Crecimiento urbano, contaminación y mal uso del suelo, producen problemas ambientales graves en Panamá

PNUD y ANAM

Crecimiento urbano, contaminación y mal uso del suelo, producen problemas ambientales graves en Panamá

Panamá (La Prensa) – Los constantes cambios de uso de suelo, la contaminación en todas sus formas y el crecimiento urbano desordenado, son las presiones ambientales más relevantes que sufre Panamá, según los indicadores ambientales, sociales y económicos dados a conocer ayer por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

Los datos revelan que en el período analizado -de 1990 a 2000-, la calidad de los suelos del país ha desmejorado 5.8%. Además, hay 41.9% menos bosques y montes, mientras que los suelos utilizados para cultivos temporales y permanentes han bajado 9.7% y 5.1%, respectivamente.

La cobertura boscosa ha disminuido de 49% en 1992 a 45% en 2000, lo que es calificado como “grave” por expertos, ya que aproximadamente el 75% de la superficie total de los suelos del país tiene vocación forestal.

El informe de la Anam y del Pnuma advierte que la pérdida de la productividad y el deterioro de los suelos hace más costosa la producción agropecuaria, encareciendo con ello la canasta básica de alimentos.

Con estos indicadores, que se publicarán de manera bianual, Panamá se convirtió en la séptima nación en América Latina en recopilarlos, señaló Mara Murillo Correa, directora regional adjunta de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Pnuma.

Salud ambiental preocupante

En el informe Indicadores de seguimiento Panamá 2010, de la iniciativa latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible, dado a conocer ayer, se destaca que los suelos del país han sufrido cambios importantes que han afectado la cobertura boscosa y contribuido a la degradación de la calidad de la tierra.

El informe, preparado por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), indica que en el país se ha dado un proceso de “potrerización”, toda vez que la cantidad de tierras usada por la ganadería aumentó 178% en los últimos cinco años.

En el período comprendido entre 1990 y 2000, por su parte, las tierras con bosques o montes, y los cultivos temporales y permanentes registraron una disminución de su superficie de 41.9%, 9.7% y 5.1%, respectivamente.

Esto se presenta con marcada presencia en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá.

Javier Arias Iriarte, administrador general de la Anam, informó que para contrarrestar esta realidad se planean inversiones en proyectos ambientales con fondos internacionales que suman entre 50 millones y 200 millones de dólares.

Dichas inversiones, agregó, servirán para impulsar la fase inicial del proyecto de Reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque (Redd, por su sigla en inglés).

El informe también destaca que el país presenta “problemas serios” de erosión y deterioro de la calidad de los suelos y del agua, debido al paulatino, acumulativo y creciente proceso de degradación que sufren “casi todas las cuencas hidrográficas”.

Al hacer un diagnóstico de las tierras secas y degradadas del país, el documento señala que hay cuatro áreas críticas ubicadas en el Arco Seco -Chame, Capira y Coronado en la provincia de Panamá, así como las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos-, la sabana veragüense, el corregimiento de Cerro Punta y la comarca Ngäbe-Buglé. Juntas comprenden una superficie aproximada de 2 millones 78 mil 757.60 hectáreas, o sea, un 28% de la superficie total del país.

Bajo escrutinio

El informe evidencia un dato positivo: desde 1960 a marzo de 2009 se dio un “incremento considerable” en la superficie protegida, de aproximadamente 3 millones 578 mil 479 hectáreas, según dijo Neyra Herrera, coordinadora técnica del informe, presentado ayer. Sin embargo, la protección legal no se ha traducido necesariamente en una protección efectiva.

En tanto, Mara Murillo, directora adjunta de la Oficina para América Latina y el Caribe del Pnuma, explicó que el documento “contiene una base probada y validada, que da cuenta de la situación y tendencia de los principales componentes ambientales del país e interrelacionados con distintos campos socioeconómicos”.

La funcionaria internacional agregó que esta información técnica puede ser utilizada y comparada entre los diferentes países que han hecho estudios similares, tales como México o Costa Rica.

La batalla para salvar el planeta no es solamente contra el dióxico de carbono (CO2).

En el afán de reducir el calentamiento global, los científicos tienen también en la mira los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), dos gases refrigerantes que se utilizan en los equipos de acondicionador de aire y de refrigeración.

