Indígenas ngäbe buglés piden a AES y el gobierno suspender proyecto hidroeléctrico

Indígenas piden suspender proyecto hidroeléctrico

PROTESTA. Indígenas ngäbe buglés realizaron piquetes en dos sitios de Calle 50 para exigir al Gobierno la suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 que construye la empresa AES Panamá en Changuinola. Los indígenas protestaron en horas del mediodía frente al edificio donde están las oficinas de AES Panamá; mientras que en la tarde se presentaron a la Defensoría del Pueblo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió, en julio, suspender la obra.

JOSÉ ARCIA

Inicios de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá
Inicios de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá


Hidroeléctrica de AES en entredicho

BOCAS DEL TORO

Hidroeléctrica de Aes, en entredicho

Naciones Unidas encuentra procedimientos inadecuados en el proceso de consulta y reubicación de comunidades indígenas en Changuinola.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugirió al Gobierno panameño la suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75, que construye la empresa Aes Changuinola, en Bocas del Toro.

La solicitud forma parte de las medidas preliminares que el relator especial de los Derechos Humanos de la ONU, James Anaya, hizo al Estado ante el incumplimiento de normas internacionales sobre el derecho indígena.

El informe del relator señala que el proyecto se construye sin el consentimiento de los indígenas que viven en las comunidades afectadas. “El Gobierno no llevó a cabo las consultas adecuadas”, señala el documento.

Javier Giorgio y Jaime Tupper, gerente de Aes y vicepresidente de la empresa para Centroamérica y el Caribe respectivamente, reconocieron que el proceso ha sido “muy complicado”, pero aseguran que las mudanzas se hicieron con la aprobación de los indígenas.

El Gobierno panameño, mediante informe enviado a la ONU, aduce que la suspensión es “improcedente” y que la hidroeléctrica es un proyecto de “interés nacional”.

Gobierno no acepta sugerencia de suspensión de la obra

ONU dice que se violó el derecho indígena

El proyecto Chan 75, que construye la empresa Aes Changuinola, es cuestionado por los inadecuados procesos de consulta y reubicación.

OBRA CIVIL. La represa que se construye sobre el río Changuinola terminará inundando mil 300 hectáreas de áreas protegidas. LA PRENSA/David Mesa1206995

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Los terrenos que hace 40 años han ocupado cuatro comunidades indígenas en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, quedarán bajo el agua a finales de 2010.

Para esa fecha, la empresa Aes Changuinola tiene previsto inundar las tierras para el embalse del proyecto hidroeléctrico Chan 75 (Changuinola 1), que construye en la zona.

Debido, precisamente, a las implicaciones sobre los derechos de los indígenas que tiene la construcción de la hidroeléctrica, el proyecto fue analizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El pasado 12 de mayo, el relator especial para los Derechos Humanos de la ONU, James Anaya, emitió un informe en el que establece que el Estado panameño incumplió normas internacionales sobre derechos indígenas durante el proceso de reubicación de algunas comunidades.

Las comunidades afectadas por el proyecto son Charco La Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, en las que vivían unas 170 familias, de las cuales 92 han sido ya reubicadas, según la empresa.

Además de estas cuatro comunidades, otras cuatro (Nance de Riscó, Valle de Riscó, Guayacán y Bajo la Esperanza) serán afectadas por el proyecto “en la medida en que sus alrededores experimentarán transformaciones significativas”.

Además del tema de las reubicaciones, el documento detalla que se vulneraron los derechos en el proceso de consulta y consentimiento, en las indemnizaciones, en la adopción de medidas de mitigación, en la participación de beneficios, en el derecho a la tierra, a los recursos naturales y la seguridad física.

“Las consultas que se han llevado a cabo pudieron no ser adecuadas”, señala el documento.

Frente a estas irregularidades, la ONU recomienda al Estado evaluar la posibilidad de suspender la obra.

Para conocer la versión de la Cancillería se contactó a su jefe de Comunicación, James Aparicio, a quien se le envió un cuestionario vía correo electrónico. La solicitud no fue contestada.

