Seis meses frente a la Corte Suprema

Seis meses frente a la Corte Suprema

Ciudad de Panamá. Burica Press (13 de diciembre de 2008). De acuerdo a Denia Arauz, una arquitecta panameña, activista ambiental y defensora del paisaje urbano de las áreas revertidas de la ciudad de Panamá, todo pareciera indicar que sus seis meses continuos frente a la Corte Suprema de la República de Panamá es una lucha que no se ha ganado todavía.

Justo ayer se cumplieron 129 días laborales (seis meses) que los residentes de las áreas revertidas asisten religiosamente con insistencia y perseverancia frente a las oficinas de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidiendo justicia ambiental ya que los activistas ambientales y residentes de las áreas revertidas demandan la inconstitucionalidad de la Ley 12 de 2007 que legalizó más de 50 actos administrativos ilegales de zonificación realizados por el Ministerio de Vivienda (MIVI)en la administración de Martín Torrijos y la de la señora Mireya Moscoso. Al legalizar estas zonificaciones que la Ley prohibía y protegía el espacio, el entorno urbano y las áreas verdes, miles de hectáreas de dichas áreas y otros espacios urbanos invaluables se perderían por la densificación y construcción de obras civiles contra natura.

Insisten en que como ciudadanos dignos de este país, seguirán luchando para que los fallos de la Corte Suprema se desarrollen bajo la integridad, la transparencia y el compromiso institucional por el supremo bien del país”

Los activistas urbanistas y ambientales indican que seguirán asistiendo a la Corte ya que lo que ha hecho la Asamblea Nacional y la Corte Suprema con esta ley es proteger con impunidad la corrupción del MIVI que ha olvidado su papel rector del urbanismo y se ha convertido en una agencia promotora de bienes raíces pero vendiendo las riquezas y valores nacionales. Ellos indican que la Corte debe fallar contra esta ley.

Fotos: D. Arauz

Rosina de Stec, Rafael Spalding, Raisa Banfield, Denia Arauz y un centenar más de panameños indican que han hecho este significativo acto de protesta porque tienen sed de justicia ante tantas arbitrariedades y corrupción del Gobierno Central y de la Asamblea Nacional que se atrevieron a aprobar en conjunto esta ley que es una aberración jurídica y por tanto una vergüenza nacional.

Una lucha diaria que con megáfono en mano, pancartas y banderas verdes levantan cada mañana la voz de censura contra cinco magistrados de la Corte: Aníbal Salas, Winston Spadafora, Alberto Cigarruista, Nelly Cedeño de Paredes y Delia Carrizo de Martines por haber fallado bajo presión política y legalizar aún más la corrupción montada desde el Ejecutivo y la Asamblea sobre el destino de las áreas verdes revertidas de la antigua Zonal del Canal.

Los activistas indican que sienten que sus esfuerzos ciudadanos han calado sin precedente histórico, en la gestión de la magistratura de justicia, que tiene que dar un revés rotundo y dar cumplimiento al Código de Ética Judicial, orientado a las actuaciones honestas, idóneas, independientes, justas e imparciales de los funcionarios de este Órgano del Estado, para lograr un correcto desempeño de la administración de justicia, que no puede estar divorciada o aislada del elemento moral.

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Políticos y corrupción tras bastidores en hidroeléctricas de Bocas del Toro

BOCAS DEL TORO. Unas 100 personas auspiciadas por politicos partidistas desfilaron por las calles de Changuinola.

Indígenas que no son afectados por el proyecto marcharon en apoyo a hidroeléctrica Chan 75

Feliciano Santos, activista, sostuvo que ellos están no están de acuerdo con la violación a los derechos humanos y los desalojos forzados de los que han sido víctimas decenas de familias Ngobes y que esto sólo es el inicio de obras.

Aproximadamente 3000 personas serán afectadas si se concretaran dichos proyectos.

Moradores de Charco La Pava aseguran que la marcha fue financiada por funcionarios del Gobierno.

Foto: A. Pimentel
APOYO. Los ambientalistas dicen que el proyecto traerá mejoras a Bocas del Toro. Fuente: La Prensa

Burica press
CHANGUINOLA, Bocas del Toro

Unas 100 personas, llevaron a cabo una marcha por la avenida central Changuinola, coreando consignas y exigiéndole a la empresa AES Changuinola que tenga responsabilidad social.

El diario La Prensa cubrió de la siguiente manera el repudio a esta marcha:

Pedro Ábrego, vocero de los indígenas de Charco La Pava, indicó que a ellos nadie les paga, como si ocurre con los grupos que hoy marcharon supuestamente para apoyar a AES y sus proyectos hidroeléctricos.”Nosotros somos los que realmente salimos a crear y no a desestabilizar el orden constitucional del país, sino para que se respeten los derechos de las comunidades”.

…Nosotros los indígenas afectados sabíamos esta marcha a favor de AES se iba a dar, y además que iba a ser financiada por funcionarios de este gobierno, inclusive contrataron autobuses para movilizar a las personas y les dieron un presupuesto para esta manifestación.

Manifiesta Ábrego que se está pagando a personas que no son de la comunidad Ngöbe para que se manifestaran a favor de la empresa, tal como lo hicieron.

El dirigente dijo que no solo estas personas han sido pagadas, hay comentaristas y radio emisoras que están siendo pagadas por la empresa, “tienen programas de radio pagados, pero el pueblo sabe quién es quién”, acotó.

Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá, Bocas del Toro, Panamá
Cuenca del Río Changuinola, Reserva de la Biosfera, área escogida para el desarrollo de por lo menos tres represas de la empresa AES Changuinola y otras tres represas de otros tres promotores.

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Grupos ambientalistas locales, nacionales e internacionales repudian totalmente la destrucción de la Reserva de la Biósfera La Amistad por parte de los proyectos de AES y de otras dos compañías como HidroEcologica del Teribe que también impulsan proyectos en esta majestuosa área protegida de Panamá, sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Los grupos ambientales nacionales están intentando contrarrestar la influencia negativa y corrupta que ejercen los gamonales locales de Bocas del Toro, más la manipulación de todos los procesos por parte del Diputado Benicio Robinson y el Subadministrador de Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) quienes al parecer son la mano que mecen la cuna para auspiciar los proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas de Bocas del Toro, provocando con ello violación directa de los derechos humanos de comunidades indígenas asentadas en la cuenca media del Río Changuinola en el noroccidente de Panamá.

El diputado Robinson y el sub-administrador Eduardo Reyes de ANAM, aparecieron aproximadamente dos meses en páginas pagadas en diarios nacionales, haciendo parte del acto simbólico inauguración de obras, junto con los empresarios de una de varias hidroeléctricas planteadas dentro de las áres protegidas de Bocas del Toro.

La aparición de Reyes en esta foto es totalmente contraria a los objetivos y principios que deben regir a una autoridad administradora del ambiente y puede ser un fuerte indicio de corrupción o conflicto de intereses, máxime cuando se han dado tantas irregularidades y violaciones a la ley para beneficiar la instalación de proyectos hidroeléctricos en estas sensibles áreas protegidas“, recalcó el ecologista Ariel Rodriguez, quien indica que además solicitará prontamente una investigación de oficio sobre la posible corrupción al respecto.

La situación en Bocas del Toro es crítica. No existe ley, ni orden, que no sea la que favorece a un político local, a un gamonal o a una empresa“, sentenció un ambientalista de Bocas del Toro lleno de cierto nivel de incertidumbre, quien prefirió el anonimato.

Burica Press, 18 de enero de 2008.

¿Qué pasa con los derechos del pueblo Naso y Ngöbe y la Biodiversidad de Bocas del Toro ?

REPORTAJE ESPECIAL

¿Qué pasa con los derechos del pueblo Naso y Ngöbe y la Biodiversidad de Bocas del Toro ?

Por: Olmedo Carrasquilla II

Durante los días 2, 3 y 4 de enero fuimos testigos del brutal ataque que viven el pueblo Naso y Ngöbe ante el proyecto Chan 75, que es uno de las tantas concesiones de generación eléctrica dadas sin control, ni evaluación ambiental estratégica.

Ya hace meses se viene dando estos conflictos, en donde los Nasos y los Ngäbes bajo la potestad de las leyes nacionales e internacionales hacen un llamado urgente por la vil amenaza en que se encuentran sus tierras y cultura por la construcción de represas.

A pesar de su ubicación histórica, estos se encuentran en área protegidas conocida como Parque Binacional La Amistad que abarca las regiones limítrofes entre Panamá y Costa Rica, la cual por méritos legítimos son los verdaderos protectores de la naturaleza y no así como lo hace la empresa AES con su propaganda de convencimiento y engaño.

¿Qué hay detrás de estos intereses?

No es más que el instinto lucrativo a través del saqueo, la explotación y extinción de las riquezas que tiene Panamá en la instalación de inmobiliarios energéticos y pesadas maquinarias que arrancan de raíz el sentimiento de los pueblos.

Como lo fue los días mencionados en donde más de trescientas personas entre niños, mujeres y ancianos fueron ultrajados y reprimidos por los agentes de la policía con autorización de los gobernantes locales. Violándose sus derechos nativos y el debido proceso en Charco la Pava a 7 horas de Changuinola.

Después de dos días de forcejeos, el jueves 3 en horas de la tarde aumenta las tensiones por parte de los antimotines, la cual sin piedad arrancan de los brazos de sus padres a niños, al igual que a empujones a ancianos sin considerar estado de salud.

Todo por el hecho infundado del corregidor de Valle del Risco Nelson Molina Martínez de un documento donde la alcaldesa Virginia Abrego autoriza el desalojamiento del camino que conduce a los proyecto, ya que el mismo aprobado determinaba que las comunidades no eran propietarios legales.

En un escenario de pánico e incertidumbre por las hostigaciones e intimidaciones de los agentes del orden público se suma el silencio de los gobernantes de turno que con su discurso desarrollista no hacen nada por establecer un dialogo por la paz ambiental y de los indígenas.

Pero ya lo habíamos manifestando, esta alianza tiene sus vínculos por el egoísmo de darles precio a todo de lo que pueden sacar provecho de los bienes naturales de nuestro país.

Sin importar con el sentimientos de miles de familia Naso y Ngöbe, en su cultura y sus vida han salido a la ataque sin cuartel en el desalojamiento forzado, en la discriminación y hasta amenazas de muerte que podrían convertirse en un genocidio étnico.

Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía nacional y extranjera para que se solidarice con la causa ambiental del pueblo Naso y Ngöbe que por su exclusión y distanciamiento los medios de comunicación a duras penas llegan para recoger las noticias o por que algunos ya se han vendido a las empresas.

 

Panamá: empresas eléctricas invaden áreas protegidas y tierras indígenas

Panamá

Empresas eléctricas invaden áreas protegidas y tierras indígenas

Se trata de la historia de una infamia hacia dos pueblos indígenas y la sociedad panameña en general y la corrupción instaurada en relación a la construcción de represas en el Río Changuinola, Bosque Protector de Palo Seco, en la Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá.

