Crear ciudades verdes incorporando la horticultura garantiza mejor calidad de vida

Crear ciudades verdes incorporando la horticultura garantiza mejor calidad de vida

Un futuro mejor para las ciudades del mundo en desarrollo es obligatorio y posible, indica la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés).

En los países de bajos ingresos la urbanización se produce acompañada de elevados niveles de pobreza, desempleo e inseguridad alimentaria. Se estima que en todo el mundo hay 1 000 millones de personas hacinadas en barriadas, sin acceso a los servicios básicos de salud, agua y sanidad. Alrededor del 30% de la población urbana del mundo en desarrollo ‒770 millones de personas‒ está desempleada o son «trabajadores pobres» con ingresos inferiores al umbral oficial de pobreza.

Estos grupos urbanos pobres gastan la mayor parte de sus ingresos sólo para alimentarse, pero sus hijos presentan niveles de malnutrición a veces tan elevados como los que se observan en las zonas rurales.

Un punto de partida para crear ciudades más verdes es reconocer e incorporar en la política y la planificación urbana muchas de las soluciones creativas que la propia población urbana pobre ha desarrollado para fortalecer sus comunidades y mejorar su vida. Una de esas soluciones, y un rasgo esencial de la planificación de ciudades verdes en los países desarrollados y en un número cada vez mayor de países en desarrollo, es la horticultura urbana y periurbana.

El concepto de «ciudades verdes» ‒con capacidad de recuperación, autosuficiencia y sostenibilidad social, económica y ambiental‒ se suele asociar a la planificación urbana en los países más desarrolladas.

Pocos países en el mundo en desarrollo han incorporado una política donde los ciudadanos puedan cultivar sus propias hortalizas para su consumo e incluso para la venta. Las hortalizas urbanas garantizan mejor calidad de vida a los ciudadanos, mejor alimentación y menos pobreza.

La seguridad alimentaria es cuando las personas pueden producir suficientes alimentos, o comprarlos, para satisfacer sus necesidades diarias a fin de llevar una vida activa y sana. En muchas de las ciudades en desarrollo del siglo XXI todas estas condiciones de la seguridad alimentaria están amenazadas.

La horticultura urbana y periurbana ayuda a las ciudades en desarrollo a subsanar todos esos problemas. Primero, contribuye al suministro de productos frescos, nutritivos, disponibles durante todo el año. Segundo, mejora el acceso económico de los sectores urbanos pobres a los alimentos cuando la producción familiar de fruta y hortalizas reduce sus gastos en alimentos, y cuando los productores obtienen ingresos de la venta.

La Organización Internacional del Trabajo estima que 180 millones de personas del mundo en desarrollo carecen de empleo, y otros 550 millones apenas ganan apenas suficiente para sobrevivir en la economía informal. En los próximos 10 años, casi 500 millones de personas, muchas de las zonas rurales, ingresarán en el mercado de trabajo. A menos que los países en desarrollo creen más oportunidades de trabajo
productivo digno, el número de desempleados y de trabajadores pobres podría llegar al 45% de sus poblaciones urbanas para 2020.

La horticultura urbana y periurbana ofrece una vía de salida de la pobreza. Tiene costos bajos de inicio, ciclos de producción cortos y un gran rendimiento por unidad de tiempo y unidad de tierra y agua. Su producción tiene un elevado valor comercial. Como requiere mucha mano de obra, la horticultura crea empleos para los desempleados, en particular para las personas recién llegadas de las zonas rurales.

Para ayudar a los países en desarrollo a afrontar los retos de la urbanización inmensa y acelerada, la FAO puso en marcha en 2001 una iniciativa multidisciplinaria, «Alimentos para las ciudades», que tiene como finalidad garantizar el acceso de la población urbana a alimentos sanos y a un medio ambiente saludable y seguro. El Programa de la FAO para la horticultura urbana y periurbana es un elemento clave de esta iniciativa. Ayuda a los gobiernos y la administración de las ciudades a optimizar las políticas, los marcos institucionales y los servicios de apoyo para la HUP, y a mejorar los sistemas de producción y mercadeo y la cadena de valor de la horticultura.

