Ngöbe Win Major Victory at Inter-American Commission on Human Rights

Panama’s Ngöbe Win Major Victory at Inter-American Commission on Human Rights

Washington, D.C.—After two years of brutal government repression and destruction of their homeland, the Ngöbe Indians of western Panama won a major victory yesterday as the Inter-American Commission on Human Rights called on Panama to suspend all work on a hydroelectric dam that threatens the Ngöbe homeland. The Chan-75 Dam is being built across the Changuinola River by the government of Panama and a subsidiary of the Virginia-based energy giant AES Corporation. The Commission’s decision was the result of a petition filed last year by the Ngöbe, after AES-Changuinola began bulldozing houses and farming plots. When the Ngöbe protested the destruction of their homes, the government sent in riot police who beat and arrested villagers, including women and children, and then set up a permanent cordon around the community to prevent anyone from entering the area. In addition to threatening the community, the dam will irreversibly harm the nearby La Amistad UN Biosphere Reserve.

“We are thrilled to have the Commission take these measures to protect Ngöbe communities,” said Ellen Lutz, executive director of Cultural Survival and lead counsel for the Ngöbe. “We are hopeful that this will help the government of Panama and AES recognize their obligation to respect Ngöbe rights.”

The Commission, which is a body of the Organization of American States, is still considering the Ngöbe’s petition and issued this injunction, called precautionary measures, to prevent any further threat to the community and the environment while the Commission deliberates on the merits of the case.

Specifically, the Commission called on the government to suspend all construction and other activities related to its concession to AES-Changuinola to build and administer the Chan-75 Dam and abutting nationally protected lands along the Changuinola River.

In addition to Chan-75, for which land clearing, roadwork, and river dredging are already well underway, the order covers two other proposed dam sites upstream. The Commission further called upon the government of Panama to guarantee the Ngöbe people’s basic human rights, including their rights to life, physical security, and freedom of movement, and to prevent violence or intimidation against them, which have typified the construction process over the past two years. The Commission required the government to report back to it in 20 days on the steps it has taken to comply with the precautionary measures.

Chan-75 would inundate four Ngöbe villages that are home to approximately 1,000. Another 4,000 Ngöbe living in neighboring villages would be affected by the destruction of their transportation routes, flooding of their agricultural plots, lack of their access to their farmlands, and reduction or elimination of fish that are an important protein source in their diet. It would also open up their territories to non-Ngöbe settlers.

According Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) the dam also will cause grave environmental harm to the UNESCO-protected La Amistad Biosphere Reserve, an international World Heritage Site that upriver from the dam site. Scientists believe that there is a high risk of losing important fish species that support the reserve’s wildlife, including several endangered species, because the dam will destroy their migration route.

“The Panamanian government must follow the precautionary measures issued by the Inter-American Commission on Human Rights and prevent further human rights violations and environmental damage” said Jacki Lopez, staff attorney for the Center for Biological Diversity, an organization that submitted an amicus curiae to the Inter-American Commission on Human Rights in support of the Ngöbe.

The Ngöbe people’s situation was the subject of a report by the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People, James Anaya, on May 12, 2009. Anaya concluded that the government ignored its obligation under international law to consult with the communities and seek their free, prior, and informed consent before moving ahead with the construction project. He urged AES-Changuinola to meet international standards for corporate social responsibility and not contribute, even indirectly, to violations of human rights.

ACD informó al relator de violación de derechos humanos en Changuinola

Entregan informe al Relator de la ONU sobre pueblos indígenas  de la violación de los derechos humanos al Pueblo Ngobe en el valle del Rio Changuinola

BURICA PRESS – Derechos Humanos

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) ha emitido un informe abierto dirigido al Relator Especial de la ONU para pueblos indígenas, Dr. James Anaya, donde destacan en un resumen los principales hechos que según esta organización ameritan ser considerados por el Relator.