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Burica Press, Panamá. 8 de diciembre de 2007

Privatizaciones y proyectos de generación eléctrica

En el año 2005, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), autorizó la construcción de tres represas hidroeléctricas en la cuenca del río Changuinola Provincia de Bocas del Toro a la empresa Hydroteribe (posteriormente adquirida por AES, una compañía norteamericana basada en Virginia). Los tres proyectos hidroeléctricos se designan con los nombres Chan 75, Chan 140 y Chan 220, respectivamente, que producirían en conjunto aproximadamente 411 megavatios. La empresa AES Corporation de Norteamérica tiene varias filiales en Panamá. La primera es AES Panamá que administra varias hidroeléctricas ya establecidas en el país, como la de Bayano en la Provincia de Panamá y Estrella-Los Valles en la Provincia de Chiriquí , luego de comprar al gobierno 49% de las acciones durante los procesos de privatización ocurridos a mediados de los años 90’s. También AES Panamá es dueña de la hidroeléctrica Estí en Chiriquí. Por su parte la nueva filial, AES Changuinola es la encargada de construir los proyectos hidroeléctricos en Bocas del Toro en el occidente de Panamá.

Cabe mencionar que con la privatización, la industria energética se divide en tres partes: generación, transmisión y distribución. Las empresas privadas pueden generar y distribuir energía, la transmisión sigue siendo responsabilidad del Estado.

La propuesta original es de 3 hidroeléctricas, y se tienen 3 concesiones otorgadas con sus 3 estudios de impacto ambiental aprobados. Sin embargo, se ha dado un cambio en el diseño del segundo proyecto, Chan 140, que mueve el sitio de presa aguas arriba del sitio original. De manera no oficial se habla de que ahora no serán tres represas, sino dos más grandes, pero no hay ningún documento que lo confirme. Según la Resolución DIEORA IA-127-06, para compensar la pérdida de generación, ANAM y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos autorizaron a AES a elevar la altura de la presa de Chan 75 de 152 a 165 msnm, lo que inundaría 250 Ha adicionales para la construcción el proyecto Chan 75.

El proyecto Chan 75 es el primer proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica de mayor magnitud que realiza una empresa privada de principio a fin. La última represa de esta escala construida en el país, Estí, fue iniciada por el gobierno, quien realizó estudios y negociaciones con las comunidades afectadas. Al darse la privatización AES solo terminó la labor. Lo que suceda ahora con el proyecto Chan 75 sentará las bases para lo que ocurra con los próximos proyectos.

Más de cien proyectos hidroeléctricos propuestos

Para junio de 2007, 16 concesiones hidroeléctricas han sido otorgadas y aprobadas, 78 están en diferentes etapas del proceso de concesión y 13 concesiones están todavía disponibles. En total, el país intenta desarrollar 107 proyectos hidroeléctricos. Los proyectos de mayor magnitud ya existentes en Panamá son: Estí (ubicada en Guanaca, Chiriquí, Río Chiriquí), Bayano (ubicada en Chepo, Río Bayano), Estrella-Los Valles (ubicada en Chiriquí, Río Caldera), Fortuna (ubicada en Chiriquí, Río Chiriquí), Madden (ubicada en Panamá, Río Chagres), Gatún (ubicada en Panamá, Río Chagres).

Los proyectos hidroeléctricos se asientan sobre áreas protegidas

La cuenca baja y media del Río Changuinola donde se construirá las represas está localizada en el Bosque Protector Palo Seco (BPPS), un área contigua al Parque Internacional La Amistad, que es una zona protegida que pertenece a la Reserva de la Biosfera de La Amistad reconocida por la Oficina del Hombre y la Biósfera de la UNESCO) y al Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño. El Parque Internacional La Amistad es un Sitio de Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO. Al final en la desembocadura del Río Changuinola se encuentra otra área protegida de connotación internacional: El Humedal Internacional Ramsar San San Pond Sak. Todo el área forma parte de un gran conjunto ecosistémico que va desde este humedal en el Caribe hasta las Lagunas de Volcán en las laderas del Volcán Barú en el sector Pacífico.

Situación de las poblaciones afectadas por la construcción de la represas

Cuando el Bosque Protector Palo Seco fue creado en 1983, la población Ngäbe ya residía en la zona como lo atestigua el hecho de que la agricultura de subsistencia de los moradores fuera contemplada en el primer Plan de Manejo del Parque. La creación del BPPS se hizo sin la participación activa de las comunidades indígenas residentes en el área, y su formación ha complicado el reconocimiento del derecho colectivo del pueblo Ngäbe de este territorio.

La construcción de las represas se estima que afectará a cerca de 3,500 personas pertenecientes a la etnia Ngobe, uno de los pueblos indígenas de Panamá. Existe una controversia acerca del número real de las personas que resultarán afectadas por los tres proyectos. La empresa AES, por ejemplo, sostiene que se trata de no más de 2,000 personas, mientras que representantes de las poblaciones afectadas los estiman en 4,000. La cifra de 3,500 ha sido estimada por grupos ecologistas que trabajan en el área, en base a un estudio socio-económico hecho el año pasado, donde los pobladores hicieron un censo. La diferencia en números es, en parte, resultado del hecho que la empresa AES no cuenta a la población de Nance del Riscó y Bajo la Esperanza (ubicadas a pie de represa propuesta), ni tampoco a Valle de Riscó, Nudobiti y Soledad de Riscó, como afectadas. Nosotros consideramos que deberían ser incluidas.

