Megaproyecto hidroeléctrico destruye el Río Changuinola y su gente – historia de abusos y corrupción

Es este el Panamá con Estado de Derecho?

Francisco Santos, fue unos de los líderes que defendió con tenacidad la invasión de AES en sus territorios indígenas y áreas protegidas

Francisco Santos, fue unos de los líderes que defendió con tenacidad la invasión de AES en sus territorios indígenas y áreas protegidas. Francisco murió en 2009 en esta lucha de una enfermedad fulminante.

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Megaproyectos hidroeléctricos y derecho indígena

El mar de las montañas de Changuinola

Cuatro comunidades indígenas ngäbes desaparecieron con la crecida del embalse de Chan-75, la hidroeléctrica construida por la Corporación AES que promete añadirle vatios de potencia al mercado eléctrico de Panamá. Mientras los ejecutivos y el Gobierno celebran esta nueva obra de desarrollo, familias afectadas reclaman un pago justo por las tierras de cultivo inundadas. El embalse sobre el río Changuinola es el segundo con mayor impacto en la historia del país, luego de que en la década de 1970 se inundaran 35 mil hectáreas de terreno con las aguas del río Bayano. El valle de Bayano estaba habitado por indígenas gunas.

DIVISIÓN. La familia Tera quedó dividida por el embalse.LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

ANA TERESA BENJAMÍN
abenjamin@prensa.com

El valle del río Bayano tenía miles de hectáreas, y en sus tierras crecía la población guna y los mejores aguacateros.

Ubicado al este de la ciudad de Panamá, el Bayano, caudaloso y bravío, había sido el alimento y la vida para los gunas quienes, desde hacía siglos, recorrían las tierras colombianas y panameñas formando comunidades y asentamientos.

Los relatos de los sailamar, los grandes jefes gunas, dicen que cuando llegaron los españoles al continente americano, este pueblo vivía cerca del río Tuira, en Darién. Las enfermedades y los conflictos hicieron que se movieran poco a poco hacia la región atlántica, hasta formar la comarca de Guna Yala. Más tarde poblarían las tierras de lo que hoy es Chepo.

En los años 60 del siglo XX, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) empezó los estudios para represar el Bayano y construir la hidroeléctrica Ascanio Villalaz. En ese entonces, en el valle de Bayano vivían miles de gunas y emberás, y cientos de colonos de Herrera y Los Santos.

En 1974, cuando la hidroeléctrica estaba en plena construcción y el país bajo el mandato del general Omar Torrijos, este viajó a Ikantí para reunirse con los sailas y explicarles el proyecto.

“Tenían siglos de estar allí y no concebían que debían salir”, relata el antropólogo Francisco Herrera, trabajador del IRHE en aquellos años y hoy miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).

En 1976, cuando se terminó la represa, 35 mil hectáreas del valle fueron inundadas y siete comunidades indígenas tuvieron que moverse ante el avance del “gran espejo de agua”.

Cabeza de piedra

Es miércoles 8 de junio de 2011 y en la casa de Daniel Tera, allá en Guayabal, hay chivos, cabras, gallinas, un caballo, varios perros y algunos cerdos.

Construido con laurel y cedro, o tal vez guayacán, el tambo de Tera está sobre una colina húmeda que apenas se desprende del brazo verde de la selva bocatoreña.

Antes del 22 de mayo de 2011, llegar allí tomaba unas tres horas desde el Valle de Riscó, por un camino despejado y transitado.

Después del 22 de mayo, llegar hasta Guayabal toma seis horas penosas por entre montañas inacabables, árboles inmensos, ríos y quebradas, gritos de monos y cantos de tucanes, insectos de todos los colores… Y una humedad que se adhiere a la piel.

Ya en el tambo, huele a café y a limón. Carolina Tera tiene, como el resto de las mujeres, una trenza tejida en su cabello largo y negro, y no oculta su frustración.

“Nunca pensé en ver un lago cerca de la casa”, dice Tera en ngäbere, mientras su hijo, Bernardino Morales, traduce las palabras.

“Nuestros niños conocían el río Changuinola, que corría allá abajo, y ahora me preguntan por qué está así”, agrega.

