Amador destruido y relleno de ilegalidades

Amador, relleno de nuevas anomalías

Los concesionarios temen que el nuevo gobierno los intervenga y, ahora voluntariamente, prometen arreglos de pago sobre su alta morosidad.

DESCONTROL. La vista aérea muestra el desarrollo del proyecto Naos Harbour y atrás el relleno de Brisas de Amador. En ambos casos el gobierno revisará el contrato por irregularidades y la morosidad encontrada. LA PRENSA/David Mesa
 

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

rberrocal@prensa.com

Las irregularidades dentro de las concesiones de la calzada de Amador no han parado de expandirse. Edificios por encima de la altura, rellenos no autorizados, planes de inversión incumplidos y una morosidad que asciende a 26.8 millones de dólares, es el panorama actual de las concesiones en el lugar.

La Prensa realizó el 6 de abril de 2008 un reportaje sobre el estatus de cada contrato en la calzada de Amador, poniendo al descubierto una serie de anomalías que se presentaban en ese momento. Pero en la actualidad, 15 meses después, la situación no ha sido corregida, sino que ha empeorado.

La deuda morosa de los concesionarios de Amador tuvo un incremento de casi siete millones de dólares, los rellenos ilegales continuaron expandiéndose y varios edificios hoy compiten por la mayor altura en el lugar.

El gobierno ha prometido poner la casa en orden y ya intervino en dos de los rellenos en el lugar: el del Grupo F. y Brisas de Amador.

La acción generó que todos los concesionarios se acercaran la semana pasada a las oficinas de Unidad Administrativa de Bienes Revertidos a proponer arreglos de pago. Liriola Pittí, jefa de esta oficina, dijo que no solo se revisará la morosidad, sino el cumplimiento de todos los contratos.

José Carrillo, representante legal del Grupo F., dijo que la empresa está en disposición de llegar a un acuerdo con el gobierno. Abraham Hasky, de Brisas de Amador, aseveró que ha propuesto un arreglo de pago; mientras que el grupo FARM señaló que el saldo moroso por 2 millones de dólares que tiene con el gobierno no es correcto.

INVERSIONISTAS TEMEN QUE EL PRESIDENTE, RICARDO MARTINELLI, SE TOME SU PROYECTO EN SU PRÓXIMA VISITA A LAS ISLAS ARTIFICIALES Y PROMETEN PAGAR SUS DEUDAS CON EL ESTADO A TRAVÉS DE ARREGLOS

Amador, entre morosidad e ilegalidad

El Gobierno se ha propuesto poner la casa en orden y ha fijado como fecha límite para que los concesionarios de Amador paguen su deuda morosa el 30 de julio.

CONSTRUCCIÓN. Edificios de Brisas de Amador que no cumplen con las guías de diseño de Amador. LA PRENSA/Eric Batista
 

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

rberrocal@prensa.com

Todos los concesionarios de la calzada de Amador corrieron la semana pasada a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) a tratar de evitar que el Gobierno irrumpa en sus construcciones, como ya sucedió con los rellenos en el mar del Grupo F. y de Brisas de Amador.

Unos propusieron arreglos de pago con un adelanto del 30% sobre su morosidad; otros afirmaron que la cuenta que le tienen en la institución está abultada, pero que pagarían de acuerdo a sus cálculos; mientras que el Grupo F. simplemente pidió entrar en negociación.

Para el Gobierno, la decisión está tomada. “Vamos a poner la casa en orden y estamos empezando por el caso más serio que es el área de la calzada de Amador”, dijo Liriola Pittí, administradora de la UABR.

En las últimas dos semanas el propio presidente, Ricardo Martinelli, irrumpió en los rellenos del Grupo F. y Brisas de Amador y los identificó con un letrero que dice “Propiedad del Estado”.

El mandatario manifestó que en ambos casos se trata de “rellenos ilegales” y advirtió que le caerá “todo el peso de la ley” a quienes sigan abusando con estos rellenos.

El Ministerio de Economía y Finanzas también puso un ultimátum a los concesionarios de Amador que tienen deuda morosa con el Estado y puso como fecha límite el 30 de julio.

“Se hacen los locos y no pagan”, recalcaba Martinelli en momentos en que colocaba la bandera de Panamá dentro del relleno de Brisas de Amador.

