Panamá: Empresa eléctrica devasta bosques protegidos y territorio indígena

Panamá: Empresa eléctrica devasta bosques protegidos y territorio indígena

Burica Press, Medio Ambiente y Derechos Humanos

Durante cuatro días y noches, del lunes 22 al jueves 25 de marzo, los indígenas de las comunidades Naso mantuvieron cerrada la vía que conduce al Proyecto Hidroeléctrico Bonyic en el Bosque Protector de Palo y territorio de los indígenas Naso. El jueves 25 el gobernador de la provincia de Bocas del Toro, Simón Becker, solicitó reabrir la vía de construcción. Hizo promesas de pequeñas obras civiles y de bienestar social a la comunidad, quienes acordaron reunirse nuevamente con las autoridades y la empresa el próximo martes 30 de marzo.

El detonante para el cierre de la vía fue la noticia de que, apenas el pasado 9 de marzo, el Consejo de Gabinete facultó a la Autoridad Nacional del Ambiente para que firme el contrato que permitiría a la transnacional colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) utilizar casi 2,000 hectáreas dentro del Bosque Protector Palo Seco para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Bonyic.

Los nasos se encuentran indignados porque EPM, a pesar de no tener la autorización del Estado, inició desde el pasado 6 de enero la apertura de caminos y el derribo de árboles dentro del área protegida, desvió el cause del río Bonyic y cercó el paso por el área que ha pasado a controlar la empresa. Así mismo han aumentado su presión sobre el señor Esteban Durán, único habitante Naso que mantiene su casa firme frente al avance de la ruta hacia el sitio de construcción de la hidroeléctrica.

Hugo Sánchez, vocero de la comunidad, hizo un llamado para que las organizaciones sociales y todo el pueblo panameño ofrezcan su respaldo a la resistencia Naso frente a los proyectos de desarrollo depredador y por la creación de la Comarca Naso Terj Di.

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El Estado entrega tierras protegidas e indígenas a empresa hidroeléctrica

área protegida del Bosque Protector de Palo Seco, en Bocas del Toro

La Anam entrega áreas protegidas a hidroeléctrica

La empresa pagará al Gobierno 8 millones 504 mil 359 dólares por un globo de terreno de mil 198 hectáreas, concedidas a 20 años prorrogables.

EXPLOTACIÓN. La Anam determinó que Hidroeléctrica del Teribe, S.A. cumple con todos los requisitos exigidos para la explotación de más hectáreas de bosque protegido. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Pedro Rodríguez S.

Pedro Rodríguez Sanjur
Changuinola, Bocas del Toro

nacionales@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) entregó bajo la figura de la concesión mil 198 hectáreas de terreno, ubicadas dentro del área protegida del Bosque Protector de Palo Seco, en la provincia de Bocas del Toro, a la empresa hidroeléctrica del Teribe, S.A.

La Anam cedió las tierras luego de que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y el Consejo de Gabinete aprobaran la Resolución No. 29 que da luz verde a la concesión y autoriza al director general de Anam, Javier Arias, a suscribir el contrato con la empresa del Teribe, S.A.

La empresa Hidroeléctrica del Teribe, S.A. es titular de una concesión de generación de energía hidroeléctrica para desarrollar y operar el proyecto hidroeléctrico Bonyic, con una capacidad instalada de hasta 30 megawatts, ubicado dentro del Bosque Protector de Palo Seco.

La Anam determinó que hidroeléctrica del Teribe, S.A. cumple con todos los requisitos exigidos para otorgar un globo de terreno, sin necesidad de requerir del procedimiento de selección de contratista.

La concesión del nuevo globo tendrá un período de 20 años prorrogables.

La empresa pagará un canon, gastos de guardaparque e indemnización ecológica por la pérdida de cobertura boscosa por la suma de 3 millones 664 mil 359 dólares. Además, aprovisionará la suma de 4 millones 840 mil dólares por el tiempo que dure la concesión, los que serán aportados anualmente para la ejecución de todas las actividades contempladas en el plan de ejecución del Bosque Protegido de Palo Seco. Es decir, que el valor total del contrato de concesión durante los 20 primeros años será de 8 millones 504 mil 359 dólares.