ACD planteó en el informe denominado Violaciones de los derechos humanos al pueblo Ngobe en Panamá que este pueblo ha estado sometido a acciones de represión injustificada y omisiones del Estado panameño en su contra y planteó varios casos emblemáticos que demuestran la forma en que se viola de manera sistemática los Derechos Humanos del pueblo Ngobe que Burica Press reproduce integralmente a continuación:

En las comunidades del Valle del Río Changuinola en la Provincia de Bocas del Toro, conformadas por miles de personas, se han suscitado una serie de abusos y violaciones a los Derechos Humanos del pueblo Ngobe, por parte del Estado panameño con la participación de AES Corporation, cuyas filiales en Panamá son AES Panamá y AES Changuinola. El Estado le ha otorgado la concesión para la construcción de tres hidroeléctricas en el Río Changuinola: Chan-75, Chan-140 y Chan-220, ubicadas en el Bosque Protector Palo Seco, zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, que forma parte de la Reserva de la Biosfera, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sólo con la construcción de la primera, Chan 75, y con la modificación de su altura a 165 metros, se prevé la inundación de cuatro comunidades indígenas.

I. El Gobierno de Panamá continúa violando el Derecho de las comunidades Ngöbe de otorgar su consentimiento libre, previo e informado relacionado al uso de su territorio y su reubicación.

A. El Estado no demostró haber garantizado un proceso de consulta adecuado para obtener el consentimiento previo, libre e informado de la población Ngöbe.

La gran mayoría de las reuniones con las comunidades se han realizado a posteriori del otorgamiento de la concesión para la construcción del proyecto y de la concesión del Bosque Protector Palo Seco a AES Changuinola y después de iniciados los trabajos de construcción. En otras palabras, estas reuniones de consulta sólo evalúan aspectos secundarios al proyecto, por ejemplo, el tipo de casa que desean sea construida, pero sin consultas para obtener el consentimiento a la realización del proyecto en sí.

Además, el Gobierno ha cerrado la única oportunidad para la participación ciudadana contemplada en la legislación panameña, al permitir la aprobación subcategorizada de los Estudios de Impacto Ambiental de los sitios de reubicación con categoría de impacto nulo (Categoría I), los cuales no tienen espacio de consulta. Las reuniones han sido realizadas por la empresa, siguiendo sus propios intereses particulares, siendo éstas de carácter informativo, donde se les comunica a los Ngöbe cuáles son los planes de acción del proyecto.

Tercero, aquellas reuniones realizadas para la consulta de aspectos secundarios del proyecto, incluso donde han participado instituciones del Gobierno nacional, tampoco han garantizado que se cumplan los deseos y decisiones tomadas por la población indígena afectada. En numerosas ocasiones, dirigentes de la comunidad se han lamentado de que la empresa nunca cumple con las promesas realizadas y los acuerdos alcanzados si éstos no satisfacen las necesidades de AES o entran en conflicto con su calendario de construcción. Y el Gobierno ni siquiera ha garantizado que se cumpla con los procesos colectivos instaurados a posteriori.

B. El Estado Panameño causó daños irreparables al haber otorgado una concesión de territorio Ngöbe, incluyendo comunidades y fincas, a una empresa privada sin haber consultado y obtenido el consentimiento de las personas que vivían dentro.

En numerosas ocasiones, el Gobierno ha afirmado que es errado considerar la zona como territorio indígena ya que tiene categoría de área protegida. Si bien, estamos anuentes a que la zona se encuentra dentro del Bosque Protector Palo Seco (BPPS), hemos denunciado que es justamente a través de la creación de ésta área protegida, el Gobierno justifica la eliminación de los derechos territoriales de la población. A pesar que en el Decreto Ejecutivo No. 25 de 28 de septiembre de 1983 que crea el Bosque Protector Palo Seco, establece que en el área “se encuentran asentadas comunidades indígenas”; en aquel momento el Gobierno de Panamá no se esforzó en distinguir las tierras Ngöbe de las tierras del Estado, ni se les explicó a los Ngöbe que vivían allí que ellos no tenían más derechos de propiedad en sus tierras ni en sus cultivos. Es más, muchos de los habitantes locales no sabían en aquel entonces que el Gobierno había superpuesto un bosque de protección en sus territorios. El Gobierno no indemnizó a los Ngöbe por sus tierras en el Bosque Protector.

