producciones menos contaminantes, en la provincia de Chiriquí la sobreexplotación de los ríos por la construcción de hidroeléctricas comienza a generar efectos negativos en los ecosistemas, en la producción agrícola y en la calidad de vida de los habitantes.

Los problemas que está generando el auge hidroeléctrico son similares en los 17 lugares donde ya se empezaron a desviar los cauces de los ríos a través de túneles o canales, a construir represas y a preparar sitios de embalse.

Otros 11 proyectos se encuentran en la fase de diseño final.

Y aunque las consecuencias ya son significativas sobre las cuatros cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí –que alimentan los ríos Chiriquí Viejo, Chico, Chiriquí y Tasabará–, otras 35 concesiones esperan el aval de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).

En total, serán 63 los proyectos que se instalarán en la provincia de Chiriquí en los próximos años.

El perjuicio por la construcción de los proyectos no solo se reduce al impacto ambiental que dejarán estas obras y su posterior funcionamiento. A futuro, tanto ambientalistas como moradores del área vislumbran una batalla por el uso del agua y el acceso a los ríos. Ya hay un precedente.

La ambientalista Yaritza Espinosa, de Colibrí-Asociación Ambientalista de Panamá, recordó que la empresa Saltos de Francoli –promotora del proyecto Los Planetas I– negó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales parte del uso del agua para la planta potabilizadora de Los Algarrobos, que provee de agua potable al distrito de David, la capital de la provincia de Chiriquí.

En Cerro Punta, los agricultores son los más preocupados por el uso del agua de los ríos. A Virgilio Saldaña, vocero de los productores, le inquieta el hecho de que las hidroeléctricas tengan en la zona de sus proyectos el derecho al uso del 90% del agua del río para incluir en su construcción, y solo tengan la obligación de dejar un 10% para otros usos.

Pero el problema no solo se limita al uso del agua, sino además a las riberas de los ríos: a raíz de la construcción de las infraestructuras para la generación de energía, familias enteras han tenido que abandonar sus viviendas, que han ocupado por generaciones. Además, se han registrado cambios en los patrones de subsistencia, como la caza y la pesca, por la tala y la inaccesibilidad a los ríos.

Una de las zonas más afectadas por estas construcciones es la cuenca del río Chiriquí Viejo. Sus cristalinas aguas, que nacen en las faldas del volcán Barú, se han convertido en las más codiciadas del país. No por la pureza y frescura del líquido, sino porque a lo largo de sus 161 kilómetros se instalarán cerca de 24 hidroeléctricas. En otras palabras: a lo largo del río habrá un proyecto cada 6.7 kilómetros.

La mayor preocupación, a pesar de los cambios en las costas, radica en el uso del agua. La mirada de los detractores de las obras, sobre todo los de Cerro Punta, está puesta en los resultados de un estudio realizado en octubre de 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Anam.

En el informe se determinó que el 98% del agua que corre anualmente por el río Chiriquí Viejo fue concesionada para el uso de hidroeléctricas, y el otro 2% para uso agrícola, turístico, doméstico, industrial y de consumo humano, entre otros.

El resultado cayó como un balde de agua fría a los miembros de la Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento del Cerro Punta (Fundiccep), que preside Ángel Aguirre Sánchez.

Los ambientalistas aseguran que se concedió el agua de los ríos a su máxima capacidad, sin considerar los otros usos y la demanda futura.

El organismo internacional, que pagó el estudio, también financió ciertos proyectos hidroeléctricos. Se trata de los proyectos de Pando y Monte Lirio, para los cuales el BID desembolsó en concepto de préstamo 40 millones de dólares.

Por otro lado, los miembros de Fundiccep denunciaron que el actual director de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, realizó –antes de asumir su cargo– estudios de impacto ambiental para proyectos hidroeléctricos. El funcionario negó cualquier conflicto de interés.

DAÑO ECOLÓGICO

Más allá de la lucha por el uso del agua, los efectos ambientales ya se notan en la zona. Eso se pudo constatar durante un viaje de dos días que realizó este diario (por aire y por tierra) por los diferentes proyectos que se ejecutan en la provincia de Chiriquí.

Para la construcción de la línea de trasmisión del Proyecto Hidroeléctrico Bajo Mina y Baitún, datos extraoficiales que logró recabar Fundiccep revelan que se han talado cerca de 2 mil 600 árboles. La cantidad de árboles cortados no se justifica para el tamaño de la torre donde será colocado el tendido eléctrico, aseguró la organización ambientalista.

La tala de estos árboles también ha tenido consecuencia directa sobre pequeños afluentes que abastecen de agua al río Chiriquí Viejo. Fundiceep mostró –con imágenes tomadas a lo largo de los años– cómo un ojo de agua se está secando debido a la poca retención de líquido por la pérdida de la cubierta vegetal.

“Aquí no se ha pensado en garantizar el agua para un sistema de riego o para el crecimiento demográfico, que está impactado por el aumento de los residentes extranjeros. No se pensó en una fuente alterna”, aseguró el ambientalista David Samudio, activista de Fundiccep.

El problema en este cauce se agrava por la contaminación de las aguas con restos de cemento que son vertidos al cauce del río durante la construcción de los muros de la represa y los túneles; la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación.