El dirigente naso Eliseo Vargas calificó como burla, abuso de autoridad y violación de los derechos humanos la concesión del nuevo globo de terreno a la empresa Hidroeléctrica del Teribe, S.A.

Vargas dijo que iniciarán otros procesos legales en contra del Gobierno, porque se ha visto una vez más la imposición de sus decisiones al otorgar más tierras protegidas al proyecto Bonyic.

“El pueblo naso ha venido solicitando tierras para el establecimiento de su comarca y se las han negado, sin embargo, vemos cómo se le conceden terrenos a una empresa”, señaló Vargas.

Vargas, además, denunció que las normas ambientales que rigen en Panamá son violadas por la empresa porque no las cumple, como es el caso del desvío del río Teribe, aspecto este que no estaba contemplado dentro del estudio de impacto ambiental.



Gobierno pone en peligro Parque Internacional La Amistad

Gobierno pone en peligro Parque Internacional La Amistad

Burica Press – Medio Ambiente y Pueblos Indígenas

Dos semanas después de recibir la visita de la cúpula de Empresas Públicas de Medellín (EPM), el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y su Gabinete han autorizado a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) a firmar el contrato que permite a EPM construir una hidroeléctrica en el Río Bonyik utilizando casi 2 mil hectáreas del Bosque Protector Palo Seco, fundamental como área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad (PILA).

La decisión del Gobierno de Panamá, hecha pública este sábado 13 de marzo, representa un daño permanente al Bosque Protector y una invasión permanente para la comunidad indígena Naso de Bonyik, que durante ańos ha luchado para evitar la construcción de esta represa en sus tierras ancestrales que el Estado panameño se ha negado a reconocer.

EPM, propietaria de la autodenominada Hidroecológica del Teribe, entró al Bosque Protector hace meses según denuncian las organizaciones Human Rights Everywhere, el Centro de Incidencia Ambiental, Justicia, Paz e integridad de la Creación y Voces Ecológicas, sin el contrato que los autorizaba.

Las Empresas Públicas de Medellín iniciaron trabajos en los bosques protegidos y Reserva Indígena Naso desde hace varios meses, sin los permisos correspondientes. Foto: Comuna Sur

Indican estas organizaciones que este proyecto es un grave atentado contra el pueblo Naso, ya que amenaza la forma de vida tradicional, desconoce a sus autoridades tradicionales legítimas, perturba la vida cotidiana con ruido y modificaciones definitivas al paisaje y forma de los ríos Teribe y Bonyik.

También denunciaron a las autoridades locales y nacionales que no han atendido las denuncias por daño ecológico, abuso de autoridad y otros delitos presentadas en la ANAM, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía de Bocas del Toro y otras instancias del Estado.

Concesión de bosques y río ignoró a indígenas nasos y ambientalistas

INDÍGENAS DEFIENDEN TIERRAS

Prioridad a conflicto de los nasos

07-15-2009 | RICHARD COSTER

periodistas@laestrella.com.pa

El director de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias, dijo que están en un proceso de revisión de los documentos
Provincia PANAMÁ. Dos semanas antes de vencer, el gobierno de Martín Torrijos adjudicó a la empresa Hidroecológico del Teribe, S. A. , la Concesión de Administración sobre un área de 1,200 hectáreas dentro del Bosque Protector Palo Seco en la provincia de Bocas del Toro.
La concesión permite a la empresa construir y operar una represa hidroeléctrica en la Quebrada Bonyic, confluencia del río Teribe, la segunda obra de su naturaleza autorizada dentro de un área protegida.
La resolución fue firmada por Ligia Castro de Doens, administradora general de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) el día 15 de junio pasado.
La empresa fue notificada el mismo día, pero la información no fue divulgada.
Se supone que el disimulo era para negar al entonces presidente electo, Ricardo Martinelli una oportunidad de parar o retardar el proyecto.
El lunes 13 de julio, miembros de la comunidad indígena Naso, en cuyo territorio tradicional, el proyecto se va a realizar, obtuvieron una copia de la resolución del director del Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias.

