FAO: Es necesario invertir en la agricultura para un futuro mejor

FAO: Invertir en la agricultura para construir un futuro mejor

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) En El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2012, indica que invertir en la agricultura es imprescindible para construir un futuro mejor. Se pone de manifiesto que los agricultores son los mayores inversores en agricultura en los países en desarrollo y, por consiguiente, se sostiene que estos y sus decisiones de inversión deben ocupar un lugar fundamental en toda estrategia destinada a la mejora de las inversiones agrícolas.

En el informe se exponen asimismo datos que demuestran la forma en que los recursos públicos pueden utilizarse con más eficacia para impulsar la inversión privada, en especial la realizada por los propios agricultores, y para canalizar los recursos públicos y privados hacia resultados más beneficiosos desde el punto de vista social. Este informe se centra principalmente en la acumulación de capital por parte de los agricultores en la agricultura, así como en las inversiones realizadas por los gobiernos con objeto de facilitar dicha acumulación.

La inversión en agricultura es fundamental para promover el crecimiento agrícola, reducir la pobreza y el hambre y favorecer la sostenibilidad ambiental.

Los Estados deben garantizar que la agricultura siga creciendo, garantizando seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental.

Los Estados deben garantizar que la agricultura siga creciendo, garantizando seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental. La agricultura es  básico para un desarrollo pleno de un país. Las prácticas adecuadas de agricultura deben ser una norma. En Cerro Punta, Chiriquí se confrontan serio problemas de buenas prácticas agrícolas. Hoy es el lugar más contaminado por plaguicidas del país.

Las regiones del mundo en las que el hambre y la pobreza extrema están más extendidas hoy en día, esto es, Asia meridional y el África subsahariana, han registrado un estancamiento o una disminución de los índices de inversión por trabajador en agricultura a lo largo de tres décadas. Datos recientes señalan que hay signos de mejora. Sin embargo, erradicar el hambre en esta y otras regiones, así como lograrlo de forma sostenible, requerirá aumentar de manera importante el volumen de inversión en agricultura dentro de las explotaciones y mejorar notablemente tanto en el nivel como la calidad de las inversiones públicas en el sector.

Los agricultores deben ocupar un lugar central en toda estrategia dirigida a aumentar la inversión en el sector, pero estos no invertirán de forma adecuada a menos que el sector público proporcione un clima apropiado para las inversiones agrícolas.

En Panamá desde octubre de 2012 los agricultores se quejan que la baja de aranceles que ha promovido el gobierno de Martinelli está destruyendo el sector agropecuario. La eliminación del arancel de importación es una estocada final para un sector que en los últimos años ha reducido sus hectáreas cultivadas, dijo Martín Ríos, miembro coordinador del cultivo poroto de la Asociación de Productores Agropecuarios de Chiriquí.

Se espera que la entrada plena de ejecución del TLC de Panamá con Estados Unidos complete el ciclo de destrucción del sector agrícola panameño, que es el más débil de Centroamérica.

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Demócratas desean renegociar TLC con Panamá

Obama enfrenta presión progresista para que no ratifique Libre Comercio con Panamá

David Sirota

21 de mayo (Bloomberg) – EE.UU. Un acuerdo comercial con Panamá, al cual se oponen los sindicatos, no será presentado al Congreso para su aprobación hasta que el presidente Barack Obama ofrezca un nuevo marco para el comercio, dijo un oficial de la administración.

La decisión, anunciada por el Asistente del Representante de Comercio de EE.UU. Everett Eissenstat, en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado hoy, es una reversión de las declaraciones en marzo de que los EE.UU. quería pasar el acuerdo en breve.

Los comentarios de Eissenstat son posteriores a los comentarios de John Sweeney, el jefe de la AFL-CIO, la federación de trabajadores, donde los sindicatos se oponen a las prisas por ratificar el acuerdo. También hoy, 55 demócratas de la Cámara indicaron a la Presidenta de dicha cámara, Nancy Pelosi a rechazar el acuerdo de Panamá a menos que sea renegociado.

Uno de los puntos que se discute es que Panamá es un paraíso fiscal.

[*] http://www.openleft.com/diary/13151/trade-reform-begins-glacial-move-via-the-changing-debate-over-panama

Cruda realidad para la agricultura en Panamá

producción.ALTA DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES ES UNA ADVERTENCIA DE CRISIS.