CONTRATOS BAJO LA LUPA

Según Pittí ya hay una serie de incumplimientos encontrados en los contratos de la calzada de Amador que están siendo objeto de análisis. Los casos incluyen morosidad, rellenos ilegales, plan de inversión incumplido, violación a las normas de zonificación del área, plan de desarrollo distorsionado, entre otros.

“No hemos descubierto el agua tibia, esto se sabía desde hace mucho tiempo. Sencillamente lo que estamos haciendo es ‘actuando’ para resolver las situaciones de conflicto”, comentó Pittí.

MILLONARIA DEUDA

De acuerdo con el último informe de la dirección de Finanzas de la UABR, las cuentas pendientes en la calzada de Amador ascienden a 26.8 millones de dólares. Esto representa el 79.9% del total del saldo a pagar de los concesionarios de todas las áreas revertidas.

Solo el Grupo F. tiene en el registro de la UABR una cuenta pendiente por 17.8 millones de dólares. Sin embargo, la institución ya no la califica como deuda morosas, sino como “pendiente por fallo de la Corte Suprema de Justicia”.

Otro de los problemas que se registran en la calzada de Amador es que tres de los concesionarios –Brisas de Amador, Naos Harbour island y el Grupo F.–, avanzaron sus construcciones sin tener las adendas a sus contratos refrendadas.

INVERSIONISTAS HABLAN

Para Miguel López Piñeiro, presidente del grupo Fuerte Amador Resort y Marina (Farm) y Marina Montemar, el problema de estas concesiones parte de que todos los contratos están mal confeccionados. Señaló que en el caso de sus concesiones hubo errores en la extensión de las tierras entregadas y el cálculo de los cánones.

Abraham Hasky, representante de Brisas de Amador, comentó: “Los últimos gobiernos nunca se han acercado a nosotros para preguntarnos en qué nos pueden ayudar, solo se acercaron para preguntarnos en qué podían ‘jodernos”.

Señaló que si existe buena voluntad de parte de las nuevas autoridades, también está dispuesto a llegar a un acuerdo de pago.

Según los cálculos del Gobierno, Brisas de Amador rellenó 2.8 hectáreas más de lo que se le había permitido, entre otras anomalías que están siendo revisadas.

La intención de la UABR es tratar de arreglar amistosamente la situación con todos sus concesionarios, pero será una tarea difícil tomando en cuenta que varios de los casos están demandados ante la Corte.

“Ya hemos atendido a varios de ellos. Hemos invitado a todos a acercarse a poner sus cuentas al día y estamos en la mejor disposición de resolver los conflictos o problemas que hay”, dijo Liriola Pittí, en respuesta a las aprensiones que existen de parte de los concesionarios.

Paralelamente, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) también revisa las concesiones de fondo de mar que ha dado en la Calzada de Amador. “Le pedimos a los concesionarios morosos que vengan a poner sus documentos en regla; que nos ayuden a poner la casa en orden; de lo contrario aplicaremos la ley. La época de los padrinos ya terminó, la ley es igual para todos”, advirtió Roberto Linares, administrador de la AMP.

DEUDAS DE ARRASTRE

33.6 – millones de dólares es la deuda morosa en todas las áreas revertidas.

26.8 – millones de dólares es la deuda pendiente de los concesionarios de la calzada de Amador.

17.8 – millones de dólares es la deuda contabilizada por el Gobierno al Grupo F.

6 – de los 13 concesionarios que operan en la calzada de Amador tienen sus cuentas al día con el Estado.


Grupo F. y marina:

EL GRAN RELLENO. Vista de los proyectos del Grupo F., incluyendo el relleno para una marina en la calzada de Amador. LA PRENSA/David Mesa
 

El Grupo F. tiene tres concesiones a las cuales se le han decretado órdenes de suspensión por incumplimiento y morosidad. Sin embargo, la empresa ha logrado frenar las acciones a través de recursos legales que no han sido resueltos hasta la fecha. Ello incluye el contrato del Boulevard de Alta Moda, el Parque Temático y el relleno de la marina recientemente cautelado por el gobierno de Ricardo Martinelli.

Este es el caso más complicado dentro de las concesiones de la calzada de Amador con deudas por cobrar que ascienden a 17.8 millones de dólares según un informe oficial. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) señaló que en estos contratos se están revisando todos los aspectos, no solo la morosidad.