REVISIÓN DE DOCUMENTOS
“Hemos dado prioridad a este caso,” dijo el director Arias a La Estrella , “y estamos en el proceso de revisión de todos los documentos”, dijo Arias.
Ambientalistas dentro y fuera de Panamá han criticado el proyecto, pero la oposición más seria viene de la comunidad Naso, donde la empresa ha comenzado construir carreteras y puentes que formarán la infraestructura de la represa.

CAMBIAN CAUCE DE RÍO
Un enfrentamiento difícil ocurrió en marzo de este año en la región de Bonyic.
Cuando lugareños indígenas negaron vender a la empresa servidumbre para una carretera, la empresa, sin estudio ambiental, cambió el cauce del río Teribe para construir la carretera en la orilla.
Miembros de la Policía Nacional pagados por la empresa hicieron un campamento al lado de la aldea, pasaron la noche disparando sus armas de fuego como intimidación, y arrestaron varios indígenas, incluyendo ancianos y menores de edad, quienes fueron llevados esposados a la cárcel de Changuinola.

Nasos impactados por hidroeléctrica de EPM

La fiebre de Bonyik

Los nasos, divididos ante hidroeléctrica

La ausencia del Estado en este conflicto es evidente. La presencia policial es pagada por la empresa.

AMBIENTE. La maquinaria pesada trabaja rápido en un puente sobre el río Teribe, a la altura de El Silencio.
ESPECIAL PARA LA PRENSA/Paco Gómez Nadal

PACO GÓMEZ NADAL
CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO.

paco@prensa.com

Un sonido constante ha roto la paz en los potreros de Esteban Durán. El martilleo contra la pared de roca con la que limita su terreno repica el doble en el silencio de este paraje solo antes roto por el natural rumor del cauce del río Teribe, el espacio tradicional de vida de los indígenas nasos, etnia a la que pertenece Esteban.

“Yo he hablado con todos los que vienen ahí, me he parado con mi familia como un hombre… pero esa gente no escucha”. Esteban habla a la sombra, al pie del río que en la última crecida le dio un buen bocado a sus tierras.

“Esa gente” a la que se refiere es la responsable del proyecto hidroeléctrico Bonyic (Hidroeléctrica del Teribe S.A., detrás de la cual está Empresas Públicas de Medellín –EPM-, ha reinventado la grafía naso que se refiere al Bonyik). Al menos, lo que es seguro, es que a “esa gente” no les gusta hablar con periodistas que preguntan sobre el conflicto que mantiene EPM con parte de la comunidad de Bonyik.

“Deje su número y yo lo llamo si tenemos respuesta”, contesta turbado, incómodo, el ingeniero Roberto Pérez, coordinador de Gestión Ambiental y Social de la empresa, al que remiten las preguntas los empleados de acento ‘paisa’ que laboran en Changuinola. Nunca devolvió la llamada.

El proyecto aún no tiene la concesión de la Autoridad Nacional del Ambiente sobre la zona del bosque protector Palo Seco donde se pretende construir la represa, aunque en el sitio web de la empresa se asegura que empezará operaciones a mediados de 2010. Sí tiene todas las bendiciones para avanzar en la carretera de acceso a ese lugar. La maquinaria pesada trabaja rápido en un puente sobre el río Teribe a la altura de El Silencio, junto a Changuinola, y en los rellenos y cortes de montaña para trazar la vía. Al lado de estas máquinas la voluntad de los Durán parece mínima.

“Ellos creen que aquí solo hay indios pendejos”, insiste el molesto Esteban antes de que su hermano Teodolo critique a los miembros de la comunidad que colaboran con el proyecto: “Vender la tierra es como vender a la madre”.

El proyecto hidroeléctrico ha profundizado las divisiones entre los nasos, unas 4 mil personas que distribuyen sus afectos entre el destituido rey Tito Santana (aún reconocido por el Gobierno y en estrecha colaboración con EPM) y el rey Valentín Santana, contrario a los proyectos que afecten el territorio de 112 mil hectáreas que reclaman los naso para su comarca.