El principal efecto directo para las comunidades Ngobe asentadas en el territorio donde se construirán las represas es el desplazamiento debido a que con la construcción quedarán inundadas más de 3,000 hectáreas de terreno, especialmente bosques riberinos y áreas de cultivos tradicionales. Según la “Actualización Ambiental del Proyecto Chan-75 (Cota de 152 msnm a la cota 165 msnm)” elaborado para AES Changuinola por Consultores Ecológicos Panameños, S.A. (CEPSA) en noviembre de 2006 y aprobado por ANAM mediante la resolución DIEORA IA-127-06, en la actualidad el área del embalse del primer proyecto, Chan 75, es de aproxidamente 1,394.75 hectáreas. El diseño original que era más pequeño hablaba de un embalse de 1,145.23 hectáreas.

Los habitantes Ngöbe asentados en el territorio provienen de migraciones en los años 60’s, en su mayoría provenientes de lo que ahora es la Comarca Ngobe Bugle. En Panamá, la legislación reconoce ciertos derechos a los pueblos indígenas que viven en territorios denominados comarcas. El estatus de los pueblos indígenas que viven en territorios no comarcales no esta claramente definido en la legislación nacional. En el caso de la Comarca Ngobe-Bugle, se presume que estos habitantes de pueblos indígenas viven en tierras “anexas” a la Comarca pero los límites y las prerrogativas de este estatus no están claramente definidos. La ley No. 10 de 1997 que crea la comarca Ngobe-Bugle habla de las áreas anexas y su status. Pero, quien queda incluido o no, es todavía debatido. Recientemente ha salido a la luz un documento firmado por la Dirección Nacional de Política Indigenista de Ministerio de Gobierno y Justicia que dice que el área de las hidroeléctricas no está bajo la jurisdicción de la comarca. Este documento se hizo al momento que se evaluaba dar la concesión de un globo de terreno del Bosque Protector Palo Seco a AES Changuinola, como en efecto ocurrió. Si no es área anexa, el área tiene el mismo estatus que cualquier corregimiento del país, sin ninguna protección especial de zona indígena. En los próximos meses, se espera que el Programa Nacional de Administración de Tierras del Banco Mundial empiece la delimitación de las áreas anexas en la Provincia de Bocas del Toro.

Los habitantes de la etnia Ngobe que se han asentado en la cuenca del río Changuinola no han reclamado posesión legal sobre dichos terrenos debido a diferentes factores: tradición cultural de tierras colectivas, desconocimiento de los procesos legales y/o falta de recursos económicos para regularizar la posesión de tierra. También los pobladores han comentado que la solicitud de aquellos que buscaron derechos posesorios y titulación fue rechazada porque las tierras estaban en área protegida de la Reserva Forestal o Bosque Protector de Palo Seco y por lo tanto no podían ser tituladas.

Irregularidades ocurridas durante la ejecución de los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Changuinola

La Autoridad Nacional del Ambiente por disposición de la Ley 41 General de Ambiente de 1998, exigió a la empresa concesionaria la realización de un Estudio de Impacto Ambiental como requisito previo a la autorización de la concesión. Según la opinión de ambientalistas tanto nacionales como internacionales el estudio de impacto ambiental adolece de tres defectos principales: a) no fue recopilada información arqueológica requerida por la oficina de Patrimonio Histórico; b) la línea base para el cálculo de los efectos ecológicos de la construcción de las represas presentaron anomalías, por ejemplo no se analizaron adecuadamente los efectos de la construcción de las represas sobre las especies de peces que constituyen una base para la alimentación de los habitantes del lugar y que como consecuencia de la construcción de las represas están amenazados de extinguirse debido a que son especies que periódicamente migran desde el río hacia el mar y viceversa; y c) según la legislación interna (Decreto Ejecutivo No. 209 del 5 de septiembre del 2006), como parte del estudio de impacto ambiental se requiere la realización de foros públicos en los que participe la población que se verá afectada. Estos foros se realizaron en la Ciudad de Almirante, distantes hasta 1 día de las comunidades, muchas personas no pudieron asistir y a los asistentes solo se les informó sobre los proyectos, pero no fueron consultados sobre su posición con relación a dichos proyectos.

A pesar que ANAM condicionó la iniciación de los trabajos de construcción de la represa Chan 75 a que la empresa presentara un nuevo estudio ecológico, un estudio arqueológico y un proyecto o estudio socioeconómico y sobre reubicación de las poblaciones afectadas, los trabajos de construcción de la represa Chan 75 se iniciaron a mediados del 2007. Los efectos de la construcción de obras preliminares, como tramos de carreteras y campamentos, ya se están visualizando en la erosión de los terrenos, la devastación de vegetación y la contaminación del río Changuinola, debido a la sedimentación, así como en la destrucción del tejido social y violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas.

A pesar de que no se ha aprobado un plan de reasentamiento oficial o consensuado de las poblaciones afectadas, la empresa concesionaria ha procedido a concluir acuerdos con algunos de los habitantes a través de los cuales éstos han aceptado ser reubicados. Uno de los casos de mayor impacto en este contexto, es el de una mujer Ngobe, monolingüe en su idioma indígena Ngobere, que alega que fue presionada para firmar un contrato redactado en español y por el que cedía la propiedad de su tierra ubicada en el sitio de presa de Chan 75 y cedía su forma tradicional de vida, ya que fue trasladada a un suburbio semiurbano. Además, los habitantes han expresado su descontento, porque las negociaciones se han hecho de manera individual y no de manera colectiva, como lo contemplan sus usos y costumbres de tierras colectivas. Adicionalmente, no han existido criterios claramente definidos para las indemnizaciones de los terrenos y mejoras, ya que el proceso de “negociación” se ha basado en la presentación de propuestas por los afectados. Esto no garantiza una indemnización justa y equitativa según señala el artículo 10 de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas recientemente aprobado en la ONU.

