Defensoría solicitará detener hidroeléctrica

Defensoría solicitará parar hidroeléctrica

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Defensoría del Pueblo pedirá al Gobierno acatar la medida de suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 (Changuinola I) que adelanta la empresa AES Changuinola.

El compromiso lo adquirió el defensor Ricardo Vargas, ayer, durante una reunión con los indígenas ngäbe afectados por la construcción del proyecto.

Vargas, además, se comprometió a pedirle al Gobierno que entregue, a la mayor brevedad, un informe sobre la concesión que se le otorgó a la empresa a lo largo del río Changuinola.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno panameño suspender el proyecto, para “evitar daños irreparables al derecho de propiedad y a la seguridad del pueblo ngäbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”.

La medida es en respuesta a una demanda por violación de derechos humanos que presentaron la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Cultural Survival, en nombre de las comunidades indígenas.

“La situación presentada en las comunidades afectadas(…) demuestra la ausencia del Estado y la desatención social de las autoridades en garantizar de manera efectiva los derechos humanos”, señaló Vargas.

Los indígenas no solo recibieron el respaldo de la Defensoría del Pueblo, sino también de los estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá. Indígenas y estudiantes bloquearon ayer, en horas del mediodía, la avenida Manuel Espinoza Batista para exigir la paralización del proyecto.

Al ser consultados sobre este tema, los representantes de la empresa prefirieron no hacer comentarios.

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Ahora ya no es asunto si se quiere o no detener, o si se solicitará o no. No es un favor.  Es una sentencia precautoria de un máximo órgano de justicia internacional a la cual a Panamá le corresponde respetar.

Se recurrió a ella porque en Panamá la justicia ordinaria no ha funcionado.  Eso no es novedad en Panamá cuando hay grandes intereses creados tras bambalinas! O sea justicia corrupta que no actúa en algunos casos por premeditación y alevosía para con las partes acusadas.  La CIDH tardó 15 meses en declarar estas medidas precautorias y la corte suprema panamena lleva por lo menos 18 meses sin pronunciarse sobre las demandas  urgentes que dieron pie a la demanda ante la CIDH.

En buena hora la CIDH, por lo menos ha detenido a este monstruo que se está instalando en la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. La forma como esta empresa se está instalando en esta hermosa región es digna de ser referenciada como un hecho de la Edad Media.

La violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano debe ser atendido sin reparos y sin darle lástima con el victimario que las ha cometido.  Así es la justicia real y efectiva. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde decía Aristóteles.

La sociedad civil panamena y extranjera que han intervenido en este caso, junto con los principales actores, los Ngobes del valle del Río Changuinola, merecen nuestro respeto y elogios, por la invocación tenaz de los preclaros principios de la sociedad: los derechos humanos.

Burica Press

XII Día Mundial de acción contra las represas y por los ríos, el agua y la vida

14 DE MARZO: XII DÍA MUNDIAL DE ACCIÓNCONTRA LAS REPRESAS Y POR LOS RIOS, EL AGUA Y LA VIDA

Burica Press –Medio Ambiente

La Red de lucha contra las represas más importante de América Latina exigió a los gobiernos de la región suspender los proyectos hidroeléctricos y de abastecimiento de agua que implican severos impactos sociales y ambientales.

Del 14 al 22 de marzo, en la Semana del Agua, se harán cientos de actividades de protesta en todos los países de Latinoamérica, reclamando por ríos libres, reparación y restauración de daños ocasionados por las grandes represas y por el agua como derecho humano y bien común.

El Día Mundial de Acción contra las Represas fue fijado en Curitiba, Brasil, en 1997, al culminar el «Primer Encuentro Internacional de Pueblos Afectados por Represas». Cada año, desde entonces, organizaciones de todo el mundo realizan actividades y movilizaciones en simultáneo para la fecha. Este año, las actividades y protestas contra las grandes represas en América Latina se realizarán durante toda la semana, hasta el 22 de marzo, instaurado como Día Mundial del Agua.

En su última asamblea, la Red Latinoamericana sobre Represas (Redlar), exigió al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el desmantelamiento inmediato de la represa Urrá I y, la reparación de los daños ocasionados al Río Sinú, a la cultura y formas de vida del pueblo Embera Katío, del pueblo Zenú, y a los pescadores y campesinos de la Cuenca Baja del río Sinú, consecuencia directa de la construcción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica, así como la cancelación del proyecto Río Sinú (Urrá II) que condenaría al exterminio del Pueblo Emberá Katío del Alto Sinú.