Sin embargo, se tuvo acceso al informe que el Gobierno mandó a la ONU como respuesta. En este documento, el Gobierno señala que la solicitud de suspensión de la obra resulta “improcedente” porque la empresa “no ha incumplido sus obligaciones legales, contractuales y regulatorias”. Además, aduce, se trata de “un proyecto de interés nacional”.

El Gobierno dice, además, que las comunidades sí recibieron la información y oportunidad de ser oídas.

Javier Giorgio, gerente País de Aes, y Jaime Tupper, vicepresidente de la empresa para Centroamérica y el Caribe, reconocieron que el proceso ha sido “muy complicado”, pero aseguran que los reasentamientos se hicieron con la aprobación de los indígenas.

Ambos directivos concordaron en señalar que todo este proceso le ha costado a la empresa $18 millones más de lo previsto.

Dentro del presupuesto total –de 560 millones de dólares–, Aes había destinado $12 millones para aspectos sociales, entre ellos reubicar e indemnizar a las familias afectadas. Esa suma, según los ejecutivos, ya alcanza los $30 millones.

Aun así, Giorgio y Tupper aseguran que se sienten confiados en las negociaciones, y afirman que no se ha roto el diálogo y que lograrán acuerdos con todas las familias antes de que llegue el momento de inundar el área.

…“aquí casi todo el mundo recibe plata de esta gente”

El Estado, ausente en disputa entre indígenas y multinacional

Goliat genera energía

Comunidades amenazadas por el megaproyecto hidroeléctrico de AES Changuinola

AVANCE. Los trabajos de construcción del dique principal de Chan 1 van a toda máquina. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Paco Gómez

Paco Gómez Nadal
CHANGUINOLA, Bocas del Toro

nacionales@prensa.com

Hay 112 escalones que separan a la comunidad de Charco La Pava del imponente río Changuinola. El aliento no alcanza para el caminante urbano, pero el empinado reto no logrará evitar que esta comunidad quede anegada cuando la represa que se construye a escasos 300 metros entre en operación.

Cuando esto ocurra, la comunidad habrá sido trasplantada a la loma de un cerro que alcanza a divisarse desde el caserío actual. Estará a unos 20 minutos a pie del agua y a una derrota de su tradición, de su forma de vida.

Alrededor de Charco La Pava, AES Panamá –la principal empresa generadora de energía en el país– avanza a pasos de gigante en su proyecto de Hidroeléctrica Chan 75 (Ahora Chan 1) y, a cada paso, las tensiones con y entre la comunidad crecen alimentadas a punta de salarios y discursos.

Algo más de 563 millones de inversión, unos 900 trabajadores, campamentos para sus técnicos que se parecen a los enclaves en la antigua Zona del Canal y… un “pequeño” problema: las comunidades indígenas ngöbe como Charco La Pava, Guayabal, Lazo o Valle del Rey, entre otras. Según los datos de AES, 159 familias con 800 miembros cuyas tierras quedarán dentro de las mil 394 hectáreas que serán anegadas.

Desde hace cuatro años, la empresa ha jugado a dividir la comunidad y desde entonces el pleito ha pasado de las palabras a los enfrentamientos violentos, por la represión policial [la empresa tiene un contrato de prestación de servicios de seguridad con la Policía Nacional] y llegando a la visita de James Anaya, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas el pasado 29 de enero. “Desde que vino Anaya, la empresa presiona un poco menos”, explica Bernardino Tera, de Guayabal. “Bueno, en realidad han cambiado la técnica, ahora utilizan gente de la misma comunidad para convencer y presionar a los que no le vemos el beneficio al proyecto”.