Comercio exterior

Las exportaciones no compensan caída agrícola

Las áreas de cultivos agrícolas disminuyeron en 75 mil hectáreas y se generaron 450 mil jornales menos.

Agroexportadores sostienen que hay un problema de relevo generacional y que el desarrollo los ha acorralado.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

DIFERENCIA. Las tierras destinadas a la agroexportación se incrementaron a 12 mil 320 hectáreas.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

La agroexportación no tradicional se ha convertido en la tabla de salvación para muchas personas que vivían de cultivos como el maíz y el tomate.

Los resultados son sorprendentes, el sector se ha convertido en uno de los más pujantes y de cierta forma ha compensado la crisis que vive el sector agrícola en general.

La agroexportación, para el periodo 2007-2008, alcanzará los 120 millones de dólares en divisas para el país, según cálculos de la Gremial de Agroexportadores de Panamá (Gantrap).

Pero esto no ha sido suficiente y las estadísticas oficiales revelan una cruda realidad para la agricultura en Panamá.

En los últimos 10 años las áreas de cultivos agrícolas disminuyeron en 75 mil hectáreas, se generaron 450 mil jornales menos y el valor económico del sector se redujo a 343.5 millones de dólares, unos 112.5 millones menos que el que había en 1997, de acuerdo con cifras de la Contraloría.

Esto contrasta con el desempeño del sector agroexportador no tradicional. En la última década, las áreas de cultivo destinados a la exportación no tradicional pasaron de 3 mil 478 hectáreas a 12 mil 320, y el empleo generado saltó de 486 mil 920 jornales a un millón 724 mil 800 jornales.

Además, el valor de los cultivos de agroexportación no tradicional pasó de 41.7 millones de dólares en 1997 a 98 millones de dólares en 2007.

Para Francisco Antúnez, ex presidente de Gantrap y agroexportador, el problema de la caída del sector agrícola tiene que ver en gran parte con la pérdida del relevo generacional en las familias agrícolas y con la eliminación de las fronteras agrícolas, debido al desarrollo urbano, industrial y turístico.

Según Antúnez, esto ha llevado a la crisis alimentaria que se percibe actualmente en el país y a una alta dependencia de las importaciones de productos básicos, como el arroz, frijoles, cebolla y maíz, entre otros.

“Miramos con preocupación cómo el Gobierno se ha mantenido muy concentrado en defender la tesis de la especulación y de promover mercados internacionales para la exportación, pero se le olvidó que para exportar y generar empleos hay que producir, y para esto se requiere formar a los nuevos agricultores”, aseveró Antúnez. Además, “hay que crearles las condiciones, estimularlos y capacitarlos apropiadamente, si es que los queremos convertir en agroproductores”.

Los agroexportadores dicen que la solución está en un plan estratégico agropecuario, que evite la improvisación y la malversación de recursos.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ha trabajado en algunos planes para ayudar al sector a acceder al financiamiento. Pero los agricultores afirman que hacer proyectos de riego cada 10 años no es la solución, mientras los caminos de producción se mantengan en pésimo estado, haga falta asistencia técnica y no exista una articulación adecuada en la política agropecuaria.

Panama free trade agreement is not good for endangered animals and habitat

Panama Free Trade Agreement:

 

Endangering Animals and Habitat for Corporate Profit

By Alexander Reid Ross

`1st Edition- July 2007


US – Panama FTA Spells Disaster for Climate

Signed on 28 June 2007 under the auspices of bilateral accord between the governments of Panama and the United States of America, the Panama Free Trade Agreement will come to Congress for ratification in September 2007. An extension of NAFTA and DR-CAFTA, the Panama FTA will repeat the mistakes of a failed trade regime that perpetuates global cycles of debt, massive emigration, joblessness, and environmental destruction.

Failure to act against this agreement will lead to further deprecation of the sovereign political economies of both Panama and the U.S. While both Panama and the U.S.A. incur large trade deficits every year, their manufacturing and agricultural sectors remain largely dependant on foreign trade. As per NAFTA and CAFTA, the removal of trade barriers and the furthering of investor protectionism under the Panama FTA will undercut the domestic economies of both nations involved, while at the same time allowing corporations to exploit natural resources and deplete the environment with impunity.