Desde 1987, cuando se firmó el Protocolo de Montreal, se acordó que a partir de 1989 -año en el que entró en vigencia el acuerdo- se iría reduciendo el uso de las sustancias que deterioran la capa de ozono.

En 2009, en Panamá se eliminó el uso de los CFC -un año antes de la fecha límite- y ahora el país se prepara para eliminar los HCFC.

Contra capa de ozono

Con esta meta como objetivo, el consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Miguel Quintero, estuvo en Panamá la semana pasada conversando con autoridades y empresas comercializadoras de los HCFC.

Quintero explicó, por ejemplo, que si en 2009 Panamá usó 900 toneladas de este gas y en 2010 el consumo fue de mil 200, para 2013 no puede estar consumiendo más de mil.

En el Protocolo se estableció que para 2015 la reducción del consumo debería ser del 10%, para pasar a un 35% en 2020 y a un 62.5% en 2025. Para el año 2030, el uso de los HCFC debe haberse eliminado.

Esta reducción conlleva, por supuesto, la disminución gradual de la fabricación de equipos que usan estos gases. “Para el año 2030 no debe haber países que consuman estos gases ni países que los fabriquen”, recalcó el experto.

En Panamá, la principal misión de Quintero es efectuar el inventario de consumo de los HCFC, para que luego el país establezca una estrategia para disminuir su consumo.

“Verificaremos los datos de Aduanas sobre el ingreso de productos que usan estos gases, y los cotejaremos con la información que manejan las empresas”, explicó.

Fuente: La Prensa  19/09/2010

Resolución amenaza integridad del Parque Nacional Volcán BarúB

recursos naturales, inversión hotelera y denuncia de ambientalistas

La sentencia de muerte del Parque Volcán Barú

Una resolución de la Anam permitirá a un inversionista construir un hotel en áreas del parque.

DISPUTA. Este es el área de Paso Ancho en el Parque Nacional Volcán Barú, sitio exacto que pelea el empresario Enrique Morales para construir su hotel turístico. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Boris Gómez

Boris Gómez
Cerro Punta, Chiriquí

nacionales@prensa.com

La creación de la resolución AG-0911-2009 de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), que modifica la zonificación del Parque Nacional Volcán Barú (Pnvb), abrió una caja de Pandora y ha provocado una tormenta de denuncias contra la institución que debe proteger la ecología en el país.

Mientras que los ambientalistas chiricanos aseguran que la resolución no es más que una sentencia de muerte al Parque Nacional Volcán Barú, el empresario Enrique Luis Morales, representante legal de la empresa Stash Investment Inc., y supuesto beneficiado con el cambio de zonificación, aseguró que fue víctima de extorsión por funcionarios de la Anam, a los que no identificó.

“Hubo incongruencias en la zonificación que mantenían nuestros terrenos en una zona de recuperación y nosotros pedimos la rectificación, pero ellos estaban interesados en que les diéramos dinero y no aceptamos esa presión”, dijo Morales.

Por su parte, al referirse al tema en otro medio de comunicación, el administrador general de la Anam, Javier Arias, negó que la resolución sea para favorecer a una empresa en particular.

Esta resolución, aprobada el 30 de octubre pasado, modifica la zonificación del Pnvb y, según los grupos ambientalistas, deja desprotegidas, de un plumazo, alrededor de 800 hectáreas de bosques en recuperación y se ha hecho para beneficiar a Morales, sin tomar en cuenta el daño que viene como secuela de la decisión.

Si se cambia el estatus de los territorios de Morales, entonces cualquier empresario puede habilitar sus territorios para acciones económicas y eso incluye 800 hectáreas que están hoy dentro de la zonas de protección absoluta o de recuperación y pasarán a la categoría de uso extensivo, explicó Damaris Sánchez de la Alianza para el Desarrollo Ambiental de las Tierras Altas (Adata).

Daños al parque

“Es una acción temeraria el cambiar las zonas del parque. Los ríos más importantes de la provincia nacen allí y el avance de proyectos hacia los únicos bosques vírgenes que nos quedan es ponernos la soga al cuello”, aseguró el ambientalista y biólogo Demetrio Miranda.