No opina lo mismo Thais Mejía, actual enlace de AES con la comunidad. “No se crean que ese señor [Anaya] les va a solucionar algo, es con nosotros con quien hay que negociar”. Sus palabras se escuchan en el precario salón de la escuela de Charco La Pava donde varios empleados de AES y funcionarios de diversas instituciones del Estado se reúnen con algunos miembros de la comunidad favorables al proyecto. La negociación se acaba cuando se trata de lo que AES denomina Reasentamiento Participativo. “Lo que sí les digo es que el reasentamiento va por que va. Vamos atrasados y no vamos a parar porque tres o cuatro personas no estén de acuerdo”. Concluye “la licenciada”.

A pocos metros de la escuela, Rafael Ábrego, uno de los que se enfrenta a AES mantiene otra versión de la historia. “Ellos nos desprecian, nos dicen que vivimos sucios, entre los animales y la basura, en casas feas… Nos quieren meter en casas de bloque, lejos del río”. Desde el lugar donde está sentado Rafael y Amelia Pineda –otra líder contundente en su posición– se pude ver el incómodo camino de piedritas hecho por AES como aporte a la comunidad. “Debe ser para no mancharse ellos cuando vienen, nosotros vamos con botas de caucho”.

Desde Charco La Pava se pueden ver las obras del dique principal de 99 metros de altura. La devastación es evidente. Ahora, unas 40 personas de las comunidades trabajan temporalmente para AES. Se pasean por el área con casco y chaleco, pero con muy pocas funciones. “Engañan a unos porque son analfabetos o no hablan español. A otros, los compran por un salario, aprovechando su pobreza”, se lamenta Ábrego.

El caso simbólico que muestra AES de estos reasentamientos “participativos” es el de Isabel Beker. De hecho, en su sitio web la ponen como ejemplo de mejora de calidad de vida. Cuando James Anaya visitó a la señora, el símbolo no cumplió con el guión y contó que quiere volver a Charco La Pava y cómo la forzaron abandonar el terreno en el área de la represa.

Valentín Pineda, administrador regional de la Autoridad del Ambiente en Bocas del Toro, cree que debido a lo “conflictivo” del proyecto la mayoría de las delegaciones provinciales del Gobierno central “no han sido suficientemente beligerantes”. En Chan 75 “se dejó la parte social para el final y tuvimos que jalarle las orejas a la empresa”, continúa Pineda quien al final reconoce que, en cualquier caso, sus competencias son limitadas. “Hay decisiones que se toman en Panamá”.

La ausencia del Estado en estos conflictos es evidente. Las comunidades deben negociar por su cuenta y eso las deja en clara desventaja. En el caso de Charco La Pava la desconfianza de los habitantes ante cualquier extraño es contundente. Llegar allá es difícil, porque la empresa controla la carretera pública y registra e interroga a todo aquél que quiera entrar a la zona. Ganarse la confianza de los habitantes es igual de difícil.

Los indígenas ngöbes saben que esta pelea les toca solos. En Charco La Pava, Ernesto López está seguro de que la comunidad tendrá que tomar otra vez “medidas de fuerza”. “El Gobierno está para ayudar a la empresa y en Changuinola todos los medios de comunicación están comprados… no quedan muchas alternativas”. Una mirada que confirma un periodista local en Changuinola, aunque pide el anonimato por miedo a represalias: “aquí casi todo el mundo recibe plata de esta gente”. Un único cabo suelto para Goliat: la diminuta población que sigue oponiéndose a reasentamientos o a compra de tierras.

Estudio desnuda monopolio y manejo de precios en la electricidad

Científicos de la Universidad de Tokyo destacan monopolio y manipulación de precios en mercado eléctrico panameño

Panamá. 28 de diciembre de 2008. Burica Press. En un artículo que ya ha sido publicado en línea en la prestigiosa revista científica International Journal of Electrical and Power Engineering denominado Analysis of the Electric Power Sector Restructuring in a Cost-Based Dispatch Environment –Análisis de la reestructuración del Sector de Energía Eléctrica basado en un costo de ambiente de despacho– de los investigadores Irina Falconett y Ken Nagasaka del Departmento de Ingeniería Electrónica e Información, de la  Universidad de Tokyo de Agricultura y Tecnología de Japón (versión pdf: http://www.medwelljournals.com/fulltext/ijepe/2009/85-93.pdf) han indicado escuetamente que en Panamá existe un dominio de un par de empresas que bajo los esquemas legales establecidos luego de la privatización, estas empresas fijan los precios de la electricidad en Panamá.  Ellos estudiaron el impacto de la introducción de la competencia en la industria del suministro de electricidad en el país.

