Autoridad del Ambiente de Panamá es inoperante

Desde que fue mencionado el nombre del Lic. Javier Arias, un financista, vendedor de bienes raíces, los ambientalistas solicitaron por su falta de competencia y experiencia en temas ambientales, que no nombraran en ANAM a este ciudadano. Por supuesto el gobierno ignoró las voces expertas. Imagen: La Estrella de Panamá (4 de diciembre de 2009)

AMBIENTALISTAS VS ANAM

¿Vuelve la calma al tema ambiental?

Foto: Bienvenido Velasco

Javier Arias, Director General de la Autoridad Nacional del Ambiente, aspira a ser el próximo presidente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.

Ante las críticas y el malestar interno, Javier Arias se defiende y el gobierno cierra filas a su alrededor

MARLENE TESTA
mtesta@laestrella.com.pa

PANAMÁ. Son las 3:00 p. m. En la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), hay cierta inquietud. Cerca de una docena de organizaciones ambientalistas exigieron al gobierno acciones concretas e inmediatas para la protección de los recursos naturales. En palabras de Raisa Banfield, directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) “las diferencias políticas y la falta de conocimientos del personal nuevo dentro de la entidad ”es lo que ha provocado una debilidad en la entidad. Además, Banfield culpa al Gobierno Central por no establecer políticas claras para la defensa del medio ambiente.

Por eso, hay que hablar con el director de la institución, Javier Arias. Intentamos concertar una entrevista personal con él; pero, no fue posible. La misma llegó por email más tarde.

PUGNAS POLÍTICAS

En los corrillos de la institución, el ambiente también está enrrarecido. Tras la destitución de 25 panameñistas, entre ellos varios directores, la sensación que reina en el edificio de Albrook es que la política se tomó la institución.

Fuentes internas han asegurado a La Estrella que el nombramiento de algunos perredés en los cargos vacantes, no ha caído bien. Según las fuentes, la lucha entre panameñistas, militantes de Cambio Democrático y PRDs se ha incrementado.

Entre los trabajadores el descontento con la gestión de Arias y la sensación de inestabilidad ronda por cada esquina.

Entre los nombramientos que han ocasionado mayor malestar se mencionan los de Mario Medina y Philip Lee como asesores. Lo que se dice es que el PRD ha trasladado los antiguos funcionarios de Juan Carlos Navarro en la Alcaldía a la ANAM.

La presidencia desmiente los amagos de crisis. Alfredo Prieto, secretario de Comunicación del Estado es contundente: “Al día de hoy, Javier Arias goza de la confianza del gobierno. Lo que se dice son sólo rumores.

Arias, por su parte, asegura que las relaciones con Martinelli “son muy buenas. Él hizo un llamado a servir y yo acepté 100%. Por eso nos llevamos siempre bien”.

Aún así, el ambiente es tenso tanto al interior de la institución como afuera.

LA ENTREVISTA

¿Hubo destituciones en la ANAM?

La Autoridad Nacional del Ambiente ha hecho ajustes en su estructura de personal en atención a una evaluación, producto de los cien primeros días de gestión de la presente administración.

¿Cómo evalúa a su personal de trabajo?

Por las condiciones eminentemente técnicas de la ANAM y los compromisos de metas del Gobierno Nacional, el personal de la institución está en constante evaluación en atención a resultados.

¿Cómo evalúa su relación con Ricardo Martinelli?

Las relaciones son muy buenas. Él (me) hizo un llamado a servir y yo acepté 100%. Por eso nos llevamos siempre bien.

¿Es la ANAM una entidad débil e inoperante?

No lo es. Entidades internacionales con las que tenemos proyectos de impacto positivo profundo en comunidades y nuestras áreas protegidas nos han felicitado y por nuestra ejecución están aumentado su compromiso por vernos como una institución sólida y que puede llevar estos a una nueva cultura ambiental.

¿Por qué se han aumentado los contratos mineros?

La concesión minera en Panamá forma parte de las políticas del Ministerio de Comercio e Industrias. Los contratos de la Nación los aprueba la Asamblea de Diputados.

Los kunas quieren salir de las islas ¿ANAM los está asesorando?

Las poblaciones indígenas son conscientes de los incrementos del nivel de las aguas por el cambio climático. Contarán con el apoyo del gobierno en cualquier medida de adaptación a este cambio. Nosotros hemos traído este hecho a colación en las negociaciones como una situación urgente que debe ser atendida.

¿No cree que las denuncias de los ambientalistas afectarán la posición de Panamá en Copenhague?