Como les ocurrió a los gunas en los años 70, los ngäbes, ahora en 2011, no dejan de ver con asombro el cambio del río que desde siempre les dio alimento y vida.

El 22 de mayo pasado, la empresa AES Changuinola, constructora de la hidroeléctrica Chan-75, cerró las compuertas a la altura de la desaparecida comunidad de Charco La Pava, y el embalse empezó a llenarse ante la mirada incrédula de quienes todavía se resisten a dejar sus tierras.

Carolina Tera asegura que a ella, por ejemplo, le llaman “cabeza de piedra”, por su tozudez. Porque no ha habido argumento corporativo que logre su firma en un acuerdo de indemnización que, según ella, es injusto.

Tera tiene una casa en Valle de Riscó y unas tierras para el cultivo en Guayabal. Según las mediciones de AES, eran seis hectáreas de terreno que ahora están bajo las aguas.

Ella quiere que le reconozcan los años de trabajo en esas tierras y el hecho de que de allí sacaba frutas y verduras para alimentar a su familia, pero la visión colectiva del uso de las tierras de los indígenas se ha topado de frente con una postura distinta.

“Si tú eres propietaria me tienes que presentar una factura, demostrar un título”, sostiene Ángel Abreu, encargado de reubicaciones y negociaciones de AES. Sin embargo, Abreu agrega: “reconocemos que la señora Carolina Tera ocupaba un terreno ahí [en Guayabal], y hemos estado dispuestos a negociar con ella”.

Las negociaciones

Para entender mejor el tamaño del “no” de los Tera de Guayabal, vale la pena dejar escritas algunas cosas.

AES Corporation es una transnacional de la energía que, en sus informes financieros, habla con naturalidad de números de 10 cifras.

En Latinoamérica tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. Llegó a Panamá en 1999, y empezó a comprar varias hidroeléctricas existentes.

Bayano, por ejemplo, es hoy de AES. Lo mismo ocurre con Estí, Los Valles y La Estrella, todas ellas en Chiriquí.

En resumen, la transnacional tiene hoy una hidroeléctrica en el lado este (Bayano), tres en Chiriquí y una en Bocas del Toro.

Si bien es la empresa de generación de energía más grande de Panamá, y el más grande generador hidroeléctrico privado en Centroamérica, según sus propios boletines, en el país hay otras 15 compañías que se dedican a este negocio y que administran un total de 20 hidroeléctricas y 15 termoeléctricas.

Los registros de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) indican, además, que hay un total de 39 concesiones otorgadas para la construcción de nuevas hidroeléctricas, y otras 45 en trámite.

La mayoría de los ríos comprometidos en la producción de energía eléctrica está en el llamado “granero de Panamá”: la provincia de Chiriquí.

En medio de este panorama de desarrollo que apuesta por la utilización de la fuerza del agua para generar energía –en detrimento del uso doméstico y agropecuario– está la familia Tera.

“AES nunca aceptó una propuesta… Ellos presentaban un documento y tú tenías que firmar. AES ofrecía 2 mil 500 dólares por hectárea y pienso que me corresponde mucho más, porque yo tengo derecho a una indemnización por el tiempo que he vivido aquí”, explica Daniel Tera, también en ngäbere.

Es cierto, no se puede negar: hubo un proceso de negociación entre AES Changuinola y las familias que serían afectadas.

Como cuenta Abreu, el proceso no fue fácil porque mientras al principio se censó a 75 familias, “al final nos tocó negociar con unas 180”.

Si bien antes del cierre de las compuertas la empresa intentó llegar a un entendimiento con Tera y varios de sus familiares, el diálogo no terminó con una fotografía de “todos felices” en los boletines que la empresa ha editado durante la construcción de la represa.

¿A voluntad?

El antropólogo Francisco Herrera recuerda que, pese al intento de Torrijos de convencer a los gunas, varias de las comunidades del valle de Bayano nunca llegaron a un entendimiento. Sus habitantes terminaron por irse, contra su voluntad.

En Changuinola, algunos dicen que, hasta el 22 de mayo, todavía quedaban algunas familias en Charco La Pava. Abreu lo desmiente.

