Ngobes protestan por proyecto hidroeléctrico

Indígenas paralizan el tráfico en Bocas


HORACIO TROTTMAN
htrotman@elsiglo.com

Hay resistencia por ejecución de proyectos

Un centenar de indígenas de 22 comunidades en Bocas del Toro paralizó la provincia al cerrar la vía Interamericana en cinco diferentes puntos. Los aborígenes coreaban consignas en contra de los proyectos hidroeléctricos, turísticos, residenciales, de explotación minera y por la venta de áreas insulares en la región.

Los cinco puntos bloqueados fueron Pueblo Nuevo, Las Cañas, Río Auyama, Loma Muleto y Quebrada Canela. Esta situación provocó tranques y grandes perjuicios al sector del turismo.

Los manifestantes se oponen, entre otras cosas, al proyecto hidroélectrico llamado CHANG 75, que ejecuta AES de Changuinola en la zona conocida como el Nance de Risco, por considerarlo perjudicial para su estabilidad en está comunidad y porque, según ellos, interferiría en su cultura.

Los quejosos aprovecharon también que ayer se celebraba el Día Internacional del Agua para hacer sus reclamaciones y pedir a las autoridades de la provincia que no se construya el relleno sanitario en Loma Muleto, porque, a juicio de ellos, contaminaría una vertiente hídrica que suministra de agua a pobladores de 11 comunidades.

Feliciano Santos, vocero de los manifestantes, expresó que intentan que el gobierno conozca que estos proyectos que se realizan en Bocas del Toro afectan, sin lugar a dudas, a los indígenas.

Mientras que la gobernadora de esta provincia fronteriza, Esther Mena de Chiu, comentó que estos proyectos se ejecutan en favor de los pobladores y no para que se vean afectados.

Comentó la gobernadora de Bocas del Toro que antes de ejecutarse los proyectos hubo reuniones en las que participó el gobierno y se llegó a algunos acuerdos favorables para los indígenas que recibieron pago de indemnizaciones por el uso de sus tierras e incluso algunos fueron reubicados en zonas escogidas por ellos mismos.

…“aquí casi todo el mundo recibe plata de esta gente”

El Estado, ausente en disputa entre indígenas y multinacional

Goliat genera energía

Comunidades amenazadas por el megaproyecto hidroeléctrico de AES Changuinola

AVANCE. Los trabajos de construcción del dique principal de Chan 1 van a toda máquina. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Paco Gómez

Paco Gómez Nadal
CHANGUINOLA, Bocas del Toro

nacionales@prensa.com

Hay 112 escalones que separan a la comunidad de Charco La Pava del imponente río Changuinola. El aliento no alcanza para el caminante urbano, pero el empinado reto no logrará evitar que esta comunidad quede anegada cuando la represa que se construye a escasos 300 metros entre en operación.

Cuando esto ocurra, la comunidad habrá sido trasplantada a la loma de un cerro que alcanza a divisarse desde el caserío actual. Estará a unos 20 minutos a pie del agua y a una derrota de su tradición, de su forma de vida.

Alrededor de Charco La Pava, AES Panamá –la principal empresa generadora de energía en el país– avanza a pasos de gigante en su proyecto de Hidroeléctrica Chan 75 (Ahora Chan 1) y, a cada paso, las tensiones con y entre la comunidad crecen alimentadas a punta de salarios y discursos.

Algo más de 563 millones de inversión, unos 900 trabajadores, campamentos para sus técnicos que se parecen a los enclaves en la antigua Zona del Canal y… un “pequeño” problema: las comunidades indígenas ngöbe como Charco La Pava, Guayabal, Lazo o Valle del Rey, entre otras. Según los datos de AES, 159 familias con 800 miembros cuyas tierras quedarán dentro de las mil 394 hectáreas que serán anegadas.

