Indígenas ngäbe buglés piden a AES y el gobierno suspender proyecto hidroeléctrico

Indígenas piden suspender proyecto hidroeléctrico

PROTESTA. Indígenas ngäbe buglés realizaron piquetes en dos sitios de Calle 50 para exigir al Gobierno la suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 que construye la empresa AES Panamá en Changuinola. Los indígenas protestaron en horas del mediodía frente al edificio donde están las oficinas de AES Panamá; mientras que en la tarde se presentaron a la Defensoría del Pueblo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió, en julio, suspender la obra.

JOSÉ ARCIA

Inicios de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá
Inicios de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá


Hidroeléctrica de AES en entredicho

BOCAS DEL TORO

Hidroeléctrica de Aes, en entredicho

Naciones Unidas encuentra procedimientos inadecuados en el proceso de consulta y reubicación de comunidades indígenas en Changuinola.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugirió al Gobierno panameño la suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75, que construye la empresa Aes Changuinola, en Bocas del Toro.

La solicitud forma parte de las medidas preliminares que el relator especial de los Derechos Humanos de la ONU, James Anaya, hizo al Estado ante el incumplimiento de normas internacionales sobre el derecho indígena.

El informe del relator señala que el proyecto se construye sin el consentimiento de los indígenas que viven en las comunidades afectadas. “El Gobierno no llevó a cabo las consultas adecuadas”, señala el documento.

Javier Giorgio y Jaime Tupper, gerente de Aes y vicepresidente de la empresa para Centroamérica y el Caribe respectivamente, reconocieron que el proceso ha sido “muy complicado”, pero aseguran que las mudanzas se hicieron con la aprobación de los indígenas.

El Gobierno panameño, mediante informe enviado a la ONU, aduce que la suspensión es “improcedente” y que la hidroeléctrica es un proyecto de “interés nacional”.

Gobierno no acepta sugerencia de suspensión de la obra

ONU dice que se violó el derecho indígena

El proyecto Chan 75, que construye la empresa Aes Changuinola, es cuestionado por los inadecuados procesos de consulta y reubicación.

OBRA CIVIL. La represa que se construye sobre el río Changuinola terminará inundando mil 300 hectáreas de áreas protegidas. LA PRENSA/David Mesa1206995

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Los terrenos que hace 40 años han ocupado cuatro comunidades indígenas en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, quedarán bajo el agua a finales de 2010.

Para esa fecha, la empresa Aes Changuinola tiene previsto inundar las tierras para el embalse del proyecto hidroeléctrico Chan 75 (Changuinola 1), que construye en la zona.

Debido, precisamente, a las implicaciones sobre los derechos de los indígenas que tiene la construcción de la hidroeléctrica, el proyecto fue analizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El pasado 12 de mayo, el relator especial para los Derechos Humanos de la ONU, James Anaya, emitió un informe en el que establece que el Estado panameño incumplió normas internacionales sobre derechos indígenas durante el proceso de reubicación de algunas comunidades.

Las comunidades afectadas por el proyecto son Charco La Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba, en las que vivían unas 170 familias, de las cuales 92 han sido ya reubicadas, según la empresa.

Además de estas cuatro comunidades, otras cuatro (Nance de Riscó, Valle de Riscó, Guayacán y Bajo la Esperanza) serán afectadas por el proyecto “en la medida en que sus alrededores experimentarán transformaciones significativas”.

Además del tema de las reubicaciones, el documento detalla que se vulneraron los derechos en el proceso de consulta y consentimiento, en las indemnizaciones, en la adopción de medidas de mitigación, en la participación de beneficios, en el derecho a la tierra, a los recursos naturales y la seguridad física.

“Las consultas que se han llevado a cabo pudieron no ser adecuadas”, señala el documento.

Frente a estas irregularidades, la ONU recomienda al Estado evaluar la posibilidad de suspender la obra.

Para conocer la versión de la Cancillería se contactó a su jefe de Comunicación, James Aparicio, a quien se le envió un cuestionario vía correo electrónico. La solicitud no fue contestada.