Adicionalmente, cuando el Gobierno creó la Comarca Indígena Ngöbe-Bugle mediante la Ley No. 10 de 7 de marzo de 1997, quedó en evidencia que esta delimitación no abarcaba la totalidad de la aspiración del pueblo Ngöbe. Existen numerosas comunidades  Ngöbe que quedaron excluidas por ésta delimitación legal, incluyendo aquellas a lo largo del río Changuinola. Esta ley además reconoció “áreas anexas,” que nunca fueron definidas en el espacio, pero que comprenden las tierras donde están ubicadas las comunidades dentro del Bosque Protector Palo Seco. El Estado tendría que haber demarcado las “áreas anexas” antes de otorgar concesiones en esta zona para proyectos de infraestructura. Cabe resaltar que el Estado contaba con fondos destinados especialmente a este objetivo a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT). Sin embargo, las áreas anexas aún están indefinidas, dejando a las comunidades fuera de la protección legal a las tierras y territorios indígenas. Esta situación se agravó cuando el Gobierno otorgó la concesión parcial de administración del BPPS a la empresa AES a pesar de la oposición presentada por la población que vivía dentro de la zona concesionada.

C. La metodología de negociación de AES va contra los usos culturales y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres, niños y niñas y las familias con menos preparación académica y/o dominio del idioma español.

Desde el principio, el Gobierno ha tratado a las comunidades indígenas como si no fueran pueblos indígenas. En lugar de resguardar los derechos colectivos y territoriales de estos pueblos y exigir a AES negociaciones con cada comunidad a nivel grupal, ha permitido negociar con familias individuales y en algunos casos con un sólo miembro de la familia y hostigar o sobornar individualmente a los jefes de familia para obtener el consentimiento, aún cuando ellos no tuvieran la autoridad de renunciar a las tierras, ya que sus familiares también tienen el derecho de uso. Aunado a esto, AES con frecuencia determinaba qué miembros de la familia eran aptos para representar a una familia entera en el proceso de negociación, reuniéndose con miembros que se habían mudado a Changuinola y otras áreas urbanas y consiguiendo el consentimiento de ellos sin informar al resto de la familia. Este enfoque en la negociación generó conflictos entre familiares y vecinos y tensiones entre diferentes comunidades de la región.

Muchas de las indemnizaciones se han cumplido parcialmente y la empresa se reserva la única copia firmada de los acuerdos, brindando copias sin firmas a las familias Ngöbes, lo que les impide utilizarlas en acciones legales.

En varios casos, AES ofreció a hombres jefes de familia supuestas indemnizaciones de dinero y no nuevas fincas, en detrimento de la calidad de vida de las mujeres, niños y niñas, aumentando su vulnerabilidad. En la cultura Ngöbe, las mujeres usualmente no administran el dinero sino que es tarea de los hombres. Es decir, las mujeres de las familias donde se dieron estos acuerdos por dinero, pasaron de una situación donde tenían acceso directo a la tierra, a una donde pierden control de la subsistencia por no recibir otros terrenos.

A pesar que el Gobierno asegura que las luces eléctricas que instaló la empresa se utilizan sólo para facilitar el trabajo nocturno de construcción, este tipo de contaminación más los ruidos de la maquinaria han aumentado la presión psicológica sobre las familias Ngöbe. Esta situación de estrés y ausencia de sueño, los impulsan a rendirse ante los deseos del Gobierno para que acepten los pagos en efectivo y los acuerdos de reubicación.