La oficina de Ángel Abreu está en la Torre de Banco General, en plena calle 50 de la ciudad de Panamá. Es pequeña y la vista no causa envidia: otros ventanales de vidrio, de otro rascacielos.

Las paredes están adornadas con algunos objetos que llaman la atención: varias fotos de ngäbes, al lado de ejecutivos de AES y autoridades de Gobierno; copias de las páginas del acuerdo entre AES Changuinola, el Gobierno y las comunidades de “Charco La Pava, Valle del Rey, Changuinola Arriba y Nance de Riscó, para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, cuidadosamente pegadas con cinta adhesiva…

También hay alguna foto de las nuevas viviendas construidas y dos pancartas con palabras escritas a brocha gorda en las que se lee: “Suspendan la obra. ¡No a la represa de Chan-75!”.

Dice Abreu que aquello lo guarda como recuerdo de las primeras protestas. Que las pancartas llegaron a su oficina porque los ngäbes, tras la firma del acuerdo, se las regalaron como símbolo.

El ejecutivo siente que AES Changuinola ha hecho lo que ha podido y debido, y que “las comunidades fueron voluntariamente abandonadas”.

Para Herrera, la mudanza no fue ni del todo pacífica ni voluntaria.

Como ocurrió con las comunidades gunas hace más de 30 años, las comunidades ngäbes afectadas por el embalse del río Changuinola reaccionaron de formas distintas: algunas subieron hacia las nuevas comunidades creadas por AES sin mayores reticencias, y otras decidieron esperar hasta que no hubiera otro remedio.

“El primer impacto del embalse de Changuinola es que desarticuló la comunidad”, establece Herrera, de la ACD. La desarticulan no solo por el acto de mudarla, sino porque “la mecánica que utilizó la empresa fue aislar a las familias y negociar por separado…”.

Por eso no es extraño que personas de apellido Tera aparezcan en los boletines de AES Changuinola como dirigentes comunitarios y promotores de las reubicaciones, mientras otros miembros de la familia sean quienes protagonizan hoy una disminuida resistencia.

“Se acusan mutuamente de haberse traicionado”, agrega el antropólogo.

“Cuando eres vulnerable y tienes miedo, y te ofrecen algo más de lo que es tu ingreso anual, por supuesto que aceptas, porque para atrás ya no hay nada”, matiza el activista de la ACD.

Las conversaciones con Carolina y Daniel Tera y Santos Morales todavía no han terminado. Lo asegura Abreu y lo confirma James Cavallaro, director ejecutivo del Programa de Derechos Humanos de la Clínica Legal de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el abogado de los Tera.

A través de un correo electrónico, Cavallaro explicó que las negociaciones no han recomenzado, pero sí ha habido intercambio de correos con los abogados de AES “viendo la posibilidad” de hablar.

El abogado, sin embargo, no detalla las aspiraciones económicas de los Tera y de los Morales.

COSA DE SIGLOS

Cuando el embalse de la hidroeléctrica Ascanio Villalaz fue inaugurado, el general Torrijos fue hasta allá y, como movido por un impulso infantil, se lanzó al agua para celebrar la hazaña.

Para Torrijos era apenas el principio de un gran sueño, porque en su gobierno se planeaba también construir la hidroeléctrica de Fortuna y empezar la extracción de cobre en cerro Colorado.

Se dijo, incluso, que la represa de Bayano sería el motor de desarrollo del área este de Panamá, pero 35 años después las comunidades gunas y emberás afectadas siguen siendo tan pobres como antes, y Bayano sigue siendo el preludio de la provincia más olvidada del país: Darién.

Ahora, cuando el embalse de 900 hectáreas sobre el río Changuinola es una realidad, los argumentos siguen pareciéndose. En uno de los boletines corporativos de AES Changuinola se lee, por ejemplo, que la hidroeléctrica es una necesidad para la generación de energía. Que ante el sostenido crecimiento económico del país, la nueva hidroeléctrica “contribuirá a disminuir la dependencia de combustibles fósiles” y “ofrecerá mejores y más estables” precios al consumidor.