Sin embargo, se tuvo acceso al informe que el Gobierno mandó a la ONU como respuesta. En este documento, el Gobierno señala que la solicitud de suspensión de la obra resulta “improcedente” porque la empresa “no ha incumplido sus obligaciones legales, contractuales y regulatorias”. Además, aduce, se trata de “un proyecto de interés nacional”.

El Gobierno dice, además, que las comunidades sí recibieron la información y oportunidad de ser oídas.

Javier Giorgio, gerente País de Aes, y Jaime Tupper, vicepresidente de la empresa para Centroamérica y el Caribe, reconocieron que el proceso ha sido “muy complicado”, pero aseguran que los reasentamientos se hicieron con la aprobación de los indígenas.

Ambos directivos concordaron en señalar que todo este proceso le ha costado a la empresa $18 millones más de lo previsto.

Dentro del presupuesto total –de 560 millones de dólares–, Aes había destinado $12 millones para aspectos sociales, entre ellos reubicar e indemnizar a las familias afectadas. Esa suma, según los ejecutivos, ya alcanza los $30 millones.

Aun así, Giorgio y Tupper aseguran que se sienten confiados en las negociaciones, y afirman que no se ha roto el diálogo y que lograrán acuerdos con todas las familias antes de que llegue el momento de inundar el área.

…“aquí casi todo el mundo recibe plata de esta gente”

El Estado, ausente en disputa entre indígenas y multinacional

Goliat genera energía

Comunidades amenazadas por el megaproyecto hidroeléctrico de AES Changuinola

AVANCE. Los trabajos de construcción del dique principal de Chan 1 van a toda máquina. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Paco Gómez

Paco Gómez Nadal
CHANGUINOLA, Bocas del Toro

nacionales@prensa.com

Hay 112 escalones que separan a la comunidad de Charco La Pava del imponente río Changuinola. El aliento no alcanza para el caminante urbano, pero el empinado reto no logrará evitar que esta comunidad quede anegada cuando la represa que se construye a escasos 300 metros entre en operación.

Cuando esto ocurra, la comunidad habrá sido trasplantada a la loma de un cerro que alcanza a divisarse desde el caserío actual. Estará a unos 20 minutos a pie del agua y a una derrota de su tradición, de su forma de vida.

Alrededor de Charco La Pava, AES Panamá –la principal empresa generadora de energía en el país– avanza a pasos de gigante en su proyecto de Hidroeléctrica Chan 75 (Ahora Chan 1) y, a cada paso, las tensiones con y entre la comunidad crecen alimentadas a punta de salarios y discursos.

Algo más de 563 millones de inversión, unos 900 trabajadores, campamentos para sus técnicos que se parecen a los enclaves en la antigua Zona del Canal y… un “pequeño” problema: las comunidades indígenas ngöbe como Charco La Pava, Guayabal, Lazo o Valle del Rey, entre otras. Según los datos de AES, 159 familias con 800 miembros cuyas tierras quedarán dentro de las mil 394 hectáreas que serán anegadas.

Desde hace cuatro años, la empresa ha jugado a dividir la comunidad y desde entonces el pleito ha pasado de las palabras a los enfrentamientos violentos, por la represión policial [la empresa tiene un contrato de prestación de servicios de seguridad con la Policía Nacional] y llegando a la visita de James Anaya, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas el pasado 29 de enero. “Desde que vino Anaya, la empresa presiona un poco menos”, explica Bernardino Tera, de Guayabal. “Bueno, en realidad han cambiado la técnica, ahora utilizan gente de la misma comunidad para convencer y presionar a los que no le vemos el beneficio al proyecto”.

No opina lo mismo Thais Mejía, actual enlace de AES con la comunidad. “No se crean que ese señor [Anaya] les va a solucionar algo, es con nosotros con quien hay que negociar”. Sus palabras se escuchan en el precario salón de la escuela de Charco La Pava donde varios empleados de AES y funcionarios de diversas instituciones del Estado se reúnen con algunos miembros de la comunidad favorables al proyecto. La negociación se acaba cuando se trata de lo que AES denomina Reasentamiento Participativo. “Lo que sí les digo es que el reasentamiento va por que va. Vamos atrasados y no vamos a parar porque tres o cuatro personas no estén de acuerdo”. Concluye “la licenciada”.

