Avanza interconexión eléctrica Panamá Colombia

Ratifican interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia

El Banco Interamericano de Desarrollo apoya la cooperación técnica

Cindy Calderón
PA-DIGITAL

Proyecto inicia en abril de 2009.

El próximo primero de abril se inaugurará en Panamá la sede permanente de la empresa de interconexión eléctrica Panamá-Colombia, según informes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El canciller de la República, Samuel Lewis Navarro, señaló que el proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia es prioritario y traerá resultados concretos para los dos países en materia de energía.

Durante una reunión realizada ayer, jueves, también se presentaron los avances de las actividades para el desarrollo e implementación del proyecto, de los acuerdos regulatorios, al igual que la aprobación de la cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se informó que durante el encuentro se firmó un acuerdo entre la Secretaría Nacional de Energía de la República de Panamá y el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia, el cual busca desarrollar e implementar coordinadamente el esquema regulatorio operativo y comercial para permitir el intercambio de energía eléctrica entre ambas naciones.

—————————

Panamá tendra acceso a un gran volumen de energía a precios más baratos y sin costos ambientales y sociales dentro del país. Lamentablemente es muy probable que en Colombia esta energía se produzca en muchos casos violando derechos humanos de comunidades vulnerables y destruyendo ríos y cuencas de rica biodiversidad en el hermano país.

Panamá tendrá acceso a exportar energía a Colombia e incluso a otros países del continente sudamericano, aunque la ventaja se ve obvia en el sentido opuesto.

De este proyecto se ve claro que Panamá no necesita seguir impulsando proyectos que afectan los caros valores ambientales de Panamá, so pretexto de escasez futura de energía.  Con energías alternativas, con eficiencia energética, con interconexiones y con una buena educación ambiental Panamá tendrá energía por muchas décadas sin recurrir a los burdos embalses de nuestros ríos o a la instalación masiva de termoeléctricas , cuyos voraces ejecutivos se aprovechan de la especulación y la corrupción para abusar en el país, so pretexto que nos benefician.

Burica Press

Concurso hemisférico de innovación energética

Concurso para Innovación en Energía

Donantes ofrecen hasta US$200,000 para financiar ideas que mejoran la eficiencia energética y el acceso a energía renovable en América Latina y el Caribe

Nuevas ideas para mejorar la eficiencia energética y el acceso a energía renovable en los países de América Latina y el Caribe recibirán hasta US$200,000 en financiamiento a través de un concurso anunciado conjuntamente hoy por el Banco Interamericano de Desarrollo, GVEP International, GTZ y el Gobierno de Corea.

El Concurso de Innovación Energética busca impulsar el desarrollo de soluciones a la escasez de energía que aflige a la región, particularmente en las áreas rurales y de bajos ingresos. El concurso premiará a múltiples proyectos con una suma total de entre US$4 millones y US$6 millones en el curso de los próximos tres años, con un máximo de US$200,000 por cada propuesta.

Durante el próximo mes, una campaña regional de marketing invitará a las personas y organizaciones de los países de América Latina y el Caribe a presentar sus propuestas al concurso. Organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, empresas, fundaciones, centros de investigación, universidades o agencias de desarrollo pueden postular en forma individual, o asociadas con otras entidades que se encuentren fuera de la región. Las propuestas pueden ser enviadas en inglés, español, portugués o francés.

Los criterios de evaluación incluirán el grado de innovación, el impacto en el desarrollo (económico, social, ambiental), la posibilidad de crecimiento o ampliación, la replicabilidad, la sostenibilidad financiera, la capacidad institucional, la estrategia de implementación y sus riesgos proyectados.

Las propuestas pueden ser enviadas hasta el 15 de mayo de 2009, y los ganadores serán anunciados en agosto. Siga los enlaces que aparecen a la derecha para obtener mayor información y el formulario de aplicación.

GVEP International es una ONG con sede en Inglaterra, que trabaja para acelerar y mejorar el acceso a la energía entre poblaciones pobres de los países en vías de desarrollo. GVEP International apoya la innovación en el diseño y uso de tecnologías o modelos de negocios que tengan el potencial de incrementar el acceso a la energía renovable, mejorar la eficiencia energética o incrementar la productividad en el uso de la energía.

El BID es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. A través de su Iniciativa para la Energía Sostenible y el Cambio Climático (SECCI, según sus siglas en inglés), el BID apoya el uso de la energía renovable y la eficiencia energética, el desarrollo de los biocombustibles, el financiamiento del carbono, y la adaptación al cambio climático.