En el caso del Boulevard de Alta Moda y el Parque Temático se revisará el cumplimiento del programa de inversión. “Ellos han desvirtuado la propuesta original y ahora operan con un área de discotecas llamado Zona Viva. Eso no estaba contemplado de esa manera”, dijo una de las funcionarias que se encargará de revisar la concesión del Grupo F.

El proyecto de la marina también está suspendido por la AMP, aduciendo que no se autorizó un relleno de más de 10 hectáreas en el lugar.

El relleno también afectó mil 640 metros cuadrados de la parcela 3 que aún está bajo la administración de la UABR.


FARM y Marina Montemar:

ISLA FLAMENCO. En la concesión de FARM la morosidad es de 2 millones de dólares, pero la empresa dice que solo debe 300 mil dólares. LA PRENSA/David Mesa
 

En la concesión del grupo de Fuerte Amador Resort y Marina (FARM) se presenta una diferencia en las cuentas por pagar, tras un supuesto error en el cálculo de la extensión de la concesión por 5 mil 600 metros cuadrados. Para el Ministerio de Economía y Finanzas esta empresa tiene una morosidad de 2 millones 77 mil dólares, pero el concesionario tiene una cuenta mucho menor: 300 mil dólares.

Miguel López Piñeiro, presidente de FARM, indicó que el único tema que deben arreglar con el Gobierno es la cuenta pendiente. “Nosotros tenemos todo en orden, no hay nada que ver”, dijo Piñeiro. Pero otro punto a revisar en esta concesión es el programa de inversión que incluía un hotel 5 estrellas. López dijo que su plan de inversión fue de 15 millones de dólares y su proyecto ya lleva invertido en el lugar 35 millones de dólares. Señaló que el hotel no se podrá construir hasta tener los cuatro carriles en toda la calzada de Amador.

FARM también es el propietario de Marina Montemar, que tiene una morosidad por 1.7 millón de dólares. Los representantes de la empresa dicen que el Gobierno le está acumulando la deuda sin haberles entregado el derecho a entrar al lugar.


Brisas de Amador y marina:

FUERA DEL LÍMITE. El Gobierno calificó de ilegal parte del relleno que construyó esta empresa en Isla Perico. LA PRENSA/David Mesa
 

La concesión de Brisas de Amador es el segundo caso más polémico dentro de la calzada de Amador.

La morosidad de esta empresa alcanza los 2.9 millones de dólares, el relleno marino tiene 2.8 hectáreas fuera del límite autorizado, según el Gobierno, sus edificios de apartamentos están por encima del límite permitido y la comercialización de sus apartamentos también será objeto de evaluación.

Abraham Hasky, representante de Brisas de Amador, dijo que le propondrá al Gobierno un arreglo de pago con un primer abono de 20% o 30% sobre la morosidad, pero señaló que también sustentarán con documentación cómo el relleno que construyeron tiene permiso y además que se lo autoriza el contrato.

Por otra parte, Hasky se refirió al tema de la altura de sus edificios y dijo que todo tiene una explicación técnica.

Sin embargo, se conoció que Brisas de Amador tramitó su permiso de construcción en el Ministerio de Vivienda sin pasar por la revisión de la Guía de Diseño de Amador. Hasky también defiende la venta de apartamentos con títulos dentro de su concesión, algo que la nueva jefa de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, Liriola Pittí, reiteró que está prohibido.


Naos Harbour Island:

‘RESORT’. El promotor de Naos Harbour Island aún no tiene aprobada la adenda a su proyecto. LA PRENSA/David Mesa
 

Los representantes de Naos Harbour Island fueron uno de los primeros concesionarios en presentarse a las oficinas de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) para evitar cualquier acción en contra de su proyecto turístico. Sin embargo, la empresa a cargo de Marco Shrem no habló del caso con La Prensa.

Entre los temas a revisar de esta concesión está la deuda pendiente de 1.7 millón de dólares, la altura de sus edificios acorde con las guías de diseño de Amador, y la figura de comercialización de sus apartamentos. Liriola Pittí, administradora de la UABR, afirmó que no permitirá la venta de apartamentos en estas concesiones porque está prohibido. “Todas las figuras de comercialización que ellos están utilizando las vamos a revisar para asegurarnos que los inversionistas no sean engañados”, dijo Pittí. Sin embargo, páginas de internet promocionan el proyecto como una solución residencial con apartamentos de una y tres recámaras.