A pocos metros de la escuela, Rafael Ábrego, uno de los que se enfrenta a AES mantiene otra versión de la historia. “Ellos nos desprecian, nos dicen que vivimos sucios, entre los animales y la basura, en casas feas… Nos quieren meter en casas de bloque, lejos del río”. Desde el lugar donde está sentado Rafael y Amelia Pineda –otra líder contundente en su posición– se pude ver el incómodo camino de piedritas hecho por AES como aporte a la comunidad. “Debe ser para no mancharse ellos cuando vienen, nosotros vamos con botas de caucho”.

Desde Charco La Pava se pueden ver las obras del dique principal de 99 metros de altura. La devastación es evidente. Ahora, unas 40 personas de las comunidades trabajan temporalmente para AES. Se pasean por el área con casco y chaleco, pero con muy pocas funciones. “Engañan a unos porque son analfabetos o no hablan español. A otros, los compran por un salario, aprovechando su pobreza”, se lamenta Ábrego.

El caso simbólico que muestra AES de estos reasentamientos “participativos” es el de Isabel Beker. De hecho, en su sitio web la ponen como ejemplo de mejora de calidad de vida. Cuando James Anaya visitó a la señora, el símbolo no cumplió con el guión y contó que quiere volver a Charco La Pava y cómo la forzaron abandonar el terreno en el área de la represa.

Valentín Pineda, administrador regional de la Autoridad del Ambiente en Bocas del Toro, cree que debido a lo “conflictivo” del proyecto la mayoría de las delegaciones provinciales del Gobierno central “no han sido suficientemente beligerantes”. En Chan 75 “se dejó la parte social para el final y tuvimos que jalarle las orejas a la empresa”, continúa Pineda quien al final reconoce que, en cualquier caso, sus competencias son limitadas. “Hay decisiones que se toman en Panamá”.

La ausencia del Estado en estos conflictos es evidente. Las comunidades deben negociar por su cuenta y eso las deja en clara desventaja. En el caso de Charco La Pava la desconfianza de los habitantes ante cualquier extraño es contundente. Llegar allá es difícil, porque la empresa controla la carretera pública y registra e interroga a todo aquél que quiera entrar a la zona. Ganarse la confianza de los habitantes es igual de difícil.

Los indígenas ngöbes saben que esta pelea les toca solos. En Charco La Pava, Ernesto López está seguro de que la comunidad tendrá que tomar otra vez “medidas de fuerza”. “El Gobierno está para ayudar a la empresa y en Changuinola todos los medios de comunicación están comprados… no quedan muchas alternativas”. Una mirada que confirma un periodista local en Changuinola, aunque pide el anonimato por miedo a represalias: “aquí casi todo el mundo recibe plata de esta gente”. Un único cabo suelto para Goliat: la diminuta población que sigue oponiéndose a reasentamientos o a compra de tierras.

Estudio desnuda monopolio y manejo de precios en la electricidad

Científicos de la Universidad de Tokyo destacan monopolio y manipulación de precios en mercado eléctrico panameño

Panamá. 28 de diciembre de 2008. Burica Press. En un artículo que ya ha sido publicado en línea en la prestigiosa revista científica International Journal of Electrical and Power Engineering denominado Analysis of the Electric Power Sector Restructuring in a Cost-Based Dispatch Environment –Análisis de la reestructuración del Sector de Energía Eléctrica basado en un costo de ambiente de despacho– de los investigadores Irina Falconett y Ken Nagasaka del Departmento de Ingeniería Electrónica e Información, de la  Universidad de Tokyo de Agricultura y Tecnología de Japón (versión pdf: http://www.medwelljournals.com/fulltext/ijepe/2009/85-93.pdf) han indicado escuetamente que en Panamá existe un dominio de un par de empresas que bajo los esquemas legales establecidos luego de la privatización, estas empresas fijan los precios de la electricidad en Panamá.  Ellos estudiaron el impacto de la introducción de la competencia en la industria del suministro de electricidad en el país.