DISPUTA LEGAL

Pero las acciones en contra de los proyectos hidroeléctricos no solo provienen de los grupos ambientalistas. Los residentes del área de Volcán denunciaron ante el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, que el funcionario de la oficina del Cuerpo de Bomberos de Bugaba que firmó el plano del proyecto Paso Ancho (ubicado entre Cerro Punta y Volcán) no tiene idoneidad.

Como prueba presentaron una certificación que expidió la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos, el pasado 9 de marzo, en la que se hace constar que el señor Neri Saldaña, funcionario que firmó los planos, no está registrado en los libros de esa organización.

A pesar de los escritos enviados al BID por los ambientalistas y vecinos, y las quejas presentadas ante la Anam y la Asep, los proyectos que se construyen en el cauce del río Chiriquí Viejo continúan viento en popa.

PUEBLO PARTIDO EN DOS

Sitio Lázaro es un poblado ubicado a 20 kilómetros de David, en la ribera del río Chico. Hace dos meses quedó dividido en dos. La construcción de un canal que desvía el 90% de las aguas del río Chico a las turbinas del proyecto hidroeléctrico Pedregalito fracturó a la comunidad en la que residen cerca de 75 familias. Incluso, bloqueó el acueducto del pueblo.

Pero las consecuencias por la construcción de este proyecto no solo tienen efectos directos sobre el pueblo de Sitio Lázaro. Los caminos que eran paso obligado para llegar a la vía Interamericana de las comunidades de Varital y Mata Gorda fueron cerrados. Los pocos caminos que quedan abiertos son intransitables, debido al mal estado en que los dejaron los camiones y el equipo pesado que saca material del río para la obra.

El rosario de quejas que los moradores de estos lugares han presentado a las diferentes instituciones, entre ellas al Sistema Nacional de Protección Civil, no han tenido respuesta. La losa que protege las bases del puente sobre el río Chico, que fue reconstruida hace pocos meses, está quebrada. Los moradores lo atribuyen a las crecidas del río que han socavado alrededor de tres metros las columnas de ambos puentes, debido a las excavaciones realizadas aguas abajo, donde está el proyecto Pedregalito y Pedregalito II.

¿PLAGIO DE EIA?

Los estudios de impacto ambiental que se han presentado ante la Anam para varios proyectos, tienen sospechosas coincidencias. Y no solo en el aspecto técnico y ambiental, sino también en la descripción de los proyectos.

Este diario revisó cerca de 25 estudios y las consecuencias ambientales, así como la valorización de los efectos de las construcciones, eran prácticamente los mismos en varios documentos de diferentes proyectos.

Por ejemplo, en los documentos del estudio de impacto ambiental del proyecto final de la hidroeléctrica Pedregalito, se hace mención a los criterios del proyecto Hidroeléctrico Concepción, ubicado en otra área.

En los documentos también se puede comprobar que en el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Pedregalito, se incluyeron datos sobre la entrega de becas a estudiantes de escuelas que estaban en Gualaca, una comunidad situada a 40 kilómetros del proyecto.

Una situación similar se presentó con el estudio de impacto ambiental del proyecto San Andrés II, que se proyecta construir sobre el río Gariché.

El dirigente comunitario y ambientalista Javier Grajales encontró que dicho estudio era similar al del proyecto hidroeléctrico de Gualaquita, en Gualaca, y el de Macho de Monte, en Bugaba.

Entre las “curiosidades” encontradas en los estudios está que pusieron la misma producción de energía del proyecto de Gualaquita, que es de 4 megavatios, en el estudio del proyecto Macho de Monte, cuando en realidad la producción de este último es de 10 megavatios.

Aunque los moradores manifestaron que no hay fiscalización de parte de la Anam, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Silvano Vergara, aseguró que “a todos los proyectos se les da seguimiento a través de la Dirección de Protección Ambiental”.

Vergara, el mismo que antes de ocupar un puesto en la Anam confeccionaba estudios ambientales para las empresas, aseguró que la utilización del agua para consumo humano es prioritaria, por lo que si en algún momento llega a faltar, los proyectos hidroeléctricos la deben ceder.

Detrás de los daños ecológicos, las prioridades energéticas del país y la sobreexplotación de los ríos más importantes de Chiriquí se esconde una historia de contratos directos, política y escasos controles.

¿Quiénes son los dueños de los proyectos? ¿Cuánto pagaron por el derecho de llave? Dicho de otro modo: ¿quiénes son los dueños del agua?

Auditarán proyectos hidroeléctricos

Leonardo Flores
Unidad de Investigación

lflores@prensa.com

El administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias, anunció ayer que realizará una auditoría a los proyectos hidroeléctricos de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental. El anuncio se da en medio de la petición de ambientalistas para que se realice un estudio acumulativo para conocer el efecto de todos los proyectos.

POLÉMICA POR LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS HíDRICOS EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

Exigen estudio acumulativo

La Autoridad Nacional del Ambiente aprobó, a partir de 2006, los estudios de impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos sin contar con un estudio acumulativo de todos los proyectos. El administrador de esa institución, Javier Arias, confirmó que la entidad que preside hará una revisión de todos los proyectos hidroeléctricos aprobados.