“Los gobiernos de la región deben implementar una matriz energética sustentable que no signifique la imposición, agresión, genocidio y destrucción de las culturas y el medio ambiente, y deben priorizar una política de eficiencia energética regional”, sostuvo Elba Stancich, de Taller Ecologista (Argentina), integrante del equipo de coordinación de Redlar.

Eugenio Guido, de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) y co-coordinador de Redlar, sostuvo que “los gobiernos tienen la obligación de respetar y reconocer legalmente los procesos consultivos y plebiscitos comunitarios sobre los proyectos hidroeléctricos, como los realizados en Pacuare (Costa Rica), en Ixcán (Guatemala) y en Misiones (Argentina) por la represa de Corpus”.

Para esta Red “es fundamental que se detenga la criminalización de las luchas y protestas sociales y ambientales, así como la necesidad del esclarecimiento y la sanción penal a los autores de los asesinatos de dirigentes sociales y populares que lucharon por los derechos humanos, culturales, ambientales y territoriales de sus pueblos”, señaló Bertha Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), también de la coordinación de Redlar.

Finalmente, los miembros de Redlar realizaron un llamamiento a que el conjunto pleno de las sociedades y los representantes que las gobiernan, se comprometan con un modelo energético sustentable y éticamente responsable con la naturaleza y la gente.

NOTAS

(1) http://www.redlar.org.ar: audios y actividades sobre el Día de Acción Internacional.

http://www.internationalrivers.org/en/day-of-action: información sobre acciones globales:

(2) Redlar (Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua). La Red está compuesta por más de 260 miembros de organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres, redes, frentes, y movimientos de 18 países de América Latina, que involucran a más de un millón de personas. Fue constituida en 1999, en San Pablo, Brasil.

El papel de los movimientos sociales por el ambiente y la vida digna

DERECHOS.

El papel de los movimientos sociales

Lucía L. Lasso

Distintos grupos de indígenas y campesinos provenientes de cinco provincias del país llegaron a la ciudad capital y acampan ahora en Catedral para llamar la atención de los citadinos sobre lo que ocurre en sus territorios. Ellos nos traen una nueva voz, nos dicen que las inversiones extranjeras en minas a cielo abierto, en el turismo residencial y en las hidroeléctricas hacen crecer la economía nacional a su costa: quitando las tierras de sus hijos con intimidación y abuso policial.

Ellos vinieron a la ciudad a demostrar su rechazo por proyectos que les dañan suambiente y sobre los cuales jamás tuvieron información adecuada que les permitiera dar su consentimiento de manera previa y libre. Simplemente llegaron y les dijeron «aquí se hace esto, y no se quejen que es por su bien». Pero las comunidades se organizaron para enfrentar la imposición que destruye todo lo que conocen y respetan.

Como era de esperarse, inmediatamente surgieron individuos desestimando el valor de esta acción y diciendo que los «pobres» (¡noten el tono sumamente irónico!) campesinos e indígenas están siendo manipulados por personas con «intereses ocultos».

Para estas personas, del gobierno y de las empresas, es imposible concebir que los campesinos e indígenas son personas adultas capaces de pensar y organizarse por sí mismos; para estas personas de «rango» los humildes solo son capaces de rechazarlos cuando son manipulados por personas externas. ¡Ver intereses ocultos detrás del movimiento campesino e indígena no es más que una forma de racismo y clasismo!

Pero, ¿cuáles son esas «oportunistas influencias externas» a las que tanto teme el gobierno y los intereses empresariales? No son más que organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales que luchan para que se respeten los derechos humanos y el estado de derecho. ¿Y que han hecho las «desestabilizadoras» ONG? Pues se han atrevido a dar talleres sobre convenios internacionales; les han enseñado a utilizar el internet; y, lo peor de todo, ¡les han enseñado a poner una denuncia en fiscalía, a entender las leyes de Panamá!

Pongamos las cosas en perspectiva, nadie diría jamás que hay intereses ocultos detrás de una ONG que utiliza sus fondos para enseñarles a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar cómo poner una denuncia contra la pareja que abusa de ellas. Entonces, ¿por qué se crea un problema cuando una ONG utiliza sus recursos para enseñar cómo poner una denuncia a las poblaciones rurales víctimas de proyectos que los despojan de sus tierras ancestrales? ¿Por qué le tienen tanto miedo a las ONG «extranjeras» si el 90% de los proyectos son hechos por capital y personas extranjeras?