También promocionan la construcción de un hotel y un casino para el cual tampoco tiene aprobación. Además, Naos Harbour Island tramita con la Autoridad Marítima de Panamá la concesión de un derecho a mar para construir un atracadero de barcos. Según ha señalado la empresa se trata de una estructura diferente a una marina que no pone en riesgo la operación del Canal.

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Manos a la obra.  A rescatar la belleza y esplendor natural de esta área que ha sido invadida por inescrupulosos avaros que no le ha importado destruir la belleza de Amador con tal de hacerse de dinero fácil.

Como en todo queremos ver el final en esto y que sea de beneficio para el país y de dominio público como lo fue un día, aún en manos norteamericanas.  Ahora está enajenado por gente de dudosa reputación y solvencia.

La destrucción y enajenación de espacios públicos citadinos de Amador sólo son un reflejo del poder que tiene la corrupción mixta empresa privada-gobierno en Panamá.

Se llegará al final de la jornada en este caso. Amanecerá y veremos.

Burica Press

Fraude en concesiones en islas

EN APEGO A LAS LEYES.

Sobre el caso de Brisas de Amador

Eduardo Esquivel R.
opinion@prensa.com

He visto con curiosidad el actual “intercambio” de acusaciones y aclaraciones entre la Unidad Administrativa de las áreas Revertidas (antigua ARI) y la empresa llamada Las Brisas de Amador S.A., que construye una especie de resort en la isla.

Una modesta opinión sobre el asunto: lo primero que llama la atención es que esta empresa pretende arreglar sus asuntos legales con anuncios en los periódicos, lo que es insólito en un país donde las normas legales están muy claras.

Está claro que una “concesión” es una cesión por parte del Estado de un área determinada de terreno… por un tiempo determinado. O sea, una especie de alquiler. Es obvio que la persona que concesiona o alquila no es propietaria del terreno ni de las mejoras hechas sobre el. Mal puede, entonces, vender cualquier mejora hecha, ya que legalmente estaría vendiendo algo que no es de su propiedad. Por ejemplo, los corredores norte y sur son concesiones, y en un tiempo determinado revertirán con todas sus mejoras al Estado.

La Unidad Administrativa de los Bienes Revertidos es la autoridad que maneja este caso, mal puede hacer “interpretaciones” de los contratos. Los contratistas deben acatar a la autoridad y responder por las violaciones hechas a los contratos. La famosa “adenda” aprobada por la extinta ARI no tiene ningún valor por no haber sido refrendada por la Contraloría de la Nación, precisamente porque esta pretende cambiar el sentido de la concesión, que impide la venta de propiedades en las áreas concesionadas, lo que es ilegal.

En cuanto a la altura de los edificios, la guía de diseños para el proyecto establece que la “altura máxima” no debe exceder de seis pisos sobre el nivel de la calle del edificio. Pero los edificios son realmente de ocho pisos. La empresa pretende burlar esta norma con una argucia increíble: hizo una rampa–terraplén por detrás del edificio que llega al tercer piso, y alega que esta es la calle, por lo tanto de allí hay seis pisos. No menciona que hay otra calle que pasa por el nivel real del edificio, o sea el primer piso, y está claro en los planos que el edificio tiene ocho pisos, como bien alega la Unidad Administrativa de los Bienes Revertidos. En este lugar, por el cerro adyacente, se podría construir un edificio de 20 pisos, y hacer una rampa–calle al piso 15, y alegar que este solo tiene cinco pisos sobre la calle.

He visto que cuando a un proyecto de estos se le denuncia o acusa de irregularidades, morosidad o violaciones a las normas, su defensa consiste en amenazar con que se atenta contra la “seguridad jurídica” y “ahuyentar las inversiones”, etc. etc. lo que parece dejar temblando a las autoridades.

El autor es ingeniero

En el limbo rellenos ilegales en Amador

CONCESIONES.

Sin regularizar, rellenos en Amador

La AMP dice que es la Dirección de Catastro del MEF la que debe encargarse del tema por ser tierra firme.

LA PRENSA/Carlos Lemos.
Relleno de Las Brisas de Amador.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

Ninguna institución pública quiere responsabilizarse o encargarse de los problemas e irregularidades que se presentan en las concesiones de la Calzada de Amador. En juego están más de 11 hectáreas de relleno en el mar, construidos por el Grupo F y Las Brisas de Amador.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha hecho pública su posición de que la institución que debe encargarse de regularizar el problema es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya que se trata de rellenos en el mar que se convirtieron en tierra firme.