El gobierno de Corea apoya activamente los esfuerzos de América Latina y el Caribe en búsqueda del mejoramiento del acceso energético, la eficiencia, y la producción de energía renovable. Con ese propósito, Corea ha establecido el “Fondo de Conocimiento Compartido de Corea para la Tecnología y la Innovación” (“Knowledge Partnership Korea Fund for Technology and Innovation”, en inglés, o KPKF, según sus siglas) dentro del BID.

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH es una empresa de cooperación internacional que busca promover el desarrollo sostenible con operaciones a nivel mundial, proveyendo soluciones viables y futuristas para el desarrollo político, económico, ecológico y social en un mundo globalizado.


Ahorrar energía y cuidar el planeta

ENERGÍA. MEDIDAS PARA BAJAR EL GASTO ELÉCTRICO, REDUCEN EL CAMBIO CLIMÁTICO.

Ahorrar y cuidar el planeta

La distribución masiva de focos ahorradores es solo una de las estrategias para no gastar tanta electricidad.

Pequeños ajustes en los hábitos hogareños pueden generar una gran diferencia en el gasto de energía.

LA PRENSA/David Mesa
MEDIDAS Los focos de bajo consumo se han convertido en una alternativa casi obligada ante el imparable aumento del costo de la electricidad.

Rosina Ynzenga
rosinaynzenga@yahoo.es

Con la subida del petróleo y el costo de la vida en aumento, solo al cambiar algunos hábitos en la vida cotidiana se puede disminuir el gasto de electricidad. A esta conclusión también ha llegado el Gobierno panameño, que ha comenzado a comprar millones de bombillas energéticas.

Los planes gubernamentales son adquirir cerca de 6 millones de estas bombillos, con un coste que es el equivalente a una décima parte del costo total de construir una planta eléctrica de 60 megavatios.

A BAJAR EL CONSUMO

Un informe divulgado hace un par de semanas en Sao Paulo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), da cuenta de que un ahorro significativo de energía en la región se conseguiría mediante la reducción del 10% del consumo de electricidad para 2018 mediante la utilización de tecnologías eficientes.

El informe, presentado por el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, en la conferencia “Eficiencia energética y competitividad”, especifica que para conseguir esa reducción del consumo, los países de la región tendrían que invertir en conjunto unos 17 mil millones de dólares en bombillos fluorescentes compactos, motores eficientes y otras medidas para alcanzar un ahorro equivalente a unos 143 mil gigavatios hora.

Si no se hacen esas inversiones, la región tendría que construir unas 328 turbinas de gas de 250 megavatios cada una para atender la demanda de electricidad, lo que supondría una inversión calculada en 53 mil millones de dólares, sin contar gastos de operación y combustible.

CAMBIO DE HÁBITOS

El cambio por bombillas de bajo consumo supondrá un ahorro, ya que una bombilla tradicional consume al año si está encendida una media de cinco horas, un total de 182 mil 500 vatios/hora (wh). Sin embargo las de bajo consumo en las mismas condiciones suponen solo un total de 36 mil 500 wh. Esto equivale a un ahorro de un 400% anual en la factura de la electricidad, dicen los expertos.

Con trucos sencillos se puede conseguir abonar menos cada mes en electricidad. Los aparatos electrónicos que funcionan con control remoto y botón de stand by, consumen constantemente energía. Por este motivo, es preferible enchufarlos solo cuando se vayan a usar.

Su gasto energético en esta modalidad es de alrededor de un tercio de la utilizada cuando están encendidos. Lo mismo pasa con los cargadores de los teléfonos móviles.

Es mejor preguntar al momento de comprar un electrodoméstico, cuánto es su nivel de consumo, porque aparatos de características similares pueden suponer para el bolsillo del consumidor hasta un 90% de diferencia en el gasto.

BENEFICIO AMBIENTAL

En el proceso de convertir el petróleo, carbón o gas en fuentes energéticas, se emiten gases que crean el conocido efecto invernadero. Al cambiar los hábitos para bajar el consumo energético, también se está, sin proponérselo, colaborando en atenuar el calentamiento global.

Los mitos del ahorro energético en el hogar

Tanto se ha hablado del ahorro energético, que hay mitos sobre este tema. Muchas personas creen que descongelar el frigorífico supone un gran gasto de electricidad, pero los expertos consideran que es recomendable hacerlo al menos dos veces al año para evitar las capas de hielo.