D. El Gobierno de Panamá aun no ha presentado a las comunidades Ngöbes opciones apropiadas para su reubicación

Ni el Estado ni AES Changuinola han logrado garantizar que se les darán tierras de igual o mejor calidad que aquellas que perderán, cercanas a sus propuestos sitios de reubicación. En un reporte entregado a la CIDH en junio del 2008, un año después de iniciada la construcción, la empresa afirmó que el 79% de la población aún no tenía una solución sobre las fincas que perderán en el proyecto. Las comunidades han manifestado reiteradamente su inseguridad por la insuficiencia de terrenos de igual calidad a aquellos que van a perder en la zona cercana a donde habitan y sobre el acceso a las áreas, la cacería y la pesca, la calidad del agua, y la posibilidad de cultivar los alimentos que forman parte de la dieta Ngobe, en especial los tubérculos. Es importante señalar que por su topografía, las tierras que se inundarán en el valle fluvial del Changuinola, son aquellas más ricas y aptas para la agricultura, mientras que las que se encuentran por encima de la cota del lago tienden a ser pobres, erosionables y de alto riesgo de deslizamientos por la inclinación del terreno.

II. El Gobierno de Panamá ha permitido violaciones al derecho de libertad personal de los Ngöbe

En diciembre del 2007 la población Ngobe decidió realizar una protesta pacífica para llamar la atención sobre las numerosas irregularidades del proyecto. En lugar de respetar sus derechos a una seguridad física, la policía nacional empleada por la empresa, actuó violentamente contra la manifestación, que como resultado trajo lesiones en mujeres, menores de edad y adultos mayores. Una revisión del expediente de la investigación realizada por el Ministerio Público es sumamente reveladora: contiene las declaraciones de cinco miembros de la comunidad, las cuales todas se complementan sin contradicciones. Pero, dentro del mismo expediente existen por lo menos cuatro versiones distintas y completamente contradictorias de lo ocurrido, desde la perspectiva del Estado. Así, hay testimonios de una actitud pasiva de por parte de la población, otro dice que la población agredió a la policía con piedras y machetes. Lo cierto es que el médico forense que evaluó a algunas de las personas arrestadas, certifica lesiones causadas por objeto contundente.

La Policía lleva ya un año entero de presencia permanente, luego de que AES Changuinola firmara un contrato de vigilancia permanente con la Policía Nacional, donde la primera le paga a las unidades policiales por estar armadas y uniformadas en la zona de la concesión. A pesar de las aseveraciones del Gobierno que indican lo contrario, los Ngöbe sí fueron vigilados en sus movimientos durante el periodo poco después del los hechos del 3 de enero del 2008, como lo demuestran las fotos de la Policía requisando a la población. Además, la Policía ha realizado detenciones de las pocas personas que se han atrevido a defender sus fincas contra los métodos irregulares de la empresa. Adicionalmente, la Policía bloqueó la entrada de cualquier foráneo que deseara visitar la población Ngöbe. De esta manera, eliminaron la posibilidad que tenían los indígenas, que viven en una zona remota sin electricidad o servicio telefónico, de comunicarse con sus abogados, organizaciones de apoyo y medios de comunicación justo en el momento en que se incrementaba la presión que se ejercía sobre ellos para que abandonaran sus hogares y estilo de vida. Por último, como refleja la carta escrita por la alcaldesa de Bocas del Toro el 25 del marzo de 2008, la policía ha sido utilizada para amenazar a la población a firmar acuerdos con la empresa AES Changuinola.


La incidencia ambiental robustece la democracia

El siguiente artículo ejemplifica la participación de la sociedad civil organizada en la construcción de un país más democrático y menos corrupto, por lo menos en el tema ambiental.

Burica Press
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EL MALCONTENTO

Petaquilla’s dream

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Hay situaciones negativas que pueden sonsacar lo mejor de los seres humanos… hasta de las instituciones. Así son las guerras, esos espectáculos patéticos y machistoides que han permitido dibujar los rasgos de la solidaridad y el humanismo más conmovedor. Así son las dictaduras, que sacan de seres aparentemente pusilánimes el carácter y la fuerza que la vida en libertad les adormecía. Así parecen ser algunos despropósitos, que provocan reacciones inesperadas y esperanzadoras.

Eso parece haber conseguido Petaquilla, ese coro de arcángeles inversionistas que se han pasado la legislación del país por donde han querido y el patrimonio natural por una segadora mecánica. Durante los últimos años, estos próceres del capitalismo han obviado estudios de impacto ambiental, límites de concesiones y todos los extremos morales en pro de un beneficio que sale del país dejando como herencia hectáreas devastadas, ríos contaminados y futuro campesino hipotecado con intentos de camuflaje gracias a la bendita responsabilidad social empresarial.