Herrera no está convencido. Para él, las únicas certezas son que los precios siguen arriba, que los ríos siguen conteniéndose, que los vecinos de las hidroeléctricas no se benefician, y que los ganadores son los habitantes de las ciudades y “los grandes consorcios” que sueñan con la interconexión.

Carolina, que poco sabe de este gran mercado, baja el énfasis de sus palabras en ngäbere para describir cómo era la parte alta del río Changuinola. Era fuerte y, cuando llovía en la cordillera, lo sabía por el remolino de piedras. Tenía una playa de arena y allí se sentaban las mujeres a lavar la ropa, con los hijos a cuestas.

“Se veía desde acá arriba, pero estaba allá abajo. Ahora es como un mar…”.

Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava en malas prácticas

Malas prácticas: Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava

13 Oct 2009 8:05 AM | Lean este interesantísimo análisis de Bartolomé Clavero (miembro del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas) sobre el supuesto acuerdo entre sociedad civil y AES Panamá en el caso de Charco La Pava.

Malas Prácticas:
Gobierno Panameño y AES Panamá en el Caso Charco La Pava

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

A finales de enero de este año 2009, el actual Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, rindió una visita a Charco La Pava y otras comunidades indígenas del pueblo Ngöbe en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, para evaluar la situación de grave conflicto frente a la construcción de una represa que inundará sus tierras. El Relator sugería en su informe que las obras se suspendieran a fin de crear las condiciones para la consulta con garantías a las comunidades. Otras instancias internacionales han intervenido en el mismo sentido. Entre la empresa constructora -la multinacional AES- y el Gobierno de Panamá han burlado la actuación internacional.

En su respuesta al informe del Relator Especial, el Gobierno panameño pretendía que la consulta ya se había realizado, mediante las formas constitucionales de participación, y que plantearla con las comunidades indígenas afectadas “resultaría discriminatorio frente al resto de la ciudadanía, carente de equidad (y) violatorio del ordenamiento jurídico vigente”. Con todo esto, comunicaba el Gobierno, “acceder la solicitud de suspensión resulta improcedente”. Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que obliga a tal consulta específica, pero es parte del sistema interamericano de derechos humanos cuya jurisprudencia ha sentado que la obligación existe en todo caso, pues se deriva del derecho indígena a la tierra, y es también mimebro de Naciones Unidas cuya Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas requiere el consentimiento libre, previo e informado de parte indígena. Las comunidades afectadas por las obras de AES no habían sido ni siquiera consultadas.

El Gobierno también pretendía, en su misma respuesta al Relator Especial, que las comunidades estaban siendo consultadas por la empresa y que en la mayoría de ellas se había llegado a “acuerdos voluntarios y bilaterales”, con esta redundante adjetivación, para el reasentamiento, con ese sustantivo que disimulase la expropiación y expulsión sin garantías algunas de procedimiento. El dato incluso se cuantificaba: “aquellas personas que han manifestado algún descontento constituyen mucho menos del 30%”; “más del setenta por ciento (74%) de la población total de las áreas impactadas han acordado reasentarse de manera libre, previa e informada”. El Gobierno endosa a la empresa la obligación “de elaborar un plan completo y participativo de reasentamiento”. Sobre este abandono de responsabilidades y con el argumento de que el Estado no tiene el deber de consultar por no haber ratificado el Convenio 169, el Gobierno se proclama representante del “interés público y social” y del “desarrollo nacional” dejando a las comunidades afectadas a merced de la multinacional AES.