El daño se extenderá a bosques vitales para los principales ríos del occidente del país cuando empresas privadas sepan que pueden explotar de diversas maneras los territorios del parque, dijo Sánchez.

Las zonas del parque

El plan de manejo del Pnvb fue aprobado en el año 2004. Los estudios se hicieron al iniciar la década.

En este plan se delimitan 6 subzonas que son: de protección absoluta; subzona de recuperación; de uso extensivo; subzona de uso intensivo y dos subzonas especiales.

Las zonas especiales dentro del plan de manejo son la del camino ecoturístico Cerro Punta, Boquete y la zona de amortiguamiento que incluye un cinturón de 10 kilómetros de ancho a partir de los límites del Pnvb y en el que hay varios asentamientos humanos.

En el plan de manejo del parque se explica que las subzonas de protección absoluta están prohibidas las edificaciones. Ambas, según los ambientalistas, abarcan alrededor del 80% del parque que tiene una extensión de 14 mil 322 hectáreas.

En la subzona de uso intensivo, afectada en alguna medida por la mano del hombre, se permitirá la ubicación de áreas de acampar, miradores, senderos y caminos de acceso peatonal.

La zona de uso extensivo ha sufrido un alto grado de alteración humana y en ella se permite la agricultura, ganadería y proyectos de desarrollo.

La historia de Morales

Morales adquirió más de 160 hectáreas a principios de le década. Fue promotor de actividades de mejoras al ambiente y de control de incendios forestales.

Planificaba un desarrollo ecoturístico en la región y al aprobarse el plan de manejo del parque en el año 2004 sus territorios quedaron dentro de la zona de recuperación.

“Acudimos a funcionarios de alto nivel que vieron el error en la zonificación, pero no quisieron hacer la rectificación, pues no quisimos aceptar presiones económicas. Con el nuevo gobierno, vieron la injusticia que se hizo y se ha rectificado el error”, aseguró Morales.

Morales dijo que el plan de manejo se mantiene y que los ambientalistas que están cuestionando la rectificación nunca han combatido desastres naturales. Aseguró que el proyecto ecoturístico de su empresa Stash Investment, Inc. solo va a realizarse con el apoyo constante de la nueva Anam.

“Estas zonas no pueden ser usadas para residencias, sino para hotelería y senderismo, donde se puedan demostrar a estas nuevas generaciones de panameños los recursos naturales que nos quedan y debemos proteger”, dijo Morales.

Por su parte, el director regional de la Anam, Harmodio Cerrud, dijo que el tema se discute en la Dirección de Áreas Protegidas de la sede central de la institución en ciudad de Panamá.

“Solo podemos decir que la resolución cumple con el plan de manejo del Parque Nacional Volcán Barú”, sostuvo Cerrud.

El río que no existe

David Samudio, de Adata, confirmó que en el mapa de zonificación, en efecto, hubo errores, pero de nomenclatura y no de posicionamiento.

Explicó Samudio que en el informe se registra un río llamado Aguacate, pero en la realidad lo que hay es un cerro Aguacate.

Esta definición se ha prestado, desde hace ya varios años, por propietarios de terrenos, para intentar cambiar los límites de las subzonas marcadas en el mapa número siete. “Nos hemos opuesto los grupos ambientalistas a este cambio”, agregó.

De hecho, el Departamento Nacional de Áreas Protegidas de la Anam y las organizaciones ambientalistas ya habían frenado alguna modificación al mapa de las subzonas.

Mañana, lunes 4 de enero, los organismos ambientales inician acciones contra la resolución de la Anam.

“Nuestra primera tarea es la de demostrar que la resolución es una sentencia de muerte”, añadió Cerrud.

Los grupos ecologistas entregarán formalmente a la Anam la solicitud de reconsideración y no descartan presentar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso legal contra la resolución, dijo David Samudio, también de Adata.

Autoridad del Ambiente de Panamá es inoperante

ANAM, Panama, Javier Arias

Desde que fue mencionado el nombre del Lic. Javier Arias, un financista, vendedor de bienes raíces, los ambientalistas solicitaron por su falta de competencia y experiencia en temas ambientales, que no nombraran en ANAM a este ciudadano. Por supuesto el gobierno ignoró las voces expertas. Imagen: La Estrella de Panamá (4 de diciembre de 2009)

AMBIENTALISTAS VS ANAM

¿Vuelve la calma al tema ambiental?