“Esto deja de ser una concesión de la AMP por derecho a uso de fondo de mar y se convierte en una propiedad del Estado, por lo que debe intervenir la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF para ponerle un precio a esa tierra”, dijo Carlos Ernesto González De La Lastra, secretario general de la AMP.

Señaló que en la última reunión del comité interinstitucional que revisa el tema de las concesiones en Amador, el MEF se comprometió a tomar acciones a través de la Dirección de Catastro. “Estamos esperando que eso suceda”, dijo de González De La Lastra.

El Comité Interinstitucional está integrado por la AMP, el MEF, la Contraloría General de la República, la Autoridad Nacional del Ambiente y el Ministerio de la Presidencia.

Pero en el MEF casi nadie quiere hablar del tema de los rellenos en Amador.

La institución solo se limitó a decir que sus abogados siguen evaluando el tema y que el mismo es “estrictamente delicado”.

“No queremos fallar en una decisión que tomemos”, recalcó Manuel Naza, jefe de información del MEF, hablando en nombre de la viceministra de Finanzas, Gisela Porras.

En tanto, Antonio Domínguez, directivo de la desaparecida Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), señaló que el problema está en la administración que se le ha dado a estas concesiones en los últimos años.

CALZADA DE AMADOR.

García de Paredes: Todos se tiran la pelota y nadie se responsabiliza

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

El ex presidente de la junta directiva de la desaparecida Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), Gustavo García de Paredes, sostiene que siempre ha existido un problema de responsabilidades con el tema de las concesiones en Amador.

“Todos se tiran la pelota y nadie quiere hacerse responsable. Nadie asume la responsabilidad absoluta”, dijo García de Paredes.

Antonio Domínguez, ex directivo de la ARI, también manifestó que la Unidad de Bienes Revertidos del MEF está utilizando diferentes criterios para manejar las concesiones, lo que ha permitido que se cometan irregularidades. “No me extraña que se haya perdonado cuentas pendientes por arrendamiento a algunos de los concesionarios”, dijo.

Los representantes de Las Brisas de Amador y del Grupo F. aseguran que tienen los planos aprobados para haber construido los rellenos. Pero la Autoridad Marítima de Panamá asegura que nunca autorizó los rellenos.

Anarquía urbana en islas y costa de Amador

DEUDAS MILLONARIAS. EL CASO DE FIGALI ES SÓLO PARTE DEL PROBLEMA.

Anarquía en Amador

Ocho de los 13 concesionarios del área tienen causales para la suspensión de los contratos.

El Gobierno reconoció unos 7 millones de dólares en créditos en algunas de las inversiones en marinas.

LA PRENSA/Carlos Lemos

SIN LÍMITES. La AMP asegura que nunca llegó a aprobar los rellenos en isla Perico, y tampoco el del Grupo F, a la entrada de Amador.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com

La Calzada de Amador, una de las áreas revertidas de mayor potencial turístico de Panamá, sólo le ha dejado ingresos al Estado por 6.3 millones de dólares durante los últimos 10 años de arrendamientos.

Las causas del problema son: contratos mal estructurados, inquilinos que se resisten a pagar, demandas legales, rellenos fuera de lugar, programa de inversión incumplido, y cánones de arrendamiento muy bajos. Incluso, el Estado ha reconocido créditos de hasta 7 millones de dólares por algunas de estas inversiones.

El caso del Grupo F., del empresario Jean Figali, es sólo una parte del rompecabezas.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos reconoce el problema y trata en estos momentos de negociar con cada concesionario el pago de las cuentas atrasadas (18 millones de dólares). Contratos como el de Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island no están legalizados, pero las obras tienen un 70% de avance.

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BIENES REVERTIDOS. LA RECAUDACIÓN acumulada en 10 años ES SÓLO DE 6 MILLONES de dólares.

El desmadre de Amador

Casi todas las concesiones, según el Gobierno, han violado los compromisos pactados y mantienen altas morosidades en los alquileres. El MEF acepta que existen causales para la suspensión de varios contratos.

Tres de los grandes proyectos no están legalizados porque se encuentran pendientes de aprobación de adendas. Las empresas están ejecutando obras diferentes a las aprobadas y han construido rellenos no autorizados.