Otros afirman que encender la plancha para poca ropa consume menos energía que si es se hace para muchas prendas de vestir. Una creencia que no se ajusta a la realidad, ya que este electrodoméstico gasta mayor cantidad de electricidad cuando se enciende. Por ese motivo, los expertos aconsejan solo planchar cuando se tiene una gran cantidad de ropa. Otro de los mitos es que una cocina eléctrica es más económica que una de gas.

Algo que no es cierto, ya que el gas supone un consumo de una cuarta parte que una eléctrica. Sorprendentemente, las plantas pueden suponer un ahorro, ya que la vegetación exterior ayuda a mantener el ambiente más fresco y da sombra, lo que reduce el calor y por lo tanto el constante uso del acondicionador de aire.

Rechazo a préstamo del BID a la ANAM

A continuación Burica Press reproduce una carta enviada al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que consideramos valioso su conocimiento público por las aseveraciones que la misma hace a la administración ambiental en en Panamá.

Burica Press

Panamá, 30 de noviembre de 2007

Doctor
Luis Alberto Moreno
Presidente
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Estimado Dr. Moreno:

Como organizaciones ciudadanas que estamos preocupadas por la creación de una institucionalidad ambiental que sea moderna, justa e incluyente, queremos expresarle nuestro rechazo a la reciente decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de otorgar un nuevo préstamo ambiental al Estado Panameño (PN-L1013). Si bien consideramos que es un apoyo importante para el país, el mismo no se debe dar antes de que se haya realizado un análisis comprensivo y verdaderamente participativo de los logros alcanzados por el Programa Ambiental Nacional (PAN) (PN0122).

Nosotros consideramos que la mayor parte del financiamiento del PAN ha sido utilizado de manera deficiente e irresponsable por las administraciones generales de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), pues las mismas han ignorado sistemáticamente los principios establecidos en la Ley 41 de 1998, así como las recomendaciones de las consultarías que han sustentado técnicamente la entrega de estos prestamos. En este sentido, queremos enfatizar los siguientes puntos:

La negativa hasta la fecha, de conformar la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, como lo establece los artículos 18, 19 y 20 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998. Esta instancia hubiera servido de espacio de diálogo y concertación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esta violación abierta a la ley ha generado numerosos conflictos y daños ambientales irreparables durante los últimos nueve años.

La negativa de separar la función de regulación de los procesos productivos de la de administración de los recursos naturales, como lo sugirió el estudio de reingeniería de la Autoridad Nacional del Ambiente. Esto ha llevado a que la ANAM sea juez y parte en numerosos conflictos ambientales, lo que ha erosionado por completo la credibilidad de la Institución y ha puesto a sus funcionarios en claras situaciones de conflictos de intereses. No es posible que la misma entidad que reciba ingresos por el otorgamiento de concesiones sobre los recursos naturales también sea la responsable de fiscalizar estos mismos proyectos de desarrollo.

La centralización de las evaluaciones de impacto ambiental en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a través del Decreto No. 209 de 5 de septiembre de 2006, lo que contradice el espíritu de la Ley 41 y echa al suelo las inversiones realizadas por el PAN en la creación y fortalecimiento de las Unidades Ambientales Sectoriales (UAS). Estos cambios fueron realizados de manera inconsulta y sin la debida participación de organizaciones de la sociedad civil.

La falta de transparencia y participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental, lo que ha llevado a la aprobación de numerosos estudios de impacto ambiental que son técnicamente deficientes, a pesar de las opiniones expresadas por organizaciones de la sociedad civil y otras instancias gubernamentales. A esto se suma, la aprobación condicionada de proyectos que no tienen línea base; la subcategorización de proyectos; y el fraccionamiento de un mismo proyecto en numerosas fases y etapas. Finalmente, es común que se de la introducción de enmiendas, addendas y actualizaciones a estudios de impacto ambiental de proyectos que ya están en ejecución, lo que atenta contra la seguridad jurídica, invalida los procesos de consulta publica realizados previamente y entorpece de manera significativa los procesos de participación ciudadana y la aplicación de las normas respectivas, entre otros aspectos de fundamental importancia.

La no aplicación del principio precautorio en la fiscalización de los proyectos de desarrollo. Actualmente, el Decreto No. 209 de 5 de septiembre de 2006, que reglamenta los Estudios de Impacto Ambiental, permite la aprobación condicionada de estudios de impacto ambiental, atentando precisamente con el Principio Precautorio y generando daños ambientales, injusticias sociales y violaciones a los Derechos Humanos. Además, se aplica extemporáneamente multas y otras sanciones administrativas, luego de que los proyectos ya han causado daños irreversibles, lo que ha llevado al deterioro severo de nuestros ecosistemas naturales sin siquiera considerar los impactos acumulativos ni una Evaluación Ambiental Estratégica.