Los proyectos no se rechazan por capricho, sino porque su construcción viola derechos fundamentales y no cumple con requisitos legales básicos. ¿O es normal que el desarrollo nacional se alcance encerrando por 10 horas en una oficina a mujeres viudas que no hablan español hasta que firme un contrato cediendo sus tierras? ¿O es normal que una empresa extranjera ordene a la policía bloquear por meses la entrada a una comunidad? Esto, señores, está pasando en Panamá.

La pregunta es: ¿cuáles son los «intereses ocultos» que permiten que esto suceda impunemente? ¿Qué quieren los que se reúnen a puertas cerradas con el Presidente?

-La autora es antropóloga y Directora Ejecutiva de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo

Panamá viola muchos derechos humanos

INFORME NACIONAL.

Mala nota en derechos humanos

José González Pinilla
jagonzalez@prensa.com

La violación del derecho a residencia por el auge de proyectos turísticos residenciales, hidroeléctricos y mineros, la crítica situación del sistema penitenciario y la desprotección de los refugiados, son parte de la problemática de derechos humanos en Panamá, según un informe de la Red de Derechos Humanos de Panamá, integrada por 33 organismos de la sociedad civil.

El documento, que será presentado ante la ONU, cubre un período de 16 años.

derechos humanos. INFORME HABLA DE DISCRIMINACIÓN Y MAL TRATO A MIGRANTES.

Una asignatura pendiente

Red de Derechos Humanos-Panamá dio a conocer ayer un informe que insta a corregir fallas.

Se analizan las condiciones del sistema penitenciario y la situación de las personas que viven con sida.

LA PRENSA/Carlos Lemos

PROTESTA. Indígenas que se oponen a la minería y a las hidroeléctricas hacen una vigilia frente a la Presidencia.

José González Pinilla
jagonzalez@prensa.com

«En Panamá nunca pasaba nada». Fue la frase que utilizó una dirigente campesina para resumir la situación de los derechos humanos en el país.

Pero el informe alternativo sobre la situación de los derechos en Panamá, dice que «ello no es necesariamente así».

Más adelante, el estudio elaborado por la Red de Derechos Humanos-Panamá, con la colaboración de 33 organizaciones, reconoce que en el país persiste una alta violación de derechos humanos.

Sostiene que hay insuficiencia de los recursos para promover y proteger los derechos humanos; hay violación del derecho de residencia, existe una situación crítica en el sistema penitenciario, los refugiados están desprotegidos, los menores de edad continúan siendo vulnerados, hay discriminación.

El informe, que brinda una primera panorámica del conjunto de derechos humanos, es importante porque cubre de 1992 a 2008″, sostuvo Alfredo Castillero Hoyos, presidente de la red.

Explicó que el estudio se hizo porque el Estado no presentaba su informe de los derechos humanos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde 1992.

«Esto no es para criticar a los gobiernos. Es para ayudar a crear un diálogo para mejorar la situación que se vive en el país», señaló Castillero Hoyos.

SEIS TEMAS PRIORITARIOS

Las organizaciones participantes, entre ellas la Comisión de Justicia y Paz, Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Centro de Incidencia Ambiental, la Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados, acordaron destacar seis temas.

El primero es la discriminación. De acuerdo con el informe, en Panamá se discrimina a los que viven con el VIH/sida, a los discapacitados, a los migrantes, a los que tienen determinada idea política.

La falta de recursos para promover los derechos, es otro. Los grupos aseguran que son ineficaces los recursos para la protección efectiva de los derechos humanos.

La violación del derecho a la residencia se torna crítica, según el documento. «El Estado impulsa la inversión privada en grandes proyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros dentro de zonas habitadas. Estos proyectos están creando grandes desplazamientos», señala el informe.

En el sistema penitenciario hay incumplimiento de reglas, abuso policial, hacinamiento y problemas de salud. Agrega el documento que los refugiados están desamparados por el Gobierno, porque a pesar de estar 15 años en el país, se mantienen en un limbo jurídico.

Por último, persiste la violación de los derechos de los menores de edad.

Informe se presentará en la ONU

Acción internacional.