Habitantes de las áreas que quedarán inundadas denuncian asimismo que la construcción de las represas no representan ningún tipo de beneficio para ellos.

Representantes de las comunidades afectadas han denunciado estos hecho ante la Autoridad Nacional del Ambiente, la Gobernación, la Defensoría del Pueblo y otros, sin que hayan recibido aparentemente ninguna respuesta. En junio de 2007, las comunidades, junto a otros pueblos indígenas, escribieron una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que dicha Comisión realizara una visita in-loco al lugar. Tampoco se conoce el resultado de esta gestión.

A pesar de que el EIA del 2005 que aprobaba la construcción de la hidroeléctrica incluía los caminos de acceso al sitio de presa, en el 2007 la empresa presenta un nuevo EIA para esta carretera. La diferencia es que el nuevo EIA se hizo con categoría I, la más baja posible, utilizada usualmente en zonas urbanas donde la construcción no causa cambios significativos. Al ser un EIA categoría I, la empresa y consultora no se vieron obligados por ley a realizar foro público, ni a medir, ni proponer medidas de mitigación de los fuertes impactos ambientales que genera este obras en espacios rurales bien conservados, por lo que las familias indígenas de la zona y los ecologistas no tuvieron oportunidad de opinar sobre la obra, su legalidad y sus efectos ambientales.

Recursos legales interpuestos

Denuncias Administrativas ante la ANAM: en agosto de este año, la organización denominada Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) interpone una denuncia administrativa por el inicio ilegal de obras antes de haber terminado los estudios pendientes que establecía la resolución que aprobaba el EIA del 2005. Ese mismo mes las comunidades denuncian la reubicación de personas dentro del Bosque Protector Palo Seco, lo cual estaba prohibido en el artículo 38 de esta misma resolución. Semanas después la ANAM realiza una nueva resolución cambiando este artículo y permitiendo la reubicación dentro de esta zona. Evidente corrupción del proceso y de las leyes que instauraron la reserva!

También se le realizó una denuncia penal ante la Policía Técnica Judicial en contra de funcionarios de ANAM que se han prestado a permitir en contra de la ley la sub-categorización del EIA (aprobado) de la carretera que llega al sitio de presa Chan 75, lo cual esta penalizado como delito ambiental. Esta denuncia se interpuso además contra AES Changuinola y la Consultora que se prestó a realizar esta violación a la ley penal.

Recientemente la Asociación de Derecho Ambiental (ADA) interpuso otra denuncia penal por la falsificación de información relacionada a los estudios arqueológicos hechos en el área de la carretera. Estos expedientes fueron unidos en un solo caso.

Igualmente ACD ha realizado dos denuncias ante la Defensoría del Pueblo: por violación de derechos humanos en el caso de la Sra. Isabel Becker. La Defensoría parece tener las manos atadas para actuar libremente en estos claros hechos de violación de los derechos humanos de personas que no tienen medios para defenderse por sí mismos.

Se espera que prontamente varias organizaciones interpongan recursos de nulidad ante la Corte Suprema y Amparos de Garantías Constitucionales por la violaciones e irregularidades realizadas en la concesión de un globo de terreno de 6 mil hectáreas a AES Changuinola sin la aprobación de las comunidades indígenas residentes dentro del área concedida.

Igualmente se alista una batería de denuncias por corrupción para todos los funcionarios del Estado que se han prestado por comisión u omisión en actos que atentan contra los valores colectivos de toda la sociedad panameña y que están tipificados como formas de corrupción, ya que han burlado sistemáticamente el debido proceso y están concediendo áreas protegidas, áreas indígenas y aguas con procedimientos al margen de la transparencia y aprovechándose de la posibilidad que la impunidad sea su mejor aliado.

Tema de las amenazas y coerciones

La población ha manifestado lo siguiente sobre la empresa:

– Que la empresa les informó que ellos no tienen derechos sobre las tierras, por ser del Bosque Protector Palo Seco, y que si no aceptan sus condiciones el Estado los sacaría forzosamente sin reconocerles nada.

– Que varias familias aceptaron pagos por indemnización de cultivos destruidos para trazar la trocha que marcaba la cota del embalse. La empresa AES les comunicó que ya a partir de ese momento no podían utilizar las tierras que estaban por debajo de la trocha, como si les hubieran vendido sus tierras.

– Que a ellos nos les convenía interponer denuncias al Estado porque si intervenía ellos saldrían obteniendo menos dinero.

– Que no les importaba negociar con las personas que estaban arriba del sitio de presa, porque ellos tendrían que salir del área de todas maneras al subir las aguas para la creación del embalse.