El desconocimiento sistemático de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, lo que ha puesto a estos grupos vulnerables en una situación de completa indefensión, atentando contra su modo de vida, cultura y tradiciones, y ocasionando numerosos conflictos ambientales con las autoridades tradicionales escogidas según sus propios usos y costumbres.

La aprobación inconsulta de cambios en las regulaciones ambientales a fin de legitimar actuaciones irregulares y contrarias a los principios y normas básicas para la protección ambiental, los aspectos sociales y culturales que deben respetarse y sin la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil, ignorando las opiniones expresadas por la ciudadanía en otros foros de consulta ciudadana.

La distorsión de la funciones de la institución, que ha pasado de ser reguladora a promotora de proyectos de desarrollo. Esto se evidencia especialmente en el inusual énfasis que se le está dando en la presente administración a la promoción de numerosos proyectos hidroeléctricos y a la ampliación del Canal de Panamá.

La intromisión de la política partidista en la administración de la ANAM tanto a nivel central como a nivel de las administraciones regionales, así como el contubernio escandaloso con empresas privadas, lo que ha llevado al descrédito absoluto de la Institución, la judicializacion de los conflictos ambientales y la comisión de violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo antes expuesto, queremos solicitarle muy respetuosamente que se suspenda inmediatamente la tramitación del citado préstamo ambiental (PN-L1013) hasta que se haya realizado una evaluación exhaustiva de los logros alcanzados por el PAN (PN0122), así como una discusión verdaderamente significativa con organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones gubernamentales sobre la situación actual y el futuro de la institucionalidad ambiental en Panamá.

Rechazamos por completo la afirmación de que los problemas ambientales en Panamá se reducen a la falta de recursos técnicos y financieros para la ANAM, y le recordamos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que como ciudadanos panameños seremos los responsables de pagar los préstamos que se le confieran al Estado, y que por lo tanto tenemos el deber y el derecho de asegurarnos de que estas inversiones sean utilizadas de la manera más apropiada.

Consideramos que la introducción de nuevas tecnologías y la realización de estudios técnicos no contribuirán a mejorar la gestión ambiental en Panamá, y serían simples paliativos, hasta que se resuelvan cuestiones fundamentales sobre el marco jurídico y la implementación de la políticas públicas ambientales en nuestro país.

Para cualquier comunicación posterior, puede llamar a Ariel Rodríguez u Osvaldo Jordán al teléfono de Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) (507) 223-9170, o escribirnos a nuestras respectivas direcciones electrónicas.

Agradeciéndole de antemano su atención a esta solicitud, quedan de Usted, atentamente,

Ariel Rodríguez

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Raisa Banfield

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (entidad en formación)

Donaldo Sousa

Asociación Ecologista Panameña (ASEP)

Susana Serracín

Asociación de Derecho Ambiental (ADA)

Larissa Duarte

Fundación para la Defensa del Ecosistema (FUDECO/

Ezequiel Miranda

Asociación para la Conservación de la Biosfera (ACB)

Félix Sánchez

Fundación Alianza Naso Tjer Di

c. c. Fernando Eleta Casanovas, Director Alterno Panama-Venezuela (BID)

Ari Herschowitz, Natural Resources Defense Council (NRDC)

Aaron Goldzimer, Environmental Defense

Peter Galvin, Center for Biological Diversity (CBD)

Vince McElhinny, Bank Information Center (BIC)

Nadia Martinez, Institute for Policy Studies (IPS)

Ambientalistas denuncian a ANAM ante el BID

Panamá, 30 de noviembre de 2007

Doctor
Luís Alberto Moreno
Presidente
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Estimado Dr. Moreno:

Como organizaciones ciudadanas que estamos preocupadas por la creación de una institucionalidad ambiental que sea moderna, justa e incluyente, queremos expresarle nuestro rechazo a la reciente decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de otorgar un nuevo préstamo ambiental al Estado Panameño (PN-L1013). Si bien consideramos que es un apoyo importante para el país, el mismo no se debe dar antes de que se haya realizado un análisis comprensivo y verdaderamente participativo de los logros alcanzados por el Programa Ambiental Nacional (PAN) (PN0122).