Alfredo Castillero Hoyos presentará el informe este lunes 24 de marzo y martes 25 de marzo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en la sede ubicada en Nueva York, Estados Unidos (EU). El 16 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo que reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y examinar quejas individuales fue adoptado por la Asamblea General.

El comité está compuesto por 18 expertos independientes que son «personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos», destaca la página web de las Naciones Unidas. El comité celebra tres períodos ordinarios de sesiones durante el año, los cuales duran tres semanas. Las reuniones las realiza normalmente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en marzo. Por último, el comité presenta a la Asamblea General un informe anual sobre sus actividades.

ANAM y MIVI siguen haciendo travesuras urbanas

El LLantero: un taller de mecánica en un área residencial

El desorden que vive la ciudad de Panamá ha deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos. El derecho a la paz, la tranquilidad y a vivir en un ambiente sano que nos otorga la Constitución Política de la República de Panamá, se ha convertido en un privilegio de los potentados oligarcas y dueños de partidos que encuentran refugio, paz, tranquilidad y seguridad particular en las cumbres de los rascacielos, en los terrenos y mansiones amuralladas. El pueblo bajo, municipal y espeso continúa sufriendo las torturas y las calamidades del desgobierno que impera en Panamá.

Una muestra de este desastre, plagado de corrupción, lo constituye la agresión que sufre la comunidad de San Francisco en la ciudad de Panamá. Un barrio verde que están convirtiendo en un barrio cementado. Las torres y rascacielos se levantan de la noche a la mañana, como edificios brujos, deteriorando la calidad de vida de una comunidad con más de 60 años de vivir en el lugar.

Otra muestra del desastre urbano que se impone con la complicidad de las autoridades lo constituye el LLANTERO, un taller de mecánica que ha sorteado y torcido todos los decretos y leyes para imponer su ruidoso y contaminante negocio en medio de los vecinos de la comunidad, rompiendo la paz y la tranquilidad que antes existía en el lugar.

¿Para qué sirven las «CONSULTAS CIUDADANAS» si la ciudad y los ciudadanos sufren el atropello del desorden y la corrupción que impera en las instituciones, ministerios y juntas comunales que, todo lo permiten y todo lo toleran. Todo el legalismo, la publicidad y la hipocresía de las autoridades y sus patrocinados empresarios, dueños de talleres de mecánica y edificios, no podrán tapar ni borrar el derecho y la dignidad de la comunidad. ¿A caso puede más el dinero y sus negociantes que la dignidad de la comunidad?