A instancias de las comunidades, el caso también ha venido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras dicho diálogo frustrado entre el Relator Especial y el Gobierno panameño, a mediados del mes de junio, la Comisión otorga medidas cautelares, “hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva”. Así, “con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”, se dispone la suspensión de las obras. He aquí entonces un mandato internacional, ya no sólo una recomendación. De nada vale. El Gobierno de Panamá se reafirma en su posición rechazando las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana. El asunto pende por tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, AES no anda ociosa. No solo acelera las obras acentuando la presión sobre las comunidades, sino que, para vaciar el caso ante la jurisdicción interamericana, busca alguna forma de arreglo sin suspensión de la construcción ni pausa en el acoso. Nadie se ha creído, ni siquiera el Gobierno, que contase con un 74 % ni con tanto por ciento significativo ninguno de apoyo entre indígenas. Ahora, el día 12 de octubre exactamente, AES Panamá anuncia a bombo y platillo que se ha llegado a un arreglo. Presenta un documento fechado el 8 de octubre donde se da fe de unos acuerdos de procedimiento entre “el Estado de Panamá, la empresa AES Changuinola, S.A. y Comunidades de Charco La Pava, Valle del Rey y Changuinola Arriba por medio de sus representantes y dirigentes”. El documento narra negociaciones habidas a varias bandas desde finales de julio con el resultado que se recoge en una última cláusula.

“Las Comunidades, el Estado y la empresa -se nos comunica- han acordado suscribir convenios de compromiso en la (sic) que el Estado, como garante de los derechos humanos de los pueblos indígenas, velará por el cumplimiento y la implementación de los acuerdos definitivos a los que llegue con la empresa y la comunidad en materia de uso de tierras, asistencia y reubicación. Las partes por ese medio ponen a un lado sus diferencias, garantizando la construcción del proyecto de infraestructura que es vital para el desarrollo del país”.

Hay cosas desde luego sorprendentes en este documento, no sólo la de que la única garantía que expresamente se consigna es a favor de la empresa pues se asegura la construcción del proyecto. Las expectativas indígenas quedan ahora indefinidas en una tierra de nadie entre Estado parcial y empresa ventajista. Es ésta la que distribuye el documento. Sorprendente resulta que, pese a lo que se anuncia en el protocolo, nadie lo suscriba por parte del Estado. Y aunque se haya también anunciado que intervienen las comunidades mediante sus representantes y dirigentes, ninguna firma indígena, frente a lo que es costumbre bien arraigada, lleva aclarafirma especificando la condición con la que se actúa. No hay constancia de representación ninguna de parte indígena. La única reconocible es la de una rúbrica “por AES Changuinola”.

La sección de Comunicación y Asuntos Corporativos de AES Panamá no sólo procede, el 12 de octubre para mayor escarnio, a la distribución del documento, sino también a la propagación de informaciones sobre participación oficial que no se confirma por sus firmas, así como a la ilustración con una galería de fotos del acto de la suscripción en la comunidad Charco La Pava. En ellas, la única cara feliz es la del representante de la empresa. Los rostros indígenas reflejan recelo y tristeza. En las fotos la única representación reconocible es también tan sólo, por el logo de la gorra, la empresarial.

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El artículo completo está en GENOCIDIOS COTIDIANOS I

Indígenas ngäbe buglés piden a AES y el gobierno suspender proyecto hidroeléctrico

Indígenas piden suspender proyecto hidroeléctrico

PROTESTA. Indígenas ngäbe buglés realizaron piquetes en dos sitios de Calle 50 para exigir al Gobierno la suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 que construye la empresa AES Panamá en Changuinola. Los indígenas protestaron en horas del mediodía frente al edificio donde están las oficinas de AES Panamá; mientras que en la tarde se presentaron a la Defensoría del Pueblo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió, en julio, suspender la obra.

JOSÉ ARCIA

Inicios de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá
Inicios de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá


Gobierno defiende el interés nacional en pugna con grupo indígena

Gobierno defiende el interés nacional en la pugna de grupo indígena
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Panamá | CRITICAENLINEA

El secretario de Energía del Gobierno de Panamá, Juan Manuel Urriola, defendió hoy la “perspectiva nacional” en el conflicto que mantienen los indígenas Ngöbe-Buglé por la construcción de una hidroeléctrica de la empresa estadounidense AES en la comarca de Bocas del Toro.

Urriola explicó a Acan-Efe que se deben tener en cuenta “los derechos humanos de todos los panameños, no de cinco o seis”, y que hay que ver el conflicto desde una “perspectiva nacional”, porque “alguien queda afectado, pero el 99 por ciento de la población queda beneficiado”.

Sin el desarrollo de esta hidroeléctrica, a juicio de Urriola, Panamá “no tendrá energía suficiente” y la poca que tendrá será “a un coste exagerado”.