El estudio destaca el impacto del sector privado en los precios y el poder de mercado en un sistema dominado por la capacidad hidroeléctrica, donde para dicho análisis utilizaron las fórmulas de equilibrio de Nash-Cournot para evaluar la generación de los beneficios de las empresas en un mercado de la electricidad, donde  con dicho mecanismo o fórmula, llegaron a la conclusión que el precio al por menor para los consumidores residenciales de Panamá ha aumentado gradualmente y de manera significatica después que el proceso de reestructuración y privatización se inició en 1997.

Después de la introducción de la competencia en el sector de generación eléctrica, se incrementó en un 35% la capacidad instalada de las hidroeléctricas y la capacidad de generación térmica disminuyó un 24%.  Tres compañías de generación controlan el 72.2% la capacidad de generación eléctrica del país. Sin embargo la capacidad hidro está concentrada en dos compañías (AES y Fortuna).  Durante el período de Enero de 2005 y Diciembre de 2007 tres compañías fijaron los precios de mercado de la siguiente manera: Fortuna 36,2%, 34,1% y AES BLM 27,1%. Además, las empresas AES y Fortuna tienen mayor proporción de la electricidad generada en el mercado de 31 y 25%, respectivamente.

En 2007, la demanda total de energía en Panamá fue de aproximadamente 6.078 GWh, con una demanda pico máxima de 1024 MW y la capacidad instalada fue 1471 MW. La generación hidroeléctrica es la principal fuente de la electricidad, se trata de 57,2% del total de capacidad instalada.

Los investigadores concluyeron que en función de los costos basados en el envío o despacho, el operador del sistema tiene un papel fundamental en el mercado ocasional o spot. Este decide la forma de comercio de energía en el mercado sobre la base del costo marginal de la compañias generadoras. En consecuencia, las compañías generadoras compiten sobre la base de su costo de producción. El mecanismo de precios en el mercado spot es igual al costo de producción de la última unidad generadora de envío, esto ha demostrado que las dos mayores empresas generadoras AES y Fortuna suelen fijar el precio de mercado.

Durante el período, cuando la gran cantidad de energía se comercializó en el mercado de contratos, no hubo incentivos para aumentar el precio spot por parte de las compañías generadoras. Sin embargo, a partir de 2005 los precios spot tendieron a aumentar debido a la mayor volatilidad en el mercado spot y del ejercicio del poder de mercado por las empresas hidroeléctricas. Incluso cuando los precios se han establecido igual a los costos marginales, los generadores han sido capaces de obtener mayores beneficios de la manipulación de los precios spot. Estas estrategias han elevado el precio promedio pagado por los consumidores.

A pesar que la generación hidroeléctrica es la principal fuente de la electricidad en Panamá, los precios al por menor son más más altos que la mayoría de los países de América Latina. Como consecuencia del costo de oportunidad del agua para la generación hidroeléctrica, que se calcula sobre la base del coste del suministro de electricidad en ausencia de la generación hidroeléctrica. Por lo tanto, la electricidad generada por centrales hidroeléctricas se paga como el costo marginal de todos los generadores térmicos del sistema. Como los precios de los combustibles fósiles han alcanzado su máximo histórico de la misma manera el mercado spot ha subido.

Por tanto se desprende de este estudio que las reglas del juego de privatización del antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación se hicieron en función de asegurar los beneficios de las empresas  y no en función de los mejores intereses del país y de sus ciudadanos.

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Vea además:

Monopolio

AES presentó inventario biológico de la cuenca media del Río Changuinola

AES Corporation presentó línea base biológica del Estudio de Impacto Ambiental para hidroeléctricas en Bocas del Toro

Panamá. Burica Press (21 de noviembre de 2008). Finalmente AES Panamá ha completado el inventario de la flora y fauna acuática y terrestre de la cuenca media del Río Changuinola como parte del requisito de realizar la línea base biológica del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Changuinola 1 (Chan 75)” a un costo de $ 1. 3 millones.

Este estudio ha sido seguido de cerca por ecologistas nacionales e internacionales que objetan la construcción de grandes represas en una reserva biológica que consideran un patrimonio de la Humanidad de incalculable valor.

El EIA presentado y aprobado en el año 2005 ante la Autoridad Nacional del Ambiente siempre fue denunciado por los ecologistas como un estudio ilegal, dado que no contenía los elementos mínimos para ser considerado un real Estudio de Impacto Ambiental, pero que aún así fue aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiental (ANAM) de Panamá.