Si no fuera por colectivos como CIAM, ACD, o Mar Viva o Albatros (y otras de su estirpe) no habría cámaras ni ojos para ver y denunciar lo acontecido en Petaquilla, o en Charco La Pava, o en Isla Colón, o en Coiba, o en las comarcas indígenas. La existencia de estas organizaciones robustece esta débil y precaria democracia.

El proyecto minero de Petaquilla ha logrado sacar lo mejor de una institución que casi todos los sectores habían dado por muerta o, como mínimo, perdida para la causa ambiental. La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) ha impuesto una millonaria multa a Petaquilla por sus desmanes. Estamos tan mal acostumbrados que en los corrillos de Panamá se exponen todo tipo de conjeturas sobre las razones que han hecho a la Anam defender de forma tan contundente la legalidad que normalmente mancilla. ¿Carácter bipolar? ¿Presión de organizaciones y medios? Sea lo que sea, yo, que tan duro le he dado a la Anam desde estas páginas, hoy le reconozco la osadía. En realidad, ninguna osadía: el cumplimiento de su deber. Ahora nos queda la duda de si pagarán la multa, de si el Estado utilizará todas sus herramientas para que estos corta palos hagan el estudio de impacto ambiental, incluso de si se avanzará en el debate realmente importante: el de declarar a Panamá como país libre de minería.

Miles de personas desplazadas con sus derechos conculcados por el Estado Panameño perderán todos sus bienes colectivos y tendrán que hacer una nueva vida en otro lado. AES Corporation ha destruido a la fuerza las casas de quienes se reusan a abandonar el área

Miles de personas desplazadas con sus derechos conculcados por el Estado Panameño perderán todos sus bienes colectivos y tendrán que hacer una nueva vida en otro lado. AES Corporation ha destruido a fuerza de intimidación y coacción los bienes y propiedades de los indígenas Ngobes, muchos de los cuales se rehusan a abandonar el área, que les ha sido concesionada de maneral ilegal por ANAM. Ellos un día amanecieron con sus tierras cedidas a la transnacional para el desarrollo de hidroeléctricas. Foto: Florencio Quintero.

Hay que aprovechar este momento, entonces, para reconocer varios fenómenos. El primero es la fortaleza que han adquirido las nuevas organizaciones sociales centradas en la incidencia y en la formulación de propuestas de futuro para el país. Si no fuera por colectivos como CIAM, ACD, o Mar Viva o Albatros (y otras de su estirpe) no habría cámaras ni ojos para ver y denunciar lo acontecido en Petaquilla, o en Charco La Pava, o en Isla Colón, o en Coiba, o en las comarcas indígenas. La existencia de estas organizaciones robustece esta débil y precaria democracia.

El segundo es el del mensaje contundente que se está lanzando a los inversionistas aviones. Los problemas legales y de imagen que enfrentan Red Frog, Chan 75 de AES, Petaquilla o los ya casi olvidados teleférico de Ancón o el delfinario de San Carlos deberían ahuyentar a otros de su calaña. O eso espero.

El tercero y último (aunque hay muchos más) es el de la connivencia de algunas instituciones y empresas que crecen a la sombra de los proyectos dudosos. ¿Se plantearán publicitarias y agencias de la mal llamada comunicación estratégica el reto ético de seleccionar mejor a sus clientes? ¿Llegará el momento en que empresas locales de servicios se declaren objetoras de conciencia cuando uno de estos proyectos inmorales llegue con la chequera manchada de sangre y abusos? ¿Cuestionarán en algo su posición programas de radio o medios en general que cambian de posición en función de la lista de anuncios contratados? Las respuestas las puede ir buscando usted mismo, están a la vista.

Gobierno comparece ante la CIDH

reclamo indígena.

Gobierno comparece ante la CIDH

José Arcia
jarcia@prensa.com

El Estado panameño estará sentado hoy martes en la silla de los acusados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por posibles violaciones al derecho territorial de los pueblos indígenas.

