CIDH expresa preocupación por violación a Derechos Humanos en manifestaciones en Panamá

CIDH expresa preocupación por violación a Derechos Humanos  en manifestaciones en Panamá

Washington, D.C., 3 de agosto de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en una manifestación que tuvo lugar el 8 de julio de 2010 en Changuinola, Bocas del Toro, Panamá.

Según la información recibida, trabajadores de fincas bananeras de la provincia de Bocas del Toro decretaron paro general de labores a partir del 2 de julio de 2010, como medida de protesta contra la aprobación de la Ley 30, aprobada el 12 de junio por la Asamblea Nacional de Panamá y sancionada por el Presidente el 16 de junio. La información disponible indica que el 8 de julio, una manifestación organizada en el marco de la protesta contra algunos aspectos de esta ley relacionados con derechos sindicales y el derecho de huelga, fue reprimida por las fuerzas de seguridad, con un resultado de al menos dos personas muertas, más de un centenar de heridos y otro centenar de detenidos. La Comisión fue informada que se habrían librado órdenes de detención contra, al menos, 17 sindicalistas, las cuales posteriormente se habrían anulado. Asimismo, el 21 de julio el Gobierno de Panamá informó sobre la creación de una comisión especial para investigar los hechos.

La Comisión Interamericana recuerda al Estado panameño su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos. Como lo ha manifestado anteriormente: “La Comisión considera que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas. No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes.”

El Estado panameño tiene el deber de investigar los hechos violatorios de derechos humanos con arreglo al debido proceso, hasta su pleno esclarecimiento, así como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Bocas del Toro honra a sus mártires y pide justicia

5000 personas acompañan los cuerpos de los mártires de Bocas del Toro

Paco Gómez

Los cuerpos de Antonio Smith, Virgilio Castillo y Fernando Abrego son enterrados hoy en Changuinola y Guabito (Bocas del Toro) en una manifestación masiva en la que están participando unas 5000 personas, la mayoría indígenas del pueblo originario Ngäbe.
Con gritos de “No queremos bicicletas ni sacos de arroz, queremos justicia” o “Abajo el Gobierno de Martinelli”, los manifestantes han marchado kilómetros bajo el sol hasta llegar a la Estación de Policía, donde han increpado a los pocos agentes que estaban a la vista. Durante toda la marcha no ha habido presencia policial y la comitiva fúnebre era aplaudida por los habitantes que esperaban a los costados.
“No queremos a este presidente, queremos un cambio, pero para poner un presidente del pueblo. La conciencia y la memoria de los muertos no se compra con las bicicletas o la comida que andan regalando por ahí”, gritaba uno de los indígenas mientras los compañeros lo aclamaban. Mientras, en diversas zonas de Changuinola, funcionarios del Gobierno Nacional regalaban bicicletas y trataban de convencer a los ciudadanos de que aceptaran las bolsas de comida. En poblaciones como Las Tablas, los vecinos quemaron ayer las bolsas de comida repartidas por el Ejecutivo.

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En la marcha fúnebre y de protesta participaron diferentes líderes sindicales y magisteriales, locales y nacionales, delegaciones de movimientos campesinos de Coclé o Veraguas, así como representantes de otros pueblos indígenas como los Naso.
Los activistas independientes de Derechos Humanos están documentando los efectos de la represión de Bocas donde, al menos, murieron cuatro adultos y dos menores y donde hay aún cientos de heridos que no han recibido atención médica. Uno de los heridos manifestó: fui al hospital tres veces y los médicos, al final, me dijeron que el plomo de los perdigones se quedaba ahí, dentro de mi piel”. Varias mujeres denunciaron la situación de los menores, afectados por los gases lacrimógenos y aún con síntomas como diarrea y vómitos.
Los testimonios de los supervivientes de la represión son desgarradores. “Disparaban desde arriba de los edificios de los bancos, y en la noche tiraban perdigones y balas desde helicópteros”, explica un obrero. Un compañero de Antonio Smith, la primera víctima de la represión oficial relata: “Primero le dispararon y después lo patearon en el suelo”. Los médicos han corroborado que Smith presentaba el pulmón perforado por munición y hasta 10 fracturas en su cuerpo.

Informe de Derechos Humanos incrimina al gobierno de Panamá

RESUMEN URGENTE

DE LOS ACONTECIMIENTOS EN PANAMÁ

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, GRAVE CRISIS DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO EN EL PAÍS

Un detenido con una herida grave en su ojo en los incidentes de Bocas del Toro. Decenas han perdido una o las dos vistas. Hubo muertos y centenares de heridos.