“Estamos enfermos de esta gente”, concluye Quito Torres, otro vecino molesto con la propia división, con el enfrentamiento que le parece provocado. Roberto Zirauqui, sacerdote español con unos 30 años en la zona, habla cansado y sudoroso de un conflicto al que no le ve fácil solución.

“Aquí toca que los naso resuelvan sus diferencias primero, porque eso está jugando a favor de la empresa que desde que compró el proyecto no ha tenido en cuenta el conflicto social”.

Valentín Pineda, administrador regional de la Autoridad Nacional del Ambiente en Bocas del Toro, considera este proyecto de hidroeléctrica como “conflictivo” y deja entrever que será difícil que este gobierno asuma un problema más dando la concesión sobre Palo Seco a EPM durante los pocos meses que le quedan a esta administración.

La ausencia del Estado en este conflicto es evidente. La presencia policial es pagada por la empresa y las instituciones aparecen cuando los choques se vuelven violentos. El propio Martín Torrijos, presidente de la República, alcanzó a reunirse con los afectados, y uno de sus funcionarios más cercanos, Darisnel Espino, llegó hasta estas tierras. “Nada ha pasado, trabajan a favor de la empresa. Pero esos engaños los hicieron con nuestros antepasados. Ahora entendemos el idioma y sabemos defendernos”, asegura.

Sentado en la casa de cultura naso de San San Drui, el rey Valentín Santana también se queja del Gobierno central y de la situación de su gente: “Nos están dejando como sardinas empacadas en lata, sin terrenos y sin opciones. Ni nos respeta el Gobierno ni nos respeta la empresa Bonyik”.

Santana habla todavía preocupado por la reciente visita de la Policía y de la corregidora que llegaron hasta San San Drui a avisarles oralmente de un pronto desalojo de estas tierras que reclama la insaciable Ganadera Bocas. La tensión entre los nasos es evidente y los problemas en Bonyik o acá mismo son posibles detonadores de conflictos mayores.

“He tomado demasiada sopa de frijol para aguantar estos atropellos, si las empresas tienen su fiebre yo tengo mi pastilla”, anuncia con fuerza, pero sin gritar un miembro de la comunidad mientras echa mano a una ficticia pistola.

En la loma donde avanza la carretera de la hidroeléctrica el tono de los vecinos no es más suave. Esteban Durán, visiblemente molesto, se despide: “Van a ver muerto a este perro… pero en este mismo terreno”.

Fallo ambiental favorece a comunidades indígenas

bocas del toro.PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN LA MIRA DE AMBIENTALISTAS.

Fallo ambiental favorece a comunidades indígenas

El Tribunal Latinoamericano del Agua culpó al Estado panameño de agresiones a grupos indígenas. Organismos presentaron demandas en contra del Estado ante el Tribunal de Agua.

LA PRENSA/ Archivo
proyectos. Grupos ambientalistas demandan una mayor protección de los recursos hídricos del país.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El Tribunal Latinoamericano del Agua responsabilizó al Estado panameño por el uso excesivo de la fuerza policial contra los habitantes naso y ngöbe de la comunidad de Charco La Pava, en Changuinola, Bocas del Toro, y también por adoptar un modelo inadecuado para el uso de los recursos hídricos en la región.

El Tribunal, que es un organismo ético y cuyas decisiones no son de cumplimiento obligatorio, responsabilizó a la empresa Aes Changuinola por desatender normas ambientales.

Aes construye una hidroeléctrica sobre el río Changuinola que es rechazada por los indígenas de la comunidad de Charco La Pava, donde en enero pasado hubo enfrentamientos entre los moradores y la Policía Nacional.

A la Empresa Pública de Medellín (EPM), por su parte, el Tribunal le pidió incorporar en Panamá los principios de responsabilidad social y ambiental que caracterizan sus proyectos en Colombia. EPM adelanta un proyecto, también hidroeléctrico, en el río Bonyic. El veredicto del Tribunal surge por demandas que presentaron, por separado, los organismos no gubernamentales Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Consumo Ético.