Nuestra posición es una de las más fuertes. El PNUMA, UNREDD y el Banco Mundial nos han felicitado.

ASPIRACIÓN

A pesar de los rumores, Arias se siente seguro. Tanto así, que aspira a ser el próximo presidente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el más alto cargo que pueda ocupar un ministro de ambiente a nivel centroamericano. ¿Lo logrará?

ANTECEDENTES

Aún antes de su llegada a la dirección de la ANAM, Arias ha sido objeto de controversias. La primera de ellas por haber dicho en una entrevista a La Estrella, que si en Coiba se construía un resort ecoturístico “la isla se protege sola”. Los ambientalistas le cayeron encima. Aunque Arias hizo un esfuerzo por mejorar las relaciones con las ONGs. Ahora se le suman las disputas internas que originaron los cambios en la entidad.

MARLENE TESTA

Sobre el ataque de ANAM a tribunales éticos

EL MALCONTENTO.

Trinchera ante el ‘desarrollo’

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Los tribunales de conciencia suelen ser más escrupulosos que los de los Estados. Saben los miembros de esos tribunales éticos que serán acusados siempre de estar parcializados, de ser más políticos que legales.

Los ataques contra este tipo de tribunales –tan necesarios para la sociedad civil– provienen de los que aseguran que la justicia ordinaria es como aséptica, que no tiene ni defiende intereses sino que aplica la legislación vigente sin hacerse más preguntas que las que indican los códigos bendecidos en nuestros parlamentos.

Hay tanto que cuestionar a la autodenominada justicia que parece una broma cuando se ataca a los “otros” tribunales. Defiendo los tribunales parcializados, siempre que lo sean a favor de las ciudadanas y de los ciudadanos, siempre que estén dispuestos a cuestionar con dureza a los poderes políticos y económicos (¿no son los mismos?), mientras defiendan la dignidad y pertinencia de la justicia ética frente a la doble moral del legalismo vigente.

Argumenta el sesudo director de Asesoría Legal de la ¿Autoridad Nacional del Ambiente?, Harley Mitchell, que el Tribunal Latinoamericano del Agua –que dictó sentencia contra Panamá hace unos días– se extralimitó en sus funciones y que además fue más allá de tratar los temas que tienen que ver con seguridad en el acceso al agua y sobre la “salud” de los ecosistemas hídricos.

Claro señor Mitchell, cómo se le ocurre al Tribunal preocuparse por los derechos humanos de las personas en Panamá, es una osadía terrible. Estos jueces de conciencia deberían limitarse a imitar a la Anam y preocuparse solo de los intereses de los inversionistas y de camuflar los atropellos con dictámenes aparentemente legales, pero realmente nada justos.

La condena del Tribunal del Agua a Panamá tiene que ver con las hidroeléctricas que construyen AES Changuinola en Charco La Pava (Chaguinola) y Empresas Públicas de Medellín en el río Bonyic. Y habla del uso excesivo de la fuerza por parte de los gorilas –perdón, policías– que paga AES para controlar a unos indígenas que no están en contra del llamado “desarrollo”, sino que piden que no los estafen con la reubicación y con las compensaciones económicas.

Es un tema de largo aliento y que es clave porque del triunfo o del fracaso de estas pequeñas comunidades depende en buena parte el futuro ambiental y humano del interior del país. Si las tesis de las empresas –especialmente, de la hipócrita AES– y de la Anam –que está muy orgullosa de haber impuesto una multa de 10 mil dólares a la inmensa compañía– se imponen, se habrá sentado un antecedente terrible para el resto de megaproyectos que se planean en el país en sectores como el hidroeléctrico, la minería, la palma aceitera, la pesca a gran escala o las grandes infraestructuras más o menos públicas.

Personalmente, en este caso me importa menos el ambiente que las personas, aunque los dos están amenazados. Y me preocupa que los campesinos afectados, con ayuda de organizaciones ambientales, tengan que recurrir a la opinión pública internacional para presionar al Gobierno en lugar de contar con la solidaridad de sus compatriotas. Es decir, decenas de ellos pasaron semanas acampados en la Plaza Catedral en actitud no violenta para tratar de despertar la conciencia nacional, pero las muestras de solidaridad que lograron fueron apenas individuales.