Desde hace cuatro años, la empresa ha jugado a dividir la comunidad y desde entonces el pleito ha pasado de las palabras a los enfrentamientos violentos, por la represión policial [la empresa tiene un contrato de prestación de servicios de seguridad con la Policía Nacional] y llegando a la visita de James Anaya, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas el pasado 29 de enero. “Desde que vino Anaya, la empresa presiona un poco menos”, explica Bernardino Tera, de Guayabal. “Bueno, en realidad han cambiado la técnica, ahora utilizan gente de la misma comunidad para convencer y presionar a los que no le vemos el beneficio al proyecto”.

No opina lo mismo Thais Mejía, actual enlace de AES con la comunidad. “No se crean que ese señor [Anaya] les va a solucionar algo, es con nosotros con quien hay que negociar”. Sus palabras se escuchan en el precario salón de la escuela de Charco La Pava donde varios empleados de AES y funcionarios de diversas instituciones del Estado se reúnen con algunos miembros de la comunidad favorables al proyecto. La negociación se acaba cuando se trata de lo que AES denomina Reasentamiento Participativo. “Lo que sí les digo es que el reasentamiento va por que va. Vamos atrasados y no vamos a parar porque tres o cuatro personas no estén de acuerdo”. Concluye “la licenciada”.

A pocos metros de la escuela, Rafael Ábrego, uno de los que se enfrenta a AES mantiene otra versión de la historia. “Ellos nos desprecian, nos dicen que vivimos sucios, entre los animales y la basura, en casas feas… Nos quieren meter en casas de bloque, lejos del río”. Desde el lugar donde está sentado Rafael y Amelia Pineda –otra líder contundente en su posición– se pude ver el incómodo camino de piedritas hecho por AES como aporte a la comunidad. “Debe ser para no mancharse ellos cuando vienen, nosotros vamos con botas de caucho”.

Desde Charco La Pava se pueden ver las obras del dique principal de 99 metros de altura. La devastación es evidente. Ahora, unas 40 personas de las comunidades trabajan temporalmente para AES. Se pasean por el área con casco y chaleco, pero con muy pocas funciones. “Engañan a unos porque son analfabetos o no hablan español. A otros, los compran por un salario, aprovechando su pobreza”, se lamenta Ábrego.

El caso simbólico que muestra AES de estos reasentamientos “participativos” es el de Isabel Beker. De hecho, en su sitio web la ponen como ejemplo de mejora de calidad de vida. Cuando James Anaya visitó a la señora, el símbolo no cumplió con el guión y contó que quiere volver a Charco La Pava y cómo la forzaron abandonar el terreno en el área de la represa.

Valentín Pineda, administrador regional de la Autoridad del Ambiente en Bocas del Toro, cree que debido a lo “conflictivo” del proyecto la mayoría de las delegaciones provinciales del Gobierno central “no han sido suficientemente beligerantes”. En Chan 75 “se dejó la parte social para el final y tuvimos que jalarle las orejas a la empresa”, continúa Pineda quien al final reconoce que, en cualquier caso, sus competencias son limitadas. “Hay decisiones que se toman en Panamá”.

La ausencia del Estado en estos conflictos es evidente. Las comunidades deben negociar por su cuenta y eso las deja en clara desventaja. En el caso de Charco La Pava la desconfianza de los habitantes ante cualquier extraño es contundente. Llegar allá es difícil, porque la empresa controla la carretera pública y registra e interroga a todo aquél que quiera entrar a la zona. Ganarse la confianza de los habitantes es igual de difícil.

Los indígenas ngöbes saben que esta pelea les toca solos. En Charco La Pava, Ernesto López está seguro de que la comunidad tendrá que tomar otra vez “medidas de fuerza”. “El Gobierno está para ayudar a la empresa y en Changuinola todos los medios de comunicación están comprados… no quedan muchas alternativas”. Una mirada que confirma un periodista local en Changuinola, aunque pide el anonimato por miedo a represalias: “aquí casi todo el mundo recibe plata de esta gente”. Un único cabo suelto para Goliat: la diminuta población que sigue oponiéndose a reasentamientos o a compra de tierras.