Representantes de las etnias Ngöbe-Buglé dieron ayer lunes un ultimátum al Gobierno para que suspenda la construcción de la hidroeléctrica, que anegará las comunidades indígenas de Changuinola Arriba, Charco La Pava, Valle del Rey, Guayabal y Lazo, según reconoce la misma empresa.

Los Ngöbe-Buglé reivindican que el territorio es su “patrimonio ancestral” y que ahora la compañía estadounidense AES, a través de su filial AES Changuinola, “va a inundar todo el pueblo con el embalse”, lo que afectará a 3.000 personas “directa e indirectamente”, cifra que la empresa reduce a 170 familias.

Según información facilitada a Acan-Efe por AES, el proyecto, que se inició en octubre de 2007 y se encuentra en un 56 por ciento de consecución, mantiene a más de 1.800 personas trabajando.

El “reasentamiento participativo”, como lo llama la empresa, ha “generando oportunidades” para la comunidad, al construir escuelas, dar acceso a centros médicos, así como capacitación en producción para garantizar “la sostenibilidad económica y seguridad alimentaria de estas familias”, todo “a pocos metros de la ubicación actual de la comunidad”.

AES Changuinola asegura que el 74% de las familias han firmado “acuerdos voluntarios” para ser reubicadas, tras vivir “en condiciones de pobreza, hacinamiento, insalubridad y con escasa cobertura de los servicios públicos”.

En cuanto a los indígenas que no quieren dejar su territorio, la empresa considera “que las únicas vías que utilizarán para continuar con los reasentamientos, son el diálogo y la negociación”.

El Defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Julio Vargas, que se reunió ayer con dirigentes de la comunidad indígena, explicó hoy a Acan-Efe que la actuación del Estado “ha sido muy tenue y se ha desconectado del desarrollo de la obra”.

Según él, se han llevado a cabo negociaciones entre comunidad y empresa sin la presencia del Estado, “que tiene que tener muy claro su rol de tutelar de manera efectiva los derechos de las comunidades”.

La Defensoría aboga por un “diálogo impostergable” entre Estado, comunidad y empresa, tal y como lo ha planteado en un informe remitido al Gobierno para que no “desatienda compromisos y obligaciones enmarcadas en los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Vargas.

Tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), como el relator especial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, solicitaron al Gobierno de Panamá adoptar medidas para proteger los derechos humanos de las etnias Ng be-Buglé, ante la construcción de esta central hidroeléctrica.

Changuinola I (CHAN 75) será “una fuente de energía renovable, cien por ciento panameña y a precios razonables”, afirma sobre su proyecto la compañía, que cifra la capacidad de generación eléctrica en 223 megavatios y destaca que “contribuirá a disminuir la dependencia” de Panamá con los combustibles fósiles.

AES opera en Latinoamérica desde 1993 y actualmente tiene presencia en Colombia, Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, la República Dominicana y Panamá, en los que cuenta con 47 plantas de generación y 9 empresas de distribución que sirven a 8 millones de clientes con una capacidad instalada de 11.224 megavatios.

Cámara de Comercio respalda violación a los derechos humanos en proyecto hidroeléctrico

PROYECTO HIDROELÉCTRICO

AES recibe respaldo

06-27-2009 | MANUEL LUNA G.
mluna@laestrella.com.pa

La Cámara de Comercio pide respuesta contundente

Capital PANAMÁ. La cúpula empresarial panameña salió en defensa del proyecto Changuinila 1 (Chan 75).

El presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Linares, advirtió que la suspensión de este proyecto hidroeléctrico “traería consecuencias graves para la estabilidad económica de la región y el desarrollo del país”.

La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Américanas solicitó recientemente suspender la construcción y demás actividades vinculadas con la concesión otorgada a AES Changuinola a lo largo del río Changuinola, hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva.

La medida fue tomada en respuestas a denuncias presentadas sobre supuestos daños causados al derecho de la propiedad y la seguridad de los indígenas ngöbe que habitan el Valle del río Changuinola.