Informe completo: CREAR CIUDADES VERDES

Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe

ONU-Habitat presenta el Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe

Rio de Janeiro, Brasil 21/08/2012.

>> Descargue aquí el informe completo!

América Latina y el Caribe ha llegado a un punto de inflexión. Después de décadas de crecimiento urbano acelerado y demandas sociales insatisfechas, la región necesita prepararse para una nueva transición urbana. La información consta en el Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe, informe que será presentado hoy en Rio de Janeiro y Ciudad de México.

El gráfico ilustra casos como la Ciudad de Panamá que concentra el 39% de la población total de país y genera 61% del PIB nacional y Lima con el 29% de la población peruana y produce el 52% del PIB. Esto demuestra que existe un problema de la concentración de la población, generalmente por falta de oportunidades y servicios en el resto de las ciudades y el campo de esos países.

El lanzamiento en México se realiza dentro del marco de la XXI Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI).

El informe “Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012” reúne, por primera vez, estadísticas e informaciones completas sobre el proceso de urbanización y los diferentes aspectos que determinan la calidad de vida en sus áreas urbanas.

La transición urbana en la región se ha caracterizado por su velocidad. Si bien ha supuesto mayores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida para amplios sectores de población, ha tenido un alto costo social, económico y ambiental.

“Para avanzar hacia un modelo de ciudades más sostenibles, más compactas, que doten a nuestras zonas urbanas de una mayor movilidad y eficacia energética, es preciso reafirmar el interés colectivo en la planificación urbanística, trabajar en políticas de cohesión social y territorial, así como en políticas nacionales urbanas, y aplicar reformas al marco legal e institucional”

Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat).

La publicación apunta algunos de los desafíos que tienen por delante las áreas urbanas y posibles respuestas para afrontarlos teniendo en cuenta la heterogeneidad regional.

Los datos estadísticos e informaciones recabados por el informe muestran que:

1. América Latina y el Caribe reúne casi un 80% de su población (468 millones de personas) en áreas urbanas y, de este porcentaje, la mitad reside en ciudades de menos de 500.000 habitantes.
2. Tras décadas de crecimiento continuo, las tasas de población urbana tienden a la estabilidad. El crecimiento urbano ha dado lugar a nuevos conglomerados, como las áreas metropolitanas o las megarregiones urbanas, que aglutinan múltiples municipios y ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo, pero también requieren sistemas de gobierno innovadores y coordinados.
3. Más de dos tercios de la riqueza de la región procede de las ciudades. Además, ha aumentado el potencial y la participación económica de centros urbanos secundarios.
4. Pese a la disminución de las tasas de pobreza en la región, una de cada cuatro personas en áreas urbanas es pobre y los índices de desigualdad de la región se sitúan entre los más altos del mundo. Las ciudades de la región son ciudades divididas social y físicamente. Esa división se manifiesta en la desigualdad de ingreso y la segregación entre la ciudad “formal” y la “informal”.
5. Existe un déficit acumulado de viviendas con estándares mínimos para ser habitadas y más de 111 millones de personas todavía viven en tugurios (el 24% de la población urbana). La región ha logrado mejoras en el acceso a agua y saneamiento, pero aún necesita avanzar para cumplir el compromiso de universalizar ambos servicios y garantizar su asequibilidad, frecuencia y calidad.
6. La escasa planificación y las debilidades de las políticas urbanas han tenido como consecuencia la expansión de las ciudades siguiendo un modelo poco sostenible, con ausencia de espacios públicos accesibles para todos, que privilegia el automóvil en detrimento del transporte en común y mantiene o refuerza la segregación social y espacial.
7. Las ciudades registran altos índices de violencia e inseguridad, que parecen desbordar la capacidad de respuesta de los gobiernos. Aunque la violencia no se da en todas las áreas ni es homogénea en una misma ciudad, la gravedad de sus consecuencias exige esfuerzos coordinados a todos los niveles de gobierno.
8. Se constatan iniciativas importantes para la protección ambiental, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la prevención y respuesta a los desastres naturales. Sin embargo, existe poca conciencia de cómo la urbanización poco o mal planificada aumenta el riesgo a desastres.
9. Los países de la región han dado un impulso decisivo al proceso de democratización y descentralizado numerosas competencias, pero muchos municipios son incapaces de autofinanciarse y carecen de los recursos humanos, institucionales y económicos para su buen gobierno.