Nosotros consideramos que la mayor parte del financiamiento del PAN ha sido utilizado de manera deficiente e irresponsable por las administraciones generales de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), pues las mismas han ignorado sistemáticamente los principios establecidos en la Ley 41 de 1998, así como las recomendaciones de las consultorías que han sustentado técnicamente la entrega de estos préstamos. En este sentido, queremos enfatizar los siguientes puntos:

La negativa hasta la fecha, de conformar la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, como lo establece los artículos 18, 19 y 20 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998. Esta instancia hubiera servido de espacio de diálogo y concertación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esta violación abierta a la ley ha generado numerosos conflictos y daños ambientales irreparables durante los últimos nueve años.

La negativa de separar la función de regulación de los procesos productivos de la de administración de los recursos naturales, como lo sugirió el estudio de reingeniería de la Autoridad Nacional del Ambiente. Esto ha llevado a que la ANAM sea juez y parte en numerosos conflictos ambientales, lo que ha erosionado por completo la credibilidad de la Institución y ha puesto a sus funcionarios en claras situaciones de conflictos de intereses. No es posible que la misma entidad que reciba ingresos por el otorgamiento de concesiones sobre los recursos naturales también sea la responsable de fiscalizar estos mismos proyectos de desarrollo.

La centralización de las evaluaciones de impacto ambiental en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a través del Decreto No. 209 de 5 de septiembre de 2006, lo que contradice el espíritu de la Ley 41 y echa al suelo las inversiones realizadas por el PAN en la creación y fortalecimiento de las Unidades Ambientales Sectoriales (UAS). Estos cambios fueron realizados de manera inconsulta y sin la debida participación de organizaciones de la sociedad civil.

La falta de transparencia y participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental, lo que ha llevado a la aprobación de numerosos estudios de impacto ambiental que son técnicamente deficientes, a pesar de las opiniones expresadas por organizaciones de la sociedad civil y otras instancias gubernamentales. A esto se suma, la aprobación condicionada de proyectos que no tienen línea base; la subcategorización de proyectos; y el fraccionamiento de un mismo proyecto en numerosas fases y etapas. Finalmente, es común que se de la introducción de enmiendas, addendas y actualizaciones a estudios de impacto ambiental de proyectos que ya están en ejecución, lo que atenta contra la seguridad jurídica, invalida los procesos de consulta publica realizados previamente y entorpece de manera significativa los procesos de participación ciudadana y la aplicación de las normas respectivas, entre otros aspectos de fundamental importancia.

La no aplicación del principio precautorio en la fiscalización de los proyectos de desarrollo. Actualmente, el Decreto No. 209 de 5 de septiembre de 2006, que reglamenta los Estudios de Impacto Ambiental, permite la aprobación condicionada de estudios de impacto ambiental, atentando precisamente con el Principio Precautorio y generando daños ambientales, injusticias sociales y violaciones a los Derechos Humanos. Además, se aplica extemporáneamente multas y otras sanciones administrativas, luego de que los proyectos ya han causado daños irreversibles, lo que ha llevado al deterioro severo de nuestros ecosistemas naturales sin siquiera considerar los impactos acumulativos ni una Evaluación Ambiental Estratégica.

El desconocimiento sistemático de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, lo que ha puesto a estos grupos vulnerables en una situación de completa indefensión, atentando contra su modo de vida, cultura y tradiciones, y ocasionando numerosos conflictos ambientales con las autoridades tradicionales escogidas según sus propios usos y costumbres.

La aprobación inconsulta de cambios en las regulaciones ambientales a fin de legitimar actuaciones irregulares y contrarias a los principios y normas básicas para la protección ambiental, los aspectos sociales y culturales que deben respetarse y sin la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil, ignorando las opiniones expresadas por la ciudadanía en otros foros de consulta ciudadana.

La distorsión de la funciones de la institución, que ha pasado de ser reguladora a promotora de proyectos de desarrollo. Esto se evidencia especialmente en el inusual énfasis que se le está dando en la presente administración a la promoción de numerosos proyectos hidroeléctricos y a la ampliación del Canal de Panamá.

La intromisión de la política partidista en la administración de la ANAM tanto a nivel central como a nivel de las administraciones regionales, así como el contubernio escandaloso con empresas privadas, lo que ha llevado al descrédito absoluto de la Institución, la judicializacion de los conflictos ambientales y la comisión de violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo antes expuesto, queremos solicitarle muy respetuosamente que se suspenda inmediatamente la tramitación del citado préstamo ambiental (PN-L1013) hasta que se haya realizado una evaluación exhaustiva de los logros alcanzados por el PAN (PN0122), así como una discusión verdaderamente significativa con organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones gubernamentales sobre la situación actual y el futuro de la institucionalidad ambiental en Panamá.