El caso de la señora Isabel Becker, que por ser dueña del área del sitio de presa Chan 75, estuvo bajo presión, acoso y coersión constante para que cediera sus tierras a la Empresa AES. En enero del 2007, mucho antes de que existiera siquiera un plan de reasentamiento como era lo legal, ya la empresa había firmado un contrato con esta señora donde ella otorgaba sus tierras. El problema está en que ella, mujer analfabeta que no habla español, nunca entendió el contrato, el cual firmó luego de haber pasado más de 10 horas contra su voluntad en la oficina de la empresa en la ciudad de Panamá. A pesar de que el método utilizado para la firma del contrato lo invalidaba, a partir de ese entonces hubo visitas constantes para hacerla salir de sus tierras hasta el punto que la familia de la señora se quejó con el corregidor para que les diera una orden de restricción contra miembros de la empresa. Esta orden nunca se otorgó. Es particularmente llamativo el hecho ocurrido el 21 de julio, con la participación de la Alcandía de Changuinola. Ese día maquinaria de la empresa entraron en el terreno de la Sra. Isabel, amenazando que se tenía que derrumbar la casa. Ante esto, la Sra. Isabel que se encontraba enferma se desmaya. La alcaldía se ofrece a sacarla de su hogar y llevarla al médico. Sin embargo, al terminar la cita médica, no la regresan a su comunidad, sino que la instalaron de facto en “su nueva casa” en los suburbios de Changuinola. La Sra. Isabel pasó la noche pidiendo que la dejaran regresar. Finalmente, luego de meses de presión, el 19 de octubre la empresa logra que la señora firme un segundo acuerdo por su finca, y el 25 de octubre, una semana después, unos 15 miembros armados de la policía acompañan a la maquinaria que tumbó su casa y la llevaron a un nuevo lugar. Los residentes de la comunidad no sabían bien a donde la llevaron y se quejaron de que no la dejaron recoger sus pertenencias.

Casa destruida de Isabel Becker en Proyecto Hidroeléctrico de AES Corporation

Foto: ACD. Ruinas de la casa de Isabel Becker, la cual fue trasladada de facto, desde este ambiente eminentemente rural a un suburbio en Changuinola.

Un caso relacionado es el de la familia de la Sra. Isabel Becker que ha sido reubicada temporalmente en viviendas unifamiliares en el suburbio de Changuinola. Ellos tienen quejas constantes sobre el acceso a agua limpia. Además, estas familias han quedado en un estado de completo desarraigo y anomia.

Existen múltiples quejas de los habitantes del área que está comprendida entre Almirante y el sitio de presa Chan 75 sobre los abusos de la empresa, en especial la negociación de las indemnizaciones y la afectación de cabeceras de ríos y quebradas. Hay que recordar que ninguna de las personas de estas áreas es considerada como afectada por la empresa. En varios de estos casos, existe la participación de intermediarios que negocian el alquiler y la venta de los terrenos y viviendas.

En junio del 2006, las comunidades tenían planeado realizar una convocatoria para discutir los problemas que estaban observando con la hidroeléctrica. El día anterior de la reunión miembros de la Policía Nacional cerraron todas las vías de acceso al lugar donde se daría el evento, procediendo a revisar a las personas que entraban al área. Durante ese operativo también comenzó la persecución de alguno de los dirigentes indígenas. La denuncia de este hecho fue presentada ante la Defensoría del Pueblo. Nunca quedó claro quién envió la orden de detención de los dirigentes, ni del bloqueo de la comunidad. En octubre siguiente, también se dio un incidente que todavía no ha sido esclarecido en el que unidades de la Policía Nacional siguieron al Sr. Félix Sánchez, dirigente indígena Naso hasta la comunidad de Bajo Culubre. Sobre este caso, existe un expediente relacionado que esta bajo investigación en la Policía Técnica Judicial sobre la muerte de un Pavón (Crax rubra), que fue cazado por una de las unidades policiales cuando regresaba de esta diligencia.

En territorio Naso no escampa

Si en territorio Ngobe de Changuinola llueve en el área Naso no escampa. Empresas Públicas de Medellín en contubernio con todas las autoridades locales y nacionales se plantea colocar de facto en mero corazón del territorio Naso Teribe una hidroeléctrica sobre la Quebrada Bonyic.

Batallones de policías acosan a los Nasos y los han apresado en más de una ocasión por que ellos no permiten la entrada de maquinarias y equipo pesado a su territorio. La lucha que libran cívicamente es difícil y los actos que cometen contra ellos son tan crueles como los del área Ngobe, ambos grupos residentes en el Bosque Protector de Palo Seco.

La urgencia y demanda energética no existe

Continuará…

Fotos

AES Corporation Panama

Foto: ACD. Equipo pesado en el Bosque Protector de Palo Seco, el Río Changuinola y el territorio Ngobe.

Foto: ACD. Bosque Protector de Palo Seco, Área de la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. En este sitio se pretende hacer la primera de cinco represas propuestas en la cuenca Río Changuinola. Haga click en la foto para ver más fotos.

Ampliación del Canal, la gran estafa

AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ
A UN AÑO DE LA GRAN ESTAFA

El Frente Nacional por la Defensa de la Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) desarrolló este sábado 20 de octubre el foro denominado “La Ampliación del Canal, a un año de la gran estafa”, ya que este 22 de octubre se cumple un año del referéndum donde un tercio de la comunidad panameña votante dio luz verde al proyecto de ampliación del Canal de Panamá que propuso la Autoridad del Canal de Panamá y el Gobierno Nacional.

El programa incluyó la participación de figuras intelectuales que ilustraron al auditorio con los aspectos sociales y legales, aspectos ambientales y aspectos económicos y financieros del Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá. Los expositores Marco Gandásegui, Miguel Antonio Bernal y Maribel Cuervo de Paredes hicieron fuertes críticas a lo que denominaron un proyecto ilegítimo, mentiroso y ajeno a un verdadero plan de desarrollo que requiere el país.