LA PRENSA/Carlos Lemos
DISEÑO. Uno de los problemas es la construcción de edificios por encima de la altura permitida.1006646

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com

La Calzada de Amador es una de las áreas de mayor valor comercial en el país por su potencial turístico. Pero la realidad es otra cuando se miden los ingresos que recibe el Estado por su arrendamiento: es una de las peor pagadas.

Esto se debe a que los concesionarios del área pactaron cánones que suenan ridículos y encima de ello son unos de los clientes con mayor morosidad que tiene el Estado, con cuentas pendientes por 18 millones de dólares.

Por ejemplo, en las marinas construidas o en construcción, el canon fijado es de dos centésimos por metro cuadrado, muy por debajo, por ejemplo, de lo que una persona de clase media alta paga por el alquiler de un apartamento de 250 metros cuadrados.

Durante los últimos 10 años sólo se han recaudado 6 millones de dólares en concepto de arrendamientos de la infraestructura del lugar y derecho a nuevas construcciones.

Lo más irónico de ello es que algunos de los inquilinos del área han logrado que el Gobierno les reconozca en créditos las inversiones que han hecho y que ellos solamente utilizan como negocio.

La Prensa realizó una investigación sobre la condición actual de cada contrato de concesión en la Calzada de Amador encontrando que detrás de todo hay un sin número de violaciones e irregularidades de las que no escapa casi ninguno de los concesionarios, aunque existen excepciones.

Demandas legales, cuentas atrasadas, hoteles y centros comerciales no construidos, rellenos fuera de lugar, edificios por encima de la altura permitida y planos alterados son parte del problema.

El caso del Grupo F, del empresario Jean Figali, ha sido el más sonado por la magnitud y las consecuencias legales que ha levantado.

Este concesionario sólo ha pagado 246 mil 555 dólares (en 2005) por las 19 hectáreas que tiene en la Calzada de Amador.

Todas las demandas del Grupo F fueron a parar al despacho del magistrado Winston Spadafora en la Corte Suprema de Justicia, donde no se han movido en más de cuatro años, lo que le ha permitido completar un relleno de mar e, incluso, mantener sus contratos con el Estado, pese a la suspensión de estos.

Pero los vecinos de Figali en Amador también tienen problemas y diferencias que no han salido a la palestra pública aún, muchas de ellas constituyen causales para la suspensión de las concesiones.

“Si se pudiera, ya le hubiera prendido fósforo a todos los contratos de concesión en la Calzada de Amador”, dijo Julio Ross Anguizola, jefe de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Fuerte Amador Resort y Marina, Las Brisas de Amador, Marina Monte Mar y Naos Harbour Island son los casos donde hay mayor morosidad después del Grupo F.

Ross indicó que la forma y las condiciones en que fueron hechos los contratos hace difícil administrarlos como se debe. También aceptó que en la mayoría de los casos hay causales y pruebas para disolver los contratos.

Pero Ross señaló que prefiere buscar acuerdos amistosos con cada concesionario antes de proceder a acciones más enérgicas. “No nos interesa cerrar negocios, pero los concesionarios deben cumplir con la ley y sus contratos”, dijo el funcionario.

Las negociaciones entre concesionarios y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos ya llevan un año de estar en marcha. Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island se acogieron a arreglos de pago, mientras que en otros casos no se pudo llegar a un acuerdo.

Esto ha llevado a la suspensión de los dos primeros contratos que datan de 2003: Tulsin Investment e Inmobiliaria Amador S.A. El primero debía construir un hotel y el segundo un centro comercial, ambos en la entrada de la Calzada de Amador.

Pero a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos se le ha hecho más difícil actuar contra los clientes que ya tienen construcciones realizadas, como es el caso de Fuerte Amador Resort y Marina que en sus 10 años de contrato sólo ha pagado 407 mil 759 dólares.

Son dos las instituciones que se encargan de manejar las concesiones en la Calzada de Amador, el MEF y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en el caso de las marinas y el derecho a mar.

“Las irregularidades que se han cometido son debido a que las empresas están ejecutando proyectos totalmente diferentes a los aprobados inicialmente y contemplando áreas para relleno que no son de competencia de la AMP”, sostiene el texto de un documento de la institución al cual pudo tener acceso La Prensa.