Pueblo Naso piden ser excluidos de ley que le arrebata su autodeterminación

Pueblo Naso pide que se le excluya de la nueva Ley de Tierras Colectivas

Panamá, Diciembre 10 de 2008. En representación del Rey Naso Valentín Santana, la firma de abogados Akin Gump Strauss Hauer & Feld de los Estados Unidos ha solicitado al Presidente Martín Torrijos que no sancione el artículo 17 del proyecto de ley 411 que establece el procedimiento especial para la adjudicación de tierras colectivas. Dicho artículo que hace referencia al llamado Corregimiento Comarcal del Teribe fue introducido la semana pasada de manera inesperada durante el segundo debate de este proyecto de ley.

Según Akin Gump, el artículo 17 viola de manera directa el Articulo 127 de la Constitución Nacional y también normas internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Según los abogados, la sanción del artículo 17 en su condición actual podría ser interpretada como falta de voluntad política por parte del Estado Panameño para proteger las tierras ancestrales del Pueblo Naso. Ellos afirman que “el pueblo Naso nos ha solicitado que interpongamos cualquier recurso legal para proteger sus derechos, incluyendo la posibilidad de iniciar un litigio en el área del Derecho Internacional”.

Rey Valent�n Santa

Rey Naso Teribe, Valentín Santana. Imagen editada del video Mother Earth publicado por el Miami Herald

Por su parte, el dirigente Naso, Félix Sánchez ha anunciado que a partir de mañana su pueblo iniciará acciones de protesta para solicitar la eliminación de este artículo y la aprobación del proyecto de ley que crea la Comarca Naso Tjërdi. “El Pueblo Naso se siente traicionado por esta acción la cual se dio precisamente en los momentos en los que enfrentábamos la devastación que nos dejaron las recientes inundaciones”, afirmó Sánchez. La figura de corregimiento comarcal nunca fue consultada con la población Naso afectada, a pesar que el Gobierno tiene financiamiento del Banco Mundial para la elaboración de este anteproyecto a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT).

Durante los últimos ocho meses, Akin Gump ha estado representando al Pueblo Naso en sus ingentes esfuerzos por lograr la aprobación de una comarca indígena. En octubre pasado, la firma ayudó a organizar una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se abordó el problema de la negación sistemática de los derechos territoriales de los pueblos indígenas por parte del Estado Panameño.

En el caso de Red Frog Beach ANAM había ignorado el interés colectivo

ambientalistas ganan puntos con proyecto Red Frog Beach

Anam ignoró interés colectivo

La Sala Tercera de la Corte declaró ilegal una resolución de la Anam al considerar que se violaban normas ambientales y convenios internacionales sobre la protección del medio ambiente.

OBRA. Pillar Panamá, que desarrolla el proyecto Red Frog Beach, planeaba construir una marina que ahora queda prohibida por un fallo de la Corte Suprema. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Red Frog Beach “desconociendo” no solo los intereses de la comunidad, sino también aspectos “trascendentales” de los impactos ecológicos a corto, mediano y largo plazo que ocasionaría la obra residencial y turística.

Este es parte de los argumentos que los tres magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia –Winston Spadafora, Adán Arnulfo Arjona y Víctor Benavides– presentaron para declarar ilegal la Resolución No. 1A-218-2007 de la Anam, mediante la cual se aprobó el EIA de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach en Islas Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

La decisión de los magistrados obedece a una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en noviembre de 2007 –a nombre de Rutilo Milton y Delfino Hooker, vecinos del parque– en contra de la resolución.

La demanda se sustenta en que el Gobierno, a través de la Anam, violó legislaciones nacionales e internacionales sobre la protección del medio ambiente.

Entre las normas locales que se infringían se mencionó la Ley No. 41 de 1998, mejor conocida como Ley General de Ambiente, y la Ley No. 24 de 1995 sobre la Vida Silvestre en el país.