ACD, en representación de las comunidades afectadas por la construcción de las hidroeléctricas, presentó la demanda alegando que los proyectos perjudican a las comunidades y violan su derecho de acceso al agua.

Consumo Ético, por su parte, demandó al Estado por las concesiones de carácter permanentes de agua que otorga la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), incluso en áreas comarcales.

La Anam, mediante un comunicado, dijo que aún no ha sido notificado del fallo del Tribunal, por lo que no podría emitir una consideración. Harley Mitchell, director de Asesoría Legal de la entidad, representó al Gobierno en la audiencia que se realizó en Guatemala la semana pasada.

Roberto Pérez, de EPM, dijo que analizará el fallo para posteriormente emitir una opinión.

Aes, por su parte, dijo que el proyecto se desarrolla cumpliendo las normas ambientales y con el respeto estricto de los derechos humanos de las personas que viven en los alrededores.

Además, dijo de que se realizan consultas públicas y hay un diálogo “franco y directo” con las comunidades.

Panamá en juicio ante Tribunal Latinoamericano del Agua

PANAMÁ SOMETIDA A JUICIO EN TRIBUNAL LATINOAMERICANO DEL AGUA

Burica Press. Antigua, Guatemala, 9 de septiembre de 2008. Según un comunicado oficial del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) ha podido percibir que las controversias hídricas que afectan pueblos indígenas asumen características muy específicas. Por esa razón, requieren un tratamiento que contemple todas sus especificidades de manera integral. En virtud de todo lo anterior y amparados en las disposiciones contenidas en la Declaración Latinoamericana del Agua, el tribunal ético ha programado una audiencia especializada en juzgar problemáticas hídricas que afecten pueblos indígenas de Latinoamérica. Esta actividad se está llevando a cabo en el Hotel La Real Plaza, Antigua Guatemala, del 8 al 12 de septiembre del 2008 y paralelamente se realizan foros y talleres que aborden temas afines.

El primer caso presentado por sectores de la sociedad civil panameña es: Panamá -Proyectos Hidroeléctricos sobre los ríos Bonyic y Changuinola, Bosque Protector Palo Seco / Parque Internacional La Amistad, Provincia de Bocas del Toro, Comunidades Naso de Bonyic y Ngöbe de Charco La Pava.  Esta denuncia fue presentada por el consorcio de organizaciones Alianza Naso, Asociación para la Conservación de la Naturaleza y la Cultura Ngöbe, Alianza para la Conservación y el Desarrollo y Asociación para la Conservación de la Biósfera. En oposición a esta demanda estarán el Gobierno de Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Empresa de Servicios Públicos de Medellín y la Empresa AES.

Naso Teribe en balsa tradicional Rio Teribe, Panama

Foto: S. Atencio (Cortesía de ACD). Un persona de la etnia naso Tjer Di, navegando en su balsa tradicional en el Río Teribe, Comarca Naso Teribe, en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá, Noroccidente de Panamá.

Según la denuncia los proyectos de embalses inundarían una extensión superior a las 2500 hectáreas, distribuidas en los ríos Bonyic (1 embalse) y Changuinola (3 embalses). La principal causa del conflicto radica en que los embalses se construirían en tierras de las etnias Naso y Ngöbe respectivamente. Desde Octubre del 2007, se han presentado incidentes violentos en la comunidad Naso de Bonyic y en la comunidad Ngöbe de Charco La Pava.

De acuerdo con la información presentada, una población estimada en 5000 habitantes (1000 habitantes Naso y 4000 habitantes Ngöbe), se verían afectados por los citados emprendimientos. Los embalses propuestos se ubicarían en el Bosque Protector Palo Seco, área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad.

Aunado a lo anterior, los denunciantes sostienen que dichos emprendimientos implican violación a los derechos humanos indígenas que tienen que aceptar de manera forzosa una decisión unilateral del gobierno panameño y una alteración irreversible de las condiciones ecológicas únicas del Parque Internacional La Amistad, en especial a lo que su flora y fauna acuáticas se refiere.