AES Corporation pretende realizar al menos dos represas grandes en esta área protegida

AES Corporation pretende realizar al menos dos represas grandes en esta área protegida, Bosque Protector Palo Seco, zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. Foto: Jeff Stein

Este estudio actualiza una serie de estudios previos realizados en la cuenca desde la década de 1970, donde ha resultado en un aumento significativo del conocimiento de la rica biodiversidad de esta área protegida, denominada oficialmente, Bosque Protector de Palo Seco en la provincia de Bocas del Toro.

El inventario presentado a la comunidad científica nacional y al público en general, contiene información valiosa sobre la riqueza de especies de fauna y flora en el área, de manera que se aportan nuevos conocimientos sobre la biodiversidad de la zona y de la cuenca hidrográfica. “El resultado de este estudio revela nuestras preocupaciones y es que es un área de excepcional riqueza biótica, que hace inviable proyectos hidroeléctricos en esta Reserva de la Biosfera, ya que también afecta al Parque  Internacional La Amistad, sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad” advirtió el ecologista y biólogo, Ariel Rodríguez de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo. “Ahora veremos qué decisión toma la Autoridad ante la vulnerabilidad ambiental que representa hacer proyectos hidroeléctricos en esta área”, recalcó el ecologista Rodríguez.

Por su parte Humberto Gonzalez, gerente general de AES Changuinola dijo sentirse orgulloso “de hacer este valioso aporte a la ciencia y específicamente a la provincia de Bocas del Toro”. “Este estudio es un paso más en nuestro compromiso frente a las realidades ambientales. Nuestros proyectos alrededor del mundo se caracterizan por su rigurosidad y metodología científica comprobada para el cumplimiento de las medidas ambientales y el aporte a la conservación de los recursos naturales del planeta”.

El impacto social sobre indigenas Ngobes no es menos grave que las afectaciones al medio biótico que producen los proyectos hidroeléctricos planteados en esta zona

El impacto social sobre indígenas Ngobes no es menos grave que las afectaciones al medio biótico que producen los proyectos hidroeléctricos planteados en esta zona. Foto: Jeff Stein

El inventario estuvo a cargo de la firma Montgomery-Watson y Harza (MWH) y la ejecución del muestreo en campo en Panamá estuvo a del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), misión internacional que realiza consultorías de este tipo.

“Este inventario de flora y fauna en la cuenca media del Río Changuinola deja al descubierto que en Panamá se puede hacer daños ambientales graves sin consecuencias legales, cuando la corrupción de las autoridades ampara semejante destrucción. Es increíble que estén presentando estos estudios a un año de haber iniciado una devastación sin precedentes en toda la cuenca con estos proyectos hidroeléctricos.

Agregó además que “el principio precautorio fue ignorado y seguirá siendo ignorado por la ANAM con tal de seguir favoreciendo los intereses del AES en la zona” advirtió la abogada ambiental Susana Serracín, quien se mostró escéptica e indicó que “estos estudios solo servirán de recuerdo de la diversidad biológica que una represa puede destruir y no se utilizará para detener la destrucción de AES en esta reserva de la humanidad”, sentenció la jurisconsulta.

AES apela al diálogo para resolver conflicto

Compañía eléctrica apela al diálogo para resolver conflicto en Panamá

Organización Editorial Mexicana
22 de mayo de 2008
DPA. Ciudad de Panamá, Panamá. – La campañía de generación de energía AES Panamá, que construye una hiodroeléctrica en la caribeña provincia de Bocas de Toro, limítrofe con Costa Rica, apelará al diálogo para resolver las demandas territoriales de los indígenas y las protestas de grupos ecologistas opuestos al proyecto.

El anuncio fue hecho este jueves por Humberto González, presidente, representante legal y gerente de AES Changuinola, al explicar el procedimiento seguido en la construcción del proyecto Changuinola I, conocido como Chan 75, que adicionará unos 223 megavarios al sistema eléctrico nacional.

González reoconoció que “el cambio trae reacciones y resistencia”, pero subrayó que AES pretenden resolver los obstáculos a través del diálogo y la conversación con indígenas y los grupos opuestos el proyecto, concebido para adicionar el equivalente al 15 por ciento del consumo energetico nacional.

