Se apropian ilegalmente de tierras costeras

Campesinos de Bahía Honda, del distrito de Soná, denuncian que se les impide acceso a la playa

Inversionistas cercan más de 15 kilómetros de costa

20 familias afectadas exigieron la intervención de la Dirección de Catastro y de la Autoridad Marítima de Panamá.

PLAYA. La empresa Catiland Panamá ha cercado con alambre de púas tierras que no son de su propiedad, denuncian moradores. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Víctor Eliseo Rodríguez

VÍCTOR ELISEO RODRÍGUEZ
BAHÍA HONDA, VERAGUAS

nacionales@prensa.com

Un grupo de campesinos del corregimiento de Bahía Honda, del distrito de Soná, denunció que la empresa Catiland Panamá cercó más de 15 kilómetros de costa sin respetar la servidumbre pública de mar e impidiendo a los moradores del área el acceso a ocho playas ubicadas en este sector del Pacífico veragüense.

Las más de 20 familias afectadas que forman parte de la Unión de Campesinos de Bahía Honda exigieron la intervención urgente de la dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), sustentando el hecho de que las cercas de púas colocadas en esta zona no cumplen con la distancia de servidumbre costera, que según la ley establece 22 metros contados a partir de la línea de alta marea.

Adrián Montilla Ortega, vocero de los campesinos, dijo que el problema radica en que la empresa Catiland Panamá, dedicada al negocio de bienes raíces y desarrollo turístico en las costas del Pacífico de Veraguas, ha cercado con alambre de púas tierras que no son de su propiedad y que desde hace muchos años son ocupadas por personas naturales del área que tienen derechos posesorios sobre sus terrenos.

Según el dirigente, la citada compañía en principio cercó los terrenos que son de su propiedad, pero adicionalmente también cerró tierras que no le pertenecen, e incluso colocó alambre en puntos en donde no se está respetando la servidumbre pública de mar y se ha prohibido el acceso de los pescadores artesanales a las playas.

Llamado al presidente

Montilla añadió que ellos requieren que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, ordene una investigación sobre la apropiación indebida de tierras que está propiciando esta empresa de capital estadounidense, que no respeta las leyes vigentes en cuanto a uso de riberas, costas y fondo de mar en la zona costera del Pacífico de la provincia de Veraguas.

Leonardo Santos, uno de los afectados, aseguró que él tiene 70 años de ocupar un globo de terreno que le dejaron sus ancestros, del cual tiene derechos posesorios; sin embargo, de la noche a la mañana el personal de la empresa le derribó su vivienda, le destruyó sus cultivos y le cercó el terreno, al igual que han hecho con el resto de las tierras que bordean la costa de Bahía Honda.

Santos también comentó que luego que la empresa procedió a cercar más de 15 kilómetros de costa, ahora se ha impedido el acceso a las playas Blanca, Naranjo, Panamá, Limón, Corrales, La Costa, Quilla y El Yaya, en donde la gente tiene que pescar o sacar sus productos agrícolas. Los moradores, liderados por Adrián Montilla, presentaron ayer la denuncia ante la AMP.

Consultado sobre el tema, Gustavo Rodríguez, administrador regional de la AMP en Veraguas, comentó que tras la queja interpuesta por los campesinos se iniciará una investigación formal para corroborar si en efecto las cercas colocadas no cumplen con las distancias que establecen las leyes panameñas sobre servidumbre de mar.

Por su parte, Humberto Chang, apoderado legal de Catiland Panamá, respondió que aún no tiene autorización de los inversionistas de la empresa para hablar del tema; no obstante, dijo que en su opinión personal, estas denuncias son “una situación orquestada” por algunas personas en contra de esta compañía.

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Proyecto científico realiza obras ilegales que afectan el ambiente

BAHÍA HONDA, EN VERAGUAS

Construyen muelles sin concesión ni EIA

En isla Canales de Tierra se construyeron dos muelles para botes y yates pequeños sin permiso del Estado, además de instalaciones para trasegar combustible.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La sociedad Liquid Jungle Lab. construyó dos muelles en isla Canales de Tierra, de Bahía Honda, en la provincia de Veraguas, sin estudio de impacto ambiental (EIA) y sin concesión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La sociedad presentó en 2005 un EIA a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) para el proyecto Service Marina Liquid Jungle Lab., que buscaba construir muelles para botes y yates pequeños, y estructuras para el trasiego de combustible.

El pasado lunes 15 de junio, Bolívar Zambrano, director de Evaluación de la Anam, dijo que el documento no había sido aprobado porque se encontraba en ajuste. El pasado viernes, Zambrano confirmó que a su salida de la entidad, el 30 de junio pasado, el documento estaba en el mismo estatus.

En la página web de la Anam, ayer el EIA aún aparecía “en ajuste”.

Un informe de la Unidad Ambiental de la AMP señala que la sociedad no cuenta con concesión, y tampoco reposa en la entidad una solicitud de concesión para uso de fondo de mar, playa ni ribera de mar.

El informe data de marzo pasado, y en la AMP se informó la semana pasada que el caso había pasado al Ministerio Público para su investigación.