Environmental Protections Provide No Assurance

Although Panama has signed onto most of the important environmental treaties ratified by the international community (e.g. Kyoto Protocol, Desertification, Wetlands, etc.), when the country is taken to task, they have been found in violation of those treaties. For instance, Panama is classified as a Category Three nation, meeting only some of the requirements of the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), that protect certain endangered species from illegal trade.[1] Despite the USTR’s asseveration that “Given the legal protections for wildlife and endangered species in place in both the United States and Central America, it appears unlikely that the FTA will contribute to an increase in illegal trade of wildlife or endangered species,” provisions within the Panama FTA open the door for further wildlife trade.[2] For years, controversial plans to sell dolphins to United States marine parks were defeated by vast public outcry in Panama; however, within the stipulated tariff eliminations of the Panama FTA, there lies the menacing addition of Agricultural Tariff Schedule: 01069000, revealing the intention to partake in the dolphin trade despite previous promises of the Panamanian government to the contrary.

Meanwhile in Panama, soil erosion occurs at a rate of 2,000 tons per year. Only 79% of those who live in rural areas have access to potable drinking water due to pollution from pesticides, runoff from agriculture, sewage, and oil contamination. From 1990-1996, rampant deforestation annihilated over 2% of Panamanian forests per year, leaving 1,0178 of Panamanian plant species endangered, along with 17 of its mammals and 10 of its birds that share the distinction of being threatened by extinction.[3] Yet in spite of Panama’s failure to enforce basic environmental protections, the FTA’s principle environmental assurance is that, in the words of the USTR Interim Environmental Report, it will call upon the U.S. to “seek an appropriate commitment by Panama to effectively enforce its environmental laws.”[4] At the same time, the same report declares,

… local and regional levels of government face even greater institutional and fiscal constraints in terms of their ability to implement and enforce mandates and programs. ANAM’s regional directors often lack staff and physical resources to conduct enforcement monitoring… In addition, administrative regulations and procedures for the enforcement of general laws on the environment are in early stages of development.[5]

Given Panama’s history and the current nascence of their environmental laws, the FTA’s onus on Panama to consentaneously enforce environmental laws encourages little to no confidence. In the words of one article by Aziz Choudry,

Even free trade proponents are troubled by Washington’s laxity toward improving environmental and labor standards with its trading partners. Many saw DR-CAFTA and a U.S.-Panama FTA as opportunities to persuade these countries to enact reforms that would bring their domestic laws into compliance with International Labor Organization and environmental standards. While Washington has claimed it will ensure that Panama enforces its current environmental and labor laws, it has not made any effort to use the FTA’s potential to improve upon such existing laws.[6]

Acknowledging the reality of Panama’s current environmental situation, it must be agreed that the nation’s fragile, developing legal structure will not hold up against the influx of multinational industry concomitant with the implementation of a Free Trade Agreement with the United States of America.

Investor Protections Bring Risk of Economic and Environmental Catastrophe

Boasting a 50% share in Panamanian agriculture and a $25 billion stake in Panama’s finance, energy, and maritime industries, U.S. investors already have a large stake in Panamanian industry. The Panama FTA not only portends the increase in U.S. investment, but also further protection of that investment within the jurisdiction of Panama. As the FTA pursues, “a comprehensive approach to market access, including any necessary improvements in access to the telecommunications, financial services, energy, express delivery and other sectors,” it threatens to create a situation not unlike Argentinean Economic Collapse and the Mexican Peso Crisis, wherein slight economic corrections led to capitol flight and eventually economic catastrophe. By removing protections on market access, the Panamanian government will expose its vulnerability economy to the fickle caprice of investor fancy. The agreement however would expand access to the Panamanian service sector, and to the construction industry during what many have deemed “the largest public works project since Three Gorges Dam:” the expansion of the Panama Canal.

As stated in an article by Boston.com, “The pact guarantees Panama’s construction firms at least 10 percent of the contracts in the $5.25 billion canal expansion, while providing U.S. companies preferred access to one of the largest building projects in the world.” The Panama Canal functions as one of the world’s largest maritime “chokepoints” for oil tankers carrying crude oil. In 2001, oil composed 16% of all shipments through the canal.[7] The leaks from oil tankers have caused much environmental damage in the region, stirring up much controversy. The Canal also provides an avenue of transit for radioactive material moving between oceans, which has created controversy as well.[8] An expansion of the Panama Canal would increase the movement of oil, radioactive material, and other hazardous pollutants through a narrow “chokepoint,” creating a recipe for the worst sort of environmental calamity.