Rechazamos por completo la afirmación de que los problemas ambientales en Panamá se reducen a la falta de recursos técnicos y financieros para la ANAM, y le recordamos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que como ciudadanos panameños seremos los responsables de pagar los préstamos que se le confieran al Estado, y que por lo tanto tenemos el deber y el derecho de asegurarnos de que estas inversiones sean utilizadas de la manera más apropiada.

Consideramos que la introducción de nuevas tecnologías y la realización de estudios técnicos no contribuirán a mejorar la gestión ambiental en Panamá, y serían simples paliativos, hasta que se resuelvan cuestiones fundamentales sobre el marco jurídico y la implementación de la políticas públicas ambientales en nuestro país.

Para cualquier comunicación posterior, puede llamar a Ariel Rodríguez u Osvaldo Jordán al teléfono de Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) (507) 223-9170, o escribirnos a nuestras respectivas direcciones electrónicas.

Agradeciéndole de antemano su atención a esta solicitud, quedan de Usted, atentamente,

Firma original

Ariel Rodríguez

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Firma original

Raisa Banfield

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (entidad en formación)

Firma original

Donaldo Sousa

Asociación Ecologista Panameña (ASEP)

Firma original

Susana Serracín

Asociación de Derecho Ambiental (ADA)

Firma original

Larissa Duarte

Fundación para la Defensa del Ecosistema (FUDECO/

Firma original

Ezequiel Miranda

Asociación para la Conservación de la Biosfera (ACB)

Firma original

Félix Sánchez

Fundación Alianza Naso Tjer Di

c. c. Fernando Eleta Casanovas, Director Alterno Panama-Venezuela (BID)

Ari Herschowitz, Natural Resources Defense Council (NRDC)

Aaron Goldzimer, Environmental Defense

Peter Galvin, Center for Biological Diversity (CBD)

Vince McElhinny, Bank Information Center (BIC)

Nadia Martinez, Institute for Policy Studies (IPS)

Ambientalistas denuncian a ANAM ante el BID

Panamá, 30 de noviembre de 2007

Doctor
Luis Alberto Moreno
Presidente
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Estimado Dr. Moreno:

Como organizaciones ciudadanas que estamos preocupadas por la creación de una institucionalidad ambiental que sea moderna, justa e incluyente, queremos expresarle nuestro rechazo a la reciente decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de otorgar un nuevo préstamo ambiental al Estado Panameño (PN-L1013). Si bien consideramos que es un apoyo importante para el país, el mismo no se debe dar antes de que se haya realizado un análisis comprensivo y verdaderamente participativo de los logros alcanzados por el Programa Ambiental Nacional (PAN) (PN0122).

Nosotros consideramos que la mayor parte del financiamiento del PAN ha sido utilizado de manera deficiente e irresponsable por las administraciones generales de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), pues las mismas han ignorado sistemáticamente los principios establecidos en la Ley 41 de 1998, así como las recomendaciones de las consultorías que han sustentado técnicamente la entrega de estos préstamos. En este sentido, queremos enfatizar los siguientes puntos:

La negativa hasta la fecha, de conformar la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, como lo establece los artículos 18, 19 y 20 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998. Esta instancia hubiera servido de espacio de diálogo y concertación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esta violación abierta a la ley ha generado numerosos conflictos y daños ambientales irreparables durante los últimos nueve años.

La negativa de separar la función de regulación de los procesos productivos de la de administración de los recursos naturales, como lo sugirió el estudio de reingeniería de la Autoridad Nacional del Ambiente. Esto ha llevado a que la ANAM sea juez y parte en numerosos conflictos ambientales, lo que ha erosionado por completo la credibilidad de la Institución y ha puesto a sus funcionarios en claras situaciones de conflictos de intereses. No es posible que la misma entidad que reciba ingresos por el otorgamiento de concesiones sobre los recursos naturales también sea la responsable de fiscalizar estos mismos proyectos de desarrollo.

La centralización de las evaluaciones de impacto ambiental en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a través del Decreto No. 209 de 5 de septiembre de 2006, lo que contradice el espíritu de la Ley 41 y echa al suelo las inversiones realizadas por el PAN en la creación y fortalecimiento de las Unidades Ambientales Sectoriales (UAS). Estos cambios fueron realizados de manera inconsulta y sin la debida participación de organizaciones de la sociedad civil.