Pero Linares dijo que confía “en que las respuestas que el gobierno brinde demostrará de forma contundente que no existen motivos para implementar las medidas cautelares que solicitaron la suspensión del proyecto”.

De acuerdo con el representante de los empresarios, la suspensión de la obra “sería un atentado contra la seguridad jurídica y enviaría un mensaje negativo para la inversión extranjera”. El proyecto hidroeléctrico generará 223 magavatios y actualmente registra un avance del 40%, en donde ya se han invertido 300 millones de dólares, de los 560 millones que costará la obra.

Unos 1,800 trabajadores laboran en el proyecto, que está programado para concluir en el año 2011.

El proyecto es desarrollado por AES Changuinola, subsidiaria de AES Corp, donde el Estado panameño también es accionistas.

Las autoridades panameñas han rechazado que se haya incurrido en violaciones a los derechos humanos de los indígenas. Mientras que grupos ambientalistas aplaudieron la medida adoptada por la OEA, el pasado 17 de junio.

Linares dijo que es preocupante que grupos anarquistas ajenos a los intereses de los panameños estén impulsado campañas difamatorias, manifestaciones, sabotaje y desinformación en contra del proyecto hidroélectrico.

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Burica Press le ha dado seguimiento a esta situación y sólo puede advertir que la Cámara de Comercio de Panamá, jamás aportó opiniones o comentarios que deslindaran las responsabilidades encomiadas a AES y al Estado Panameno como máximo responsable.

El discurso del senor Linares es tardío para defender los intereses de AES y los intereses de todo el gremio, que como buenos anarquistas sólo respetan las leyes a conveniencia.  AES y el Estado han incurrido en violación a los derechos humanos de pueblos indígenas y esto amerita una sanción ejemplar.

Nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley y nadie bajo ninguna circunstancia o motivo puede violar por acción o por omisión los sagrados derechos humanos.

La CIDH ha recibido diversas notificaciones y aclaraciones del Gobierno, que evidentemente no ha podido ocultar los hechos que ha llevado a esta sesuda decisión de este máximo órgano de justicia internacional.

Ahora sólo queda acatar, la medidas cautelares enunciadas.

Burica Press

Ngöbe Win Major Victory at Inter-American Commission on Human Rights

Panama’s Ngöbe Win Major Victory at Inter-American Commission on Human Rights

Washington, D.C.—After two years of brutal government repression and destruction of their homeland, the Ngöbe Indians of western Panama won a major victory yesterday as the Inter-American Commission on Human Rights called on Panama to suspend all work on a hydroelectric dam that threatens the Ngöbe homeland. The Chan-75 Dam is being built across the Changuinola River by the government of Panama and a subsidiary of the Virginia-based energy giant AES Corporation. The Commission’s decision was the result of a petition filed last year by the Ngöbe, after AES-Changuinola began bulldozing houses and farming plots. When the Ngöbe protested the destruction of their homes, the government sent in riot police who beat and arrested villagers, including women and children, and then set up a permanent cordon around the community to prevent anyone from entering the area. In addition to threatening the community, the dam will irreversibly harm the nearby La Amistad UN Biosphere Reserve.

“We are thrilled to have the Commission take these measures to protect Ngöbe communities,” said Ellen Lutz, executive director of Cultural Survival and lead counsel for the Ngöbe. “We are hopeful that this will help the government of Panama and AES recognize their obligation to respect Ngöbe rights.”

The Commission, which is a body of the Organization of American States, is still considering the Ngöbe’s petition and issued this injunction, called precautionary measures, to prevent any further threat to the community and the environment while the Commission deliberates on the merits of the case.

Specifically, the Commission called on the government to suspend all construction and other activities related to its concession to AES-Changuinola to build and administer the Chan-75 Dam and abutting nationally protected lands along the Changuinola River.

In addition to Chan-75, for which land clearing, roadwork, and river dredging are already well underway, the order covers two other proposed dam sites upstream. The Commission further called upon the government of Panama to guarantee the Ngöbe people’s basic human rights, including their rights to life, physical security, and freedom of movement, and to prevent violence or intimidation against them, which have typified the construction process over the past two years. The Commission required the government to report back to it in 20 days on the steps it has taken to comply with the precautionary measures.