Furthermore, recalling the displacement of vast populations of indigenous people during the initial construction of the canal, many living in the area regard the expansion with suspicion. Further deforestation will be necessary, as will be the expense of fossil fuels, and the release of other pollutants into the air, water, and land. According to the CIA Factbook, siltation of the Panama Canal is among the worst of Panama’s environmental problems. The expansion of the canal will increase this problem while adding to it a host of others, including increased risk of spillage of oil or worse yet, nuclear material.

Dispute Resolution Process Gives Corporations Unfair Advantage

In Panama, where multinational corporations are often found in violation of environmental laws, the power of government to enforce those laws is paramount. In the year 2003, the Panamanian government found the multinational corporations Coca-Cola and AES in violation of environmental law, and sued those companies for damages. Coca-cola had been found dumping enough toxic red dye into the Matasnillo river to turn half of the Matasnillo bay pink; meanwhile, AES was caught emptying 1,000 gallons of diesel fuel into the Bay of Panama after a series of valves failed at a hydroelectric plant owned by the company.[9] These egregious violations occurred just one year before the drafting of the USTR’s “Interim Environmental Report,” which pledges to “Provide procedures to resolve disputes between U.S. investors and the government of Panama that are in keeping with the trade promotion authority goals of being expeditious, fair and transparent.”[10] The conflict of interest between protecting U.S. investors and protecting the Panamanian people and the environment is blatant.

The Panama FTA affords corporations who pollute the right to take the government to court for enforcing environmental protection. Similar provisions have led to millions of dollars in pay-outs to multi-national corporations by North American governments under NAFTA. AES, the same corporation that was caught dumping 1,000 gallons of diesel fuel into the Bay of Panama, has been awarded the right to construct a hydroelectric dam in Bocas del Toro, situated in the Teribe-Canguinola Watershed, an area labeled “World Heritage Site” by the U.N. Containing the largest intact tropical rainforest in Central America, the Teribe-Changuinola Watershed provides a convergence point for 75% of the Western Hemisphere’s migratory birds as well as over a hundred species of fish. The “World Heritage Site” is also home to the Naso indigenous people, whose population of 3,500 represents one of only eight of Panama’s surviving indigenous peoples. Regardless of the dangers inherent in building a dam that will increase deforestation and cause what the Center for Biological Diversity has deemed the “virtual disappearance of characteristic Mesoamerican river fauna,” the Panamanian government is allowing AES to pursue their contract, regardless of their poor environmental record.[11] An FTA with Panama would only give AES more impunity, allowing them the ability to collect damages from the Panamanian government if it finally decides to protect the Teribe-Changuinola Watershed – one of the world’s most precious environmental assets.

Shrimping Threatens to Destroy the Mangrove Forests

Panama shares with only a select group of nations the privilege of being home to coastal Mangrove forests, which provide awe-inspiring scenic beauty as well as shelter for some of the most precious species alive on earth. Of the 836 migratory birds protected under the U.S. Migratory Bird Treaty Act (MBTA), 350 direct their path through Panama. The IUCN Red List of threatened species includes 33 species endemic to Panama, 16 of which are either endangered or vulnerable. 77 bird species listed as endangered and 15 bird species listed as threatened by the U.S. Endangered Species Act are found in Panama.[12] The mangrove forests play an integral role in the protection of these species. The birds find shelter in the canopy of the mangroves, thriving in their distinctly lively ecosystems.

The elimination of tariffs and the ‘opening of markets’ to U.S. investors consequent to the implementation of the Panama FTA will lead to industrial shrimping. Like factory farming, industrial shrimping uses a vast amount of resources and space, and the environmental effects of its introduction to Panama will consist primarily of the devastation of the mangrove forest. Just as has occurred already in Thailand and China, industrial shrimping will uproot the mangrove forests, replacing them with industrial shrimp farms that generate vast amounts of waste and pollutants, effectively blighting a once prosperous ecosystem. As the USTR Interim Environmental Review states, “Shrimp production… often destroys mangrove forests that are valuable habitats for a variety of wildlife including shorebirds and other migratory species… increased investment in sectors such as agricultural activities may contribute to loss of migratory bird habitat.”[13] The FTA will wreak to untold, irreversible environmental damage on Panama, not only through hydroelectric plants, the expansion of the canal, and the introduction of factory farming, but also through shrimping and the destruction of the valuable mangrove forests.

