Hidroeléctrica de AES en entredicho

BOCAS DEL TORO

Hidroeléctrica de Aes, en entredicho

Naciones Unidas encuentra procedimientos inadecuados en el proceso de consulta y reubicación de comunidades indígenas en Changuinola.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugirió al Gobierno panameño la suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75, que construye la empresa Aes Changuinola, en Bocas del Toro.

La solicitud forma parte de las medidas preliminares que el relator especial de los Derechos Humanos de la ONU, James Anaya, hizo al Estado ante el incumplimiento de normas internacionales sobre el derecho indígena.

El informe del relator señala que el proyecto se construye sin el consentimiento de los indígenas que viven en las comunidades afectadas. “El Gobierno no llevó a cabo las consultas adecuadas”, señala el documento.

Javier Giorgio y Jaime Tupper, gerente de Aes y vicepresidente de la empresa para Centroamérica y el Caribe respectivamente, reconocieron que el proceso ha sido “muy complicado”, pero aseguran que las mudanzas se hicieron con la aprobación de los indígenas.

El Gobierno panameño, mediante informe enviado a la ONU, aduce que la suspensión es “improcedente” y que la hidroeléctrica es un proyecto de “interés nacional”.

Gobierno no acepta sugerencia de suspensión de la obra

ONU dice que se violó el derecho indígena

El proyecto Chan 75, que construye la empresa Aes Changuinola, es cuestionado por los inadecuados procesos de consulta y reubicación.

OBRA CIVIL. La represa que se construye sobre el río Changuinola terminará inundando mil 300 hectáreas de áreas protegidas. LA PRENSA/David Mesa1206995

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Los terrenos que hace 40 años han ocupado cuatro comunidades indígenas en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, quedarán bajo el agua a finales de 2010.

Para esa fecha, la empresa Aes Changuinola tiene previsto inundar las tierras para el embalse del proyecto hidroeléctrico Chan 75 (Changuinola 1), que construye en la zona.

Debido, precisamente, a las implicaciones sobre los derechos de los indígenas que tiene la construcción de la hidroeléctrica, el proyecto fue analizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El pasado 12 de mayo, el relator especial para los Derechos Humanos de la ONU, James Anaya, emitió un informe en el que establece que el Estado panameño incumplió normas internacionales sobre derechos indígenas durante el proceso de reubicación de algunas comunidades.

Las comunidades afectadas por el proyecto son Charco La Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, en las que vivían unas 170 familias, de las cuales 92 han sido ya reubicadas, según la empresa.

Además de estas cuatro comunidades, otras cuatro (Nance de Riscó, Valle de Riscó, Guayacán y Bajo la Esperanza) serán afectadas por el proyecto “en la medida en que sus alrededores experimentarán transformaciones significativas”.

Además del tema de las reubicaciones, el documento detalla que se vulneraron los derechos en el proceso de consulta y consentimiento, en las indemnizaciones, en la adopción de medidas de mitigación, en la participación de beneficios, en el derecho a la tierra, a los recursos naturales y la seguridad física.

“Las consultas que se han llevado a cabo pudieron no ser adecuadas”, señala el documento.

Frente a estas irregularidades, la ONU recomienda al Estado evaluar la posibilidad de suspender la obra.

Para conocer la versión de la Cancillería se contactó a su jefe de Comunicación, James Aparicio, a quien se le envió un cuestionario vía correo electrónico. La solicitud no fue contestada.

Sin embargo, se tuvo acceso al informe que el Gobierno mandó a la ONU como respuesta. En este documento, el Gobierno señala que la solicitud de suspensión de la obra resulta “improcedente” porque la empresa “no ha incumplido sus obligaciones legales, contractuales y regulatorias”. Además, aduce, se trata de “un proyecto de interés nacional”.

El Gobierno dice, además, que las comunidades sí recibieron la información y oportunidad de ser oídas.

Javier Giorgio, gerente País de Aes, y Jaime Tupper, vicepresidente de la empresa para Centroamérica y el Caribe, reconocieron que el proceso ha sido “muy complicado”, pero aseguran que los reasentamientos se hicieron con la aprobación de los indígenas.

Ambos directivos concordaron en señalar que todo este proceso le ha costado a la empresa $18 millones más de lo previsto.

Dentro del presupuesto total –de 560 millones de dólares–, Aes había destinado $12 millones para aspectos sociales, entre ellos reubicar e indemnizar a las familias afectadas. Esa suma, según los ejecutivos, ya alcanza los $30 millones.

Aun así, Giorgio y Tupper aseguran que se sienten confiados en las negociaciones, y afirman que no se ha roto el diálogo y que lograrán acuerdos con todas las familias antes de que llegue el momento de inundar el área.

AES Corporation inside of lands of Panama tribes

AES Corporation Participating in the Demise of the Ngobe Tribe of Panama and La Amistad Biosphere Reserve

Arlington, Va.— La Amistad Biosphere Reserve is a UNESCO-designated site that provides habitat for hundreds of rare, endemic, endangered, and migratory species, and is also home to members of the Ngobe tribe. It is currently threatened by the plans of AES Corporation, a Virginia-based transnational company, to construct three hydroelectric dams on the Changuinola River , the lifeblood of the park. The dams will flood Ngobe villages and create insurmountable barriers for numerous fish species upon which the tribes rely.