El informe de la AMP señala que la empresa construyó un hangar que invade los 12.50 metros de servidumbre costanera, y se calcula que la empresa debe unos 5 millones de dólares en canon de arrendamiento.

Dhalia Poveda, gerente de la sociedad, asegura que tienen los permisos y que los trabajos se realizan con el aval de la AMP de Santiago de Veraguas.

TRASIEGO DE COMBUSTIBLE Y MUELLE PARA YATES EN BAHÍA HONDA

Laboratorio científico esconde proyecto ilegal

Un informe de la AMP dice que la sociedad Liquid Jungle Lab. desarrolló una marina que no tiene Estudio de Impacto Ambiental.

MARINA. Un muelle construido en la isla Canales de Tierra es usado como atracadero de embarcaciones de alto calado. Se han construido estructuras dentro de servidumbre marítima que, por ley, no puede ser concesionada. LA PRENSA/Eric Batista

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Detrás de un laboratorio para investigaciones científicas en Bahía Honda, en Veraguas, se realizan actividades que la pasada administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) denunció por considerarlas ilegales.

El 30 de marzo de 2009, el entonces administrador de la AMP, Fernando Solórzano, envió una carta a la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, en la que le solicitaba investigar la sociedad Liquid Jungle Lab. Inc. por posible “comisión de un hecho delictivo”, ya que desarrolló una marina sin contar con los permisos correspondientes.

En 2003, la sociedad construyó lo que denomina un “laboratorio ecológico”, que es utilizado por entidades científicas como el Instituto Smithsonian y el Instituto Oceanográfico Woods Hole para realizar en la zona estudios biológicos y marinos.

Además, ha construido –y aún construye– habitaciones para alojamiento, que son alquiladas a 70 y hasta 100 dólares la noche, por persona. De acuerdo con la página web de la sociedad, para alojarse en esas instalaciones el interesado debe enviar una solicitud indicando el proyecto de investigación que desea realizar.

Para estos dos proyectos la sociedad cuenta con dos estudios de impacto ambiental (EIA) que la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aprobó durante la administración gubernamental de Mireya Moscoso (2001 y 2003).

Pero en 2005, la sociedad presentó ante la Anam otro EIA, esta vez para el proyecto Service Marina Liquid Jungle Lab., que hasta la fecha no ha sido aprobado.

De acuerdo con el EIA, el proyecto Service Marina consiste en la habilitación de infraestructuras para garantizar el aprovisionamiento de combustible, manejo de botes y operación de generadores eléctricos. Para ello, la sociedad instalaría nueve tanques con capacidad para almacenar, en cada uno, 4 mil galones de diésel; y cuatro tanques con capacidad individual de 3 mil galones de gasolina.

Pero esta no es la única irregularidad. Aparte de que el EIA no ha sido aprobado, la sociedad no tramitó ante la AMP el permiso para uso de área marina. “Es importante destacar que la empresa (…) no tiene concesión alguna con la entidad, ni reposa solicitud presentada por el promotor para la concesión de las áreas de fondo, playa y ribera de mar utilizadas como atracadero de embarcaciones, que llegan a la isla Canales de Tierra para desarrollar actividades que desconocemos”, indicó Solórzano en su nota de marzo pasado a Gómez.

La misiva estaba acompañada de un informe de inspección que había hecho, en febrero de este año, la Unidad Ambiental de la AMP.

El informe destaca que se construyó un hangar dentro de la servidumbre costanera –12.50 metros desde la marea más alta– en la que, por ley, no se pueden dar concesiones. Además, se detectó la muerte de corales, que podría haber sido causada por el derrame de combustible.

A pesar de que las antiguas autoridades marítimas denunciaron ante el Ministerio Público el supuesto delito, a lo interno de la entidad no hubo investigaciones administrativas sobre el proyecto Service Marina.

Jesenia González, residente de Bahía Honda, se lamentó de que las autoridades no hayan tomado medidas contra el proyecto, ya que hace dos años denuncian las irregularidades.

Dhalia Poveda, gerente administrativa de la empresa, dijo que Service Marina no es un proyecto. “Eso nos sirve a nosotros como hangar para reparar los botes”.

Poveda evitó dar más detalles de Service Marina, pero enfatizó las bondades del laboratorio. Dijo que la sociedad ha llevado nuevas fuentes de trabajo a las comunidades aledañas y que en el laboratorio se hacen importantes estudios científicos. “Nosotros tenemos todo en regla”, insistió Poveda.

Huelga en isla Canales de Tierra

El pasado 12 de mayo, los trabajadores de Liquid Jumgle Lab. declararon una huelga para exigir mejores condiciones laborales. Majín Camarena, dirigente del grupo, dijo que la medida obedece a la falta de equipos de seguridad, como botas y andamios en buenas condiciones. La queja también incluye la mala calidad del agua que toman. Camarena dijo que el líquido que les proporciona la empresa es insalubre. Además, piden el reintegro de un dirigente que fue despedido “injustamente”.

Camarena agregó que trabajan en la construcción de seis edificios, cinco de dos plantas, y uno, de tres.