Sanitary and Phytosanitary Measures

In recent years, the U.S. Department of Agriculture has failed to detect the emergence of diseases such as Mad Cow in its food exports, causing widespread damage to importing nations. These regulatory disasters have led many countries to exact more stringent regulatory protocol, and often to ban U.S. products altogether for fear of contamination. The Panama FTA will loosen Panama’s strict phytosanitary and sanitary measures, eliciting more risk of cross-cultural epidemics. According to the FDA’s website, in signing the FTA, “Panama recognized the equivalence of the U.S. food safety inspection system for meat and poultry, and the U.S. regulatory system for processed foods, including dairy products, ending its requirements for plant-by-plant and/or shipment-by-shipment inspections.”[14] Relaxing sanitary measures in lieu of recent contamination is antithetical to public health and national security. According to Aziz Choudry, “they (FTAs) threaten the rights of consumers to know what is in our food. They threaten the livelihoods and futures of farmers who are struggling for the right to food sovereignty.”[15]

TRIPS Arrogates Livelihood of Indigenous Peoples

The Panama FTA emphatically pursues the strengthening of Intellectual Property rights for patented products. Mandating compliance with WTO agreements on Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), the agreement, according to the USTR, seeks “to have Panama apply levels of protection and practices more in line with U.S. law and practices, including appropriate flexibility.”[16] For indigenous peoples who cultivate their own breeds of plants and medicines, this treaty appropriates proprietary rights to the first scientist who can identify unique genetic material, and implement it in a GMO. Giving the patent rights of traditional medicines and crops to big business creates a scenario in which traditional agricultural and medicinal products are commoditized and made unaffordable to indigenous communities who are prohibited from sustaining vital parts of their cultural tradition and heritage by ‘Bio-Piracy Laws.’ As Aziz Chaudry explains, “Millions of rural and indigenous peoples have communally used and cultivated resources for subsistence rather than profit. These practices are seen as threats to be eliminated, and knowledge and resources to be privatized and controlled for profit by industry.”[17] Thus, with the Panama FTA the USTR aggressively arrogates the domestic agricultural sector from the Panamanian people not only by undercutting the farmers with subsidized exports, but even with the appropriation of their traditional medicines and plants.

Conclusion

As the smallest of the four free trade agreements signed before the expiration of Trade Promotion Authority, Panama has received the least attention of these agreements. As a result, the dire threat this agreement poses to animals and their habitats has been to a degree overlooked. It is vital that advocates and members of Congress recognize the dire threat posed by this agreement and oppose it’s ratification by Congress.

 


[1] USTR. Interim Environmental Review U.S. – Panama Free Trade Agreement, June 2004. Pg.182] USTR 19

3] Panama Environment. http://www.nationsencyclopedia.com/Americas/Panama-ENVIRONMENT.html

[4] USTR 14

[5] USTR 9

[6] Choudry, Aziz “Bilateral Trade and Investment Agreements and the US Corporate Agenda.” February 2006. Bilaterals.org

[7] Feld, Lowell. “World Oil Transit Chokepoints.” 2002. The Silver Bear Café. http://www.silverbearcafe.com/private/chokepoints.html

[8] Members of the Civil Movement for the Environment. Case: Radioactive Contamination Risk in Panama. Republic of Panama. pg. 2

[9] India Resource Center. 2004. http://www.indiaresource.org/news/2003/4123.html

[10] USTR 13

[11] Stuart, Molly. “Panama: Fighting Hydroelectric Dams.” Global Greengrants Fund. 1 August 2006. http://www.greengrants.org/grantstories.php?news_id=98

[12] USTR 17

[13] USTR 18

[14] FDA website

[15] Choudry, Aziz. Bilateral Free Trade and Investment Agreements and the US Corporate Biotech Agenda. Pesticide Action Network Asia Pacific and People’s Coalition on Food Sovereignty. 10

[16] USTR 12

[17] Choudry 3

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REFERENCIA:
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ANAM propondrá modificación del Decreto 209 que regula la evaluación de impacto ambiental

ANAM propondrá el ejecutivo modificar el Decreto 209 que regula el proceso de evaluación de impacto ambiental

Con el objetivo de hacer las recomendaciones para adecuar los instrumentos de gestión ambiental a las necesidades del país, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) realizó recientemente, el seminario taller de consulta a las Modificaciones al Decreto Ejecutivo 209.