La falta de transparencia y participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental, lo que ha llevado a la aprobación de numerosos estudios de impacto ambiental que son técnicamente deficientes, a pesar de las opiniones expresadas por organizaciones de la sociedad civil y otras instancias gubernamentales. A esto se suma, la aprobación condicionada de proyectos que no tienen línea base; la subcategorización de proyectos; y el fraccionamiento de un mismo proyecto en numerosas fases y etapas. Finalmente, es común que se de la introducción de enmiendas, addendas y actualizaciones a estudios de impacto ambiental de proyectos que ya están en ejecución, lo que atenta contra la seguridad jurídica, invalida los procesos de consulta publica realizados previamente y entorpece de manera significativa los procesos de participación ciudadana y la aplicación de las normas respectivas, entre otros aspectos de fundamental importancia.

La no aplicación del principio precautorio en la fiscalización de los proyectos de desarrollo. Actualmente, el Decreto No. 209 de 5 de septiembre de 2006, que reglamenta los Estudios de Impacto Ambiental, permite la aprobación condicionada de estudios de impacto ambiental, atentando precisamente con el Principio Precautorio y generando daños ambientales, injusticias sociales y violaciones a los Derechos Humanos. Además, se aplica extemporáneamente multas y otras sanciones administrativas, luego de que los proyectos ya han causado daños irreversibles, lo que ha llevado al deterioro severo de nuestros ecosistemas naturales sin siquiera considerar los impactos acumulativos ni una Evaluación Ambiental Estratégica.

El desconocimiento sistemático de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, lo que ha puesto a estos grupos vulnerables en una situación de completa indefensión, atentando contra su modo de vida, cultura y tradiciones, y ocasionando numerosos conflictos ambientales con las autoridades tradicionales escogidas según sus propios usos y costumbres.

La aprobación inconsulta de cambios en las regulaciones ambientales a fin de legitimar actuaciones irregulares y contrarias a los principios y normas básicas para la protección ambiental, los aspectos sociales y culturales que deben respetarse y sin la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil, ignorando las opiniones expresadas por la ciudadanía en otros foros de consulta ciudadana.

La distorsión de la funciones de la institución, que ha pasado de ser reguladora a promotora de proyectos de desarrollo. Esto se evidencia especialmente en el inusual énfasis que se le está dando en la presente administración a la promoción de numerosos proyectos hidroeléctricos y a la ampliación del Canal de Panamá.

La intromisión de la política partidista en la administración de la ANAM tanto a nivel central como a nivel de las administraciones regionales, así como el contubernio escandaloso con empresas privadas, lo que ha llevado al descrédito absoluto de la Institución, la judicializacion de los conflictos ambientales y la comisión de violaciones a los derechos humanos.

Por todo lo antes expuesto, queremos solicitarle muy respetuosamente que se suspenda inmediatamente la tramitación del citado préstamo ambiental (PN-L1013) hasta que se haya realizado una evaluación exhaustiva de los logros alcanzados por el PAN (PN0122), así como una discusión verdaderamente significativa con organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones gubernamentales sobre la situación actual y el futuro de la institucionalidad ambiental en Panamá.

Rechazamos por completo la afirmación de que los problemas ambientales en Panamá se reducen a la falta de recursos técnicos y financieros para la ANAM, y le recordamos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que como ciudadanos panameños seremos los responsables de pagar los préstamos que se le confieran al Estado, y que por lo tanto tenemos el deber y el derecho de asegurarnos de que estas inversiones sean utilizadas de la manera más apropiada.

Consideramos que la introducción de nuevas tecnologías y la realización de estudios técnicos no contribuirán a mejorar la gestión ambiental en Panamá, y serían simples paliativos, hasta que se resuelvan cuestiones fundamentales sobre el marco jurídico y la implementación de la políticas públicas ambientales en nuestro país.

Para cualquier comunicación posterior, puede llamar a Ariel Rodríguez u Osvaldo Jordán al teléfono de Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) (507) 223-9170, o escribirnos a nuestras respectivas direcciones electrónicas.