Elaborado por Human Rights Everywhere (HREV) / Panamá

14 de julio de 2010

- ANTECEDENTES / CONTEXTO POLÍTICO

- LA CRISIS DE BOCAS DEL TORO

- CONTEXTO LEGAL

- PERSECUCIÓN A LÍDERES

- ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

ANTECEDENTES / CONTEXTO

  • El 3 de mayo Ricardo Martinelli gana las elecciones presidenciales de Panamá con algo más del 60% de los votos emitidos.

  • En el mes de julio toma posesión con un proyecto centrado en la Mano Dura contra el crimen, la promesa de ir de frente contra los corruptos y de atender las necesidades del pueblo

  • En los primeros meses de gestión oficial, el Gobierno contrata más del 70% de las obras por contratación directa saltándose el proceso de licitación

  • Comienzan los dos programas estrella del Gobierno con irregularidades: el que entrega un bono de 100 dólares a los mayores de 70 años que no tengan jubilación y l entrega de mochilas a los escolares de todo el país

  • El Gobierno da el permiso de operaciones a la Minera Petaquilla Gold después de renegociar el contrato con el Estado. Esta Minera afecta al Corredor Biológico Mesoamericano y a cientos de habitantes de comunidades campesinas e indígenas

  • El Gobierno comienza a abrir las 11 bases aeronavales después de firmar un convenio con asesoría de Estados Unidos. La excusa oficial es la lucha contra el narcotráfico, organizaciones sociales denuncian la “militarización” del país. Panamá no tiene Ejército desde 1990, cuando meses después de la invasión estadounidense fue abolido. Sin embargo, hay cuerpos policiales, como el de Fronteras, que utilizan armamento militar y los actuales mandos de la Policía Nacional, incluido el director, son ex militares del régimen de Manuel Antonio Noriega.
  • En enero de 2010 el Gobierno nombra a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que formaron parte de su campaña electoral incumpliendo la promesa de fomentar la independencia del poder judicial.

  • Un mes de después, en febrero, la Corte Suprema separa de su cargo a Ana Matilde Gómez, Procuradora General (Fiscal General), en medio de una fuerte polémica sobre la constitucionalidad de la medida. El Gobierno nombra de inmediato a un abogado cercano al presidente como Procurador Suplente, Giussepe Bonissi. La Corte tardé 5 meses en determinar si había razones para juzgar a la Procuradora por unas escuchas telefónicas ordenadas por ella en el caso de un juez corrupto. El juicio comienza en agosto.

  • El Ejecutivo controla la Asamblea Nacional y las leyes se aprueban de manera expedita.

  • La Comisión Interamercana de Derechos Humanos realiza en abril una sesión temática sobre justicia en Panamá. Comparecen por la sociedad civil Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, y Miguel Antonio Bernal, abogado constitucionalista. El presidente reacciona de forma violenta a las denuncias de estos dos activistas y denomina a la sociedad civil como “cuatro gatos” que quieren “cogobernar”. Comienza acoso fiscal a Magaly Castillo y ataques mediáticos de la Ministra de Trabajo, Alma Cortés.

  • Noviembre de 2009. El Ministro de Gobierno y Justicia ordena el desalojo de los indígenas Naso de sus tierras ancestrales, reclamadas por un ganadero. El Gobierno hace caso omiso a las medidas cautelares a favor de estas comunidades dictaminadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asegura, por medio de su ministro, “que en Panamá no hay problemas entre indígenas y empresarios”.
  • La Comisión para la Erradicación de Todas las Formas de Discriminación de la ONU emite un duro informe contra Panamá en marzo de 2010 señalando que se están dando desplazamientos forzados de comunidades indígenas y que hay una pauta de discriminación institucional.
  • El Presidente de la República anuncia que va a cambiar el Código Minero para que el Gobierno de Corea del Sur pueda explotar la Mina de Cerro Colorao (la legislación panameña impedía que un Estado extranjero tuviera acciones en una explotación minero), la segunda reserva mundial de cobre ubicada en plena comarca indígena Ngäbe-Buglé a pesar de la oposición de los indígenas. En junio de 2010, un Decreto Ejecutivo del Consejo de Gabinete cambia la Ley Orgánica de la Comarca Ngäbe-Buglé para reducir la autonomía política de los indígenas y permitir la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas.
  • En la provincia de Darién se instala un estado de sitio no declarado oficialmente. Los habitantes de Jaqué denuncian presiones por parte de la Policía de Fronteras, imposibilidad de salir a pescar y desplazamiento masivo de la comunidad de Guabito, miembros de la etnia emberá. La excusa es la lucha contra el narcotráfico pero hay una limitación real de los derechos constitucionales. Según un Decreto firmado por la anterior Administración, el Servicio Nacional de Fronteras (Policía) ejerce funciones policiales, de migración, de autoridad del ambiente, entre otras, en Darién.
  • Además, el Ministerio de Seguridad firmó un convenio con la Autoridad Nacional del Ambiente que permite a la Policía Nacional utilizar como bases los puestos de guardabosques en los Parques Nacionales, incluido el Parque Nacional Darién, donde hay presencia de las guerrillas colombianas.