Bolívar Zambrano, Director Nacional de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de la ANAM, manifestó que se realizó una revisión integral de la legislación para adecuarla a los retos del país y agregó, además, que una de las propuestas a modificaciones es el fortalecimiento de la participación conciudadana, el desarrollo de nuevos instrumentos de gestión ambiental y la implementación de la evaluación ambiental estratégica.

Zambrano acotó que se propondrá también la revisión del registro de consultores ambientales, el manual de buenas prácticas ambientales, así como integrar el ordenamiento territorial ambiental a los estudios de impacto ambiental. Estas modificaciones se realizarán mediante Decreto Ejecutivo.

El Decreto Ejecutivo 209 del 5 de septiembre del 2006 establece las disposiciones que rigen el proceso de evaluación de impacto ambiental de acuerdo a lo previsto en la Ley 41 del 1 de julio de 1998, Ley General de Ambiente.

Susana Serracín como jurista ambiental, desconoce el contenido de la propuesta de la ANAM, pero cree que ésta debe recibir un análisis minucioso, especialmente en el tema de participación ciudadana y transparencia que habían sido cercenadas en el reglamento vigente y además exige que se debe hacer una comparación sesuda para ver cómo quedan estas propuestas en relación a la reglamentación vigente. “Cualquier modificación debe estar orientada a fin supremo de preservar y conservar nuestros recursos naturales y promover un desarrollo sustentable ordenado” acotó.

Por su parte el biólogo Ariel Rodríguez, también ve como positivas estos cambios si mejoran lo existente y cree que estas modificaciones las están haciendo para adecuarse a los últimos requerimientos ambientales solicitados por el Gobierno de los Estados Unidos en relación a la aprobación del TLC entre Panamá y ese país.

Burica Press, 20 de julio de 2007

Universidad de Panamá rechaza TLC de Panamá con EEUU.

Consejo Académico de la UP rechazó TPC

DISCONFORMIDAD. El Consejo Académico de la Universi- dad de Panamá rechazó en tono “enérgico” el tratado de promoción comercial (TPC) con Estados Unidos, al que definió como una “imposición antidemocrática”, dado que “el país no lo conoce”. El Consejo Académico, una de las máximas instancias universitarias, expresó “profunda preocupación y disconformidad” por la forma como lo aprobó la Asamblea.

Firman la resolución el rector encargado Justo Medrano y el secretario general Miguel A. Candanedo, la cual insiste en que el pueblo desconoce la magnitud de tales reformas y cómo pueden afectar los intereses del país.

José Quintero De León

La Prensa, 19 de julio de 2007

Te quedarás sin producir tu comida

CONTRADICCIONES.

Te vas a quedar sin comida

Carlos Eduardo Galán Ponce

No hay duda que el mundo vive enmarañado en una serie de contradicciones. Yo no estoy totalmente seguro de en qué vamos a terminar con esta famosa apertura económica, la globalización y los tratados de libre comercio, pero tengo el presentimiento que el resultado va a ser como todos los implantes económicos a que nos han ido sometiendo por ciclos los tecnócratas, en una total desilusión para los que supuestamente iban a verse beneficiados y sus creadores, sin el menor rubor, los seguirán descartando para embarcarnos en otra nueva genialidad. Y son tan fugases sus “soluciones”, que tan solo a mi generación le ha tocado ver pasar, socialmente, de la empresa privada local a la estatización y luego a la actual privatización a manos extranjeras y fiscalmente, de la protección arancelaria, a los CAT para terminar en los desgravámenes con los TLC, que ya cambiaron de nombre. Y el resultado de todas estas experiencias ha sido, concentrar aún más el suministro de alimentos en unos pocos, el aumento del desempleo y de la migración de las familias hacia las urbes y la fuga del país del dinero hasta de aquél que solo enciende una bombilla o deposita una moneda en un teléfono público, para concluir en un aumento del costo de la vida.