AES is moving forward despite this while maintaining it has a “commitment to environmental and social responsibility.” Center for Biological Diversity Conservation Director Peter Galvin attended Thursday’s annual shareholder meeting to make sure AES leadership and shareholders are aware of the irreversible damage the dams will cause.

Galvin spoke and distributed a letter to AES President and Chief Executive Officer Paul Hanrahan and AES shareholders highlighting the developments that have occurred since Galvin last wrote Hanrahan in August 2007, including:

* March 2009: The Ombudsman Office of Panama issued a special report on human-rights violations and the construction of the dam.
* October 2008: The InterAmerican Commission on Human Rights held a public hearing on the legality of the displacement of the Ngobe tribe and the alleged failure of AES to obtain prior, informed consent.
* August 2008: Mr. James Anaya, a UN special rapporteur on indigenous peoples, issued a declaration expressing concern about the Ngobe affected by the dam.
* July 2008: The World Heritage Committee found that there is an “absence of any planned measures to mitigate the impact of the hydroelectric dams…and…absence of an effective participatory management process involving civil society and government authorities,” and requested that Panama develop and implement measures to monitor mitigation, ensure the needs of the community are met, and carry out a cumulative-effects analysis of the dam construction.

Having first attempted to deny Galvin entry to the meeting, AES management relented upon Galvin’s insistence that as a shareholder, he was fully entitled to enter and address the shareholders and management. At the meeting, Galvin announced: “The Changuinola dam project includes the highly controversial forced relocation of Ngobe indigenous people and is causing massive destruction inside the UN-designated La Amistad Biosphere Reserve.” He pointed out that in addition to the destruction of the environment and biodiversity, AES is endangering shareholders by conducting activities that are resulting in massive citizen resistance and protracted litigation and will serve to further stain the reputation of the AES Corporation. He urged AES to withdraw from the ill-fated project.

Many AES shareholders and investment-fund managers appeared eager to receive the information packet on the issue Galvin handed out at the meeting. Said Galvin: “Many of the shareholders appeared surprised and dismayed to learn of the environmental and social atrocities being caused by AES’s Changuinola Projects. With our Panamanian and international allies, we intend to keep up the pressure on AES until the company finally comes to its senses and halts the further planning and construction on the Changuinola River dam projects.”

Galvin further noted that, “Studies have shown that these projects will actually increase greenhouse gas emissions due to the massive amount of methane released from tropical dam reservoirs.”

Ngobes protestan por proyecto hidroeléctrico

Indígenas paralizan el tráfico en Bocas


HORACIO TROTTMAN
htrotman@elsiglo.com

Hay resistencia por ejecución de proyectos

Un centenar de indígenas de 22 comunidades en Bocas del Toro paralizó la provincia al cerrar la vía Interamericana en cinco diferentes puntos. Los aborígenes coreaban consignas en contra de los proyectos hidroeléctricos, turísticos, residenciales, de explotación minera y por la venta de áreas insulares en la región.

Los cinco puntos bloqueados fueron Pueblo Nuevo, Las Cañas, Río Auyama, Loma Muleto y Quebrada Canela. Esta situación provocó tranques y grandes perjuicios al sector del turismo.

Los manifestantes se oponen, entre otras cosas, al proyecto hidroélectrico llamado CHANG 75, que ejecuta AES de Changuinola en la zona conocida como el Nance de Risco, por considerarlo perjudicial para su estabilidad en está comunidad y porque, según ellos, interferiría en su cultura.

Los quejosos aprovecharon también que ayer se celebraba el Día Internacional del Agua para hacer sus reclamaciones y pedir a las autoridades de la provincia que no se construya el relleno sanitario en Loma Muleto, porque, a juicio de ellos, contaminaría una vertiente hídrica que suministra de agua a pobladores de 11 comunidades.

Feliciano Santos, vocero de los manifestantes, expresó que intentan que el gobierno conozca que estos proyectos que se realizan en Bocas del Toro afectan, sin lugar a dudas, a los indígenas.

Mientras que la gobernadora de esta provincia fronteriza, Esther Mena de Chiu, comentó que estos proyectos se ejecutan en favor de los pobladores y no para que se vean afectados.

Comentó la gobernadora de Bocas del Toro que antes de ejecutarse los proyectos hubo reuniones en las que participó el gobierno y se llegó a algunos acuerdos favorables para los indígenas que recibieron pago de indemnizaciones por el uso de sus tierras e incluso algunos fueron reubicados en zonas escogidas por ellos mismos.

Proyecto hidroeléctrico afecta derechos humanos de Ngobes

Proyecto afectó derechos


SAÚL QUINTERO QUIRÓS
squintero@lsiglo.com

El defensor cuestiona papel estatal en protección de comunidades afectadas por hidroeléctrica

Un informe elaborado por el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, determinó que los mecanismos de consulta, indemnización y reubicación implementados con los moradores afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Chan-75, en el sector de Palo Seco, Bocas del Toro, no cumplió con disposiciones en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.