Fuente: Colectivo Panamá Profundo
01.02.2008

A LOS VECINOS DE SAN FRANCISCO El pasado lunes 28 de enero se realizó otra supuesta «CONSULTA CIUDADANA» en la parroquia de Guadalupe. La reunión inició con unas 80 personas y terminamos no más de 20. La informalidad es la tónica característica de estas supuestas «consultas ciudadanas». La superficialidad con que son tratados temas de importancia vital para la paz, la tranquilidad y la calidad de vida de la comunidad de San Francisco, constituye una enorme irresponsabilidad de las autoridades y un insulto y menosprecio hacia la comunidad. En las «consultas ciudadanas» uno puede darse cuenta que los promotores de proyectos son como los políticos. En campaña, prometen cielo y tierra… todo lo pintan color de rosa, después, cuando llegan al poder o realizan sus proyectos, como bien señaló uno de los participantes… «clavo pasado». En la lista de asistentes, el tercer tema a tratar era la solicitud de cambio-adición de uso de suelo MIXTO COMERCIAL URBANO DE ALTA DENSIDAD (MCU3) para las fincas 10856, 10275 y 119459. Los promotores buscan el cambio para imponernos -a toda la comunidad de San Francisco- el MEGA PROYECTO del anunciado hotel CINCO ESTRELLAS, con casino y demás perdiciones incluidas. El proyecto se intenta hacer sobre la Vía Israel y las Calles 68 y 67. El letrero está al final de la Calle 68, al lado de MITA y del semáforo que da acceso a Multiplaza en Paitilla. El tema del MEGA PROYECTO no fue tratado en la reunión, pero si estaba en la lista que firmamos los que asistimos. Señalo esto por la desconfianza que se han ganado las autoridades del Ministerio de Vivienda y de la Junta Comunal de San Francisco. Tememos que nuestros nombres y firmas sean utilizadas para cumplir con uno de los pasos señalados por la ley para avalar el funcionamiento de proyectos que están acabando con la paz y la tranquilidad de la comunidad, me refiero a la supuesta «CONSULTA CIUDADANA». En la reunión, uno a uno fueron desfilando, como malos vendedores de ilusiones, los promotores de los diferentes proyectos. Sin más información que las ganas de hacer el proyecto. Quitando toda la parafernalia, se paraban frente al micrófono para pedir el cambio y adecuación de la ley al tamaño y medida exacta de sus intereses y sus negocios. A muchos de los asistentes nos llamó la atención la presentación de un proyecto que se piensa hacer sobre los terrenos en donde funcionaba la escuela LAS ESCLAVAS sobre la Vía Israel. Lo más que dijeron sus entusiastas promotores es que se trataba de un COMPLEJO COMERCIAL Y RESIDENCIAL. Los promotores son el grupo de empresarios dueños de los supermercados EXTRA. No dijeron ni mostraron absolutamente NADA sobre planos o especificaciones técnicas de ningún tipo… Ni el área, ni la calidad de construcción para el supermercado. Nada en concreto sobre el complejo residencial: ni cuantos pisos, ni cuantos apartamentos o estacionamientos. Ni siquiera presentaron aunque fuera un borrador de algún plano. Nada dijeron sobre algún estudio de aguas servidas o del más real que posible mayor congestionamiento víal. Estas supuestas «CONSULTAS CIUDADANAS» que promueve el Ministerio de Vivienda representan un ABSOLUTO IRRESPETO a la iteligencia de los ciudadanos, pareciera que, las supuestas consultas se hacen con la intención de complacer a los promotores y sus inescrupulosos proyectos que están minado la paz y la tranquilidad de la comunidad de San Francisco. Familias con más de 20, 30, 40 y 50 años de vivir en la calles 67, 68, 69 y Flor del Espíritu Santo, recibimos como regalo de navidad la instalación, ocupación y operación de un TALLER DE MECÁNICA llamado el LLANTERO. Su regente ha contado con la complicidad de las autoridades del Ministerio de Vivienda y de la Junta Comunal de San Francisco. Más de treinta personas de las casas aledañas al LLANTERO hemos firmado un documento en oposición al taller de mecánica al lado de nuestras viviendas. El 26 de febrero de 2007, Carlos Pérez Herrera, representante del corregimiento de San Francisco, le envío una nota a los señores de ROLAMA (Dueños de Supro y el LLANTERO). En las tres últimas líneas de la nota oficial, el señor representante de corregimiento dice textualmente: «Para la expedición de Visto Bueno de Taller es necesario contar con la aprobación de los vecinos del lugar, la cual debe ser tramitada mediante encuesta ciudadana.». Ni los vecinos hemos sido consultados, ni los dueños del TALLER han realizado ninguna encuesta. Sin embargo, el TALLER DE MECÁNICA -el LLANTERO- está operando desde el mes de diciembre, a pesar del RECHAZO DE LOS VECINOS expresado y sustentado en diferentes reuniones y encuentros. ¿De qué sirven los escritos y las palabras del señor representante? El señor representante debe decir con claridad: ¿La Junta Comunal le expidió Visto Bueno de Taller a el LLANTERO? Si así fue, ¿en qué condiciones y por qué se le expidió VISTO BUENO de Taller sin contar ni tomar en cuenta el sentir de los vecinos? ¿Cuales son los intereses que representa el Representante de Corregimiento? ¿Representa el representante los INTERESES de la comunidad del Corregimiento de San Francisco? ¿Por qué se favorece de manera absurda y sin ninguna transparencia un TALLER DE MECÁNICA -el LLANTERO- que ha venido a perturbar la paz y la tranquilidad de familias con más de 50 años de vivir en el lugar? Tengo en mi poder una copia del Estudio de Impacto Ambiental encargado por ROLAMA S.A. el cual fue acogido por el ANAM. A pesar de que el estudio oculta información y miente descaradamente, el ANAM señala “que se cumple con la normativa de carácter ambiental y que el proyecto no conlleva riesgos ambientales”. Ya quisiera ver yo a funcionarios del ANAM conviviendo con el ruido que genera el compresor de aire y el ruido que generan todas las actividades que involucra la locura del taller de mecánica el LLANTERO funcionando al lado y colindante con las viviendas de los residentes de San Francisco. Héctor Endara Hill Residente en San Francisco.