En cuanto a normas internacionales, Ciam estimó que la decisión de la Anam violó cuatro convenios ratificados por Panamá sobre la protección de ecosistemas marinos, biodiversidad y cambio climático.

El proyecto cuestionado consistía en la construcción de 700 casas, 7 condominios de apartamentos, un hotel de 4 pisos de hasta 100 habitaciones y 34 villas. Incluía además una marina con capacidad para 250 embarcaciones, estacionamientos y un centro de actividades de tres pisos.

Para Lina Vega, abogada de Ciam, no hay duda de que el proyecto sobrepasaba la capacidad de carga del Parque Nacional Marino Isla Bastimento, creado en 1988.

La demanda se sustentó también en que la Anam ya había sancionado con 130 mil dólares a la empresa Pillar Panamá, que desarrolla el proyecto, por incumplimiento de normas ambientales durante la construcción de la primera fase de la obra.

Otro de los aspectos que Ciam cuestionó era el hecho de que la Anam no tomó en consideración las opiniones de varios grupos sobre los daños ambientales que produciría el proyecto al momento de aprobar el EIA, un aspecto que los magistrados consideraron como parte del incumplimiento, por parte de la Anam, de normas ambientales “en beneficio de un interés particular y en detrimento del interés público”.

“Somos conscientes de que el progreso que involucra el desarrollo turístico de un lugar redunda… en beneficio de la comunidad y del país. No obstante, debe siempre considerarse, al momento de aprobar un EIA, si las repercusiones ambientales representan un peligro para la conservación de un área…”, señala el fallo.

Harley Mitchell, director de Asesoría Legal de la Anam, dijo que el fallo es una herramienta que puede ser utilizada por la entidad para mejorar su gestión ambiental.

A juicio de Mitchell, durante la actual administración de la entidad se han perfeccionado muchas gestiones ambientales relacionadas con las normas.

“Nosotros estamos analizando el fallo y de seguro será útil para las evaluaciones ambientales”, recalcó el funcionario.

Se llamó a la oficina de Pillar Panamá, la responsable del proyecto, en la ciudad de Panamá, pero desde allí se informó que se debería llamar a la oficina de Bocas del Toro para cualquier información sobre el proyecto.

Aunque se llamó al número telefónico proporcionado, la línea siempre estuvo ocupada.

Además se envió un correo electrónico a la jefa de Mercadeo y Relaciones Publicas de la empresa, Michelle Slough, pero no se obtuvo respuesta alguna.

decisión revierte aprobación de la anam

Corte Suprema anula EIA de Red Frog Beach

La Sala Tercera de la Corte Suprema declaró ilegal la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto residencial y turístico Red Frog Beach, ubicado en el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Una decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia tiene celebrando a los conservacionistas.

El pasado 27 de noviembre, los magistrados de la Sala Tercera declararon ilegal la Resolución 1A-218-2007 de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), mediante la cual se había aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach.

El proyecto, que se desarrollaba dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, implicaba la construcción de residencias, un hotel, villas y una marina.

El fallo, el primero en contra de una resolución de este tipo, ahora deja prohibida la construcción de las obras, por el momento.

Ambientalistas, científicos y las comunidades aledañas rechazaron la obra por el impacto al ambiente que ocasionaría en el Parque, considerado como uno de los más importantes del Atlántico en Mesoamérica, y que forma parte de la reserva de la biósfera de La Amistad.

La decisión de la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado Winston Spadafora, surge al resolver una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en contra de la resolución.

El proyecto es uno de los que pone en peligro las riquezas marino-costeras, según Ciam. La organización espera que el fallo se convierta en un precedente para obras que atenten contra el medio ambiente.

El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell, dijo que el fallo es “importante” para la gestión ambiental de la entidad.

Dijo que la empresa debe realizar otro EIA para evaluación, si desea continuar con el proyecto.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) mediante la cual se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental a la segunda etapa del proyecto Red Frog en Bocas del Toro es una buena noticia, en especial por los desatinos que ha cometido con los proyectos mineros en la provincia de Colón.