LA CRISIS DE BOCAS DEL TORO

Enfrentamientos en Bocas del Toro. Represión policial

El 2 de julio dio comiendo una huelga de 48 horas en las bananeras de Bocas del Toro que finalmente se prolongó hasta el domingo 11 de julio y acabó con duros enfrentamientos entre la policía y los trabajadores en huelga, cerca de 4.000 en su mayoría Ngäbe-Bugle, y sus familias. El saldo se cerró con cerca de 700 detenidos, tres muertos oficialmente reconocidos y una docena según las organizaciones sindicales, y en torno a 150 heridos atendidos en centros médicos en su mayoría por las lesiones provocadas por los perdigones de la policía, aunque los movimientos sociales cifran los heridos hasta en 1.000. Buena parte de esas lesiones son en el rostro y varios indígenas han perdido uno o dos ojos. Debido al uso de armamento de fuego real por parte de la Policía Nacional.

En el caso de las muertes la contaminación informativa ha sido total, HREV ha podido comprobar los nombres de dos de los fallecidos, indígenas ngäbe trabajadores de las bananeras (Antonio Smith y Fernando Ábrego). Sin embargo, se está tratando de identificar los otros cuerpos, aunque el acceso a la zona y a la morgue ha sido restringido por las autoridades.

A lo largo de los días de huelga se sumaron a los paros la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), Conusi y Conato, estas ultimas las dos principales centrales sindicales de país.

La huelga terminó con un acuerdo entre el Gobierno y el representante del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Afines (Sitraibano) de la Bocas Fruit Company que suspende durante 90 días algunos de los artículos de la Ley 30 de 2010 que desencadenó la huelga para negociarlos de forma nacional. El acuerdo no es aceptado por todos los movimientos que participaron en el levantamiento de Bocas, por lo que en estos momentos se respira una tensa calma que solo oculta aparentemente el conflicto real.

La huelga iniciada el 2 de julio, convocada por Sitraibano y cuatro sindicatos independientes, exigía la derogación de las reformas introducidas en diversa normativa penal, laboral, ambiental y policial, a través de la Ley de Aviación Comercial (Ley 30, conocida tambien como Ley Chorizo o Ley 9 en 1, porque reforma seis leyes y tres códigos).

Los trabajadores están en contra de la modificación al Código de Trabajo que plantea que las empresas no tienen la obligación de descontarle la cuota sindical a los trabajadores, lo que prácticamente elimina a los sindicatos. También rechazan la posibilidad de que las empresas contraten nuevo personal cuando se registra un paro de esta naturaleza, pues esto podría traer enfrentamientos “del pueblo contra el pueblo” y limita de forma sustancial el derecho a huelga.

Durante los dos primeros días de huelga se produjeron algunos cortes de calles y los ánimos se caldearon el sábado, 3 de julio, cuando los directivos de la empresa bananera no procedieron a pagarles la planilla correspondiente de la semana a los operarios, razón por la cual procedieron a cerrar la salida de los directivos de la compañía Bocas Fruit Company de las oficinas de Finca 13.

El día 4 se declaró la huelga como indefinida y el día 5 empezaron los cortes de los accesos a Changuinola, afectando ya al comercio y las clases en los colegios. El 6 de julio la ministra de Trabajo, Alma Cortes, se desplazó a Changuinola pero la reunión con los trabajadores terminó sin acuerdo. Entonces empezaron los primeros enfrentamientos con la Policía Nacional, que utilizó una fuerte represión, que se saldaron con los primeros 120 heridos.

El Gobierno reconoció el envió a la ciudad 300 efectivos antidisturbios y trasladó al lugar al ministro de Presidencia, Jimmy Papadimitriu, y posteriormente al ministro de Exteriores y vicepresidente, Juan Carlos Varela, y el ministro de Seguridad, Raul Mulino.