Cada concesión tiene su particularidad y complejidad que le hace perder millones de dólares al Estado.

Naos Harbour Island (isla Naos):

La empresa deberá demostrar la diferencia entre un embarcadero y una marina.

LA PRENSA /Carlos Lemos
Naos Harbour Island Hotel and Marina

El MEF dice no tener conflictos con este concesionario que es el cuarto mayor moroso en Amador, con un saldo de 832 mil 573 dólares. El proyecto, que cuenta con hotel, edificio de apartamentos, centro comercial y embarcadero, está ubicado en la isla Naos, de cara a la entrada del Canal de Panamá.

Al igual que Las Brisas de Amador, el contrato de concesión no ha sido legalizado pero la construcción de la primera fase de la obra se encuentra 70% adelantada y se espera inaugurar en diciembre.

Otra de las diferencias es que uno de los edificios del complejo turístico alcanza los nueve pisos, tres por encima del nivel permitido.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos le ha aceptado contarle los tres primeros pisos como sótano, contrario a Las Brisas de Amador.

La empresa sostiene que los tres primeros pisos están dentro de un área que dinamitó y los mismos serán utilizados para estacionamientos.

Pero la información es un poco confusa ante el otro regulador de las concesiones en Amador. La AMP advirtió que el permiso de derecho a mar dado a Naos Harbour Island, por una hectárea más 9 mil 741 metros cuadrados, es para la construcción de un rompeolas y no para relleno o marina.

El concesionario alega que lo que construye es un “pequeño embarcadero” que llevará como complemento un área comercial instalada sobre un relleno en el mar.

Para ello la empresa dice tener todos los permisos. Marco Shrem Gateño, presidente del Grupo MSG, dueño de Naos Harbour Island, indicó que los trámites con el Gobierno le han atrasado el desarrollo del proyecto, “pero somos de la política que antes de poner una piedra mejor demorar y tener nuestros permisos en regla”.

“Hay otra gente que primero hace y después pide perdón, nosotros no vamos a hacer eso”, recalcó Shrem, quien señaló que llevan tres años esperando una adenda a su contrato y aún no sale.

También afirmó que su morosidad con el Gobierno es de 248 mil 748 dólares y no de 832 mil 573 dólares. Shrem sostiene que a la cifra que maneja el MEF se le debe descontar un crédito que tiene de 600 mil dólares por los 15 meses de atraso que tuvo para entrar al área de su concesión.

Anarquía urbana en islas y costa de Amador

DEUDAS MILLONARIAS. EL CASO DE FIGALI ES SÓLO PARTE DEL PROBLEMA.

Anarquía en Amador

Ocho de los 13 concesionarios del área tienen causales para la suspensión de los contratos.

El Gobierno reconoció unos 7 millones de dólares en créditos en algunas de las inversiones en marinas.

LA PRENSA/Carlos Lemos
SIN LÍMITES. La AMP asegura que nunca llegó a aprobar los rellenos en isla Perico, y tampoco el del Grupo F, a la entrada de Amador.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com

La Calzada de Amador, una de las áreas revertidas de mayor potencial turístico de Panamá, sólo le ha dejado ingresos al Estado por 6.3 millones de dólares durante los últimos 10 años de arrendamientos.

Las causas del problema son: contratos mal estructurados, inquilinos que se resisten a pagar, demandas legales, rellenos fuera de lugar, programa de inversión incumplido, y cánones de arrendamiento muy bajos. Incluso, el Estado ha reconocido créditos de hasta 7 millones de dólares por algunas de estas inversiones.

El caso del Grupo F., del empresario Jean Figali, es sólo una parte del rompecabezas.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos reconoce el problema y trata en estos momentos de negociar con cada concesionario el pago de las cuentas atrasadas (18 millones de dólares). Contratos como el de Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island no están legalizados, pero las obras tienen un 70% de avance.

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BIENES REVERTIDOS. LA RECAUDACIÓN acumulada en 10 años ES SÓLO DE 6 MILLONES de dólares.

El desmadre de Amador

Casi todas las concesiones, según el Gobierno, han violado los compromisos pactados y mantienen altas morosidades en los alquileres. El MEF acepta que existen causales para la suspensión de varios contratos.

Tres de los grandes proyectos no están legalizados porque se encuentran pendientes de aprobación de adendas. Las empresas están ejecutando obras diferentes a las aprobadas y han construido rellenos no autorizados.