Después de mucho tiempo, la Corte está dando muestra de estar recuperando la cordura y ciertamente el fallo es recibido con gran beneplácito, pues hace tiempo que no veíamos actuaciones tan firmes. Y más allá de ello, el mensaje está claro para la Anam, que parece más preocupada en proteger los intereses de seudoempresarios que los de la sociedad. Bocas del Toro tiene un enorme potencial que está en peligro por la desenfrenada codicia de personas que solo están interesadas en llenarse los bolsillos.

Lamentable es que los funcionarios de la Anam no se hayan dado cuenta de ello y hayan tenido que hacérselos ver los magistrados de la Corte Suprema y un grupo de ciudadanos interesados en mantener en buen estado nuestra herencia natural.

Corte Suprema detiene destrucción de Isla Bastimentos

Corte Suprema detiene Proyecto Red Frog Beach en Isla Bastimentos, Bocas del Toro

Burica Press. Panamá, 6 de diciembre de 2008. El pasado 27 de noviembre de 2008, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la Resolución DIEORA IA-218-2007 que aprobó la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) sobre el Estudio de Impacto Ambiental para la realización de la segunda fase del proyecto residencial y turístico Red Frog Beach en la Isla de Bastimentos, en el Archipiélago de Bocas del Toro.

La segunda fase del citado proyecto consistía en 700 casas y apartamentos, incluyendo un hotel de 4 pisos y hasta cien habitaciones, 7 condominios con 517 apartamentos y 34 villas. Igualmente se pretendía construir una marina para 250 embarcaciones, estacionamientos, centros de actividades de tres pisos, lo que implicaba desbordar la capacidad de carga del delicado entorno natural que hace parte del área de amortiguamiento del Parque Marino Isla Bastimentos, sitio que preserva diversos ecosistemas frágiles como bosques maduros, manglares, corales y una rica fauna, que incluye especies amenazadas.

La ANAM aprobó la segunda fase del proyecto, a pesar de que durante la construcción de la primera fase que consta de 180 casas, la empresa produjo notables daños al ambiente.

El proceso que ahora culmina con la anulación de la actuación de la ANAM, se inició hace un año cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentó una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, en representación de los residentes de la Isla Bastimentos, quienes venían peligrar las actividades turísticas de bajo impacto y la rica biodiversidad del lugar donde siempre han vivido.

Esta es la Bahia Honda, localizada entre la isla Solarte e Isla Bastimentos. Es un humedal marino único de la zona que iba a ser convertido en una marina de más de 250 embarcaciones del Proyecto Hotelero y Residencial denominado Red Frog Beach II

Esta es la Bahía Honda, localizada entre la isla Solarte e Isla Bastimentos. Es un humedal marino único de la zona que iba a ser convertido en una marina de más de 250 embarcaciones del Proyecto Hotelero y Residencial denominado Red Frog Beach II. Foto: Almanaque Azul

El proyecto Red Frog Beach, cuya segunda fase ha sido ahora prohibida, representa un caso de los muchos que están poniendo en peligro las riquezas marinos costeras de Panamá, por lo que los ecologistas esperan que el fallo suscrito por los tres magistrados de la Sala Tercera se convierta en un importante precedente para impedir la realización de proyectos que violan las leyes ambientales nacionales y los principios de sostenibilidad que deberían ser el norte del crecimiento y el desarrollo de Panamá.

El Parque Marino Isla de Bastimentos en conjunto con el sistema insular de Bocas del Toro es considerado un sistema biológico raro y es considerado como –las Galápagos de Mesoamérica.

Según registros recientes de científicos que han visitado la famosa playa de Red Frog Beach cuyo nombre se debe la famosa rana roja Dendrobates pumilio u Oophaga pumilio, indican que en menos de un año luego de la intensificación del turismo en la zona, la rana prácticamente ha desaparecido de la costa, debido al descontrol ambiental en la zona.