Foto: Bienvenido Velasco
Javier Arias, Director General de la Autoridad Nacional del Ambiente, aspira a ser el próximo presidente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
Ante las críticas y el malestar interno, Javier Arias se defiende y el gobierno cierra filas a su alrededor

PANAMÁ. Son las 3:00 p. m. En la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), hay cierta inquietud. Cerca de una docena de organizaciones ambientalistas exigieron al gobierno acciones concretas e inmediatas para la protección de los recursos naturales. En palabras de Raisa Banfield, directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) “las diferencias políticas y la falta de conocimientos del personal nuevo dentro de la entidad ”es lo que ha provocado una debilidad en la entidad. Además, Banfield culpa al Gobierno Central por no establecer políticas claras para la defensa del medio ambiente.

Por eso, hay que hablar con el director de la institución, Javier Arias. Intentamos concertar una entrevista personal con él; pero, no fue posible. La misma llegó por email más tarde.

PUGNAS POLÍTICAS

En los corrillos de la institución, el ambiente también está enrrarecido. Tras la destitución de 25 panameñistas, entre ellos varios directores, la sensación que reina en el edificio de Albrook es que la política se tomó la institución.

Fuentes internas han asegurado a La Estrella que el nombramiento de algunos perredés en los cargos vacantes, no ha caído bien. Según las fuentes, la lucha entre panameñistas, militantes de Cambio Democrático y PRDs se ha incrementado.

Entre los trabajadores el descontento con la gestión de Arias y la sensación de inestabilidad ronda por cada esquina.

Entre los nombramientos que han ocasionado mayor malestar se mencionan los de Mario Medina y Philip Lee como asesores. Lo que se dice es que el PRD ha trasladado los antiguos funcionarios de Juan Carlos Navarro en la Alcaldía a la ANAM.

La presidencia desmiente los amagos de crisis. Alfredo Prieto, secretario de Comunicación del Estado es contundente: “Al día de hoy, Javier Arias goza de la confianza del gobierno. Lo que se dice son sólo rumores.

Arias, por su parte, asegura que las relaciones con Martinelli “son muy buenas. Él hizo un llamado a servir y yo acepté 100%. Por eso nos llevamos siempre bien”.

Aún así, el ambiente es tenso tanto al interior de la institución como afuera.

LA ENTREVISTA

¿Hubo destituciones en la ANAM?

La Autoridad Nacional del Ambiente ha hecho ajustes en su estructura de personal en atención a una evaluación, producto de los cien primeros días de gestión de la presente administración.

¿Cómo evalúa a su personal de trabajo?

Por las condiciones eminentemente técnicas de la ANAM y los compromisos de metas del Gobierno Nacional, el personal de la institución está en constante evaluación en atención a resultados.

¿Cómo evalúa su relación con Ricardo Martinelli?

Las relaciones son muy buenas. Él (me) hizo un llamado a servir y yo acepté 100%. Por eso nos llevamos siempre bien.

¿Es la ANAM una entidad débil e inoperante?

No lo es. Entidades internacionales con las que tenemos proyectos de impacto positivo profundo en comunidades y nuestras áreas protegidas nos han felicitado y por nuestra ejecución están aumentado su compromiso por vernos como una institución sólida y que puede llevar estos a una nueva cultura ambiental.

¿Por qué se han aumentado los contratos mineros?

La concesión minera en Panamá forma parte de las políticas del Ministerio de Comercio e Industrias. Los contratos de la Nación los aprueba la Asamblea de Diputados.

Los kunas quieren salir de las islas ¿ANAM los está asesorando?

Las poblaciones indígenas son conscientes de los incrementos del nivel de las aguas por el cambio climático. Contarán con el apoyo del gobierno en cualquier medida de adaptación a este cambio. Nosotros hemos traído este hecho a colación en las negociaciones como una situación urgente que debe ser atendida.

¿No cree que las denuncias de los ambientalistas afectarán la posición de Panamá en Copenhague?

Nuestra posición es una de las más fuertes. El PNUMA, UNREDD y el Banco Mundial nos han felicitado.