A partir del día 8 los enfrentamientos se recrudecieron, con una violenta respuesta de la policia, y empezaron las primeras detenciones de trabajadores y de líderes sindicales. Incluso se sacó al profesor Roberto Castillo encañonado de una reunión sin que se sepa aún cuál ha sido su destino. Esa misma fecha falleció el primer trabajador, Antonio Smith. Finalmente fueron tres los muertos reconocidos oficialmente, aunque las organizaciones sindicales hablan de una docena. Los heridos antendidos en centros sanitarios superaron los 150 y las detenciones rondan las 700.

Perdigones en el rostro

La policía respondió durante los cuatro días de enfrentamientos con gases lacrimógenos y perdigones (munición real). El propio Defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Vargas, ha denunciado que los disparos se produjeron por encima de la cintura. De hecho, la mayoría de las heridas son en el rostro y en los ojos. El Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, insiste en que se disparó al suelo y que los heridos recibieron impactos en la cara por el “rebote” de los perdigones en las piedras.

Carmen Rosa Villa, representante para Centroamérica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica en un comunicado público el sábado 10 de julio Villa que “de conformidad con los estándares internacionales, el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser restringido y excepcional”.

Desprecio del Gobierno

La huelga y los enfrentamientos de Bocas se han producido en medio de continuas manifestaciones de desprecio por parte de los dirigentes del Gobierno, que mientras ofrecía diálogo multiplicaba las fuerzas y la represión en Changuinola. El presidente Ricardo Martinelli trató incluso de viajar a Sudáfrica a ver la final del mundial, cuando ya se habían producido los primeros muertos. Ha estado desaparecido del ‘conflicto’ hasta que éste ha concluido y solo entonces ha aparecido en los hospitales para ver a los heridos y regalar teléfonos celulares para que hablen con sus familias. Inicialmente se trató de responsabilizar al partido de la oposición PRD (Partido Revolucionario Democrático) y al sindiciato de la Construcción, Suntrac (minoritario en la zona), de los disturbios. Papadimitriu llegó a decir que los “malhechores” trataban de tomar ventaja de la situación y Mulino afirmó que se trataba de “cientos de indígenas borrachos manipulados por los sindicalistas”.

Bocas del Toro es un pulmón verde vegetal, uno de los principales destinos turísticos de Panamá. Pero también una de las provincias más hermosas, ricas y abandonadas del país que desde hace 110 años ha manejado la empresa bananera. Presenta graves deficiencias de infraestructuras públicas y graves casos de abusos laborales y corrupción.

También paros y detenciones en las obras del Canal de Panamá

Mientras también se han producidos paros en los trabajos de ampliación del Canal Interoceánico de Panamá por las protestas de los obreros del consorcio ítalo-español Grupos Unidos, que demandaban mejores condiciones laborales. Los obreros realizaron varias acciones de protesta y enfrentamientos con los antimotines, y se llegó a detener a 28 trabajadores y líderes sindicales que fueron posteriormente puestos en libertad.

Grupos Unidos por el Canal está integrado por la firma española Sacyr Vallehermoso e integrado por la italiana Impregilo, la belga Juan de Nul y la panameña Constructora Urbana, S. A. Unos 700 trabajadores laboran en la costa del Atlántico y 500 en la del Pacífico.

COMISIÓN HUMANITARIA

Principales conclusiones de la comisión humanitaria (Dfensoría del Pueblo y CEASPA) que visitó la zona del conflicto el lunes 12 y martes 13 de Julio.

· La aprobación de la ley 30 y su aplicación con alevosía por parte de la compañía bananera, fue la gota que derramó el vaso de los abusos y exclusiones sufridas por el pueblo Ngäbe Buglé y sus trabajadores.

· Esto se agrava con las reformas a la carta orgánica de la comarca, durante el día de ayer se estaban dando movilizaciones indígenas en San Félix y Veraguas. Este hecho ha logrado avanzar en la articulación de las acciones entre las tres regiones y en la vinculación de las distintas causas que les afecta como pueblo.

· Desde sus inicios no existió voluntad política del gobierno para evitar el derramamiento de sangre, la política gubernamental subestimó la capacidad de reacción de la población y sus organizaciones.

· En este sentido, la dirigencia sindical regional no se sintió acompañada por sus dirigentes nacionales, consideran que se pudo contribuir a negociar antes y evitar el derramamiento de sangre y los cientos de lisiados de forma permanente.