Proyecto Bajo de Mina. La tala de árboles y la remoción de piedra y arena son algunos de los daños causados al medio ambiente. LA PRENSA/ Eric Batista

Leonardo Flores
Unidad de Investigación

lflores@prensa.com

La construcción de los proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí marcha viento en popa. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cuáles serán los efectos negativos, a nivel macro, que causarán estos proyectos sobre los ríos de la región.

La razón: no existe un estudio de impacto ambiental acumulativo que determine el daño ecológico de todos los proyectos sobre las cuatro cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí. Por el momento solo se mide el impacto ambiental que causará individualmente cada proyecto, en determinada área. Pero aún, por ejemplo, se desconoce cuál será el daño acumulativo sobre el río Chiriquí Viejo si se llegaran a concretar los 24 proyectos destinados a esa zona.

En total son 63 los proyectos hidroeléctricos que se pretenden construir en la provincia de Chiriquí, de los cuales 17 ya están en construcción y otros 11, en la etapa de diseño final. El resto –35– espera el visto bueno de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

La falta de un estudio integral que establezca los efectos en materia ambiental de las construcciones en la región se convirtió en uno de los reclamos de los grupos ambientalistas.

Para la directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), Alida Spadafora, “es evidente que no ha existido una planificación regional” para los proyectos hidroeléctricos que se han aprobados y los que están en trámite para ser construidos en Chiriquí. Además –añadió– cada proyecto ha sido evaluado de forma aislada sin considerar los impactos acumulativos que se registrarán sobre la zona.

“Ancon apoya y promueve las energías renovables. Sin embargo, cuestionamos el hecho de que se abuse del ambiente, de la gente y de la propia capacidad de las cuencas”, dijo.

Durante sus investigaciones, los miembros de Ancon también identificaron algunas “coincidencias” en la redacción de los estudios de impacto ambiental de distintos proyectos, tal cual lo denunciaron algunos habitantes de Chiriquí.

Por su parte, la directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), Raisa Banfield, también cuestionó que no haya una planificación y gestión del recurso, lo que está llevando –según su opinión– al colapso de los ríos más importantes del oriente del país bajo la falsa ilusión de una generación energética más barata.

“Falsa, porque esta [la energía más barata] no será posible mientras la referencia para el establecimiento de los precios sea la generación térmica”, dijo.

Según Banfield, la generación de energía hídrica y de termoeléctricas, entre los proyectos aprobados y en construcción, alcanzará los3 mil 521 megavatios, el triple de lo que actualmente consume el país.

“¿Toda esta generación está planificada para qué tiempo? ¿Para quiénes? ¿A qué ritmo de crecimiento estimado? ¿Existen evaluaciones ambientales estratégicas como lo determina la ley, para ver el impacto sumado de cada uno de los proyectos que se desarrollan?”, se preguntó Banfield.

Estas son los mismas interrogantes que se plantearon grupos ambientalistas del área de Cerro Punta, quienes ya han empezado a sentir los efectos negativos por las construcciones que se levantan en los ríos de la zona.

REALIZARÁN AUDITORÍA

El administrador de la Anam, Javier Arias, anunció ayer que hará una auditoría de todos los proyectos hidroeléctricos que se construyen en la provincia de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental.

Para ello, informó que aumentará el personal que se encarga de hacer las auditorías ambientales, para lo que solicitó un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Arias, el problema es que “ no existe una base de datos para poder establecer, de acuerdo al impacto ambiental acumulativo, qué proyectos deben ser o no aprobados”.

“Estamos lanzando una licitación para hacer un estudio hidrológico sobre el nivel de las cuencas y hasta dónde se pueden sostener”, agregó el funcionario.

En tanto, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, anunció que ya no se aprobarán más proyectos hidroeléctricos sobre cuenca del río Chiriquí Viejo.

ASEP DEFIENDE HIDROELÉCTRICAS

El administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Denis Moreno, salió ayer en defensa de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en el país. Según Moreno, dichos proyectos respetan a las comunidades, al medio ambiente y generan empleos desde su construcción hasta su fase final.

“Esta actividad se traduce en crecimiento económico, tanto en las zonas donde se construyen las hidroeléctricas como en las ciudades donde se levantan centros comerciales que requieren de energía, como la que requerirá el Metro, sistema de transporte masivo que mejorará la vida de todos los panameños”, detalló el funcionario mediante un comunicado de prensa.

Las declaraciones de Moreno se dan como respuesta a las críticas de grupos ambientalistas y habitantes de Chiriquí a raíz de la gran cantidad de proyectos que se aprobaron en esa provincia y que están afectando al medio ambiente.

Frente a las quejas por el uso del 90% de las aguas de los ríos para los proyectos hidroeléctricos y el 10% restante para otros fines, Moreno aclaró que la prioridad la tiene el uso del agua destinada para consumo humano.

A nivel nacional existen 19 proyectos hidroeléctricos en construcción, 14 en diseño final y 52 en trámite, según la Asep.