El segundo caso presentado por organizaciones civiles panameñas corresponde al caso: Panamá -Ley de Concesión para el aprovechamiento del agua en Panamá. Territorios de las comarcas indígenas panameñas: Ngöbe-Buglé, Madungandi, Kuna Yala, Wargandi y Emberá-Wounaan. Esta demanda fue interpuesta por los consumidores y usuarios en la mesa de debate de la Comisión de Ambiente, Población y Desarrollo, y Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP). En oposición a la demanda estarán la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional.

En la Audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua en Antigua, Guatemala se someterá al gobierno panameño a la justicia por intento de enajenación del recurso hídrico y violación a los derechos humanos de pueblos indígenas asentados en la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. Igualmente se le acusa de dar concesiones ilegales de aguas y ecosistemas de rica biodiversidad para construir represas.

Según los denunciantes el proyecto de Ley # 278 “Marco de Gestión del Recurso Hídrico”, presentado ante la Comisión de Ambiente, Población y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Diputados propicia el acaparamiento de aguas. A juicio de los denunciantes, este proyecto de ley iría a facilitar el otorgamiento de concesiones permanentes de agua en desmedro de la participación ciudadana.

En lo que a las poblaciones indígenas compete, este proyecto vulneraría la autonomía indígena sobre sus territorios, y consecuentemente, sobre sus fuentes de agua, en criterio de los actores del contradictorio.

Según el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) las complejas estructuras legales creadas con el fin de proteger esta invaluable riqueza, frecuentemente, han demostrado sus limitaciones para llevar a cabo su cometido. Muy a menudo, estas tierras se ven enfrentadas a graves riesgos asociados a la expansión desmedida de los procesos de capitalización de recursos, con lo cual, se ven amenazados también los pueblos que las habitan. Tomando en cuenta la gran importancia estratégica que ha adquirido el agua en la actualidad, no es del todo ilícito suponer que los territorios indígenas (en tanto grandes reservorios de agua) pueden ser objeto de feroces disputas político-económicas. En América Latina no existen los instrumentos necesarios para el control y administración de los sistemas hídricos. Además, tampoco se han establecido procedimientos adecuados para el manejo de las controversias suscitadas por los usos de las aguas.

Susana Serracín, que defiende la primera de las dos demandas, indicó “queremos que un veredicto del TLA ayude a garantizar que se respete los Derechos Humanos, la seguridad jurídica ambiental y que se dé un alto a la modificación amañada de las leyes en perjuicio de las colectividades”. Según la jurista también comentó que “es necesario impulsar la transferencia de tecnologías limpias y ambientalmente idóneas, fortaleciendo el respeto a una participación verdadera de la ciudadanía que garantice la Justicia Ambiental y la Justica Social para los panameños y los pueblos indígenas directamente afectados”.

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La Prensa, 12 de septiembre de 2008

TRIBUNAL DEL AGUA.

Anam pide nulidad de demanda

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) solicitó al Tribunal Latinoamericano del Agua anular la demanda que presentaron los organismos no gubernamentales Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), y la Asociación Consumo Ético.

El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell, presentó la solicitud alegando incumplimiento al manual de procedimientos del Tribunal y a los principios elementales del debido proceso que “ han dejado en indefensión nuestra posición”.

ACD, en conjunto con las comunidades indígenas de Bocas del Toro –afectadas por proyectos hidroeléctricos sobre el río Changuinola y Bonyic– demandó al Estado ante el Tribunal de Agua por los posibles daños sociales y ambientales que padecerán por la construcción de las obras.

La Asociación Consumo Ético, que preside Yakarta Ríos, demandó al Estado por posibles peligros que enfrentarían los ríos si se aprueba un proyecto de ley sobre manejo integrado de recursos hídricos.

Mitchell, en su solicitud, solicita imparcialidad y establece que las pruebas presentadas no comprueban los daños ambientales que alegan.

Hoy termina la sesión del Tribunal –en Guatemala– y de allí debe salir un veredicto que solo tiene peso moral, porque el Estado no está obligado a cumplirlo.