Dhalia Poveda, gerente administrativa de la empresa, aseguró que la huelga es ilegal y que responde al despido de un trabajador que amenazó con un machete a un compañero.

Para hoy se programó una reunión entre la empresa y los trabajadores

La extracción de arena preocupa a moradores

Adrián Montilla mostraba con el dedo, y con preocupación, las raíces de las palmas que sobresalían por encima de la arena en Playa Blanca. Para él es la mejor prueba que hay sobre la extracción de arena que se da en las playas del corregimiento de Bahía Honda. La historia se repite, según dijo, en las playas El Sol y Limón. Montilla preside la Asociación de Campesinos Unidos por el Desarrollo de Bahía Honda, que se constituyó para luchar en defensa de los recursos naturales de la zona.

En abril del año pasado, la asociación presentó una denuncia ante la Fiscalía de Veraguas en contra de las sociedades Catiland Panamá y Liquid Jungle Lab. por supuesto delito ecológico. La denuncia de la asociación se basa en que se está extrayendo arena para construir edificaciones, sin mayores controles por parte del ahora ex alcalde de Soná Aristides Ortíz. Los residentes se sienten frustrados porque, hasta la fecha, las autoridades judiciales no han hecho nada al respecto.

Daños ecológicos en Bahía Honda

Bahía Honda amenazada

Moradores están preocupados por la destrucción del hábitat marino

En el área se mantienen trabajadores realizando extracciones de arena, a pesar de que las autoridades locales manifiestan que no se han dado permisos para esta actividad. / Fotos Mitzila De León
Mitzila De León
periodistas@estrelladepanama.com

Bahía Honda, Soná. —Como un crimen ecológico ha sido catalogado por los moradores de Bahía Honda los daños a los arrecifes coralinos y la extracción de arena en Isla Canales de Afuera.

La Isla Canales de Afuera se encuentra a dos millas del Parque Nacional Coiba, lugar donde se desarrolla el proyecto Liquid Jungla Lab. Inc., el cual tiene como función realizar investigaciones, supuestamente avaladas por el Smitson an Tropical Resourse y Whoi.

De acuerdo con Mauricio Gutiérrez, habitante de Bahía Honda, “el ecosistema hay que cuidarlo y esta (…), gente lo ha dañado todo”, como morador me encuentro preocupado”.

Gutiérrez señaló que lo que se hace en la Isla Canales de Afuera perjudica tanto al Parque Nacional como a los moradores de Bahía Honda, porque se está destruyendo el hábitat marino y las autoridades regionales no hacen nada.

Agregó que hasta el momento no se ha hecho nada por parte de las autoridades de la provincia que tienen que ver con este daño ecológico, Gutiérrez manifestó, un poco molesto que “las autoridades locales no hacen nada, ya que van al lugar y dicen que todo está bien y la realidad es otra”.

La extracción de arena en la parte sur se ha registrado en las playas Blanca, Limón y Naranjo, en las cuales a simple vista se observó el gran daño que se ha ocasionado y el cual es difícil resarcir.

De acuerdo con una investigación realizada, la compañía Liquid Jungle Lab. Inc. lleva más de 14 años de dedicarse a la extracción de la arena en tres playas, pero lo curioso del caso es que se dedicaba a la labor sin contar con los permisos de concesión.

Esta investigación arrojó que la actividad ilegal ha sido respaldada a través de permisos otorgados por la Alcaldía del Distrito de Soná.

Liquid Jungle Lab. Inc. tramitó una concesión con el Estado panameño durante la administración gubernamental de la presidenta Mireya Moscoso, por 60 años, la cual asciende a varios millones de dólares.
El pasado lunes, Eulogio Calles y Mauricio Gutiérrez, ambos moradores de Bahía Honda, presentaron una denuncia por daños ecológicos a la Fiscalía Primera.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) conoció que esta compañía no ha tramitado concesiones para extraer arenas.

Este Ministerio realizó una inspección a la zona sur donde se han registrado las anomalías y en el mismo se detectó el daño que existe. Por lo que a su paso se emitirá una orden para que no se continúe extrayendo material.

Elinforme ya fue remitido por el MICI a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). e acuerdo con Francisco Carrizo, director Regional del ANAM, ya se han realizado inspecciones por parte de la institución, por lo que se espera que a través de los inspectores se rinda el informe.

La empresa Liquid ha sido sancionada en dos ocasiones. Una por el incumplimiento del estudio de impacto ambiental, por lo que se le multó por la suma de 10 mil dólares por construir una edificación que no estaba prevista, y, la segunda, en el año 2005, por ampliar la pista de aterrizaje.

Arístides Ortiz, alcalde de Soná, dijo que por años a la empresa se le han otorgado permisos de extracción de arena, por la cantidad de 100 y 200 yardas cúbicas, pero reiteró que desde hace seis meses no se le ha dado autorización para que realicen las labores.

Los habitantes piden que se efectúe una inspección exhaustiva a nivel de gobernantes de la ciudad capital, pues confían en las autoridades de la provincia.