El informe señala que, después de décadas en que los gobiernos parecían incapaces de responder a las demandas del crecimiento urbano acelerado, se anuncia una nueva transición en la que el desafío será, no tanto responder a las necesidades en términos de cantidad, sino con mayor calidad, equidad y sostenibilidad.

Existe abundante conocimiento y experiencia en la región para impulsar políticas urbanas orientadas al desarrollo económico y la inclusión social. Para avanzar en esa dirección, es preciso invertir más esfuerzos en el monitoreo de las ciudades y adaptar los mecanismos de planificación, gestión y gobierno a las nuevas realidades del desarrollo urbano.

En un contexto de restricciones económicas y limitación de recursos, la publicación subraya la importancia de la gestión del suelo y el aprovechamiento por los poderes públicos (o municipales) de las plusvalías urbanas para invertir en infraestructuras y servicios. Asimismo, recomienda el fortalecimiento de los mecanismos que permiten orientar los mercados inmobiliarios en defensa del interés colectivo.

Fuente: ONU Habitat

Ciudad de Panamá secuestrada por especuladores fenicios

Panamá, la metrópoli del lucro

«Una ciudadanía ilustrada lucharía por una ciudad mejor»

RICARDO ARTURO RÍOS TORRES*

rriost@hotmail.com

Jorge Ricardo Riba es, sin duda, un arquitecto de ideas. En su valioso haber bibliográfico confronta con valentía el urbanismo especulativo que caracteriza a la ciudad canalera. El lucro sin límites es responsable del pandemónium que caracteriza el paisaje urbano de la ciudad de Panamá. Somos el Auristán de Cristóbal Colón, la tierra del dinero fácil, el país de fenicios que denunciara Gaspar Octavio Hernández.

En Urbanismo: proyectos y otros escritos el político humanista, nos define la ciudad soñada: Quiero una ciudad con armonía, de rostros humanos llenos de alegría, quiero una ciudad en la que impere la justicia, la honradez y el amor al prójimo, un digno ambiente para vivir.

¿Y qué tenemos? Una ciudad caótica, la especulación inmobiliaria destruyó el hermoso barrio de Bellavista, el juegavivo edificó los tugurios de Paitilla y Punta Pacífica donde el sol es aristocrático, una Cinta Costera sin belleza paisajística y una selva de cemento que hace de Calidonia y vía España un gran fogón… En contraste, Costa del Este es una ciudad jardín con calidad de vida, con zonificación regulada, es el humanismo del hábitat con una visión urbanística integral.

La ciudad de Panamá está encarcelada por un modelo errado de crecimiento que sólo luce bien para fotos de estructuras, pero que le niega al individuo citadino una calidad de vida aceptable. Foto: Burica Press

El planificador urbano con ética social nos reclama una ciudad al estilo de Le Corbusier con los goces del sol, el espacio y el verdor…

Jorge Ricardo Riba insiste en que la liberación del potencial del crecimiento urbano no se puede concebir sin un salto cualitativo en la educación. Una ciudadanía ilustrada lucharía por una ciudad mejor.

La Región Metropolitana es una de las preocupaciones del docente universitario, es un área de 9,000 kilómetros2, incluye la Cuenca Hidrográfica del Canal, la antigua Zona del Canal, las ciudades terminales de Panamá y Colón, los territorios periféricos de Arraiján y Chorrera (Panamá Oeste), abarca 121 corregimientos en 14 distritos y 3 provincias. Para el 2020 se calcula su población en 2.5 millones. Considero que Panamá Este es también parte de la Región Metropolitana.