El Estado otorgó la concesión para la construcción de tres hidroeléctricas en el Río Changuinola: Chan-75, Chan-140 y Chan-220, ubicadas en sector de Palo Seco, zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad.

Para el funcionario, es evidente la falta de tutela y acompañamientos efectivos por parte de las instituciones públicas. Esta situación produjo una relación de total desventaja en las negociaciones bilaterales entre los moradores de las comunidades afectadas y el consorcio desarrollador, para el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Recomendó al Estado evaluar y analizar los actos u omisiones de las instituciones correspondientes, para subsanar los procedimientos utilizados y que no se repitan hechos similares en proyectos futuros”. Mientras instó al MIDES y a la ANAM propiciar un diálogo entre las comunidades afectadas y AES Changuinola, S.A.

Charco La Pava sigue viva frente al monstruo AES

El Charco (la Pava) que molesta a Goliat

Cuando una empresa invierte algo más de 500 millones de dólares, cuando un Estado da una concesión para hacer un complejo de represas y no tiene en cuenta que en ese territorio hay humanos viviendo, cuando unas 70 familias están en medio del lugar donde en dos años habrá un embalse… David tiene pocas posibilidades de triunfar contra Goliat.

La comunidad de Charco La Pava lleva cuatro años luchando contra AES Panamá para lograr que se respeten los pocos derechos que creían tener. Cargas policiales, presión para firmar convenios de reubicación, chantajes, pagos a periodistas y división de la comunidad… la lista es larga. Tuve la suerte de llegar hoy ahí, cuando la empresa había citado una reunión con la comunidad a la que asistieron más funcionarios públicos de la ciudad que habitantes del caserío. Digo que tuve la suerte porque pude escuchar el discurso de “responsabilidad social” que choca con la realidad social.
Para llegar a Charco La Pava hay que transitar por una carretera pública donde el control de acceso es privado. Un vigilante pide cédula y pregunta el destino y la tarea. 20 metros más allá, policías nacionales pagados por la empresa refuerzan el mensaje. Mi compañero de viaje está seguro de que estamos pasando sin problemas por mi pinta d gringo y por el carro de clase.
Cruzar el río Changuinola para subir a la comunidad se hace en un bote financiado por la compañía. Unas 30 personas de la comunidad andan con casco y chaleco, contratadas por AES por algo más de un dólar la hora. Incluída Pantaleona, que en rudimentrio español se ríe de su posición de “seguridad vial”.
Antes de hablar conmigo, algunos líderes y lideresas de la comunidad me hacen un largo interrogatorio. Ya no confían en nadie. “Estamos solos, nadie nos apoya en Panamá, el Gobierno como que trabaja para la empresa y acá nos han mandado muchos periodistas para después utilizar las imágenes a favor de AES”. Rafael y Amelia al final se abren y compartimos charla e inquietudes.
Mi sensación es que Goliat aplastará a David y es palpable que la comunidad se divide ante esa posibilidad y ante la tentación del dinero.
Es un tema muy complicado en el que hay desigualdad en todos los sentidos. Indígenas ngöbe -que en muchos casos no hablan español- negociando con abogados de ciudad llenos de trucos, el poder del dinero contra el argumento de la dignidad, un gobierno que debería defender los intereses de sus ciudadanos volcado en ayudar a la empresa…
En las fotos pueden ver los “campamentos” de la empresa para sus trabajadores de cierto nivel y la comunidad sin luz eléctrica ni agua potable. También podrán observar el “super” camino de piedra que están construyendo en Charco. “Yo creo que es para no mancharse ellos de barro, porque nosotros caminamos por la tierra”, me dice un vecino.
Cuando las cosas empiezan mal, terminan mal… supongo. Aunque una buena parte de las gentes de Charco están dispuestas a dar la pelea, es más: no han dejado de hacerlo. Ernesto López lo ratifica: “iremos hasta la última, a dejar el pellejo en esta lucha”.En la tarde, la otra cara de la moneda, la positiva. En esta provincia llena de problemas sociales y económicos, pude conocer a Orlando Lozada y su padre Antonio. Tiene una finca de 40 hectáreas modelo en Centroamérica: agricultura sostenible y orgánica, cuidado de las cuencas hidrográficas, bosque primario conservado y producción de cacao, banano y maderables rentable… “Queremos demostrar que se puede hacer agricultura conservando el medioambiente…. no podemos olvidar que en el bosque está nuestro pasado”.

La finca La Magnita no compra casi nada afuera y cierra el círculo de la naturaleza de manera fluida. “La tierra es generosa y la agricultura fácil, lo que pasa es que no observamos suficiente y no respetamos su lógica”. La lógica de Orlando, como la de la naturaleza, es aplastante.

Mañana salgo para el río Teribe, a territorio Naso. Buenas noches caminantes.

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