El estudio destaca el impacto del sector privado en los precios y el poder de mercado en un sistema dominado por la capacidad hidroeléctrica, donde para dicho análisis utilizaron las fórmulas de equilibrio de Nash-Cournot para evaluar la generación de los beneficios de las empresas en un mercado de la electricidad, donde  con dicho mecanismo o fórmula, llegaron a la conclusión que el precio al por menor para los consumidores residenciales de Panamá ha aumentado gradualmente y de manera significatica después que el proceso de reestructuración y privatización se inició en 1997.

Después de la introducción de la competencia en el sector de generación eléctrica, se incrementó en un 35% la capacidad instalada de las hidroeléctricas y la capacidad de generación térmica disminuyó un 24%.  Tres compañías de generación controlan el 72.2% la capacidad de generación eléctrica del país. Sin embargo la capacidad hidro está concentrada en dos compañías (AES y Fortuna).  Durante el período de Enero de 2005 y Diciembre de 2007 tres compañías fijaron los precios de mercado de la siguiente manera: Fortuna 36,2%, 34,1% y AES BLM 27,1%. Además, las empresas AES y Fortuna tienen mayor proporción de la electricidad generada en el mercado de 31 y 25%, respectivamente.

En 2007, la demanda total de energía en Panamá fue de aproximadamente 6.078 GWh, con una demanda pico máxima de 1024 MW y la capacidad instalada fue 1471 MW. La generación hidroeléctrica es la principal fuente de la electricidad, se trata de 57,2% del total de capacidad instalada.

Los investigadores concluyeron que en función de los costos basados en el envío o despacho, el operador del sistema tiene un papel fundamental en el mercado ocasional o spot. Este decide la forma de comercio de energía en el mercado sobre la base del costo marginal de la compañias generadoras. En consecuencia, las compañías generadoras compiten sobre la base de su costo de producción. El mecanismo de precios en el mercado spot es igual al costo de producción de la última unidad generadora de envío, esto ha demostrado que las dos mayores empresas generadoras AES y Fortuna suelen fijar el precio de mercado.

Durante el período, cuando la gran cantidad de energía se comercializó en el mercado de contratos, no hubo incentivos para aumentar el precio spot por parte de las compañías generadoras. Sin embargo, a partir de 2005 los precios spot tendieron a aumentar debido a la mayor volatilidad en el mercado spot y del ejercicio del poder de mercado por las empresas hidroeléctricas. Incluso cuando los precios se han establecido igual a los costos marginales, los generadores han sido capaces de obtener mayores beneficios de la manipulación de los precios spot. Estas estrategias han elevado el precio promedio pagado por los consumidores.

A pesar que la generación hidroeléctrica es la principal fuente de la electricidad en Panamá, los precios al por menor son más más altos que la mayoría de los países de América Latina. Como consecuencia del costo de oportunidad del agua para la generación hidroeléctrica, que se calcula sobre la base del coste del suministro de electricidad en ausencia de la generación hidroeléctrica. Por lo tanto, la electricidad generada por centrales hidroeléctricas se paga como el costo marginal de todos los generadores térmicos del sistema. Como los precios de los combustibles fósiles han alcanzado su máximo histórico de la misma manera el mercado spot ha subido.

Por tanto se desprende de este estudio que las reglas del juego de privatización del antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación se hicieron en función de asegurar los beneficios de las empresas  y no en función de los mejores intereses del país y de sus ciudadanos.