· ”Todos subestimaron a Bocas del Toro y sus guerreros indígenas”.

· Siempre existió un cerco informativo sobre los acontecimientos, los corresponsales son hoy mal vistos por las organizaciones, pues cubrían todos los hechos, se les daba acceso a las informaciones por parte de los líderes y casi no salían las noticias en los medios nacionales, pues en Panamá se les censuraba, evidenciando la ausencia de información libre y veraz y los conflictos de intereses entre dueños de medios y sus vínculos con el gobierno.

· La mayor parte de las víctimas son hombres jóvenes que tienen heridas de la cintura para arriba con énfasis en la cara.

· Los entrevistados de sociedad civil concuerdan que se dio un uso “exagerado de la fuerza”, “se volvieron brutos”, los policías dispararon hasta que se les acababan las municiones. Las cifras sobre víctimas son imprecisas, pues muchos heridos se fueron a sus comunidades indígenas a ocultarse pues se estaba encarcelando a los indígenas y en especial a los heridos. En el día de ayer encontramos a varios que acababan de regresar de sus casas, uno de ellos me dijo con su cara llena de perdigones: ” yo me fui para mi casa pues andaban metiendo preso a la gente, y pensé que esto no era grave y que yo me los podía quitar, pero me empezaron las

molestias y por eso vine hoy al hospital” hay muchos así? le pregunté, y me respondió: “sí muchos”.

· Detuvieron a manifestantes heridos y no les permitieron atención médica hasta el día de ayer que fueron liberados y ellos por su cuenta llegaron al hospital lo que vulnera sus derecho a la protección de su salud. Una de estas personas se nos acercó y se identificó como una de ellas, estaba golpeado y con un ojo totalmente morado.

· La experiencia muestra la poca flexibilidad del gobierno en las negociaciones y la incredibilidad de la población hacia el cumplimiento de los acuerdos, por esto se requiere un acompañamiento solidario a los compañeros en el Diálogo nacional.

El informe completo puede ser descargado acá

EL CONTEXTO LEGAL

Estas son algunas de las leyes aprobadas en los últimos meses y que suponen un retroceso democrático en el país:

  • Agosto 2009. Ley sobre espionaje telefónico y correos electrónicos. La ley obliga a las telefónicas y prestadoras de servicios de internet a conservar los registros de datos de sus clientes, su identificación, inclusive a quién llamó y cuánto tiempo habló. La intención inicial es rastrar comunicaciones privadas pero limitan la intimidad de los contratantes de los servicios de comunicación.

  • Marzo 2010 / La ley sobre el Régimen Especial de la Responsabilidad Penal para la Adolescencia. Disminuye la edad penal a 12 años. Ya en Julio de 2009, nada más subir al poder, el Gobierno introdujo modificaciones al código penal elevando la condena maxima en prisión a 50 años y estableció un toque de queda para menores de edad a partir de las 9 p.m.
  • Abril 2010/ Ley 14, denominada “Carcelazo”. Penaliza con cárcel el cierre de calles por parte de manifestantes. El Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, señaló que las legislaciones como la recientemente aprobada ley del “Carcelazo“, que penaliza los cierres de calles con 6 meses a 2 años de cárcel, requieren de un mayor proceso de reflexión y maduración y no de “actuar con emoción y pasión” por parte del Gobierno.
  • Junio 2010/ Decreto Ejecutivo 537 que modifica la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe Buglé. El decreto inconsulto, elimina buena parte de la autonomía política de la Comarca y pone en manos del poder central las decisiones sobre las autoridades Ngäbe.
  • Junio 2010 / Ley 30, denominada Ley 9 en 1 o Ley Chorizo. Aprovechando el periodo especial de sesiones en la Asamblea Nacional el Gobierno introduce un proyecto de ley sobre Aviación Comercial. Después del articulado sobre dicho tema introduce modificaciones a 6 leyes y tres códigos que nada tienen que ver con aviación. Los temas que generan más polémica son los que limitan el derecho a huelga y modifica el régimen sindical: los que eliminan el estudio de impacto ambiental para aquellas obras públicas o privadas que el Gobierno determine, y los artículos que indican que un agente de policía no será retirado de su puesto cuando haya cometido un delito en el horario de sus funciones. La Ley 30 se aprueba en la Asamblea Nacional con las puertas bloqueadas con candados y la policía antidisturbios rodeando el edificio para impedir la participación de la sociedad civil organizada.

