DEUDAS MILLONARIAS. EL CASO DE FIGALI ES SÓLO PARTE DEL PROBLEMA.
Anarquía en Amador
Ocho de los 13 concesionarios del área tienen causales para la suspensión de los contratos.
El Gobierno reconoció unos 7 millones de dólares en créditos en algunas de las inversiones en marinas.
LA PRENSA/Carlos Lemos |
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SIN LÍMITES. La AMP asegura que nunca llegó a aprobar los rellenos en isla Perico, y tampoco el del Grupo F, a la entrada de Amador. |
Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com
La Calzada de Amador, una de las áreas revertidas de mayor potencial turístico de Panamá, sólo le ha dejado ingresos al Estado por 6.3 millones de dólares durante los últimos 10 años de arrendamientos.
Las causas del problema son: contratos mal estructurados, inquilinos que se resisten a pagar, demandas legales, rellenos fuera de lugar, programa de inversión incumplido, y cánones de arrendamiento muy bajos. Incluso, el Estado ha reconocido créditos de hasta 7 millones de dólares por algunas de estas inversiones.
El caso del Grupo F., del empresario Jean Figali, es sólo una parte del rompecabezas.
La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos reconoce el problema y trata en estos momentos de negociar con cada concesionario el pago de las cuentas atrasadas (18 millones de dólares). Contratos como el de Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island no están legalizados, pero las obras tienen un 70% de avance.
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BIENES REVERTIDOS. LA RECAUDACIÓN acumulada en 10 años ES SÓLO DE 6 MILLONES de dólares.
El desmadre de Amador
Casi todas las concesiones, según el Gobierno, han violado los compromisos pactados y mantienen altas morosidades en los alquileres. El MEF acepta que existen causales para la suspensión de varios contratos.
Tres de los grandes proyectos no están legalizados porque se encuentran pendientes de aprobación de adendas. Las empresas están ejecutando obras diferentes a las aprobadas y han construido rellenos no autorizados.
LA PRENSA/Carlos Lemos |
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DISEÑO. Uno de los problemas es la construcción de edificios por encima de la altura permitida. |
Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación
rberrocal@prensa.com
La Calzada de Amador es una de las áreas de mayor valor comercial en el país por su potencial turístico. Pero la realidad es otra cuando se miden los ingresos que recibe el Estado por su arrendamiento: es una de las peor pagadas.
Esto se debe a que los concesionarios del área pactaron cánones que suenan ridículos y encima de ello son unos de los clientes con mayor morosidad que tiene el Estado, con cuentas pendientes por 18 millones de dólares.
Por ejemplo, en las marinas construidas o en construcción, el canon fijado es de dos centésimos por metro cuadrado, muy por debajo, por ejemplo, de lo que una persona de clase media alta paga por el alquiler de un apartamento de 250 metros cuadrados.
Durante los últimos 10 años sólo se han recaudado 6 millones de dólares en concepto de arrendamientos de la infraestructura del lugar y derecho a nuevas construcciones.
Lo más irónico de ello es que algunos de los inquilinos del área han logrado que el Gobierno les reconozca en créditos las inversiones que han hecho y que ellos solamente utilizan como negocio.
La Prensa realizó una investigación sobre la condición actual de cada contrato de concesión en la Calzada de Amador encontrando que detrás de todo hay un sin número de violaciones e irregularidades de las que no escapa casi ninguno de los concesionarios, aunque existen excepciones.
Demandas legales, cuentas atrasadas, hoteles y centros comerciales no construidos, rellenos fuera de lugar, edificios por encima de la altura permitida y planos alterados son parte del problema.
El caso del Grupo F, del empresario Jean Figali, ha sido el más sonado por la magnitud y las consecuencias legales que ha levantado.
Este concesionario sólo ha pagado 246 mil 555 dólares (en 2005) por las 19 hectáreas que tiene en la Calzada de Amador.
Todas las demandas del Grupo F fueron a parar al despacho del magistrado Winston Spadafora en la Corte Suprema de Justicia, donde no se han movido en más de cuatro años, lo que le ha permitido completar un relleno de mar e, incluso, mantener sus contratos con el Estado, pese a la suspensión de estos.
Pero los vecinos de Figali en Amador también tienen problemas y diferencias que no han salido a la palestra pública aún, muchas de ellas constituyen causales para la suspensión de las concesiones.
«Si se pudiera, ya le hubiera prendido fósforo a todos los contratos de concesión en la Calzada de Amador», dijo Julio Ross Anguizola, jefe de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Fuerte Amador Resort y Marina, Las Brisas de Amador, Marina Monte Mar y Naos Harbour Island son los casos donde hay mayor morosidad después del Grupo F.
Ross indicó que la forma y las condiciones en que fueron hechos los contratos hace difícil administrarlos como se debe. También aceptó que en la mayoría de los casos hay causales y pruebas para disolver los contratos.
Pero Ross señaló que prefiere buscar acuerdos amistosos con cada concesionario antes de proceder a acciones más enérgicas. «No nos interesa cerrar negocios, pero los concesionarios deben cumplir con la ley y sus contratos», dijo el funcionario.
Las negociaciones entre concesionarios y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos ya llevan un año de estar en marcha. Las Brisas de Amador y Naos Harbour Island se acogieron a arreglos de pago, mientras que en otros casos no se pudo llegar a un acuerdo.
Esto ha llevado a la suspensión de los dos primeros contratos que datan de 2003: Tulsin Investment e Inmobiliaria Amador S.A. El primero debía construir un hotel y el segundo un centro comercial, ambos en la entrada de la Calzada de Amador.
Pero a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos se le ha hecho más difícil actuar contra los clientes que ya tienen construcciones realizadas, como es el caso de Fuerte Amador Resort y Marina que en sus 10 años de contrato sólo ha pagado 407 mil 759 dólares.
Son dos las instituciones que se encargan de manejar las concesiones en la Calzada de Amador, el MEF y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en el caso de las marinas y el derecho a mar.
«Las irregularidades que se han cometido son debido a que las empresas están ejecutando proyectos totalmente diferentes a los aprobados inicialmente y contemplando áreas para relleno que no son de competencia de la AMP», sostiene el texto de un documento de la institución al cual pudo tener acceso La Prensa.
Cada concesión tiene su particularidad y complejidad que le hace perder millones de dólares al Estado.
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