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Vea además:

Monopolio

AES presentó inventario biológico de la cuenca media del Río Changuinola

AES Corporation presentó línea base biológica del Estudio de Impacto Ambiental para hidroeléctricas en Bocas del Toro

Panamá. Burica Press (21 de noviembre de 2008). Finalmente AES Panamá ha completado el inventario de la flora y fauna acuática y terrestre de la cuenca media del Río Changuinola como parte del requisito de realizar la línea base biológica del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Changuinola 1 (Chan 75)” a un costo de $ 1. 3 millones.

Este estudio ha sido seguido de cerca por ecologistas nacionales e internacionales que objetan la construcción de grandes represas en una reserva biológica que consideran un patrimonio de la Humanidad de incalculable valor.

El EIA presentado y aprobado en el año 2005 ante la Autoridad Nacional del Ambiente siempre fue denunciado por los ecologistas como un estudio ilegal, dado que no contenía los elementos mínimos para ser considerado un real Estudio de Impacto Ambiental, pero que aún así fue aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiental (ANAM) de Panamá.

AES Corporation pretende realizar al menos dos represas grandes en esta área protegida

AES Corporation pretende realizar al menos dos represas grandes en esta área protegida, Bosque Protector Palo Seco, zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. Foto: Jeff Stein

Este estudio actualiza una serie de estudios previos realizados en la cuenca desde la década de 1970, donde ha resultado en un aumento significativo del conocimiento de la rica biodiversidad de esta área protegida, denominada oficialmente, Bosque Protector de Palo Seco en la provincia de Bocas del Toro.

El inventario presentado a la comunidad científica nacional y al público en general, contiene información valiosa sobre la riqueza de especies de fauna y flora en el área, de manera que se aportan nuevos conocimientos sobre la biodiversidad de la zona y de la cuenca hidrográfica. “El resultado de este estudio revela nuestras preocupaciones y es que es un área de excepcional riqueza biótica, que hace inviable proyectos hidroeléctricos en esta Reserva de la Biosfera, ya que también afecta al Parque  Internacional La Amistad, sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad” advirtió el ecologista y biólogo, Ariel Rodríguez de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo. “Ahora veremos qué decisión toma la Autoridad ante la vulnerabilidad ambiental que representa hacer proyectos hidroeléctricos en esta área”, recalcó el ecologista Rodríguez.

Por su parte Humberto Gonzalez, gerente general de AES Changuinola dijo sentirse orgulloso “de hacer este valioso aporte a la ciencia y específicamente a la provincia de Bocas del Toro”. “Este estudio es un paso más en nuestro compromiso frente a las realidades ambientales. Nuestros proyectos alrededor del mundo se caracterizan por su rigurosidad y metodología científica comprobada para el cumplimiento de las medidas ambientales y el aporte a la conservación de los recursos naturales del planeta”.

El impacto social sobre indigenas Ngobes no es menos grave que las afectaciones al medio biótico que producen los proyectos hidroeléctricos planteados en esta zona

El impacto social sobre indígenas Ngobes no es menos grave que las afectaciones al medio biótico que producen los proyectos hidroeléctricos planteados en esta zona. Foto: Jeff Stein

El inventario estuvo a cargo de la firma Montgomery-Watson y Harza (MWH) y la ejecución del muestreo en campo en Panamá estuvo a del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), misión internacional que realiza consultorías de este tipo.

“Este inventario de flora y fauna en la cuenca media del Río Changuinola deja al descubierto que en Panamá se puede hacer daños ambientales graves sin consecuencias legales, cuando la corrupción de las autoridades ampara semejante destrucción. Es increíble que estén presentando estos estudios a un año de haber iniciado una devastación sin precedentes en toda la cuenca con estos proyectos hidroeléctricos.

Agregó además que “el principio precautorio fue ignorado y seguirá siendo ignorado por la ANAM con tal de seguir favoreciendo los intereses del AES en la zona” advirtió la abogada ambiental Susana Serracín, quien se mostró escéptica e indicó que “estos estudios solo servirán de recuerdo de la diversidad biológica que una represa puede destruir y no se utilizará para detener la destrucción de AES en esta reserva de la humanidad”, sentenció la jurisconsulta.