Solicitan a UNESCO que La Amistad se declare “En Peligro” como sitio de Patrimonio Mundial

Solicitan a UNESCO que La Amistad se declare “En Peligro”

como sitio de Patrimonio Mundial

Burica Press – Medio Ambiente

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) de Panamá, la Asociación ANAI de Costa Rica, el Centro para la Conservación de la Diversidad Biológica (CBD), y la Fundación para la Comunidad Internacional de Estados Unidos están entregando hoy 22 de abril (Día Mundial de la Tierra) al Gobierno de Panamá, Costa Rica y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) un informe sobre los peligros que enfrenta la diversidad biológica del Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad La Amistad (Costa Rica Panamá).

Los ecologistas nacionales y internacionales han estado retroalimentando a la UNESCO para que declare este patrimonio como "Sitio en Peligro" con tal que este estatus oblige a los gobiernos de Panamá y de Costa Rica a proteger la integridad biológica de La Amistad. Se busca que detengan toda actividad, obra o proyecto que atente contra la integridad biótica de los ecosistemas casi intactos que tiene la mayor parte de la reserva en cuestión.

El informe titulado “Amenazas a la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en el sitio de Patrimonio Mundial La Amistad por las propuestas de represas hidroeléctricas, Panamá-Costa Rica” desarrollado por el Dr. William O. McLarney y colaboradores contiene una detallada evaluación técnica de las graves amenazas a la biodiversidad de La Amistad que enfrentan por las intenciones de construir varias represas en ríos y cuencas claves para la conservación de especies, especialmente acuáticas como los peces diádromos, que en su ciclo de vida requieren ascender o descender por los cuerpos de agua dulce hasta los sistemas de humedales, esteros y aguas marinas y viceversa.

En Panamá el informe está siendo entregado al gobierno panameno por la organización Alianza para la Conservación y el Desarrollo, al de Costa Rica la Asociación ANAI. El Centro para la Conservación de la Diversidad Biológica (CBD) entregará el documento a la UNESCO en su sede en Paris.

Este informe es producto de las preocupaciones ambientales de grupos de científicos y ambientalistas que ven cada día más inminente la grave afectación a la biodiversidad del Sitio de Patrimonio Mundial y debido a que los estudios ambientales que se han realizado hasta la fecha sólo se han hecho para justificar las concesiones o los trabajos de construcción de represas y otras actividades de alto impacto.

El informe se enfoca en sucesos y predicciones biológicas, pero también indican que no ignoran la perspectiva social implicada y destacan las numerosas protestas que se están llevando a cabo contra los planes de construcción de las represas y el desarrollo asociado a ellas en los 4 sectores de La Amistad que cubre el estudio; protestas basadas no sólo en aspectos de protección del medio ambiente sino también en la validez socio‐cultural de los planes, y su impacto contra la economía local y los derechos de los indígenas. De particular preocupación son los planes mineros a tajo abierto que están siendo desarrollados en el territorio Bribri en la periferia misma del Sitio de Patrimonio Mundial sobre la vertiente atlántica de Costa Rica, que son percibidos como planes relacionados a la construcción de las represas.

Este informe técnico reconoce que la UNESCO, la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá, el Ministerio del Ambiente de Costa Rica y todas las demás organizaciones involucradas enfrentan limitaciones de autoridad, y consideran que las amenazas que confrontan los ecosistemas fluviales del área de La Amistad no pueden ser enfrentadas solamente con políticas dentro de los límites jurisdiccionales. La naturaleza de los ríos del área de La Amistad, particularmente su componente diádromo y su relación con ambientes terrestres y marinos, demanda un enfoque de conservación de cuencas que se extienda más allá de los límites y fronteras existentes.

El informe anterior a este también dirigido a la UNESCO por los mismos autores principales fue escrito en apoyo a la petición de declaración de La Amistad como un Sitio de Patrimonio Mundial en peligro, la cual no ha sido promulgada aun. En este ínterin, ellos indican que ha llegado a ser evidente que la amenaza presentada por las represas propuestas se extiende más allá de la cuenca Changuinola/Teribe en Panamá.

“[La Amistad] es binacional por naturaleza y tiene el potencial de alterar tremendamente el carácter del Sitio de Patrimonio Mundial y de otras áreas en ambos lados de la División Continental de aguas.”

McLarney y colaboradores.

Indican que reconociendo la severidad de la amenaza, le están recomendando al Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO reabra la discusión para la identificación del Sitio binacional de Patrimonio Mundial La Amistad como un Sitio de Patrimonio Mundial en Peligro, en el contexto de considerar todas las alternativas posibles para proteger su biodiversidad. También sugerien enfáticamente a UNESCO, a los dos gobiernos nacionales y a las demás partes interesadas que toda discusión relacionada con esta amenaza se lleve a cabo en un contexto que reconozca la imposibilidad de proteger la biodiversidad y la integridad ecológica del Sitio de Patrimonio Mundial La Amistad con propuestas que no tomen en cuenta las cuencas en su totalidad, desde la División Continental de aguas hasta el mar.

DOCUMENTO COMPLETO EN ESPANOL: La Amistad UNESCO Spanish

COMPLETE REPORT IN ENGLISH: La Amistad WHS Threats to Biod report april 2010

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Carta de Presentación del informe presentado al Gobierno de Panamá

Panamá, 22 de abril de 2010

M.Sc. Javier Arias Iriarte
Administrador General
Autoridad Nacional del Ambiente
República de Panamá
E. S. D.