PERSECUCIÓN A LÍDERES

La persecución a líderes sindicales en Panamá no es nueva pero en los últimos días se ha incrementado y se ha ampliado a líderes ambientales sociales y periodistas.

  • Sábado 10 de julio. Después de una reunión de la dirigencia del Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales, que aglutina a sindicatos, organizaciones populares y campesinas, en un céntrico hotel de la ciudad de Panamá, la Policía Nacional detiene a 300 sindicalistas y los conduce a instalaciones policiales liberándolos unas horas después.

  • Domingo 11 de julio. Agentes de la Dirección de Investigaciones Judiciales se apersonan en la casa del profesor Juan Jované, dirigente de la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), para detenerlo. La presencia de activistas impide el arresto. Jované se protege en las instalaciones de la Universidad de Panamá, inicia un ayuno de protesta. Inmediatamente después se conoce que hay orden de detención contra 17 dirigentes. La policía arresta al dirigente del sindicato Suntrac en la provincia de Chiriqui, Jaime Caballero, y al líder indígena kuna Ronaldo Ortiz. Ortiz fue liberado el martes 13 de julio y Caballero está encarcelado y mantiene una huelga de hambre. La líder ambientalista chiricana Yaritza Espinosa y el dirigente magisterial Juan Ramón herrera de Veragüas están en la clandestinidad y durante una concentración el martes 13, la Policía trata de arrestar a un dirigente sindical.

  • Martes 13 de julio. La fiscalía auxiliar informa que ha retirado la orden de captura pero que los procesos abiertos contra los líderes por apología del delito siguen en marcha. La información que recaban los abogados indica que hay procesos contra, al menos, las siguientes personas: Andrés Rodríguez, Mario Almanza, Marco Andrade, Gabriel Castillo, Dalia Morales, Yaritza Espinoza, Juan Saldaña, Ariel Rodríguez, Gloria Castillo, Juan Carlos Salas, Carlos Obaldía, Marco Andrade, David Niño, Eustaquio Méndez, Marco Guzmán, Maribel Gordón, Cristian Díaz, Cle Osvaldo Gómez, Juan Ramón Herrera, Juan Jované, David Niño

ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El hostigamiento a periodistas y a medios de comunicación ha sido constante y denunciada por las organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras o la Federación Internacional de Periodistas.

- 26 de junio 2010. La policía detiene al periodista Carlos Núñez, de 70 años en ese momento, al someterlo al “pele police”, un dispositivo inhalámbrico que contiene todas las infracciones y antecedentes de los ciudadanos. La detención se da por una condena por calumnias e injurias de la que no fue notificado el periodista y por un texto escrito hace 12 años en una publicación que ya no existe en el que denunciaba un delito ecológico de un empresario poderoso en la provincia de Chiriquí.

Núñez fue encerrado durante 13 días en la subestación del barrio El Chorrillo, conocida por sus condiciones infrahumanas y donde suelen estar retenidos sospechosos de pandillerismo. Miembros del Consejo Nacional de Periodismo y ambientalistas fueron a defender a Carlos Núñez y a pedir su traslado a otras instalaciones y la conmutación de su pena por casa por cárcel o días multa (como la ley panameña permite para penas de 1 año y con la edad de Núñez). No fue aceptado. Solo se consiguió que el 9 de julio se le trasladara al centro penitenciario de El Renacer. Hoy, 3 de julio, Núñez sigue en prisión y la junta disciplinaria del sistema penitenciario aún no ha decidido si le da casa por cárcel a pesar de las peticiones nacionales e internacionales.

- 4 de julio. Retención ilegal por 4 horas y media del periodista español residente en Panamá Paco Gómez Nadal. A partir del día siguiente comienza un hostigamiento sin cesar para tratar de expulsarlo del país revocándole su residencia definitiva. Gómez Nadal es autor de una columna semanal en el diario La Prensa muy crítica con el Ejecutivo y es un destacado activista de Derechos Humanos que da soporte a comunidades indígenas y campesinas que se oponen megaproyectos económicos en Panamá.

- 8 de julio 2010. Según la agencia de prensa DPA, El reportero gráfico panameño Mauricio Valenzuela, del diario local El Panamá América, denunció hoy que fue detenido, desnudado, esposado, amenazado y lanzado a una celda llena de excrementos por tomar fotografías a agentes en un área de acceso al Canal de Panamá donde se realiza una huelga. ESTA ES LA SEGUNDA VEZ QUE VALENZUELA ES INTIMIDADO POR AGENTES DE LA POLICÍA QUE EN MAYO LO GOLPEARON POR TOMAR FOTOS DEL PROCURADOR SUPLENTE EN UN ESPECTÁCULO BAILABLE.