La comida más cara es la que no existe y donde quiera que exista será destinada, aunque sea por presiones sociales, primero a la población donde se produce y los excedentes, de haberlos, tendrán como destino los países o los grupos que posean los mayores recursos para adquirirlos. Todas las ventajas están del lado de los países desarrollados, productores principales de todos los renglones de alimentos básicos y gestores de estas prácticas económicas, a las que países pequeños como el nuestro, regidos por mentes equivalentes en complacencia de intereses particulares, se someten jubilosos, pero cualquiera que lea sobre innovaciones o investigaciones agropecuarias notará, que por más que mejoremos nuestras técnicas de producción, la brecha tecnológica entre la sociedad agrícola de los países desarrollados y la nuestra, no disminuirá.

Somos un país manejado por una clase política apéndice de una poderosa sociedad económica residente en la ciudad capital y cuando alguien nacido en el interior del país, es elevado al solio presidencial, ya ha convivido con esa sociedad el tiempo suficiente para haber sido absorbido por su sistema, además de llegar comprometido por las grandes donaciones que aporta ese sector a su elección. La actividad principal de esa sociedad es y ha sido siempre la importación y podrás ver que una gran parte de las cifras gloriosas que se aportan como crecimiento del PIB, provienen de facturas de productos importados.

Los que poseen fincas agrícolas las tienen como hobby y al interior del país lo ven como un sitio de recreo para determinadas fechas del año.

En un país descentralizado, como Estados Unidos, un sinnúmero de empresas medianas y pequeñas, desde agrícolas hasta de tecnología facturan un porcentaje elevado de su actividad por entregas a domicilio (delivery), porque cuentan con un sistema de despacho de paquetes desde y hasta el ultimo rincón de cada uno de sus estados y a una buena parte del mundo en condiciones de tarifas razonables. En el país hay varias empresas dedicadas a traer paquetes entregados en una dirección física en Estados Unidos vía aérea a tarifas aceptables, otras ofrecen “apartados o casillas” en Miami para el mismo fin, pero no se te ocurra tratar de hacer envíos similares con productos nuestros en sentido inverso, porque te costará diez veces esa tarifa. Somos como la última generación de las Ferias de Portobelo, marcados por siempre como mercaderes y estos TLC le han caído como anillo al dedo a los consorcios que controlan el suministro de alimentos del país.

Los productores de leche nacionales han dado el primer aldabonazo, si tuvieran que abandonar su actividad por motivos económicos, o porque Bill Gates o Carlos Slim deciden comprar todas las fincas ganaderas para urbanizarlas y traer más gente a comer más, la leche habría que importarse a 3 veces el valor a que aspiran actualmente los productores locales, eso ahora, mañana quien sabe si siquiera se pudiera adquirir. Y en la carne de ganado vacuno el desbalance de precios es aún mayor y así pudiera ocurrir con los granos básicos y es que se les llama básicos porque son los que detienen el hambre mundial.

Nadie va a pelear por una cebolla o una piña, pero observa lo ocurrido en México por el maíz, base de su alimentación, cuando a alguien en el extranjero se le ocurrió de pronto que era mejor convertir ese grano en fluido para las máquinas en vez de dejar que los mexicanos se lo comieran y se dispara al instante el precio de la harina al grado de convertirse en un problema de estado. Y los genios nuestros, sin un pestañeo, corren raudos a involucrar nuestros suelos en la producción de carburantes.

Aunque los insumos agrícolas deban ser importados, son solo una parte, pero los alimentos producidos en el suelo nacional, además de generar una empleomanía considerable y detener le migración del hombre hacia las ciudades, es el único alimento que tendríamos seguro ante una eventualidad, que cada día son menos eventuales y para hablar con seriedad de alimentación hay que hablar de sus productos básicos, no de especies exóticas. Yo opino que esos políticos-tecnócratas que tanto cacarean de “la reconversión” del sector agropecuario, deberían probar a reconvertirse ellos, dejando esos cargos públicos de los que han vivido, algunos y algunas durante casi 40 años y pasen a trabajar y tomar sol en el campo. Verán que “fácil” es.

El autor es ingeniro agrónomo

La Prensa,  18 de julio de 2007