Los profesores Gandásegui y Bernal informaron que en Panamá la pobreza sigue campeando y sigue creciendo y la riqueza de una minoría sigue igualmente creciendo, lo cual en parte se debe al modelo económico que ha implementado para su beneficio la oligarquía panameña, que desea que los dineros del Canal se conviertan en dinero líquido de sus arcas a través de los jugosos contratos que están en juego con este proyecto de ampliación.

Maribel Cuervo de Paredes, destacó que la sociedad panameña sigue mediatizada con noticias y programas banales, impidiendo con ello percatarse de los reales problemas y las jugadas maestras de los poderes establecidos y los políticos, que justamente están festinando con el botín que les está aportando el Canal. El mensaje central de la Licenciada Cuervo se centró en las enseñanzas que encontró en la historia del Canal Francés en Panamá, que fue magistralmente resumido por un artículo de Patricia Pizzurno, denominado “Lecciones de la historia“, escrito posterior al referéndum.

Por su parte Ariel Rodríguez y Nicolás Danello expusieron los riesgos ambientales del proyecto, que aún con supuestos estudios de impacto ambiental aprobados y en proceso, los aspectos más críticos del Proyecto no han sido evaluados ambientalmente y todo indica que serán ignorados, igual que ocurrió previo al referéndum, donde simplemente los temas ambientales fueron minimizados o ignorados, pese a los datos científicos con que cuenta la propia ACP y la comunidad científica. El profesor Rodríguez indicó que el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto del Tercer Juego de Esclusas, simplemente ignora, sin argumentos científicos, los estudios previos que se tienen sobre los impactos esperados a la calidad y cantidad de agua, especialmente el tema de la salinización y la alta demanda para mitigaciones ambientales y de agua para consumo humano de todas ciudades y comunidades adyacentes a la región canalera. Destacó que ya la ACP sin desparpajo está indicando que la necesidad de una fuente adicional de agua como la de Río Indio es sólo un asunto de tiempo. Igualmente denunció la falta de flujo de información en la ACP, corrupción y egocentrismo en el manejo de la información clave para conocer la viabilidad completa del proyecto en todos sus aspectos.

Por su parte el ingeniero Danello, desnudó una vez las mentiras de dos científicos norteamericanos que vinieron a Panamá invitados por la ACP en el 2006 para ilustrar sobre el tema de deshielo en el Polo Norte, ya que trajeron a Panamá un informe totalmente distinto al que ellos mismos habían levantado en la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos que investiga este fenómeno en el Ártico. Indicó que en un momento cuando se percató de estas irregularidades pensó de todo, menos que la ACP y los científicos habían confabulado para dar criterios absurdos como que el deshielo y las posibilidades de navegación por el ártico era algo absolutamente impensable o tal caso se daría en más de 100 años. Sin embargo, hoy el ingeniero no duda que efectivamente fue una confabulación más a la cual la ACP está utilizando por norma para engañar a la ingenua sociedad panameña.

En la etapa final de los expositores los economistas Julio Manduley y William Hughes expusieron sus consideraciones donde el primero destacó que los argumentos y propuestas formuladas previos al referéndum por el Grupo Illueca siguen igualmente vigentes y que nada ha cambiado esas objeciones y que los proyectos de desarrollo propuestos en esa propuesta siguen siendo imperiosamente necesarios. Criticó que el gobierno siga impulsando un estilo de economía neoliberal que sólo sirve a los intereses de las clases dominantes y depauperan al pueblo. Indicó además que el proceso como se ha llevado este proyecto no es legítimo y que la deuda contraída con este proyecto la cargará el pueblo panameño porque digan lo que digan, la deuda que contraiga ACP es deuda soberana. Por su lado, Hughes hizo una breve recopilación de los contratos asignados y listó varios de estos contratos que no estaban considerados en la propuesta planteada al país. Igualmente desnudó que muchas de las firmas internacionales que han ganado licitaciones para el proyecto, están representadas en Panamá por firmas de abogadas asociadas a allegados al Gobierno o la Junta Directiva de la ACP, lo cual indica tráfico de influencias y corrupción en estos procesos.

En el cierre del evento Saúl Méndez, coordinador de FRENADESO, indicó que la única forma de evitar que los poderes oligárquicos corruptos no se sigan robando el país y sus riquezas es a través de la construcción del poder popular, comenzando con la creación de un nuevo paradigma constitucional que le dé reales derechos a los ciudadanos a ejercer la real democracia, que en este momento no existe y le dé con ello todas las reivindicaciones sociales que requiere. Indicó que cualquier ciudadano u organización tiene el derecho, sin esconderse, a organizar a la gente como los líderes reales que requiere este país. Indicó que todos tenemos derecho a derrocar la maleantería que gobierna y domina a este país. Todo esto lo dijo en alusión a toda la corrupción y falta de transparencia de un proyecto de Ampliación del Canal de Panamá, que a como va parece ser lo que ellos temían: un fracaso monumental y un endeudamiento soberano muy peligroso para el país.

 

El programa también incluyó una breve plenaria entre todos los asistentes sobre acciones a tomar con respecto a este delicado tema.

Burica Press, 20 de octubre de 2007.

El mar siempre amenazado

VIENE DE LA 1B.

Siempre amenazado

Instituciones del gobierno y organizaciones no gubernamentales se han unido para proteger el mar.