Manifestantes indígenas de la etnia Ngöbe-Buglé y activistas de organizaciones no gubernamentales fueron reprimidos en los últimos meses por agentes policiales, en medio de protestas contra la empresa de energía, a la que acusan de tratar de despojarlos de antiguos territorios y lucrar con el potencial hídrico.

Sin embargo, sectores empresariales consideran crucial la contrucción de la obra, debido a que la demanda de electricidad crece a un ritmo superior al 5.0 por ciento por año, y ha sobrepasado las proyecciones técnicas de hace cinco años. El alto consumo obligó al gobierno a aplicar en mayo medidas de racionamiento.

González aclaró que la compañía propuso el reasentamiento de unas 159 familias indígneas, de las cuales 86 aceptaron un acuerdo de traslado de las tierras que ocupan en el bosque protector Palo Seco, creado en septiembre de 1983. La propuesta consiste en reponerle a las familias sus viviendas y fincas, para un desarrollo sostenible.

AES Panamá, subsidiaria de AES Corporation, establecida en Arlington, Estados Unidos, recibió una concesión administrativa de parte del Estado panameño, para la construcción de tres tramos hidroeléctricos en el caudaloso río Changuinola, en Bocas del Toro, a través de la inversión de unos 560 millones de dólares.

No obstante, asociaciones indígenas rechazan la concesión, mientras que otros reclaman indemnizaciones millonarias. Algunos grupos exigen ser socios del proyecto hidroeléctrico, considerado el de mayor envergadura después del inicio de la ampliación del Canal de Panamá, para tránsito de grandes buques mercantes.

La compañía invirtió en los últimos nueve años unos 500 milloness de dólares en proyectos de energía en este país. A finales de 2007, contaba con cuatro centrales hidroeléctricas, en el oriente y el occidente panameño, con una capacidad instalada de 482 megavatios.

En Latinoamérica, las inversiones de AES Corporation alcanzan a países como Colombia, Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, República Dominicana y Panamá.

Militarización del territorio Ngobe para imponer “hidros” de AES

MILITARIZACION DEL TERRITORIO NGOBE PARA FORZAR LA CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA CHANGUINOLA I (CHAN 75) EN PANAMA

Changuinola –BURICA PRESS, 12 de febrero de 2008

Desde el pasado 3 de enero, el Sub-Comisionado José Manuel Ríos de la Policía Nacional ha ordenado la ocupación forzosa del Territorio Ngobe del Corregimiento de Valle de Riscó en la Provincia de Bocas del Toro, Reserva de la Biosfera de La Amistad, con la finalidad de permitir la construcción de la hidroeléctrica Changuinola I (Chan 75), propiedad de la estadounidense Corporación AES. Esta operación ha involucrado numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo la persecución de dirigentes; el maltrato y arresto ilegal de mujeres, menores de edad y adultos mayores; la violación a las libertades de transito y de asociación de los moradores del área; y la destrucción masiva de los cultivos de subsistencia de varias familias indígenas de Nance de Riscó, Charco de La Pava y Valle del Rey. Todos estos abusos han sido cometidos con la anuencia y participación de personal de AES y de la empresa de capital danés Changuinola Civil Works (E. Pihl & Son y MT Hojgaard).

Ante la creciente militarización de las comunidades Ngobe del Rió Changuinola, los afectados han presentado quejas ante la Defensoria del Pueblo y ante la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional, sin que todavía hayan recibido ninguna respuesta. Además, el pasado 21 de diciembre también interpusieron un amparo de garantías constitucionales en la Corte Suprema de Justicia, el cual todavía no ha sido resuelto por la máxima entidad de justicia del país. A pesar de todos estos esfuerzos, las arbitrariedades y abusos de la Policía Nacional, bajo el mando del Sub-Comisionado Ríos, han continuado en aumento. Según el dirigente comunitario, Ernesto López, quien fuera perseguido por la Policía Nacional en el mes de enero, “nuestras comunidades se encuentran en un estado de sitio”.