El distrito de Arraiján es el sector más explosivo en el desarrollo urbano del país y como lo expresa el arquitecto Riba: ante el nuevo imperio de la codicia y la corrupción, se requiere ser más heroicos. Urge una solución rápida ante le necesidad de un transporte seguro, económico y eficiente para Arraiján y el Panamá Oeste, miles de panameños lo reclaman.

El ensayo Urbanismo: proyectos y otros escritos nos lleva a exigir una rendición de cuentas a los ministros de Vivienda e ingenieros municipales de los últimos 20 años por el desorden urbano del área metropolitana. Se han construido barriadas y edificios como los de la avenida Balboa, San Francisco y el Cangrejo sin la red de los servicios públicos necesarios para un urbanismo humano, se carece de una oferta efectiva de energía eléctrica, de suministro de agua y de un eficaz alcantarillado sanitario. Hay barriadas construidas con materiales de baja calidad, sin espacios para escuelas, áreas verdes, sin campos de juego y recreación, sin facilidades de transporte. Predomina el lucro y la especulación unido a la corrupción de una burocracia que ha institucionalizado la coima y el juegavivo.

Jorge Ricardo Riba es la antítesis de esa conducta irresponsable, es un arquitecto de ideas éticas.

Literariamente, la obra es un compendio de distintos temas relacionados con el urbanismo, destacan su excelente narración y la prosa elegante del autor. Su formato facilita la lectura y las ilustraciones son puntuales.

Referencia Bibliográfica: Riba, Jorge Ricardo. El Urbanismo: Proyectos y otros escritos/Panamá: Exedra, 2010. 313p. il.

*ESCRITOR Y EDUCADOR

Publicado en La Estrella de Panamá, 27 de diciembre de 2010.

Crecimiento urbano, contaminación y mal uso del suelo, producen problemas ambientales graves en Panamá

PNUD y ANAM

Panamá (La Prensa) – Los constantes cambios de uso de suelo, la contaminación en todas sus formas y el crecimiento urbano desordenado, son las presiones ambientales más relevantes que sufre Panamá, según los indicadores ambientales, sociales y económicos dados a conocer ayer por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

Los datos revelan que en el período analizado -de 1990 a 2000-, la calidad de los suelos del país ha desmejorado 5.8%. Además, hay 41.9% menos bosques y montes, mientras que los suelos utilizados para cultivos temporales y permanentes han bajado 9.7% y 5.1%, respectivamente.

La cobertura boscosa ha disminuido de 49% en 1992 a 45% en 2000, lo que es calificado como «grave» por expertos, ya que aproximadamente el 75% de la superficie total de los suelos del país tiene vocación forestal.

El informe de la Anam y del Pnuma advierte que la pérdida de la productividad y el deterioro de los suelos hace más costosa la producción agropecuaria, encareciendo con ello la canasta básica de alimentos.

Con estos indicadores, que se publicarán de manera bianual, Panamá se convirtió en la séptima nación en América Latina en recopilarlos, señaló Mara Murillo Correa, directora regional adjunta de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Pnuma.

Salud ambiental preocupante

En el informe Indicadores de seguimiento Panamá 2010, de la iniciativa latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible, dado a conocer ayer, se destaca que los suelos del país han sufrido cambios importantes que han afectado la cobertura boscosa y contribuido a la degradación de la calidad de la tierra.

El informe, preparado por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), indica que en el país se ha dado un proceso de «potrerización», toda vez que la cantidad de tierras usada por la ganadería aumentó 178% en los últimos cinco años.

En el período comprendido entre 1990 y 2000, por su parte, las tierras con bosques o montes, y los cultivos temporales y permanentes registraron una disminución de su superficie de 41.9%, 9.7% y 5.1%, respectivamente.

Esto se presenta con marcada presencia en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá.