¿Dónde está el denominado Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) o cuándo se manifiestan los activistas de la Red Democracia Ciudadana para mostrar su apoyo a esta causa tan estratégica para el futuro del país?, tanto como el precio de la canasta básica, los salarios o las nuevas leyes de in–seguridad ciudadana…

Si algo hay que lograr es interconectar las luchas, entender que ninguna es un caso aislado, que todas tiene que ver con la disminución de los derechos civiles y de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión del país.

¿Hace falta que el Tribunal Latinoamericano del Agua nos recuerde que en el país se están violando los derechos humanos?, ¿no es evidente que es un atentado contra las garantías constitucionales que en Panamá la Policía ‘alquile’ agentes a las empresas privadas para proteger sus camiones de Coca Cola o sus obras en el interior?, ¿no salta a la vista que la mala distribución de la riqueza debería hermanar a trabajadores de la ciudad y a campesinos y jornaleros?… En fin, ¿no es urgente la creación de una plataforma ciudadana más amplia donde diferentes tendencias políticas y diferentes causas converjan en defensa de lo que queda de este hermoso país? Los políticos no van a defenderlo, le toca a las ciudadanas y ciudadanos.

[Cuando las fronteras son ciertas el camino tiene sentido. C., tan enemigo de los trazos divisorios en los mapas, busca sus homólogas en los versos de Víctor Ortiz Partida. “Es difícil el comienzo. Entre cuatro paredes no puedo decir nada: mi alfabeto se mojó, el relámpago no alumbra y el mapa que me guía es falso, pero tiene fronteras de verdad”. Para la revolución de C. no hacen falta mapas, pero sí rayos y alfabetos secos para prender el fuego que ilumine y nos libre de las cegueras].

El autor es periodista

ANAM no cumple su función por acción, omisión y comisión

El ambiente panameño está en el desamparo

22 DE ENERO. En el «Hoy por hoy» de La Prena se hace alusión [una noticia publicada en la] primera plana de esta misma edición [21 de enero de 2008] en la que se denuncia una violación de las normas ambientales por parte de la Empresa Viveros Development. («Arrasan con isla», firmada por Rafael E. Berrocal).Nos enteramos que al multimillonario proyecto, la Anam [Autoridad Nacional del Ambiente] le impuso una multa de «solo» 9 mil 214 dólares por destruir áreas boscosas y de manglares sin autorización. También nos enteramos que esta es la segunda vez que se incurre en este delito. Anteriormente se le había impuesto una multa de 40 mil dólares. Apunto aquí que es curioso que, en la reincidencia del delito, se baje el monto de la sanción, cuando lo usual es que en estos casos la sanción sea mayor que la anterior.Como dice el editorialista: «Resulta que para ellos es más rentable pagar una multa por destruir un manglar o una zona boscosa…

En otras palabras, sale más caro acatar la ley que pagar la ridícula sanción pecuniaria por violarla.»Por este y otros muchos hechos innegables, tal parece que lo que existe es un «mercado de permisos» para destruir nuestro ambiente. El mejor postor siempre se sale con la suya.Podemos citar como ejemplos infames el de la porqueriza gigante en la cuenca del Canal, o de la cementera canalera suburbana, o del negocio de los delfines, de la destrucción de los manglares, la deforestación y potrerización de Darién, de la contaminación minera con cianuro y mercurio, o de la destrucción de cuencas, pueblos, flora y fauna por las hidroeléctricas, entre otros.Ya desde hace tiempo venimos advirtiendo de la impotencia, por omisión o comisión, de las autoridades responsables por la ley de nuestro ambiente.

De hecho, la legislación ambiental vigente parece insuficiente para prevenir y castigar efectivamente los delitos en contra del ambiente.Un aporte importante es la creación de un tribunal ambiental, como existe en países más desarrollados. Aparte de hacer más severas las sanciones a los que falten a las normas ambientales, no solo con sanciones pecuniarias (multas), sino con el cierre y la suspensión definitiva de estos proyectos, aparte de la obligación de mitigar el daño hecho en la medida posible. También se debe legislar para que el dinero recaudado por la Anam sea obligatoriamente depositado en la cuenta del Tesoro Nacional, y no en cuentas institucionales, para suprimir cualquier posibilidad de acciones impropias.Un avance importante en este sentido sería la consulta pública efectiva. Sería importante legislar para que en los foros públicos de los estudios de impacto ambiental categorías II y III, la comunidad afectada y los grupos ambientalistas tengan voz y voto, y nieguen o le den la aprobación final al proyecto. Esta decisión sería ya inapelable y definitiva.

Eduardo A. Esquivel R. Ingeniero,
Consultor Agroforestal y Ambiental