La eliminación de cultivos de subsistencia; el control del ingreso a las comunidades indígenas y la instalación de un campamento permanente de la Policía Nacional entre Nance de Risco y Charco de La Pava son evidencias indiscutibles de que el Gobierno de Martín Torrijos ha optado por realizar un reasentamiento involuntario de la población Ngobe de la Reserva de la Biosfera de La Amistad, contraviniendo de esta manera lo establecido en el articulo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, que indica que “los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras y territorios”. Según Osvaldo Jordán de la Alianza para la Conservacion y el Desarrollo (ACD), “nunca antes se había dado algo así en la historia de nuestro país. El Gobierno de Martín Torrijos pasara a la historia como el que mayores abusos ha cometido en contra de la población indigena”. Como ironía del destino, de acuerdo a una publicación de la antropóloga Francois Guionneau Sinclair, en 1964 el jefe regional de la Guardia Nacional y padre del actual presidente, Omar Torrijos Herrera, prefirió dialogar y buscar una resolución pacifica al levantamiento general de la población Ngobe en la Provincia de Chiriqui. Al parecer, ni el Sub-Comisionado José Manuel Ríos ni el Presidente de la República han aprendido nada de esta lección histórica.

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THE MILITARIZATION OF THE NGOBE TERRITORY IN ORDER TO CONSTRUCT THE HYDROELECTRIC DAM CHANGUINOLA 75 (CHAN 75) IN PANAMA

BURICA PRESS, Feb., 12, 2008

Even since January 3, 2008, the Sub-Commissioner of the Nacional Police, José Manuel Ríos, has ordered the forced occupation of the Ngobe Territory in the areas surrounding the town Valle de Riscó in the Bocas del Toro province, part of the annex of the international Biosphere Reserve La Amistad, in order to make concession for the construction of the hydroelectric dam Changuinola I (Cha 75), which pertains to the US American entity AES Corporation. This forced occupation has incurred a growing number of human rights violations, including but not limited to the persecution of community leaders; the mistreatment and illegal arrest of women, minors (including infants-in-arms), and adults; the obstruction of the liberty of transit and the freedom of assembly of the inhabitants; and the large-scale destruction of the cultivation of subsistence farming of a number of families in the towns of Nance de Riscó, Charco de La Pava and Valle del Rey. Such abuses have been commited with the full consent and participation of certain employees of both AES Corporation and the Danish investment company Changuinola Civil Works (E. Pihl & Son and MT Hojgaard).

To confront this growing militarization of the Ngobe communities along the Changuinola river, the affected persons have presented complaints to the Public Defense (Defensoria del Pueblo) as well as the Department of Professional Responsibility (DRP) of the National Police. However, these complaints have elicited no response from either entity. More urgently, the Supreme Court of Justice of Panama has yet to take action on the injunction of constitutional guarantees filed by the concerned persons on December 21, 2007. Despite the efforts of the affected communities, the number of irregularities and abuses executed by the National Police under the orders of Sub-Commissioner Ríos has continued to rise. According to community leader Ernesto López, who suffered harassment from the National Police in the month of January 2008, “our communities are under siege.”

The destruction of subsistence crops, the patrolling of the entrance and exit of persons to and from these indigenous communities, and the installation of a permanent National Police station between Nance de Risco and Charco de la Pava are undeniable proofs of the shortcomings of the current administration of Panama. It is clear that the administration of Martín Torrijos has chosen a policy of involuntary relocation of the Ngobe population of the international Biosphere Reserve La Amistad, in such a way violating Article 10 of the International Declaration of Indigenous Rights, which states that “indigenous peoples will not be forcefully displaced from their lands and territories.” According to Osvaldo Jordán of the Alliance for Conservation and Development (ACD), “There has never been anything like this in the history of our country. Martín Torrijos’s government will go down in history as the administration which committed the most shocking abuses against Panama’s indigenous population.” Ironically, according to a publication of anthropologist Francois Guionneau Sinclair, in 1964 Panama’s regional chief of the National Guard (and father of Martín Torrijos) Omar Torrijos Herrera, chose a path of dialogue and peaceful resolution to the general uprising of the Ngobe peoples in the province of Chiriqui. Apparently, neither Sub-Commissioner José Manuel Ríos nor the President of the Republic have learned anything from this critical lesson in Panama’s history.