Javier Arias Iriarte, administrador general de la Anam, informó que para contrarrestar esta realidad se planean inversiones en proyectos ambientales con fondos internacionales que suman entre 50 millones y 200 millones de dólares.

Dichas inversiones, agregó, servirán para impulsar la fase inicial del proyecto de Reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque (Redd, por su sigla en inglés).

El informe también destaca que el país presenta «problemas serios» de erosión y deterioro de la calidad de los suelos y del agua, debido al paulatino, acumulativo y creciente proceso de degradación que sufren «casi todas las cuencas hidrográficas».

Al hacer un diagnóstico de las tierras secas y degradadas del país, el documento señala que hay cuatro áreas críticas ubicadas en el Arco Seco -Chame, Capira y Coronado en la provincia de Panamá, así como las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos-, la sabana veragüense, el corregimiento de Cerro Punta y la comarca Ngäbe-Buglé. Juntas comprenden una superficie aproximada de 2 millones 78 mil 757.60 hectáreas, o sea, un 28% de la superficie total del país.

Bajo escrutinio

El informe evidencia un dato positivo: desde 1960 a marzo de 2009 se dio un «incremento considerable» en la superficie protegida, de aproximadamente 3 millones 578 mil 479 hectáreas, según dijo Neyra Herrera, coordinadora técnica del informe, presentado ayer. Sin embargo, la protección legal no se ha traducido necesariamente en una protección efectiva.

En tanto, Mara Murillo, directora adjunta de la Oficina para América Latina y el Caribe del Pnuma, explicó que el documento «contiene una base probada y validada, que da cuenta de la situación y tendencia de los principales componentes ambientales del país e interrelacionados con distintos campos socioeconómicos».

La funcionaria internacional agregó que esta información técnica puede ser utilizada y comparada entre los diferentes países que han hecho estudios similares, tales como México o Costa Rica.

La batalla para salvar el planeta no es solamente contra el dióxico de carbono (CO2).

En el afán de reducir el calentamiento global, los científicos tienen también en la mira los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), dos gases refrigerantes que se utilizan en los equipos de acondicionador de aire y de refrigeración.

Desde 1987, cuando se firmó el Protocolo de Montreal, se acordó que a partir de 1989 -año en el que entró en vigencia el acuerdo- se iría reduciendo el uso de las sustancias que deterioran la capa de ozono.

En 2009, en Panamá se eliminó el uso de los CFC -un año antes de la fecha límite- y ahora el país se prepara para eliminar los HCFC.

Contra capa de ozono

Con esta meta como objetivo, el consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Miguel Quintero, estuvo en Panamá la semana pasada conversando con autoridades y empresas comercializadoras de los HCFC.

Quintero explicó, por ejemplo, que si en 2009 Panamá usó 900 toneladas de este gas y en 2010 el consumo fue de mil 200, para 2013 no puede estar consumiendo más de mil.

En el Protocolo se estableció que para 2015 la reducción del consumo debería ser del 10%, para pasar a un 35% en 2020 y a un 62.5% en 2025. Para el año 2030, el uso de los HCFC debe haberse eliminado.

Esta reducción conlleva, por supuesto, la disminución gradual de la fabricación de equipos que usan estos gases. «Para el año 2030 no debe haber países que consuman estos gases ni países que los fabriquen», recalcó el experto.

En Panamá, la principal misión de Quintero es efectuar el inventario de consumo de los HCFC, para que luego el país establezca una estrategia para disminuir su consumo.

«Verificaremos los datos de Aduanas sobre el ingreso de productos que usan estos gases, y los cotejaremos con la información que manejan las empresas», explicó.

Fuente: La Prensa  19/09/2010

Proyecto en isla Saboga sin plan de manejo ambiental

dossier

Otro proyecto en un área sin plan de manejo ambiental

Desarrollo

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Las maquinarias de la industria turística y urbanística continúan llegando  a las islas del archipiélago de Las Perlas. Las áreas boscosas pierden terreno y las costas se llenan de marinas.