ASPIRACIÓN

A pesar de los rumores, Arias se siente seguro. Tanto así, que aspira a ser el próximo presidente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el más alto cargo que pueda ocupar un ministro de ambiente a nivel centroamericano. ¿Lo logrará?

ANTECEDENTES

Aún antes de su llegada a la dirección de la ANAM, Arias ha sido objeto de controversias. La primera de ellas por haber dicho en una entrevista a La Estrella, que si en Coiba se construía un resort ecoturístico “la isla se protege sola”. Los ambientalistas le cayeron encima. Aunque Arias hizo un esfuerzo por mejorar las relaciones con las ONGs. Ahora se le suman las disputas internas que originaron los cambios en la entidad.

MARLENE TESTA

Industria panameña sigue contaminando

INDUSTRIAS EN LA MIRA POR DESECHOS

FISCALIZACIÓN

KEREM PÉREZ
kperez@prensa.com

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Desechos. Algunas industrias depositan los desechos en los ríos.LA PRENSA/C. Lemos

Los altos niveles de contaminación  en los afluentes y ríos del país, provocados por empresas o industrias, encienden las alertas de las autoridades y ambientalistas.

Hasta la fecha, las autoridades no han concluido con los procesos de análisis  de las 79 industrias y compañías a las que se les ha identificado por presentar irregularidades ambientales.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) no revela cuáles son, pero detalla que la mayoría de las empresas se dedica a la construcción, el turismo, la energía, la elaboración de productos alimenticios y bebidas, las actividades agrícolas, la ganadería, la silvicultura, la explotación de minas de canteras, la manufactura o la pesca.

La Anam exige un Programa de Adecuación y Manejo

Ambiental (Pama), en el cual las compañías deben presentar un cronograma de actividades y adecuaciones que corrijan  los altos niveles contaminantes en sus desechos, que debía haber concluido en el año 2005.

De acuerdo con Jesús Grimaldo, jefe del departamento de adecuación y manejo ambiental de la Anam, a todas las industrias que ya operan se les exige un diagnóstico a través de una auditoría ambiental.

Esta se realiza por entes privados debidamente aprobados por la institución.

Cada auditoría refleja el tipo de desecho que es expulsado por la empresa, y cuál es la magnitud de su impacto al medio ambiente.

Hay todo tipo de contaminante, como el ruido, vibraciones, emisiones atmosféricas (dióxido de carbono), aguas y suelo.

A la contaminación que más se le presta atención es a la de los desechos depositados en fuentes fluviales (ríos, quebradas) mares, etc.) y alcantarillados.

No obstante, Grimaldo enfatiza que cada empresa tiene su particularidad, puede tener una de estas fallas o varias en su conjunto, dependiendo de su actividad.

“Si luego de la auditoría ambiental, la empresa registra niveles altamente contaminantes en sus desechos vertidos en aguas, se le exige establecer una planta de tratamiento para reducir estos niveles, y en el caso que no cumpla con la normativa, se le multa”, explica Grimaldo.

A cada empresa que ya cuenta con un Pama se le da seguimiento, para que no incurra nuevamente en irregularidades.

El funcionario aclara que toda empresa que elabore productos o tenga dentro de su actividad la utilización de agua requiere una planta de tratamiento. También debe presentar una caracterización de las aguas donde deposita sus desechos, a fin de verificar que la carga contaminante no esté por encima de los niveles máximos.

En este sentido, Juan Francisco Kiener, vicepresidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), explica que el sector industrial en los últimos años se ha inclinado con más intensidad a cuidar el medio ambiente.

Kiener señala que no sólo se les debe exigir a las industrias  el establecimiento de plantas de tratamiento, sino  también  un conjunto de medidas como la reducción en el uso de papel, la energía, y  el reciclaje.

El industrial asegura que ellos no son el único que sector que está cumpliendo con los parámetros establecidos por la Anam.

“La mayoría de las medidas (plantas de tratamiento de agua) son costosas para las compañías pequeñas, pero, a pesar de ello el sector está cumpliendo. Estas pueden oscilar entre 200 mil dólares y 5 millones de dólares, dependiendo del volumen de agua que utiliza y el tipo de actividad”, explica Kiener.