Estimado Señor Administrador Arias:

Los sistemas de cuencas hidrográficas son ampliamente reconocidas como unidades geográficas para el manejo de sistemas naturales en un paisaje ecosistémico y son además una referencia para la comprensión de interacciones entre la geología, la topografía, los suelos, las plantas, los animales y los seres humanos. Un aspecto importante en el manejo de las cuencas hidrográficas es la dimensión humana. La naturaleza del uso de la cuenca depende de los valores, las normas y las interacciones entre los diferentes actores con intereses en la cuenca. No es posible que un par de normas y políticas desfasadas, amañadas o emitidas a posteriori a hechos ambientales punibles justifiquen el mal uso de una valiosa cuenca.

Así vemos que la cuenca de ríos importantes del país presentan serios problemas ambientales de todo tipo y todavía no existe una planificación real, científica que respete la naturaleza del río y que proteja los bienes, las funciones y los servicios de los ecosistemas que contiene dicha cuenca. Esto ha llevado a la depauperación de la calidad de vida de miles de panameños y de las actividades económicas que muchos tecnócratas suponen que por si solas ayudan al bienestar humano integral. La falta de agua en la época seca es grave en las cuencas del Pacífico, debido destrucción de los bosques que eran parte de la cuenca lo que cambió la dinámica hídrica de dichos ríos y la valiosa agua que proveían ahora es un bien escaso, incluso para consumo humano. La pérdida de biodiversidad y de otras oportunidades de desarrollo basado en la naturaleza viva y no muerta se han perdido y se siguen perdiendo como si todavía no comprendiésemos su importancia estratégica. Ahora la inversión en restauración ecológica será larga y costosa, pero la restauración es el camino que queda si somos una sociedad seria de frente a las próximas generaciones.

En Panamá lamentablemente hemos visto que por omisión, pero principalmente por ignorancia, nuestras autoridades en todas las administraciones en los últimos 40 años han permitido la degradación sistemática de las cuencas hidrográficas bajo el pretexto del desarrollo per se, por libre albedrío, como si la sociedad por sí sola y sin educación técnica y ambiental profunda fuera sabia en el uso y la administración de los recursos naturales insertos en los espacios privados y públicos. No ha habido ni ciencia, ni ley en el ordenamiento y salvaguarda del bien común presente en nuestras cuencas hidrográficas. Ha sido el capital, que sin ciencia, ni ley, ni respeto ha desarrollado un modelo depredador y acaparador de los recursos naturales compartidos. El poco avance que se tiene se desvanece ante lo que se está permitiendo en cuencas de alta prioridad de conservación de biodiversidad.

El Estado panameño ha destruido o ha permitido la destrucción de la infraestructura ecológica de los ecosistemas de las cuencas hidrográficas de la mayoría de los ríos del país. Pocas cuencas en Panamá son hoy un tesoro viviente de biodiversidad a nivel ecosistémica, de especies y de diversidad genética y culturas humanas indígenas. Justo los ríos Changuinola, Sixaola y sus tributarios y otros ríos del Caribe y del Pacífico son una oportunidad de salvaguardar biodiversidad terrestre, acuática y marino costera con un valor cuantificable de capital natural enorme, pero justo hoy la administración del Estado sigue permitiendo al margen de la Ley Internacional (CIDH, UNESCO, tratados internacionales de conservación de la biodiversidad) que la especulación energética a nivel regional y local dicte las pautas y se auto-adjudiquen cuasi de facto las cuencas hidrográficas de nuestro país y con ello se tomen las aguas de sus ríos más caudalosos, lóticos y llenos de diversidad biológica.

La energía que se busca dentro de estos paraísos ecológicos en la cuenca del Río Changuinola, Quebrada Bonyic y otros ríos de la región no es un buen negocio para Panamá y así los estudios económicos lo han demostrado, ni será un modelo de orgullo para las presentes, ni para las futuras generaciones por la significativa destrucción ambiental que causará por décadas. El costo ambiental enorme y la pérdida irreversible de biodiversidad es una irresponsabilidad terrible de esta generación.

El documento anexo titulado: LA AMENAZA A LA BIODIVERSIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS POR REPRESAS HIDROELÉCTRICAS PROPUESTAS EN EL SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL LA AMISTAD, PANAMÁ Y COSTA RICA es un esfuerzo científico de muchas personas de nuestras organizaciones, que todavía guardamos esperanzas, que nuestros gobiernos tanto de Costa Rica como de Panamá reconsideren o revoquen todos los planes y permisos de construcción de obras civiles de alto impacto en las cuencas de los ríos que son parte de la Reserva de la Biosfera La Amistad y Sitio Binacional con rango internacional de conservación de Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad y sus áreas de amortiguamiento.