Conjugar el desarrollo con la conservación y no repetir errores ajenos es una tarea que se ha propuesto el nicaragüense Armel González, presidente de Grupo del Sol, quien desarrolló un proyecto en la isla Saboga, una de las más pequeñas  del archipiélago declarado zona de manejo especial por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap).

González  propone un proyecto  que va desde  conservar  las áreas más boscosas hasta cambiar la fuente de energía que siempre ha abastecido a la isla: la térmica.

En esta materia,  se busca reemplazar la energía térmica por termosolar, que consiste en concentrar la energía del sol en paneles (colectores) para luego transmitirla, a través del agua o mediante radiadores. También proyecta reciclar el agua de lluvia para potabilizarla.

Los resultados están por verse. Por el momento, en el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) quedan dudas sobre el proyecto.

La empresa cuenta con un plan maestro que  consiste en la construcción de condominios, casas de lujo y hoteles boutique.

También incluye la lotificación de terrenos que se venderán a  desarrolladores urbanos. El plan maestro costó 12 millones de dólares y contempla, además, la  construcción de  infraestructuras de  servicios públicos para satisfacer las necesidades de los nuevos inquilinos de la isla.

“Creamos las infraestructuras para otros inversionistas”, dijo González.

Raisa Banfield, directora ejecutiva del CIAM, analizó el plan maestro del proyecto y le preocupa que todo el litoral costero de la isla será desarrollado.

La isla Saboga tiene 277 hectáreas, de las cuales casi 90 serán destinadas a la conservación.

González explicó que  el 60% de la isla  está compuesto por bosques secundarios, 20% por bosques primarios y el resto (20%) rastrojo y arbustos.

El  bosque primario no será tocado, excepto para construir senderos por donde solo pasarán carros de golf eléctricos, dijo González.  El empresario  admite que se devastará zona boscosa, pero asegura que son áreas ya intervenidas.

Banfield consideró que el proyecto presenta una lotificación masiva alrededor de la isla que afectará la relación entre áreas boscosas y zonas costeras.

Dilema ecológico

Ante la mirada atenta de los conservacionistas, el empresario enfrenta  otro dilema: la construcción de una  marina.

Los dos sitios que ha estudiado le presentan dificultades. En uno las corrientes son demasiadas fuertes y en el otro existe una comunidad de arrecifes de corales.

Héctor Guzmán, científico del Instituto Smithsonian, dijo que se trata de la segunda  comunidad de arrecifes más grande del golfo de Panamá. Comentó  que habló de manera informal con el empresario y recomendó mover la marina para no afectar los arrecifes. La empresa aún estudia la ubicación de la estructura, que tendrá una capacidad de alrededor de 150 yates.

González dijo que el primer sitio  evaluado fue descartado por las fuertes corrientes marinas, que representaban un peligro para los usuarios. Pero al mismo tiempo ha valorado las sugerencias de Guzmán de construir la marina en una zona que no afecte los arrecifes.

Hay una buena intención en querer hacer las cosas bien, pero el problema radica en que no existe una evaluación ambiental integral del archipiélago, señala Banfield. Es decir, las afectaciones del proyecto no sólo en la isla Saboga, sino en en el archipiélago. Esto pasa por falta de  un plan de manejo del archipiélago que aún no se ha creado.

A mediados del pasado mes de agosto, la Arap firmó el contrato para la realización del plan de manejo con el consorcio  Louis Berger- Ancon (Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza). Hasta la semana pasada el contrato aún estaba en la Contraloría  pendiente de ser avalado, informó Alida Spadafora, directora de Ancon.

El contrato llega con dos años de atraso, pues desde 2007 una ley ordenó crear el plan. Mientras, los proyectos inmobiliarios y turísticos  no se detienen, y en  algunos casos con negativos impactos ambientales.

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Este proyecto es un urbanicidio y un robo del patrimonio insular de todos los panameños. La biodiversidad, zona especial de manejo no le parece importar a nadie en este país que está vendiendo cada pedazo hermoso de tierra que tienen.

Burica Press