- El 10 de julio de 2010. El presidente de la República llama a los directores de medios de comunicación a la sede de Gobierno y les pide “colaboración” en la crisis nacional iniciada en la provincia de Bocas del Toro. A esas alturas ya había tres muertos y cientos de heridos reconocidos oficialmente. Compañeros de medios televisivos nos confirman esa misma noche que los dueños de los medios han limitado el tiempo al aire de las noticias sobre Bocas del Toro.

- 11 de julio de 2010. La Policía detiene a Rolando Ortiz, comunicador que forma parte del medio alternativo Frenadeso Noticias que es propiedad de la plataforma de sindicatos y movimientos sociales Frente Nacional por  los Derechos Económicos y Sociales de Panamá. Lo retuvieron por 12 horas.

- 11 de Mayo 2010. El director de El Siglo, Jean Marcel Cherry, denunció internacionalmente  amenazas por parte del Secretario de Comunicación de Presidencia, Alfredo Prieto ante algunas informaciones críticas con el Ejecutivo aparecidas en el periódico. También se habló de presiones a la corporación Medcom para que retirara al periodista Fernando Correa como conductor del programa de alta audiencia DEBATE ABIERTO.

- Abril 2010. Sentencia de una juez que obliga al diario La Prensa a pagar 300 mil dólares a la fiscal Argentina Barrera por la publicación de un titular tras la destitución de la fiscal en 2005 que rezaba “Procuraduría a lacaza de corruptos”.

- Enero de 2010. EL presidente de la República dice que en Panamá hay “noticieros de pacotilla” que solo quieren “dañar la imagen del país”. Se refería a las noticias sobre hechos policiales. Después de esas declaraciones y de una reunión con los propietarios de cadenas televisivas se redujo ostensiblemente la cobertura policial en los informativos televisivos.

- Noviembre de 2009.  La periodista peruana Kela León revela que el Ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, le dijo que entre los periodistas panameños lo que impera es la ética del billete.  De acuerdo a la versión, el 15 de octubre, en un restaurante en el Casco Viejo de la Ciudad, el Ministro Mulino se acercó a la mesa donde ella y otros periodistas se disponían a cenar, y luego de saludarlos y de ser presentado con algunos miembros del Comité de Ética, el Ministro señaló “¿ética?, aquí en Panamá lo que impera es la ética del billete; existe una lista de periodistas emplanillados (asalariados) que les sorprendería”.

Gobierno defiende el interés nacional en pugna con grupo indígena

Gobierno defiende el interés nacional en la pugna de grupo indígena
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Panamá | CRITICAENLINEA

El secretario de Energía del Gobierno de Panamá, Juan Manuel Urriola, defendió hoy la “perspectiva nacional” en el conflicto que mantienen los indígenas Ngöbe-Buglé por la construcción de una hidroeléctrica de la empresa estadounidense AES en la comarca de Bocas del Toro.

Urriola explicó a Acan-Efe que se deben tener en cuenta “los derechos humanos de todos los panameños, no de cinco o seis”, y que hay que ver el conflicto desde una “perspectiva nacional”, porque “alguien queda afectado, pero el 99 por ciento de la población queda beneficiado”.

Sin el desarrollo de esta hidroeléctrica, a juicio de Urriola, Panamá “no tendrá energía suficiente” y la poca que tendrá será “a un coste exagerado”.

Representantes de las etnias Ngöbe-Buglé dieron ayer lunes un ultimátum al Gobierno para que suspenda la construcción de la hidroeléctrica, que anegará las comunidades indígenas de Changuinola Arriba, Charco La Pava, Valle del Rey, Guayabal y Lazo, según reconoce la misma empresa.

Los Ngöbe-Buglé reivindican que el territorio es su “patrimonio ancestral” y que ahora la compañía estadounidense AES, a través de su filial AES Changuinola, “va a inundar todo el pueblo con el embalse”, lo que afectará a 3.000 personas “directa e indirectamente”, cifra que la empresa reduce a 170 familias.

Según información facilitada a Acan-Efe por AES, el proyecto, que se inició en octubre de 2007 y se encuentra en un 56 por ciento de consecución, mantiene a más de 1.800 personas trabajando.