El Centro Nacional de Producción Más Limpia detalla en su página web que existe un total de 200 empresas que están cumpliendo las medidas, de estas  87 son del sector energía e industria y  53, agroindustrias.

Para José González Jaramillo, miembro de Oilwatch Panamá, es necesario que se lleve a cabo un programa de desarrollo territorial que incluya el uso de agua. “No hay coherencia entre las  políticas públicas y la  gestión ambiental”, afirma González Jaramillo.

El activista ambiental sostiene además que las autoridades no están exigiendo las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, como es el caso de las construcciones.

ANAM denuncia contradicciones del sector industrial panameno frente a normas ambientales

ANAM denuncia contradicciones del sector industrial panameno frente a normas ambientales

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en un comunicado público ha indicado que el proceso de aprobación de las normas de calidad ambiental se realizan con base al mandato legal de la Ley 41 de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, donde establece que “la Autoridad Nacional del Ambiente dirigirá los procesos de elaboración de propuestas de normas de calidad ambiental, con la participación de las autoridades competentes y la comunidad organizada”. ANAM ha aclarado que las recientes normas de calidad ambiental aprobadas surgen de una amplia participación de todos los sectores y de un procedimiento con pasos y plazos claramente establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 58 de 2000.

Luego de 10 años un sector de empresarios industriales intentan desconocer la normativa ambiental e intenta debilitar los estándares ambientales de Panamá”

Natalia Young, Autoridad Nacional del Ambiente, Panamá

Según Natalia Young, Directora de Calidad Ambiental de la ANAM, las normas establecidas nacieron de un camino trazado a partir de la promulgación de la Resolución No. 003-01 de 19 de julio de 2001, publicada en Gaceta Oficial No. 24,396, que establece las normas ambientales a elaborar en los próximos años en materia de calidad ambiental.

Estas normas forman parte del Plan Trienal de Normas, un instrumento de planificación que priorizaba la elaboración y revisión de normas de calidad y emisión, y que pretendía la regulación de aspectos contaminantes como ruidos, vibraciones, emisiones de fuentes fijas y móviles, aguas residuales, entre otros, conforme a lo establecido en la Ley General de Ambiente.

En base a dicho mandato legal y siguiendo el procedimiento establecido, se desarrolló un amplio proceso de consulta pública en el que cualquier persona natural o jurídica, podía formular sus observaciones a los anteproyectos de normas publicados en la página web de la Institución en el transcurso de 4 años. Además, el expediente y su archivo son de carácter público y se mantienen en las oficinas de la ANAM, donde pueden ser consultados por la población, incluyendo los industriales que tienen representación en los Comités de Elaboración de Normas.

Producto de dicha evaluación, se ponderó los resultados elaborando la propuesta que se ajustó a los criterios técnicos para la protección ambiental, principal objetivo de una norma de calidad ambiental.

La ANAM reconoce que estos cambios requieren de un periodo de adaptación como lo exige la misma Ley General de Ambiente en su Artículo 33, por ello existe un cronograma de cumplimiento amplio que permite la aplicación gradual de la norma, y que la ANAM no ha pretendido el cumplimiento inmediato de los límites máximos permisibles, sino cuando corresponde.

Actualmente, existen empresas como Coca Cola, FEMSA, Nestlé, Enel Fortuna, AMANCO y TM Trading Inc., que van más allá del cumplimiento de la normativa ambiental destacándose como ejemplos exitosos en innovación tecnológica y eficiencia de sus procesos productivos, que disminuyen sus costos operativos e incrementa su competitividad en el mercado local e internacional.
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Creemos que es bastante claro que un sector de empresarios de la vieja guardia, pretenden levantar el ánimo de Ricardo Martinelli y sus nuevas fichas en ANAM para impulsar nefastos retrocesos ambientales, que tan caro ha pagado el país en costos sociales y ambientales.

Le corresponde a los ecologistas vigilar que se sigan implementando las normas establecidas y las nuevas normas ambientales que faltan.

Cabe amparos y recursos nacionales e internacionales para detener a los empresarios inescrupulosos que acumulan riqueza con la destrucción del país y la afectación a la salud y calidad de vida de todos los panamenos.

Burica Press