En este documento los científicos de las organizaciones suscritas actualizamos el documento anterior titulado “Posibles efectos sobre la biodiversidad acuática y la función de ecosistemas de las cuatro represas hidroeléctricas propuestas en la cuenca hidrológica Changuinola/Teribe, Bocas del Toro, Panamá con énfasis en el Sitio de Patrimonio Mundial La Amistad”, donde se actualiza a la fecha con mayor profundidad el problema y se incluye el efecto sobre toda la región binacional de La Amistad que compartimos los hermanos países de Costa Rica y Panamá. Igualmente el documento incorpora el análisis científico a los cuerpos de agua significativos que nacen en la división continental de aguas, dentro de La Amistad en ambos países.

Esto se hace necesario porque está llegando a ser obvio principalmente por la acumulación de nuevas propuestas de construcción de represas, que evidentemente contravienen el propósito de la formación de La Amistad como un sólo bloque de conservación binacional y Sitio de Patrimonio Mundial, donde es claro que dichos proyectos aumentan las probabilidades de extinción local de especies acuáticas diádromas o a la extirpación de un gran número de especies que afectan directamente el funcionamiento del ecosistema de La Amistad, de las áreas protegidas y de los territorios indígenas aledaños que en su conjunto forman la Reserva de la Biosfera La Amistad que tampoco como concepto de desarrollo sostenible estamos respetando.

Hacemos de su conocimiento que este informe científico será entregado por nuestras organizaciones a la UNESCO para que sea considerado en las deliberaciones sobre los riesgos graves que amenazan los ecosistemas naturales de La Amistad como Sitio de Patrimonio Mundial.

Le agradecemos nos haga llegar sus comentarios técnicos y una copia del último informe de la ANAM para la UNESCO sobre La Amistad.

Ojalá este sea el insumo necesario para actuar en defensa de La Amistad y sus valiosos ecosistemas. Estamos a tiempo y puede ser el mejor legado que usted le puede hacer al país, debido al cargo que ostenta y las facultades que le confiere la ley para actuar en función del bien común y nuestros valiosos recursos, gravemente amenazados en la cuencas que nacen en La Amistad.

Muchas gracias.

Atentamente,

Ariel Rodríguez V.

Presidente

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

CC: ONGs aliadas, Medios de Comunicación.

Defensoría solicitará detener hidroeléctrica

Defensoría solicitará parar hidroeléctrica

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Defensoría del Pueblo pedirá al Gobierno acatar la medida de suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 (Changuinola I) que adelanta la empresa AES Changuinola.

El compromiso lo adquirió el defensor Ricardo Vargas, ayer, durante una reunión con los indígenas ngäbe afectados por la construcción del proyecto.

Vargas, además, se comprometió a pedirle al Gobierno que entregue, a la mayor brevedad, un informe sobre la concesión que se le otorgó a la empresa a lo largo del río Changuinola.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno panameño suspender el proyecto, para “evitar daños irreparables al derecho de propiedad y a la seguridad del pueblo ngäbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”.

La medida es en respuesta a una demanda por violación de derechos humanos que presentaron la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Cultural Survival, en nombre de las comunidades indígenas.

“La situación presentada en las comunidades afectadas(…) demuestra la ausencia del Estado y la desatención social de las autoridades en garantizar de manera efectiva los derechos humanos”, señaló Vargas.

Los indígenas no solo recibieron el respaldo de la Defensoría del Pueblo, sino también de los estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá. Indígenas y estudiantes bloquearon ayer, en horas del mediodía, la avenida Manuel Espinoza Batista para exigir la paralización del proyecto.

Al ser consultados sobre este tema, los representantes de la empresa prefirieron no hacer comentarios.

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Ahora ya no es asunto si se quiere o no detener, o si se solicitará o no. No es un favor.  Es una sentencia precautoria de un máximo órgano de justicia internacional a la cual a Panamá le corresponde respetar.

Se recurrió a ella porque en Panamá la justicia ordinaria no ha funcionado.  Eso no es novedad en Panamá cuando hay grandes intereses creados tras bambalinas! O sea justicia corrupta que no actúa en algunos casos por premeditación y alevosía para con las partes acusadas.  La CIDH tardó 15 meses en declarar estas medidas precautorias y la corte suprema panamena lleva por lo menos 18 meses sin pronunciarse sobre las demandas  urgentes que dieron pie a la demanda ante la CIDH.

En buena hora la CIDH, por lo menos ha detenido a este monstruo que se está instalando en la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. La forma como esta empresa se está instalando en esta hermosa región es digna de ser referenciada como un hecho de la Edad Media.

La violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano debe ser atendido sin reparos y sin darle lástima con el victimario que las ha cometido.  Así es la justicia real y efectiva. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde decía Aristóteles.

La sociedad civil panamena y extranjera que han intervenido en este caso, junto con los principales actores, los Ngobes del valle del Río Changuinola, merecen nuestro respeto y elogios, por la invocación tenaz de los preclaros principios de la sociedad: los derechos humanos.

Burica Press

XII Día Mundial de acción contra las represas y por los ríos, el agua y la vida

14 DE MARZO: XII DÍA MUNDIAL DE ACCIÓNCONTRA LAS REPRESAS Y POR LOS RIOS, EL AGUA Y LA VIDA

Burica Press –Medio Ambiente

La Red de lucha contra las represas más importante de América Latina exigió a los gobiernos de la región suspender los proyectos hidroeléctricos y de abastecimiento de agua que implican severos impactos sociales y ambientales.