 
 
 

Crisly Florez
cflorez@prensa.com

Los constantes derrames de petróleo, la contaminación de ríos y playas son algunas de las amenazas que constantemente acechan a los océanos y sus habitantes.

La administradora general de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Ligia Castro, explica que esta entidad en conjunto con la Autoridad de los Recursos Acuáticos (Arap) y algunas organizaciones no gubernamentales involucradas en el tema ecológico están tomando medidas para reducir los desastres ambientales causados por la mano del hombre en los océanos.

LA RAÍZ DEL PROBLEMA

Todo empieza en la cabecera de los ríos, los cuales se llenan de sedimentos que descienden por todo el cauce y van a dar al mar, matando los arrecifes de coral que son una barrera protectora de las olas y fuentes de vida porque en ellos habitan gran cantidad de especies importantes en la cadena alimenticia de los océanos. Tal como está ocurriendo en el área del Parque Nacional Portobelo, explica Gabriela Etchelecu, directora ejecutiva de la Fundación Mar Viva.

Asimismo la sobrepesca y las malas artes de pesca, como el trasmallo, que es una red con aberturas pequeñas por lo que se atrapan a todos los peces y otras especies antes de que lleguen a la edad reproductiva, señala Etchelecu. “Además están las redes de arrastre que destruyen los hábitats y refugios en el fondo marino y esto tarda decenas de años en recuperarse”, explica.

Para contrarrestar esto se están zonificando áreas en Bocas del Toro, la isla de Coiba, el Archipiélago de Las Perlas, pero hace faltan más, añade.

El pepino de mar y la langosta son animales que están en veda permanente debido a la explotación pesquera ocurrida en años anteriores y aun así la pesca ilegal los mantiene en riesgo de desaparecer, afirma Zuleika Pinzón, directora ejecutiva de Fundación Natura.

En tanto, Lourdes Lozano, directora de Fomento de la Cultura Ambiental de Anam, dice que se están tomando medidas concretas y que serán penalizadas, a partir de mayo de 2008 con el nuevo Código Penal con cárcel y multas a las personas que no sigan las normas ambientales para la protección del ambiente.

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Algo bueno se vislumbra, pero el respeto a la ley ambiental, sin tráfico de influencias, ni corrupción debe comenzar con los propios funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiental, que para muchos proyectos grandes de Estado y de empresas privadas, ceden el poder fiscalizador del Estado e ignoran los preceptos legales establecidos y se convierten en promotores de los mismos por acción u omisión. Esto es patético y no debe ocurrir más.

Ante este escenario, muchas organizaciones le siguen el juego sucio a la ANAM e ignoran estos actos de corrupción, situación que auspicia la impunidad en estos malos menesteres.

Ojalá el cambio se de.

Burica Press.

Campaña para combatir corrupción y degradación ambiental

Presentan campaña destaca conexión entre corrupción y degradación ambiente
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PANAMA | ACAN-EFE

Las autoridades ambientales panameñas, en alianza con la empresa privada y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), presentaron una campaña de concienciación que destaca la correlación entre la corrupción y la degradación del ambiente.

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), el “Canal 2” de televisión y la USAID ofrecieron hoy en una rueda de prensa los detalles de esta campaña denominada “No seas parte de la corrupción. Denúnciala. Recuerda, lo que le haces a la tierra te lo haces a ti”.

Consistirá en la difusión de 16 pautas televisivas de sensibilización para promover la responsabilidad social en materia de protección al medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

La directora de la ANAM, Ligia Castro, dijo que la iniciativa busca destacar el papel de esta entidad en la incorporación y actualización de los delitos ecológicos dentro del nuevo Código Penal panameño, especialmente aquellos que penalizan la corrupción y el tráfico de intereses en la gestión ambiental.

Los 16 mensajes televisivos que serán difundidos por el Canal 2 llaman la atención por las infracciones en que se pueden incurrir por la contaminación de las aguas, por desechos tóxicos, venta de animales en peligro de extinción, el inicio de obras sin Estudio de Impacto Ambiental y extracción ilegal de maderas, entre otros.

Castro dijo a Acan-Efe que esta iniciativa tuvo su origen en el esfuerzo conjunto entre esta entidad y la Procuraduría General de la Nación, en relación a la incorporación de nuevos delitos ambientales y otros que se refuerzan en los cambios al Código Penal, de lo cual se hará referencia visualmente en la campaña.

Estos cambios ya fueron aprobados por la Asamblea Nacional y entrarán en vigor en mayo próximo.

Al esfuerzo se sumaron la empresa privada (Canal 2), la USAID, que contribuyó económicamente con una donación de 100.000 dólares y las unidades de la policía ecológica que participan en las cuñas televisivas, indicó Castro.

Jenny Villarreal, de la oficina de asesoría legal de la ANAM, dijo que el nuevo Código Penal establece sanciones de hasta seis años de cárcel por los delitos ambientales, y de hasta 10 millones de dólares en multas económicas para las personas jurídicas.

Algunos delitos ya vigentes tienen que ver con la introducción por parte de funcionarios de información falsa o inexacta en los instrumentos de gestión y los estudios de impacto ambiental y los incendios forestales, entre otros.

El director de la USAID en Panamá, Kermit Moh, señaló que el apoyo financiero a esta campaña está basado en los “temas prioritarios” del gobierno estadounidense: “la preservación del ambiente y el combate a la corrupción”.

“Es un aporte para concienciar a niños, jóvenes y adultos para que no vivan en un ambiente de ignorancia respecto a la corrupción y su relación con la protección del ambiente”, subrayó Moh.