La audiencia responde a una demanda que presentaron, hace dos meses, las organizaciones ecologistas Cultural Survival, Native Future, Environmental Defender Law Center de Estados Unidos y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) de Panamá.

La demanda se presentó porque supuestamente el Gobierno panameño ha concesionado tierras que pertenecen a los pueblos indígenas sin tomar en consideración la opinión de sus habitantes, dijo Ariel Rodríguez, presidente de ACD.

“A pesar de que Panamá ha firmado tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, el Estado panameño se ha negado a reconocer el principio de consentimiento previo, libre e informado”, señaló ACD en un comunicado.

Un grupo de indígenas naso, ngöbe y wounaan viajó a Washington, Estados Unidos, para exponer ante la CIDH sus problemas.

“Vamos a presentar los diferentes tipos de violaciones”, dijo Félix Sánchez, uno de los indígenas que viajaron a EU.

Indígenas panameños ante CIDH denunciarán despojos territoriales

Indígenas panameños denunciarán su problema de despojo territorial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Panamá, Ciudad de Panamá, 24 de octubre de 2008. El próximo 28 de octubre una coalición de organizaciones indígenas panameñas y organizaciones no gubernamentales presentarán sus quejas formales contra del Estado Panameño en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D. C., Estados Unidos. En esta audiencia participarán dirigentes indígenas de la Fundación para el Desarrollo del Pueblo Wounaan, Movimiento por la Defensa del Territorio del Archipiélago de Bocas del Toro, Alianza Naso y las comunidades Ngobe del río Changuinola en la Reserva de la Biosfera La Amistad-Panamá.

Los voceros de los pueblos indígenas denunciarán al Estado Panameño por ignorar su derecho al consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos de desarrollo en sus territorios ancestrales. Además, por permitir la invasión descontrolada, y en ocasiones armada, de colonos ganaderos en los territorios Kuna, Emberá y Wounaan de Panamá Este. Además el Estado ha concesionado a consorcios privados las tierras en las que viven indígenas Naso y Ngobe para permitir la construcción de proyectos hidroeléctricos, mineros y de turismo de alto impacto.

Según Feliciano Santos, un Ngobe que vive en el Archipiélago de Bocas del Toro: “El gobierno está permitiendo que personas y empresas extranjeras despojen a los indígenas de sus tierras con ayuda de la misma Policía, que ha ejecutado expulsiones a la fuerza de nuestra gente de territorios insulares en los que habitamos y áreas indígenas que han sido concesionadas para proyectos hidroeléctricos de la corporación AES”.

Hugo Sánchez, miembro de la Alianza Naso señaló: “El problema actual es crítico en nuestra comunidad. Existen abusos y amenazas de la Policía, las autoridades locales y de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en contra de los Naso que nos oponemos al proyecto hidroeléctrico Bonyic en nuestro territorio. Indica además que ellos han concurrido a las autoridades locales y nacionales y no han detenido los abusos, por eso es que concurrimos a la comisión para escuchen nuestros planteamientos y pruebas de lo que está sucediendo en nuestro territorio y con otros hermanos indígenas en general. Además la creación de la Comarca Naso es una necesidad urgente”, subrayó Sánchez.

A pesar que Panamá ha firmado tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, el Estado Panameño se ha negado a reconocer el principio de consentimiento previo, libre e informado al eliminar varios artículos de la Ley General de Ambiente que garantizaban este derecho.

Al respecto, Susana Serracín, Asesora legal de ACD, comentó que la eliminación de estas normas, ha permitido que ocurran los despojos, la especulación y el enriquecimiento de grupos élites. Además, es evidente la violación a la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Ambiente, sin atender las consideraciones ambientales, sociales, culturales y promoviendo de esta manera, violaciones a los Derechos Humanos, acotó la abogada.

Esta solicitud de audiencia ante la CIDH fue presentada por las organizaciones ecologistas Cultural Survival, Native Future, Environmental Defender Law Center (EDLC) de Estados Unidos y Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) de Panamá.