Del 14 al 22 de marzo, en la Semana del Agua, se harán cientos de actividades de protesta en todos los países de Latinoamérica, reclamando por ríos libres, reparación y restauración de daños ocasionados por las grandes represas y por el agua como derecho humano y bien común.

El Día Mundial de Acción contra las Represas fue fijado en Curitiba, Brasil, en 1997, al culminar el “Primer Encuentro Internacional de Pueblos Afectados por Represas”. Cada año, desde entonces, organizaciones de todo el mundo realizan actividades y movilizaciones en simultáneo para la fecha. Este año, las actividades y protestas contra las grandes represas en América Latina se realizarán durante toda la semana, hasta el 22 de marzo, instaurado como Día Mundial del Agua.

En su última asamblea, la Red Latinoamericana sobre Represas (Redlar), exigió al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el desmantelamiento inmediato de la represa Urrá I y, la reparación de los daños ocasionados al Río Sinú, a la cultura y formas de vida del pueblo Embera Katío, del pueblo Zenú, y a los pescadores y campesinos de la Cuenca Baja del río Sinú, consecuencia directa de la construcción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica, así como la cancelación del proyecto Río Sinú (Urrá II) que condenaría al exterminio del Pueblo Emberá Katío del Alto Sinú.

“Los gobiernos de la región deben implementar una matriz energética sustentable que no signifique la imposición, agresión, genocidio y destrucción de las culturas y el medio ambiente, y deben priorizar una política de eficiencia energética regional”, sostuvo Elba Stancich, de Taller Ecologista (Argentina), integrante del equipo de coordinación de Redlar.

Eugenio Guido, de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) y co-coordinador de Redlar, sostuvo que “los gobiernos tienen la obligación de respetar y reconocer legalmente los procesos consultivos y plebiscitos comunitarios sobre los proyectos hidroeléctricos, como los realizados en Pacuare (Costa Rica), en Ixcán (Guatemala) y en Misiones (Argentina) por la represa de Corpus”.

Para esta Red “es fundamental que se detenga la criminalización de las luchas y protestas sociales y ambientales, así como la necesidad del esclarecimiento y la sanción penal a los autores de los asesinatos de dirigentes sociales y populares que lucharon por los derechos humanos, culturales, ambientales y territoriales de sus pueblos”, señaló Bertha Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), también de la coordinación de Redlar.

Finalmente, los miembros de Redlar realizaron un llamamiento a que el conjunto pleno de las sociedades y los representantes que las gobiernan, se comprometan con un modelo energético sustentable y éticamente responsable con la naturaleza y la gente.

NOTAS

(1) http://www.redlar.org.ar: audios y actividades sobre el Día de Acción Internacional.

http://www.internationalrivers.org/en/day-of-action: información sobre acciones globales:

(2) Redlar (Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua). La Red está compuesta por más de 260 miembros de organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres, redes, frentes, y movimientos de 18 países de América Latina, que involucran a más de un millón de personas. Fue constituida en 1999, en San Pablo, Brasil.

El papel de los movimientos sociales por el ambiente y la vida digna

DERECHOS.

El papel de los movimientos sociales

Lucía L. Lasso

Distintos grupos de indígenas y campesinos provenientes de cinco provincias del país llegaron a la ciudad capital y acampan ahora en Catedral para llamar la atención de los citadinos sobre lo que ocurre en sus territorios. Ellos nos traen una nueva voz, nos dicen que las inversiones extranjeras en minas a cielo abierto, en el turismo residencial y en las hidroeléctricas hacen crecer la economía nacional a su costa: quitando las tierras de sus hijos con intimidación y abuso policial.

Ellos vinieron a la ciudad a demostrar su rechazo por proyectos que les dañan suambiente y sobre los cuales jamás tuvieron información adecuada que les permitiera dar su consentimiento de manera previa y libre. Simplemente llegaron y les dijeron “aquí se hace esto, y no se quejen que es por su bien”. Pero las comunidades se organizaron para enfrentar la imposición que destruye todo lo que conocen y respetan.

Como era de esperarse, inmediatamente surgieron individuos desestimando el valor de esta acción y diciendo que los “pobres” (¡noten el tono sumamente irónico!) campesinos e indígenas están siendo manipulados por personas con “intereses ocultos”.

Para estas personas, del gobierno y de las empresas, es imposible concebir que los campesinos e indígenas son personas adultas capaces de pensar y organizarse por sí mismos; para estas personas de “rango” los humildes solo son capaces de rechazarlos cuando son manipulados por personas externas. ¡Ver intereses ocultos detrás del movimiento campesino e indígena no es más que una forma de racismo y clasismo!

Pero, ¿cuáles son esas “oportunistas influencias externas” a las que tanto teme el gobierno y los intereses empresariales? No son más que organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales que luchan para que se respeten los derechos humanos y el estado de derecho. ¿Y que han hecho las “desestabilizadoras” ONG? Pues se han atrevido a dar talleres sobre convenios internacionales; les han enseñado a utilizar el internet; y, lo peor de todo, ¡les han enseñado a poner una denuncia en fiscalía, a entender las leyes de Panamá!