Agradeciéndole de antemano su atención a esta solicitud, quedan de Usted,

Atentamente,

 

Ariel Rodríguez

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

 

Raisa Banfield

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (entidad en formación)

 

Donaldo Sousa

Asociación Ecologista Panameña (ASEP)

 

Susana Serracín

Asociación de Derecho Ambiental (ADA)

 

Larissa Duarte

Fundación para la Defensa del Ecosistema (FUDECO/

 

Ezequiel Miranda

Asociación para la Conservación de la Biosfera (ACB)

 

Félix Sánchez

Fundación Alianza Naso Tjer Di

c. c. Fernando Eleta Casanovas, Director Alterno Panama-Venezuela (BID)

Ari Herschowitz, Natural Resources Defense Council (NRDC)

Aaron Goldzimer, Environmental Defense

Peter Galvin, Center for Biological Diversity (CBD)

Vince McElhinny, Bank Information Center (BIC)

Nadia Martinez, Institute for Policy Studies (IPS)

“Panamá produce energía de sobra”

Si Panamá produce energía de sobra y si pronto se interconectará con Colombia que tiene igualmente abundante energía y más barata, entonces por qué el gobierno impulsa las hidroeléctricas. Buena pregunta no!

Burica Press

El costo por megavatio en Colombia está en 60 dólares, muy por debajo de los 100 dólares vigentes en Centroamérica. Pero el director general del ente operador EOR, René González, advirtió que el atraso en la tramitación de las expropiaciones impedirá la ejecución oportuna de la línea que abarcará a toda la región.

Integración eléctrica de C.A. intenta avanzar

El proyecto incluye la construcción de un sistema de interconexión eléctrica entre los países del istmo

EFE – 16:09 – 31/10/2007

La creación de un Mercado Eléctrico Regional entre seis países de América Central, un ambicioso proyecto de largos años de maduración, podría atrasarse y no entrar en operación en el tiempo previsto, advirtieron hoy especialistas en Río de Janeiro.

El proyecto incluye la construcción de un sistema de interconexión eléctrica entre los países del istmo, con una línea de 300 megavatios a través de mil 834 kilómetros entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de España.

El estado del proyecto fue expuesto hoy en Río de Janeiro en el tercer y último día del “IV Congreso de Integración Energética”, auspiciado por empresas internacionales y brasileñas.

Además, de instituciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural de América Latina y el Caribe (Arpel), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y realizado por International Business Communications y la publicación BN Americas.

La integración eléctrica de América Central atrae a inversionistas y empresas internacionales, muchas de ellas brasileñas que participan en varias licitaciones en marcha.

El futuro Mercado Eléctrico de América Central (MER) es regulado por la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) con sede en Guatemala y por el Ente Operador Regional (EOR), encargado del manejo técnico y comercial del sistema, con sede en San Salvador.

Sin retorno

Centroamérica suma una población total de 40,8 millones de habitantes, con una demanda máxima de 6,7 gigavatios (GW) y una generación instala de 9,0 GW. “La integración es un camino sin vuelta aunque a cada cambio de Gobierno nos parezca un alto o un retorno”, afirmó Edgar Navarro, director general de CRIE.

“Está progresando”, dijo Navarro a Efe acerca de la principal inversión de este proyecto, la línea de 380 millones de dólares que deberá entrar en operaciones en enero de 2009.

Centroamérica tiene suficiente capacidad de generación propia para abastecerse, pues aunque algunos países tienen déficit, Guatemala y Panamá tienen energía de sobra, explicó.

El consumo anual de energía en la región crece el 6,5 por ciento anual, impulsada por la expansión de la economía y trata de cubrir esta demanda con los proyectos de interconexión y con otros futuros de generación, explicó Navarro.

Se estima que para generar cada 400 megavatios adicionales se necesitarán 1.200 millones de dólares.”Es algo que vamos a tratar de hacer realidad entre 2008 y 2013″, dijo.

El II Protocolo del Tratado Marco de América Central esta en fase de aprobación en las Asambleas (congresos) de los países socios para establecer el perfil definitivo del mercado energético regional. Ese instrumento jurídico también dará señales económicas para inversiones en generación, según los especialistas.

Línea binacional

Panamá ya gestiona su propia integración eléctrica con Colombia a través de una línea binacional, que junto a otra ya avanzada entre México y Guatemala significará la integración energética de toda Centro América con América del Sur y del Norte.

El costo por megavatio en Colombia está en 60 dólares, muy por debajo de los 100 dólares vigentes en Centroamérica. Pero el director general del ente operador EOR, René González, advirtió que el atraso en la tramitación de las expropiaciones impedirá la ejecución oportuna de la línea que abarcará a toda la región.

Hoy la escasa o nula inversión en plantas generadoras de energía eléctrica por encima de 300 MW, que estén operando al 2012, pone en riesgo el proyecto de un mercado común eléctrico funcionando sostenidamente para ese año, alertó.

Todavía es necesario generar compromisos y hacer coincidir los intereses de los inversionistas y las voluntades políticas en beneficio de los pueblos del Istmo, afirmó González.