El “reasentamiento participativo”, como lo llama la empresa, ha “generando oportunidades” para la comunidad, al construir escuelas, dar acceso a centros médicos, así como capacitación en producción para garantizar “la sostenibilidad económica y seguridad alimentaria de estas familias”, todo “a pocos metros de la ubicación actual de la comunidad”.

AES Changuinola asegura que el 74% de las familias han firmado “acuerdos voluntarios” para ser reubicadas, tras vivir “en condiciones de pobreza, hacinamiento, insalubridad y con escasa cobertura de los servicios públicos”.

En cuanto a los indígenas que no quieren dejar su territorio, la empresa considera “que las únicas vías que utilizarán para continuar con los reasentamientos, son el diálogo y la negociación”.

El Defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Julio Vargas, que se reunió ayer con dirigentes de la comunidad indígena, explicó hoy a Acan-Efe que la actuación del Estado “ha sido muy tenue y se ha desconectado del desarrollo de la obra”.

Según él, se han llevado a cabo negociaciones entre comunidad y empresa sin la presencia del Estado, “que tiene que tener muy claro su rol de tutelar de manera efectiva los derechos de las comunidades”.

La Defensoría aboga por un “diálogo impostergable” entre Estado, comunidad y empresa, tal y como lo ha planteado en un informe remitido al Gobierno para que no “desatienda compromisos y obligaciones enmarcadas en los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Vargas.

Tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), como el relator especial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, solicitaron al Gobierno de Panamá adoptar medidas para proteger los derechos humanos de las etnias Ng be-Buglé, ante la construcción de esta central hidroeléctrica.

Changuinola I (CHAN 75) será “una fuente de energía renovable, cien por ciento panameña y a precios razonables”, afirma sobre su proyecto la compañía, que cifra la capacidad de generación eléctrica en 223 megavatios y destaca que “contribuirá a disminuir la dependencia” de Panamá con los combustibles fósiles.

AES opera en Latinoamérica desde 1993 y actualmente tiene presencia en Colombia, Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, la República Dominicana y Panamá, en los que cuenta con 47 plantas de generación y 9 empresas de distribución que sirven a 8 millones de clientes con una capacidad instalada de 11.224 megavatios.

Concesión de bosques y río ignoró a indígenas nasos y ambientalistas

INDÍGENAS DEFIENDEN TIERRAS

Prioridad a conflicto de los nasos

07-15-2009 | RICHARD COSTER

periodistas@laestrella.com.pa

El director de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias, dijo que están en un proceso de revisión de los documentos
Provincia PANAMÁ. Dos semanas antes de vencer, el gobierno de Martín Torrijos adjudicó a la empresa Hidroecológico del Teribe, S. A. , la Concesión de Administración sobre un área de 1,200 hectáreas dentro del Bosque Protector Palo Seco en la provincia de Bocas del Toro.
La concesión permite a la empresa construir y operar una represa hidroeléctrica en la Quebrada Bonyic, confluencia del río Teribe, la segunda obra de su naturaleza autorizada dentro de un área protegida.
La resolución fue firmada por Ligia Castro de Doens, administradora general de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) el día 15 de junio pasado.
La empresa fue notificada el mismo día, pero la información no fue divulgada.
Se supone que el disimulo era para negar al entonces presidente electo, Ricardo Martinelli una oportunidad de parar o retardar el proyecto.
El lunes 13 de julio, miembros de la comunidad indígena Naso, en cuyo territorio tradicional, el proyecto se va a realizar, obtuvieron una copia de la resolución del director del Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias.

REVISIÓN DE DOCUMENTOS
“Hemos dado prioridad a este caso,” dijo el director Arias a La Estrella , “y estamos en el proceso de revisión de todos los documentos”, dijo Arias.
Ambientalistas dentro y fuera de Panamá han criticado el proyecto, pero la oposición más seria viene de la comunidad Naso, donde la empresa ha comenzado construir carreteras y puentes que formarán la infraestructura de la represa.

CAMBIAN CAUCE DE RÍO
Un enfrentamiento difícil ocurrió en marzo de este año en la región de Bonyic.
Cuando lugareños indígenas negaron vender a la empresa servidumbre para una carretera, la empresa, sin estudio ambiental, cambió el cauce del río Teribe para construir la carretera en la orilla.
Miembros de la Policía Nacional pagados por la empresa hicieron un campamento al lado de la aldea, pasaron la noche disparando sus armas de fuego como intimidación, y arrestaron varios indígenas, incluyendo ancianos y menores de edad, quienes fueron llevados esposados a la cárcel de Changuinola.

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