Pongamos las cosas en perspectiva, nadie diría jamás que hay intereses ocultos detrás de una ONG que utiliza sus fondos para enseñarles a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar cómo poner una denuncia contra la pareja que abusa de ellas. Entonces, ¿por qué se crea un problema cuando una ONG utiliza sus recursos para enseñar cómo poner una denuncia a las poblaciones rurales víctimas de proyectos que los despojan de sus tierras ancestrales? ¿Por qué le tienen tanto miedo a las ONG “extranjeras” si el 90% de los proyectos son hechos por capital y personas extranjeras?

Los proyectos no se rechazan por capricho, sino porque su construcción viola derechos fundamentales y no cumple con requisitos legales básicos. ¿O es normal que el desarrollo nacional se alcance encerrando por 10 horas en una oficina a mujeres viudas que no hablan español hasta que firme un contrato cediendo sus tierras? ¿O es normal que una empresa extranjera ordene a la policía bloquear por meses la entrada a una comunidad? Esto, señores, está pasando en Panamá.

La pregunta es: ¿cuáles son los “intereses ocultos” que permiten que esto suceda impunemente? ¿Qué quieren los que se reúnen a puertas cerradas con el Presidente?

-La autora es antropóloga y Directora Ejecutiva de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo

Panamá viola muchos derechos humanos

INFORME NACIONAL.

Mala nota en derechos humanos

José González Pinilla
jagonzalez@prensa.com

La violación del derecho a residencia por el auge de proyectos turísticos residenciales, hidroeléctricos y mineros, la crítica situación del sistema penitenciario y la desprotección de los refugiados, son parte de la problemática de derechos humanos en Panamá, según un informe de la Red de Derechos Humanos de Panamá, integrada por 33 organismos de la sociedad civil.

El documento, que será presentado ante la ONU, cubre un período de 16 años.

derechos humanos. INFORME HABLA DE DISCRIMINACIÓN Y MAL TRATO A MIGRANTES.

Una asignatura pendiente

Red de Derechos Humanos-Panamá dio a conocer ayer un informe que insta a corregir fallas.

Se analizan las condiciones del sistema penitenciario y la situación de las personas que viven con sida.

LA PRENSA/Carlos Lemos
PROTESTA. Indígenas que se oponen a la minería y a las hidroeléctricas hacen una vigilia frente a la Presidencia. 

José González Pinilla
jagonzalez@prensa.com

“En Panamá nunca pasaba nada”. Fue la frase que utilizó una dirigente campesina para resumir la situación de los derechos humanos en el país.

Pero el informe alternativo sobre la situación de los derechos en Panamá, dice que “ello no es necesariamente así”.

Más adelante, el estudio elaborado por la Red de Derechos Humanos-Panamá, con la colaboración de 33 organizaciones, reconoce que en el país persiste una alta violación de derechos humanos.

Sostiene que hay insuficiencia de los recursos para promover y proteger los derechos humanos; hay violación del derecho de residencia, existe una situación crítica en el sistema penitenciario, los refugiados están desprotegidos, los menores de edad continúan siendo vulnerados, hay discriminación.

El informe, que brinda una primera panorámica del conjunto de derechos humanos, es importante porque cubre de 1992 a 2008″, sostuvo Alfredo Castillero Hoyos, presidente de la red.

Explicó que el estudio se hizo porque el Estado no presentaba su informe de los derechos humanos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde 1992.

“Esto no es para criticar a los gobiernos. Es para ayudar a crear un diálogo para mejorar la situación que se vive en el país”, señaló Castillero Hoyos.

SEIS TEMAS PRIORITARIOS

Las organizaciones participantes, entre ellas la Comisión de Justicia y Paz, Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Centro de Incidencia Ambiental, la Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados, acordaron destacar seis temas.

El primero es la discriminación. De acuerdo con el informe, en Panamá se discrimina a los que viven con el VIH/sida, a los discapacitados, a los migrantes, a los que tienen determinada idea política.

La falta de recursos para promover los derechos, es otro. Los grupos aseguran que son ineficaces los recursos para la protección efectiva de los derechos humanos.

La violación del derecho a la residencia se torna crítica, según el documento. “El Estado impulsa la inversión privada en grandes proyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros dentro de zonas habitadas. Estos proyectos están creando grandes desplazamientos”, señala el informe.

En el sistema penitenciario hay incumplimiento de reglas, abuso policial, hacinamiento y problemas de salud. Agrega el documento que los refugiados están desamparados por el Gobierno, porque a pesar de estar 15 años en el país, se mantienen en un limbo jurídico.

Por último, persiste la violación de los derechos de los menores de edad.

Informe se presentará en la ONU

Acción internacional.

Alfredo Castillero Hoyos presentará el informe este lunes 24 de marzo y martes 25 de marzo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en la sede ubicada en Nueva York, Estados Unidos (EU). El 16 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo que reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y examinar quejas individuales fue adoptado por la Asamblea General.

El comité está compuesto por 18 expertos independientes que son “personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos”, destaca la página web de las Naciones Unidas. El comité celebra tres períodos ordinarios de sesiones durante el año, los cuales duran tres semanas. Las reuniones las realiza normalmente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en marzo. Por último, el comité presenta a la Asamblea General un informe anual sobre sus actividades.