LA PRENSA/Carlos Lemos
DISEÑO. Uno de los problemas es la construcción de edificios por encima de la altura permitida.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com

La Calzada de Amador es una de las áreas de mayor valor comercial en el país por su potencial turístico. Pero la realidad es otra cuando se miden los ingresos que recibe el Estado por su arrendamiento: es una de las peor pagadas.

Esto se debe a que los concesionarios del área pactaron cánones que suenan ridículos y encima de ello son unos de los clientes con mayor morosidad que tiene el Estado, con cuentas pendientes por 18 millones de dólares.

Por ejemplo, en las marinas construidas o en construcción, el canon fijado es de dos centésimos por metro cuadrado, muy por debajo, por ejemplo, de lo que una persona de clase media alta paga por el alquiler de un apartamento de 250 metros cuadrados.

Durante los últimos 10 años sólo se han recaudado 6 millones de dólares en concepto de arrendamientos de la infraestructura del lugar y derecho a nuevas construcciones.

Lo más irónico de ello es que algunos de los inquilinos del área han logrado que el Gobierno les reconozca en créditos las inversiones que han hecho y que ellos solamente utilizan como negocio.

La Prensa realizó una investigación sobre la condición actual de cada contrato de concesión en la Calzada de Amador encontrando que detrás de todo hay un sin número de violaciones e irregularidades de las que no escapa casi ninguno de los concesionarios, aunque existen excepciones.

Demandas legales, cuentas atrasadas, hoteles y centros comerciales no construidos, rellenos fuera de lugar, edificios por encima de la altura permitida y planos alterados son parte del problema.

El caso del Grupo F, del empresario Jean Figali, ha sido el más sonado por la magnitud y las consecuencias legales que ha levantado.

Este concesionario sólo ha pagado 246 mil 555 dólares (en 2005) por las 19 hectáreas que tiene en la Calzada de Amador.

Todas las demandas del Grupo F fueron a parar al despacho del magistrado Winston Spadafora en la Corte Suprema de Justicia, donde no se han movido en más de cuatro años, lo que le ha permitido completar un relleno de mar e, incluso, mantener sus contratos con el Estado, pese a la suspensión de estos.

Pero los vecinos de Figali en Amador también tienen problemas y diferencias que no han salido a la palestra pública aún, muchas de ellas constituyen causales para la suspensión de las concesiones.

“Si se pudiera, ya le hubiera prendido fósforo a todos los contratos de concesión en la Calzada de Amador”, dijo Julio Ross Anguizola, jefe de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Fuerte Amador Resort y Marina, Las Brisas de Amador, Marina Monte Mar y Naos Harbour Island son los casos donde hay mayor morosidad después del Grupo F.

Ross indicó que la forma y las condiciones en que fueron hechos los contratos hace difícil administrarlos como se debe. También aceptó que en la mayoría de los casos hay causales y pruebas para disolver los contratos.

Pero Ross señaló que prefiere buscar acuerdos amistosos con cada concesionario antes de proceder a acciones más enérgicas. “No nos interesa cerrar negocios, pero los concesionarios deben cumplir con la ley y sus contratos”, dijo el funcionario.

Las negociaciones entre concesionarios y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos ya llevan un año de estar en marcha. Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island se acogieron a arreglos de pago, mientras que en otros casos no se pudo llegar a un acuerdo.

Esto ha llevado a la suspensión de los dos primeros contratos que datan de 2003: Tulsin Investment e Inmobiliaria Amador S.A. El primero debía construir un hotel y el segundo un centro comercial, ambos en la entrada de la Calzada de Amador.

Pero a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos se le ha hecho más difícil actuar contra los clientes que ya tienen construcciones realizadas, como es el caso de Fuerte Amador Resort y Marina que en sus 10 años de contrato sólo ha pagado 407 mil 759 dólares.

Son dos las instituciones que se encargan de manejar las concesiones en la Calzada de Amador, el MEF y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en el caso de las marinas y el derecho a mar.

“Las irregularidades que se han cometido son debido a que las empresas están ejecutando proyectos totalmente diferentes a los aprobados inicialmente y contemplando áreas para relleno que no son de competencia de la AMP”, sostiene el texto de un documento de la institución al cual pudo tener acceso La Prensa.

Cada concesión tiene su particularidad y complejidad que le hace perder millones de dólares al Estado.

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