Chan-75 would inundate four Ngöbe villages that are home to approximately 1,000. Another 4,000 Ngöbe living in neighboring villages would be affected by the destruction of their transportation routes, flooding of their agricultural plots, lack of their access to their farmlands, and reduction or elimination of fish that are an important protein source in their diet. It would also open up their territories to non-Ngöbe settlers.

According Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) the dam also will cause grave environmental harm to the UNESCO-protected La Amistad Biosphere Reserve, an international World Heritage Site that upriver from the dam site. Scientists believe that there is a high risk of losing important fish species that support the reserve’s wildlife, including several endangered species, because the dam will destroy their migration route.

“The Panamanian government must follow the precautionary measures issued by the Inter-American Commission on Human Rights and prevent further human rights violations and environmental damage” said Jacki Lopez, staff attorney for the Center for Biological Diversity, an organization that submitted an amicus curiae to the Inter-American Commission on Human Rights in support of the Ngöbe.

The Ngöbe people’s situation was the subject of a report by the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People, James Anaya, on May 12, 2009. Anaya concluded that the government ignored its obligation under international law to consult with the communities and seek their free, prior, and informed consent before moving ahead with the construction project. He urged AES-Changuinola to meet international standards for corporate social responsibility and not contribute, even indirectly, to violations of human rights.

CIDH ordena suspender hidroeléctrica Chan 75

CIDH ordena suspender hidroeléctrica

El proyecto Chan 75, que construye la empresa Aes Changuinola, en Bocas del Toro, enfrenta escollos legales debido a los desalojos hechos por la compañía en comunidades indígenas.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno panameño suspender la construcción de la hidroeléctrica Chan 75, que efectúa la empresa Aes Changuinola sobre el río Changuinola, en Bocas del Toro.

Además, la CIDH pidió que se suspendan las actividades relacionadas con la concesión que el Estado le otorgó a la empresa a lo largo del río Changuinola, hasta que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopte una decisión definitiva sobre las supuestas violaciones a los derechos de los indígenas.

La medida de la CIDH obedece a una denuncia que presentaron la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), de Panamá, y Cultural Survival, de Estados Unidos, en representación de las comunidades indígenas afectadas por las obras.

La denuncia se basa en que Aes Changuinola y el Gobierno panameño “violaron” los derechos de los indígenas al desalojarlos de sus comunidades de manera “forzosa” y, además, no se les permitió el libre consentimiento para decidir sobre la construcción del proyecto hidroeléctrico.

La CIDH también pidió al Gobierno panameño adoptar medidas para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad personal de los indígenas Ngäbe, con el fin de evitar actos de violencia. Esto, luego que en enero de 2008, la Policía Nacional arrestó a unos 40 indígenas que protestaban en contra del proyecto.

Plazo de 20 días para informar sobre proyecto Chan 75

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

El Gobierno panameño tiene 20 días para presentar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el cumplimiento de una medida cautelar que pidió el organismo internacional a favor de las comunidades indígenas ngäbe, afectadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

El organismo internacional decidió, el pasado miércoles 17 de junio, adoptar una medida cautelar a favor de los indígenas, a “fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y a la seguridad del pueblo ngäbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”.

En este sentido, la CIDH pidió al Gobierno suspender las obras de construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75, que desarrolla la empresa Aes Changuinola, subsidiaria de Aes Panamá.

El informe sobre el cumplimiento de esa acción debe ser actualizado periódicamente y, luego, la Comisión decidirá si levanta la medida o la prolonga. La CIDH adoptó la medida en respuesta a una demanda –por violación de derechos humanos– que presentaron Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Cultural Survival en nombre de las comunidades indígenas.

Susana Serracín, de la ACD, dijo que la medida “constituye un logro importante en la lucha del pueblo ngäbe, que se encuentra sumido en una situación de gravedad y urgencia por la construcción del proyecto”.

Al consultar a la empresa, esta consideró que es al Gobierno a quien le corresponde emitir comentarios sobre la decisión de la Comisión.

Se intentó, sin éxito, buscar una versión del Gobierno sobre este caso.

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